El farmacéutico, un sector empresarial digno de toda sospecha

Bayer ha comprado la multinacional Monsanto. Dos gigantes empresariales peligrosos porque no tienen en cuenta la gente, aunque sus productos son esenciales para ella: medicamentos, semillas y alimentos. Bayer será ahora la mayor empresa global farmacéutica, incluidas semillas y pesticidas agrícolas. Por su parte, la farmacéutica multinacional Grifols traslada su sede central a Irlanda. Para eludir impuestos en España, obviamente. Grifols detenta el monopolio de hemoderivados, (medicamentos a partir de sangre humana) y quiere apropiarse de las patentes de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, aunque gran parte de investigación sobre Alzheimer la hayan hecho y hagan profesionales de instituciones públicas españolas, con pacientes públicos del Servicio Nacional de Salud y financiación pública. Últimamente, 100 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones. Una vez más, la rapiña capitalista. Lo público corre con los gastos y lo privado se queda con los beneficios.

La nueva Bayer y el comportamiento de Grifols van como anillo al dedo para hablar del poderoso sector de las farmacéuticas. Tanto que sus beneficios son mayores que los de fabricantes de armamento. El mercado mundial de medicamentos mueve 700.000 millones de euros de los que más de la mitad están controlados por solo media docena de empresas. Además, la lista de 500 mayores empresas del mundo muestra que los beneficios de las 10 mayores farmacéuticas superan los de las otras 490 empresas de la lista sumados. Y es que por cada euro invertido en producir un medicamento, las farmacéuticas ganan 1.000. ¿No es un rendimiento indecente?

Ignacio Ramonet recuerda un informe de la Comisión Europea del pasado julio sobre el sector farmacéutico que muestra como las grandes farmacéuticas juegan sucio para impedir medicinas eficaces y descalifican los medicamentos genéricos mucho más baratos. Las gigantescas masas de dinero de las farmacéuticas les proporcionan una potencia financiera colosal para arruinar con pleitos millonarios a los modestos fabricantes de medicamentos genéricos. Las grandes farmacéuticas son un peligro. John Le Carré mostró con detalle cuan inmorales y desaprensivas son en su novela El Jardinero Fiel.

Que no son trigo limpio lo demuestra que de 2000 a 2003 casi todas las grandes empresas farmacéuticas pasaron por los tribunales de EEUU acusadas de fraudes diversos. Ocho fueron condenadas a pagar más de dos billones de dólares de multa. Y cuatro (Bayer era una de ellas) reconocieron su responsabilidad en actuaciones que arriesgaron la salud y vida de pacientes.

Pero hay más indecencias en el oligopolio farmacéutico. Producir medicamentos que no curan ni aportan nada nuevo es el 75% de la producción del sector. El sector farmacéutico argumenta que esos medicamentos mejoran los tratamientos existentes, pero es falso. De 2000 a 2006 se aprobaron 441 fármacos, pero sólo 44 aportaban alguna mejora. El primer medicamento con estatinas para rebajar el colesterol salió en 1987 y desde entonces se han comercializado cinco versiones del mismo con precios más caros, pero sin aportar mejoras ostensibles.

Según denuncia Gilles Godina, hace tiempo que la gran industria farmacéutica no invierte en investigar nuevos medicamentos. Por ejemplo, no investiga nuevos antibióticos desde 2001, aunque la OMS haya advertido que las infecciones por bacterias resistentes a antibióticos son la segunda causa de muerte en el mundo. El New York Times publicó en marzo de 2014 que, en la India, la menor eficacia de antibióticos ante bacterias resistentes causó más de 60.000 muertes al año de recién nacidos.

De como son las farmacéuticas da fe Thomas Steitz, investigador del Instituto Médico Howard Hughes de Yale y premio Nobel de Química 2009. Seitz denunció en 2011 documentadamente que las empresas farmacéuticas no invierten en investigar antibióticos que puedan curar de una vez: prefieren fabricar medicamentos que sea necesario tomar toda la vida. Y por eso muchas farmacéuticas cancelaron las investigaciones de nuevos antibióticos. Abandonan los antibióticos por ser menos rentables; los medicamentos para enfermedades crónicas, que no curan pero los pacientes han de tomar mientras vivan, son más rentables para las farmacéuticas.

Otra muestra del espíritu de las farmacéuticas la mostró Marijn Dekkers, consejero delegado de Bayer hasta abril de 2016. Aseguró en una entrevista que Bayer no desarrollaba un medicamento concreto pensando en los pacientes de la India: “lo producimos para los pacientes occidentales que pueden pagarlo”. Difícil mayor indecencia.

Toda la inmoralidad de las grandes empresas farmacéuticas, actuaciones económicas irregulares, políticas fraudulentas de precios y conductas anti-sociales, cuando no delictivas, demuestran la necesidad de crear un potente sector farmacéutico público. O, dicho de otro modo, sacar la producción de medicamentos del ámbito privado. Con la salud no se puede jugar.

Eludir o evadir impuestos es un crimen

En España las ventas de Apple van viento en popa, pero esa empresa no paga impuestos por sus beneficios. En 2011, a Apple España le salió la declaración a devolver, aunque las ventas se multiplicaran por catorce, como se comprueba en el Registro Mercantil. El truco es que Apple España compra productos Apple a Apple Irlanda a precios muy altos… y factura en Irlanda el 99% de sus ventas aquí. Apple España apenas tiene beneficios y le salió a devolver lo anticipado por impuesto de sociedades.

El truco es no declarar beneficios reales en España. Ingeniería fiscal y contabilidad imaginativa, dicen, pero en un mundo decente sería un delito de evasión de impuestos. Por otra parte, en Europa han señalado a Apple como elusora de muchos millones en impuestos y la Comisión Europea ha advertido que debe abonarlos por impuestos no pagados.

Resultado de este panorama fiscal es que la Agencia Tributaria de España ha decidido investigar el impuesto de sociedades, IVA y sobre la renta de 2009 a 2012 de la filial española de Apple que gestiona once tiendas propias que venden mucho.

La Agencia Tributaria ha colocado también en el punto de mira las filiales en España de multinacionales tecnológicas. ¿Desvían beneficios a otros países? Por eso investigan a Google Spain que también tiene una sede en Irlanda. ¿Casualidad? No, el impuesto de sociedades ahí es solo 12.5%. Apple y Google son avanzadas en elusión fiscal, en no pagar impuestos debidos con estructuras empresariales retorcidas y complejas. La elusión aún no es delito, como la evasión de impuestos, pero debería serlo.

Elusión posible porque países como Irlanda y Holanda ponen impuestos reducidos como paraísos fiscales que son. La elusión también es posible por agujeros y resquicios legales de los países en sus normas fiscales. Y, por supuesto, por la nula voluntad política al respecto de gobiernos nacionales europeos, gobierno de la UE, Consejo de Ministros de la UE, Ecofin…

De la voluntad política de Consejo de Ministros Europeo da cumplida respuesta su reacción a la formación de una comisión del Parlamento Europeo de 65 diputados para investigar los Papeles de Panamá. Apenas constituida, el Consejo de Ministros de la UE les ha hecho saber que los Estados miembros no colaborarán con esa comisión. ¿Cuál es el interés del Consejo de Ministros europeo en acabar con la elusión y evasión fiscales? Cero.

Como escribe el economista Fernando Luengo, “el margen de maniobra de las corporaciones transnacionales no cesa de aumentar en un contexto institucional que premia el libre movimiento de capitales y la competencia entre países para recibir inversiones”. Incluida la competencia fiscal. En ese oscuro contexto, a los poderosos les es fácil eludir el pago de impuestos.

Eludir y evadir impuestos ampliamente hace buena la definición de capitalismo de Manuel Freytas cuando afirma que “no es más que una empresa de ladrones comunes que niveló un sistema económico, político y social globalmente para legitimar con leyes un robo masivo y planetario del trabajo social y recursos naturales, disfrazado de economía mundial”.

Nada de eso sería posible sin paraísos fiscales. Un enorme volumen de dinero evadido o eludido transita por esas guaridas financieras. Según la OCDE 240.000 millones de dólares anuales. El resultado de la masiva y continua evasión y elusión de impuestos es que las arcas públicas se reducen, los Estados se debilitan y no se atienden los irrenunciables derechos de la gente.

¿Cómo cabe tanta evasión y elusión fiscales? Porque hasta ahora FMI, G7, OCDE, gobiernos nacionales y UE miran a otro lado ante la evasora conducta de las multinacionales y el fraude de los potentados. Con la complicidad de muchos gabinetes de abogados y asesorías fiscales que proporcionan servicios, trucos y trampas para ocultar información y que los ricos y súper-ricos no paguen impuestos o apenas. Con la ayuda de la banca, por supuesto. Billones de dólares no han sido declarados y no han pagado los impuestos que deberían.

Eludir impuestos o evadirlos es criminal porque quiebra de raíz la solidaridad social imprescindible para que los países no se precipiten en el abismo de la injusticia permanente y la gente pueda vivir con un mínimo de dignidad.

Continúa el saqueo

Mariano Rajoy, presidente en funciones en España, fue al G20 y osó denunciar los populismos de izquierda como enemigos del crecimiento y la estabilidad económica. Olvidando ahora que habría mucho que hablar de crecimiento y qué crecimiento, sorprende la desfachatez de quien preside uno de los partidos más corrompidos de Europa. Sin entrar en detalles, recordemos casos de corrupción que los medios bautizan como Púnica, tarjetas black, Gürtel, caso Rato, Papeles de Bárcenas, Bankia…

El Partido Popular (PP)  afronta este inicio de curso varios procesos judiciales con altos cargos del partido como acusados. Seis alcaldes madrileños, presidente de Diputación de León, alto cargo del Gobierno de Murcia, ex-alcalde de Cartagena, casi todos los concejales del ayuntamiento de Valencia… Además está imputado como partido por cobro de dinero negro y presunta financiación ilegal de obras de reforma de su sede nacional.

Eso sí desestabiliza. El remate de corrupción fue designar al ex-ministro Soria (dimitido tras descubrirse su vinculación con paraísos fiscales) candidato a director ejecutivo del Banco Mundial. La presión ciudadana hizo retirar esa candidatura. Escandaloso proponer un posible elusor fiscal para el Banco Mundial, uno de cuyos objetivos es combatir la pobreza. Y en la otra cara de la moneda, la austeridad. Manuel Lago analiza con datos oficiales los recortes de gasto público perpetrados de 2009 a 2015. Algunas partidas aumentaron casi 48.000 millones de euros, pero se recortaron casi 80.000 millones de euros en políticas sociales.

Creció el gasto en pensiones, pero por el desbocado aumento de jubilaciones anticipadas. La crisis económica fue perfecta excusa para que muchos empresarios prejubilaran en masa a sus empleados veteranos… para sustituirlos por trabajadores con salarios más bajos y peores condiciones laborales. Pero las empresas no pagaron esas prejubilaciones rentables para sus capitalistas propietarios. Pagó el Estado. Y así aumentó la partida de pensiones, pero no mejoraron los pensionistas. Al contrario, las reformas perpetradas por el PSOE de Zapatero y el PP de Rajoy empobrecen a pensionistas actuales y futuros. Otro gasto que crece es el pago de intereses de deuda pública. Del 52 % al 99% del PIB. También aumentaron las ayudas públicas a empresas de energía que crecieron un 469 %. Sí, 469%.

Pero recortaron gasto público sin tapujos en transporte, desempleo, vivienda, educación, salud, familia e infancia, apoyo al sector primario y servicios culturales. En lo que beneficia a la gente común se rebajaron casi ochenta mil millones. Menos y peores servicios de educación, becas, sanidad, ayuda al desempleo… Recortes que violan los derechos de la gente común, pero benefician a grandes empresas (energía, banca, enseñanza privada, empresas privadas sanitarias…)

El resultado de recortes y bajos salarios es más pobreza laboral. Según el INE casi 15% de trabajadores está en el umbral de la pobreza. Mientras el Gobierno del PP cacarea que la economía crece y crea empleo, la tercera parte de la ciudadanía sufre la peor época de su vida. Los parados de larga duración, quienes buscan empleo desde hace tres años o más, aumentan año tras año y el 45% de desempleados no recibe ayuda alguna por estar en paro. Así lo quiere el gobierno del PP que rebajó 15% la ayuda a parados en los presupuestos de 2015, por ejemplo. ¿Sorprende entonces que 700.000 familias en paro no reciban ninguna ayuda pública?

Ha vuelto el hambre a esta España que gobierna el PP. En Barcelona, Caritas ha abierto siete nuevos centros para distribuir alimentos que se suman a las docenas de iglesias que reparten comida. La ayuda de Caritas, Cruz Roja y bancos de alimentos más la familiar evitan una vergonzosa hecatombe social.

Este escrito se titula ‘el saqueo continúa’ porque, insatisfecho con los recortes perpetrados, el gobierno del PP insta a cerrar empresas municipales de servicios públicos a pesar de no tener déficit sino superávit (0,5% de media). Quieren privatizarlas para convertirlas en negocios privados. No olviden que un alto dirigente del PP reconoció hace tiempo (y está publicado) que estaba en política ‘para forrarse’. Por no olvidar tampoco que el rescate bancario fue indecentemente costoso para la ciudadanía y, para compensar, recortaron educación, sanidad, ayuda al desempleo, cultura, ciencia…

Y siguen los recortes. Lamentablemente, no solo en España. El capitalismo neoliberal, que tan ferozmente encarnan corporaciones, grandes empresas, banca, mercados de capitales y tratados bilaterales de inversión, recorta, privatiza, vacía la democracia y saquea el mundo de América a Australia, desvalijando de paso Europa, África y Asia. O los frenamos o acaban con nosotros.

Contra el tratado comercial llamado CETA de la Unión Europea con Canadá

Los tratados bilaterales de comercio e inversión se convierten en nuestros días en verdadera amenaza para la democracia y la consecución de un mínimo de justicia. Ahora hay que enfrentarse al CETA, el tratado bilateral firmado por la Unión Europea y Canadá, un país que suele caer simpático, con nueve millones de habitantes menos que España pero una superficie veinte veces mayor. Y tan capitalista como su vecino EEUU.

Ese CETA está pendiente de ser ratificado (o no) por el Parlamento Europeo. Y es preciso que el Parlamento Europeo no ratifique el tratado y lo convierta en papel mojado y, por supuesto, que no se firme el otro tartado bilateral, el TTIP, de la UE con EEUU.

El movimiento ciudadano europeo no se fía de que no se firme el TTIP como ha dicho el ministro alemán de economía y promete un otoño caliente y agitado para presionar más. Para que la minoría político-económica que mangonea Europa no ose ratificar el CETA y tampoco firme el TTIP. Es posible. En 1998, una intensa movilización ciudadana envío al baúl de los trastos el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI). Como hoy CETA y TTIP, el AMI era un tratado pretendía ser el paraguas de las inversiones extranjeras con muchos derechos para las empresas y apenas deberes. Hoy es un recuerdo. Se pueden derribar CETA y TTIP como se frenó el AMI.

Ahora el pueblo trabajador ha de oponerse al CETA frontalmente porque, de entrar en vigor, grandes explotaciones agropecuarias expulsarían las granjas familiares y explotaciones agrícolas medianas que hoy abundan en Europa. Canadá perdió más de 160.000 explotaciones agrarias familiares por su acuerdo comercial con Estados Unidos. Europa las perdería por millones.

Además, la historia reciente nos muestra que esos tratados arriesgan la seguridad alimentaria al armonizar normas, porque armonizar siempre es a la baja y para mal. En plata, el CETA reduciría la seguridad de los alimentos que vengan de Canadá a la Unión Europea. El CETA reduciría al mínimo las normas protectoras de alimentación segura y sana porque el CETA haría aceptar alimentos vegetales con pesticidas. La Comisión Europea prohibió insecticidas químicos con neonicotinoides (vinculados a la muerte de millones de abejas en el mundo, muy peligrosa para la humanidad), pero Canadá no. Además, las normas canadienses permiten que la carne de vaca y pollo se lave con agua con cloro, práctica prohibida en la UE. En Canadá se permite la ractopamina, fármaco que estimula el crecimiento del ganado y se inyecta a bueyes, cerdos y pavos. Esa droga está prohibida en 160 países (incluida la UE) por su peligroso impacto en la salud humana. Y una larga lista de agresiones similares a la salud. Es obvio que se ‘armonizaría’ a la baja y la salud de los europeos estaría mucho más amenazada.

Además, Canadá es uno de los tres grandes productores del mundo de alimentos genéticamente transformados y ni siquiera obliga a identificar esos alimentos transgénicos. Si se ratificara el CETA sería realidad el objetivo del Centro Canadiense de Políticas Alternativas: “Presionar para debilitar las normas de seguridad alimentaria de la UE.” Más claro, agua cristalina. En resumen, el CETA significaría que a la UE llegarían cuanto menos aceite de colza, maíz, soja, manzanas y remolachas canadienses genéticamente modificados. Además de salmón genéticamente modificado. Es necesario oponerse al CETA porque las normas de alimentos transgénicos, pesticidas, colorantes, pollo lavado con cloro y carne con hormonas de Canadá son peligrosas para la salud humana y la armonización las impondría en Europa. Los europeos deben saber que disminuiría la seguridad de los alimentos e incluso desaparecería en muchos casos, de ratificarse el CETA.

Una vez más queda patente que este sistema socio-económico que llamamos capitalismo, predador, explotador, saqueador, insostenible, por ende suicida (porque acaba los  recursos y se carga la  única Tierra que tenemos y, por tanto, además estúpido) ha de ser  sustituido. Sus motores, crecimiento y beneficios exponenciales, nos llevan al desastre. Por eso es imprescindible sustituir esos destructores principios por los de satisfacer necesidades, respetar derechos, cooperar y colaborar, además de preservar la naturaleza y salvar la Tierra. Es necesario y así otro mundo será posible.

No es cierto que salgamos de la crisis

En la pasada campaña electoral, PP y sus voceros pregonaron haber gobernado bien, que el paro disminuía gracias a sus ‘reformas’ y la economía iba viento en popa. Pero otra es la cruda realidad. Tal vez el PP y la ciudadanía vivan en dimensiones diferentes y no ven ni viven lo mismo.

Hace un año, Fernando Luengo nos recordaba, contra el coro laudatorio de economistas neoliberales, que no salíamos de la crisis. Aunque el producto interior bruto aumentara en 2014 un 1,4% y previsiones próximas apuntaran algún crecimiento. Pero endeble, ridículo. Aunque lo más importante, recordaba Luengo, es que la economía tal vez se movía (o arrastraba), pero la mayoría de población no se enteraba, no se recuperaba. El desempleo mantenía cotas históricas, casi todos los nuevos contratos son precarios y los salarios, bajos, muy bajos. Y nada ha cambiado para bien.

Es la trampa de las cifras macro-económicas, que poco tienen que ver con la realidad. Y ésta, implacable, muestra que la mayor parte de salarios se han estancado o disminuyen. Además de aparecer (y aumentar) los trabajadores pobres: los que no salen de la pobreza con empleo. Si se le puede llamar empleo. La precarización del empleo atribuible al PP ha provocado pobreza laboral generalizada. Según el Instituto Nacional de Estadística, algo más del 14% de trabajadores con empleo no superan el umbral de la pobreza. ¡Muy fuerte!

Las cifras de pobreza y desigualdad muestran que la presunta recuperación no llega a la gente. Porque la innegable realidad es que la crisis ha sido una ofensiva en toda regla de la minoría que detenta el poder económico contra la población. La ha empobrecido y privado de derechos esenciales, en exclusivo beneficio de las llamadas élites. El resto, música ambiental.

¿Qué ocurrió con los tres millones de empleos que el PP prometió? Agua de borrajas. Pero durante su gobierno sí se ha destruido el equivalente a 900.000 empleos, como documenta Enrique Negueruela. La Encuesta de Población Activa (EPA) oficial muestra que no hay recuperación real, como prueba que hoy se trabajen ¡33 millones de horas menos! La reforma laboral del PP ha destruido el equivalente a esos citados cientos de miles de puestos de trabajo a tiempo completo. Como demuestran esos millones de horas trabajadas menos. Además de que dos millones y medio de ocupados están subempleados en puestos de menor cualificación que la que poseen (cobrando menos, claro) o muchas menos horas de las necesarias para obtener un salario decente.

El paro bajó en mayo pasado casi 120.000 personas, dicen, pero fue la típica bajada primaveral, no por acción gubernamental alguna que fortalezca la economía productiva. Además de que los contratos indefinidos a jornada completa de los nuevos empleados no llegan a un ridículo 5%. Mientras el 92% (casi todos) son eventuales, temporales, precarios. Si eso es reducir el paro…

Y con tanto desempleado es vital saber qué ayudas reciben los parados, pues han de vivir. Y la cobertura a parados solo atiende al 53% de gentes sin trabajo. Es decir, un 47% de parados (casi la mitad) no recibe ayuda alguna.

Además de que son menos los desempleados que cobran prestación, menor es la que reciben, como documenta CCOO. En España hay casi dos millones de personas en paro excluidas del sistema de protección por desempleo (SEPE), según ese servicio, pero la EPA asegura que los desempleados sin ayuda son casi cuatro millones. El doble. Mucha gente. Los desempleados con subsidio apenas son la mitad de parados y las ayudas continúan bajando. El gasto para protección al desempleo en mayo bajó 10% respecto a 2015… y algo más del 40% respecto a 2012. Pero el paro de muy larga duración aumenta; según la EPA, ya es el 43%…

No hay motivo de alegría para la gente trabajadora ni esperanza de mejora en tiempo breve. La recuperación es una falacia. ¿Cuándo dejarán de mentir? Además de que lo que perpetra esta gente del PP va contra los principios y derechos propios de una sociedad civilizada y justa. Principios indiscutibles o reina la barbarie.

Principios como que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Que todo individuo tiene derecho a la vida. Y, para asegurar ese derecho a la vida, tiene derecho a la seguridad social y satisfacer sus derechos económicos. Por lo que toda persona tiene derecho a la protección contra el desempleo.

¿Qué parte de esos derechos no entienden esos neoliberales?

Hoy, Roma sí paga a los traidores

Viriato fue un caudillo lusitano que venció a las legiones de Roma en Iberia (lo que hoy es España y Portugal) una y otra vez hace más de dos mil años. Para acabar con Viriato, en 138 antes de Cristo, los jefes romanos sobornaron a tres lugartenientes del caudillo lusitano para que lo asesinaran. Lo apuñalaron mientras dormía y luego fueron al campamento romano a cobrar la recompensa por su crimen. Pero el cónsul Quinto Servilio se la negó, arguyendo que “Roma no paga a traidores”.

Pero sí los paga. Y bien, por cierto. En nuestros días. No Roma, precisamente, sino quien tiene el poder. Quien tiene el dinero.

Ésta es crónica breve de una desvergüenza impune en la Unión Europea. Los medios la llaman ‘puertas giratorias’. Los enjuagues oscuros y pasteleos de ida y vuelta entre cargos públicos, grandes empresas privadasy corporaciones. Es traición porque se olvida la lealtad debida al pueblo trabajador. La que han de tener sí o sí los mandatarios políticos con la ciudadanía que representan. ¿O acaso los intereses de las grandes empresas, corporaciones y sector financiero, que esos mandatarios maquinadores defienden con ardor en la Unión, son los de la gente común?

Ni en sueños.

He aquí un breve recuerdo de que Roma sí paga a los traidores. Por ejemplo, el ex-ministro de Economía, Rodrigo Rato (escándalos de Bankia aparte) fue nombrado consejero asesor de Telefónica para Europa y América Latina. El mismo Rato que privatizó Telefónica, por cierto. Y dos ex-presidentes del Gobierno (presuntamente de signo contrario), Felipe González (PSOE) y Aznar (PP), fueron fichados por grandes empresas tras dejar de ser presidentes. González por Gas Natural (empresa que había privatizado en los noventa) y Aznar como asesor externo de Endesa, empresa que casualmente acabó de privatizar. Casualidades con sinecuras anuales de seis cifras.

Luis Croissier, ministro de Industria, unió a finales de los ochenta todas las empresas públicas petroleras bajo la marca Repsol y preparó el camino para privatizarla. En 2007, fue nombrado consejero del Repsol privado. Pero más ex-ministros han sido consejeros o asesores de grandes empresas españolas. Abel Matutes (Banco Santander), Marcelino Oreja (FCC), Ana Palacio (HC Energía), Josep Piqué (Vueling), Eduardo Serra (Everios), Elena Salgado (Endesa), Jordi Sevilla (PwC), Javier Solana (Acciona)… Suma y sigue.

Y en la Unión Europea, tres cuartos de lo mismo. Hace poco, la siempre equívoca banca de inversión Goldman Sachs contrató al ex presidente de la Comisión de la UE, José Manuel Barroso, como consejero y presidente de su negocio internacional. Sven Giegold, ponente en el Parlamento Europeo del informe “Transparencia, rendición de cuentas e integridad en la UE “, ha denunciado que “las vergonzosas puertas giratorias entre política y negocios siembran muchas dudas sobre el gobierno de Europa. La contratación de Barroso perjudica la reputación de la Comisión Europea”. ¿Puertas giratorias? Más bien autopistas siempre abiertas. ¿Dudas? Certeza de al servicio de quien están los actuales mandatarios europeos. Por cierto, Barroso cobrará buena pasta de Goldman… y recibirá una pensión de 18.000 euros mensuales de la UE.

Pero en la vieja Europa hay más desertores de la lealtad pública, como recuerda Moha Gerehou. Empezaron en el ámbito público y pasaron al privado. O al revés. Todo sea por la pasta. El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, antes fue alto ejecutivo de Goldman Sachs en Europa. La misma Goldman Sachs que maquilló y ocultó las cifras reales de la economía griega para que Grecia ingresara en la eurozona. Mario Monti, ex-primer ministro de Italia, es hoy asesor internacional de Goldman y con Draghi y otros, ‘asesoraron’ a Grecia cuando falseó sus cuentas para la UE. Romano Prodi, ex-primer ministro de Italia, presidió la Comisión Europea de 1999 a 2004 y también fue cargo importante en Goldman. Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, trabajó muchos años para esa banca. Y Otmar Issing, miembro del Bundesbank y del Consejo del Banco Central Europeo, es consejero internacional del repetido Goldman. Sin olvidar a Huw Pill quien, tras diez años en las oficinas del Banco Central Europeo, fichó por Goldman como economista jefe europeo… ¿Quién da más?

A esa caterva de mandatarios europeos, que tanto llevan ésta como aquella camiseta, ¿les sonarán las palabras ética, decencia? Habrá que fajarse para una larga lucha por otra Europa en la que no esté esa gente ni parecida. Porque otra Europa es posible.

Pensiones públicas, un derecho indiscutible

En España, las élites quieren tomar al asalto las pensiones públicas. Mucho dinero que consideran ha de ser suyo. Y, con la excusa de ser sostenibles, deterioran el sistema, descapitalizan la seguridad social y saquean el Fondo de Reserva de las pensiones públicas. Por eso el gobierno de Rajoy mete mano a ese Fondo. Otra vez. Casi 9.000 millones de euros.

Creado en 2000 para situaciones extraordinarias y poder pagar las pensiones, el Fondo tenía 67.000 millones de euros en 2011. Pero Rajoy ya ha metido mano tres veces, quitando más de 41.000 millones de euros. Esta vez a hurtadillas, para que no se hablara en campaña electoral.

Por su parte, los economistas de guardia del régimen monárquico del 78 (hasta hace poco bipartidista), proclaman que la Seguridad Social pierde cotizantes (por paro, bajos salarios y menor recaudación), el Fondo de Reserva estará vacío en 2018 y pregonan que las pensiones públicas no son ‘sostenibles’. Según el Pacto de Toledo las cotizaciones sociales han de financiar las pensiones públicas y ya no alcanzan -dicen. Pero ¿por qué han de financiarse las pensiones con cotizaciones? Hablamos de derechos. Y, para atender derechos, el Estado establece impuestos que recauda. Lo del Pacto de Toledo estuvo bien, pero en pleno saqueo neoliberal, los derechos de la gente han de estar por encima de todo. No caer en la trampa de la sostenibilidad y dejar de rasgarse las vestiduras porque las cotizaciones disminuyen. Hay impuestos. Fraude fiscal a combatir, por ejemplo, y elusión fiscal de grandes empresas a eliminar.

¿No son sostenibles las pensiones públicas españolas? Según Eurostat, son de las más baratas de Europa. El gasto español en pensiones públicas fue en 2010 (último dato disponible) de 1.862 euros por habitante, cuando la media europea fue 2.769 euros por ciudadano, 3.295 en Italia, en Alemania 3.421 euros y 3.658 en Francia. Solo alcanzando la media europea de gasto, las pensiones públicas serían como rocas.

Pero no hay esa voluntad política y en 2013, el gobierno del PP encargó a un Comité de Expertos en Pensiones un informe sobre esperanza de vida y pensiones públicas. Los presuntos ‘expertos’ sentenciaron que las pensiones públicas eran insostenibles. Y propusieron reducir su cuantía y que la gente se jubile más tarde. Según Vicenç Navarro, las propuestas de ese Comité fueron las más brutales de la Unión Europea en recortes de pensiones públicas.

Partiendo de esos nada fiables ‘expertos’, el gobierno del PP urde un nuevo modelo de pensiones públicas para 2019. Aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años, desvincular el aumento de las pensiones del IPC, ligarlo a la marcha de la economía y calcular la pensión según esperanza de vida. Más esperanza de vida, menos pensión. El problema parece ser, según los ‘expertos’, que hoy la gente vive más. Habrá que retroceder a la Edad Media…

Pero indigna tanta invocación a la muy sospechosa sostenibilidad. Porque la única que interesa de verdad es la de la Tierra, de la naturaleza y uso de recursos, porque la de las pensiones, por ejemplo, solo es pretexto que maquilla la indecente codicia de unos pocos. ¿Alguien cuestionaría en serio si la Guardia Civil es sostenible? Las pensiones públicas no son cuestión económica sino de derechos. ¡Derechos! Pues, de no ser así, apaga y vámonos porque esto es una farsa repugnante. Las personas tienen derecho a llevar una vida digna, y las pensiones públicas han de asegurarla. Una realidad lejana para más de la mitad de pensionistas en España (casi 5 millones), que viven bajo el umbral de la pobreza.

Hasta el saqueo neoliberal con la excusa de la crisis, las pensiones públicas no fueron problema, pero ahora salen con el espantajo de la sostenibilidad porque hay negocio para la minoría rica. Pero los derechos de la gente han de ir por delante. Sí o sí. Si las cotizaciones no alcanzan, las pensiones se financian con impuestos justos, progresivos y suficientes. Que el Estado puede.

Estos neoliberales siempre recortan el gasto y no se proponen aumentar ingresos, porque es lo que conviene a sus ‘señoritos’. No son de fiar. No les crean una palabra. Casi todos vinculados a la banca y a empresas de seguros, que, casualmente, obtendrían beneficios cuantiosos si las pensiones públicas se fueran al garete y la gente común se viera forzada a suscribir pensiones privadas.

No es cuestión de sostenibilidad sino de derechos.