No es cierto que salgamos de la crisis

En la pasada campaña electoral, PP y sus voceros pregonaron haber gobernado bien, que el paro disminuía gracias a sus ‘reformas’ y la economía iba viento en popa. Pero otra es la cruda realidad. Tal vez el PP y la ciudadanía vivan en dimensiones diferentes y no ven ni viven lo mismo.

Hace un año, Fernando Luengo nos recordaba, contra el coro laudatorio de economistas neoliberales, que no salíamos de la crisis. Aunque el producto interior bruto aumentara en 2014 un 1,4% y previsiones próximas apuntaran algún crecimiento. Pero endeble, ridículo. Aunque lo más importante, recordaba Luengo, es que la economía tal vez se movía (o arrastraba), pero la mayoría de población no se enteraba, no se recuperaba. El desempleo mantenía cotas históricas, casi todos los nuevos contratos son precarios y los salarios, bajos, muy bajos. Y nada ha cambiado para bien.

Es la trampa de las cifras macro-económicas, que poco tienen que ver con la realidad. Y ésta, implacable, muestra que la mayor parte de salarios se han estancado o disminuyen. Además de aparecer (y aumentar) los trabajadores pobres: los que no salen de la pobreza con empleo. Si se le puede llamar empleo. La precarización del empleo atribuible al PP ha provocado pobreza laboral generalizada. Según el Instituto Nacional de Estadística, algo más del 14% de trabajadores con empleo no superan el umbral de la pobreza. ¡Muy fuerte!

Las cifras de pobreza y desigualdad muestran que la presunta recuperación no llega a la gente. Porque la innegable realidad es que la crisis ha sido una ofensiva en toda regla de la minoría que detenta el poder económico contra la población. La ha empobrecido y privado de derechos esenciales, en exclusivo beneficio de las llamadas élites. El resto, música ambiental.

¿Qué ocurrió con los tres millones de empleos que el PP prometió? Agua de borrajas. Pero durante su gobierno sí se ha destruido el equivalente a 900.000 empleos, como documenta Enrique Negueruela. La Encuesta de Población Activa (EPA) oficial muestra que no hay recuperación real, como prueba que hoy se trabajen ¡33 millones de horas menos! La reforma laboral del PP ha destruido el equivalente a esos citados cientos de miles de puestos de trabajo a tiempo completo. Como demuestran esos millones de horas trabajadas menos. Además de que dos millones y medio de ocupados están subempleados en puestos de menor cualificación que la que poseen (cobrando menos, claro) o muchas menos horas de las necesarias para obtener un salario decente.

El paro bajó en mayo pasado casi 120.000 personas, dicen, pero fue la típica bajada primaveral, no por acción gubernamental alguna que fortalezca la economía productiva. Además de que los contratos indefinidos a jornada completa de los nuevos empleados no llegan a un ridículo 5%. Mientras el 92% (casi todos) son eventuales, temporales, precarios. Si eso es reducir el paro…

Y con tanto desempleado es vital saber qué ayudas reciben los parados, pues han de vivir. Y la cobertura a parados solo atiende al 53% de gentes sin trabajo. Es decir, un 47% de parados (casi la mitad) no recibe ayuda alguna.

Además de que son menos los desempleados que cobran prestación, menor es la que reciben, como documenta CCOO. En España hay casi dos millones de personas en paro excluidas del sistema de protección por desempleo (SEPE), según ese servicio, pero la EPA asegura que los desempleados sin ayuda son casi cuatro millones. El doble. Mucha gente. Los desempleados con subsidio apenas son la mitad de parados y las ayudas continúan bajando. El gasto para protección al desempleo en mayo bajó 10% respecto a 2015… y algo más del 40% respecto a 2012. Pero el paro de muy larga duración aumenta; según la EPA, ya es el 43%…

No hay motivo de alegría para la gente trabajadora ni esperanza de mejora en tiempo breve. La recuperación es una falacia. ¿Cuándo dejarán de mentir? Además de que lo que perpetra esta gente del PP va contra los principios y derechos propios de una sociedad civilizada y justa. Principios indiscutibles o reina la barbarie.

Principios como que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Que todo individuo tiene derecho a la vida. Y, para asegurar ese derecho a la vida, tiene derecho a la seguridad social y satisfacer sus derechos económicos. Por lo que toda persona tiene derecho a la protección contra el desempleo.

¿Qué parte de esos derechos no entienden esos neoliberales?

Hoy, Roma sí paga a los traidores

Viriato fue un caudillo lusitano que venció a las legiones de Roma en Iberia (lo que hoy es España y Portugal) una y otra vez hace más de dos mil años. Para acabar con Viriato, en 138 antes de Cristo, los jefes romanos sobornaron a tres lugartenientes del caudillo lusitano para que lo asesinaran. Lo apuñalaron mientras dormía y luego fueron al campamento romano a cobrar la recompensa por su crimen. Pero el cónsul Quinto Servilio se la negó, arguyendo que “Roma no paga a traidores”.

Pero sí los paga. Y bien, por cierto. En nuestros días. No Roma, precisamente, sino quien tiene el poder. Quien tiene el dinero.

Ésta es crónica breve de una desvergüenza impune en la Unión Europea. Los medios la llaman ‘puertas giratorias’. Los enjuagues oscuros y pasteleos de ida y vuelta entre cargos públicos, grandes empresas privadasy corporaciones. Es traición porque se olvida la lealtad debida al pueblo trabajador. La que han de tener sí o sí los mandatarios políticos con la ciudadanía que representan. ¿O acaso los intereses de las grandes empresas, corporaciones y sector financiero, que esos mandatarios maquinadores defienden con ardor en la Unión, son los de la gente común?

Ni en sueños.

He aquí un breve recuerdo de que Roma sí paga a los traidores. Por ejemplo, el ex-ministro de Economía, Rodrigo Rato (escándalos de Bankia aparte) fue nombrado consejero asesor de Telefónica para Europa y América Latina. El mismo Rato que privatizó Telefónica, por cierto. Y dos ex-presidentes del Gobierno (presuntamente de signo contrario), Felipe González (PSOE) y Aznar (PP), fueron fichados por grandes empresas tras dejar de ser presidentes. González por Gas Natural (empresa que había privatizado en los noventa) y Aznar como asesor externo de Endesa, empresa que casualmente acabó de privatizar. Casualidades con sinecuras anuales de seis cifras.

Luis Croissier, ministro de Industria, unió a finales de los ochenta todas las empresas públicas petroleras bajo la marca Repsol y preparó el camino para privatizarla. En 2007, fue nombrado consejero del Repsol privado. Pero más ex-ministros han sido consejeros o asesores de grandes empresas españolas. Abel Matutes (Banco Santander), Marcelino Oreja (FCC), Ana Palacio (HC Energía), Josep Piqué (Vueling), Eduardo Serra (Everios), Elena Salgado (Endesa), Jordi Sevilla (PwC), Javier Solana (Acciona)… Suma y sigue.

Y en la Unión Europea, tres cuartos de lo mismo. Hace poco, la siempre equívoca banca de inversión Goldman Sachs contrató al ex presidente de la Comisión de la UE, José Manuel Barroso, como consejero y presidente de su negocio internacional. Sven Giegold, ponente en el Parlamento Europeo del informe “Transparencia, rendición de cuentas e integridad en la UE “, ha denunciado que “las vergonzosas puertas giratorias entre política y negocios siembran muchas dudas sobre el gobierno de Europa. La contratación de Barroso perjudica la reputación de la Comisión Europea”. ¿Puertas giratorias? Más bien autopistas siempre abiertas. ¿Dudas? Certeza de al servicio de quien están los actuales mandatarios europeos. Por cierto, Barroso cobrará buena pasta de Goldman… y recibirá una pensión de 18.000 euros mensuales de la UE.

Pero en la vieja Europa hay más desertores de la lealtad pública, como recuerda Moha Gerehou. Empezaron en el ámbito público y pasaron al privado. O al revés. Todo sea por la pasta. El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, antes fue alto ejecutivo de Goldman Sachs en Europa. La misma Goldman Sachs que maquilló y ocultó las cifras reales de la economía griega para que Grecia ingresara en la eurozona. Mario Monti, ex-primer ministro de Italia, es hoy asesor internacional de Goldman y con Draghi y otros, ‘asesoraron’ a Grecia cuando falseó sus cuentas para la UE. Romano Prodi, ex-primer ministro de Italia, presidió la Comisión Europea de 1999 a 2004 y también fue cargo importante en Goldman. Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, trabajó muchos años para esa banca. Y Otmar Issing, miembro del Bundesbank y del Consejo del Banco Central Europeo, es consejero internacional del repetido Goldman. Sin olvidar a Huw Pill quien, tras diez años en las oficinas del Banco Central Europeo, fichó por Goldman como economista jefe europeo… ¿Quién da más?

A esa caterva de mandatarios europeos, que tanto llevan ésta como aquella camiseta, ¿les sonarán las palabras ética, decencia? Habrá que fajarse para una larga lucha por otra Europa en la que no esté esa gente ni parecida. Porque otra Europa es posible.

Pensiones públicas, un derecho indiscutible

En España, las élites quieren tomar al asalto las pensiones públicas. Mucho dinero que consideran ha de ser suyo. Y, con la excusa de ser sostenibles, deterioran el sistema, descapitalizan la seguridad social y saquean el Fondo de Reserva de las pensiones públicas. Por eso el gobierno de Rajoy mete mano a ese Fondo. Otra vez. Casi 9.000 millones de euros.

Creado en 2000 para situaciones extraordinarias y poder pagar las pensiones, el Fondo tenía 67.000 millones de euros en 2011. Pero Rajoy ya ha metido mano tres veces, quitando más de 41.000 millones de euros. Esta vez a hurtadillas, para que no se hablara en campaña electoral.

Por su parte, los economistas de guardia del régimen monárquico del 78 (hasta hace poco bipartidista), proclaman que la Seguridad Social pierde cotizantes (por paro, bajos salarios y menor recaudación), el Fondo de Reserva estará vacío en 2018 y pregonan que las pensiones públicas no son ‘sostenibles’. Según el Pacto de Toledo las cotizaciones sociales han de financiar las pensiones públicas y ya no alcanzan -dicen. Pero ¿por qué han de financiarse las pensiones con cotizaciones? Hablamos de derechos. Y, para atender derechos, el Estado establece impuestos que recauda. Lo del Pacto de Toledo estuvo bien, pero en pleno saqueo neoliberal, los derechos de la gente han de estar por encima de todo. No caer en la trampa de la sostenibilidad y dejar de rasgarse las vestiduras porque las cotizaciones disminuyen. Hay impuestos. Fraude fiscal a combatir, por ejemplo, y elusión fiscal de grandes empresas a eliminar.

¿No son sostenibles las pensiones públicas españolas? Según Eurostat, son de las más baratas de Europa. El gasto español en pensiones públicas fue en 2010 (último dato disponible) de 1.862 euros por habitante, cuando la media europea fue 2.769 euros por ciudadano, 3.295 en Italia, en Alemania 3.421 euros y 3.658 en Francia. Solo alcanzando la media europea de gasto, las pensiones públicas serían como rocas.

Pero no hay esa voluntad política y en 2013, el gobierno del PP encargó a un Comité de Expertos en Pensiones un informe sobre esperanza de vida y pensiones públicas. Los presuntos ‘expertos’ sentenciaron que las pensiones públicas eran insostenibles. Y propusieron reducir su cuantía y que la gente se jubile más tarde. Según Vicenç Navarro, las propuestas de ese Comité fueron las más brutales de la Unión Europea en recortes de pensiones públicas.

Partiendo de esos nada fiables ‘expertos’, el gobierno del PP urde un nuevo modelo de pensiones públicas para 2019. Aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años, desvincular el aumento de las pensiones del IPC, ligarlo a la marcha de la economía y calcular la pensión según esperanza de vida. Más esperanza de vida, menos pensión. El problema parece ser, según los ‘expertos’, que hoy la gente vive más. Habrá que retroceder a la Edad Media…

Pero indigna tanta invocación a la muy sospechosa sostenibilidad. Porque la única que interesa de verdad es la de la Tierra, de la naturaleza y uso de recursos, porque la de las pensiones, por ejemplo, solo es pretexto que maquilla la indecente codicia de unos pocos. ¿Alguien cuestionaría en serio si la Guardia Civil es sostenible? Las pensiones públicas no son cuestión económica sino de derechos. ¡Derechos! Pues, de no ser así, apaga y vámonos porque esto es una farsa repugnante. Las personas tienen derecho a llevar una vida digna, y las pensiones públicas han de asegurarla. Una realidad lejana para más de la mitad de pensionistas en España (casi 5 millones), que viven bajo el umbral de la pobreza.

Hasta el saqueo neoliberal con la excusa de la crisis, las pensiones públicas no fueron problema, pero ahora salen con el espantajo de la sostenibilidad porque hay negocio para la minoría rica. Pero los derechos de la gente han de ir por delante. Sí o sí. Si las cotizaciones no alcanzan, las pensiones se financian con impuestos justos, progresivos y suficientes. Que el Estado puede.

Estos neoliberales siempre recortan el gasto y no se proponen aumentar ingresos, porque es lo que conviene a sus ‘señoritos’. No son de fiar. No les crean una palabra. Casi todos vinculados a la banca y a empresas de seguros, que, casualmente, obtendrían beneficios cuantiosos si las pensiones públicas se fueran al garete y la gente común se viera forzada a suscribir pensiones privadas.

No es cuestión de sostenibilidad sino de derechos.

El largo camino del cambio

Los resultados electorales del pasado 26 de junio en España dejan amargo sabor de boca al pueblo trabajador. Porque se aleja la esperanza de un gobierno progresista y el corrompido PP obtiene 137 escaños, cuando hace poco apenas conseguía ciento veinte según las encuestas. Pero le costará gobernar, porque con sus aliados naturales, Ciudadanos, solo suman 169 escaños, siete menos que la mayoría absoluta para poder investir a Rajoy como presidente del gobierno. Rajoy necesitará siete abstenciones para ser investido, pero lo será, porque no parece de recibo repetir los comicios.

Pero más allá de las cifras, estas elecciones han mostrado la vieja práctica de tergiversar o manipular encuestas, dando resultados excelentes a la oposición de izquierda para desmovilizar a sus votantes y, al contrario, movilizar a los conservadores. Y así parece haber sido.

Como los medios nacionales no podían publicar encuestas un par de días antes de los comicios, los conservadores han recurrido a un diario del paraíso fiscal Andorra, estado soberano del tamaño de una nuez, para publicar un sondeo que mostraba a Unidos Podemos, la izquierda, alcanzando al PP.

El segundo capítulo es que el recuento de votos depende del Ministerio de Interior, cuyo titular está hoy envuelto en sospechas de presunta extorsión a adversarios políticos con informes de corrupción de esos adversarios, que grabaciones telefónicas reveladas han dado a conocer.

¿Qué crédito se tiene así? Como ha escrito Pedro Agueda, han estallado cuatro años de guerra sucia del ministro de Interior contra partidos de la oposición. La historia arranca cuando ese ministro del Partido Popular designa a su cúpula policial y un grupo de mandos elabora sospechosos informes contra rivales políticos del PP sin autoría específica clara, que se filtraban a los medios.

En ese clima oscuro, surgen en la Red sospechas de irregularidades en el recuento de votos. Presuntamente. Según los activistas de Anonymus, comparando el número de quienes pueden votar y los resultados, a la espera de votos de residentes en otros países, parece no saberse donde han ido a parar 1. 200.000 votos. Aunque en realidad, ese estado de ánimo, esa sospecha difusa, quizás sea solo expresión de una frustración colectiva, como ha indicado el periodista Ignacio Escolar.

Y otra última reflexión. Quienes esperaban que con estas elecciones cambiarían las cosas han pecado tal vez de ingenuidad. En este país, con una historia agitada en los dos últimos siglos, mientras muchos países europeos pasaban del régimen absoluto a la democracia llamemos burguesa y al capitalismo industrial, en España el nefasto Fernando VII restauraba la Inquisición y entregaba la deformación mental del pueblo a la Iglesia. Y eso se paga. En esos dos siglos, solo hubo un intento de regeneración democrática: la II República (un proyecto reformista, pero reformista de verdad) que acabó como sabemos. Seguida de una genocida dictadura (ONU dixit) de la que no nos hemos librado del todo, pues con el PP gobernante mandan hijos y nietos de quienes levantaron y mantuvieron esa nefanda dictadura. Con su estilo y principios.

Para cambiar las cosas y lograr justicia, igualdad y libertad, cabe pelear en todos los frentes. También en el electoral. Pero sin olvidar la sabia reflexión del luchador por la democracia de Túnez Moncef Marzouki: “El tiempo de los regímenes políticos no es el de los hombres. Si quiero transformar Túnez, con siglos de antigüedad, no voy a querer cambiarla en solo quince años. Tengo que aceptar el tiempo prolongado. Pero no me desanimo, porque mi horizonte no son seis meses o la próxima elección presidencial: mi horizonte está más allá para cambiar las cosas a fondo. Para cambiar las mentes. Yo vengo del desierto y vi mi abuelo sembrar en él. Siembras en tierra árida y esperas. Si llueve, recoges. No sé si habéis visto el desierto tras la lluvia, es verde como la Bretaña. Un día, marchas sobre una tierra quemada, llueve y te preguntas cómo ha podido ser: flores, verdor… Porque estaban los granos. Incluso en el desierto hay que sembrar. Sembraré y, si mañana llueve, bien, y si no, estarán las simientes”.

Marcos Ana, comunista y poeta, que sufrió cárceles franquistas durante 23 años, dice que un cambio, si lo es de verdad, es necesariamente lento. O solo es espectáculo. Hay que prepararse porque largo es el camino del cambio.

Es imperativo reducir hasta acabar con la desigualdad

Campaña electoral en España. Momento para recordar el avance de la desigualdad. La ciudadanía ha de saber quiénes, que podrían gobernar, tienen voluntad política de combatirla. La desigualdad no es cuestión académica o de titulares. Es escenario y también causa del avance de la pobreza y exclusión social, mientras una minoría cada vez más reducida acumula un desmedido poder económico.

En España, 27% de quienes trabajan (más de la cuarta parte) están subempleados. Más dos millones. Trabajan menos de lo que necesitarían para recibir un salario digno. Más los casi cinco millones de desempleados “oficiales” ya son siete millones quienes viven (si se puede llamar vivir) con ingresos insuficientes e indignos. O sin ingresos.

En Madrid, una de cada cinco personas roza la pobreza o cae en ella. Más de millón y cuarto de madrileños. Así lo documenta el informe “Empobrecimiento y desigualdad social en la sociedad madrileña”, del sindicato CCOO. En el resto de España, según “Análisis y perspectivas 2016” informe de Foessa para Caritas, en los próximos años, aún con crecimiento económico, aumentará la exclusión social. Ya hay 720.000 hogares sin ingresos, cuando hace siete años solo eran 497.000. ¿De qué sirve crecer, si no se beneficia la gente?

La desigualdad borra fronteras de pobreza. Tener empleo hoy no garantiza dejar de ser pobre. Pero, al mismo tiempo y en el mismo espacio, los directivos de empresas del IBEX 35 tienen un salario medio anual de dos millones y medio de euros. Y, en el mundo, 62 personas poseen la misma riqueza que 3.600 millones. Según Oxfam Intermón, hace cinco años los súper-ricos eran 388, pero cada vez muchos menos tienen mucho más. Solo 62. Una grave amenaza.

Oxfam muestra además que esos 3.600 millones de población perdieron un billón de dólares de ingresos desde 2010. Al tiempo que los más ricos aumentaban su riqueza en medio billón. Es desigualdad en estado puro.

Edmundo Fayanás, profesor de Historia, escribe que el capitalismo necesita desigualdad para funcionar y generó desigualdad desde su inicio. Bernard de Mandeville en el siglo XVIII pretendía justificarlo al sostener que el interés individual, lujo y placer personales son imprescindibles para que la economía progrese. De otro modo, decía Mandeville, el capitalismo perdería su motivación principal: el beneficio personal. Pero quienes pueden atesorar riqueza y vivir en lujo y placer son muy pocos. Porque el capitalismo precisa desigualdad.

En los años ochenta del siglo pasado, Ronald Reagan, presidente de EEUU, sentó las bases de una enorme desigualdad con sus obscenas rebajas de impuestos a los ricos. A éstas siguieron las de Bush hijo y, desde entonces, EEUU es un país desigual, cada vez más desigual. Una quinta parte de su población (sesenta millones de personas) vive bien, pero el resto (unos 250 millones) sufre una escalada de graves carencias económicas y sociales. Bush pretendía que para crecer se debía favorecer a las élites y recortar ayudas a los pobres, por ser deficientes económicamente. La misma necedad que roznó Bernard de Mandeville tres siglos antes.

La riqueza mundial está en muy pocas manos. El 1% de la población mundial acapara casi la mitad de la riqueza y su patrimonio crece y crece. En EE UU máximos directivos y ejecutivos ganan 300 veces más que sus trabajadores. Pero en España, Felipe Benjumea, presidente de Abengoa, ganó 530 veces más que el salario medio de sus empleados. En Inditex, los 12 millones de euros que cobra su presidente, Pablo Isla, son 526 veces más que el salario medio de sus asalariados. En FCC, 454 veces; en BBVA, 451 veces; en Ferrovial, 239 veces; en Día, 213 veces…

La llamada clase media mengua con la crisis. Digo llamada porque se suele denominar clase media también a los asalariados con sueldos decentes. Clase trabajadora que puede vivir con dignidad y aceptable nivel de consumo. Pues bien, según estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, desde el inicio de la crisis a 2014, esa clase media en España se habría reducido en más de tres millones y medio de personas. Y no para estar mejor.

La desigualdad no cesa. Por desempleo, empleos precarios, trabajo temporal y a tiempo parcial. Más recortes sociales (en educación y sanidad públicas, en ayudas a desempleados, en políticas sociales…). Y volvemos al principio. ¿Qué partidos quieren de verdad reducir la grave amenaza de la desigualdad?

El tope de déficit público erosiona y desfigura la democracia

Recordemos que en 2015 el déficit público en España se excedió, según canones de la Comisión Europea, hasta el 5% del PIB y en 2017 ésta exigirá que sea solo 2,5%. Para mantenerlo, el menor de recorte supondría 5.000 millones menos de gasto público. Así las cosas, en julio la Comisión Europea quizás inicie procedimiento por déficit excesivo contra España y Portugal. Francia se opone a sanciones, Italia tampoco quiere multas e incluso Alemania duda. Veremos. Los resultados electorales del 26 J en España serán decisivos para la postura de la Comisión y Consejo europeos. Si gana la izquierda en España, podría darse una traslación de la agresión a Grecia, una nueva versión del machacamiento del gobierno griego.

Pero más o menos déficit público no puede plantearse como lo hace la Comisión Europea. En los últimos años, varios economistas de prestigio, entre ellos premios Nobel de Economía (Stiglitz y Krugman), han denunciado el fracaso de la austeridad emprendida por la Unión Europea. Fracaso demostrado por el hecho incontestable de que la crisis no está superada, el crecimiento es patético y han aumentado hasta límites obscenos la desigualdad y la pobreza. Sin descartar además que estalle otra crisis financiera.

Ese fracaso descalifica la limitación de déficit que la Comisión y Consejo europeos exigen, así como las rebajas y recortes presupuestarios derivados. Pero, además, ahora toca averiguar cuan legítimas o no son las deudas públicas europeas. Deudas contraídas por los dirigentes sin tener prioritariamente en cuenta los intereses de la ciudadanía, pero sí los del poder financiero.

La deuda ilegítima fue definida por Alexander Nahum Sack, jurista y profesor de derecho ruso, y aceptada en el Derecho Internacional. Según Sack, si un gobierno contrae una deuda, para mayor fuerza de su régimen, olvidando a la población, esa deuda es ilegítima y la nación no ha de pagarla. Y son ilegítimas siempre las deudas contraídas sin tener en cuenta las necesidades y derechos de la población.

Las deudas, o parte, de varios países europeos se contrajeron y crecieron por la corta recaudación de las arcas públicas. Si el sistema fiscal no es equitativo y justo, endeudarse el Estado pierde legitimidad. Pues el gasto e inversión pública suficientes son imprescindibles para aliviar la situación de quienes sufren desde hace años los peores efectos de la crisis y corregir las crecientes desigualdades. Además de funcionar de nuevo la economía real.

Con escasez recaudatoria por elusión fiscal complaciente y evasión de impuestos tolerada, el Estado tiene menos recursos para cumplir sus obligaciones con la población. Es cuando el endeudamiento que suple las fuentes de recaudación y financiación habituales deviene ilegítimo. Porque el verdadero beneficiario del endeudamiento es el sector financiero, no el pueblo.

Cuanto más crezca la convicción de que parte de la deuda pública es ilegítima, antes habrá el estado de opinión necesario para presionar y reestructurar la deudas públicas. Reestructuración beneficiosa para la mayoría de población, pues reduciría el agobio del alto pago anual de intereses y permitiría mayor financiación para políticas sociales. En el Reino de España, la deuda pública ya supera el 100% del PIB y supone grandes partidas presupuestarias para pagar los intereses anuales de la deuda pública. En 2014 se pagaron unos 34.000 millones de euros de intereses. Cantidad en aumento desde 2008. El pago de intereses es la única partida presupuestaria que no se recorta.

En definitiva, la exigencia de la Unión Europea de reducir el déficit público es una intransigencia obscena para que algunos grandes bancos más BCE y FMI continúen con el jugoso negocio de la deuda pública para sus tenedores.

Pero la posible respuesta oficial de procedimiento por exceso de déficit público de España y Portugal coloca a la Comisión Europea en situación incómoda. Algunos estados miembros no ven bien que haya sanciones ni multas millonarias, que además nunca ha habido. Sin embargo, la Comisión, en su tozuda mantenella i no enmendalla, no se contenta ya con fijar índices máximos de déficit y estudia limitar el gasto desde Bruselas. La Comisión fijaría qué volumen de gasto público social acepta en los presupuestos generales de tal o cual país, pasándose por el arco del triunfo a parlamentos y gobiernos nacionales.

Si eso es democracia…

Rebajar el déficit, un arma política arrojadiza

En 2015 el déficit público de España fue 5% del PIB, más del 3% exigido por Europa. En 2016 el Partido Popular prevé que sea 3,6% (mucho para Europa) y en 2017 la Comisión exigirá no pasar del 2,5% y, para lograrlo, habría más recortes.

¿Por ese 5% ha iniciado la Comisión Europea (CE) procedimiento contra España por exceso de déficit? No. Rajoy escribió al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la CE concedió una tregua temporal hasta julio del procedimiento por exceso de déficit. Y posponer también la posible multa de 22.000 millones de euros. Pero esa comprensión no le fue concedida a Grecia. Tal conducta reafirma el viejo dicho de que perro no come perro o el más vulgar de que entre bomberos no se pisan la manguera. La derecha no joroba a la derecha y la graciosa concesión de la muy conservadora Comisión Europea permite al derechista Partido Popular entrar en campaña electoral sin la espada de Damocles de una multa multimillonaria. Hasta julio, hasta saber los resultados electorales. Conocido el color del nuevo gobierno, Bruselas decidirá si lo ayuda o se enfrenta. Si forma gobierno el PP no habrá problemas para la Comisión. Pero sí para la gente común, porque habrá recortes a porrillo para rebajar el déficit.

El señalado procedimiento por déficit excesivo empieza si la Comisión detecta un país miembro con déficit superior al 3%. Consulta al Consejo Europeo (28 jefes de Estado o de Gobierno de países miembros) quien hace recomendaciones al gobierno incumplidor. Recomendaciones a desarrollar en medio año como máximo pues, de no ser así, la Comisión puede multar al país, además de otras injerencias en el gobierno y parlamento nacionales. España y Portugal están a merced de iniciar ese procedimiento por sobrepasar el déficit, a expensas de que el Consejo decida qué hacer a principios de julio. Tras las elecciones españolas.

Para España, la respuesta de la Comisión ha sido comprensión y buen rollito, retrasando el procedimiento por déficit excesivo. Pero Portugal, gobernada por un frente de izquierdas, será obligado a aplicar nuevas ‘medidas’ (recortes que paga la ciudadanía) bajo amenaza de multa. Así lo galleó Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea: Portugal tendrá que aplicar “medidas adicionales” para cumplir con la meta de déficit. Sí o sí.

Por su parte, Francia tiene déficit ‘excesivo’ de 3,5%, pero la Comisión no exigirá reducirlo. Le basta la reforma laboral perpetrada por el gobierno de Hollande y Manuel Valls. Y hará la vista gorda a que el déficit se reduzca solo al 3,4%. Desposeer más a la clase trabajadora, como la reforma laboral de Hollande implica, ya beneficia a las élites.

¿Y Grecia? Machacada. A pesar de lograr con enormes sacrificios un superávit primario (ya ingresa más que gasta, deuda aparte), esas cifras se convierten en elevado déficit… por la burrada de intereses a pagar a sus implacables acreedores (BCE y FMI entre ellos). Intereses de deuda pública que el internacional Comité de la Verdad de la Deuda Pública de Grecia determinó ser ilegítima en muy gran parte y, por tanto, no abonable.

Volviendo a España, pintan bastos. Según los resultados de las elecciones generales, la Unión Europea será comprensiva con el exceso de déficit o exigirá inmediatos y cuantiosos recortes de gasto público para rebajarlo. Lo ha dado a entender urbi et orbe el Comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovin: “En España, salga el Gobierno que salga, no hay margen para el cumplimento del déficit”. Pero el trato no será el mismo si ese gobierno es de derechas o izquierdas.

De donde se deduce que Unidos Podemos y confluencias de izquierda (si el PSOE no defrauda una vez más), que pudieran formar gobierno, deben aprestarse a una dura batalla. La Unión Europea amenazará, presionará y exigirá recortes, por tanto mejor no se duerman en los laureles. Recuerden a Grecia. Y que programen ya, contando con la calle y la gente, qué hacer para evitar o frenar el chantaje que perpetrará la Comisión a un gobierno progresista. ¿Qué tal si además empezamos a ponernos de acuerdo España, Portugal, Grecia e Italia para actuaciones comunes?

¿Reducir el déficit? Sí, pero no en el gasto, porque así lo paga siempre el pueblo trabajador. Mejor reducirlo con más ingresos. Porque usar el déficit recortando gasto como arma arrojadiza es el negocio de los conservadores que mangonean Europa. Para que nada cambie.