Sin vida digna para todos, la recuperación es una paparrucha

El gobierno, cómplices, secuaces y aliados entonan incesante el magnificat de la creación de empleo. Y parece que hay más empleo, pero ¿qué empleo? No es oro lo que reluce. No se recupera tanto empleo como se alardea y la mayoría de empleos son precarios, inseguros, de corto vuelo y salario miserable. Por eso ya hay un 15% de asalariados pobres. Y en aumento.

Lo cierto es que demasiada gente soporta una vida difícil. El Instituto Nacional de Empleo (INEM) afirma que hoy hay 3.720.297 personas en paro inscritas en sus listas a la espera de un trabajo, pero no son todos los parados. Y la Encuesta de Población Activa (EPA) dice que los desempleados son 4.574.700. Pero esa tampoco es toda la verdad.

Datos oficiales indican que en España hay 33.385.425 personas en edad laboral, de 16 a 64 años, y personas con empleo, dadas de alta en la Seguridad Social, son poco más de 17 millones. La diferencia son 15 millones, que no son parados, pues hay que restar las personas fuera del mercado laboral por causas diversas. Estudiantes, discapacitados con pensiones reducidas, pre-jubilados a los 60 años o antes… Pero entre todos y algunos más no reducen la resta a cuatro millones y medio, porque los números de la EPA siguen sin ser ciertos.

La encuesta sobre el paro no cuenta quienes no tenían empleo la semana anterior a la consulta ni quienes no lo tienen en las dos semanas siguientes. Ni figura como empleado quien tiene un trabajo que dejará de tener en una semana. Por otra parte, los asalariados parados que hacen cursos de formación profesional no cuentan como desempleados. Ni se cuentan las personas que han desistido de buscar empleo, tras años de no encontrarlo. Una situación que no aparece en las encuestas. Las cifras oficiales de paro en España no responden a la realidad. La gente sin trabajo remunerado es bastante más que la reconocida, porque la EPA no lo cuenta todo.

Que economía y mercado laboral no van tan bien como pretenden lo muestran, por ejemplo, los miles y miles de expedientes de regulación de empleo (ERE) que han afectado a 1.200.000 trabajadores en los cinco años de reforma laboral del PP. El Ministerio de Empleo informó que de 2012 a 2016 se presentaron 90.000 expedientes de regulación de empleo. Expedientes que provocaron 236.000 despidos y algo más de 730.000 suspensiones de contratos. A ese casi millón de afectados cabe añadir 228.000 trabajadores a los que se les redujo la jornada y, por tanto, el salario. Curiosa recuperación.

Es esclarecedor que en 2016 el PIB creciera un 3,2%, pero algo más de 3.600 empresas presentaron unos 4.900 ERE, que supusieron 22.200 despidos, 44.000 suspensiones de contrato y unas 7.600 reducciones de jornada laboral. Más de 70.000 trabajadores afectados, sin contar despidos puros y duros o contratos de semanas, días e incluso horas. Que las cifras económicas oficiales poco o nada tienen que ver con la vida real de la gente se ve en el sector turístico, por ejemplo. El aumento de turistas, del que tanto presume el gobierno, no repercute en la situación real de los trabajadores y trabajadoras. Y sí, han venido más turistas, que han ocupado más plazas hoteleras, pero ese aumento no se ha traducido en más empleos ni ha beneficiado a los trabajadores del sector con mejores salarios. Pues mientras los turistas aumentan un 20% desde 2008 y un 9% lo hacen las plazas hoteleras, los empleos del sector hotelero son casi los mismos de hace ocho años. Solo se ha computado un ridículo 0,63% de aumento de empleo, según la Encuesta de Coyuntura Hotelera del Instituto Nacional de Estadística. El mismo número de trabajadores para atender a muchos más turistas con los mismos salarios o menos. Quienes se recuperan son algunas empresas, no la gente trabajadora.

Las grandes cifras económicas no interesan salvo que supongan una vida mejor para el pueblo trabajador. Una vida digna. Llegar a fin de mes sin agobios; alimentarse bien; poder afrontar gastos imprevistos sin zozobras; mantener el hogar a temperatura adecuada (sin temer un sablazo de electricidad o gas); levantarse por las mañanas sin temer la incertidumbre del día… El colmo sería que la gente asalariada pudiera ahorrar algo. Pero ¿cómo se ahorra con salarios de 700 euros o menos?

Sin vida digna para la gente, lo demás son paparruchas.

Un sistema gangsteril

Un tal Luis de Miguel, ‘cerebro’ financiero de una de las mayores mafias de corrupción en el Reino de España (la trama Gürtel), presumió en el juicio contra los individuos de esa trama de haber logrado que la multinacional Alcampo no pagara impuestos durante 20 años, pese a sus considerables beneficios, gracias a sus planes de elusión. Fraude y elusión fiscales de grandes empresas son norma, no excepción. Suponen mucha menos recaudación para educación, sanidad, atención social; significa menos hospitales, menos escuelas, menos actuaciones sociales, menos apoyo al desempleo, más pobreza, más desigualdad…

No satisfechas con no pagar buena parte de impuestos, grandes empresas españolas consiguieron además considerables ayudas fiscales con el pretexto de su expansión internacional. Pero recién el Tribunal de Justicia Europeo anuló una sentencia favorable a esas empresas, justificando esa reducción fiscal.

Evasión de impuestos, trato fiscal de favor y corrupción van de la mano. La corrupción en España, por ejemplo, cuesta 90.000 millones de euros anuales según la Cámara Nacional de Mercados y Competencia. Casi 48.000 millones de euros perdidos son sobrecostes por ausencia de control del cumplimiento de contratas de administraciones públicas por empresas privadas. Las otras decenas de miles de millones son corrupción pura y dura, la de sobres y maletines bajo mano para pagar comisiones por adjudicar contratas públicas a empresas privadas. Corrupción que no cesa. Cada mes se destapan unos diez casos nuevos y, si en 2010 se arrestó a 389 presuntos corruptos en España, el año pasado fueron más de 2.400 los corruptores o corrompidos detenidos según el ministerio de Interior.

Otra prueba de inequívoca podredumbre del sistema es que aumentan las filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales. ¿Para qué querrán las grandes empresas estar en esos  mal llamadas paraísos si no es para perpetrar tranquilamente el delito de no pagar impuestos? En 2013 y 2014, las filiales de grandes empresas del Ibex 35 en esas cloacas fiscales aumentaron un 10% hasta ser 891, según denuncia Oxfam Intermón en su informe ¿Beneficios para quién?

Para probar que la putrefacción es bastante general se ha sabido hace poco que el Banco de España escondió la morosidad bancaria que crecía al aumentar los créditos por la expansión de la burbuja inmobiliaria. Un Comité Técnico de Coordinación del Banco aleccionó a los inspectores de esta entidad reguladora para que fueran comprensivos y no pretendieran el total cumplimiento de la legalidad en la refinanciación de préstamos hipotecarios, por ejemplo.

Otrosí, en los últimos 15 años el flujo de dinero desde paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro y España no es una excepción. En 2015 el dinero de paraísos fiscales a España aumentó un 27% respecto al año anterior. Sin embargo, que aumente la inversión y beneficios en España por esa vía no ha incrementado los ingresos del Estado. Porque el gobierno determinó que los beneficios de empresas españolas en el extranjero casi no tributen aquí. Esa reducción de recaudación pública por evasión o elusión de impuestos es global. Según varios estudios, entre los que destaca el de Oxfam Intermón, la Unión Europea deja de recaudar cada año por evasión y elusión fiscales cientos de miles de millones de euros. Porque los gobiernos no se proponen de verdad acabar con la lacra del impago de impuestos. En realidad, lo favorecen y ahí están para demostrarlo los acuerdos secretos de algunos gobiernos europeos, como el de Luxemburgo, con  cientos de multinacionales.

No es cuestión baladí, pues en América Latina, por ejemplo, la delincuencia fiscal de grandes empresas cuesta más de 100.000 millones de dólares anuales a los países empobrecidos; esos que desde Occidente con increíble desfachatez denominan ‘países en desarrollo’. La recaudación evadida de gravar capitales (que los ricos latinoamericanos esconden en paraísos fiscales) sería suficiente para que más de 30 millones de latinoamericanos salieran de la pobreza. Por su parte, África pierde 50.000 millones de dólares anuales por movimientos ilegales de capital y con esa  evasión de impuestos, por ejemplo, Chad tardará más de cien años en reducir 2/3 partes la mortalidad infantil en la infancia hasta cinco años, pero lo lograría en 12 si esos impuestos se pagaran cuando y cuanto se debe.

Evasión de impuestos, trato fiscal de favor, favor y ayuda a delincuentes (los que provocaron la crisis), corrupción a mansalva, desposesión de la ciudadanía… Definitivamente éste es un sistema gangsteril. Y hay que enfrentarse a él, problema a problema, delito a delito.

Hay que darle la vuelta al calcetín o nos estrellamos

El gobierno del Partido Popular no cesa en su cansino autobombo de lo bien que lo han hecho, cuanto empleo crean y como el país ha superado la crisis y se ha recuperado con largueza. Nada que ver con la realidad, porque esa pretendida recuperación económica no llega a la gente. No significa una vida mejor para la ciudadanía ni tampoco la reducción de la pobreza ni la disminución de la creciente desigualdad. Al contrario, según el último informe de Oxfam Intermón aumentan desigualdad y pobreza . La presunta recuperación solo alcanza a unos pocos.

La recuperación suele asociarse al crecimiento y la historia reciente está plagada de casos de países con buen crecimiento económico y pauperación progresiva de amplias capas de población. Ahí están los casos paradigmáticos de Brasil o México en el siglo pasado con excentes tasas de crecimiento y cada vez más pobres. Hoy, España es el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad. Por tanto, no hablemos de recuperación en tanto no beneficie a la mayor parte de población. Que no es el caso. Como botón de muestra, en España más de tres millones de pensionistas perciben menos de 600 euros, lo que significa que están en el umbral de la pobreza.

Que haya siete mil nuevos millonarios en este Reino es prueba de recuperación para el Partido Popular. Pero esos nuevos ricos son unas gotas de agua en un vasto océano de más de 46 millones de habitantes entre los que avanza implacable la desigualdad. Es tanta esa desigualdad que, según Oxfam, solo tres personas (Amancio Ortega, su hija y Joan Roig, dueño de Mercadona) suman tanta riqueza como 14 millones de personas que constituyen el tercio de población más pobre del país.

Oxfam explica además que de 2008 a 2014 los salarios más bajos bajaron un 28% más, una de cada cinco personas en edad de trabajar no encuentra empleo y, si lo encuentra, es precario con un salario 9% menos que en 2008. Lo más grave es que este desconsolador panorama para la gente común puede empeorar. Así lo escribe Alejandro Inurrieta quien afirma que 2017 será un mal año para una parte considerable de la población. Pues, a pesar de los ditirambos triunfalistas del gobierno del Partido Popular, no se han abordado los verdaderos problemas del Reino de España: debilidad del tejido productivo, escasa tecnología avanzada en las empresas, políticas económicas caciquiles y de amiguetes, incesante corrupción que resta riqueza a las admistraciones pública, floja demanda interna… El empleo no mejorará este año, los salarios no permitirán vivir con dignidad a gran parte de la población y habrá más familias al borde de la exclusión. Situación agravada con el más que previsible aumento de la inflación, según varios indicadores (como la inestabillidad de los precios del petróleo) que podría ser del 2%, tras tres años de tasas negativas.

España continúa siendo un país de trabajadores mal pagados (que se traduce en floja demanda interior), muchas empresas demasiado pequeñas y poco eficaces y un gobierno al servicio de una minoría. A lo que añadir un sistema fiscal regresivo y nada redistributivo que hace de España uno de los países europeos con menor capacidad para reducir desigualdades. En desigualdad solo nos ganan Letonia, Bulgaria, Estonia y Lituania, los últimos de la fila europea.

Que el actual sistema de impuestos es injusto y regresivo lo demuestra que, aún con desempleo crónico, bajos salarios y precariedad laboral, son las familias quienes aportan la mayor parte de ingresos al Estado: 84% de la recaudación, en tanto que las empresas solo abonan un 13%. Con el agravante de que el gobierno y el partido que lo sostiene no tienen la menor voluntad política de acabar con el agujero de los ingresos del Estado para poder redistribuir la riqueza con algo más de justicia. Sin olvidar que es probable una desaceleración de la actividad económica en 2017 porque turismo y exportaciones serán más flojos por factores externos. Y eso ocurre con una patronal que cree que solo se puede reducir el paro creando “empleo de baja calidad”. Así lo ha dicho sin el menor rubor el presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE, José Luis Feito. De lo que cabe concluir sin temor a errar que con tales empresarios estamos bien apañados en pobreza y desigualdad.

No va a ser facil, ciertamente, pero la situación es tan vulnerable que, si no se le da la vuelta al calcetín, esto no hay quien lo salve.

Gana la banca, pero eso ha de acabar

La banca sigue jugándosela a la gente. En España, una oscura práctica bancaria fue conceder préstamos hipotecarios con las llamadas clausulas suelo. Topes a la reducción de intereses. Es decir, por mucho que bajara el Euribor (tipo diario de interés promedio europeo a aplicar) el interés resultante nunca podría ser inferior al establecido en la cláusula suelo. Si el Euribor indicaba un interés final de 1,8%, pero la cláusula suelo era 3%, el interés sería 3%.

El Tribunal Supremo de España anuló en mayo de 2013 todas esas cláusulas por abusivas, pero no desde 2009, cuando la banca empezó a cobrarlas ilegítimamente. El Supremo reconocía ser justo que los usuarios recuperaran el dinero cobrado por los bancos por las clausulas suelo, pero no desde que empezaron. Para no perjudicar a la banca, se arguyó, con un imprevisto desembolso considerable. Según el Banco de España, la banca debe más de 4.600 millones de euros a quienes pagaron más por las clausulas suelo. Y ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) ha sentenciado que los bancos españoles deben devolver todo el dinero de cláusulas suelo por ser “incompatibles con el Derecho de la Unión Europea” y no solo los importes hasta mayo de 2013 como planteó el Supremo español. El TSJUE recalca que son nulas todas las cláusulas suelo de todas las entidades financieras sin excepción desde 2009. Y han de devolver todo el dinero cobrado de más por esas clausulas.

Pero, como se temía, el gobierno del Partido Popular ha perpetrado un decreto ley para aplicar la sentencia europea que permitirá a los bancos pagar menos de lo que debieran por esas cláusulas indebidamente cobradas. El decreto propone un protocolo de actuación para reclamaciones de afectados, obligatorio para los bancos… salvo que los bancos pueden ignorarlo, si en un mes comunican que no se acogen al protocolo. Ninguna obligación para la banca. Como siempre.

Además, el decreto ley no dice nada de pagar intereses por el dinero cobrado de manera ilegítima en poder de los bancos desde 2009 hacia acá. Ni se sabe tampoco como informarán los bancos a sus clientes de como reclamar ese dinero por la vía no judicial. El decreto dice que hay que informar, pero nada más. Un cartel pequeño poco visible en una pared de una oficina bancaria ya cumple el decreto y la gente sin enterarse. Además, hay bancos, como el Sabadell, que dicen impertérritos que sus cláusulas suelo eran perfectamente legales, pasándose por el arco del triunfo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE. Algunos juristas consideran que los bancos han de devolver el dinero de esas cláusulas ilegítimas sin más, pero los bancos hacen el remolón y quieren dilatar el proceso, alejando el momento de pagar, confiando en que muchos clientes con derecho a devolución se cansen y no reclamen.

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que la creación por el gobierno de un órgano de seguimiento del desarrollo del decreto de cláusulas suelo es una “pantomima que no obliga a los bancos a nada”. Lo cierto es que, una vez más, para el gobierno el interés de la banca prima sobre cualquier otro como ya ocurriera antes con los gobiernos de Aznar, de Zapatero y el anterior de Rajoy. Pero eso ya no extraña cuando sabemos, como han informado algunos medios recientemente, que el Gobierno español durante ocho años ha movido más de 350.000 millones de euros de ayudas públicas, incluidas inyecciones de capital y avales, además de otro tipo de ayudas, para mantener a flote un sistema bancario poco fiable, una banca que da créditos con cuentagotas, no cesa en sus discutibles prácticas y cobra comisiones hasta por respirar, al tiempo que establece y mantiene filiales en los fraudulentos paraísos fiscales más otras actuaciones dignas de toda sospecha.

Una vez más, gana la banca y tenía razón Thomas Jefferson, tercer presidente de los EEUU, cuando afirmaba hace más de dos siglos que “si los pueblos permiten un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos e instituciones que surgirán en torno a los bancos, privarán a la gente de toda posesión, primero por la inflación, después por la recesión, hasta que sus hijos se despertarán sin casa ni techo”.

Puede parecer un descomunal compromiso, una ingente tarea, pero es imprescindible que la ciudadanía plante cara a la banca, al poder financiero. O acabaremos como decía Jefferson.

Eludir el pago de impuestos debe tratarse como delito

Àlex Crivillé, campeón mundial de carreras de motocicleta, asegura en una entrevista que todos los deportistas del mundo del motor “están todos fuera: en Londres, en Suiza, en Andorra, en Mónaco… Es normal. Y el que no lo hace es un burro, así de claro: burro”. Cuando Crivillé dice ‘están fuera’ quiere decir en realidad que pagan impuestos fuera de España. Muchos menos impuestos, por supuesto. Crivillé pretende justificarse asegurando que los impuestos son muy elevados en España. ¿Qué diría de vivir en Suecia, Bélgica, Dinamarca o Italia? El nombre de Crivillé apareció en los Papeles de Panamá por haber cobrado derechos de imagen por una empresa pantalla, esas sociedades conocidas como offshore.

Sin tanta ordinariez al explicarse, las grandes empresas y corporaciones multinacionales practican la misma elusión fiscal que Crivillé pregona y como hacen tantos deportistas de ingresos multimillonarios. O sería más acertado decir que los Crivillé y compañía se escaquean de pagar impuestos como las empresas multinacionales.

En 2014, la multinacional Apple pagó solo la calderilla del 0,001% (cinco milésimas de unidad por ciento) por sus cuantiosos beneficios. Fue así porque declaró sus cuantiosos beneficios en Irlanda, que ofrece una inmoral rebaja fiscal, aunque obtuvo esos beneficios en varios países donde debería haber tributado.

Offshore Shell Games 2016 reveló que Apple registró 215.000 millones de dólares en empresas pantalla, por los que debería haber pagado 65.400 millones en impuestos al fisco de EEUU… si esos beneficios se hubieran declarado en ese país como es lo justo.

Desde multinacionales y corporaciones internacionales pretenden justificarse asegurando que la ‘elusión fiscal’ que perpetran es legal. Aprovechan agujeros legales y la falta de normas de control internacional para apenas pagar impuestos por los beneficios obtenidos. Esa elusión ‘legal’ de impuestos por quienes más ganan es posible por la innegable falta de voluntad política de la mayoría de gobiernos de la Unión Europea.

El mismo Crivillé explica que “recibes asesoramiento para gestionar tu patrimonio. No lo haces tú, te lo hacen los profesionales que te asesoran y dicen cómo lo tienes que hacer”. Evidentemente con trampas y trucos contables. El resultado es pagar mucho menos. Pero abogados y asesores fiscales se van de rositas tras contribuir al multimillonario saqueo de impuestos que nunca llegarán al Estado.

Dejar de pagar impuestos es un delito cuando es evasión pura y dura. Pero eludir impuestos, por más que se pretenda legal, atenta contra el mismo bien jurídico: la recaudación del Estado para atender necesidades y derechos de la ciudadanía. Por tanto, debe ser considerado tan delito como la evasión fiscal. Una mezcla de apropiación indebida y robo. Posible porque la clase política europea gobernante está al servicio de quien está. Tenemos elusión para rato.

¿Por qué en todos estos años de evasión y elusión de impuestos la Unión Europea no ha tomado una sola medida eficaz contra la fuga de impuestos por los paraísos fiscales? Porque no hay voluntad política real. Y es así aunque la misma UE considera que la evasión de impuestos cuesta como poco a sus Estados miembros de 50.000 a 70.000 millones de euros anuales de impuestos perdidos.

Y más que se perderán, porque de 2013 a 2015 se han triplicado los acuerdos fiscales secretos entre multinacionales y gobiernos europeos. Acuerdos ocultos, que permiten hurtar el dinero de impuestos necesario para satisfacer necesidades y derechos ciudadanos, ya son más de 1.400, según la Red Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad). ¿Imaginan cuántos millones de dinero de la ciudadanía, que ésta no disfrutará, suponen esos acuerdos?

En realidad, como ya se ha escrito, los paraísos fiscales, que facilitan la evasión y elusión de impuestos, son el lubricante del sistema capitalista. Hacen posible el robo masivo perpetrado contra la ciudadanía en tiempos de descenso de ganancias. Según Offshore Shell Games 2016, las empresas más ricas del ranking Fortune 500 tienen escondidos en paraísos fiscales casi 2,5 billones de dólares de sus ganancias. Beneficios que no pagan impuestos y así el pueblo es sistemáticamente despojado de sus derechos económicos y sociales por evasión y elusión fiscales.

Va siendo tiempo de llamar a las cosas por su nombre. La evasión de impuestos es un delito, un crimen, y eludir impuestos también ha de ser considerado como tal. Y, por tanto, hay que actuar con decisión y contundencia. Incluidas medidas penales.

Los medios al servicio de la oligarquía

Hace unos años, Ignacio Ramonet escribía que “los medios informativos, en general, aparecen como un problema para la democracia”. Y lo son en tanto no reflejan la veracidad, pluralidad y diversidad de la sociedad. Lo cierto es que los medios presuntamente informativos no informan. Para que la ciudadanía no pueda formar una opinión pública crítica y rigurosa. Y, por eso siembran temor y miedo con sus noticias. Para socavar la esperanza de la gente. Pues sin esperanza no hay resistencia y sin resistencia no se cambia este mundo.

Con la excepción de algunos medios digitales, que informan con honradez, veracidad y rigor, en el Reino de España gran parte de los medios desinforman. Con avalanchas de noticias negativas fuera de contexto y sin exponer jamás sus causas. Ese aluvión de datos y mensajes, que buscan asustar, que no informan, moldea una opinión pública timorata y resignada. Eso pretenden.

Donde se muestra nítida esa función disolvente que perpetran los grandes medios es cuando informan sobre atentados terroristas. Servido con innegable amarillismo y sensacionalismo, jamás analizan causas y contextos de los actos terroristas. Para sugerir a la postre, directamente o de modo camuflado, que para afrontar al terrorismo no hay más remedio que aceptar el recorte de libertades. Llevan quince años insistiendo, desde el atentado de Nueva York.

Pero, si se trata de evitar víctimas, resulta que hay víctimas de diferente categoría y, por lo publicado o emitido, las del terrorismo son las que interesan a los medios de persuasión. Así parece al conocer que, según la estadounidense Coalición Nacional pro Personas sin Techo, con sede en Washington, en Estados Unidos mueren de frío cada año unas 700 personas que viven en la calle. Que no es de extrañar pues, desde el inicio de la llamada crisis, ha habido diez mil desahucios semanales en ese país, lo que significa que miles de personas han sido expulsadas de su hogar y se han quedado en la calle. Y calcula esa Coalición que han muerto de frío desde 2008 más ciudadanos estadounidenses que en todos los ataques terroristas en territorio de Estados Unidos en 20 años, incluido el brutal atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Pero esas víctimas mortales no interesan a los medios del sistema. Y así, el despliegue presuntamente informativo por atentados terroristas muestra las intenciones de los grandes medios presuntamente informativos: amedrentar a la gente para desmovilizarla.

Añadamos a ese amarillismo y ausencia de rigor el mantra reiterado, nunca demostrado, de que la única política económica posible es la de austeridad, recortes sociales, absoluta libertad de capitales, privatización de servicios públicos, moderación salarial e impunidad para agresores del medio ambiente, y ya tenemos el dibujo completo de la degeneración informativa en nuestros días. Más la suma de la banalización y frivolidad informativas para ganar lectores o audiencia usando emociones facilonas y epidérmicas, arrinconando el razonamiento, lejos de nosotros la funesta manía de pensar, que ironizó el poeta.

Sin olvidar que también juegan sucio con las palabras. Ignacio Escolar nos advirtió hace tiempo del uso perverso del lenguaje para el control social y que cualquier manipulación empieza corrompiendo el diccionario. Por eso llaman “gasto” al dinero invertido en guarderías, sanidad o pensiones, pero denominan “inversión” lo gastado en construir autopistas, aunque sean tan inútiles e innecesarias como las radiales de Madrid.

Una de las últimas trampas del lenguaje de los medios al servicio de la oligarquía es el uso de “copago”. Cuando no es “copago” sino “repago”, porque el ciudadano que paga parte de un medicamento ya lo ha pagado con sus impuestos.

Una muestra histórica de corrupción de lenguaje es la perpetrada por Aznar para poder enviar tropas españolas a la guerra de Irak. Según la Constitución española, sólo el Jefe del Estado, autorizado por las Cortes, puede declarar la guerra. Para evitar las Cortes, Aznar utilizó “conflicto armado” para hacer… la guerra a Irak de Sadam Hussein con Bush y Toni Blair sin decirlo claramente.

En resumen, se mire como se mire, con honrosas excepciones, los medios se erigen en peligrosos enemigos de la ciudadanía. Una respuesta y acción de resistencia es utilizar los avances tecnológicos para crear nudos ciudadanos de información veraz y rigurosa, al margen de los medios convencionales. Y denunciarlos. Pero nunca ceder, nunca resignarse.

Contra el creciente neomachismo

Una repugnante vergüenza colectiva permanece enquistada en nuestra civilizada sociedad: malos tratos, tortura y asesinato de mujeres por maridos, compañeros sentimentales, novios o que lo fueron. Año tras año se acumulan docenas de asesinatos de mujeres. Por ser mujeres. Por hombres machistas.

El año 2016 acabó con el asesinato por hombres de tres mujeres en el plazo de dos días en Santiago de Compostela, Vigo y Tarragona, en España. Y 2017 empezó con el asesinato de una mujer de 40 años en Rivas, población de la región de Madrid. En 2016, 54 mujeres fueron asesinadas por hombres. Desde 1978, cuando se empiezan a contabilizar asesinatos de mujeres por maridos, parejas, ex-maridos o ex-parejas, nunca ha habido menos de una cincuentena las mujeres asesinadas; a menudo, más de sesenta anuales. Insoportable. En 2015, 63; en 2014, 56; en 2013, 63; en 2012, 56; en 2011, 68; en 2010, 77; en 2009, 62; en 2008, 73; en 2007, 76; en 2006, 69…

Desde siglos, los varones han castigado a las mujeres con violencia e impunidad. Que el hombre sea violento con la mujer se ha considerado aceptable para mantener el orden en la familia. Confucio, filósofo chino, propuso un programa de espanto para la mujer, siempre obediente al hombre, a sus órdenes, sometidas al padre y hermano mayor, cuando solteras; al marido, cuando casadas, y al hijo mayor, cuando enviudan. En Judea, siglos antes de Cristo, las mujeres adúlteras eran lapidadas públicamente, pero nunca se lapidó a varones adúlteros. En Europa, en la Edad Media, el maltrato físico a la propia mujer estaba legalmente regulado; incluso se permitía matar a la esposa en algunas circunstancias.

Desde 1768, en Inglaterra y Estados Unidos como colonia británica, estaba vigente la Regla del Dedo Pulgar que permitía al marido azotar a la esposa con látigo o vara cuyo diámetro no fuera superior al del dedo pulgar. Y hay una repugnante lista de prácticas y leyes en la Historia que han convertido a la mujer en víctima propiciatoria de los hombres y diana de todo tipo de violencias.

En la civilizada Europa no se empieza a hablar contra los malos tratos a mujeres por hombres hasta 1970. En España no se reconoce oficialmente el muy grave problema de violencia contra las mujeres hasta 1984, al publicar el ministerio del Interior el número de mujeres asesinadas cada año. No es de extrañar, porque hasta 1975, año en el que se reformó el Código Civil, su artículo 57 reconocía la sujección de la mujer casada a su marido y que la mujer debía obedecer al marido, quien tenía el derecho de corregirla. Cuanto mayor sea la discriminación de las mujeres y se vulneren impunemente sus derechos, hay más caldo de cultivo para propiciar la violencia machista y el asesinato de mujeres.

Pero el machismo no cede y ahora surgen los ‘civilizados’ neomachistas, sobre todo en redes sociales, que pretenden deslegitimar la lucha contra la violencia machista. Para ellos, “feminismo” es antónimo de “machismo”, dos excesos negativos. Lo que es una falacia estúpida porque machismo, según la Academia de la Lengua Española, es “la actitud de prepotencia de los varones sobre las mujeres”, en tanto que feminismo es “el movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que los de los hombres”. Movimiento liberador. El colmo neomachista es negar la sangrienta violencia machista y atribuir esos hechos violentos a que “hay hombres y mujeres que sólo actúan por rencor y odio hacia el otro”. Así pretende la equívoca Asociación Europea de Abogados de Familia cuando asegura que la violencia machista no existe, porque la violencia no tiene sexo. Increíble.

A la falsedad de que también muchos hombres son asesinados por mujeres responde el Poder Judicial. El año pasado, ocho hombres fueron muertos por mujeres. Mujeres por hombres: 54. Con la diferencia esencial de que la muerte de esos hombres no es el colofón de una vida de torturas y sevicias como ocurre con la mayoría de mujeres asesinadas.

Otra falsedad del neomachismo rampante es que casi todas las denuncias por violencia machista son falsas. Pero según la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2016, solo fueron falsas ¡un 0,014% del total de denuncias!

Hay que empezar a considerar el neomachismo como un grave peligro a abatir.