La vía latinoamericana al golpe de estado

En Brasil ha habido de nuevo manifestaciones contra la presidenta Rousseff, pero diferentes a las de 2013 contra la subida del precio del transporte público. Las de ahora en teoría protestan por la corrupción en el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), pero, aparte de eso que también, en verdad pretenden acabar con las políticas de distribución de riqueza. Dicen que esas políticas, como la de la cesta familiar para acabar con el hambre, crean vagos.

Sin duda hay corrupción en las filas del PT y debe ser eliminada, pero no es la razón verdadera. Recuerda lo que pasó en Chile hace 42 años y allí acabó en la dictadura de Pinochet. También hubo desorden en Venezuela en 2002 para echar a Chaves por un golpe de estado que fracasó. Y desde hace semanas han intentado el enésimo montaje de desorden y violencia, más manipulación mediática, hacia el golpe de estado que busca la derecha en Venezuela para derrocar al gobierno legítimo.

La reducida diferencia por la que venció Maduro a Capriles en las elecciones presidenciales, recuerda el profesor Salim Lamrani, excitó a la derecha venezolana que quiso convertir las elecciones municipales de 2013 en una palanca para echar al gobierno chavista. Pero esas elecciones fueron un plebiscito a favor del chavismo, que ganó con amplitud en el 76% de los municipios. Y, como no consigue el poder por las urnas, la derecha vuelve a decantarse por el golpe de estado. Y así, el líder ultraderechista Leopoldo López (que participó en el golpe de Estado de 2002) en enero de 2014 convocó sin disimulo a la insurrección: “Es un llamado a los venezolanos para que nos alcemos”. Desde entonces han proliferado los actos violentos y acciones de grupos armados de la derecha. Hechos cuya autoría ocultan los medios occidentales mientras presentan la situación de violencia en Venezuela como un levantamiento popular contra el gobierno. Pero no es tal sino escenario forzado y creado por quienes poseen la mayor parte de la riqueza. La derecha.

Así fue con Allende en 1973. El golpe de estado fue precedido de desordenes y aparentes protestas populares más abundante manipulación mediática. ¿Sucede lo mismo en Brasil con sus manifestaciones y ataques e insultos contra la presidenta Rousseff? Algunos medios han señalado al Movimiento Brasil Libre, Revoltados Online y a SOS Fuerzas Armadas como espurios impulsores de esas manifestaciones, como describe una documentada crónica de Agnese Marras. El Movimiento Brasil Libre es neoliberal puro y quiere echar a Dilma. La revista Forum lo acusa de estar financiado por los Kock, estadounidenses dueños de un imperio petrolífero. Revoltados (enojados) es un grupo de Internet con muchos seguidores, liderado por un ex pastor evangelista, que también quiere acabar con la presidenta Dilma. De que pie cojean lo revela su lema ‘Con Dios de nuestra parte somos imbatibles’. Nada que ver con las clases trabajadoras ni sus intereses, por supuesto. Sin propuesta política alguna (salvo echar a Rousseff), pero contra todas las de distribución de riqueza que impulsa el PT. Y SOS Fuerzas Armadas, visceralmente anticomunistas, que no pueden ver al PT y a la presidenta Dilma ni en pintura y que suspiran por una intervención militar.

Pero, más allá de que esos u otros grupos sean los organizadores de las protestas, éstas son utilizadas por la derecha de siempre, la burguesía como dirían Marx y Engels, como armas de una clase que admite la democracia mientras aumenten sus beneficios pero, sí algo los amenaza, como el reparto de riqueza que intentan Rousseff, Maduro, Correa o Evo Morales en América Latina, entonces ya no sirve. Y hay que meterla en cintura.

Metámosnoslo en la cabeza de una vez: para que la mayoría de la población viva con dignidad, la minoría que acapara la riqueza ha de perder. Una parte cuanto menos. En América Latina, en Europa o en China. La creciente desigualdad galopante y la obscena acumulación de riqueza en manos de muy pocos están más que probadas. Y eso hay que cambiarlo. Pero los ricos no están dispuestos a rebajar beneficios ni un tanto así y hacen y harán lo que sea para que todo continúe igual. Así se comprenden las tensiones y turbulencias en América Latina.

¿Acaso no ha habido en las últimas décadas un rimero de golpes de Estado o intentos de golpe en Guatemala, República Dominicana, Chile, Argentina, Uruguay, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Honduras? Y es que la clase dominante, la minoría rica, es adicta al golpe de estado. Para que nada cambie.

De la clase trabajadora, de la ciudadanía depende que lo consigan.

Hay que impedir el tratado entre EEUU y Europa

Se ha conocido una arbitrariedad fascistoide de la Comisión Europea con los diputados del Europarlamento y el tratado libre comercio e inversión (TTIP) que negocian muy en secreto la Unión Europea y Estados Unidos. ¡La UE sólo permite a los eurodiputados leer dos horas el texto negociado del tratado! Para mayor desgracia, prohíbe a los europarlamentarios hablar con nadie del mismo. El corto tiempo de lectura del oscuro tratado ha de ser en una sala segura, sin grabadoras, magnetófonos ni otros dispositivos electrónicos. Ni siquiera papel y bolígrafo y bajo vigilancia. No sabemos si los vigilantes van armados, pero sí que los legítimos representantes de ciudadanos y ciudadanas europeos reciben el trato de sospechosos de un delito.

¿Qué oscuros secretos esconde la Comisión Europea para tomar tantas precauciones que impidan conocer por la ciudadanía el muy reservado Tratado entre Estados Unidos y la Unión?

Quizás porque conocer los hechos, datos y detalles del escondido Tratado supondría que la gente averiguara lo que supone de verdad para europeos y europeas. Conocer esos pactos y convenios permitiría a la ciudadanía saber los males que nos aquejarán si se firma el TTIP. Males coincidentes probablemente con los efectos del Tratado que señala un estudio de impacto del mismo elaborado por la Universidad Tufts de Boston y la Organización Internacional del Trabajo.

Según ese informe, el TTIP destruirá 600.000 empleos en Europa en diez años y provocará la caída del PIB hasta un 2% en los países más desarrollados. Más la pérdida demostrada del poder adquisitivo de las familias, una vida peor para millones de ciudadanos y la disminución de la recaudación fiscal de los Estados hasta un 0,64% del PIB al reducirse empleos y salarios. Además, el TTIP abrirá en Europa la puerta al peligroso fracking, como ocurrió en Canadá.

El fracking o fractura es el método de obtención de petróleo alojado en rocas del subsuelo profundo por perforación e inyección de agua a presión con productos químicos tóxicos a miles de metros de profundidad. Ya se ha demostrado que el contamina las aguas subterráneas y las de superficie, además de causar pequeños terremotos. Asimismo, se sabe que las sustancias químicas tóxicas utilizadas son muy dañinas para la salud al contaminar las aguas y el aire, pues provocan problemas de piel, en la vista y el sistema digestivo, además de causar problemas respiratorios, migrañas continuas, náuseas, alergias e incluso generar cáncer. El fracking es definitivamente muy peligroso sin contar que es estúpidamente caro para obtener petróleo. Pero hay más.

Otro peligro evidente del TTIP es el procedimiento para resolver conflictos entre inversores y estados (ISDS por sus siglas en inglés). Un conjunto de normas que coloca a los gobiernos a los pies de los caballos y los hace muy vulnerables ante las más que posibles demandas multimillonarias de empresas y corporaciones. Corporaciones y empresas podrán demandar a los estados si consideran que las medidas gubernamentales y leyes nacionales pueden perjudicar sus intereses. Simplemente si les parece. Hay precedentes de otros tratados bilaterales de inversión por los que algunos gobiernos han pagado fortunas por esas demandas. La Comisión Europea hizo una consulta pública sobre tal mecanismo y el 95% de los ciudadanos europeos encuestados rechazó frontalmente el ISDS. Pero la Comisión no hace ni caso a esos resultados, a la voluntad ciudadana.

Organizaciones cívicas, sociales y políticas europeas, así como grupos del Europarlamento, han denunciado que el ISDS supondría una peligrosa pérdida de soberanía de los Estados por verse obligados a cambiar leyes nacionales aprobadas democráticamente para cumplir sentencias favorables a grandes empresas y corporaciones. Sentencias interesadas dictadas por pretendidos tribunales internacionales de arbitraje que, no nos engañemos, solo son oscuros tríos de carísimos abogados privados. Hay que reconocer que la mafia no saqueaba mejor en el Chicago de Al Capone de los años 30.

La oposición al TTIP ha de crecer hasta paralizarlo y arrojarlo al olvido. Es posible. Hace unos años, la movilización ciudadana frenó e hizo desaparecer un nefasto Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) que daba a las empresas todos los derechos y privilegios y apenas deberes. El AMI tenía que ser el marco obligatorio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero las intensas protestas mundiales de 1998 contra el AMI paralizaron el acuerdo.

Hay que frenar e impedir el TTIP. Porque se puede.

El vaciado de la democracia, una exigencia neoliberal

Recortan presupuestos sociales, privatizan servicios públicos y amedrentan con la deuda como modo de dominio, como se comprueba con amplitud en el caso de Grecia. Además vacían la democracia, porque así lo exige ese saqueo neoliberal que es la vigente política de austeridad en la Unión Europea. Pero además, las élites que nos castigan tienen la obscena desfachatez de pretender ser defensores de la libertad. Sí, pero solo la del capital.

En el Reino de España, al inicio del movimiento ciudadano del 15 M, más de doscientos intelectuales, artistas, profesores universitarios y dirigentes sociales ya denunciaron la persecución y criminalización de ese movimiento social. Represión, arbitrariedad policial, uso excesivo de fuerza, además de detener y encarcelar a manifestantes pacíficos. Esa situación, que empezó hace unos cuatro años, empeora. Hoy, los juzgados acumulan docenas de expedientes contra centenares de trabajadores y representantes sindicales por manifestarse o ir a la huelga. Además los fiscales piden cárcel para unas decenas de pacíficos ciudadanos y ciudadanas cuyo ‘delito’ ha sido protestar y oponerse a las políticas de austeridad. También hay trabajadores y trabajadoras que podrían entrar en prisión y alguno ya está encarcelado por ejercer sus derechos sindicales. Como en la dictadura franquista.

Democracia es más que votar cada cuatro años. Mucho más. Puede haber votaciones y, sin embargo, también autoritarismo. El autoritarismo del Partido Popular se manifiesta de modo especial en el sistemático desprecio de los derechos de la ciudadanía y en el recurso cada vez más frecuente de recurrir a la policía porra en mano contra la ciudadanía, como en el caso de los desahucios. El informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa de 2014 ya denunció con dureza la actuación del gobierno, así como el uso de la crisis como pretexto, para violar derechos fundamentales de la infancia, de la gente mayor y de las personas que dependen de otras. Por ejemplo. También constató la creciente criminalización de la ciudadanía que protesta.

Sin olvidar torturas y malos tratos a personas detenidas y bajo custodia policial. En España ha habido desde 2004 más de 6.600 casos de tortura y malos tratos policiales. Expertos en derechos humanos denuncian que el gobierno no toma medidas para evitar las torturas ni tampoco para castigarlas. Manfred Nowack, relator especial de Derechos Humanos de la ONU, ya denunció la falta de voluntad política del gobierno español para acabar con torturas y malos tratos a detenidos. Amnistía Internacional ha denunciado con detalle en tres informes numerosos casos de torturas en España desde 2007 y asegura que “además de malos tratos y torturas, hay impunidad para los torturadores”.

Para los más viejos del lugar, que sufrieron la dictadura franquista en vivo y directo, el panorama huele cada vez más a fascismo rancio, a neofranquismo.

Más aún, una sesentena de catedráticos de Derecho Penal de más de treinta universidades públicas españolas han publicado un manifiesto muy crítico contra la reforma en marcha del Código Penal. También jueces, fiscales y abogados critican con dureza ese nuevo Código así como la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’. Coinciden todos en que el gobierno y sus agentes criminalizan a la ciudadanía y violan sus derechos. Jueces por la Democracia considera además que la reforma penal es ilegítima, porque los delitos del país muestran que no es necesaria. Según Eurostat, España es uno de los países más seguros y menos violentos de Europa. De lo que presume el ministro de Interior; el mismo que ha promovido la autoritaria reforma del Código Penal y la no menos fascistoide ‘ley mordaza’. Ergo este gobierno neoliberal autoritario del Partido Popular no  busca la seguridad de la gente común, sino la represión legalizada de la ciudadanía que se opone y resiste sus políticas de austeridad.

España sí es un caso paradigmático de autoritarismo, aunque no único. La clase dirigente política europea, al ya evidente servicio descarado del poder financiero, vacía la democracia. Ignoran olímpicamente a la ciudadanía y siguen con sus austeridades y saqueo haciendo oídos sordos a las clamorosas reivindidaciones ciudadanas.

No cabe duda de que los poderes europeos, gobiernos incluidos, no necesitan por ahora fascistas en escuadras de la porra para socavar el sistema democrático. Prescinden de la ciudadanía, violan sus derechos una y otra vez y la reprimen con dureza cuando resiste y protesta. Vacían la democracia porque la reducen a un decorado, una liturgia, una farsa.

Ese vaciado de la democracia conduce a Europa a un autoritarismo real y la convierte en un mal chiste. Porque la democracia no es una meta, sino el camino. O no hay democracia.

Grecia y Eurogrupo, un conflicto de clases

En las negociaciones del Eurogrupo con el gobierno de Grecia para prolongar el rescate a ese país, los representantes españoles y portugueses se han opuesto con la mayor virulencia a las propuestas de Varoufakis, ministro de Finanzas griego. Lo que ha coincidido en el tiempo con la ofensiva de la derecha en España contra el nuevo partido Podemos, al que los sondeos sitúan en los dos primeros lugares en intención de voto, junto a un descenso muy considerable del voto al Partido Popular.

El gobierno de ese partido ha sido entusiasta y fiel cumplidor de la política de austeridad y recortes presupuestarios (sobre todo sociales) y, si Grecia reduce esa política a favor de sus trabajadores y de la ciudadanía saliendo adelante, los conservadores españoles temen que Podemos gane las próximas elecciones o, peor aún para ellos, las plataformas de unidad popular que se formen. De ahí el empeño del gobierno del Partido Popular en que Syriza fracase.

Pero no solo los conservadores españoles. Hay una voluntad inconfesa del Eurogrupo de convertir el caso griego en despiadado aviso para navegantes. El economista Michel Hudson afirma que el mensaje es que puesto que Grecia quiere alejarse de una austeridad a costa de la ciudadanía por eso la machacan. Como machacarán a cualquier estado miembro que pretenda reducir sus déficit controlando la banca y fiscalizando a los ricos, en vez de hacérselo pagar al pueblo.

Si Syriza gana la partida contra la austeridad en Grecia, será evidente que todo los sacrificios impuestos a la población, toda la miseria y sufrimiento infligidos, tienen como fin verdadero salvar a los bancos y beneficiar a la minoría rica, lejos de la grandilocuencia de la recuperación y del crecimiento en beneficio de todos. Si Syriza gana la partida, todo el neoliberalismo perpetrado habrá sido en vano. Por fortuna.

En el conflicto entre el Eurogrupo y Grecia, los ministros de finanzas de la Unión Europea actúan como lobbystas de los grandes bancos, asegura Michel Hudson. Pero en realidad son más que eso: son parte del mismo poder financiero europeo, de la minoría de élites económicas. Y por eso intentarán que Grecia no salga adelante pasándose por el arco del triunfo las políticas de austeridad. Harán lo que sea para que Grecia sirva de escarmiento. En esta Unión Europea nadie en el sur arregla sus cuentas sin aplicación ciega de las políticas de austeridad, sin recortes presupuestarios y sociales.

¿Pruebas? Grecia sufre el grave problema de una bajísima recaudación de impuestos. Según la OCDE, en 2010 el Estado griego solo recaudó la mitad de los impuestos que se le adeudaban, además de perder impuestos cuantiosos por evasión fiscal de profesionales de elevados ingresos, según Business Insider. Un impago de impuestos que  asciende a 76.000 millones de euros, pero podrían ser mucho más. Y desde las elecciones que dieron el gobierno a Siryza, los contribuyentes ricos pagan menos impuestos y los ingresos tributarios han sido un 20% menores de lo previsto. El banco central griego ha facilitado una lista de defraudadores fiscales griegos con cuentas en bancos suizos que en total ocultan cuanto menos 50.000 millones de euros. Pero el Eurogrupo no ve con buenos ojos que el déficit se equilibre haciendo pagar a los ricos lo que deben.

Como ha escrito Paul Krugman, Grecia ha hecho un favor a Europa al plantar cara a la austeridad, aunque sea con muchos vientos en contra. “Europa necesita desesperadamente acabar con la locura de la austeridad” ha dicho el Nobel de economía. Y, para acabar con esa nefanda austeridad impuesta, los que más poseen han de pagar los impuestos que les corresponden por sus ingresos y riqueza.

Lo que consiga el gobierno de Syriza es vital para empezar a minar la dictadura de la austeridad. Acaso el hecho reciente de que la Unión Europea no multe a Francia e Italia por sobrepasar el déficit asignado sea indicio de alguna lucidez y de que el fortín de la destructora austeridad empieza a resquebrajarse. Pero sin olvidar que no hay enfrentamiento de país contra país, Alemania contra Grecia, por ejemplo, por más que lo pretendan los medios de persuasión (antes informativos). Es un conflicto de clases. Para que la mayoría ciudadana esté mejor, y pueda tener una vida digna, la minoría rica ha de perder bastante y, aún así, le quedará mucho.

Y como telón de fondo del ruido de titulares de negociaciones, acuerdos o desacuerdos del Eurogrupo con el gobierno de Siryza, el posible avance electoral de las fuerzas políticas más radicales en la defensa de los intereses de la clase trabajadora y de la ciudadanía. Cuestión de conflicto de clases. Y como tal ha de ser enfocado.

Austeridad, banca, Alemania y Grecia

Tras un baile de rumores, medias verdades y mentiras enteras sobre lo que ocurría o podía ocurrir entre la Unión Europea y la Grecia de Siryza, el ministro de Finanzas griego Varoufakis presentó al Eurogrupo una propuesta de reformas y decisiones para que su país continúe recibiendo ayuda financiera. Una propuesta, por cierto, que, aún no siendo satisfactoria del todo, no arroja al pueblo griego a los pies de los caballos como hasta ahora. La extensión del préstamo a Grecia durante cuatro meses más incluía la condición de que ésta aportara medidas que convencieran a los prestamistas internacionales, sobre todo a los bancos alemanes, de que no eludiría sus compromisos.

El gobierno de Siryza ha presentado esa lista y, como remarca el economista estadounidense Michel Hudson, está de acuerdo en equilibrar el presupuesto, pero desde otra perspectiva a la habida hasta ahora: en vez de rebajar las pensiones de los trabajadores, recaudará los miles de millones de impuestos atrasados de potentados griegos y desarticulará las trampas de los propietarios de bienes raíces que evaden impuestos. Por ejemplo.

La Unión Europea no ha tenido más remedio que considerar “bastante positiva” la lista de propuestas en la que destaca el plan contra el fraude fiscal, mejorar la recaudación tributaria, reformar la Administración para ahorrar gastos y que sea más eficaz, así como dar facilidades a empresarios deudores del estado griego para poder liquidar sus deudas tributarias o de cotizaciones sociales sin ahogarse. De momento, el gobierno griego acepta no aumentar ahora el salario mínimo, pero no permitirá nada contra las pensiones públicas. Un triunfo incompleto de Grecia sin duda, pero no es la aceptación de la ruina popular como consintió el anterior gobierno con el primer y segundo rescates.

Alemania ha sido la nota discordante al no considerar positiva las propuestas del gobierno griego. Como dice el economista alemán Fabian Lindner, Alemania pretende justificarse con la fábula de que los perezosos trabajadores griegos se aprovechan de los laboriosos alemanes, que han aplicado una responsable austeridad y así han superado la crisis. No es cierto. Olvidan que, más allá de la huera retórica de la austeridad, Alemania ha sobrellevado la crisis por las exportaciones a esos países del sur europeo que mira con tanta desconfianza, pero sobre todo no porque se haya apretado el cinturón, sino por la generosa ayuda gubernamental a empresas y bancos y un considerable paquete de fiscalidad estimulante más los generosos subsidios estatales para conservar los empleos.

No es cuestión de países, como pretenden muchos titulares. Como dice Michel Hudson, “lo que ocurre con Grecia es lucha de clases. No es Alemania contra Grecia, como repiten hasta el tedio los medios informativos, sino una verdadera guerra de los bancos contra el mundo del trabajo”. Y añade que no es cierto que el poder financiero quiera que Grecia equilibre su presupuesto sin más; lo que en verdad busca es que equilibre el presupuesto rebajando salarios y recortando pensiones. Por el contrario, Siryza propone equilibrar el presupuesto, que es necesario, haciendo que los ricos paguen lo que deben. Alemania, mejor dicho su élite económica y financiera, ha impuesto a Europa una estéril austeridad que ha convertido la crisis financiera de la eurozona en crisis vital europea que paga la ciudadanía. Pero no es cuestión nacional, porque el capital no tiene otra patria que la acumulación de beneficios, es que el desde hace tiempo inestable sector financiero se ha convertido en una auténtica fuerza de destrucción masiva, como escribió el Nobel Paul Krugman.

Así las cosas no habrá salida para Grecia, para Portugal, para España ni para Italia en tanto no se afronte el apalancamiento general, la inestabilidad camuflada, la despatrimonialización de la banca europea y la desregulación financiera que otorga patente de corso a la banca. Ya en 2011 el entonces profesor Yanis Varoufakis escribió que “la razón fundamental por la que Europa permitía una crisis de deuda, perfectamente evitable pero que engulliría a los países del sur europeo, era el lamentable estado de los bancos alemanes y la determinación del gobierno alemán de que nada permitiera conocer la precaria situación de esos bancos”. Porque, no nos engañemos, la banca no está tan bien como pretende.

Si estuviera hoy aquí don Quijote, a la vista de tal panorama, parafrasearía: ¡Con la banca hemos topado, amigo Sancho! El gran obstáculo para que Grecia y Europa en general se recuperen.

Pretender que hay recuperación, un insulto para quienes sufren la crisis

Hace unos días, en el Museo Guggenheim de Bilbao, en una reunión de poderosos de la economía nacional e internacional, Mariano Rajoy, presidente del gobierno español y del PP, proclamó la salida de la crisis, la recuperación de España y la vuelta al crecimiento. El anuncio fue jaleado por representantes del FMI, OCDE, Comisión Europea, Eurogrupo y medios de persuasión al servicio del sistema (antes llamados medios informativos).

Sin embargo, contra tan onanista auto complacencia, autobombo y discurso triunfal se alza la tozudez de los hechos, que desmontan incluso los más sofisticados juegos malabares con macro cifras económicas. ¿Por qué ahora el anuncio solemne de esa nunca vista recuperación? Porque habrá cinco elecciones en 2015 en el Reino de España. En Andalucía, municipales, autonómicas, en Catalunya y de diputados. Por eso nos venden esa descarada ficción económica, porque entramos en tiempo electoral. Para quienes se aferran al régimen bipartidista podrido cada vez más antisocial y antidemocrático, tiempo de engaño, de embuste, de exageración, de camuflaje, de disfraz, de manipulación… Pero no de verdad. En ese contexto cabe ubicar la reunión del Guggenheim y sus delirantes conclusiones.

Pero lo cierto es que no hay recuperación. Ni en pintura. Para la mayoría de población lo que hay es menos empleo, más inseguro, de peor calidad y con salarios más bajos. Al inicio de 2009 había 19 millones y medio de empleados y empleadas que cotizaban a la seguridad social y hoy la población activa solo es poco más de 16 millones setecientos mil puestos de trabajo. Sin embargo, aunque la población general se ha reducido apenas ha descendido un millón. Por tanto se ha destruido empleo.

Cuando el PP ganó las elecciones hace tres años, la protección del desempleo era 67%, pero hoy solo es 57%. Y el empleo es más precario, como demuestra que los contratos de jornada completa solo son 8% del total. Eso es un hecho. Aunque tal vez la recuperación la vean las élites en el más de medio millón de desahucios habidos en este país. O quizás esa recuperación sea la expulsión de vecinos de sus viviendas sociales en Madrid porque el ayuntamiento las ha vendido a un fondo buitre. O acaso vean la recuperación en los servicios de urgencias sanitarias hacinados, incluso con pacientes en camas por los pasillos, porque esos servicios han quedado desmantelados tras los abundantes despidos de personal. O en las aulas repletas de niños y niñas y cada vez menos profesores y profesoras. Y sigue la lista.

Aunque tal vez la recuperación sea más visible para la gran patronal en los miles de contratos-basura de la contrarreforma laboral del gobierno. Contratos por los que se trabajan treinta horas semanales por 400 euros mensuales. O consideran recuperación que haya contratados de 24 horas, despedidos y vuelta a contratar días después para ser despedidos de nuevo a las 24 horas… Todo ese trampantojo de precariedad ha generado una nueva categoría social: trabajadores pobres. Personas con empleo que necesitan ayuda para poder comer los últimos días del mes, no pueden poner la calefacción y han de vivir y dormir envueltos en abrigos y mantas. Pobreza energética lo llaman. Esa pobreza, según la Organización Mundial de la Salud, causa 7.000 muertos en invierno en España. Personas por debajo del umbral de la pobreza que, según informa Cáritas, ya son en España más de una quinta parte de población de los que casi tres millones no tienen techo o habitan en viviendas indignas. Además de que esa ciudadanía en riesgo de pobreza no cesa de aumentar. Vivir en riesgo de pobreza es no poder comer proteínas (carne, pollo, pescado) por lo menos cada tres días, no poder tener calefacción en casa, no tener lavadora ni teléfono y no disponer de unos pocos euros para gastos imprevistos, entre otras carencias graves.

Lo ha resumido el profesor José María Mella. En España, hay una caída incesante de salarios, empleo precario generalizado, pobreza desconocida desde hace tiempo, acusada discriminación de la mujer, alta desnutrición infantil, hambre, elevado fracaso escolar, reducción de inversión pública en educación y tasa de paro del 55% en jóvenes de 15 a 29 años. Pero hay aumento incesante de rentas del capital, mientras los salarios se reducen a 400 o 600 euros al mes, hay más de dos millones y medio de parados de larga duración y en 1.800.000 de familias nadie tiene trabajo…

¿Recuperación? ¿Crecimiento? Pretender que existen es insultar a la ciudadanía.

Sovaldi, la voracidad de las farmacéuticas

Al año mueren 350.000 personas en el mundo por hepatitis C. Pero hoy hay un medicamento muy eficaz que cura el 90% de los casos. El Sovaldi. Lo malo es que GILEAD, la empresa farmacéutica que posee la patente, lo vende a un precio obsceno. En España, hay 900.000 afectados de hepatitis C y 10.000 muertos anuales, y el Sovaldi se pretendía vender a 60.000 euros por tratamiento. Como un maldito coche de lujo.
Dentro de lo escandaloso del precio, el problema estalla cuando el Ministerio de Sanidad pretende restringir el acceso al Sovaldi solo a casos muy graves. Por razones económicas y no por criterios médicos. Finalmente GILEAD acordó con Sanidad suministrar Sovaldi por 25.000 € por tratamiento. Aún un precio abusivo y escandaloso a todas luces, sobre todo cuando los costes de producción oscilan de 50 a 100 € por paciente según varios estudios. Se trata de salvar vidas. ¿Cómo aceptar que se especule con oferta y demanda? Esa basura puede aceptarse con artículos de lujo innecesarios, pero no con la vida. GILEAD es una voraz multinacional farmacéutica, creada en un paraíso fiscal, propiedad de grandes fondos de inversión mundiales, con ramificaciones en la banca y transnacionales. Una auténtica cueva de Ali Babá.

Las transnacionales de farmacia pretenden justificarse a menudo con el argumento de que dedican mucho dinero y años a la investigación para producir un nuevo medicamento, y han de cobrar caro para poder continuar investigando. Sería casi hermoso si no fuera un embuste. Vicenç Navarro, que ha trabajado años en sanidad pública de EEUU, afirma con contundencia que “la mayor parte de la investigación para producir un fármaco no la financia la industria farmacéutica, sino los centros de investigación públicos de EEUU. La producción de los principales medicamentos se basa en los resultados de los Institutos Nacionales de la Salud, los prestigiosos centros de investigación sanitaria del gobierno federal. La mayoría de costes de investigación no recaen en la industria farmacéutica, sino en el Estado“. Y añade que muchas empresas farmacéuticas además registran como gastos de investigación los que son de mercadotecnia, relaciones públicas y publicidad. Para hinchar más la factura final.

En España, la Coordinadora contra la privatización de la Sanidad de Madrid asegura que el Sovaldi se desarrolló con fondos públicos. Y el blog La ciencia y sus demonios insiste en ello. Cuando se indaga como se financiaron los estudios de investigación, asegura, se averigua que todos (incluidos los básicos para el Sovaldi y otros antivirales patentados) han sido profusa y generosamente financiados durante más de veinte años por agencias públicas estadounidenses.

¿Por qué, tras financiar con generoso dinero público la investigación básica, se transfiere al sector privado el desarrollo de los medicamentos y los beneficios monetarios? Porque el sector farmacéutico es tal vez uno de los más poderosos y de los más implacables. Y tal vez el más amoral.

El truco indecente de las farmacéuticas es registrar una molécula, una fórmula, como suya, patentarla. Y da igual si esa fórmula es fruto de su investgación, ha sido financiado con recursos y dinero público o la han robado a indígenas (como llevan haciendo hace décadas). Lo que les vale es que este sistema capitalista les reconoce una propiedad intocable.

De la voracidad y amoralidad de la industria farmacéutica hay mucho que hablar. Qué cabe esperar de esa industria lo indica una declaración del consejero delegado de Bayer, Marijn Dekkers, al responder porqué un fármaco de ese laboratorio era muy caro: “En Bayer no desarrollamos un medicamento para los indios, sino para los pacientes occidentales que pueden permitírselo“.

Y el premio Nobel de Química de 2009, Thomas Steitz, denunció hace tiempo que las farmacéuticas no invierten ni un centavo en investigar antibióticos que curen definitivamente, sino en medicamentos que el paciente tenga que tomar toda la vida. “Muchas grandes farmacéuticas han cancelado sus investigaciones de antibióticos -desvelaba- porque curaban a la gente y ellas quieren fármacos que los pacientes deban tomar siempre, no que los curen“.

La industria farmacéutica es uno de los sectores económicos más potentes del mundo. Una lista de las 500 mayores empresas del mundo mostraba hace unos años que los beneficios de las diez mayores farmacéuticas superaban los beneficios de las otras 490 empresas de la lista. De ello y de lo denunciado antes se deduce que son lo más voraz y amoral del actual capitalismo por desposesión. Un adversario al que enfrentarse y con el que hay que tener mucho cuidado.