TTIP, un ataque directo contra la vida segura y digna de las personas

Bar de Chicago, años treinta, en plena Ley Seca. El dueño, a un vendedor de cerveza de Al Capone: “Tenemos cuanto necesitamos. Además, la cerveza que vendes es mala”. El sicario contesta: “No se trata de que la cerveza sea buena sino que has de comprarla”. “No la compraré”, resiste el tabernero. El gángster se va. Alguien deja un maletín junto a la barra. El maletín estalla y destruye el establecimiento.

Esta secuencia del filme The Intouchables de Brian da Palma sintetiza la actitud y actuación del poder económico y sus cómplices políticos para asegurar contra viento y marea los beneficios de grandes empresas y corporaciones multinacionales. Con los tratados bilaterales de comercio e inversión. Pues, como dice el gángster en la película, no se trata de que la cerveza sea buena sino que has de comprarla. Para el capitalismo solo vale ganar dinero. Todo lo demás sobra.

Los tratados de libre inversión son como el gángster y el maletín explosivo. Así es el TTIP que negocian en secreto Unión Europea (UE) y Estados Unidos. El TTIP propone un nuevo modelo económico, social y político de apropiación y desposesión de la ciudadanía. Un modelo autoritario y antidemocrático que perjudicará la vida cotidiana de la mayoría de población. Es la vuelta de tuerca definitiva del capitalismo que busca asegurar los privilegios de las grandes multinacionales para garantizar ganancias incesantes y crecientes. Por encima de los derechos de la mayoría de la población. Corrijo: contra los derechos de la población. Se acabó que los gobiernos gobiernen y que los parlamentos legislen. Con el TTIP se acabará la democracia. Solo cuentan los beneficios de las multinacionales.

Tratados como el TTIP convierten en mercancía cualquier necesidad, experiencia o acción humanas. Salud, educación, asistencia social, agua… Mercancías. Solo negocios. ¿Por qué considerarlos derechos? Es la razón por la que tratados como el TTIP buscan que los servicios públicos dejen de serlo y pasen a codiciosas manos privadas y nunca puedan volver a ser públicos. Para ganar dinero.

Si se firma el TTIP, afectará a toda la vida de la mayoría ciudadana. La salud, por ejemplo. El TTIP prolongaría la duración de patentes de laboratorios farmacéuticos. Mientras haya patentes, costará producir medicamentos genéricos, que curan igual que fármacos con patente y son más baratos. Al aumentar las medicinas con patente, más caras, quedarán fuera del alcance de la mayoría de gente. Más enfermedades, más sufrimiento, más mortalidad.

También habría menos seguridad alimentaria porque desaparecerían las normas europeas de control. Y se comercializarían en Europa pollos lavados con cloro (muy tóxico, prohibido en Europa). O se venderían pavos americanos alimentados con piensos que contienen arsénico. O terneros y vacas tratados para engordar con la hormona Somatrotropina Bovina Recombinante, de la que hay fundadas sospechas que provoca cáncer en las personas. Y cerdos tratados con la droga Clorhidrato de Ractopamina, prohibida en la UE por su amenaza para la salud.

La firma del TTIP afectaría a la seguridad de los alimentos, aumentaría los riesgos para la salud de la gente y habría nuevas enfermedades por no proteger alimentos de consumo habitual.

Si se firma el TTIP, se utilizarán en la agricultura europea pesticidas tóxicos peligrosos que afectarán a los productos agrícolas y a la gente. Desaparecerá la agricultura familiar de Europa, sustituida por enormes empresas agrarias globales que empobrecen el suelo agrícola, entre otros males. Y se dependería de las multinacionales de alimentación que harán lo que les dé la gana.

Las normas hoy vigentes en la Unión Europea se ‘igualarían’ a las de Estados Unidos. Desaparecerían. Con graves consecuencias en el mundo laboral, por ejemplo, porque EEUU no acepta la mayoría de convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Ni ha ratificado 175 de los 189 convenios de la OIT que protegen derechos de los trabajadores.

El TTIP destruiría empleo en multitud de pequeñas y medianas empresas, demás de hacerlo en los servicios sanitarios y educativos porque primarían los beneficios empresariales en universidades, hospitales y centros de diagnóstico por encima de la educación y la salud. Y por aceptar Europa la ausencia de normas de protección de derechos de los trabajadores, habitual en Estados Unidos.

Etcétera.

El TTIP es un ataque directo contra la vida segura y digna de la gente común. Por eso hay que moverse más y más e impedir que se firme. O lo pagaremos muy caro.

La austeridad mata, por tanto es un crimen

Según un reciente estudio del British Medical Journal, los recortes presupuestarios en sanidad pública en el Reino de España han supuesto desmantelar gran parte del sistema sanitario, así como un daño significativo en la salud de la población. El estudio advierte de que si no se revierte la situación, España sufrirá un notable y peligroso aumento de enfermedades infecciosas como tuberculosis, sida… Ya ha ocurrido en Grecia. También destaca el preocupante aumento de depresiones, mayor número de trastornos asociados al alcohol y más suicidios.

El estudio coincide con otros en Europa y Norteamérica que también concluyen que los recortes presupuestarios tienen un efecto devastador en la salud de la gente común. Además, según el estudio, en Madrid, Cataluña y otros lugares, los males citados acompañan a una indecente privatización de hospitales y centros de salud. Privatizaciones que conllevan escandaloso aumento de la espera para ser intervenido quirúrgicamente o someterse a imprescindibles pruebas diagnósticas; disminución o supresión de servicios de urgencias médicas y un evidente y preocupante deterioro de la calidad de la atención sanitaria.

La decisión del gobierno autónomo de Madrid de privatizar hospitales y centros de salud públicos ha provocado una intensa reacción ciudadana con manifestaciones, denuncias judiciales, ocupaciones de centros de salud y hospitales… Vecinos y vecinas del barrio madrileño de Vallecas, por ejemplo, ocuparon recientemente un centro de salud privatizado para mostrar que no aceptarán que les arrebaten lo que es de todos en beneficio de empresas privadas. Y han denunciado que esas empresas recortan presupuestos, reducen  personal sanitario, imponen contratos precarios, rebajan salarios, contratan personal sin suficiente cualificación y, peor aún, seleccionan pacientes, relegando a los menos rentables (personas mayores, enfermos crónicos, inválidos…).


Y no ocurre solo en España. Escenarios similares se dan en Portugal, Grecia, Italia, Irlanda, Reino Unido… Y en Cataluña, otra cara del asalto a la sanidad pública. Corrupción. El director del Servicio Catalán de la Salud es también apoderado de seis empresas sanitarias privadas que en 2012 facturaron 14 millones de euros al gobierno autónomo catalán, de cuya administración ese director forma parte. ¿No huele a delito? Pues es solo un botón de muestra. En el saqueo de la sanidad pública se dan varias conductas delictivas. La coartada sempiterna para tamaño pillaje a costa de derechos de la ciudadanía es que hay que ajustar presupuestos y bajar gastos para reducir la deuda y el déficit públicos. Pero ¿son deuda y déficit públicos causantes de tal  depredación?

Lo cierto es que, en este buscado y provocado ceremonial de confusión, hay un agujero de un billón de dólares por evasión de impuestos de grandes empresas. Son origen de recortes y ataques a la sanidad pública. Los estados ingresan mucho menos, a mayor beneficio de la minoría rica. Y la minoría saca tajada por partida doble: por cobro de intereses de deudas públicas adquiridas con ventaja y por beneficios de la apropiación ilegítima de la sanidad pública.

Hace una treintena de años empezó la rebaja de impuestos a los ricos y muy ricos. Reagan y Thatcher abrieron el baile y siguieron otros gobiernos, descaradamente al servicio de la minoría rica. Y de aquellos polvos, estos lodos de recortes presupuestarios, deuda como trampa y déficit público como coartada suprema. Pues el asalto a la sanidad pública  tiene que ver con todo eso. Absolutamente ilegítimo y bordeando la criminalidad. Porque se trata de la salud, de la vida. Derechos.

Si se llegara a creer que los derechos humanos solo son principios, frases hermosas, como bonitos e inútiles jarrones chinos que molestan por el sitio que ocupan, estaríamos perdidos. Porque hablamos de la vida, de la libertad y de la justicia.

Pero los derechos humanos no solo son principios. Son ley internacional. Desde 1948, todos los países agrupados en la ONU han desarrollado una cuantiosa legislación sobre cómo y porqué del obligado respeto de los derechos humanos. Una normativa internacional que los países han debatido, aprobado y ratificado. Una legislación que obliga. Por tanto, la mayoría de estados que perpetran la letal austeridad con desastrosas repercusiones en la sanidad y en la vida infringen la ley internacional. Gobiernos y cómplices del saqueo de la sanidad delinquen.

Algo habrá que hacer al respecto.

 

Recortes y crímenes económicos contra la humanidad

En junio de 2009, los partidarios de recortar gastos para reducir el déficit entronizaron a Irlanda como modelo; veintidós meses después, la deuda irlandesa no se arregla y esa economía no levanta cabeza. El gobierno del Reino Unido, partidario de austeridad a ultranza, ha de revisar al alza la previsión del déficit porque el crecimiento económico británico se ha estancado. En España, se propone limitar el gasto público en función del crecimiento del PIB, mientras se ejecutan grandes recortes sociales, pero el paro es astronómico. Grecia no levanta cabeza a pesar de los fieros recortes habidos…

Ciega ante los hechos, la Unión Europea perpetra el Pacto del Euro que apuesta aún más por los recortes sociales, aunque, como diagnostica Paul Krugman, “la doctrina de la austeridad fracasa estrepitosamente en Europa”. Porque los recortes del gasto deprimen más la economía y aumentan el paro. Pero los neoliberales imponen la austeridad presupuestaria como única alternativa, perpetrando grandes reducciones en partidas sociales que garantizan derechos de los ciudadanos; educación, salud, seguridad social…

No es una discusión académica entre economistas neocon y keynesianos. Hablamos de derechos humanos, de agresiones sistemáticas contra los derechos constitucionales de la ciudadanía. Pero los responsables de esta feroz crisis han desviado el problema al terreno de la deuda pública, ocultando su responsabilidad, minando los derechos de los ciudadanos. Lo expone Joseph Stiglitz cuando denuncia la falacia de que para reducir el déficit sólo cabe recortar gasto público. Una propuesta que responde, según el Nobel, “al intento de debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad de los impuestos y disminuir el papel y dimensiones del Gobierno, mientras se deja toda una serie de intereses establecidos tan poco afectados como sea posible”.

Es cuestión de derechos, no de economía. Por ejemplo, en la comunidad autónoma de Cataluña, en España, el gobierno recién elegido ordena a los hospitales públicos cerrar quirófanos por las tardes, reducir servicios (incluso Urgencias) y restringir a la mitad la asistencia médica durante el próximo verano. Para reducir el déficit, dicen. Pero el derecho a la salud no es negociable.

Y, llegados aquí, recordamos a las profesoras de economía Lourdes Benería y Carmen Sarasúa, quienes exponen que “culpar a los mercados es quedarse en la superficie del problema. Hay responsables, y son personas e instituciones concretas: quienes defendieron la liberalización sin control de los mercados financieros; los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de los excesos del mercado durante el boom financiero; quienes permitieron sus prácticas y quienes les permiten ahora salir indemnes y robustecidos, con más dinero público, a cambio de nada. Empresas como Lehman Brothers o Goldman Sachs, bancos que permitieron la proliferación de créditos basura, auditoras que supuestamente garantizaban las cuentas de las empresas, y gente como Alan Greenspan, que fue jefe de la Reserva Federal norteamericana, opositor a ultranza de regular los mercados financieros”.

Cierto, los responsables de que millones de familias hayan perdido sus hogares, millones de trabajadores vayan al paro, millones más incrementen la legión de pobres, el número de hambrientos crezca hasta sobrepasar los 1000 millones… tiene nombre y apellidos o razones sociales. No son una entelequia.

Quienes han provocado la crisis –denuncian Benería y Sarasúa-, no temen castigo alguno. Nadie investiga sus responsabilidades ni sus decisiones. Los Gobiernos los protegen y el aparato judicial no los persigue. Pero igual que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos contra la humanidad, es hora de hacer lo mismo con los crímenes económicos contra la humanidad.

Así ha de ser. Es imprescindible señalar a los responsables de ese desastre nada natural llamado crisis, investigarlos, procesarlos, llevarlos a juicio y meterlos en la cárcel. Porque, si no lo hacemos, no salimos de la crisis. Y aún más imperativo: hay millones de víctimas que exigen justicia y reparación.

¿Acaso los tiburones neoliberales, los especuladores del precio de los cereales, los delincuentes de guante blanco ocultos en paraísos fiscales causan menos dolor y sufrimiento que los criminales juzgados por el Tribunal de La Haya?

Es hora de denunciar y juzgar los crímenes económicos contra la humanidad.