Corrupción, crimen organizado y paraísos fiscales viajan en el mismo tren

Rosa Jensen, que fue vicepresidenta del tribunal de Utrecht, aseguraba hace años que asistíamos al nacimiento de una enorme corrupción supranacional. Y el investigador financiero Denis Robert asegura que hablar hoy de corrupción sin ir más allá es quedarse corto, porque es el mismo sistema económico, el capitalismo financiarizado, el que está viciado de raíz.

Prueba de la extensión de la corrupción es que incluso corrompe su propia definición. La entidad más conocida contra la corrupción, Transparency International, se queda corta al definirla. Corrupción sería solo el abuso de un poder público con fines privados. Pero olvida (no de modo inocente) que, además de funcionarios públicos y políticos al servicio del Estado corruptos, los imprescindibles corruptores al otro lado de la ecuación son privados. Si hay corrupción en África, sudeste asiático y América Latina, por citar tres zonas con fama de gran corrupción, es porque en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea hay grandes empresas, presidentes de consejos de administración y consejeros delegados, grandes fortunas y corporaciones que quieren corromper a funcionarios públicos para obtener beneficios ilícitos. Para que haya corrompidos ha de haber corruptores.

Además, ¿quién osará negar que la supresión de reglas y normas de los movimientos de capital ha hecho más fácil la corrupción? Como asegura Rob Jenkins, profesor de la universidad de Londres, dicha liberalización de las economías (con sus privatizaciones masivas de lo público) ha hecho crecer el pago de comisiones ilícitas por empresas privadas que desean hacerse con parte del pastel público privatizado. Y ahí han sido las empresas privadas las que han tomado la iniciativa de corromper, de pagar comisiones ilegales por concesiones públicas.

Por eso dictadores de toda calaña y políticos profesionales de escasa credibilidad democrática abrieron cuentas y depósitos seguros y secretos donde acumular lo obtenido por su corrompida actuación. Pero para ello necesitaban la discreta y leal colaboración de honorables bancos privados.

Apuntado el calado del verdadero problema de la corrupción, recordemos conceptos básicos. Según el diccionario, corrupción es cohecho, soborno. Pero corrupción también es no pagar impuestos que se deben pagar. Como también es corrupción blanquear el dinero sucio que proporcionan los delitos (tráfico de drogas, de personas, de armas…) Y también lo es financiar ilegalmente partidos políticos a cambio de contratas de obra pública o servicios del Estado otorgados a empresas privadas. Algo de lo que tenemos amplio conocimiento en el Reino de España y en lo que parece estar especializado el gobernante Partido Popular. Pero no es el único, por supuesto; ahí está en Catalunya el caso de Convergencia Democrática que ha estado chupando el 3% de comisiones durante más de treinta años. Presuntamente, claro.

Entre unas y otras corrupciones, solo del campo del delito se blanquean al año de 600.000 millones de dólares a un billón. Así lo consideran tanto el FMI como la ONU. Pero son delincuentes, diría un observador ingenuo. Lo son, pero para blanquear tantísimo dinero, esos criminales necesitan a respetables banqueros, prestigiosos gabinetes de abogados y asesorías fiscales de campanillas, más los imprescindibles paraísos fiscales sin los que no hay blanqueo.

El movimiento social ATTAC define los paraísos fiscales como “países, islas o enclaves geográficos con regímenes jurídicos opacos y reglamentaciones fiscales muy laxas que ofrecen exanciones y beneficios tributarios muy atractivos para el capital financiero a extranjeros no residentes y a sociedades domiciliadas legalmente en el lugar, aunque solo sea con una dirección postal”. No ponen impuestos a los movimientos y operaciones financieras, mantienen una hermética oscuridad sobre esas operaciones y se niegan a facilitar información aunque la pida un ejército de jueces y fiscales. Por lo que cabe deducir que los paraísos fiscales son imprescindibles para blanquear y evadir. Pero no solo paraísos de palmeras y aguas transparentes en el Caribe. También neblinosos lugares como Gibraltar, isla de Man, city de Londres, Austria, Luxemburgo… que blanquean que es un primor en el corazón de Europa.

Pero todo es posible por el intocable secreto bancario y la oscuridad de las transacciones financieras. En fin, a pesar de la complejidad de la cuestión, queda claro y cristalino que corrupción, crimen organizado y paraísos fiscales viajan en el mismo tren.

Evidentemente están al servicio del 0,1 %

En los últimos tiempos se han investigado en el Reino de España créditos sospechosos, ilegales y excesivas remuneraciones, opaca comercialización de productos bancarios, inexplicables cesiones de crédito, maniobras para alterar el precio de acciones… La crisis de la banca y todo lo que la rodea llega a los juzgados. Afecta por ahora a 274 banqueros y consejeros de las antiguas cajas de ahorros y bancos que han sido acusados.

Sucede cuando se hace público que el Tribunal de Cuentas calcula el coste para el Estado por salvar a los bancos españoles en 60.718 millones de euros. Casi un chiste, pues aún suenan las palabras de Mariano Rajoy asegurando que el recate bancario no costaría ni un euro a la ciudadanía. Mariano faltó a la verdad, porque ha costado todo ese dinero que el Estado no recuperará. Y otros 122.000 millones más de recursos comprometidos, garantías, avales… Para salvar a la banca, no a la gente.

Esos miles de millones de euros graciosamente entregados hacen de la banca española la cuarta entidad financiera que más fondos ha recibido directamente desde que estalló la crisis en Europa. Solo superada por la banca de Reino Unido, Alemania e Irlanda.

Pero podría ser más dinero aún pues, como el propio organismo público informa, podría resultar que el coste del rescate fuera de más de 75.000 millones. Porque no se han considerado todas las ayudas públicas a la banca, como la generosa financiación del Banco Central Europeo (BCE), ni los créditos fiscales ofrecidos por el ministerio de Economía, ni el aval a depósitos bancarios…

Como recién han publicado algunos periódicos, por diversos conceptos (que no son entrega directa de dinero), el Gobierno español ha movido más de 350.000 millones de euros en ocho años para mantener los bancos a flote. Y los medios lo recuerdan precisamente cuando aparece una noticia que esclarece aún más de que lado están quienes gobiernan la Unión Europea. El BCE, tras gastar cientos de miles de millones de euros en rescatar a la banca europea, ahora compra bonos de deuda de las mayores empresas a bajo interés.

El Tratado de Maastrich prohíbe que el BCE compre deuda directamente a los Estados y, cuando más generoso ha sido con la deuda pública, ha comprado deuda estatal sí, pero a través de bancos privados en el llamado mercado secundario. El Estado paga intereses más altos por la deuda que coloca y los bancos hacen un buen negocio. Y ahora el BCE compra bonos de deuda de corporaciones multinacionales. Ha empezado con Telefónica, la aseguradora italiana Generali y la francesa Engie. Según el BCE, la compra de deuda emitida por corporaciones es para empujar la recuperación de la eurozona. El BCE pretende que, dando dinero a las corporaciones, esa compra repercuta en los préstamos bancarios. En plata, el BCE pretende reactivar la concesión de créditos a empresas y familias que continúa adormecida a pesar de todos los rescates y ayudas. Pero no aprenden y siguen, olvidadas las empresas no tan grandes.

Algunos analistas apuntan que el BCE dedicara 600.000 millones de euros durante varios años a comprar deuda de grandes corporaciones. Una vez más el BCE y la UE pretende reactivar la economía no con ayudas directas a las empresas medianas y pequeñas, que son muchas y en España, por ejemplo, proporcionan el 75% de empleo. Tampoco ayudas a la gente, que es la que aumentaría la demanda interna con otra situación económica. Esa contumaz ayuda indirecta recuerda que el Nobel de economía, Joseph Stiglitz, aseguró que si el gobierno federal de EEUU y la Reserva Federal hubieran entregado dinero a quienes tenían deudas hipotecarias para poder pagarlas, no hubiera sido necesaria la billonaria cantidad para que bancos y aseguradoras financieras no se hundieran. Ni se hubieran envenenado millones de títulos con hipotecas incobrables, porque éstas se hubieran abonado y no hubiera habido esta crisis.

En la vieja Unión Europea, de 2008 a 2015, los Estados miembros han gastado 747.000 millones de euros en rescates y ayudas al sector financiero, y han comprometido más de un billón de euros en garantías de pasivos. Con tales cifras, a final del año pasado la ciudadanía europea había perdido más de 210.000 millones de euros, que no se recuperarán. Y ahora el BCE decide dedicar 600.000 millones de euros a asegurar los beneficios de grandes corporaciones.

¿Cuándo le tocará a la gente?

El Gobierno de Rajoy ahorra a costa de los parados

El sindicato UGT ha denunciado que el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE, antes INEM) no ha dejado de gastar más de 2.200 millones de euros del presupuesto asignado a ese servicio en 2016. Hecho inaceptable que desvela el verdadero interés del gobierno del Partido Popular por la situación de los millones de parados del país. Además, el SEPE ha tenido la osadía de presentar el hecho de no haber gastado ese dinero como mérito y buena gestión. ¿Qué bondad hay en que milones de parados tengan menos ayuda  en subsidios, formación o posibilidad de colocación? Pues eso significa esa cantidad no gastada.

Por si fuera poco, conocemos también los datos de la reducción de ayudas a los trabajadores sin empleo desde que gobierna el Partido Popular. Por obra y gracia del gobierno de Rajoy, el gasto del Estado en protección a desempleados ha bajado al mismo nivel del año 2007. Con el agravante de que actualmente hay 1.600.000 parados más que entonces. Resultado de esa rebaja es que la prestación media actual para desempleados es de 798 euros mensuales, cuando hace nueve años era de 978. Sin olvidar que hoy más de 1.700.000 parados no reciben ninguna ayuda del Estado. Ninguna.

Según datos oficiales, en diciembre de 2007, antes de que la economía entrara en recesión, el Estado dedicaba 1.407 millones a ayuda a desempleados con algo más de dos millones de parados registrados en el INEM, hoy SEPE. De los desempleados registrados poco más del 85% recibían entonces alguna ayuda o protección. Pero nueve años después, con presunta recuperación económica, el gasto en ayuda a parados es casi el mismo; solo 133 millones de euros más para ser exactos, pero los desempleados inscritos en el SEPE son unos cuatro millones, el doble que había entonces.

Aquí no caben retóricos brindis al sol a los que tan acostumbrados nos tiene el gobierno del Partido Popular. Los hechos demuestran el interés real del gobierno de Rajoy por la suerte, presente y futuro de la clase trabajadora sin empleo. Ninguno. Los parados sobreviven por la ayuda de organizaciones solidarias y porque la estructura familiar en este país es fuerte y generosa.

Lo cierto es que desde final de 2009, encadenados a una nefasta política de austeridad más la neurótica obsesión por reducit el déficit púiblico que imponen la Unión Europea y el FMI, el dinero para prestaciones para parados se ha recortado sin cesar, señalando que en 2013 el recorte fue brutal. Ese año, las ayudas a desempleados fueron un 13% menos que el año anterior, aunque los parados aumentaran sin cesar hasta llegar a ser seis millones.

Y todo este tiempo no ha cesado de rebajarse la cobertura de desempleo. El último día de 2016 de las 3.703.000 personas desempleadas inscritas en el SEPE, 1.718.000 parados (44%) no recibían ninguna ayuda del Estado. Demasiadas personas sin empleo, demasiadas personas sin ayuda.

Que no hay duda sobre la conducta cicatera y antisocial del gobierno del Partido Popular lo demuestra que el gasto en prestaciones a parados da como resultado que un desempleado español cobra como prestación el 61% de sus ingresos antes de estar en paro. Por debajo de la media de 16 países de la Unión Europea que es el 69%. En Luxemburgo, un trabajador en paro recibe el 87% de sus ingresos antes de quedarse sin empleo, en Dinamarca 84% y en Suiza 77%. Los parados de Reino Unido y Alemania (67% de su último salario) tienen otras ayudas como vivienda familiar o no pagar impuestos.

La actitud y actuación del Partido Popular con la clase trabajadora es cada vez más nefasta y a los hechos me remito. Pero es más patente cuando se comprueba otra actitud y actuación del gobierno de Rajoy con el sector bancario, por ejemplo. Sin ir más lajos, y son datos del Tribunal de Cuentas del Reino de España, el rescate del sistema bancario español ha costado a las arcas públicas españolas de 2009 a 2015 algo más de 60.000 millones de euros. Pero a los parados se les hurtan 2.200 millones, como se ha apuntado. Por eso sorprende que aún haya trabajadores que voten al Partido Popular. ¿Qué pasa en este país?

Sin vida digna para todos, la recuperación es una paparrucha

El gobierno, cómplices, secuaces y aliados entonan incesante el magnificat de la creación de empleo. Y parece que hay más empleo, pero ¿qué empleo? No es oro lo que reluce. No se recupera tanto empleo como se alardea y la mayoría de empleos son precarios, inseguros, de corto vuelo y salario miserable. Por eso ya hay un 15% de asalariados pobres. Y en aumento.

Lo cierto es que demasiada gente soporta una vida difícil. El Instituto Nacional de Empleo (INEM) afirma que hoy hay 3.720.297 personas en paro inscritas en sus listas a la espera de un trabajo, pero no son todos los parados. Y la Encuesta de Población Activa (EPA) dice que los desempleados son 4.574.700. Pero esa tampoco es toda la verdad.

Datos oficiales indican que en España hay 33.385.425 personas en edad laboral, de 16 a 64 años, y personas con empleo, dadas de alta en la Seguridad Social, son poco más de 17 millones. La diferencia son 15 millones, que no son parados, pues hay que restar las personas fuera del mercado laboral por causas diversas. Estudiantes, discapacitados con pensiones reducidas, pre-jubilados a los 60 años o antes… Pero entre todos y algunos más no reducen la resta a cuatro millones y medio, porque los números de la EPA siguen sin ser ciertos.

La encuesta sobre el paro no cuenta quienes no tenían empleo la semana anterior a la consulta ni quienes no lo tienen en las dos semanas siguientes. Ni figura como empleado quien tiene un trabajo que dejará de tener en una semana. Por otra parte, los asalariados parados que hacen cursos de formación profesional no cuentan como desempleados. Ni se cuentan las personas que han desistido de buscar empleo, tras años de no encontrarlo. Una situación que no aparece en las encuestas. Las cifras oficiales de paro en España no responden a la realidad. La gente sin trabajo remunerado es bastante más que la reconocida, porque la EPA no lo cuenta todo.

Que economía y mercado laboral no van tan bien como pretenden lo muestran, por ejemplo, los miles y miles de expedientes de regulación de empleo (ERE) que han afectado a 1.200.000 trabajadores en los cinco años de reforma laboral del PP. El Ministerio de Empleo informó que de 2012 a 2016 se presentaron 90.000 expedientes de regulación de empleo. Expedientes que provocaron 236.000 despidos y algo más de 730.000 suspensiones de contratos. A ese casi millón de afectados cabe añadir 228.000 trabajadores a los que se les redujo la jornada y, por tanto, el salario. Curiosa recuperación.

Es esclarecedor que en 2016 el PIB creciera un 3,2%, pero algo más de 3.600 empresas presentaron unos 4.900 ERE, que supusieron 22.200 despidos, 44.000 suspensiones de contrato y unas 7.600 reducciones de jornada laboral. Más de 70.000 trabajadores afectados, sin contar despidos puros y duros o contratos de semanas, días e incluso horas. Que las cifras económicas oficiales poco o nada tienen que ver con la vida real de la gente se ve en el sector turístico, por ejemplo. El aumento de turistas, del que tanto presume el gobierno, no repercute en la situación real de los trabajadores y trabajadoras. Y sí, han venido más turistas, que han ocupado más plazas hoteleras, pero ese aumento no se ha traducido en más empleos ni ha beneficiado a los trabajadores del sector con mejores salarios. Pues mientras los turistas aumentan un 20% desde 2008 y un 9% lo hacen las plazas hoteleras, los empleos del sector hotelero son casi los mismos de hace ocho años. Solo se ha computado un ridículo 0,63% de aumento de empleo, según la Encuesta de Coyuntura Hotelera del Instituto Nacional de Estadística. El mismo número de trabajadores para atender a muchos más turistas con los mismos salarios o menos. Quienes se recuperan son algunas empresas, no la gente trabajadora.

Las grandes cifras económicas no interesan salvo que supongan una vida mejor para el pueblo trabajador. Una vida digna. Llegar a fin de mes sin agobios; alimentarse bien; poder afrontar gastos imprevistos sin zozobras; mantener el hogar a temperatura adecuada (sin temer un sablazo de electricidad o gas); levantarse por las mañanas sin temer la incertidumbre del día… El colmo sería que la gente asalariada pudiera ahorrar algo. Pero ¿cómo se ahorra con salarios de 700 euros o menos?

Sin vida digna para la gente, lo demás son paparruchas.

Un sistema gangsteril

Un tal Luis de Miguel, ‘cerebro’ financiero de una de las mayores mafias de corrupción en el Reino de España (la trama Gürtel), presumió en el juicio contra los individuos de esa trama de haber logrado que la multinacional Alcampo no pagara impuestos durante 20 años, pese a sus considerables beneficios, gracias a sus planes de elusión. Fraude y elusión fiscales de grandes empresas son norma, no excepción. Suponen mucha menos recaudación para educación, sanidad, atención social; significa menos hospitales, menos escuelas, menos actuaciones sociales, menos apoyo al desempleo, más pobreza, más desigualdad…

No satisfechas con no pagar buena parte de impuestos, grandes empresas españolas consiguieron además considerables ayudas fiscales con el pretexto de su expansión internacional. Pero recién el Tribunal de Justicia Europeo anuló una sentencia favorable a esas empresas, justificando esa reducción fiscal.

Evasión de impuestos, trato fiscal de favor y corrupción van de la mano. La corrupción en España, por ejemplo, cuesta 90.000 millones de euros anuales según la Cámara Nacional de Mercados y Competencia. Casi 48.000 millones de euros perdidos son sobrecostes por ausencia de control del cumplimiento de contratas de administraciones públicas por empresas privadas. Las otras decenas de miles de millones son corrupción pura y dura, la de sobres y maletines bajo mano para pagar comisiones por adjudicar contratas públicas a empresas privadas. Corrupción que no cesa. Cada mes se destapan unos diez casos nuevos y, si en 2010 se arrestó a 389 presuntos corruptos en España, el año pasado fueron más de 2.400 los corruptores o corrompidos detenidos según el ministerio de Interior.

Otra prueba de inequívoca podredumbre del sistema es que aumentan las filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales. ¿Para qué querrán las grandes empresas estar en esos  mal llamadas paraísos si no es para perpetrar tranquilamente el delito de no pagar impuestos? En 2013 y 2014, las filiales de grandes empresas del Ibex 35 en esas cloacas fiscales aumentaron un 10% hasta ser 891, según denuncia Oxfam Intermón en su informe ¿Beneficios para quién?

Para probar que la putrefacción es bastante general se ha sabido hace poco que el Banco de España escondió la morosidad bancaria que crecía al aumentar los créditos por la expansión de la burbuja inmobiliaria. Un Comité Técnico de Coordinación del Banco aleccionó a los inspectores de esta entidad reguladora para que fueran comprensivos y no pretendieran el total cumplimiento de la legalidad en la refinanciación de préstamos hipotecarios, por ejemplo.

Otrosí, en los últimos 15 años el flujo de dinero desde paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro y España no es una excepción. En 2015 el dinero de paraísos fiscales a España aumentó un 27% respecto al año anterior. Sin embargo, que aumente la inversión y beneficios en España por esa vía no ha incrementado los ingresos del Estado. Porque el gobierno determinó que los beneficios de empresas españolas en el extranjero casi no tributen aquí. Esa reducción de recaudación pública por evasión o elusión de impuestos es global. Según varios estudios, entre los que destaca el de Oxfam Intermón, la Unión Europea deja de recaudar cada año por evasión y elusión fiscales cientos de miles de millones de euros. Porque los gobiernos no se proponen de verdad acabar con la lacra del impago de impuestos. En realidad, lo favorecen y ahí están para demostrarlo los acuerdos secretos de algunos gobiernos europeos, como el de Luxemburgo, con  cientos de multinacionales.

No es cuestión baladí, pues en América Latina, por ejemplo, la delincuencia fiscal de grandes empresas cuesta más de 100.000 millones de dólares anuales a los países empobrecidos; esos que desde Occidente con increíble desfachatez denominan ‘países en desarrollo’. La recaudación evadida de gravar capitales (que los ricos latinoamericanos esconden en paraísos fiscales) sería suficiente para que más de 30 millones de latinoamericanos salieran de la pobreza. Por su parte, África pierde 50.000 millones de dólares anuales por movimientos ilegales de capital y con esa  evasión de impuestos, por ejemplo, Chad tardará más de cien años en reducir 2/3 partes la mortalidad infantil en la infancia hasta cinco años, pero lo lograría en 12 si esos impuestos se pagaran cuando y cuanto se debe.

Evasión de impuestos, trato fiscal de favor, favor y ayuda a delincuentes (los que provocaron la crisis), corrupción a mansalva, desposesión de la ciudadanía… Definitivamente éste es un sistema gangsteril. Y hay que enfrentarse a él, problema a problema, delito a delito.

Hay que darle la vuelta al calcetín o nos estrellamos

El gobierno del Partido Popular no cesa en su cansino autobombo de lo bien que lo han hecho, cuanto empleo crean y como el país ha superado la crisis y se ha recuperado con largueza. Nada que ver con la realidad, porque esa pretendida recuperación económica no llega a la gente. No significa una vida mejor para la ciudadanía ni tampoco la reducción de la pobreza ni la disminución de la creciente desigualdad. Al contrario, según el último informe de Oxfam Intermón aumentan desigualdad y pobreza . La presunta recuperación solo alcanza a unos pocos.

La recuperación suele asociarse al crecimiento y la historia reciente está plagada de casos de países con buen crecimiento económico y pauperación progresiva de amplias capas de población. Ahí están los casos paradigmáticos de Brasil o México en el siglo pasado con excentes tasas de crecimiento y cada vez más pobres. Hoy, España es el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad. Por tanto, no hablemos de recuperación en tanto no beneficie a la mayor parte de población. Que no es el caso. Como botón de muestra, en España más de tres millones de pensionistas perciben menos de 600 euros, lo que significa que están en el umbral de la pobreza.

Que haya siete mil nuevos millonarios en este Reino es prueba de recuperación para el Partido Popular. Pero esos nuevos ricos son unas gotas de agua en un vasto océano de más de 46 millones de habitantes entre los que avanza implacable la desigualdad. Es tanta esa desigualdad que, según Oxfam, solo tres personas (Amancio Ortega, su hija y Joan Roig, dueño de Mercadona) suman tanta riqueza como 14 millones de personas que constituyen el tercio de población más pobre del país.

Oxfam explica además que de 2008 a 2014 los salarios más bajos bajaron un 28% más, una de cada cinco personas en edad de trabajar no encuentra empleo y, si lo encuentra, es precario con un salario 9% menos que en 2008. Lo más grave es que este desconsolador panorama para la gente común puede empeorar. Así lo escribe Alejandro Inurrieta quien afirma que 2017 será un mal año para una parte considerable de la población. Pues, a pesar de los ditirambos triunfalistas del gobierno del Partido Popular, no se han abordado los verdaderos problemas del Reino de España: debilidad del tejido productivo, escasa tecnología avanzada en las empresas, políticas económicas caciquiles y de amiguetes, incesante corrupción que resta riqueza a las admistraciones pública, floja demanda interna… El empleo no mejorará este año, los salarios no permitirán vivir con dignidad a gran parte de la población y habrá más familias al borde de la exclusión. Situación agravada con el más que previsible aumento de la inflación, según varios indicadores (como la inestabillidad de los precios del petróleo) que podría ser del 2%, tras tres años de tasas negativas.

España continúa siendo un país de trabajadores mal pagados (que se traduce en floja demanda interior), muchas empresas demasiado pequeñas y poco eficaces y un gobierno al servicio de una minoría. A lo que añadir un sistema fiscal regresivo y nada redistributivo que hace de España uno de los países europeos con menor capacidad para reducir desigualdades. En desigualdad solo nos ganan Letonia, Bulgaria, Estonia y Lituania, los últimos de la fila europea.

Que el actual sistema de impuestos es injusto y regresivo lo demuestra que, aún con desempleo crónico, bajos salarios y precariedad laboral, son las familias quienes aportan la mayor parte de ingresos al Estado: 84% de la recaudación, en tanto que las empresas solo abonan un 13%. Con el agravante de que el gobierno y el partido que lo sostiene no tienen la menor voluntad política de acabar con el agujero de los ingresos del Estado para poder redistribuir la riqueza con algo más de justicia. Sin olvidar que es probable una desaceleración de la actividad económica en 2017 porque turismo y exportaciones serán más flojos por factores externos. Y eso ocurre con una patronal que cree que solo se puede reducir el paro creando “empleo de baja calidad”. Así lo ha dicho sin el menor rubor el presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE, José Luis Feito. De lo que cabe concluir sin temor a errar que con tales empresarios estamos bien apañados en pobreza y desigualdad.

No va a ser facil, ciertamente, pero la situación es tan vulnerable que, si no se le da la vuelta al calcetín, esto no hay quien lo salve.

Gana la banca, pero eso ha de acabar

La banca sigue jugándosela a la gente. En España, una oscura práctica bancaria fue conceder préstamos hipotecarios con las llamadas clausulas suelo. Topes a la reducción de intereses. Es decir, por mucho que bajara el Euribor (tipo diario de interés promedio europeo a aplicar) el interés resultante nunca podría ser inferior al establecido en la cláusula suelo. Si el Euribor indicaba un interés final de 1,8%, pero la cláusula suelo era 3%, el interés sería 3%.

El Tribunal Supremo de España anuló en mayo de 2013 todas esas cláusulas por abusivas, pero no desde 2009, cuando la banca empezó a cobrarlas ilegítimamente. El Supremo reconocía ser justo que los usuarios recuperaran el dinero cobrado por los bancos por las clausulas suelo, pero no desde que empezaron. Para no perjudicar a la banca, se arguyó, con un imprevisto desembolso considerable. Según el Banco de España, la banca debe más de 4.600 millones de euros a quienes pagaron más por las clausulas suelo. Y ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) ha sentenciado que los bancos españoles deben devolver todo el dinero de cláusulas suelo por ser “incompatibles con el Derecho de la Unión Europea” y no solo los importes hasta mayo de 2013 como planteó el Supremo español. El TSJUE recalca que son nulas todas las cláusulas suelo de todas las entidades financieras sin excepción desde 2009. Y han de devolver todo el dinero cobrado de más por esas clausulas.

Pero, como se temía, el gobierno del Partido Popular ha perpetrado un decreto ley para aplicar la sentencia europea que permitirá a los bancos pagar menos de lo que debieran por esas cláusulas indebidamente cobradas. El decreto propone un protocolo de actuación para reclamaciones de afectados, obligatorio para los bancos… salvo que los bancos pueden ignorarlo, si en un mes comunican que no se acogen al protocolo. Ninguna obligación para la banca. Como siempre.

Además, el decreto ley no dice nada de pagar intereses por el dinero cobrado de manera ilegítima en poder de los bancos desde 2009 hacia acá. Ni se sabe tampoco como informarán los bancos a sus clientes de como reclamar ese dinero por la vía no judicial. El decreto dice que hay que informar, pero nada más. Un cartel pequeño poco visible en una pared de una oficina bancaria ya cumple el decreto y la gente sin enterarse. Además, hay bancos, como el Sabadell, que dicen impertérritos que sus cláusulas suelo eran perfectamente legales, pasándose por el arco del triunfo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE. Algunos juristas consideran que los bancos han de devolver el dinero de esas cláusulas ilegítimas sin más, pero los bancos hacen el remolón y quieren dilatar el proceso, alejando el momento de pagar, confiando en que muchos clientes con derecho a devolución se cansen y no reclamen.

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que la creación por el gobierno de un órgano de seguimiento del desarrollo del decreto de cláusulas suelo es una “pantomima que no obliga a los bancos a nada”. Lo cierto es que, una vez más, para el gobierno el interés de la banca prima sobre cualquier otro como ya ocurriera antes con los gobiernos de Aznar, de Zapatero y el anterior de Rajoy. Pero eso ya no extraña cuando sabemos, como han informado algunos medios recientemente, que el Gobierno español durante ocho años ha movido más de 350.000 millones de euros de ayudas públicas, incluidas inyecciones de capital y avales, además de otro tipo de ayudas, para mantener a flote un sistema bancario poco fiable, una banca que da créditos con cuentagotas, no cesa en sus discutibles prácticas y cobra comisiones hasta por respirar, al tiempo que establece y mantiene filiales en los fraudulentos paraísos fiscales más otras actuaciones dignas de toda sospecha.

Una vez más, gana la banca y tenía razón Thomas Jefferson, tercer presidente de los EEUU, cuando afirmaba hace más de dos siglos que “si los pueblos permiten un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos e instituciones que surgirán en torno a los bancos, privarán a la gente de toda posesión, primero por la inflación, después por la recesión, hasta que sus hijos se despertarán sin casa ni techo”.

Puede parecer un descomunal compromiso, una ingente tarea, pero es imprescindible que la ciudadanía plante cara a la banca, al poder financiero. O acabaremos como decía Jefferson.