¿Empieza el cambio en el Reino de España?

Padro Sánchez ya es Presidente del Gobierno del Reino de España. Aunque no sea en las mejores condiciones. No porque solo cuente con 85 diputados del PSOE, pues, si actúa bien, con diálogo y, sobre todo, voluntad política, podría contar hasta con los 180 votos parlamentarios de Unidos Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes que lo han investido presidente. Las dificultades surgirán por gobernar con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no son los suyos sino los del Partido Popular y de Ciudadanos. Unos PGE que, como botón de muestra, destacan por no hacer nada contra la pobreza y la desigualdad a pesar de que aumentan en el país y llevan camino de devenir crónicas, de haber venido para quedarse.

Lo ha denunciado la Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad, organización que agrupa 400 entidades ciudadanas, de solidaridad, cooperación y defensoras de los derechos humanos. Según esa ONG, los presupuestos del Estado elaborados por el gobierno de Mariano Rajoy para 2018 en modo alguno son suficientes para luchar en serio contra pobreza y desigualdad. No lo son por la negativa del gobierno del PP y también de Ciudadanos a aumentar las partidas presupuestarias de políticas sociales. Una situación agravada por no tomar medidas para aumentar la recaudación fiscal (especialmente de quienes más tienen), y porque no muestran voluntad política alguna de establecer una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.

Son unos PGE socialmente cortos a pesar de saber que casi un 30% de la población española está en riesgo de pobreza, de que las prestaciones por desempleo se reducen cada año tras año desde que Rajoy empezó a gobernar y que por tercer año consecutivo se rebajarán la inversión y gasto en sanidad, educación, atención a dependientes, protección social, igualdad de género y cooperación. El recorte social de los PGE es evidente, aunque el PP pretendiera que la inversión en políticas sociales ha aumentado en cifras absolutas. No es verdad. Los datos muestran que el gasto total respecto al PIB, la riqueza nacional anual, es el más bajo desde 2011, último año de gobierno de Zapatero e inicio del gobierno de Rajoy.

Informes sobre la verdadera situación económica y social del España reiteran que, aunque cifras macroeconómicas digan que España ha salido de la crisis económica,no es verdad porque persisten pobreza y desigualdad. Ambas provocadas sobre todo por las contra-reformas sociales del PP desde 2012, en tanto que las políticas de austeridad impuestas desde 2010 han empobrecido a la ciudadanía y aumentado la brecha entre ricos y pobres. De 2008 a 2015, la quinta parte de la población más pobre (20%) ha visto reducidos sus ingresos un 15%. ¿Qué recuperación es ésa?

Se podrá decir con razón que se sale de la crisis cuando la inmensa mayoría pueda llevar un vida digna. Más allá de la macro-economía, los siete ministerios económicos del gobierno de Sánchez han de afrontar cuestiones que afectan a la vida cotidiana de la gente. ¿Se modificará la reforma laboral del PP (que sin duda ha aumentado la precariedad y la pobreza de los trabajadores) en beneficio de la clase trabajadora? ¿Se hará algo útil contra la precariedad? ¿Aumentarán los salarios rebajados? ¿Se tumbará la contra-reforma de las pensiones del PP de 2013 que empobrecerá a los pensionistas desde 2019? ¿Se estableceran nuevas medidas fiscales para obtener más ingresos y poder abonar pensiones dignas? ¿Se implantarán impuestos a las corporaciones tecnológicas que suelen pagar muy pocos impuestos? Habrá que verlo.

¿Y qué hara el gobierno de Sánchez con las autopistas en quiebra, las radiales de Madrid? ¿Qué pérdidas asumirá el Gobierno por su responsabilidad patrimonial? ¿2.000? ¿5.000 millones de euros? Socializar pérdidas y beneficios solo para pocos parece ser la regla.

Entre tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que cumplirá el objetivo de déficit del 2,2% prometido a Bruselas. Desde el anterior gobierno del PP se daba por seguro que se cumpliría el déficit, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF) ha informado que podría haber una desviación de 5.000 millones de euros de lo calculado. Y el Banco de España y la AIReF han recordado que cumplir con el déficit supone obligaciones fiscales más exigentes. Lo malo es que esa exigencia fiscal se entiende siempre como reducción de gastos, no aumento de ingresos.

¿Acaso solo se puede cumplir con el déficit recortando? ¿Qué tal si aumentan los ingresos combatiendo el fraude fiscal? ¿O suprimiendo deducciones y subvenciones del impuesto de sociedades? Algo va mal cuando en 2008 se recaudaron por ese impuesto 44.800 millones de euros, pero en 2016 (teóricamente iniciada la recuperación) solo se recaudaron poco más de 21.000 millones. La crisis, se excusan, pero ¿no había recuperación? ¿Por qué el impuesto de sociedades se hunde? Sin olvidar que el hueco fiscal se da también porque las rentas del capital pagan bastante menos impuestos que las del trabajo.

Lo cierto es que los ingresos públicos flojean más cada año y la solución no es recortar, pues lo paga la gente con peor vida y más pobreza.No hay que reducir gasto sino aumentar los ingresos públicos. Según el informe “Shadow economy and tax evasion in the EU”, en 2009 el Estado español dejó de ingresar 72.700 millones de euros por evasión fiscal y por la economía sumergida; una ilícita economía que supone un 18 % del PIB. Una tendencia que ha ido a más.

Aunque tal vez la cuestión que más portadas acapare sobre lo que hace o deja de hacer el gobierno de Pedro Sánchez será la crisis con Catalunya. La nueva ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, considera que para superar esa crisis hay que reformar la Constitución como medida urgente, viable y deseable y así renovar el pacto territorial de España, en crisis pofunda. Batet no lo tiene fácil, visto el papel ultranacionalista español que asume Ciudadanos a sumar al rancio nacionalismo españolista del PP. A ambos partidos les preocupa más  ‘la unidad de España’, que la gente esté bien y lleve una vida digna y libre. Por cierto, lo de la unidad de España era una expresión que el dictador Franco convirtió no solo en lema propio sino en presunto pretexto para justificar la criminal rebelión contra el legítimo gobierno de la II República. Pero no hay justificación ue valga para los crímenes de guerra y de lesa humandad que Franco y la dictadura franquista perpetraron.

No está el horno para bollos para el gobierno de Sánchez, ciertamente, pero en pocas semanas (tras dos o tres consejos de ministras y ministros) veremos hasta donde está dispuesto el gobierno de Pedro Sáchez a presentar batalla y tener en cuenta los intereses de la gente y no los de los de siempre como ha hecho desde su fundación el Partido Popular. Y también el PSOE por cierto, desde hace cuarenta años. No olvidemos que durante décadas el PSOE ha sido un puntal del corrompido régimen bipartidista.

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Cosas a tener en cuenta tras la declaración independentista para ‘desconectarse’ de España

El Parlamento de Cataluña inició el 9 de noviembre la ‘desconexión’ de España . La resolución que la puso en marcha fue aprobada por los 72 diputados de la coalición Junts pel si y de la CUP, pero votaron en contra los 63 de Catalunya si es pot, PSC, Ciudatadans y Partido Popular. Y, por la tarde, Mas hizo su discurso para optar a la investidura, pero, si la CUP es consecuente, Mas no será elegido presidente de la Generalitat de Cataluña. Más allá del cabildeo politiquero, que tanto gusta a la mayoría de periodistas (no es mi caso), quiero destacar algunos datos y aspectos del llamado ‘conflicto catalán’. En lenguaje coloquial, apuntar quien es quien y de que pie cojean algunos actores de ese dicho conflicto.

Lo chocante del dicurso del Mas de los recortes sociales es que estuvo teñido de pinceladas socialdemócratas. Para convencer a la CUP, claro. Con sorpresa en el tendido, Mas presentó a los diputados un programa de gobierno con un plan de emergencia social, renta garantizada de ciudadanía y protección del derecho a la vivienda. Curisos porque la actual renta mínim garantizada es de las más cicateras del Reino de España. Además Artur Mas proclamó, como si se lo creyera, que sus objetivos son hacer “un país más justo y equitativo” y con “más transparencia y mejores prácticas públicas“. Sí, sí, lo dijo, que no lo he soñado.

Porque es el mismo Mas que hace solo cinco años conseguía la presidencia del gobierno de Cataluña asegurando que gobernaría como Merkel en Alemania o Cameron en Reino Unido. Estados ambos en los que la desigualdad y la pobreza han crecido. Es el mismo Mas (no un clon) que hace pocos años aseguraba que tenía que hacer recortes de presupuestos sociales “porque no hay otra alternativa y hay que podar el árbol para que crezca más fuerte“. La vieja y maloliente promesa de que antes hay que hacer crecer la tarta para poder repartirla. Pero nunca se reparte ni un rábano. Un Mas, por cierto, convertido también al independentismo desde finales de 2011, aunque no mucho antes definiera el independentismo como algo ‘”oxidado”.

Y con tal mascara y artificio Mas se reinventa para parecer el único capaz de liderar un Govern independentista ¡de centro-izquierda! ¡Vivir para ver! Por supuesto, las carencias y problemas que sufre la ciudadanía catalana son por culpa del gobierno de Madrid. Y, sin dejar de atribuir a Madrid (el gobierno central) las canalladas perpetradas en perjuicio de la ciudadanía catalana, no cabe olvidar el quizás lento, pero imparable deterioro social de la gente de Cataluña en los años de gobierno de Mas y antes de Pujol.

Sin el menor resquicio de duda, el gobierno de Reino de España que dirige Rajoy tiene mucho que ver con la situación con problemas de catalanes y catalanas hoy. Pero Más parece olvidar cuantas veces Convergencia Democrática de Cataluña, su partido, ha votado junto al Partido Popular para imponer una austeridad y recortes que han dañado severamente la sanidad, educación y servicios sociales públicos en España y en Cataluña. Y, sin duda también, esas medidas han aumentado la desigualdad y la pobreza en Cataluña como no se conocía desde tiempos tras la llamada guerra civil que en verdad fue un genocidio contra la ciudadanía republicana.

Como botón de muestra de su vocación de recortar, Mas olvida también que fue el primero en imponer el pago de un euro por receta, antes de que lo hiciera el gobierno central. Como también omite que una organizada corrupción multimillonaria acompaña a los gobiernos de Convergencia Democrática desde que se hizo con la Generalitat hace más de tres décadas. Y ahora, acaso por arte de magia, CDC y Artur Mas son independentistas e incluso algo socialdemócratas, además de prometer limpieza, transparencia y buenas prácticas políticas. Pero hay quien tiene memoria y sabe que han sido la encarnación de lo contrario.

Tal vez, como Saulo de Tarso camino de Damasco, Artur Mas y CDC han caído del caballo y una luz celestial los ha iluminado para convertirse al independentismo y al centro izquierda. Por diez votos. Los de los diputados de la CUP en el Parlamento de Cataluña. Porque, sin esos votos, Mas no puede ser presidente de la Generalitat. Por cierto, la CUP debería pensar con calma si continúan aliados con CDC en el procés y si continuarán mezclando churras con merinas; es decir, intereses de la burguesía catalana con los del pueblo trabajador catalán, en un proyecto de independencia que, de hacerse realidad, será dominado por las llamadas cuatrocientas familias que controlan la economía de Cataluña desde que los ‘nacionales’ de Franco entraron en Barcelona. ¿O cree de verdad la CUP que CDC dejará de representar y defender los intereses de la burguesía catalana que siempre ha defendido con absoluta dedicación? Deberían recordar que los intereses de las que ahora se llaman élites y los de las clases populares no solo no son los mismos: son opuestos.

Tal vez uno sea muy antiguo por creer que la sociedad se divide en clases con intereses opuestos, pero no hay que recurrir a Marx para mostrarlo cuando hasta uno de los hombres más ricos del mundo, el señor Buffet, afirma convencido que “hay lucha de clases y es la mía, la de los ricos, la que va ganando” como dijo a un periodista de The Wall Street Journal al principio de la mal llamada crisis, que en realidad es una estafa financiera convertida en saqueo al pueblo trabajador.

Los hombres y mujeres de la CUP deberían reflexionar que significa la independencia de Cataluña del estado español sin la menor independencia respecto a la burguesía catalana ni del poderoso y peligroso sector financiero catalán. Deberían repasar procesos más o menos nacionalistas e interclasistas habidos que acabaron dominados por quienes controlaban y poseían de hecho la economía. Y ante las dudas sobre quien se lleva el gato al agua en esos escenarios interclasistas, conviene leer El Gatopardo de Lampedusa para comprender que el estrato social que Marx denominó burguesía (y ahora llaman élites) es un transformista excelente, siempre dispuesto a cambiar algo para que nada cambie en realidad.

Y también es recomendable visitar la hemeroteca y comprobar que en décadas de gobierno de CDC (la coalición con Unió Democrática no es relevante), el beneficiario indiscutible de sus gobiernos ha sido la burgesía catalana que, por cierto, no le ha hecho ascos al estado español y ha apoyado claramente al gobierno del hoy aparente enemigo, el españolista Partido Popular.

Acaso lo sucedido sea que, especialmente cabreada la gente por el corte de mangas que fue la sentencia del Tribunal Constitucional que se cargó la reforma del Estatuto de Autonomía, se inclinó hacia la independencia de Cataluña como respuesta a sus problemas. Y, ante la visible eclosión del independentismo en la impresionante y masiva manifestación de la Diada de 2011, Mas y compañía cayeron del caballo camino de Damasco y se volvieron independentistas velozmente.

Da igual que finalmente el Parlamento de Cataluña elija a Raúl Romeva u otro como presidente en vez de a Mas, como ha propuesto la CUP. Mientras Convergencia sea el partido hegemónico de Junts pel si, el gobierno de Cataluña defenderá los intereses de la minoría rica. No es cuestión de personas. La cuestión es si se gobierna a favor del pueblo tabajador o de la minoría que controla y posee la economía.

Uno ya es muy mayor para creer en milagros y menos en conversiones fulminantes. Por eso, una independencia interclasista es más de lo mismo. Por un lado, la minoría poseedora de riqueza y sus siervos controlando las cosas en su beneficio. Y por otro, la mayoría, el pueblo trabajador, pasándolo regular, mal o muy mal y quizás una minoría de gente común que no esté mal del todo para usarlos como pantalla y simular que las cosas cambian y van bien.

Pero no es así, nunca ha sido así. Además, en tanto la Comisión Europea y su aparato euroburocrático se erijan como poder autoritario de la cada vez más antidemocrática Unión Europea de facto, al descarado servicio del sector financiero y de las grandes corporaciones, ¿de qué independencia hablamos? Sin olvidar que solo con el apoyo del 48% de la población votante, frente al 52% que prefiere otras formas de relación con España mejor que la independencia o ésta no por declaración unilateral, no parece muy legítimo ni inteligente arrancar un proceso independentista. Y aquí cabe recordar que, tras conocer el resultado de las pasadas elecciones catalanas, el portavoz de la CUP, Antonio Baños, dijo alto y claro a los medios que no habían ganado el referéndum y, por tanto, no cabía la declaración unilateral de independencia. ¿Lo han olvidado? ¿Lo han olvidado todos, incluido Rajoy y el nefato partido Popular, cuando no lo han utilizado de modo visible?

Al final será cierto lo que empieza a correr por los mentideros de enterados o que se creen enterados. Que todos juegan de farol y que, en verdad, lo que se busca no es la independencia próxima por un lado ni rodear y expulsar a los políticos independentistas por otro sino marear la perdiz y poder enrocarse cada uno en lo suyo, tal vez a la espera de un milagro, amén de beneficios electorales inmediatos. Y, como dijo ese hombre con pinta de niño que es Iñigo Errejón, Rajoy resultó ser el mejor director de campaña electoral de Mas y aliados y Mas el mejor director electoral de Rajoy y los suyos.

Y, para que se sepa también de que pie cojea quien este escrito suscribe, aún  archiconvencido de que Cataluña es una nación y tene derecho a ser tratada como tal, nunca me ha parecido la independencia de Cataluña la solución de nada, aunque considero sin atisbo de duda que el llamado ‘derecho a decidir’ es esencial en democracia. Qué significa que el pueblo trabajador diga lo qué quiere y cómo lo quiere sobre la forma de estado, relaciones con otros países o entidades políticas, política económica, como ha de ser la sanidad, la educación… ¿Acaso eso no es decidir?  Que la ciudadanía decida ¿solo ha der ser para indicar quienes son representantes políticos en el parlamento? ¿Cómo negar el derecho a decidir sobre todo lo que afecta a la gente, incluida la dependencia o independencia políticas? Si hay democracia, claro. Tal vez este escenario político que perpetró la nada modélica Transición no es más que una democracia limitada.  Y, si está limitada, ¿es en verdad una democracia?

Por otra parte, no me parece que en este mundo profunda y estructuralmente desigual e injusto la independencia política resuelva los graves problemas que soportamos, como los resolvió en parte en algunos lugares en el siglo XX. Por supuesto que no. Pero si uno cree que el derecho a decidir es indiscutible en democracia hay que preguntar a la ciudadanía si quiere o no independizarse, en el caso que nos ocupa. Derecho indiscutible de todas las ciudadanías es decidir en lo que les afecta. Por eso, si la ciudadanía de la Rioja o Murcia, por ejemplo, decidiera que quiere independizarse, me parecería tan legítimo como optar por continuar formando parte de España.

Lo de la democracia, cuando se toma en serio y sin aguarla ni disimulos, lleva muy lejos.

Somos mayoría absoluta y los dueños de la soberanía

Al mismo tiempo que las revueltas árabes, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, crece un movimiento sindical y ciudadano de protesta. El gobernador republicano, Scott Walker, pretendía eliminar el derecho de negociación colectiva de los trabajadores públicos: sólo mejoras salariales y encima con el límite de la inflación estatal. Los trabajadores públicos ocuparon el Congreso de Wisconsin para evitar la aprobación de la ley y los sindicatos convocaron a manifestaciones solidarias en varias ciudades, que congregaron a decenas de miles de ciudadanos. Un sondeo de The New York Times indica que el 60% de la población del país apoya a los trabajadores públicos. Algo se mueve.

El veterano progresista Ralph Nader cree que la próxima rebelión ciudadana podría ser en Estados Unidos. La protesta de Wisconsin es mucho más que una reclamación sindical. Es defender la libertad y justicia logradas por los trabajadores contra la reaccionaria pretensión de desmontar el estado de derecho y bienestar. Da igual que aduzcan combatir el déficit. Es un pretexto soez. Lo de Wisconsin es un ataque en toda regla contra los derechos de los trabajadores y los ciudadanos por parte del conglomerado financiero y corporativo empresarial, que tiene en el partido Republicano estadounidense al mejor defensor de sus intereses. Ataque que intentarán propagar por todos los Estados Unidos, mutilando gravemente el sistema democrático.

Jeffrey Sommers, profesor de Stockholm School of Economics, cree que “este movimiento es diferente, no tiene portavoces; la gente se organizó, tomó decisiones, actuó y sus acciones dieron resultado. A estudiantes, profesores y otros empleados públicos se unieron policías y bomberos. Los policías ofrecieron café a los manifestantes encerrados en el Capitolio”. Acaso esta vez sea diferente; sí.

¿Y la vieja Europa? Bien, gracias. Como si no pasara nada, salvo…

Conocemos la respuesta ciudadana de Islandia. El gobierno neoliberal dimitió acorralado por las protestas ciudadanas, que forzaron un referéndum sobre el pago de la deuda de los bancos, y más del 90% de ciudadanos decidió que no habría dinero público para la banca. Ignacio Escolar ha escrito al respecto que “los islandeses se negaron a socializar pérdidas y dejaron que la banca quebrase. Islandia ahora crece y el año que viene su presupuesto público tendrá superávit: su situación económica es bastante mejor que la de países como Grecia o Irlanda”.

En Grecia, muchos ciudadanos se niegan a pagar peajes, tasas hospitalarias y billetes de transporte público que, por cierto, han aumentado un 40%. Cunde la desobediencia civil económica.

En Francia, la creciente desigualdad propicia una irritación social que aumenta. Una desigualdad que ocasiona que un tercio de franceses vivan peor que el año pasado y no puedan pagar la calefacción este invierno. Una encuesta de L’Humanité Dimanche indicó que más de la mitad de franceses desea una revuelta popular, aunque el mismo porcentaje cree que hoy no son capaces de hacerla. Pero Rafael Poch ha señalado con lucidez que “la actual aparente indiferencia y quietud europeas pueden transformarse en grandes turbulencias, si no se cambia la actual política. La política de austeridad, los recortes sociales, el aumento del paro y la subida de la factura de la luz aumentan la sensación de estafa”. Y el Nobel de economía Stiglitz recuerda que “el neoliberalismo es una doctrina política, nunca respaldada por la teoría económica ni por la experiencia histórica, que sirve a determinados intereses”.

Porque la política neoliberal (hoy enarbolada contra el déficit) no es más que “una verdadera revolución de los ricos contra los pobres, de los mercados contra la soberanía cívica”, como ha escrito Luis García Montero. Sin olvidar, como desvela Daniel Raventòs, que “los ‘mercados’ son falaz eufemismo para designar a las grandes empresas transnacionales, los grandes grupos bancarios y los grandes especuladores”. Es decir, grandes delincuentes de guante blanco, si no se hubieran derogado las normas económicas y penales anteriores a la contra reforma neoliberal iniciada a finales de los ochenta.

En última instancia, tanto en Estados Unidos como en Europa, es urgente interiorizar la propuesta del Nobel de la Paz, Sam Daley-Harris: “Dejar de pensar que no hay soluciones, que no importa lo que hagamos o que la solución no depende de nosotros. Y dejar de actuar en solitario”. En África del Norte lo han tenido en cuenta y les va bien.

A fin de cuentas, trabajadores y trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas, somos mayoría absoluta en el mundo. Y dueños del poder político y de la soberanía.