Las oscuras y nada fiables agencias de calificación

¿Por qué la Unión Europea no pone coto a las actuaciones de las oscuras agencias de rating que atacan Europa? ¿Por qué la casta política europea solo gime y se lamenta, pero no reacciona? A estas alturas deberían saber que no pueden comprarles jamás un coche usado, parafraseando el dicho popular, porque no son nada fiables. Nada. Y lo han demostrado ampliamente.
Esas agencias ocupan las portadas de Europa desde hace meses con titulares como “Rebajan la calificación al fondo de rescate de la UE; las agencias rebajan la calificación de España e Italia; amenazan con rebajar la calificación de España si no se aprueba pronto la reforma laboral; las agencias dan un hachazo a los países del euro…”. El resultado es un severo agravamiento de la denominada crisis de la eurozona. Y lo más grave, sin fundamentos dignos de tal nombre. Puro chantaje.
En teoría, Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s indican la seriedad y solvencia económica de grandes empresas y estados que emiten títulos o bonos de deuda. En teoría también, sus calificaciones asesoran a los grandes inversores que compran esos títulos, bonos u otros productos de deuda para que sepan si les costará cobrar o no los intereses y recuperar el capital invertido. En teoría.
Pero lo cierto es que, como asesoras de solvencia económica, esas agencias de rating son un desastre, al otorgar la máxima calificación de solvencia a empresas que han quebrado 48 horas después. La banca Lehman Brothers, por ejemplo, se hundió irremisiblemente con la máxima calificación otorgada por esas agencias. Tampoco vieron venir ni de lejos la crisis de 1997 que sacudió los países del sudeste asiático; en 2001, cuatro días antes de la quiebra de la poderosa estadounidense Enron, aún le otorgaban una calificación de solvencia muy positiva, y menos aún se enteraron de la toxicidad de las hipotecas basura hasta que les explotaron en los morros y desataron la peor crisis económica en un siglo. Y no  se percataron de que los títulos de deuda griegos no eran fiables, considerándolos inversiones de primer orden hasta el último minuto. ¿Cuántos ejemplos más son necesarios para dejar claro que no hacen nada bien su teórico trabajo?
Podemos concluir por tanto que esas agencias son incompetentes e incapacitadas, por lo menos. Pero hay más. William J. Harrington, que fue vicepresidente de Moody’s, elaboró un informe de denuncia de 78 páginas que envió a la SEC (autoridad que vigila el mundo de la bolsa y las inversiones financieras en EEUU). En dicho informe explica con pelos y señales  que Moody’s impone a los analistas que den a los clientes de la agencia las calificaciones positivas que quieran, para que evitar que se vayan a otras agencias. Y Yuri Yoshizawa, director de Derivados de Moody’s, declaró ante la Subcomisión financiera del Senado de EEUU que en la empresa había compraventa de calificaciones. Es decir, además, prostituidos.
En realidad, como denuncia el filósofo Bernard-Henri Lévy, las tres agencias de rating son un inaceptable oligopolio en la calificación de solvencia de las inversiones financieras. Pero además esas agencias son incompetentes y deshonestas como se ha podido ver. Corruptas también, como denuncia el catedrático de economía Albert Recio. Por esas razones, en España, Italia y otros países europeos se han presentado querellas criminales contra las nefastas actuaciones de las agencias de rating. En Italia, agentes de la policía contra delitos fiscales han registrado recientemente las oficinas de Standard & Poor’s y Moody’s en Milán en busca de documentación sobre sus muy discutibles y oscuras decisiones. ¡Aleluya! Esperemos que cunda el ejemplo.
Las agencias de rating con sus calificaciones a la baja torpedean sin ningún rigor ni análisis digno de tal nombre la credibilidad y solvencia de empresas y estados. El resultado inicial, en el caso de los estados, es que suben los intereses de los títulos y bonos de deuda soberana. Así crecen los beneficios de bancos y grandes fondos que son los que compran deuda pública. Pero resulta que hay una estrecha relación entre los accionistas de agencias de rating, bancos y grandes fondos de inversión, mezclados todos como en una melé de rugby. Algo huele a muy podrido en el reino de esas agencias.
Porque lo cierto es que las agencias de rating son juez y parte; incapaces, deshonestas, incompetentes y oscuras… Habrá que enfrentarse a esas agencias y cuanto antes, mejor. Y como el gobierno no se decide a enviarles la Guardia Civil, tendrá que ser la ciudadanía la que haga algo, porque las chorizadas de las agencias de rating nos afectan y mucho

Acabar con la evasión de impuestos y los paraísos fiscales

En España se ha desvelado un caso fiscal significativo, protagonizado por Iñaki Urdangarín, yerno del rey Juan Carlos. Urdangarín es presidente del Instituto Nóos, ligado a “salidas invisibles” de dinero a paraísos fiscales por medio de empresas pantalla, según conclusiones del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach. Urdangarin, su socio, Torres, otros gestores y ex altos cargos del Partido Popular son investigados por varios delitos y el fiscal atribuye a Urdangarín y Torres ser propietarios de la empresa pantalla De Goes Center For Stakeholder Management, que habría adquirido la Fundación del Deporte, la Cultura e Integración Social (constituida por Urdangarín en 2006) para presuntamente evadir capitales a paraísos fiscales.

También conocemos algunos defraudadores fiscales expedientados. El piloto de motos Sete Gibernau, el empresario Ricardo Rodrigo, los hermanos Carulla (dueños de Agroalimen), Carceller (propietario de Cervezas Damm), la tenista Arancha Sánchez Vicario, la soprano Montserrat Caballé, el piloto de F1 Martínez de la Rosa, el también piloto Fernando Alonso, el tenista Carlos Moyá, el ex jugador del Barcelona Luis Enrique, el piloto de motos Alex Crivillé… Fiscalmente andorranos, suizos o monegascos, dejaron de pagar millones de euros de impuestos.

En Suiza y Liechenstein en 2009 y 2010 se descubrieron 3.200 cuentas ocultas de políticos, empresarios, profesionales de altos honorarios y financieros españoles. Algunos defraudadores han sido expedientados pero, según el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), los ricos que han incurrido en delitos fiscales millonarios han tenido un escandaloso trato condescendiente y privilegiado por parte del gobierno. Pero hay más.

La economía sumergida española se multiplicó por cuatro de 1980 a 2008, según informes de Funcas, federación de cajas de ahorros. Economía escondida que no paga impuestos ni cotiza a la Seguridad Social. Economía fraudulenta que mueve 245.000 millones de euros que, aún tributando a la baja, cubriría con creces el déficit de España en 2012 sin recortes ni aumentar impuestos a la mayoría.

Esa evasión fiscal es posible por los paraísos fiscales. No hagan caso de los cantos de sirena de la OCDE ni del G20 que pretenden que sólo quedan tres o cuatro paraísos fiscales. Paraísos fiscales, haberlos, haylos. Y muchos. Docenas de exiguos territorios o estados de cartón-piedra en el Pacífico o Atlántico más Suiza, Andorra, Gibraltar, Panamá, Luxemburgo, Liechstentein… Sin impuestos sobre el beneficio de empresas en sus territorios; con secreto bancario como dogma y cuentas anónimas numeradas como sacramento. Sin información ni estadísticas fiables sobre operaciones financieras, aunque sí un volumen desproporcionado de operaciones financieras extranjeras, más una sospechosa simplicidad y falta de vigilancia para constituir y registrar sociedades mercantiles. Y, por supuesto, ningún control sobre las sociedades filiales de las empresas transnacionales establecidas en ellos. A lo que añadir ausencia total de penalización por blanqueo del dinero y ninguna colaboración con autoridades fiscales y judiciales de cualquier país.

Sin tocar tales características que los definen, para sacar a un estado de la lista de paraísos fiscales, la OCDE pidió la firma de doce acuerdos de intercambio de información fiscal con otros tantos países. Pero, como denuncia Hernández Vigueras, el truco consiste en que los paraísos fiscales han firmado doce acuerdos con territorios sin ninguna relevancia financiera (Islas Faroe, Groenlandia…) o entre ellos mismos.

Acuerdos de reciprocidad de información fiscal sin repercusión alguna en la lucha contra el fraude fiscal ni contra el blanqueo de dinero. Puro maquillaje.

Como recuerda Vigueras, “los paraísos fiscales son refugio del dinero sucio de los evasores de impuestos, de los corruptos, de los criminales organizados y de los terroristas del mundo”. Aunque la OCDE diga lo contrario, hay aún mucho paraíso fiscal, entre todos ocultan 6 billones de dólares y son realmente un peligro para la Humanidad.

El fraude fiscal, que los paraísos hacen posible, desencadena vulneraciones sistemáticas de derechos sociales. Porque los estados disponen de menos recursos por la evasión de impuestos y no pueden satisfacer el disfrute de derechos indiscutibles como salud o educación, por ejemplo. Una menor disposición de recursos agravada por la nefasta austeridad presupuestaria impuesta. Por tanto, la lucha contra la austeridad presupuestaria, contra las deudas ilegítimas, evasión y fraude fiscal, contra los paraísos fiscales, es la lucha por el Estado de derechos sociales (mal denominado de bienestar). La misma lucha.