Transición, ruptura y democracia

Se celebró el 40º aniversario de las primeras elecciones democráticas en España en 1977. Pero la jaleada Transición, de la que esas elecciones fueron eje, no fue el tiempo de concordia que se pretende. El 3 de marzo de 1976 tres trabajadores murieron en Vitoria por disparos de la Policía Armada. Dos más morirían días más tarde. De la brutal represión da cuenta una comunicación por radio de la policía que actuó en Vitoria, minutos después de las muertes, recuperada y revelada posteriormente: “Dile a Salinas que les hemos dado la paliza más grande de la historia“.

Cuatro meses después, Martín Villa, un franquista reformista, ocupó la cartera de Gobernación, que luego se llamó Interior. En menos de tres años murieron 44 españoles a manos de la policía y otros 108 fueron heridos de gravedad y hospitalizados por disparos de policías y grupos de extrema derecha que colaboraban en reprimir manifestaciones. Una Transición que no fue tiempo de paz, sino de violencia por represión constante, terrorismo y guerra sucia. De 1975 a 1983, en España hubo 591 muertes por terrorismo de extrema izquierda, extrema derecha, guerra sucia y represión, según el libro La Transición Sangrienta de Mariano Sánchez. De esos muertos, 188 fueron homicidios para mantener el orden, alentados e incluso organizados desde alguna cloaca del Estado, según Sánchez. Además, en el año de elecciones 1977, la Policía cargó muy violentamente contra hombres y mujeres en unas 800 manifestaciones en toda España. Porque imponer el orden público era determinante para frenar a la izquierda que finalmente renunció a ocupar las calles.

Los franquistas reformistas supieron pronto que el tinglado franquista o parecido no era posible, muerto el dictador. Aunque al principio de la llamada transición tampoco tenían intención de ir a una democracia sino montar algo controlable. Pero grandes sectores de la población española, liderados por la clase trabajadora, se movilizaron contra la dictadura y el gato por liebre en política. Desde 1973 a 1982, España fue el país europeo con mayor agitación social y las mayores protestas obreras conocidas en Europa occidental desde el final de la segunda guerra mundial. Como nos han contado Sartorius y Alberto Sabio en su obra El Final de la dictadura, solo en 1976 hubo más de 17.700 huelgas en las que se dejaron de trabajar 150 millones de horas. Esa presión trabajadora y popular hizo posible acceder a una democracia aceptable. Tras cada movimiento positivo de la monarquía o de los franquistas reformistas había siempre grandes movilizaciones obreras. Huelgas y movilizaciones, por ejemplo, movieron al rey a despedir al presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, tan incapaz de controlarlas como de proponer algo viable.

Pero, como cuenta Ferran Gallego, una élite política franquista controló buena parte de la Transición desde el Estado y la Constitución no surgió de la ruptura con la dictadura sino por la alianza del reformismo franquista con PSOE y PCE, sobre todo. Fue un ministro franquista, Adolfo Suárez (que fue secretario general del Movimiento Nacional, el partido único franquista), quien preparó las primeras elecciones.

Los franquistas nunca tuvieron voluntad de ir hacia una democracia y si la Transición no acabó en agua de borrajas fue por la movilización de la clase trabajadora. La izquierda quería la ruptura pero no confío en la clase trabajadora y en la ciudadanía y aceptó la reforma. Carrillo propuso al PCE aceptar al rey y la bandera rojigualda, sin consulta democrática alguna, atemorizando al Comité Central con el ruido de sables.

Para disponer del escenario completo, cabe recordar que, además de la condena de la España franquista por la ONU en febrero de 1946, el Consejo de Europa en 2006 condenó de nuevo las “violaciones graves de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista de 1939 a1975“. La ONU también suspende a España por mantener símbolos franquistas, por la Ley de Amnistía de 1977 (que viola la legislación internacional e impide juzgar crímenes franquistas), por suprimir la Justicia Universal y por negarse a exhumar desaparecidos localizados y forzar que las exhumaciones sean privadas.

Hoy siguen pendientes los grandes problemas políticos (Estado y naciones, forma de Estado…) porque la canonizada Transición y lo que vino después no han sabido resolverlos. Lo que lleva a pensar de nuevo en romper con todo eso.

Dos años de ley Mordaza en España, el autoritarismo se cierne sobre Europa

La ley de seguridad ciudadana española, motejada ley Mordaza por la ciudadanía, de la que hace unos días se cumplieron dos años de vigencia, es clara muestra del autoritarismo que se cierne sobre la Unión Europea. Un autoritarismo propiciado por la crisis y porque la minoría que detenta el poder económico la necesita para imponer sus políticas de austeridad y desguazar la democracia por medio de tratados bilaterales y bribonadas semejantes para aumentar sus beneficios incesantemente. Un autoritarismo presente en más países de la Unión, no solo España, de modo preocupante en Hungría, Bulgaria y Polonia y con retrocesos democráticos alarmantes en Reino Unido o Francia. La lucha antiterrorista (denominada hoy antiyijadista) ha sido además en los últimos años pretexto para hacer recular los derechos humanos de la ciudadanía.

Un comunicado público de Jueces y Juezas por la Democracia, la Asociación Libre de Abogados y Abogadas, Greenpeace, SOS Racismo y la Federación de Sindicatos de Periodistas ha denunciado las graves consecuencias de esa ley para los derechos humanos de la gente. El comunicado acusa a la ley Mordaza de una buscada ambigüedad que deja a la ciudadanía indefensa ante la policía. Aún peor, al reducir las antaño faltas penales a infracciones administrativas, suprime la figura del juez como garante de derechos de la gente y son los agentes de policía, cual si fueran jueces, quienes tienen la potestad de determinar qué hechos son sancionables y multar por ello. En la práctica cotidiana, esa situación supone cercenar las libertades de expresión, manifestación y reunión.

Lo que en verdad ha sucedido en el Reino de España es que, al aplicarse los enormes grandes sociales exigidos por la Unión Europea para reducir el déficit público, la respuesta ciudadana ha sido movilizarse, organizarse y protestar llenando calles y plazas. El gobierno y las élites económicas se inquietaron y alarmaron ante el volumen e intensidad de esa protesta desde mediados de 2011 y se sacaron de la manga esa ley Mordaza para frenar las movilizaciones.

Con la ley Mordaza se han disparado las cuantiosas multas a ciudadanos pacíficos por cargos tan imprecisos e inconcretos como falta de respeto a la autoridad o desobediencia a la misma. ¿Quién determina si hay falta de respeto o desobediencia a la policía? La misma policía. Esa arbitrariedad propició el año pasado que la policía impusiera casi 20.000 multas por pretendidas faltas de respeto a agentes de los Cuerpos de Seguridad y 12.000 más por desobediencia a la autoridad.

La ley Mordaza sanciona, por vía administrativa (que en realidad no permite defensa) y las multas pueden llegar a ser de 600.000 euros. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha denunciado con datos del Ministerio del Interior que se han puesto más de 285.000 multas por las que han recaudado más de 130 millones de euros pagados la ciudadanía multada. Además, Amnistía Internacional ha denunciado documentádamente el uso excesivo de la fuerza por la policía española contra manifestantes pacíficos y que muchos de esos manifestantes han sido acosados, golpeados, detenidos y enfrentados a multas e incluso a cargos penales. Mimbres de un nuevo autoritarismo.

Que la ley Mordaza era innecesaria es convicción de las asociaciones de jueces y de fiscales, además de sindicatos policiales. También catedráticos de derecho Constitucional y de derecho Penal la consideran claramente innecesaria. Que España no necesitaba ninguna nueva ley de seguridad ciudadana lo demuestra que es uno de los países europeos con las tasas de delincuencia más bajas. Además de que en las más de 4.000 manifestaciones que hubo en Madrid en 2014 (el año antes de la ley Mordaza) apenas hubo diez incidentes que no fueron graves, según fuentes de la misma policía.

La llamada ley Mordaza es un ataque sistemático a las libertades políticas ciudadanas y recuerda mucho la nefasta Ley de Orden Público de la dictadura franquista, cuya aplicación supuso años de cárcel para muchos ciudadanos y ciudadanas pacíficos que reivindicaban su derechos.

La crisis económica y la imposición de austeridad más el indecente y manido recurso al terrorismo (real, pero que tiene otras respuestas) impulsan ese autoritarismo que se cierne sobre la Unión Europea y se infiltra solapado en los Estados.

De no frenar ese taimado autoritarismo que se extiende, la democracia puede llegar a ser solo un recuerdo.

Mentiras y democracia

Tras atrincherarse en el No ante quienes investigan la financiación ilegal del Partido Popular, los Rato, Mayor Oreja, Arenas y Acebes de ese partido, es el turno del ex-tesorero Bárcenas que ya ha dicho que dará la callada por respuesta. Ocultar es respuesta habitual de la derecha, la otra es mentir.

Mentir. Hace unos días el Banco de España reconocía que se perderán los más de 60.000 millones de euros que el gobierno dedicó a rescatar bancos españoles. Mintieron Rajoy y De Guindos cuando aseguraron que el rescate no costaría ni un euro a los españoles.

Una mentira como decir que el gobierno aumenta las pensiones, cuando la mayoría de pensionistas han perdido un 35% de poder adquisitivo en los últimos años. Una mentira como pretender que la mayor esperanza de vida obliga a recortar las pensiones para que sean sostenibles.

¿Pensiones sostenibles? Hablamos de derechos fundamentales de la gente. Si la economía pública funciona con menos corrupción y la privada con menor fraude fiscal habrá dinero suficiente. Hay países así. Pero mienten cuando alzan el pendón de la sostenibilidad, porque esa presunta sostenibilidad es excusa para adelgazar las pensiones públicas y que los futuros jubilados suscriban pensiones privadas porque las públicas no alcanzan. Y no alcanzarán si siguen robando.

Mienten cuando al rendimiento variable de aportaciones individuales a fondos de inversión (que especulan en mercados de capitales) le llaman ‘pensión privada’. Y mienten cuando dicen que hay que recortar las pensiones porque no hay dinero. ¿No hay dinero? Desde 2009 el Estado ha proporcionado a la banca más de 280.000 millones de ayudas varias, a destacar la inyección de 62.000 millones de euros (esos que no se recuperarán). Además de la ayuda que es comprar activos de empresas privadas por 840 millones de euros. Lo mismo que se recortó en educación en 2012.

Y mienten aún más cuando pretenden que reformar las pensiones es tarea de expertos, cuando es cuestión de derechos de los trabajadores. ¿Decidirán sobre pensiones los expertos (presuntos) a sueldo de la banca?

Los embustes frecuentes institucionalizan la desfachatez como acción política habitual de la derecha. Rajoy dijo cuando gobernaba Zapatero que “subir el IVA en tiempos de crisis es un disparate” al tiempo que clamaba “no más IVA”. Pero tras formar gobierno en 2012 aumentó el IVA al 21%. Y en noviembre de 2011 anunció “voy a meter tijera a todo, salvo a pensiones, sanidad y educación”, pero mintió y recortó 10.000 millones de euros del presupuesto de sanidad y educación.

Más mentiras. Cuando se partió el petrolero Prestige con la consiguiente marea negra, Rajoy declaró como vicepresidente del gobierno que el derramamiento de 63.000 toneladas de fuel solo era que “del Prestige salen unos pequeños hilitos, como de plastilina”. ¡Hablar de plastilina en la peor catástrofe ecológica en años!

Otrosí, Rajoy presume de crear empleo, pero oculta qué empleo crea. Precario, temporal, inseguro y de bajo salario. Y además aún hay 4.260.000 millones de parados, lo que hace de España el segundo país de la Unión Europea con más desempleo.

Más mentiras. Dice Rajoy que hay 400.000 jóvenes parados menos, pero solo son 240.000, porque lo que ha disminuido es la población activa de jóvenes por dejar de buscar empleo, volver a estudiar o emigrar.

Según Rajoy, se han creado medio millón de empleos anuales, pero los datos muestran que la mayoría de esos contratos son temporales, incluso solo de días. Según Eurostat, España es uno de los países europeos con más empleo temporal forzoso. Y los empleos temporales no son empleos de verdad, porque no hay seguridad ni futuro.

El colmo de mentir es que Rajoy pretenda que pobreza y desigualdad han disminuido. ¿De dónde lo saca cuando la carencia material severa afecta al 6% de población y trabajadores con empleo pero pobres ya son 15%? Además hoy hay más riesgo de exclusión social que cuando Rajoy ganó las elecciones en 2011, como documentan ONG de desarrollo y solidarias.

Como escribe el filósofo Paolo Flores D’Arcais, las libertades públicas y las mentiras políticas son inversamente proporcionales. El volumen tolerado de mentiras de políticos muestra la calidad de una democracia, porque la democracia exige veracidad.

La corrupción de la democracia supone mentiras, además de agredir la justicia, aumentar la desigualdad y violar derechos de la ciudadanía.

Como escribe el periodista Antonio Galeote, “la corrupción mental empieza en las palabras, en el lenguaje. Las palabras son importantes. Son el primer paso para comprender, pues si no se llama a las cosas por su nombre, si se acepta la mentira de los agresores, se acaba justificando lo injustificable”.

Una amnistía fiscal anulada sin beneficio para la ciudadanía

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la amnistía fiscal del ministro de Hacienda del Reino de España en 2012. Buena noticia, porque pagar impuestos es fundamental para que un país funcione y no es de recibo la comprensión con los evasores de impuestos. La mala noticia es que esa anulación no se traduce en nada útil para la gente. No se sanciona a nadie ni se recuperan impuestos no pagados salvo apenas 1.200 millones de euros; mucho menos que los 2.500 millones de euros como mínimo que Hacienda pretendía recaudar con la amnistía. La pequeñez de lo finalmente recaudado contrasta con la enormidad de la corrupción que, segun la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de España suma 90.000 millones de euros anuales. Muchísimos impuestos impagados.

A tener en cuenta que 705 personas, de los 32.000 evasores fiscales acogidos a esa amnistía, pudieran ser posibles blanqueadores de capitales. Esos cientos de amnistiados son políticos, altos funcionarios o familiares directos cuya riqueza, hasta ahora escondida, no se explica con sus ingresos ordinarios. Y, que se sepa, no se investigan posibles orígenes ilícitos de esas fortunas, aunque la lista de los 705 se ha enviado a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales para contrastarla con información habida y ver qué hacer. Eso, veamos si son capaces de investigar como se han hecho ricos esos defraudaores fiscales y llegar a las últimas consecuencias.

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la amnistía fiscal no tiene efecto sobre los evasores, pero sí desautoriza futuras amnistías fiscales. Próximos gobiernos no podrán aprobar amnistías fiscales por decreto ley, pero sí como ley ordinaria. Tampoco es una ganga.

Esa anulación por el Constitucional no ha sido por la injusticia de esa amnistía, sino por cuestión de forma. La normativa vigente prohíbe usar al decreto-ley si su contenido afecta “de forma relevante o sustancial” a deberes constitucionales. Como el “deber de todos de contribuir a sostener los gastos públicos”.

La anulación de la amnistía no supone tampoco más recursos públicos futuros. El sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) ha denunciado que Hacienda facilite amparo a evasores de impuestos, en un escenario de grave crisis económica, so pretexto de ingresos considerados imprescindibles, pero luego, chocolate del loro. Por que así el Estado abdica de su obligación de lograr que todos contribuyan a sostener los gastos públicos según ingresos.

GESTHA además ha pedido la dimisión del ministro de Hacienda, pues considera que Montoro no garantizó los principios de igualdad y progresividad fiscal que ordena la Constitución y no debe continuar. Los técnicos de Hacienda denuncian que lo recaudado en la amnistía es menos del 3% de la evasión fiscal total. O, de otro modo, el 97% de fortunas y beneficios se mantienen ocultos y también la evasión de impuestos correspondiente a casi 39.000 millones de euros ocultos y a buen recaudo. La amnistía fiscal no ha conseguido que aflorara buena parte de la riqueza escondida ni tampoco reducir la economía sumergida.

La nefasta alianza de corrupción y fraude fiscal causan un grave perjuicio al país, a sus gentes. Como ha escrito Paco Segura, lo temible de la corrupción no son los porcentajes de soborno (el conocido 3%) por adjudicar de modo fraudulento jugosos contratos públicos. Lo peor son las desmedidas inversiones públicas que la corrupción promueve para obras innecesarias que enriquecen a los empresarios amigos que den buenas comisiones. Y así el Reino de España deviene el país europeo con más kilómetros de autopistas y de AVE. Autopistas totalmente inútiles, como las radiales vacías que arrancan de Madrid y cuyo rescate costará a la ciudadanía unos 5.000 millones de euros como poco.

El Reino de España es también el país europeo con más aeropuertos de los que tres cuartas partes son deficitarios. Más la mayor capacidad portuaria sin utilizar: el 60% del total sin beneficio.

En ese horizonte de dilapidación se pasa de la corrupción a los recortes presupuestarios que afectan y mucho a la gente común. Agravado por el impuesto techo del déficit público. Se comprueba al ver que algunos años se ha invertido tanto en el AVE como recortado en sanidad y educación. Y así cuadran las cifras para la Unión Europea, pero perjudican a la gente. El Estado español es el que más porcentaje de PIB dedica a grandes infraestructuras y menos a protección social en la Unión Europea de los 15. Se cuadran los números a expensas de fastidiar a la ciudadanía.

No cabe celebrar una anulación del Constitucional que no beneficia a la gente ni hace avanzar hacia una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.

Estados Unidos abandona el Acuerdo de París contra el cambio climético

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, ha comunicado urbi et orbe que retira a su país del Acuerdo de París contra el cambio climático. Ese Acuerdo es un pacto de 195 Estados, en el marco de Naciones Unidas, con medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y frenar al calentamiento global. El objetivo es que, para fin del siglo XXI, la temperatura global de la Tierra no supere los 2º C respecto a la de la época preindustrial.

Aunque ese Acuerdo no es el mejor, ni siquiera bastante bueno, abandonarlo es peor. Sobre todo si lo abandona el segundo país más contaminante del mundo. Porque Estados Unidos es responsable del 15% de emisión de gases de efecto invernadero, aunque su población solo sea un 4% del total.

¿Por qué el de París no es buen Acuerdo? Es muy general, con muchos agujeros. Y propone medidas que tienen demasiado en cuenta a las grandes empresas. Propuestas similares se aplicaron tras la conferencia del clima de Río en 1992 y sabemos que nada resolvieron. Kevin Anderson, especialista del clima de la Universidad de Manchester, nos ha explicado que “tras veinte años de engaños en la lucha contra el cambio climático, no rebasar los 2°C de aumento de temperatura global exige una actuación política decidida y clara”. Que no es el caso. Aún.

Si la seguridad de la gente y la protección del planeta no son prioritarios, el cambio climático no se frenará. Mientras las ganancias de empresas y corporaciones pasen por delante de evitar catástrofes, inundaciones y sequías inacabables, ese acuerdo sirve poco. Pero abandonar el acuerdo, como hace Trump, es peor. Aunque ese abandono no sorprenda cuando Trump ha osado nombrar director de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos a Scott Pruitt, un político ultraconservador ignorante en esas cuestiones que tiene la desfachatez de decir que los científicos no se han puesto de acuerdo sobre el cambio climático. Absolutamente falso. Desde los ochenta, la inmensa mayoría de meteorólogos, climatólogos, físicos y otros estudiosos del calentamiento global están de acuerdo en el diagnóstico y gravedad del ya innegable cambio climático.

Mortandad, más problemas de salud, desaparición de medios de sustento en zonas costeras y en pequeños Estados insulares por tempestades, inundaciones y subida del nivel del mar. Sequías severas e incendios muy difíciles de apagar, desbordamientos de ríos e inundaciones. Además, los expertos de la ONU advierten que aumentará el riesgo de muerte y enfermedad en los cada vez más abundantes períodos de calor extremo. Lo sabemos; en verano de 2003, una ola de calor causó en Europa la muerte de veinte mil personas más de las normales en verano. Y los fenómenos meteorológicos extremos destruirán infraestructuras vitales de suministro de agua y electricidad. Otro riesgo grave es la voluminosa reducción de la producción de alimentos. Más la dificultad progresiva de disponer de agua potable y de riego, lo que supondrá menor producción agraria y más campesinos pobres. Todo eso es lo que nos amenaza.

Frenar el cambio climático significa reducir en serio la emisión de gases de efecto invernadero. Los que producen la gasolina, diésel, carbón, gas… Ardua tarea, cierto, pero imprescindible. Y posible.

Los expertos en cambio climático de Naciones Unidas han publicado desde 1988 cinco informes sobre el calentamiento global y como afrontarlo. Los informes demuestran la gravedad del problema. No será como una película de desastres de Hollywood, en la que de repente desaparece una isla en medio de grandes efectos especiales. Los efectos nocivos del aumento de temperatura global serán más lentos, pero no menos implacables. En realidad, muchas islas del Pacífico ya han perdido terreno por elevación del nivel del mar.

Reducir de verdad las emisiones de gases de efecto invernadero exige una actuación política decidida y valiente. No hay otra. Y conseguir una conciencia colectiva de que nos va la vida de no frenar el calentamiento. Con medidas donde no prime el beneficio ni el crecimiento sin límite como motores. Donde lo que interese sea la gente, las personas, su vida, salud y bienestar. Y proteger el planeta. Porque no tenemos otro. Eso o la catástrofe está asegurada. La barbarie. La alternativa es el acuerdo global que en verdad frené el calentamiento. Y, para empezar, convencer al pueblo de EEUU que se incorpore a la batalla. O no lo contamos.

Empleo, paro, recuperación y pobreza en el Reino de España

Mariano Rajoy, presidente del gobierno, en un acto del Partido Popular presentó a España en un ataque de euforia como “un ejemplo de recuperación económica”. Si recuperarse es volver a adquirir lo perdido, es difícil aceptar que este país se haya recuperado.

Salvo que recuperarse signifique que las rentas del capital casi doblen a los salarios en un escenario de tozuda alta tasa de paro y creciente precariedad laboral. Según la Contabilidad Nacional de este inicio de año, presentada por el Instituto Nacional de Estadística, los beneficios empresariales de enero a marzo aumentaron 6%. Se habrán recuperado los grandes empresarios, pero los salarios se redujeron 6.000 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria. Eso no es recuperarse.

Tal vez España sea más rica en frías cifras generales, pero españoles y españolas son cada vez más pobres en realidades concretas. Según el FMI, el PIB de España crecerá este año 25.000 millones de euros más que en 2008. Pero solo lo notarán las altas finanzas, grandes fortunas, grandes empresas y corporaciones multinacionales. La gente común, las familias, han perdido y pierden ingresos y llevar una vida digna es más difícil. La Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística revela el avance de la pobreza en España que ya afecta a más del 22% de hogares. Los ingresos de más de cuatro millones de familias no llegan a 8.200 euros anuales y mucha gente cae por debajo del umbral de la pobreza.

La pobreza afecta a más de la tercera parte de familias en Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura y en el resto de comunidades se escampa. Más de un tercio de hogares no puede afrontar gastos imprevistos y a un 16% de familias les es “muy difícil llegar a fin de mes”. Esas familias a las que no les alcanza el dinero ya son casi tres millones, mientras la pobreza energética afecta a unos dos millones de familias que no pueden tener la casa a temperatura adecuada. Menos mal que llega el tiempo veraniego.

En resumen, los que antes de 2009 lo pasaban mal hoy lo pasan mucho peor. Mujeres, jóvenes de ambos sexos, infancia y mayores de 50 a 64 años (abandonados en tierra de nadie) sobre todo.

Ha bajado la cifra del paro, pero la vida de las clases trabajadoras no mejora. Tanto es así que incluso la muy neoliberal Comisión Europea reconoce que el crecimiento de España, tan jaleado, no ha reducido nada la creciente e incesante desigualdad y pobreza, al tiempo que pobreza y exclusión social en este Reino son de las más alarmantes de la Unión Europea. Sin olvidar que los trabajadores pobres, los que tienen empleo, pero no dejan de ser pobres, han aumentado hasta el 15% del total de quienes tienen empleo. Por ejemplo, becarios, contratados por horas, fijos discontinuos, falsos autónomos…

Hay algo menos paro en frías cifras, pero no mejor vida. Demasiadas personas encadenan varios empleos de miseria para conseguir ingresos mínimamente dignos. No es de extrañar cuando, según informe del sindicato de técnicos de hacienda (Gestha), casi la mitad de asalariados del Reino de España cobra menos de mil euros mensuales. No mil sino ‘menos de’, lo que puede llegar a ser muy poco. Según la Encuesta de Población Activa, se ha creado empleo precario. Por ejemplo, desde hace ocho años los contratos a tiempo parcial aumentan sin parar. Y con contratos temporales parciales no hay modo humano de vivir con dignidad. Eso no es crear empleo, eso es escampar la pobreza y repartir la penuria.

Por otra parte, los salarios suman actualmente 30.000 millones de euros menos, sin embargo los beneficios del capital aumentaron 14.000 millones. Antes de 2009, los salarios eran el 50% del PIB, la riqueza anual generada. Hoy solo son el 46%. La pretendida recuperación afecta a pocos; en realidad la llamada recuperación no es otra cosa que transferencia de rentas de los trabajadores a la clase capitalista, las élites. Ellos se han recuperado con creces, pero a costa de los demás por reformas laborales, bajos salarios y recortes sociales.

No hay recuperación que valga si no se recupera la mayoría de la gente. No hay recuperación si la inmensa mayoría no puede llevar una vida digna.

Ganar elecciones irregularmente y mangonear la justicia

Un reciente informe de la Guardia Civil afirma que las mayorías absolutas de Esperanza Aguirre se lograron con una imponente maquinaria electoral financiada ilegalmente. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusa al PP de Madrid de atentar contra el pluralismo político y de que el partido cometió irregularidades al financiar sus campañas electorales de 2007 y 2011. Las elecciones que ganó Esperanza Aguirre. El PP de Madrid en las municipales y autonómicas de 2007 invirtió 2,5 millones de euros más de lo declarado a la Cámara de Cuentas, “sustentando esa financiación con actuaciones de relevancia penal (fraude de subvenciones, malversación, falsedad documental...)”.

Por su parte, un informe de la Fiscalía Anticorrupción afirma que “hay indicios de que incluso en 2014 y 2015 proveedores de campañas electorales del Partido Popular cobraban de cuentas de ese partido, al margen de la Cámara de Cuentas y del Tribunal de Cuentas“. Y hay pruebas de ingresos en efectivo de más de un millón de euros de procedencia desconocida, así como de una caja B del PP madrileño para pagar gastos de campañas y encuestas.

Según la Guardia Civil, Fundescam era el centro de la trama. Esa fundación recibía dinero público de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, y libraba facturas falsas con cuyo importe se pagaban gastos electorales del Partido Popular de Madrid, mientras algunos empresarios ingresaban dinero en Fundescam con el que ésta financiaba las campañas del PP. Esos empresarios recibían adjudicaciones de contratos de organismos controlados por el PP.

Todo ese pudridero estalló en los medios informativos y fiscales y jueces empezaron a instruir causas penales por corrupción. Sin embargo, para dirigentes y portavoces del PP, esa corrupción (en la que aparecen varios dirigentes y cargos del Partido Popular), solo son “casos individuales”.

¿Qué hace el Partido Popular ante la avalancha de corrupción y de sumarios? Intentar controlar la administración de justicia. Como muestra cabe señalar que, con Rafael Catalá ministro de Justicia, ha habido tres fiscales generales del Estado en tres años. Torres-Dulce, que dimitió porque el gobierno Rajoy quería controlarlo; Consuelo Madrigal, que tampoco se quiso doblegar al ejecutivo, y José Manuel Maza de acuerdo con el gobierno.

Ya fiscal general, Maza hizo los relevos a los que se negó Madrigal: fiscal jefe de la Audiencia Nacional y fiscal jefe de Anticorrupción. Además de sustituir a más de 30 fiscales dedicados a casos concretos de corrupción. La Unión Progresista de Fiscales denunció que esas sustituciones solo podían entenderse desde el interés político e ideológico y que “el mensaje transmitido era que se cambia a los fiscales que persiguen la corrupción”.

Maza impuso a Manuel Moix, muy cercano al Partido Popular, como fiscal jefe de Anticorrupción, aunque fue advertido varias veces por fuentes diversas de no ser buen candidato por ser el único sin ninguna experiencia en Anticorrupción, entre los siete candidatos al puesto. Moix, como Fiscal de Madrid, había intentado cerrar el caso de los espías pagados por el gobierno de la Comunidad autónoma, ignoró la denuncia de un campo de golf ilegal de la empresa Canal de Isabel II, rechazó acusar a Esperanza Aguirre de desobediencia a la autoridad (cuando se fugó de agentes de tráfico en la Granvía madrileña) y, contra el criterio de los fiscales encargados, intentó finalizar las intervenciones telefónicas al ex-presidente de la región, Ignacio González, hoy en prisión preventiva.

A pesar de  la mala fe del PP, esta parte del escándalo acabó bien cuando Moix por fin dimitió como Fiscal Anticorrupción por la enorme presión mediática y ciudadana (147.000 firmas pidiendo que fuera  destituido) tras saberse que Moix tenía parte de una empresa radicada en Panamá, propietaria de una cahlert de medio millón de euros.

Otrosí, Dolores de Cospedal ha mangoneado para lograr que Concepción Espejel sea presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Sala que, casualmente, resolverá recursos penales de casos de corrupción de Púnica y Lezo que afectan directamente a gente del Partido Popular. Esa magistrada fue apartada dos veces por sus compañeros jueces de juzgar el caso Gürtel por excesiva proximidad al Partido Popular.

La solución del PP a la cantidad de cargos públicos salpicados por presunta corrupción ya no es decir que son ‘casos aislados’. Como ha escrito el filósofo y analista Antoni Doménech “salta a la vista ahora mismo que en el Reino de España el poder ejecutivo, aun en clara minoría parlamentaria, controla la justicia a su placer”. Por eso no extraña que en el Eurobarómetro de abril de 2016, solo 30% de españoles confíe en la independencia de la justicia. Pero no olvidemos también que haber ganado elecciones irregularmente, como parece por lo expuesto en los informes de la Guardia Civil, y además pretender mangonear la justicia, debería tener consecuencias serias.