¿Empieza el cambio en el Reino de España?

Padro Sánchez ya es Presidente del Gobierno del Reino de España. Aunque no sea en las mejores condiciones. No porque solo cuente con 85 diputados del PSOE, pues, si actúa bien, con diálogo y, sobre todo, voluntad política, podría contar hasta con los 180 votos parlamentarios de Unidos Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes que lo han investido presidente. Las dificultades surgirán por gobernar con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no son los suyos sino los del Partido Popular y de Ciudadanos. Unos PGE que, como botón de muestra, destacan por no hacer nada contra la pobreza y la desigualdad a pesar de que aumentan en el país y llevan camino de devenir crónicas, de haber venido para quedarse.

Lo ha denunciado la Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad, organización que agrupa 400 entidades ciudadanas, de solidaridad, cooperación y defensoras de los derechos humanos. Según esa ONG, los presupuestos del Estado elaborados por el gobierno de Mariano Rajoy para 2018 en modo alguno son suficientes para luchar en serio contra pobreza y desigualdad. No lo son por la negativa del gobierno del PP y también de Ciudadanos a aumentar las partidas presupuestarias de políticas sociales. Una situación agravada por no tomar medidas para aumentar la recaudación fiscal (especialmente de quienes más tienen), y porque no muestran voluntad política alguna de establecer una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.

Son unos PGE socialmente cortos a pesar de saber que casi un 30% de la población española está en riesgo de pobreza, de que las prestaciones por desempleo se reducen cada año tras año desde que Rajoy empezó a gobernar y que por tercer año consecutivo se rebajarán la inversión y gasto en sanidad, educación, atención a dependientes, protección social, igualdad de género y cooperación. El recorte social de los PGE es evidente, aunque el PP pretendiera que la inversión en políticas sociales ha aumentado en cifras absolutas. No es verdad. Los datos muestran que el gasto total respecto al PIB, la riqueza nacional anual, es el más bajo desde 2011, último año de gobierno de Zapatero e inicio del gobierno de Rajoy.

Informes sobre la verdadera situación económica y social del España reiteran que, aunque cifras macroeconómicas digan que España ha salido de la crisis económica,no es verdad porque persisten pobreza y desigualdad. Ambas provocadas sobre todo por las contra-reformas sociales del PP desde 2012, en tanto que las políticas de austeridad impuestas desde 2010 han empobrecido a la ciudadanía y aumentado la brecha entre ricos y pobres. De 2008 a 2015, la quinta parte de la población más pobre (20%) ha visto reducidos sus ingresos un 15%. ¿Qué recuperación es ésa?

Se podrá decir con razón que se sale de la crisis cuando la inmensa mayoría pueda llevar un vida digna. Más allá de la macro-economía, los siete ministerios económicos del gobierno de Sánchez han de afrontar cuestiones que afectan a la vida cotidiana de la gente. ¿Se modificará la reforma laboral del PP (que sin duda ha aumentado la precariedad y la pobreza de los trabajadores) en beneficio de la clase trabajadora? ¿Se hará algo útil contra la precariedad? ¿Aumentarán los salarios rebajados? ¿Se tumbará la contra-reforma de las pensiones del PP de 2013 que empobrecerá a los pensionistas desde 2019? ¿Se estableceran nuevas medidas fiscales para obtener más ingresos y poder abonar pensiones dignas? ¿Se implantarán impuestos a las corporaciones tecnológicas que suelen pagar muy pocos impuestos? Habrá que verlo.

¿Y qué hara el gobierno de Sánchez con las autopistas en quiebra, las radiales de Madrid? ¿Qué pérdidas asumirá el Gobierno por su responsabilidad patrimonial? ¿2.000? ¿5.000 millones de euros? Socializar pérdidas y beneficios solo para pocos parece ser la regla.

Entre tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que cumplirá el objetivo de déficit del 2,2% prometido a Bruselas. Desde el anterior gobierno del PP se daba por seguro que se cumpliría el déficit, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF) ha informado que podría haber una desviación de 5.000 millones de euros de lo calculado. Y el Banco de España y la AIReF han recordado que cumplir con el déficit supone obligaciones fiscales más exigentes. Lo malo es que esa exigencia fiscal se entiende siempre como reducción de gastos, no aumento de ingresos.

¿Acaso solo se puede cumplir con el déficit recortando? ¿Qué tal si aumentan los ingresos combatiendo el fraude fiscal? ¿O suprimiendo deducciones y subvenciones del impuesto de sociedades? Algo va mal cuando en 2008 se recaudaron por ese impuesto 44.800 millones de euros, pero en 2016 (teóricamente iniciada la recuperación) solo se recaudaron poco más de 21.000 millones. La crisis, se excusan, pero ¿no había recuperación? ¿Por qué el impuesto de sociedades se hunde? Sin olvidar que el hueco fiscal se da también porque las rentas del capital pagan bastante menos impuestos que las del trabajo.

Lo cierto es que los ingresos públicos flojean más cada año y la solución no es recortar, pues lo paga la gente con peor vida y más pobreza.No hay que reducir gasto sino aumentar los ingresos públicos. Según el informe “Shadow economy and tax evasion in the EU”, en 2009 el Estado español dejó de ingresar 72.700 millones de euros por evasión fiscal y por la economía sumergida; una ilícita economía que supone un 18 % del PIB. Una tendencia que ha ido a más.

Aunque tal vez la cuestión que más portadas acapare sobre lo que hace o deja de hacer el gobierno de Pedro Sánchez será la crisis con Catalunya. La nueva ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, considera que para superar esa crisis hay que reformar la Constitución como medida urgente, viable y deseable y así renovar el pacto territorial de España, en crisis pofunda. Batet no lo tiene fácil, visto el papel ultranacionalista español que asume Ciudadanos a sumar al rancio nacionalismo españolista del PP. A ambos partidos les preocupa más  ‘la unidad de España’, que la gente esté bien y lleve una vida digna y libre. Por cierto, lo de la unidad de España era una expresión que el dictador Franco convirtió no solo en lema propio sino en presunto pretexto para justificar la criminal rebelión contra el legítimo gobierno de la II República. Pero no hay justificación ue valga para los crímenes de guerra y de lesa humandad que Franco y la dictadura franquista perpetraron.

No está el horno para bollos para el gobierno de Sánchez, ciertamente, pero en pocas semanas (tras dos o tres consejos de ministras y ministros) veremos hasta donde está dispuesto el gobierno de Pedro Sáchez a presentar batalla y tener en cuenta los intereses de la gente y no los de los de siempre como ha hecho desde su fundación el Partido Popular. Y también el PSOE por cierto, desde hace cuarenta años. No olvidemos que durante décadas el PSOE ha sido un puntal del corrompido régimen bipartidista.

Anuncios

Lo que se le avecina a la ciudadanía europea si se aprueba el TTIP

Esta es la síntesis de lo que se le avecina a la ciudadanía si se firma el TTIP, el tratado que negocian clandestinamente Estados Unidos y la Unión Europea (UE) desde hace unos años.

Se suprimirán los derechos de huelga, sindicación y negociación colectiva. Rebaja o derogación de leyes positivas para el pueblo trabajador de la fase keynesiana del capitalismo europeo que han sobrevivido a la ofensiva neoliberal desde los ochenta en Europa. No olvidemos que Estados Unidos no acepta ni ha firmado seis de los ocho principales tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y tampoco 175 de los 189 convenios de la OIT que protegen derechos laborales. Además, se destruirán un millón de puestos de trabajo, bajarán aún más los salarios y muchas empresas serán trasladadas a otros países. Desaparecerán muchas pequeñas y medianas empresas, incapaces de competir con las grandes y las corporaciones. Se privatizarán la sanidad, educación, administración pública, agua, transporte, gestión de residuos y las pensiones públicas y mucha gente no podrá aceder a servicios esenciales.

La producción de semillas y alimentos estará en manos de unas pocas multinacionales. Se impondrá una agricultura expansiva industrial que no atenderá las necesidades alimentarias de las regiones donde se establezca y eliminarán la agricultura ecológica. Habrá vía libre para productos transgénicos y se suprimirán las normas europeas de seguridad alimentaria. Se venderán alimentos agrotóxicos, hoy prohibidos en Europa, porque el ganado se tratará con hormonas, antibióticos y otros productos de considerable toxicidad. Habrá explotación excesiva de recursos naturales y supresión o rebaja de la protección del medio ambiente…

Y a todo hay que sumar la completa eliminación de los escasos controles que queden en el sector financiero. Los gobiernos no podrán regular, supervisar ni controlar al sector financiero y las pésimas consecuencias de la desregulación financiera que el TTIP busca harán posible el estallido de una enorme crisis que aboque a una recesión profunda y depresión que se lleven por delante toda la economía real. No es un delirio catastrófista. Es un peligro real.

Un peligro real como el que empezó a gestarse en 2007. En pueblos y ciudades de Estados Unidos, gente común que había conseguido abultados préstamos hipotecarios para comprar sus casas sin garantía alguna de solvencia dejaron de pagar sus cuotas de intereses y devolución de capital. Sencillamente no podían. ¿Qué hacer? Peces gordos de las finanzas vieron que millones de esas hipotecas no rendirían nunca y jamás serían devueltas. Eran hipotecas-basura. Entonces a los genios de la banca se les ocurrió esconder las hipotecas incobrables en títulos financieros, mezcladas con bonos rentables. Y crearon unos títulos de presunta alta rentabilidad con la bomba de acción retardada de las hipotecas-basura en su interior. Las agencias de calificación de solvencia les dieron excelente nota, las aseguradoras los aseguraron sin problemas y muchos bancos y entidades financieras los compraron y vendieron por millones en todo el mundo. La crisis estaba servida.

Entonces, un gran banco de inversión estadounidense, Lheman Brothers, pidió desesperadamente ayuda al gobierno federal porque sus cuentas tenían más agujeros que una canasta.  Habían especulado sin freno y se precipitaban al abismo de la quiebra. El gobierno federal dijo que se apañaran y Lehman Brothers se hundió. Puesta de largo de la crisis.

Esa es una escenificación de los frutos envenenados de la desregulación, de la ausencia de supervisión financiera y de la total falta de control de las transacciones financieras.

Tremendo, pues puede suceder de nuevo porque los acuerdos en finanzas, que negocian clandestinamente Estados Unidos y la Unión Europea en el TTIP, son más de lo mismo. No aprenden. Ancha es Castilla para el capital y el sector financiero. Y, por si alguien tuviera duda, la Comisión Europea proclama que “la libre circulación de capitales es uno de los principios fundamentales sobre los que se ha construido la Unión Europea y una de las libertades fundamentales de la UE”. Aberrante y preocupante, pero muy esclarecedor.

El TTIP que se negocia de ningún modo pretende la menor regulación ni control alguno de las finanzas ni de las transacciones especulativas. Apuestan por la financiarización total, convertir todo en activos para especular en el casino financiero en que han convertido la economía de la Tierra. A este paso, hasta el aire que respiramos será un activo para especular.

¿Comprenden porque hemos de conseguir que no se firme el peligroso tratado conocido como TTIP?

Otro rescate camuflado de la banca

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), ha sorprendido con otra ‘generosidad’. Este año, el BCE comprará 720.000 millones de euros de deuda pública de estados europeos. De deuda española, 100.000 millones.

¿Reinterpreta Draghi los tratados de Maastrich y Lisboa y comprará por fin deuda directamente a los estados? No. La compra de esa millonada de deuda pública será en el mercado secundario. Es decir, el BCE comprará la deuda pública que tengan los bancos, no directamente a los estados. ¿Quién saca tajada?

Desde el estallido de la crisis, la banca ha conseguido préstamos cada vez más baratos del BCE y con ese dinero la banca ha comprado deuda pública de interés rentable a muy rentable. Intereses que son abonados puntualmente a la banca y que no son minucias. El estado español en 2015 abonará 35.000 millones de euros de intereses. No toda la deuda está en manos de la banca, cierto, pero sí buena parte, lo que hace del programa de Draghi una innegable transferencia de riqueza pública hacia los bancos. ¿Cuántos recortes no evitaría la cantidad citada anual en manos del Estado?

La primera consecuencia de la generosa compra de deuda pública a la banca es que, de haber quitas de deuda, la banca se va de rositas. Y reestructuraciones de deuda y quitas habrá tarde o temprano, porque el total de la deuda (no solo de España) es prácticamente impagable. Quien cargará con la pérdida que supongan las quitas serán los estados, no los bancos que se habrán desprendido de buena parte de deuda pública en su haber.

La actuación del BCE, pues, vuelve a ser un rescate. Otro más del inacabable salvamento financiero que empezó hace ocho años en medio del pánico general de las élites, cuando averiguaron que el sector bancario estaba podrido de activos tóxicos con hipotecas-basura incobrables.

Para Richard Koo, economista jefe del banco japonés Nomura “es muy dudoso que las compras de deuda a gran escala en Europa hagan funcionar la economía real. En Estados Unidos y Reino Unido no han tenido efectos sustanciales, pues casi todo ese dinero se ha quedado en los mercados”. Es decir, en la especulación financiera. Este economista augura que la compra de deuda pública a lo grande rendirá pocos frutos en la economía real de la eurozona.

Desde que empezó la crisis, a muchísimas empresas se les cerró el crédito. Se arruinaron, bajaron la persiana y aumentó el desempleo. Sin embargo, la banca europea tiene barra libre de liquidez. Dinero barato, tanto como necesite. Pero aún así, ¿cuál es la situación real de la banca?

Los últimos datos anuales de relación de capital real y activos de los cincuenta bancos más grandes del mundo indican que el capital de éstos en total es de poco más de 770.000 millones de dólares. Pero sus activos suman más de 67 billones. Ochenta y siete veces más en activos que capital. El Banco de Santander tiene casi 197 dólares en activos por 1 dólar de capital real, y el BBVA 20 dólares y medio de activos por 1 de capital. Así las cosas, para el BCE, y para la banca, los rescates son sacramentos sagrados para que ese sistema financiero no se hunda. Aunque no los llamen rescate. ¿Pero benefician también a la ciudadanía?

Pues no. A pesar de los rescates, el crédito no llega a las empresas ni a los consumidores y el que llega es caro. El profesor Juan Torres López explica que la falta de financiación no es por falta de liquidez de los bancos sino porque la banca europea no ha saneado sus cuentas de verdad. Y no lo hará si no dispone de suficiente capital y, si no lo hace, la economía productiva continuará estancada.

La otra cara de la moneda es que, por inactividad de la economía real, que tiene mucho que ver con la falta de crédito, el año acabó en España con 200.000 parados más que hace tres años cuando el Partido Popular inició la cacareada (y falsa) recuperación. Además de que los hogares con todos sus miembros en paro son 1.766.300 familias. Y, como expone Economistas Frente a la Crisis, el escaso empleo que se crea es de baja calidad, muy inestable, con salarios bajos y a tiempo parcial involuntario.

Con la situación así, ¿para qué queremos que rescaten bancos (una vez más) con dinero público?