Impuestos injustos e insuficientes, enorme deuda pública y estado de bienestar menguante

Con la amenaza de otra crisis global (como recuerdan Argentina y Turquía con sus severos problemas económicos) y sacado Mariano Rajoy del ejecutivo por una moción de censura, los resultados de su gobierno no son, como se dice castizamente en Madrid, para echar cohetes. Para empezar, según el Banco de España el gobierno Rajoy consiguió que la deuda pública superara el billón de euros por primera vez en la historia reciente del país. Aún peor, que sobrepasará por primera vez en un siglo el equivalente del 100% del PIB, la riqueza nacional de un año. En junio, cuando la moción de censura expulsó al PP del gobierno del Reino, el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos debían (y deben) un billón con 163.000 millones de euros. Lo que significa que anualmente han de pagarse unos 30.000 millones de intereses.

Si la deuda pública es superior al PIB nacional, es más difícil devolver a los acreedores el dinero que han prestado y entonces, por la nefanda influencia de las instituciones internacionales neoliberales (FMI y Eurozona) se imponen medidas de austeridad y recortes sociales que, no solo perjudican a la mayoría de la gente, cuyos derechos sociales son pisoteados en tanto el estado de bienestar se va al garete, sino que también perjudican el crecimiento económico del país y lo reducen. De momento, España se salva más o menos a pesar de su enorme deuda pública, porque los tipos de interés son bajos. Por ahora.

Campeones en desigualdad

Tal vez el gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados enmienden situación tan peligrosa sin hacérselo pagar a la gente. Situación que sería inaceptable pues, según el último Barómetro Social de España, las cosas no van tan bien como muchos medios informativos que comulgan las ruedas de molino de las recetas del neoliberalismo pretenden. A destacar, por ejemplo, que la distribución de la riqueza ha sido en el cercano 2016 mucho más desigual que en el ya lejano año 1994. Hasta tal punto que se ha multiplicado por dos la brecha entre quienes tienen más (que no son muchos, por cierto) y los que poseen poco o muy poco. Lo muestra, por ejemplo, que los salarios son mucho más bajos, pero no así las ganancias de las empresas que aumentan. Varios economistas y sociólogos dicen también que el Reino de España ha sufrido un gran retroceso social y por eso estamos a la cola de Europa en el reparto de riqueza. Tan a la cola que, según Eurostat (agencia de datos de la Unión Europea), solo están peor en desigualdad Rumanía, Lituania y Bulgaria. Lo que no deja de ser muy esclarecedor.

Más cifras aburridas, tal vez, pero significativas. Según la Encuesta Financiera de las Familias que elabora el Banco de España, la desigualdad entre hogares que tienen riqueza y quienes apenas tienen nada se ha multiplicado por dos ¡en sólo 12 años! Si en 2002 la mitad de hogares más ricos tenían un patrimonio medio 6 veces mayor que la mitad de hogares más pobres, ahora esa riqueza se ha multiplicado por 12. La mitad más rica del país ha aumentado su patrimonio medio un 29%, mientras la mitad más pobre ha perdido un 30% de lo poco que tenía, casi un tercio menos que antes. Una desigualdad indecente.

Indicador de esa situación es que el salario medio hasta 2016 ha perdido el 5% de poder adquisitivo y ha aumentado la desigualdad entre tramos salariales, no porque se paguen más salarios altos sino porque aumentan sin cesar quienes cobran sueldos inferiores al salario mínimo oficial (736 euros mensuales). En 1994, hace casi un cuarto de siglo, quienes cobraban menos que el salario mínimo eran unos 3 millones, pero hoy ya son 6 millones (el 34% de la población ocupada) quienes cobran salarios por debajo del Salario Mínimo. El doble que hace 24 años.

La pobreza severa, inaceptable

En España, los hogares en riesgo de pobreza son el 60% y un 30% son quienes soportan una pobreza severa. De 1994 a 2015 el riesgo de pobreza en España ha aumentado algo más de 3%, lo que significa que las personas en riesgo de pobreza ya son algo más de 10 millones en números absolutos . Este aumento es muy superior al de la Unión Europea. Y ¿a qué llamamos pobreza severa? Cuando una familia no puede cumplir o disfrutar de cuatro situaciones de estas nueve siguientes:

1. No poder ir de vacaciones una semana al año.

2. No poder comer carne, pollo o pescado cada dos días.

3. No poder mantener la vivienda a temperatura adecuada.

4. No poder pagara gastos imprevistos de 650 euros.

5. Retrasarse en pagar la hipoteca, alquiler o recibos de gas y luz…

6. No poder comprar un automóvil a plazos ni tampoco mantenerlo.

7. No poder tener y usar el teléfono.

8. No poder adquirir un televisor.

9. No poder tener una lavadora.

Pobreza severa es la que sufre la población con ingresos tan reducidos que es imposible llevar una vida digna. De 2007 a 2015 han aumentado más de un millón las personas que sufren pobreza severa hasta sumar 3 millones en toda España. Sólo Cantabria, Ceuta y Melilla han reducido su pobreza severa, pero ésta ha aumentado en el resto del país. Dicho de modo muy comprensible, en España, la población a la que le es muy difícil llegar a fin de mes ya es un 34% del total. Demasiada gente pues ese porcentaje son ¡16 millones de personas! Pero en tanto crecen en España la pobreza y la emergencia social , no lo hacen las políticas sociales y sí aumenta la exclusión social.

Aunque lo expuesto no sucede por destino fatal ni mala suerte. Esa devastación social tiene causas y responsables. El aumento obsceno de desigualdad, de pobreza y pobreza severa tiene mucho que ver con un sistema de impuestos injusto, regresivo e insuficiente que empuja al Estado a endeudarse.

Vuelta al siglo XIX

En román paladino, la persistencia de la desigualdad está directamente relacionada con que paguen menos quienes tienen más, pues eso supone menor recaudación del Estado y que éste no pueda atender las necesidades y derechos de la ciudadanía. Sin olvidar en el caso español la nefasta aportación de una empobrecedora reforma laboral que ha convertido en precaria a la mayor parte de la clase trabajadora. Como botón de muestra de esa precariedad depauperante, cabe citar que en España casi la mitad de horas extra trabajadas en el segundo trimestre de 2018 (44%) no se pagaron ni compensaron con tiempo libre, según informe del sindicato CCOO basado en datos del Instituto Nacional de Estadística. Por cierto, esas horas extras trabajadas y no pagadas equivalen a 74.000 empleos a tiempo completo. Vamos hacia atrás como los cangrejos y se imponen impunemente prácticas obscenas propias del siglo XIX.

Para que no quedé nada en el tintero, cabe rememorar también que, según informe del sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA) y la universidad Rovira i Virgili de Tarragona, la economía sumergida en España equivale a casi el 25% del PIB. Y eso significa que unos 290.000 millones de euros escapan cada año al control de Hacienda y de la Seguridad Social. Dicho de otro modo, esa economía sumergida es causa de que NO se ingresen en las arcas públicas más de 90.000 millones anuales de impuestos y cotizaciones sociales. La recaudación de las arcas estatales es insuficiente porque no hay la menor voluntad política de que deje de serlo.

Ya ven, a la que escarbamos en las razones de la desigualdad, todo se relaciona: impuestos, políticas sociales, pobreza y estado de bienestar menguante.

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La deuda, mucho más que un negocio especulativo

En España de 2010 a 2015 se recortaron casi 19.000 millones de euros en Sanidad y Educación.  Cediendo a las imposiciones de la Unión Europea. Pagados por la ciudadanía con derechos insatisfechos y vulnerados. Recortes para pagar deuda pública y reducir el déficit presupuestario.

Si crear deuda es negocio de la banca, mejor si es pública. Para la banca. El actual sistema de deuda es sospechoso y letal. En diez años, por ejemplo, América Latina pasó de una deuda pública de 440.000 millones de dólares a otra de 800.000 millones. Casi el doble. Según Naciones Unidas, América Latina pagó de 1982 a 1990 cuatro veces su deuda y, tras dieciséis años de pagar, su deuda era el triple de la de 1982. Un negocio de fábula para los acreedores.

A medida que avanzaba la ofensiva neoliberal, y con ella la constante rebaja de impuestos a los ricos y grandes empresas, aumentó de modo insoportable la deuda pública. En Europa fue exponencialmente desde el Tratado de Maastricht que prohíbe a los bancos centrales prestar a los estados miembros. Reducidos los ingresos estatales por rebajas fiscales a los ricos, los gobiernos piden préstamos a la banca privada que los da a interés considerable. Pero si esa deuda pública hubiera sido financiada por bancos centrales con los mismos tipos de interés con los que prestan generosamente a la banca privada, la deuda pública europea sería mínima.

Ya le tocó a Europa, pero la deuda ha sido poderosa palanca para forzar a América Latina a aplicar políticas neoliberales, despedir funcionarios, privatizar lo público, rebajar salarios… Como denuncia Eric Toussaint, “con complicidad de los gobiernos, Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI, el sector financiero, responsable innegable de la crisis, especula con las deudas de los Estados y exige implacable su reembolso imponiendo una austeridad salvaje”. En Europa. El caso de Grecia es esclarecedor. Si te mueves, no sales en la foto.

Utilizar la deuda para dominar es antiguo. Como cuenta el historiador Eugene Rogan en Los árabes, hace casi ciento cincuenta años, Jair al-Din, dimitido presidente del Gran Consejo de Túnez por negarse a solicitar el primer préstamo de su país a un banco extranjero, denunciaba con amargura que, tras la concesión del préstamo, las exigencias de los acreedores llevaron a Túnez a la bancarrota: “El gobierno entró en la ruinosa senda de pedir prestado para pagar préstamos y en menos de siete años, Túnez, que nunca debió nada, sufrió la abrumadora carga de millones de piastras de deuda”. Además de ser forzado a ceder la soberanía a una comisión financiera internacional que supervisaba la economía tunecina para asegurar el pago de intereses. Ocurrió lo mismo en Egipto y también le pasó por ese tiempo al gobierno central del Imperio Otomano. La ruina por deuda.

¿Qué hay tras la implacable dictadura de reducir el déficit e imponer recortes? Negocio seguro y fácil para la banca, por supuesto, más fraude y elusión fiscales. Y fiscalidades muy regresivas que son parte del negocio. En plata, quienes tienen más y más atesoran pagan muy pocos impuestos. O no pagan. Si el Estado no llega, que se endeude.

The New York Times denuncia que unos pocos estadounidenses muy ricos negocia en privado constantemente con el Servicio de Impuestos Internos federal para reducirlos. Esa presión clandestina permanente ha creado de hecho un sistema fiscal privado, solo al alcance de unos pocos miles. Curiosamente, son quienes más aportan a candidatos de campañas electorales.  Cuando Bill Clinton fue elegido presidente, los 400 ciudadanos más ricos de EEUU pagaban un 27% de sus ingresos en impuestos federales. Pero en 2012, esa cantidad ya era menos del 17%. Y Paul Krugman denuncia la actual injusticia y regresividad de la fiscalidad estadounidense al recordar que en los años 60, el 0,01% más rico pagaba un impuesto sobre la renta de más del 70%.

La democracia no lo es sin impuestos progresivos, justos y suficientes, que incluyan gravámenes y tasas al capital y a la especulación financiera. Pues no puede haber libertad sin existencia material garantizada y, de no acabar con el atraco del déficit, deuda pública y austeridad ni redistribuir la riqueza con impuestos justos, progresivos y suficientes, no hay vida libre posible. Ni democracia. Además, no pagar la deuda o pagar solo parte, que es lo exigible y justo, es práctica tan antigua como la humanidad. Las primeras anulaciones y reestructuraciones de deuda se hicieron en tiempos de Hammurabí. Hace tres mil años. Un ejemplo a seguir.

Por si alguien no se ha enterado de que crisis, deuda y déficit son un saqueo

Noticias de un día cualquiera. El partido del gobierno en España rechaza el Impuesto a Transacciones Financieras. El mismo Gobierno impone una ley de régimen local que suprime servicios municipales imprescindibles para millones de ciudadanos. La ministra de Sanidad contrata a un corrupto imputado para implantar la gestión privada en hospitales del ministerio. Privatizan el agua. Las 35 mayores empresas de España pagan 500 millones de euros menos en impuestos aunque el año anterior ganaron más. El Gobierno aprueba un regalo de 30.000 millones a la banca. El Gobierno justifica que los bancos no den crédito, porque han de velar por la solvencia de sus clientes. Los pensionistas perderán 33.000 millones en 8 años. Más vueltas de tuerca en la aplicación de la reforma laboral. El FMI amenaza con más “ajustes significativos” para reducir la deuda… Sin olvidar la reducción presupuestaria, los recortes en educación y sanidad, el aumento del paro, de la precariedad, la pobreza y la desigualdad… El remate es la nueva ley de seguridad ciudadana. Muchas protestas sociales serán tratadas como delitos.

Louis Brandeis, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo dejó muy claro: “Podemos tener democracia o riqueza concentrada en pocas manos, pero ambas cosas no”. Banca, corporaciones, grandes fortunas y Gobierno han elegido la riqueza para la minoría. Para ellos. Lo logran saqueando a la ciudadanía. Y con represión para impedir la respuesta cívica, la acción de los trabajadores. Por eso las concentraciones frente al Congreso, los escraches junto a viviendas de políticos o grabar y difundir imágenes de policías en acción serán castigados con multas de hasta 600.000 euros. Y con penas de prisión de hasta cuatro años. Sorprendente, porque según Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo, los escraches son “un ejemplo de libertad de manifestación”. Pero a esta gente no les importan las libertades: son obstáculos a derribar.

Como afirma el magistrado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, “para el Gobierno del PP el ciudadano que protesta es el enemigo”. Y para Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo, ésta ley prosigue la vulneración de derechos propia de este Gobierno. Además, esgrimir seguridad es un burdo pretexto, porque “en España no hay problema de seguridad”, afirma Robles. La criminalidad ha disminuido regularmente sin cesar en los últimos años, argumenta. España tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de la Unión Europea, según datos del propio Ministerio de Interior. Y, si hablamos de protestas sociales, hay confrontación con la policía en otros países (Grecia, Italia), pero no en España. El movimiento ciudadano es pacífico y pacífica es la desobediencia civil.

Incluso la policía critica esa ley. José María Benito del Sindicato Unificado de Policía denuncia que, simulando amparar a los policías, la nueva norma sólo protege a “la casta política”. Por eso criminaliza protestas frente a sus domicilios o manifestaciones frente al Congreso. Y la Coordinadora de ONG de Desarrollo expresa su preocupación por una normativa que considera “delito de integración en organización criminal” convocar una concentración de protesta por Internet en la que pudieran producirse incidentes violentos al margen de la intención y voluntad de quien convoca. El colmo es considerar “delito de atentado contra la autoridad” la resistencia activa pacífica. Ésta gente encarcelaría al mismísimo Gandhi.

Tienen una lógica totalitaria impecable. Saquear y la consiguiente represión de la ciudadanía que reacciona contra el pillaje. Como bien y con lucidez expone Carlos Martínez de ATTAC Andalucía, “estamos ya en una pre-dictadura real y no somos conscientes de la gravedad de la situación. Se ataca el derecho de huelga, las libertades de expresión y manifestación y se prepara una ley represiva que permitan al poder y a los poderosos recortar, privatizar y despedir masivamente, acallando la protesta y oposición ciudadanas”.

Ante el rechazo social a la ley de seguridad, el Gobierno dice ahora que es solo un borrador y Rajoy ha ordenado “suavizarla”. Es posible pararla, si la ciudadanía se mueve. Y una reflexión de Luther King para aclarar dónde estamos: “Nunca olviden que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal”. ¿Pillan por donde iba el reverendo King? Porque lo irrenunciable es la legitimidad de la que este gobierno no conserva ni gota. ¿Podemos frenar esa ley franquista y también el saqueo? Como afirma Mandela, “siempre parece imposible hasta que se logra”.