Una sentencia por delito sexual solivianta a las mujeres en España

Concentraciones y manifestaciones agitan docenas de ciudades españolas desde hace días en un creciente tsunami de indignación. De norte a sur y de este a oeste la protesta parece no tener fin tras conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra a un grupo de cinco hombres jóvenes autodenominados la Manada, condenados a solo 9 años de prisión por abuso sexual de una joven de 18 años, pero no por violación, como la fiscal consideró que sí hubo. Por eso pidió 22 años de cárcel por agresión sexual.

Cientos de miles de personas han participado en las concentraciones y manifestaciones de protesta (también en el extranjero) para hacer saber al Poder Judicial que en la España de 2018 cuando cinco hombres acosan a una mujer en un espacio angosto de madrugada y la fuerzan sexualmente no es abuso, es violación.

La fiscal Elena Sarasate sostuvo en el juicio que «las pruebas son absolutamente contundentes y que los miembros de ‘La Manada’ actuaron de forma conjunta y coordinada«, dejando a la víctima «sometida» y «sin posibilidad de resistencia». «Cuando los acusados terminaron y consiguieron lo que querían, la dejaron tirada y semidesnuda«, remató la fiscal Sarasate.

El delito se perpetró en Pamplona, durante las fiestas de San Fermín, y los hechos sucedieron el 7 de julio de 2016 en la capital navarra, donde la joven víctima denunció haber sufrido una agresión sexual por cinco hombres que, además, grabaron un vídeo al perpetrar el delito. La Audiencia Provincial de Navarra, que juzgó a los acusados, considera que no hubo violación y condena a solo nueve años de prisión a los cinco acusados por un delito continuado de abuso sexual, pero les absuelve del delito de agresión sexual como pedían la Fiscalía y la acusación particular.

El Código Penal español define que no hay «violencia e intimidación» en el abuso sexual, que sí existe en el delito de agresión sexual, coloquialmente designado violación.

Se reformará el Código Penal

Además de las constantes concentraciones de protesta en todo el país, tras conocerse la sentencia, en pocas horas, se recogieron 1.200.000 firmas que pedían la inhabilitación de los magistrados redactores de la sentencia, especialmente la del juez que presentó un voto particular en el que afirmaba que en el vídeo solo apreció jolgorio y sexo y pidió la absolución de los cinco hombres.

Una bloguera, Carlota, ha descrito cruda y claramente lo que pasó: «Que cinco tíos te la metan simultáneamente por la boca, por el ano y por la vagina, de madrugada en un portal, mientras se animan entre ellos y repiten ‘¡me toca, me toca!’, eyaculando dentro de ti, sin articular tú ni una sola palabra y acabando en el hospital (sin teléfono móvil, porque te lo han robado para que no puedas avisar a nadie), en España no se considera una violación. Es el porno como educación sexual. Es cultura de la violación. Justicia patriarcal«.

Otros jueces y físcales sí consideran que hubo intimidación de la víctima por ‘la Manada’ y esperan la revisión del caso. Juristas consultados señalan que el relato de hechos probados por el tribunal apunta a un delito de agresión sexual y no de abusos. Y citan jurisprudencia del Tribunal Supremo que indica con claridad que en ningún caso se requiere una «resistencia heroica» de la mujer violada para probar la intimidación, la agresión sexual.

La creciente indignación social tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, ha forzado que el gobierno Rajoy anuncie una revisión del Código Penal para establecer una nueva tipificación de los delitos sexuales. Sin embargo, es el mismo gobierno que ignoró las reivindicaciones de organizaciones y movimientos feministas para afrontar las violaciones en la reforma del Código Penal de 2015.

Acabar con el machismo

Lidia Falcón, abogada y presidenta del Partido Feminista, declaró tras conocer la sentencia que «violar en España sale prácticamente gratis. Es inaceptable que se considere que no había violencia conocida la descripción de los hechos«. Y sostiene que la sentencia a ‘la Manada’ demuestra que la ideología machista impregna instituciones del Estado y que la Justicia en concreto no ha salido de la pasada dictadura, no se ha renovado.

Susana Díaz, presidenta de Andalucia, afirma no comprender ni compartir la sentencia del caso de La Manada, al tiempo que pide tolerancia cero con cualquier violencia sexual. Incluso Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que no destaca por sus posturas progresistas, ha reconocido que “como ciudadano y como padre me cuesta asumir la sentencia de la Manada”.

El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (Consejo Nacional de las Mujeres de Cataluña), que agrupa 400 entidades de esa comunidad autónoma para conseguir la igualdad real de mujeres y hombres, ha rechazado la sentencia en el caso de ‘La Manada’ y ha exigido la modificación del Código Penal para abolir el delito de abuso sexual, «un tipo penal que pone en peligro a las mujeres y no garantiza sus derechos«.

La siempre prudente Amnistía Internacional al analizar violaciones de derechos humanos afirma que “la ausencia de reconocimiento legal de que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación fomenta la idea de que la responsabilidad de protegerse de la violación recae en las mujeres ”. Amnistía también informa al respecto que “unos nueve millones de mujeres han sido violadas en la Unión Europea después de los 15 años. La cifra es inquietante y es alarmante que tan pocos países europeos se tomen este grave delito con la seriedad que deberían, tanto en la ley como en la actuación”.

No cabe duda de que hechos tan rechazables como lo sucedido en Pamplona indican que la preeminencia y dominio de los hombres sobre la mujer (en plata, el machismo) siguen muy arraigados en el Reino de España. Pero por desgracia no solo en España. Amnistía Internacional informa que de 33 países europeos, sólo 9 reconocen que el sexo sin consentimiento es violación. ¿Y los otros 24 de la presuntamente democrática Europa?

Tan alarmante dato expone como ningún otro la repugnante presencia del machismo o, como se dice ahora, del patriarcado. Y empuja a combatirlo con total decisión, desde las escuelas de infancia hasta la universidad, en todos los sectores, en cualquier actividad humana. La esencia de esa lucha es que las mujeres han de tener los mismos derechos que los hombres. Ni un ápice menos. Es imperativa la igualdad por medio de una tarea de educación y concienciación hasta conformar una conciencia social colectiva que asegure esa igualdad real de las mujeres e impida la más leve traza de repulsivo machismo.

Cobrar una pensión decente no es principio ‘inspirador’ sino un derecho a ejercer

El fin de semana de 14 y 15 de abril, miles y miles de pensionistas salieron de nuevo a la calle en un centenar de manifestaciones y concentraciones por todo el Reino de España para exigir pensiones dignas. Tercera vez en poco tiempo que los pensionistas toman las ciudades para exponer alto y claro sus reivindicaciones que se resumen en exigir pensiones dignas.

A pesar de esa claridad en su reivindicación, Rajoy ha tenido la desfachatez de responderles, que “la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos y no tenemos los recursos suficientes para poder subir más las pensiones”. Sin embargo, sí hay recursos para salvar de la quiebra autopistas que no hacían falta (las radiales de Madrid o la de Madrid-aeropuerto de Barajas). O para salvar bancos.

Hay recuperación económica según las macrocifras, pero no es verdadera, pues no permite subir las pensiones ni actualizarlas según el coste real de vida. Solo son beneficios para la minoría por la contra-reforma laboral del Partido Popular que no ha logrado reducir el paro a niveles europeas, ha disparado el trabajo precario, cronificado los bajos salarios y abierto a los jóvenes un horizonte sin futuro  con un 37% de paro.

La OCDE advierte a España

También la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se ha referido a los pensionistas españoles. En un reciente informe alerta de que en España «será difícil garantizar una pensión decente«. En ese escenario, los fondos privados de pensiones están encantados con la reforma del sistema español de pensiones, perpetrada  por el gobierno Rajoy. Porque les ofrece un gran espacio de negocio para captar más y más asalariados que suscriban sus mal llamadas pensiones privadas. Por eso Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco (Instituciones de Inversión Colectiva), declaró que, con la previsible bajada de las nuevas pensiones en los próximos años, las públicas «deberían complementarse con un sistema de capitalización«. En román paladino significa que pretenden crear grandes fondos de inversión para especular en los mercados financieros. Fondos alimentados con las aportaciones mensuales de millones de asalariados, claro.

Como en Reino Unido y Holanda, por ejemplo, Inverco espera una oleada de suscripciones a sus sistemas privados de pensiones, por la empobrecedora rebaja de las pensiones públicas.

Pensiones ‘privadas’, especulación y crisis financieras

El problema es que el dinero de esos planes de pensiones es para especular. Pero la especulación financiera es muy suya. Solo recordemos que desde 1873 ha habido varias crisis financieras internacionales de desagradables consecuencias para mucha gente.

Hubo crisis ese año en las bolsas de Viena y Nueva York, crisis que provocó una profunda recesión internacional. En 1890 la hubo en Argentina y Uruguay y la crisis de 1907 afectó a EEUU, Canadá y México. La más conocida de 1929 estalló por el colapso de la bolsa de Nueva York y provocó la Gran Depresión que empobreció a más de medio mundo y estuvo en el origen de la Segunda Guerra Mundial. En 1982, hubo una crisis atroz por las deudas externas de América Latina. Y en 1989 y 1990 hubo crisis financiera en Japón más las crisis asiáticas de 1997 y 1998. En 2001 hubo en EEUU la crisis financiera de las empresas puntocom, por la euforia especuladora con las empresas del naciente mundo de Internet.

La crisis de 2008 es la actual y más conocida porque estalló en los mercados financieros de Nueva York y Londres en otoño de 2008 y luego siguió la recesión mundial. Aún colea y el origen de la crisis estuvo en la monumental estafa de venta de bonos-basura que ocultaban préstamos hipotecarios incobrables que envenenaron el sector financiero, reduciendo los balances bancarios a casi nada.

Fiar la futura pensión privada complementaria del jubilado a la especulación financiera es verdaderamente arriesgado. Es lo que tiene frecuentar malas compañías y especular en mercados financieros, que te arriesgas a perder hasta el aliento.

Pensiones ‘privadas’ como complemento, negocio para fondos de inversión

Pero reconozcamos que Inverco no quiere que desaparezcan las pensiones públicas. Deben existir, asegura su presidente, y defiende combinar las pensiones públicas con las aportaciones de fondos privados. Lo que no dice es que esos fondos y bancos implicados presionan para que las pensiones públicas se rebajen más y más y los asalariados crean que han de suscribir planes privados de pensiones. Así harán negocio los fondos de inversión, tras los que están los grandes bancos.

Desde el sector de fondos privados de pensiones dan por hecho que la reforma de las pensiones de 2013, perpetrada por el Gobierno Rajoy, hará perder poder adquisitivo a los pensionistas. Según el Banco de España, habrá una caída muy significativa de la tasa de sustitución de 20 puntos porcentuales en 2060. Esa tasa es el porcentaje de la pensión de jubilación a cobrar respecto al último sueldo de la etapa laboral. Calculen. En unas décadas, las pensiones serán una quinta parte más bajas que las actuales. Si hoy cobras 1000, cobrarás 800. El mundo al revés. Las pensiones bajarán en vez de aumentar, pero la vida y los precios no dejarán de subir.

Desde el Banco de España explican que esa rebaja de pensiones será por aplicar el índice de revalorización del gobierno del PP. Invento para que las subidas anuales de pensiones sean siempre las mínimas: ese miserable 0,25%. Será así porque la Seguridad Social siempre estará en déficit, pues así lo han preparado Rajoy y su gobierno. Por ejemplo, apuntando como pérdida de la Seguridad Social los millones pedidos al gobierno para abonar la última pensión extraordinaria de diciembre, cuando podía haber sido solo una transferencia interna y no constar como déficit.

También se rebajarán las pensiones por el ‘factor de sostenibilidad’, segundo invento de Rajoy. Un moderno pillaje (en vigor desde el año que viene para los pensionistas que se jubilen en 2019) que incorpora la esperanza de vida al cálculo de la pensión, aunque no han dicho nada de como será. La embaucadora propuesta es que, como vivimos más años, el dinero de las pensiones se rebaja para atender esos años de más. Como si fuera un dinero fijo, intocable e inamovible. Y no es así. El dinero para pensiones debe ser el que se presupueste sin cálculos raros. Ese ‘factor de sostenibilidad’ pretende que, si vives más años, cobras menos pensión y, si no te gusta, muérete. De hecho, hubo un alto cargo del gobierno de Japón que pidió a los jubilados de su país que se hicieran el hara-kiri para contribuir al equilibrio presupuestario. Y no es un chiste.

El truco de la esperanza de vida

Incorporar la esperanza de vida (cada vez mayor en países desarrollados) para calcular las pensiones es perverso y falaz. Porque la esperanza de vida es un futurible inexacto e impreciso, más la falsedad manifiesta de que el dinero para pensiones se da a entender que es de un volumen limitado. ¿Por qué ha de serlo? Hablamos de derechos y la pensión es un derecho humano. Pero les da igual y el Banco de España ya ha profetizado que las pensiones públicas solo serán posibles… si se recortan. Lo que supondría una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas… hasta que la mayoría caiga en riesgo de pobreza y exclusión social.

Lo cierto y justo es que hay que dar puerta al sistema actual por el que las pensiones se financian con las cotizaciones de los trabajadores activos. Ya no sirve en tiempo de inseguridad económica. Lo que ha de imperar en las pensiones públicas es que recibir una pensión decente es un derecho indiscutible sin necesidad de recurrir a complementos de fondos privados.

Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, denuncia desde hace años el disparate económico de hablar de insostenibilidad de las pensiones, porque, aunque hoy se financien con las cotizaciones de los trabajadores, no tiene porque ser así. Hay estados (Dinamarca o Suecia), donde las pensiones se financian con impuestos. Como otras partidas del presupuesto.

Para financiar las pensiones (y todos los derechos sociales necesarios) sobran los inventos tramposos de sostenibilidad. La solución es una fiscalidad justa, progresiva y suficiente. Es decir, Justicia Fiscal. Y no marear la perdiz con la insosteniblidad de las pensiones públicas, falacia nada sutil en beneficio de los fondos de inversión, la banca en general y otros negocios capitalistas dignos de toda sospecha.

Cobrar una pensión decente es un derecho a respetar a rajatabla. No es un principio ‘inspirador’, sino un derecho a concretar en dinero suficiente. Cobrar una pensión ha de ser un derecho tangible, intrínsecamente relacionado con el derecho esencial que hace posibles todos los demás: el derecho a la vida del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues, si no se dispone de medios materiales que garanticen la existencia (alimentarse, vestirse, vivir bajo techo, calefacción en invierno), el derecho a la vida es una burla. Y una pensión digna asegura los medios materiales y garantiza, por tanto,  el derecho a la vida.

Los jubilados españoles se cabrean y llenan las calles del Reino de España

El sábado 17 de marzo hubo un montón de concentraciones y manifestaciones de jubilados y pensionistas en un centenar de ciudades españolas. Por la mañana y por la tarde. Y no eran miles los manifestantes, como titularon pusilánimes los medios con un sospechoso en ocasiones exceso de prudencia, sino cientos de miles. Si en Bilbao se manifestaron más de 110.000 personas, en Madrid 60.000 y en Barcelona más de 50.000, si sumamos hasta cien ciudades más de todos los tamaños ¿no serán realmente cientos de miles los manifestantes y concentrados, incluso un millón o más?

Los manifestantes reivindicaban pensiones dignas y, especialmente, denunciaban con rabia (por considerarlo una tomadura de pelo) el modo de actualizar las pensiones; ese aumento anual del 0,25% de las pensiones. Aumento que en la practica y con cifras reales parece un chiste malo porque supone menos de un euro, un euro, dos o tres euros de aumento, cuanto más.

Según los clásicos indicadores capitalistas del crecimiento económico (PIB, inversión, consumo exportaciones, ventas…) en el Reino de España ha habido recuperación económica. Pero, por lo visto, la recuperación de Rajoy no da para subir las pensiones. Ahí radicaría la evidente indignación de los cientos de miles de jubilados que ocuparon las calles . Por esa vital razón, pero también, por la desfachatez del jefe de gobierno, Mariano Rajoy, quien en el Congreso de los Diputados rechazó alto y claro subir las pensiones. Como también se negó a tener en cuenta el aumento del coste de la vida que señala el Índice de Precios al Consumo (IPC) para actualizarlas. Y, para mayor guasa, anunció una rebaja del IRPF a los pensionistas como ayuda.

Una burla porque resulta que el 63% de los jubilados ya no pagan IRPF (evidentemente por la pobreza de sus pensiones) como ha explicado la asociación sindical de Técnicos de Hacienda (GESTHA), conocida por sus rigurosos informes sobre Hacienda e impuestos. Por tanto, las rebajas fiscales para los pensionistas es otro brindis al sol. Además, ¿de que serviría la reducción anual de unas docenas de euros o máximo unos pocos cientos (si fuera el caso) cuando el resto de meses del año (sin declaración de renta ni posible devolución) se sigue recibiendo una pensión de miseria?

Las cifras hablan por sí solas. En España hay 8.700.000 pensionistas de los que casi un millón perciben 150 euros mensuales (unos 90.000 incluso menos) o algo más. Luego 2 millones cobran de 551 a 650 euros. Entre unos y otros, casi un tercio de pensionistas perciben pensiones en el umbral de la pobreza o menos. Un 2.000.000 de pensionistas perciben de 651 euros a 1000 euros y quienes reciben pensiones de más mil euros hasta 2.580, son algo menos de tres millones de pensionistas.

Resumiendo, dos millones y medio largos de pensionistas tienen pensiones dignas, otros tres millones están en riesgo de pobreza (o se han precipitado en ella) y unos dos millones setecientos mil están entre dos aguas, entre Pinto y Valdemoro. Ni suficiente para no sufrir apuros ni riesgo de pobreza.

Es evidente por lo expuesto que hay muchos más jubilados con pensiones bajas (incluso de miseria) que quienes perciben pensiones dignas. Y, ante esas cantidades y porcentajes de gentes en riesgo de pobreza y exclusión social, uno diría a Rajoy, Sáenz de Santamaría, Montoro, Fatima Báñez y demás personajes y personajillos del gobierno del Partido Popular, ¿porque no intentan vivir con 600, 800 o incluso 1000 euros de ingresos mensuales? Aunque, para ser exactos, hay que añadir que las pagas públicas, (y las pensiones lo son) son catorce: doce mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias, una antes del verano y otra semanas antes de las fiestas navideñas. Pero, aunque esas pagas extraordinarias aumenten un tanto los ingresos de los jubilados, no resuelven una realidad evidente: las bajas o muy bajas pensiones que se abonan en el Reino de España. A quienes perciben 600 euros mensuales, ¿qué les arregla que dos veces al año les paguen 1.200 euros para llevar un vida digna sin apuros?

Para rematar la execrable injusticia de pensiones insuficientes y a menudo indignas, recibir una pensión no es gracia o favor sino uno de los derechos humanos que proclama indiscutible y claramente la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 22) que España ha firmado y ratificado. Y eso significa que ha de respetarla, aplicarla y desarrollarla.

Para mayor cachondeo, el gobierno Rajoy ha propuesto que desde 2019 las pensiones se calculen según la esperanza de vida (aunque no ha dicho cómo) y los conocedores de la materia ya han adelantado que ese sistema supondrá rebajar la cuantía de las futuras pensiones. Por otra parte, la actualización anual de las pensiones desde hace tres años no tiene en cuenta el coste de la vida ni el aumento de precios sino el estado general de la economía, aunque el mínimo a aumentar será siempre el citado y ridículo 0,25% de la pensión.

Ante la petición de la oposición parlamentaria de que se aumenten las pensiones, Rajoy ha respondido que “la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos que llegue y no tenemos los recursos suficientes para poder subir más las pensiones”. Olvida Rajoy (sin referirnos por ahora a los miles de millones para Defensa camuflados en partidas de otros ministerios) que sí hay dinero, Dinero desviado, evadido o saqueado por su incompetencia, irresponsabilidad o complicidad. Olvida también (o simula no saber) que el Estado pierde cada año 150.000 millones de euros: 90.000 por corrupción y 60.0000 por evasión de impuestos. Cifras oficiales. ¿Porqué el gobierno que preside no se toma en serio acabar de una vez con la corrupción y el fraude fiscal? ¿O, cuanto menos, reducirlos notablemente? Porque es posible.

¿Comprenden por qué las y los pensionistas están tan cabreados?

La vía latinoamericana al golpe de estado

En Brasil ha habido de nuevo manifestaciones contra la presidenta Rousseff, pero diferentes a las de 2013 contra la subida del precio del transporte público. Las de ahora en teoría protestan por la corrupción en el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), pero, aparte de eso que también, en verdad pretenden acabar con las políticas de distribución de riqueza. Dicen que esas políticas, como la de la cesta familiar para acabar con el hambre, crean vagos.

Sin duda hay corrupción en las filas del PT y debe ser eliminada, pero no es la razón verdadera. Recuerda lo que pasó en Chile hace 42 años y allí acabó en la dictadura de Pinochet. También hubo desorden en Venezuela en 2002 para echar a Chaves por un golpe de estado que fracasó. Y desde hace semanas han intentado el enésimo montaje de desorden y violencia, más manipulación mediática, hacia el golpe de estado que busca la derecha en Venezuela para derrocar al gobierno legítimo.

La reducida diferencia por la que venció Maduro a Capriles en las elecciones presidenciales, recuerda el profesor Salim Lamrani, excitó a la derecha venezolana que quiso convertir las elecciones municipales de 2013 en una palanca para echar al gobierno chavista. Pero esas elecciones fueron un plebiscito a favor del chavismo, que ganó con amplitud en el 76% de los municipios. Y, como no consigue el poder por las urnas, la derecha vuelve a decantarse por el golpe de estado. Y así, el líder ultraderechista Leopoldo López (que participó en el golpe de Estado de 2002) en enero de 2014 convocó sin disimulo a la insurrección: “Es un llamado a los venezolanos para que nos alcemos”. Desde entonces han proliferado los actos violentos y acciones de grupos armados de la derecha. Hechos cuya autoría ocultan los medios occidentales mientras presentan la situación de violencia en Venezuela como un levantamiento popular contra el gobierno. Pero no es tal sino escenario forzado y creado por quienes poseen la mayor parte de la riqueza. La derecha.

Así fue con Allende en 1973. El golpe de estado fue precedido de desordenes y aparentes protestas populares más abundante manipulación mediática. ¿Sucede lo mismo en Brasil con sus manifestaciones y ataques e insultos contra la presidenta Rousseff? Algunos medios han señalado al Movimiento Brasil Libre, Revoltados Online y a SOS Fuerzas Armadas como espurios impulsores de esas manifestaciones, como describe una documentada crónica de Agnese Marras. El Movimiento Brasil Libre es neoliberal puro y quiere echar a Dilma. La revista Forum lo acusa de estar financiado por los Kock, estadounidenses dueños de un imperio petrolífero. Revoltados (enojados) es un grupo de Internet con muchos seguidores, liderado por un ex pastor evangelista, que también quiere acabar con la presidenta Dilma. De que pie cojean lo revela su lema ‘Con Dios de nuestra parte somos imbatibles’. Nada que ver con las clases trabajadoras ni sus intereses, por supuesto. Sin propuesta política alguna (salvo echar a Rousseff), pero contra todas las de distribución de riqueza que impulsa el PT. Y SOS Fuerzas Armadas, visceralmente anticomunistas, que no pueden ver al PT y a la presidenta Dilma ni en pintura y que suspiran por una intervención militar.

Pero, más allá de que esos u otros grupos sean los organizadores de las protestas, éstas son utilizadas por la derecha de siempre, la burguesía como dirían Marx y Engels, como armas de una clase que admite la democracia mientras aumenten sus beneficios pero, sí algo los amenaza, como el reparto de riqueza que intentan Rousseff, Maduro, Correa o Evo Morales en América Latina, entonces ya no sirve. Y hay que meterla en cintura.

Metámosnoslo en la cabeza de una vez: para que la mayoría de la población viva con dignidad, la minoría que acapara la riqueza ha de perder. Una parte cuanto menos. En América Latina, en Europa o en China. La creciente desigualdad galopante y la obscena acumulación de riqueza en manos de muy pocos están más que probadas. Y eso hay que cambiarlo. Pero los ricos no están dispuestos a rebajar beneficios ni un tanto así y hacen y harán lo que sea para que todo continúe igual. Así se comprenden las tensiones y turbulencias en América Latina.

¿Acaso no ha habido en las últimas décadas un rimero de golpes de Estado o intentos de golpe en Guatemala, República Dominicana, Chile, Argentina, Uruguay, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Honduras? Y es que la clase dominante, la minoría rica, es adicta al golpe de estado. Para que nada cambie.

De la clase trabajadora, de la ciudadanía depende que lo consigan.

Hay que frenar el tratado de inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos

Cientos de miles de ciudadanos se han manifestado hace unos días por las calles y plazas de veintidós países europeos. Se movilizaban contra el tratado de inversión que negocian en secreto la Unión Europea y Estados Unidos, TTIP por sus siglas en inglés. La ciudadanía reclama que se olvide para siempre ese tratado. Que se entierre.

Abundando en la exigencia de retirarlo definitivamente, recordemos a modo de inventario algunas consecuencias del TTIP, si fuera firmado. Desaparición en la práctica del derecho de huelga, eliminación de negociación colectiva y, por supuesto, salarios cada vez más bajos y empleos más precarios. La feroz competencia sin control de las grandes empresas a las medianas y pequeñas provocaría que cierren miles de éstas y se destruyan un millón de empleos, según cálculos diversos.

Los servicios públicos de sanidad, educación pública, suministro de agua potable, gestión de residuos, transporte se convertirían en negocios privados en manos de grandes empresas. Y la igualación de normas de Estados Unidos y Europa se haría escogiendo las peores, además de impedir a los gobiernos cualquier política social.

En el ansia de privatizar todo lo público, las pensiones de la seguridad social se reducirían en beneficio de las pensiones privadas hasta que los asalariados crean que han de contratarlas para conseguir una pensión aceptable. Sin olvidar que esas pensiones privadas (rentas de inversiones de grandes fondos) dependen de las veleidades de la especulación financiera. Los pensionistas privados holandeses, por ejemplo, lo han comprobado para mal a partir de 2009 por la crisis.

En agricultura, las grandes corporaciones multinacionales controlarán las semillas y la producción de alimentos, eliminando explotaciones agrarias medias, pequeñas y desapareciendo la agricultura familiar en beneficio de las perjudiciales grandes explotaciones agrarias industriales que, además, impiden el equilibrio ecológico. Y, por supuesto, habrá vía libre para los productos transgénicos. También desaparecerán las normas de seguridad de alimentos y en nuestros supermercados se venderán pollos lavados con cloro o terneras engordadas con hormonas.

El cambio climático será mayor amenaza aún porque, fruto de la desregulación campante, no habrá el menor control real de las emisiones de dióxido de carbono. Por descontado, la fractura hidráulica (fracking), muy perjudicial método de extracción de petróleo a miles de metros de profundidad, se extenderá por Europa y habrá más riesgo de terremotos así como la segura contaminación de aguas subterráneas, vitales en las zonas secas.

Y, por supuesto, se suprimirán los escasos controles que pudiera haber aún para frenar algo la especulación financiera desatada, olvidando de forma criminal, pero también estúpida, que la crisis que sufrimos, y de la que no acabamos de salir, estalló por el descontrol del sector financiero y la ausencia de regulación.

Pero aún hay más, como la creación del llamado Mecanismo de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés). El ISDS sencillamente convierte la democracia en un decorado.

Consiste tal engendro en unos pretendidos tribunales de arbitraje internacional, que no son tales sino tres caros abogados privados, que resolverán las demandas que presenten empresas y corporaciones cuando crean que el Estado perjudica sus beneficios actuales o futuros por las medidas que tome el gobierno. Medidas para atender necesidades de la ciudadanía, satisfacer sus derecho,s garantizar la seguridad de los alimentos o proteger el medio ambiente. A esos abogados no los elegirá ciudadanía alguna ni los controlará ninguna institución democrática. Y, todavía peor, sus fallos serán inapelables.

Sabemos cómo funcionan esos falsos tribunales porque esos mismos inventos de arbitraje figuran en otros tratados bilaterales de inversión. Por ejemplo, la República de Uruguay fue condenada a pagar a Philip Morris 1.467millones de dólares. La tabacalera demandó al gobierno porque éste mandó poner en las cajetillas de tabaco que fumar perjudica la salud.

El fraude de las demandas de multinacionales (porque fraude o estafa es) se convertiría en un freno real de la acción de los gobiernos porque, ante la amenaza de reclamaciones multimillonarias por proteger los derechos de la gente y la naturaleza, muchos gobiernos tendrán la tentación de no tocar esas cuestiones. Y la soberanía ciudadana electoral será inútil porque de hecho mandarán las multinacionales con sus demandas y presiones.

Es obvio que hay que frenar el TTIP. Que desaparezca. En 1998 ya se paralizó la firma de un precedente casi tan maligno, el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) por la movilización ciudadana global. Y podemos volver a hacerlo.

Contra un plan perverso, una ciudadanía unida

Bancos que despiden a miles; miles de millones para salvar esos bancos que, además, no dan créditos; cientos de miles de despidos en todos los sectores; desprotección creciente de desempleados; pensionistas en el punto de mira; menor salario para funcionarios públicos; 6% del PIB de evasión fiscal, amnistía fiscal para evasores de impuestos; disolución de una organización estatal contra la corrupción; seis millones de parados; la deuda pública crece considerablemente el primer año de gobierno del Partido Popular; sanidad pública privatizada, sanidad privatizada encarecida y gravemente dañada; más de 500 desahucios diarios de viviendas; cierre de escuelas, masificación de aulas escolares; cierre de centros de urgencias médicas, reducción de camas hospitalarias; cientos de miles de inmigrantes irregulares y jóvenes en paro expulsados de la sanidad pública; aumento de represión contra quienes protestan; reformas legales (Código Penal, tasas judiciales) que huelen a fascismo; aumenta la infancia y adolescencia en riesgo de pobreza y exclusión (27%); empresas medianas y pequeñas más trabajadores autónomos ahogados y sin salida; una clase media que se precipita a la pobreza… Y mentiras; mentiras, ocultaciones y manipulaciones a todas horas con la ilusa esperanza de engañar a la ciudadanía. ¡La lista de injusticias, atropellos, desmanes e iniquidades de la involución neoliberal es larga, muy larga!

Ocurre en España. Pero también en la vieja Europa con mayores o menores coincidencias. Aunque al mismo tiempo, convocadas por organizaciones sociales, plataformas, asociaciones y entidades ciudadanas, miles y miles de personas han marchado por las calles desde hace un par de años para denunciar tanta canallada. Y el 23 de febrero pasado más de un millón de personas volvieron a ocupar calles y plazas en cien ciudades españolas para enfrentarse a esta crisis-estafa, al vaciado de la democracia y a los ataques un día tras otro del gobierno y del poder económico contra los derechos de la ciudadanía.

Como desvela con documentada lucidez Susan George en “Informe Lugano II”, la minoría que controla la economía quiere liquidar la democracia para continuar obteniendo beneficios obscenos. Para eternizar el capitalismo. Pero una incontenible marea ciudadana ha ocupado ciudades contra el golpe de estado financiero; contra los ataques de las grandes fortunas y las agresiones de la minoría explotadora, culpable de tanta ruina, injusticia, indignidad, desigualdad, sufrimiento y pobreza… Una marea ciudadana contra la democracia de fachada y el autoritarismo encubierto (cada vez menos camuflado). Como millones de voces pregonan, la democracia sin participación ciudadana es una estafa y un escarnio cuando no se respetan los derechos de todos sin excepción.

Como decía Stephane Hessel (que nos dejó hace unos días), pasó el tiempo de diagnosticar lo que ocurre. Es tiempo de actuar, de que el miedo cambie de bando, de construir algo nuevo, de otra política. Sin contar con los partidos políticos de siempre, porque sería más de lo mismo. Pues con la actual arquitectura política, corrompida y al servicio de la minoría; con esos partidos, con esas leyes, con esos políticos privilegiados, es imposible alcanzar la justicia necesaria y lograr la democracia de verdad. Solo vale un cambio profundo, una transformación radical de la sociedad que vivimos y sufrimos; un proceso trabajoso, exigente y prolongado. Desde y por los movimientos sociales.

No es “populismo” ni antipolítica. Es política de verdad. Política de la inmensa mayoría. Política desde abajo, con masiva e intensa participación de la ciudadanía. Para dar ya un salto hacia adelante, para que la ciudadanía empiece a conseguir algún poder.

Arturo González escribe que las masivas mareas ciudadanas del 23 de febrero fueron las mayores concentraciones de revolucionarios de la historia. Revolucionarios porque saben que solo sirve una transformación profunda. Y eso es revolución. Pero acaso sea tiempo de ir más allá que manifestarse. No abandonar la ocupación de calles y plazas, sino avanzar. Desatar la lucha por las ideas y valores de la democracia de verdad. Y que obreros, sanitarios, profesores, estudiantes, funcionarios, empleados, feministas, ecologistas, creyentes que eligen la justicia, asambleas populares… y todos los grupos y gentes que exigen sus derechos en sectores y escenarios diferentes, se unan en una única marea cívica; un solo movimiento ciudadano. Sin jerarquía ni privilegio alguno.

Una tarea ardua, pero imprescindible. O no se avanzará.

La revolución ciudadana empieza en países musulmanes

Cuando el 17 de diciembre Mohamed Bouazizi se prendía fuego, en protesta porque la policía de la dictadura de Ben Alí le había confiscado su puesto de frutas, nadie imaginaba que sería el inicio de una nueva revolución ciudadana.

Túnez y Egipto se rebelan contra sus regímenes; miles de marroquíes salen a la calle y exigen reformas políticas; en Argelia el gobierno autoritario sofoca las manifestaciones con un enorme despliegue policial; en Libia, la ciudadanía exige que Gadafi y su régimen desaparezcan; en Bahrein, los ciudadanos se manifiestan por la democracia y la monarquía responde matando; en Jordania, se manifiestan y el rey promete reformas; en Yemen se extiende la protesta y la policía mata; en Cisjordania se manifiestan contra el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, al que acusan de corrupto y autoritario…

Una revolución ciudadana parece haber empezado en Oriente Próximo y Norte de África. Vicenç Navarro nos desvela que los medios informativos, sin embargo, han ofrecido una incompleta e interesada imagen de la emblemática revuelta egipcia, presentándola como una acción de jóvenes de clases medias a partir de Facebook, Twitter y otras redes sociales. Por supuesto que los jóvenes que utilizaron Internet jugaron un papel importante, pero la rebelión egipcia es más, mucho más. Navarro precisa que “la revolución egipcia no se inició hace unas semanas. El pasado reciente de Egipto es un tiempo de luchas obreras brutalmente reprimidas, pero incesantes. Sólo en 2009 hubo 478 huelgas prohibidas, claramente políticas (…) La resistencia obrera democrática, infiltrada en los sindicatos oficiales, fue clave en las movilizaciones y en la huelga”.

Y el periodista egipcio Hossam el-Hamalawy ratifica que “en los últimos tres años, todos los días ha habido huelga en alguna fábrica de Egipto. Huelgas económicas y políticas. Desde el primer día de la revuelta, la clase obrera ha estado en masa en las protestas. Decenas de miles de trabajadores protestaron en la calle y fueron a la huelga (…) Casi todos los sectores de la economía egipcia han estado en huelga estos días.”

El 6 de abril de 2008 hubo huelga y miles de egipcios se manifestaron contra la subida de precios y la dictadura de Mubarak. La policía abrió fuego, mató a tres personas e hirió a 90. Y nació el “Movimiento 6 de Abril” contra la dictadura. La rebelión egipcia no ha sido sólo la plaza de Tahrir. Tahrir ha sido lo más televisivo de la revolución, pero la rebelión se fraguaba en todo el país hace tiempo. Su próximo antecedente, 2004: manifestaciones masivas en varias ciudades egipcias contra la represión, la corrupción política gubernamental, los sueldos míseros y la pobreza; porque en Egipto el 40% malvive con menos de un dólar y cuarto al día. Ahí está el origen de la revuelta.

Pero en ese panorama de movimientos ciudadanos y de los trabajadores contra las dictaduras del Norte de África y Oriente Próximo, Europa ha afianzado a los dictadores. Con exquisito trato de aliados y acuerdos económicos preferentes. O vendiéndoles armas, como por ejemplo a Libia por valor de 1.400 millones de dólares: las armas que masacran al pueblo libio.

Como ha dicho la eurodiputada Marietje Schaake citando a Luther King, “hay un momento en el que el silencio se convierte en traición”. El silencio y la pasividad de la Unión Europea ante las implacables y corruptas dictaduras del Norte de África y Oriente Próximo.

Esta Europa neoliberal y plutócrata ha traicionado los ideales de la Revolución Francesa, ha pisoteado los valores de la revolución ciudadana que generó la democracia y ha hecho la vista gorda ante las constantes violaciones de los derechos humanos, la injusticia y la corrupción de esos regímenes dictatoriales. A cambio de gas, petróleo y control inmigratorio. Como ha escrito Javier Valenzuela, Europa ha sido un obstáculo para las libertades en el Magreb y en el valle del Nilo. Tanto presumir de derechos humanos y Europa ha olvidado las primeras palabras del articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Por eso actúa tan miserablemente como lo hace.

Europa necesita sin duda una nueva revolución ciudadana y tiene como ejemplo a las que han iniciado las ciudadanías de los países musulmanes.