La presunta reforma fiscal, más de lo mismo

Reforma es lo que se propone, proyecta o ejecuta para innovar o mejorar algo. Por tanto, una reforma del sistema fiscal debería ser una propuesta para mejorar el  sistema de impuestos. La proposición de reforma fiscal de los “expertos” nombrados por el Gobierno del Partido Popular en España no es una reforma. En absoluto.

Esa propuesta de presuntos “expertos” se limita a obedecer las imposiciones de la Comisión Europea, FMI y OCDE. Es decir, reducir los impuestos directos, subir los indirectos, crear más impuestos especiales y, especialmente, rebajar los impuestos sobre los rendimientos del capital y, de ser posible, ni siquiera considerarlos. Es una obscena contrarreforma fiscal iniciada en los años ochenta del siglo XX de la mano de Reagan y Thatcher fácil de resumir: que los ricos paguen menos y la mayoría ciudadana pague más.

Proponen los aparentes “expertos” rebajar el tipo máximo del IRPF, pero que nunca supere el tipo del 50%, aunque mejor que sea  en torno al 44%. Es decir, los ingresos elevados se benefician de una importante rebaja. Pero los “expertos” dicen que se beneficiarán las rentas bajas. Esa pretendida rebaja fiscal de bajos salarios son limosna, porque lo preocupante es que la ciudadanía pagará por la “reclasificación” del IVA. Determinados bienes y servicios saldrán del grupo que cotiza un 10% de IVA, por ejemplo, y se “reclasificarán” en el del 21%. Si eso no es aumentar el IVA que baje dios y lo vea.

También proponen establecer un impuesto sobre la vivienda habitual, como si fuera renta. Esto es un considerable aumento fiscal que pagarán 13 millones de ciudadanos propietarios de su casa. Como opuso un “experto”, Pedro Herrera, “en momentos en que la morosidad de las hipotecas bancarias es muy elevada, establecer un gravamen adicional por el disfrute de la propia vivienda generará notables injusticias. El impuesto afectará a muchos perceptores de rentas modestas y bajas, pensionistas y parados de larga duración. Tiene razón, aunque se quede corto. La mayoría más pobre, desfavorecida, al final pagará más, aunque no sea a través del IRPF.

Recomiendan los supuestos peritos suprimir deducciones y subvenciones del impuesto de sociedades, sí. Pero también proponen disminuir el actual tipo del 30% al 20%. Una buena rebaja a las empresas. Se beneficiarán más las que más facturen, es decir, las grandes. También quieren reducir los actuales siete tramos de ingresos del IRPF a cuatro. Cuando es sabido que, cuanto más progresivo es un impuesto, más justo es; es decir, cuantos más tramos de ingresos tiene sobre los que calcular el impuesto a pagar.

El informe también pide suprimir el impuesto sobre el patrimonio así como recuperar la llamada Ley Beckham. La excepción que permite que los extranjeros con grandes beneficios (inversores, administradores, directivos, artistas triunfantes, deportistas de élite…) pagarán el mínimo del IRPF (menos del 25%), en vez del 52% o 56% que les correspondería según la actual normativa.

Beneficio para los menos que tienen más y perjuicio para los más que tienen menos. Eso es lo que proponen en realidad los “expertos”. El remate del despropósito lo borda Manuel Lagares, presidente del comité de “expertos”, al pontificar que “tiene que decir las cosas que ha de decir como economista”. Como si la economía fuera una ciencia exacta e indiscutible. Argüir la pretendida infalibilidad o exactitud de la economía es un penoso intento de coartada que se pretende científica. La misma falacia que esgrimieran los neoliberales en los ochenta: “There is no alternative, no hay alternativa.

¡Qué más quisieran!

La Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental ysolidaria reúne organizaciones sociales, sindicales, ciudadanas, religiosas, de consumidores, ecologistas, coaliciones y ONG para lograr un sistema tributario justo. Esa plataforma explica qué ha de incluir una reforma fiscal equitativa. Y dice que el aumento de ingresos del Estado ha de ser con un sistema de impuestos proporcional, progresivo, suficiente y redistributivo que garantice la justicia fiscal. Un sistema fiscal justo ha de luchar prioritariamente contra la evasión o elusión de impuestos y ha de dotarse de personal y medios suficientes para luchar contra el verdadero fraude fiscal; el de las grandes fortunas, rentas altas, bancos, fondos de inversión, grandes empresas y corporaciones transnacionales. Pues todos ellos, con una ingeniería fiscal agresiva, deslocalizan beneficios y capitales y los ocultan en paraísos fiscales. Pero la realidad es que hay pocos medios, personal insuficiente y orden de perseguir los pequeños fraudes y dejar tranquilos a los grandes tramposo fiscales. Así lo han denunciado inspectores y técnicos de Hacienda.

Además, un sistema fiscal justo no ha de apoyarse en impuestos indirectos. Y, por supuesto, ha de establecer un impuesto de sociedades sin trampas que pague más por beneficios obtenidos, además de establecer un impuesto global sobre el patrimonio y las tasa necesarias que graven las operaciones y mangoneos especulativos. Sin olvidar una urgente revisión del Código Civil y del Penal para que los delitos fiscales sean castigados de modo implacable.

Nada en el informe de los “expertos” recuerda ninguna de las medidas que conforman una fiscalidad justa. Pero tienen la osadía de que pretenden hacer una reforma fiscal.

Banca privada, un tumor en metástasis

 

Dos ventas recientes en el sector financiero del Reino de España ratifican el timo enorme que ha devenido el sector bancario privado para los legítimos intereses de la mayoría ciudadana. La privatización de Nova Galicia Banco y la venta del 7.5% del capital de Bankia; un primer lote hasta su privatización total.

 

 

En ambos casos, se ha aplicado el obsceno principio de socializar pérdidas y privatizar beneficios. El Estado ha volcado ayudas multimillonarias para sanear esas entidades que se precipitaban a la quiebra, no solo por incompetencia manifiesta y pésima gestión, sino también por desmedida codicia. Y, una vez saneadas con dinero de todos, se entregan al sector privado.

 

 

Nova Galicia Banco se ha vendido al grupo sudamericano Banesco por 1.003 millones de euros. Esta privatización supone una pérdida de 8.580 millones de euros para el Estado. Más del doble de lo recortado en Educación en España.

 

Y la segunda venta es la del 7.5% de acciones de Bankia por 1.360 millones de euros. Pero el Estado invirtió 22.000 millones en Bankia, además de que BFA-Bankia ha recibido más de 124.000 millones en diversas ayudas públicas.

 

Pero no es solo cuestión de esas dos entidades bancarias. Ojalá. En ayudas diversas, el Estado ya ha aportado 137.000 millones de euros a las entidades financieras que ha nacionalizado para evitar su quiebra. Banco de Valencia, Catalunya Caixa, Banco Mare Nostrum… De esas ayudas, 43.529 millones de euros han sido inyección de capital. El Estado no recuperará ese dinero de todos. Y sucede que todo el sistema financiero español estaría en quiebra de no ser por las ingentes ayudas públicas, que alcanzan ya la cantidad de 632.000 millones de euros, incluyendo los préstamos del Banco Central Europeo.

 

 

Éric Toussaint dice que el oficio de banquero es demasiado serio para confiarlo a los bancos privados. El sector del ahorro y la inversión ha de ser público por su importancia para los intereses de la ciudadanía, así como por el efecto devastador que su mala o criminal gestión tiene en la economía real. Los ahorros de la ciudadanía no pueden estar en manos de quienes solo se mueven por el beneficio y, para conseguirlo, perpetran lo que sea.

 

 

Desde 2008 hemos comprobado una y otra vez como una indecente minoría ha provocado la mayor crisis financiera del último siglo. Y, pasado el primer susto, que apenas les duró hasta principio de 2009, han saqueado el Estado en perjuicio atroz de la mayoría ciudadana. Han dinamitado el Estado que aseguraba buena parte de derechos sociales (mal llamado Estado de Bienestar), han causado la mayor desigualdad que se haya conocido e incrementado la pobreza brutalmente. Y, por su inestabilidad e insolvencia real, continúan siendo un riesgo que puede estallar en otra crisis aún peor en tiempos próximos venideros.

 

 

Parece evidente que la banca privada ha de quedar reducida a la mínima expresión y, la que permanezca, muy controlada, aunque, a fuer de sincero, mejor sería que desapareciera. ¿Utopía? Utopía es el territorio que no hemos alcanzado aún. Utopía era la libertad de los esclavos cuando el esclavismo era el modo de producción. Y el esclavismo desapareció. ¿Por qué no conseguir un sistema financiero en el que la banca privada pinte poco?

 

 

La alternativa es la banca pública, controlada democráticamente, social y transparente. Porque el dinero es un bien público y no se puede dejar en manos privadas al obsceno albur de también privados intereses. Y no es cuestión de “expertos” sino de decisión política, que responde indefectiblemente, se reconozca o no, a intereses de clase.

 

 

En verano de 2012 la revista Mientras Tanto proponía, para sanear el sistema financiero español, minimizarlo porque está muy sobredimensionado. También, no enterrar dinero público para salvarlo, porque no podía recuperarse. Asimismo, dedicar los fondos para esa recapitalización imposible a créditos directos para la economía real. Y liquidar ordenadamente las entidades en crisis, asegurando las coberturas y los planes de pensiones de los empleados con la venta de activos inmobiliarios reales y sólidos. Pero a la vista está que no les hicieron el menor caso sino todo lo contrario.

 

 

Contra la banca privada hay una larga batalla de por medio. El sector financiero privado es un tumor con tendencia a la metástasis que se debe extirpar.

 

 

Derrotar la ofensiva contra las pensiones públicas

     A finales de 2014, el Gobierno informará por carta a todos y cada uno de los trabajadores mayores de 50 años de España. Y les concretará qué pensión cobrarán cuando se jubilen. Extenderá esa información a todos los trabajadores en los tres años siguientes, tengan la edad que tengan. ¿Servicio de información? En realidad, un programa para atemorizar a los trabajadores que contraten planes privados de pensiones a la vista de la escueta pensión que percibirán en la mayoría de casos. El Gobierno lo niega, pero la patronal de empresas aseguradoras (que venden planes de pensiones) está muy satisfecha con esta iniciativa. ¿Por qué será?

     Una estrategia diáfana. El Gobierno rebaja la pensiones (desligándolas del coste de la vida, aplicando el factor de sostenibilidad, retrasando la edad de jubilación) y enseña las insatisfactorias pensiones que la mayoría cobrará.

     Es una ofensiva programada contra las pensiones públicas en beneficio de las privadas. Les urge porque las fuertes rebajas salariales y el enorme desempleo han frenado el lento y reducido crecimiento de los planes privados de pensiones en España. Y también porque el empobrecimiento que es parte de la crisis ha forzado a 100.000 españoles con planes privados de pensiones a retirar en 2013 un total 500 millones de euros de los mismos . Además, lo que no reconocen es que las pensiones privadas (que surgen de la especualación financiera como fondos de inversión) están sometidas a los vaivenes de la crisis financiera y, a menudo, no alcanzan la cantidad que se prometió al contratarlas. Porque son un riesgo.

     Y, como la crisis-saqueo ha golpeado a los trabajadores con pensiones privados por partida doble, con los recortes sociales y rebajas salariales más la menor rentabilidad de sus pensiones privadas, desde el inicio de la misma más de un millón doscientos mil trabajadores han cancelado sus planes privados de pensiones en España.

     Por su parte, en el incesante ataque contra la pensiones públicas, el ultraneoliberal Círculo de Empresarios pide reformarlas más, “con la misma valentía” que se hizo la reforma laboral, dicen. Y que el Gobierno actúe para que los ciudadanos sean “protagonistas” de sus pensiones, y no se “duerman” en la comodidad del Estado del Bienestar. Es difícil superar tanta desfachatez.

    La ofensiva empezó en los 80 en los países anglosajones. Te rebajó la pensión pública porque puedo y tú ahorras de tu corto sueldo para contratar un plan privado de pensiones. Aquí, el Gobierno de Zapatero abrió la veda contra las pensiones públicas y el de Rajoy perpetra una contra-reforma del sistema de pensiones públicaspara rebajarlas sin prisa y sin pausa año tras año.

    Más de 32.000 millones de euros en ocho años. Y que los trabajadores contraten pensiones privadas. La profesora emérita Miren Etxezarretaexplica que las aportaciones de los trabajadores a los planes de pensiones privadas son una estupenda inyección de dinero fresco para la banca y los fondos de inversión. Los mismos que financian los falsos informes dramáticos sobre el futuro de las pensiones públicas.

     Es falso que las pensiones públicas sean insostenibles por una mayor esperanza de vida. Lo han demostrado con amplitud Torres, Navarro, Eduardo y Alberto Garzón,Etxezarreta, un informe de veinticinco economistas y juristas críticos (http://documentopensiones.org/) y otros muchos. En España, el número de pensionistas se dobló y más en los últimos cuarenta años y el sistema público de pensiones no tuvo problema alguno. Pero, contra esa evidencia, año tras año, “expertos” a sueldo de bancos y aseguradoras profetizan un colapso de las pensiones públicas que nunca llegó.

     Lo expresa con cínica claridad José Herce, miembro de una empresa de inversión financiera. Sin rubor alguno reconoce que “lo que necesitamos desesperádamente es que las pensiones públicas se replieguen de una u otra manera para ampliar el espacio para las pensiones privadas”. Más claro, agua. Y en eso está el Gobierno.

     En honor a la verdad, el problema no es la insostenibilidad de las pensiones públicas, que no es real. El problema cierto es que en España las pensiones públicas son bajas. El 54% de pensiones españolas no garantizan una vida mínimamente digna, porque es inferior al salario mínimo, y la pensión media en España es casi un 40% inferior a la media de la Unión Europea más desarrollada. Por tanto, la solución no es contratar pensiones privadas sino aumentar la pensiones públicas. Por lo menos un 40% más. Es lo justo.

     Hay solución. Anulando las progresivas reducciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social en los últimos años para empezar. Pero, sobre todo, cambiando el enfoque de financiación de las pensiones públicas. Porque éste no ha de basarse en las cotizaciones sociales, que han de ser una fuente de financiación más. Las pensiones públicas pueden y deben ser financiadas por los presupuestos generales del Estado. Porque es un derecho humano. Y, para que los presupuestos sean suficientes, hay que acabar con el fraude fiscal y de cotizaciones: 90.000 millones de euros anuales. Para empezar. Además de que pague más quien mas gana y más tiene. Un sistema de impuestos justos, progresivos y suficientes. Y no hay insostenibilidad que valga.

     El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos indica que percibir una pensión digna es un derecho. Y con los derechos no se juega ni puede haber medias tintas. Por eso hay que aumentar las pensiones públicas y blindarlas para que ningún gobierno pueda rebajarlas.