Propiedad, multinacionales y derechos humanos

M, vecino de Hospitalet de Llobregat, en España, fue despedido. Está casado y tiene una hija. La crisis. Agotó el subsidio de desempleo y luego sólo logró una pensión de 300 euros por sufrir depresión al no encontrar trabajo. No podía pagar el alquiler y ocupó con su familia un piso vacío de protección oficial en el municipio citado. El piso ocupado era propiedad de la Generalitat de Cataluña, que, lamentablemente, actuó como cualquier empresa privada a la búsqueda de beneficios. Adigsa, empresa pública que administra pisos de protección oficial, le pidió 9.000 euros a M por alquileres y, como no podía pagar, le anunciaron que lo desahuciarían, que lo echaban a la calle, vamos.

M pidió un mes de demora, pero le dieron la callada por respuesta, entonces fue al ayuntamiento de l’Hospitalet y pidió que los alojaran en un albergue, porque en la calle hacía mucho frío. No le atendieron. Un día antes del desahucio, a las cinco de la tarde, M salió de su casa con una cuerda al hombro y se ahorcó en el parque de las Setas del barrio del Gornal en Hospitalet de Llobregat.

En el primer año de la llamada crisis, con recortes, despidos y aumento creciente de desempleo, se iniciaron miles de desahucios. La gente perdía el empleo, no podía pagar la hipoteca o alquiler de la vivienda y los desahuciaban. A la calle. Entre 2008 y 2012, según informe de la Plataforma de Afectados por le Hipoteca (PAH) hubo casi 245.000 expulsiones de sus viviendas de gente, tanto por impago de hipoteca como de alquiler. Y, en el Reino de España, hubo en los primeros meses de crisis más de cuarenta suicidios asociados a desahucios, algunos, para que no hubiera dudas dejaron notas que explicaban la razón de recurrir a tan desesperada medida: quedarse en la calle. ¿Para qué demonios sirve la vigencia legal del derecho a la vivienda, a la vida digna que incluye, si se pasan por el arco del triunfo los derechos de la gente?

Tal vez el error fue incluir también en la Declaración de Derechos Humanos el derecho a la propiedad privada en el artículo 17. Sin matices ni aclaraciones. Como una patente de corso, pues parece incuestionable que empezaron los problemas cuando hace miles de años alguien marcó un espacio de tierra y dijo: Esto es mío. Desde entonces los derechos a una vida digna, al sustento, al trabajo a un techo digno… no casan con ese derecho a la propiedad.

¿Hay alguna razón digna de ser escuchada para que la propiedad sea prioritaria sobre el derecho a la vivienda y a la vida digna?

Vistas las maniobras para vaciar la democracia por grandes empresas y corporaciones, como aprobar los tratados bilaterales TTIP, CETA, TTP…, es evidente que han declarado la guerra a los derechos humanos de la gente. Relacionar desahucios y suicidios pudiera ser considerado extremo, pero esclarece responsabilidades y muestra la calaña de la depredación global que algunos insisten en llamar crisis. Es saqueo puro y duro. La mayoría ciudadana forzada al servicio de una obscena minoría. El imperio de la codicia sin freno.

Amenazas sobre la gente, tanto o más graves que lo narrado, se ciernen contra los derechos humanos de mucha gente y la protección de la Naturaleza. ¿Olvida esa minoría codiciosa que solo tenemos esta Tierra y sus recursos son limitados? Y no vale proponer emigrar a Marte, no por no factible (al menos todos o muchos), tampoco deseable, puestos a ser sinceros. Además, resolver los problemas de aquí en otro espacio suena a creencia religiosa; es la vieja fantasía de aguantar aquí y ser felices en otra vida mejor.

Pero aterrizando, son amenazas contra la gente y la Tierra los planes mineros, forestales, energéticos, eólicos, hidroeléctricos, termoeléctricos… en muchos países del antaño denominado Tercer Mundo. Planes de corporaciones denunciados por la ciudadanía, entidades indígenas y otros actores. Proyectos que supondrán obscenos beneficios para una reducida minoría de accionistas, ejecutivos, cómplices académicos, mediáticos y políticos, pero son un verdadero saqueo para la mayoría de ciudadanos en América Latina, África, Asia…

En la confrontación entre poder económico y derechos humanos de la gente, hay que estar con la gente. Otra opción sería ser cómplice de una injusticia repugnante y del desastre que nos amenaza.

Frenamos el calentamiento global o vamos el desastre

Los últimos cinco años han sido los más calurosos de la historia desde que se registran las temperaturas. La causa, más emisión de gases de efecto invernadero, según informa la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Y la concentración atmosférica de dióxido de carbono ha alcanzado niveles jamás registrados. Mientras las altas temperaturas han hecho subir el nivel de mar, reducido la superficie de hielo y también los glaciares. Además de crecer los episodios climáticos extremos: olas de calor, de frío, ciclones tropicales, inundaciones, sequías y tormentas letales.

En el quinquenio analizado por la OMM el calentamiento del planeta ha batido récords. El nivel del mar fue el mayor desde que se registra ese dato hace más de un siglo, mientras se reduce la capa de hielo boreal sin visos de recuperación. La máxima extensión de hielo se comprobó el 25 de febrero pasado y fue la menor que se haya registrado: algo más de catorce millones y medio de kilómetros cuadrados. El hielo se derrite.

El año 2015 ha sido el más caluroso desde que se registra la temperatura global y la Tierra ya tiene una temperatura global de 1ºC por encima de la media de la época preindustrial. El límite del Acuerdo de París, para no llegar a una situación irreversible, es que el aumento térmico no exceda 2º centígrados en 2050. Y ya estamos cerca.

El informe de la OMM destaca también más fenómenos climáticos extremos: sequías severas en Australia, Brasil, África Oriental y África Meridional. La OMM calcula que en Somalia hubo 258.000 muertes más de las normales por la sequía y que 18 millones de personas precisaron ayuda urgente para sobrevivir. Algunas sequías han ido acompañadas además de violentos incendios forestales en Asia y Pacífico occidental. Y ha habido olas de calor en Australia, China, India, Pakistán y Europa. España sufrió en 2015 la ola de calor más prolongada. Sin olvidar que ha habido también grandes inundaciones, repentinas y destructoras crecidas de ríos y frío extremo, como el sufrido en Europa en febrero de 2012.

¿Aún hay quien niegue que al cambio climático es una amenaza real muy grave?

España será uno de los países más afectados por el aumento de temperaturas y la desertización, además de sufrir fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Pero parece que no pasa nada, porque el Gobierno de España que preside de nuevo Rajoy no reacciona ni toma medida alguna para afrontar la amenaza. Es más, su irresponsable omisión ha provocado el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero: 3,2% en 2015 respecto a 2014 y ya son 18% más respecto a 1990. Pero no solo en España. La Conferencia de Cambio Climático-COP22 de Marrakech certifica más récords de temperaturas extremas y más dióxido de carbono en la atmósfera.

El Acuerdo de París contra el cambio climático entró en vigor el 4 de noviembre. Es el marco internacional donde los Estados asumen el compromiso colectivo para frenar el calentamiento global a largo plazo por debajo de los 2ºC. La mala noticia es que el Acuerdo no concreta medidas para lograrlo. Cada Estado decide qué hacer en su territorio. O no. Y el COOP22 de Marrakech no ha concretado ni aprobado medidas para frenar el calentamiento global.

El principal problema para reducir los gases de efecto invernadero es el enorme poder del sector energético de combustibles de origen fósil (carbón, gas y petróleo), emisores de esos gases. Poder que frena los planes de reducción de gases, porque toca sus beneficios. Pero el dilema es diáfano. O se neutraliza al sector de combustibles fósiles y se cambia el modelo energético por otro de energías no contaminantes o la Tierra va al desastre. El problema se ha agravado con la elección del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negacionista del cambio climático, que piensa retirar a EEUU (el que más contamina con China) de los acuerdos internacionales contra el calentamiento del planeta. Y eso tendría consecuencias muy graves.

Lo cierto es que, según aumenta la temperatura global, las consecuencias son peores para mucha población del planeta. De no frenarse la temperatura global, por ejemplo, las lluvias serán más irregulares y erráticas. Y disminuirá la producción de alimentos. Si aumenta la temperatura global, aumentará el hambre. Y las muertes.

Hay que actuar con energía contra el calentamiento global. Nos va la vida en ello. Y no es exageración.

Más escaños, sí, pero más valores democráticos

Donald Trump ha sido elegido presidente de Estados Unidos, no Hillary Clinton. Tenían razón quienes vaticinaron que antes sería presidente un negro que una mujer, cuando se enfrentaron Obama y Hillary Clinton en primarias. Clinton no significaba más democracia ni más justicia social (no en vano era considerada la candidata de Wall Street), pero desde luego Trump tampoco. Y además es xenófobo, racista y machista.

Maestros de opinión y conspicuos tertulianos, para explicar la victoria de Trump, sentencian que los trabajadores han votado a Trump por ser anti-sistema. De risa. Si un super-rico es anti-sistema, hablamos de otro sistema: métrico decimal, hidráulico, mecánico… pero no del sistema capitalista, del que Trump es claro miembro y representante.

Cierto, muchos trabajadores votaron a Trump, pero trabajadores blancos sobre todo. Obreros blancos que, por la xenofobia demagógica de gente como Trump, se sienten amenazados. Y lo están, pero se confunden de amenaza. El enemigo no son los trabajadores latinoamericanos, por ejemplo, sino la clase de Trump que desposee de derechos cada vez más a la mayoría.

Trump no es fiable; es un super-rico, pero, a pesar de sus toscas provocaciones en campaña electoral, no llegará la sangre al río, como dicen en Castilla. Porque, a pesar del poder del Presidente de Estados Unidos, la minoría de Wall Street tiene mucho más. Y no permitirá nada que reduzca sus beneficios. Como crear un problema con México, por ejemplo, importante cliente de Estados Unidos.

El problema real es que el actual capitalismo de desposesión, que reduce la poca justicia social lograda y vulnera más y más los derechos de la gente… sigue ahí. Como el dinosaurio del microcuento de Monterosso. Pero también hubiera sido así con Hillary Clinton. Acaso fuera diferente de haber sido elegido Bernie Saunders, que concurrió a primarias del partido Demócrata, pero ya se cuidaron grandes medios de comunicación, Wall Street y la plana mayor de ese partido de sacarlo pronto del campo de juego.

Estos tiempos revueltos recuerdan la Europa desnortada de entre guerras mundiales. Entonces se desbordaron la inflación y el desempleo; hoy crecen la pobreza y la desigualdad. Entonces preocupaba al pueblo trabajador la incertidumbre, hoy un crecimiento ridículo. Entonces y hoy el miedo de las clases trabajadoras crece por el oscuro horizonte económico y social… Ese miedo se tradujo entonces en la elección de Hitler en Alemania, por ejemplo.

Hoy los ultraderechistas xenófobos de Marie LePen se han hecho con ciudades que votaron socialista durante décadas. En Estados Unidos han elegido a Trump y en el Reino de España gobierna el Partido Popular, heredero de la dictadura franquista. Peor aún, en el último sondeo del CIS, el PP ganaría un punto y medio en unas elecciones en España. A pesar de los juicios de tarjetas black, el caso Gürtel y la corrupción a mansalva, la derecha (PP y Ciudadanos) sumaría el 47% de votos. Y la izquierda, PSOE incluido, casi 40%. Parte del 13% restante tal vez tendería a pactar con la izquierda. Pero parece una partida en tablas.

Por tanto, no parece de recibo querer cambiar las cosas, los países, fiados solo de la aritmética electoral. En Estados Unidos, Trump ha vencido por su complicada mecánica electoral. Pero, aún olvidando el retorcido sistema electoral, da que pensar que ambos candidatos hayan conseguido cada uno poco más de 59 millones de votos. ¿Un país partido por la mitad?

Volviendo a España, la realidad reciente muestra que hoy por hoy no parece posible un gobierno de cambio. Y algo parecido ocurre en otros países europeos. O peor, como en Hungría, Polonia… que derivan hacia el autoritarismo. Y no parece posible porque no hay suficiente conciencia democrática y crítica de la ciudadanía que se traduzca en buenos resultados electorales. Mientras la ciudadanía no se empape de valores democráticos, completamente convencida de la indiscutible prioridad de los derechos humanos, una masa votante partida en dos penderá como espada de Damocles sobre nuestras cabezas y dificultará o impedirá gobiernos de cambio de verdad.

Conseguir más escaños, sí, pero sobre todo construir una nueva conciencia democrática crítica y establecer la hegemonía de los valores democráticos contra los principios economicistas y codiciosos de la minoría que explota y desposee al pueblo trabajador. Porque hoy demasiada gente asume los principios de la minoría. Y pasa lo que pasa.

Contra la deuda como modo de dominio, auditorias ciudadanas

Los países siempre se han endeudado, pero hoy la deuda pública es un medio de dominio de la minoría que controla economía y finanzas. Ya en los noventa se utilizó la deuda para obligar a América Latina a aplicar políticas neoliberales, hoy la utilización torticera de la deuda amenaza a países de Europa y deteriora el estado de bienestar. La minoría utiliza deuda y control del déficit como cepos con la complicidad de gobiernos, Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI.

Los países piden prestado a los bancos porque la recaudación estatal es insuficiente. Es así porque desde los ochenta del siglo XX grandes fortunas, grandes empresas y corporaciones cada vez pagan menos impuestos, mientras bancos y fondos de inversión especulan con bonos de deuda pública e imponen una destructora austeridad.

Para oponerse a este nuevo autoritarismo, una veintena de asociaciones y movimientos laicos y católicos progresistas italianos crearon en Roma hace unos días el Comité para la Anulación de la Deuda Ilegítima de Italia (CADTM). Comité que se suma a los treinta y seis CADTM que hay en el mundo. Recordemos. En derecho internacional, deuda ilegítima es la que un gobierno ha contraído y utilizado al margen de la ciudadanía o contra ella. Y no se ha de pagar.

Anular una deuda o reestructurarla se hace desde Hammurabi, rey de Babilonia, hace más de 3.800 años. Más cerca, el Acuerdo de Deuda de Londres en 1954 reestructuró la deuda de Alemania con veintiséis países y anulo el 62%. Entre los que perdonaron deuda estaban España y Grecia. Pero la Alemania actual les impone austeridad sin concesiones. Sin embargo, la Historia muestra que reestructurar deudas o anularlas es una actuación necesaria y útil económicamente. La deuda ha devenido problema con la crisis, porque quienes dirigen le economía juegan sucio, manipulando la prima de riesgo de los bonos de deuda pública, por ejemplo.

En febrero de 2009, ante la gravedad del desastre económico, el G20 acordó en Londres dedicar un billón de dólares para ayudar a países con dificultades, acabar con la crisis, luchar contra los paraísos fiscales y controlar los bancos. Ningún propósito se ha cumplido.

La enorme cantidad de dinero que el G20 prometió no fue para ayudar a países con dificultades sino para salvar a los bancos que habían provocado el desastre financiero. Entre tanto los paraísos fiscales, cómplices de la evasión de impuestos que debilita a los Estados, campan impunes mientras bancos y mercados de capitales entran a saco en los países con la deuda como ariete y hacen tambalear sus economías.

Oponerse a la deuda o vivir sojuzgados por ella. Esa es la cuestión. En España, el pago de intereses supera los 30.000 millones de euros anuales. ¿Qué harán? ¿Más recortes de servicios? ¿Menos derechos? Una falacia neoliberal recurrente en Europa es que las deudas de los Estados aumentaron por exceso de gastos sociales. Falso. Las deudas de los Estados crecieron en Europa por culpa del tratado de Maastricht que prohíbe al Banco Central Europeo (BCE) prestar a los países de la Unión. Si el BCE hubiera prestado dinero a España al 1% de interés (como lo presta a la banca privada), la deuda pública española sería inferior al 20% del PIB, no el 100% actual. Esta Unión Europea fuerza a los Estados a financiarse con la banca privada cuyos préstamos son más caros que los del BCE. El tratado de Maastricht garantiza el negocio de la banca.

Peor aún es que los enormes beneficios y ahorros de las clases ricas por intereses de préstamos bancarios a Estados, rebaja salarial incesante y evasión de impuestos, son para especular, no para financiar economía productiva. Por cada dólar para economía productiva, la minoría dedica 60 a especular con productos financieros.

Ecuador tenía la mayor partida presupuestaria para deuda pública de Sudamérica. Un 40% de gasto estatal para pagar intereses, mientras gasto de sanidad y educación se reducía al 15%. El Presidente Correa impulsó una rigurosa auditoría de la deuda y, averiguadas las deudas ilegítimas, decidió no pagarlas. Así pudo dedicar más dinero a gasto social (que es respetar derechos) y productivo. Las auditorias ciudadanas de la deuda son un buen camino para que la deuda pública deje de ser un problema.

Pobreza y corrupción

En 2009 eran casi 11 millones y medio quienes sufrían pobreza en España, pero hoy son casi 1.800.000 personas pobres más que hace seis años, según informe sobre el estado de la pobreza de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN).

Vamos hacia atrás como los cangrejos y por eso ya hay cerca de catorce millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social de algo más de 46 millones y medio de habitantes en España. Mucha gente. Y aumentando.

Recordemos, según parámetros de la UE, que ser pobre es tener ingresos tan escasos que no alcanzan para una vida digna. Por eso numerosos comedores solidarios y entidades como Caritas han doblado y triplicado sus servicios para proporcionar con regularidad alimentos a la gente. Porque hay más gente de la que uno se imagina que pasa hambre. Ser pobre es también no poder pagar la hipoteca o alquiler todos los meses, nni la luz ni el gas porque el poco dinero que se ingresa se acaba enseguida. También es pobreza no poder comer carne, pollo o pescado tres veces a la semana porque no alcanza el dinero. Ni poder mantener en invierno la vivienda a temperatura adecuada. Ni poder tener teléfono, televisor o lavadora… Y, como dijo Ban Ki Mon, secretario general de la ONU, ser pobre también es no disponer de vivienda digna ni tener acceso a servicios de salud o que éstos sean limitados, ni poder acceder a una educación en condiciones y que las personas dependientes no reciban ayuda… Eso es pobreza.

Entre las razones de la creciente pobreza en países desarrollados como España está la nefasta política de austeridad impuesta que ha rebajado ostensiblemente el estado de bienestar. Más los vigentes sistemas de impuestos injustos, regresivos e insuficientes en indiscutible beneficio de las élites. Y, con la injusticia fiscal, la corrupción. Corrupción que en este país cuesta algo más de 87.000 millones de euros anuales según la Cámara Nacional de Mercados y Competencia; cifra confirmada por algunas universidades. Dinero desvalijado por corruptos que provocan una pobreza que aumenta entre nosotros.

En la vieja y desnortada Europa a final de 2015, según Eurostat, oficina estadística de la Unión Europea, había 119 millones de europeos pobres o en riesgo de exclusión social. Casi un 24% de población, casi la cuarta parte. El dato incluye a quienes están en riesgo de pobreza, sufren privaciones materiales severas o viven en familias con muy escaso empleo o ninguno. Según Eurostat, la pobreza ha disminuido algo, pero poco, muy poco, y la erradicación de la pobreza es lenta y desigual. Para muestra, tres países europeos donde más de un tercio de población es pobre o está en riesgo exclusión social: Bulgaria (41% de población en pobreza), Rumanía (37%) y Grecia (casi 36%).

¿Que dijo Ban Ki Mon? Que poco o recortado acceso a la salud y educación es pobreza. Pues bien, de Guindos, ministro de economía español en funciones , augura más pobreza cuando asegura que el próximo Gobierno recortará ¡26.000 millones de euros en dos años! Para reducir el déficit. Y sabemos por experiencia que los recortes significan peor atención sanitaria, peor educación, peores servicios sociales… Más pobreza.

Y, para que no haya duda de qué soporta la ciudadanía, el iniciado juicio por corrupción masiva del llamado caso Gürtel desvela una insolidaridad criminal y una vergonzosa y criminal apropiación indebida por la codicia rapaz de los corruptos y sus cómplices que ha despojado a la ciudadanía. Un tal Correa, creador de la trama delictiva corrupta, ha contado que muchas empresas y grandes constructoras (OHL, ACS y Dragados entre otras) financiaron al Partido Popular y sus campañas electorales con dinero negro a cambio de obtener contratos de Fomento, Medio Ambiente… Dinero negro y delictivas adjudicaciones de obras y servicios públicos, más fraude sistemático a la Seguridad Social y evasión de impuestos, suman esos 87.000 millones de euros robados al pueblo trabajador de este país. Los delitos de los corruptos, además de los fraudes citados, son cohecho (en la calle se llama soborno) y prevaricación (decidir un funcionario o político algo injusto a sabiendas). Quienes perpetran esos delitos roban lo que pertenece por derecho a la ciudadanía.

De disponer el Estado de esos 87.000 millones de euros saqueados por corruptos, sanidad, educación o atención a los dependientes y otros servicios sociales no habrían sufrido losenormes recortes presupuestarios sufridos y todo estaría mejor. De no haber sido robada esa enorme cifra por corruptos y cómplices, no se habría recortado el estado del bienestar.

Las multinacionales han de responder por sus crímenes contra la gente y el medio ambiente

La petrolera Chevron (entonces Texaco) vertió en 1972 y 1973 más de 68.000 millones de litros de agua contaminada tóxica en los bosques tropicales del Ecuador. No le pasó nada, a pesar de que esos bosques quedaron mortalmente heridos. Tampoco se indagó sobre la sospechosa multinacional Trafigura por el vertido de residuos tóxicos en 2006 en Costa de Marfil. Ni se investigó a la multinacional minera Anvil Mining, acusada de apoyar a la milicia que masacró a un centenar de civiles que se rebelaron en Kilwa, República Democrática del Congo, en 2014. Y no se hizo nada en 2010, tras explotar una plataforma petrolera de British Petroleum en la costa del Golfo con resultado de 11 personas muertas, desaparición de miles de aves, tortugas marinas, delfines y otros animales y la destrucción de medios de subsistencia.

Esos hechos, y otros muchos más protagonizaos por multinacionales, sabidos y bien documentados, muestran una impunidad generalizada de esas multinacionales que perpetran crímenes contra los derechos humanos y el medio ambiente. Crímenes como trabajo forzoso; tráfico de mujeres y niños; niños como cobayas en experimentos farmacéuticos; financiar y armar milicias asesinas para controlar un territorio minero; vertidos tóxicos en ríos, lagos y deltas; destrucción de ecosistemas; destrucción masiva de bosques…

Amnistía Internacional y la Mesa Internacional para Rendición de Cuentas de Empresas (ICAR por sus siglas en inglés) han documentado veinte ejemplos de actuaciones delictivas impunes de multinacionales. Pero en los últimos años multinacional alguna ha sido investigada ni ninguna cúpula directiva procesada por violar derechos humanos o atentar contra el medio ambiente.

Salvo raras excepciones, los gobiernos rehuyen enfrentarse a las multinacionales violadoras de derechos humanos. Nestlé, Auchan, Trafigura, Vinci, Coca-Cola, British Petroleum, Monsanto, Pfizer, Samsung, Tepco, Barklays, Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, Glencore Xstrata, Lonmine en Sudáfrica, la española Hidralia Energía, Cocacola en Colombia… no tienen el menor temor de tener que responder por sus actuaciones que violan derechos o destruyen el medio ambiente.

Los leguleyos amantes de la letra pequeña arguyen que los gobiernos donde tienen sede las multinacionales no tienen competencias para actuar contra ellas. Pero no es cierto porque actuar contra las multinacionales es cuestión de voluntad política, que brilla por su ausencia. Y los gobiernos de países donde se violan derechos tampoco tienen esa voluntad por temor, debilidad o ser cómplices bien remunerados de las multinacionales. El resultado es la enorme impunidad de las multinacionales implicadas en crímenes contra derechos humanos.

Pero no contentas con violar sistemáticamente derechos en aras de sus obscenos beneficios, las multinacionales han desatado una ofensiva general contra la vida digna de la gente común y contra la misma democracia, a la que quieren vaciar de contenido. ¿Cómo? Con los tratados comerciales bilaterales como el CETA (entre Unión Europea y Canadá), el TTIP (entre Unión Europea y Estados Unidos), el TiSA sobre servicios públicos (entre docenas de estados) …

Ante ese saqueo de las multinacionales y perpetrar graves violaciones de derechos humanos y agresiones al medio ambiente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a propuesta de Sudáfrica y Ecuador, ha aprobado crear un instrumento internacional jurídico vinculante para procesar y condenar a las multinacionales (y a sus responsables) que violen derechos humanos donde establezcan filiales, centros de extracción y de producción.

Contra la propuesta de Ecuador y Sudáfrica se presentó otra de Noruega, Rusia, Argentina y Ghana, con el respaldo de la Unión Europea y Estados Unidos, que proponía prolongar tres años el actual grupo de trabajo de empresas y derechos humanos. Para que todo siga igual. Para que las multinacionales hagan lo que les dé la gana.

La Unión Europea y Estados Unidos, tan democráticos, han advertido que no aceptarán la actuación de ese instrumento jurídico vinculante, si se llega a crear. La pretendida justificación de actuación tan fascista es que no hay que poner trabas a los inversores extranjeros porque generan crecimiento, riqueza y empleo. Pero, como diría Groucho Marx, y dos huevos duros. Porque eso es falso, como la tozuda realidad nos desvela día tras día.

Para afrontar el saqueo de los tratados bilaterales en Europa y América del norte se prepara un otoño de resistencia ciudadana. Pero habrá que organizar la defensa de la inviolabilidad de los derechos humanos y acabar con la impunidad de las multinacionales, restaurando el principio de que quien la hace, la paga.

Desigualdad, una amenaza creciente muy peligrosa

El economista Alejandro Inurrieta considera que la situación política europea (salida del Reino Unido de la Unión y avance electoral de partidos fascistas) ha librado a España de una multa milmillonaria por sobrepasar el déficit impuesto por la Unión Europea. Pero no cabe cantar victoria, porque esa condonación no sale gratis. España deberá recortar 10.000 millones de euros de los presupuestos estatales (aunque en verdad son 15.000) y estará en el punto de mira de los burócratas de Bruselas.

La constante rebaja de salarios desde hace años, la demostrada pérdida de valor adquisitivo de las clases trabajadoras y la exigencia europea de recortar gastos sociales para rebajar el déficit público aumentan y aumentarán la desigualdad en España. La brecha entre ricos y pobres crece y así, en España, un reducidísimo 1% de población (menos de medio millón de individuos) posee más riqueza que el 80% del país (37 millones de personas). En 2015, en España, el patrimonio de las 20 personas más ricas aumentó un 15%, mientras la riqueza del 99% de población (muchos millones) caía un 15%. Y no es casualidad, mientras los presidentes de empresas del IBEX35 cobren casi 160 veces el salario medio de un trabajador. Y medio millón de niños se quedan en España sin beca de comedor en verano, según denunció Educo. Por cierto, un tercio de la infancia española está en riesgo de pobreza o exclusión social.

Pero, además, 40% de hogares españoles no puede afrontar gastos imprevistos sin recurrir a préstamos o pagos a plazos, según el Instituto Nacional de Estadística. Y, según Eurostat, quienes están en riesgo de pobreza en España (casi 29% de población) no pueden ir de vacaciones una semana al año; ni comer carne, pollo o pescado cada dos días; ni mantener la vivienda a temperatura adecuada en invierno; tampoco pueden tener teléfono, televisor ni lavadora y se retrasan habitualmente en pagar hipoteca o alquiler, el gas y la electricidad. Porque así se manifiesta la pobreza en España, pobreza que aumenta con la desigualdad. Desigualdad demostrada cuando 20 familias más ricas del país acumulan más patrimonio que 14 millones de personas corrientes. La desigualdad crece, pero no solo en España; también América Latina, Asia y África. Los datos implacables muestran que la desigualdad aumenta en todo el mundo.

En América Latina durante una década gobiernos progresistas se enfrentaron a la desigualdad y la redujeron. Pero el poder capitalista contraatacó y Argentina y el parlamento de Venezuela, por ejemplo, cayeron de nuevo en manos de los servidores de la minoría rica privilegiada, hacedores de desigualdad y pobreza, junto a Perú, Chile, Brasil… Branko Milanovic, economista estudioso de la desigualdad, asegura que ésta es un problema muy grave desde 1980. Precisamente cuando empezaron las rebajas de impuestos a los ricos y los recortes de gasto público social.

Según el informe de riqueza global de Crèdit Suisse, no llegan a 39 millones (0.5% de población) los multimillonarios y billonarios que poseen algo más de la tercera parte de todos los activos financieros del mundo. Solo 39 millones entre 7.200 millones de habitantes. Mientras el 90% de población mundial apenas accede a la quinta parte de la riqueza global. La desigualdad muy alta en el mundo, cuenta Milanovic, aumenta a pasos agigantados en países ricos (EEUU, Reino Unido, Suecia, Alemania, Francia…) y los llamados en desarollo o emergentes (Rusia, China, India, Sudáfrica…)

Tras la crisis de 1929, reformas y controles del capital e impuestos justos y progresivos propiciaron que la riqueza se distribuyera con mayor equidad. Pero desde los ochenta del siglo XX, los capitalistas vuelven a las andadas y la desigualdad aumenta sin cesar. Cuando estalló el colapso financiero de 2008, los estados solo ayudaron (y muy generosamente) al 1% más rico, no a la gente corriente, que es mayoría. La economía real se frenó (y ahí sigue) mientras la cuarta parte de población mundial ve empobrecer su vida.

¿Quieren saber que es desigualdad? Que sólo 62 personas (los pasajeros de un autobús) posean la misma riqueza que la mitad de la población mundial, que son 3.700 millones de personas. Lo denuncia Oxfam en su informe Una economía al servicio del 1%. Hace cinco años esos súper-ricos eran 388 personas. Pero cada vez son menos, poseen más riqueza y tienen más poder, mucho más poder.

Habrá que hacer algo, porque, con la que está cayendo, la Unión Europea insiste en que el nuevo gobierno del Reino de España deberá hacer más recortes para no superar el déficit impuesto del 3%. Da igual que aumenten injusticia y pobreza. Ellos no lo van a notar.