Lo que se le avecina a la ciudadanía europea si se aprueba el TTIP

Esta es la síntesis de lo que se le avecina a la ciudadanía si se firma el TTIP, el tratado que negocian clandestinamente Estados Unidos y la Unión Europea (UE) desde hace unos años.

Se suprimirán los derechos de huelga, sindicación y negociación colectiva. Rebaja o derogación de leyes positivas para el pueblo trabajador de la fase keynesiana del capitalismo europeo que han sobrevivido a la ofensiva neoliberal desde los ochenta en Europa. No olvidemos que Estados Unidos no acepta ni ha firmado seis de los ocho principales tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y tampoco 175 de los 189 convenios de la OIT que protegen derechos laborales. Además, se destruirán un millón de puestos de trabajo, bajarán aún más los salarios y muchas empresas serán trasladadas a otros países. Desaparecerán muchas pequeñas y medianas empresas, incapaces de competir con las grandes y las corporaciones. Se privatizarán la sanidad, educación, administración pública, agua, transporte, gestión de residuos y las pensiones públicas y mucha gente no podrá aceder a servicios esenciales.

La producción de semillas y alimentos estará en manos de unas pocas multinacionales. Se impondrá una agricultura expansiva industrial que no atenderá las necesidades alimentarias de las regiones donde se establezca y eliminarán la agricultura ecológica. Habrá vía libre para productos transgénicos y se suprimirán las normas europeas de seguridad alimentaria. Se venderán alimentos agrotóxicos, hoy prohibidos en Europa, porque el ganado se tratará con hormonas, antibióticos y otros productos de considerable toxicidad. Habrá explotación excesiva de recursos naturales y supresión o rebaja de la protección del medio ambiente…

Y a todo hay que sumar la completa eliminación de los escasos controles que queden en el sector financiero. Los gobiernos no podrán regular, supervisar ni controlar al sector financiero y las pésimas consecuencias de la desregulación financiera que el TTIP busca harán posible el estallido de una enorme crisis que aboque a una recesión profunda y depresión que se lleven por delante toda la economía real. No es un delirio catastrófista. Es un peligro real.

Un peligro real como el que empezó a gestarse en 2007. En pueblos y ciudades de Estados Unidos, gente común que había conseguido abultados préstamos hipotecarios para comprar sus casas sin garantía alguna de solvencia dejaron de pagar sus cuotas de intereses y devolución de capital. Sencillamente no podían. ¿Qué hacer? Peces gordos de las finanzas vieron que millones de esas hipotecas no rendirían nunca y jamás serían devueltas. Eran hipotecas-basura. Entonces a los genios de la banca se les ocurrió esconder las hipotecas incobrables en títulos financieros, mezcladas con bonos rentables. Y crearon unos títulos de presunta alta rentabilidad con la bomba de acción retardada de las hipotecas-basura en su interior. Las agencias de calificación de solvencia les dieron excelente nota, las aseguradoras los aseguraron sin problemas y muchos bancos y entidades financieras los compraron y vendieron por millones en todo el mundo. La crisis estaba servida.

Entonces, un gran banco de inversión estadounidense, Lheman Brothers, pidió desesperadamente ayuda al gobierno federal porque sus cuentas tenían más agujeros que una canasta.  Habían especulado sin freno y se precipitaban al abismo de la quiebra. El gobierno federal dijo que se apañaran y Lehman Brothers se hundió. Puesta de largo de la crisis.

Esa es una escenificación de los frutos envenenados de la desregulación, de la ausencia de supervisión financiera y de la total falta de control de las transacciones financieras.

Tremendo, pues puede suceder de nuevo porque los acuerdos en finanzas, que negocian clandestinamente Estados Unidos y la Unión Europea en el TTIP, son más de lo mismo. No aprenden. Ancha es Castilla para el capital y el sector financiero. Y, por si alguien tuviera duda, la Comisión Europea proclama que “la libre circulación de capitales es uno de los principios fundamentales sobre los que se ha construido la Unión Europea y una de las libertades fundamentales de la UE”. Aberrante y preocupante, pero muy esclarecedor.

El TTIP que se negocia de ningún modo pretende la menor regulación ni control alguno de las finanzas ni de las transacciones especulativas. Apuestan por la financiarización total, convertir todo en activos para especular en el casino financiero en que han convertido la economía de la Tierra. A este paso, hasta el aire que respiramos será un activo para especular.

¿Comprenden porque hemos de conseguir que no se firme el peligroso tratado conocido como TTIP?

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El vaciado de la democracia, una exigencia neoliberal

Recortan presupuestos sociales, privatizan servicios públicos y amedrentan con la deuda como modo de dominio, como se comprueba con amplitud en el caso de Grecia. Además vacían la democracia, porque así lo exige ese saqueo neoliberal que es la vigente política de austeridad en la Unión Europea. Pero además, las élites que nos castigan tienen la obscena desfachatez de pretender ser defensores de la libertad. Sí, pero solo la del capital.

En el Reino de España, al inicio del movimiento ciudadano del 15 M, más de doscientos intelectuales, artistas, profesores universitarios y dirigentes sociales ya denunciaron la persecución y criminalización de ese movimiento social. Represión, arbitrariedad policial, uso excesivo de fuerza, además de detener y encarcelar a manifestantes pacíficos. Esa situación, que empezó hace unos cuatro años, empeora. Hoy, los juzgados acumulan docenas de expedientes contra centenares de trabajadores y representantes sindicales por manifestarse o ir a la huelga. Además los fiscales piden cárcel para unas decenas de pacíficos ciudadanos y ciudadanas cuyo ‘delito’ ha sido protestar y oponerse a las políticas de austeridad. También hay trabajadores y trabajadoras que podrían entrar en prisión y alguno ya está encarcelado por ejercer sus derechos sindicales. Como en la dictadura franquista.

Democracia es más que votar cada cuatro años. Mucho más. Puede haber votaciones y, sin embargo, también autoritarismo. El autoritarismo del Partido Popular se manifiesta de modo especial en el sistemático desprecio de los derechos de la ciudadanía y en el recurso cada vez más frecuente de recurrir a la policía porra en mano contra la ciudadanía, como en el caso de los desahucios. El informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa de 2014 ya denunció con dureza la actuación del gobierno, así como el uso de la crisis como pretexto, para violar derechos fundamentales de la infancia, de la gente mayor y de las personas que dependen de otras. Por ejemplo. También constató la creciente criminalización de la ciudadanía que protesta.

Sin olvidar torturas y malos tratos a personas detenidas y bajo custodia policial. En España ha habido desde 2004 más de 6.600 casos de tortura y malos tratos policiales. Expertos en derechos humanos denuncian que el gobierno no toma medidas para evitar las torturas ni tampoco para castigarlas. Manfred Nowack, relator especial de Derechos Humanos de la ONU, ya denunció la falta de voluntad política del gobierno español para acabar con torturas y malos tratos a detenidos. Amnistía Internacional ha denunciado con detalle en tres informes numerosos casos de torturas en España desde 2007 y asegura que “además de malos tratos y torturas, hay impunidad para los torturadores”.

Para los más viejos del lugar, que sufrieron la dictadura franquista en vivo y directo, el panorama huele cada vez más a fascismo rancio, a neofranquismo.

Más aún, una sesentena de catedráticos de Derecho Penal de más de treinta universidades públicas españolas han publicado un manifiesto muy crítico contra la reforma en marcha del Código Penal. También jueces, fiscales y abogados critican con dureza ese nuevo Código así como la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’. Coinciden todos en que el gobierno y sus agentes criminalizan a la ciudadanía y violan sus derechos. Jueces por la Democracia considera además que la reforma penal es ilegítima, porque los delitos del país muestran que no es necesaria. Según Eurostat, España es uno de los países más seguros y menos violentos de Europa. De lo que presume el ministro de Interior; el mismo que ha promovido la autoritaria reforma del Código Penal y la no menos fascistoide ‘ley mordaza’. Ergo este gobierno neoliberal autoritario del Partido Popular no  busca la seguridad de la gente común, sino la represión legalizada de la ciudadanía que se opone y resiste sus políticas de austeridad.

España sí es un caso paradigmático de autoritarismo, aunque no único. La clase dirigente política europea, al ya evidente servicio descarado del poder financiero, vacía la democracia. Ignoran olímpicamente a la ciudadanía y siguen con sus austeridades y saqueo haciendo oídos sordos a las clamorosas reivindidaciones ciudadanas.

No cabe duda de que los poderes europeos, gobiernos incluidos, no necesitan por ahora fascistas en escuadras de la porra para socavar el sistema democrático. Prescinden de la ciudadanía, violan sus derechos una y otra vez y la reprimen con dureza cuando resiste y protesta. Vacían la democracia porque la reducen a un decorado, una liturgia, una farsa.

Ese vaciado de la democracia conduce a Europa a un autoritarismo real y la convierte en un mal chiste. Porque la democracia no es una meta, sino el camino. O no hay democracia.

Por si alguien no se ha enterado de que crisis, deuda y déficit son un saqueo

Noticias de un día cualquiera. El partido del gobierno en España rechaza el Impuesto a Transacciones Financieras. El mismo Gobierno impone una ley de régimen local que suprime servicios municipales imprescindibles para millones de ciudadanos. La ministra de Sanidad contrata a un corrupto imputado para implantar la gestión privada en hospitales del ministerio. Privatizan el agua. Las 35 mayores empresas de España pagan 500 millones de euros menos en impuestos aunque el año anterior ganaron más. El Gobierno aprueba un regalo de 30.000 millones a la banca. El Gobierno justifica que los bancos no den crédito, porque han de velar por la solvencia de sus clientes. Los pensionistas perderán 33.000 millones en 8 años. Más vueltas de tuerca en la aplicación de la reforma laboral. El FMI amenaza con más “ajustes significativos” para reducir la deuda… Sin olvidar la reducción presupuestaria, los recortes en educación y sanidad, el aumento del paro, de la precariedad, la pobreza y la desigualdad… El remate es la nueva ley de seguridad ciudadana. Muchas protestas sociales serán tratadas como delitos.

Louis Brandeis, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo dejó muy claro: “Podemos tener democracia o riqueza concentrada en pocas manos, pero ambas cosas no”. Banca, corporaciones, grandes fortunas y Gobierno han elegido la riqueza para la minoría. Para ellos. Lo logran saqueando a la ciudadanía. Y con represión para impedir la respuesta cívica, la acción de los trabajadores. Por eso las concentraciones frente al Congreso, los escraches junto a viviendas de políticos o grabar y difundir imágenes de policías en acción serán castigados con multas de hasta 600.000 euros. Y con penas de prisión de hasta cuatro años. Sorprendente, porque según Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo, los escraches son “un ejemplo de libertad de manifestación”. Pero a esta gente no les importan las libertades: son obstáculos a derribar.

Como afirma el magistrado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, “para el Gobierno del PP el ciudadano que protesta es el enemigo”. Y para Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo, ésta ley prosigue la vulneración de derechos propia de este Gobierno. Además, esgrimir seguridad es un burdo pretexto, porque “en España no hay problema de seguridad”, afirma Robles. La criminalidad ha disminuido regularmente sin cesar en los últimos años, argumenta. España tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de la Unión Europea, según datos del propio Ministerio de Interior. Y, si hablamos de protestas sociales, hay confrontación con la policía en otros países (Grecia, Italia), pero no en España. El movimiento ciudadano es pacífico y pacífica es la desobediencia civil.

Incluso la policía critica esa ley. José María Benito del Sindicato Unificado de Policía denuncia que, simulando amparar a los policías, la nueva norma sólo protege a “la casta política”. Por eso criminaliza protestas frente a sus domicilios o manifestaciones frente al Congreso. Y la Coordinadora de ONG de Desarrollo expresa su preocupación por una normativa que considera “delito de integración en organización criminal” convocar una concentración de protesta por Internet en la que pudieran producirse incidentes violentos al margen de la intención y voluntad de quien convoca. El colmo es considerar “delito de atentado contra la autoridad” la resistencia activa pacífica. Ésta gente encarcelaría al mismísimo Gandhi.

Tienen una lógica totalitaria impecable. Saquear y la consiguiente represión de la ciudadanía que reacciona contra el pillaje. Como bien y con lucidez expone Carlos Martínez de ATTAC Andalucía, “estamos ya en una pre-dictadura real y no somos conscientes de la gravedad de la situación. Se ataca el derecho de huelga, las libertades de expresión y manifestación y se prepara una ley represiva que permitan al poder y a los poderosos recortar, privatizar y despedir masivamente, acallando la protesta y oposición ciudadanas”.

Ante el rechazo social a la ley de seguridad, el Gobierno dice ahora que es solo un borrador y Rajoy ha ordenado “suavizarla”. Es posible pararla, si la ciudadanía se mueve. Y una reflexión de Luther King para aclarar dónde estamos: “Nunca olviden que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal”. ¿Pillan por donde iba el reverendo King? Porque lo irrenunciable es la legitimidad de la que este gobierno no conserva ni gota. ¿Podemos frenar esa ley franquista y también el saqueo? Como afirma Mandela, “siempre parece imposible hasta que se logra”.

La austeridad mata, por tanto es un crimen

Según un reciente estudio del British Medical Journal, los recortes presupuestarios en sanidad pública en el Reino de España han supuesto desmantelar gran parte del sistema sanitario, así como un daño significativo en la salud de la población. El estudio advierte de que si no se revierte la situación, España sufrirá un notable y peligroso aumento de enfermedades infecciosas como tuberculosis, sida… Ya ha ocurrido en Grecia. También destaca el preocupante aumento de depresiones, mayor número de trastornos asociados al alcohol y más suicidios.

El estudio coincide con otros en Europa y Norteamérica que también concluyen que los recortes presupuestarios tienen un efecto devastador en la salud de la gente común. Además, según el estudio, en Madrid, Cataluña y otros lugares, los males citados acompañan a una indecente privatización de hospitales y centros de salud. Privatizaciones que conllevan escandaloso aumento de la espera para ser intervenido quirúrgicamente o someterse a imprescindibles pruebas diagnósticas; disminución o supresión de servicios de urgencias médicas y un evidente y preocupante deterioro de la calidad de la atención sanitaria.

La decisión del gobierno autónomo de Madrid de privatizar hospitales y centros de salud públicos ha provocado una intensa reacción ciudadana con manifestaciones, denuncias judiciales, ocupaciones de centros de salud y hospitales… Vecinos y vecinas del barrio madrileño de Vallecas, por ejemplo, ocuparon recientemente un centro de salud privatizado para mostrar que no aceptarán que les arrebaten lo que es de todos en beneficio de empresas privadas. Y han denunciado que esas empresas recortan presupuestos, reducen  personal sanitario, imponen contratos precarios, rebajan salarios, contratan personal sin suficiente cualificación y, peor aún, seleccionan pacientes, relegando a los menos rentables (personas mayores, enfermos crónicos, inválidos…).


Y no ocurre solo en España. Escenarios similares se dan en Portugal, Grecia, Italia, Irlanda, Reino Unido… Y en Cataluña, otra cara del asalto a la sanidad pública. Corrupción. El director del Servicio Catalán de la Salud es también apoderado de seis empresas sanitarias privadas que en 2012 facturaron 14 millones de euros al gobierno autónomo catalán, de cuya administración ese director forma parte. ¿No huele a delito? Pues es solo un botón de muestra. En el saqueo de la sanidad pública se dan varias conductas delictivas. La coartada sempiterna para tamaño pillaje a costa de derechos de la ciudadanía es que hay que ajustar presupuestos y bajar gastos para reducir la deuda y el déficit públicos. Pero ¿son deuda y déficit públicos causantes de tal  depredación?

Lo cierto es que, en este buscado y provocado ceremonial de confusión, hay un agujero de un billón de dólares por evasión de impuestos de grandes empresas. Son origen de recortes y ataques a la sanidad pública. Los estados ingresan mucho menos, a mayor beneficio de la minoría rica. Y la minoría saca tajada por partida doble: por cobro de intereses de deudas públicas adquiridas con ventaja y por beneficios de la apropiación ilegítima de la sanidad pública.

Hace una treintena de años empezó la rebaja de impuestos a los ricos y muy ricos. Reagan y Thatcher abrieron el baile y siguieron otros gobiernos, descaradamente al servicio de la minoría rica. Y de aquellos polvos, estos lodos de recortes presupuestarios, deuda como trampa y déficit público como coartada suprema. Pues el asalto a la sanidad pública  tiene que ver con todo eso. Absolutamente ilegítimo y bordeando la criminalidad. Porque se trata de la salud, de la vida. Derechos.

Si se llegara a creer que los derechos humanos solo son principios, frases hermosas, como bonitos e inútiles jarrones chinos que molestan por el sitio que ocupan, estaríamos perdidos. Porque hablamos de la vida, de la libertad y de la justicia.

Pero los derechos humanos no solo son principios. Son ley internacional. Desde 1948, todos los países agrupados en la ONU han desarrollado una cuantiosa legislación sobre cómo y porqué del obligado respeto de los derechos humanos. Una normativa internacional que los países han debatido, aprobado y ratificado. Una legislación que obliga. Por tanto, la mayoría de estados que perpetran la letal austeridad con desastrosas repercusiones en la sanidad y en la vida infringen la ley internacional. Gobiernos y cómplices del saqueo de la sanidad delinquen.

Algo habrá que hacer al respecto.

 

La salud no puede ser un negocio

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública reclamó a la Fiscalía General del Estado que paralizara en la región autónoma de Madrid el cobro de un 1 euro por receta médica dispensada. Una tasa impuesta por el gobierno regional de Madrid del partido Popular. Para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, dicen. Garantizar la sostenibilidad es el subterfugio falaz de todas las contrarreformas neoliberales que no son otra cosa que vulneración derechos. La otra excusa esgrimida por el gobierno regional es que se malgastan muchos medicamentos como indican varios estudios: casi la cuarta parte de españoles reconocen guardar cajas de medicinas en casa que ya no usan.

Pero hay otras medidas efectivas para un uso racional y efectivo de medicamentos, que nada tienen que ver con el afán recaudatorio de cobrar un euro por receta. Como utilizar fármacos en dosis unitarias que ajusten la terapia necesaria. Pero esa medida no gusta a la industria farmacéutica, a la que le importa un pimiento que se desechen toneladas de medicamentos, porque ellos los cobran se unen o desechen, y otras dosificaciones supondrían más costes de envasado.

Ya el Consejo de Estado consideró que podía ser inconstitucional el cobro de un euro por receta, tasa que se aplicaba desde hace meses en la autonomía de Cataluña, porque discrimina a la ciudadanía de la región de Madrid o Cataluña respecto a la de otras comunidades autónomas. Y, para rematar el despropósito, en lo que se refiere a la región de Madrid, las farmacias madrileñas no disponen de infraestructura informática adecuada para contabilizar el cobro de un euro por receta por cuenta de la administración regional.

En realidad, esa tasa forma parte de la consideración de la salud como negocio y no como derecho indiscutible. Para los neoliberales que desgobiernan, es además negocio con pingües beneficios. Será por eso que el gobierno del Partido Popular de la región de Madrid ha privatizado 6 hospitales y 27 centros de salud de atención primaria. Y, como estos neoliberales son tan tramposos, a la privatización la llaman “externalización” sanitaria.

Dicen que su plan de “externalización” permitirá aprovechar recursos y reducir costes. Pero la experiencia privatizadora en la comunidad autónoma de Valencia demuestra justamente lo contrario: disminución de calidad en la atención sanitaria y bastante más gasto. El coste de una cama en hospital privado es de 1.660 euros diarios, cuando en un hospital público solo es de 955 euros, según un estudio de sindicatos del sector sanitario. Y en Alemania, a la cabeza de las contrarreformas neoliberales de Europa, además de varios repagos sanitarios (volver a pagar quien ya ha pagado con sus impuestos), que ellos insisten en llamar copagos, no pueden presumir de que la privatización de hospitales públicos haya sido un éxito. Un estudio de la Munich School of Management deja muy claro que “los resultados empíricos muestran que los hospitales privados son menos eficientes en controlar costes que los públicos”. Otro estudio, publicado en Health Policies en 2012, concluye que “la evidencia de Alemania muestra que los hospitales privados no son más eficientes que los públicos”.

El otro argumento falaz para maquillar tales contrarreformas es que ya no hay suficiente dinero estatal para ofrecer una sanidad pública de calidad. Falso, como el profesor Vicenç Navarro explica: “De 2007 a 2011, las empresas declararon en España 851.933 millones de euros de beneficios, por los que tributaron 101.421 millones de euros: casi un 12% de tipo impositivo. Si hubieran pagado un 28% sobre beneficios (tipo impositivo medio según la Agencia Tributaria), sin tantas deducciones y elusiones que alegremente concede el gobierno, el Estado hubiera ingresado 141.000 millones de euros. La diferencia entre ambas recaudaciones (ingresada y que se hubiera podido ingresar) coincide con el volumen de recortes de gasto público (sanidad incluida) que los gobiernos imponen desde hace varios años a la ciudadanía española”. Y con este hecho demostrado, España continúa siendo el escaparate de Europa.

Pero la salud no es negocio ni puede serlo, porque es un derecho humano. Además, cobrar un euro por receta no resuelve nada y es una medida miserable. Por fortuna, también crece la objeción ciudadana a pagar ese euro, y, además, la justicia ha suspendido cautelarmente el cobro de ese euro por receta tanto en Cataluña como en Madrid, en tanto se dictamina si ese cobro es anticonstitucional. Que lo es.

Lo dicho, miserable, además de que esta tasa perjudica especialmente a los enfermos crónicos que precisan terapia continua y serán quienes más paguen.

la ciudadanía y l Unión Europea

Treinta mil tunecinos y libios llegaron a Lampedusa. Francia e Italia se enzarzaron sobre quién cargaba con ellos, pero enseguida resolvieron su enfrentamiento proponiendo restablecer controles fronterizos en Europa y al diablo la libre circulación de personas. Todo para cerrar el paso a los inmigrantes. A Alemania le faltó tiempo para apoyar la propuesta franco-italiana, mientras Dinamarca aprovechaba la ocasión y decidía reinstaurar controles fronterizos con Alemania y Suecia por acuerdo del gobierno conservador y el xenófobo Partido Popular Danés para evitar que se cuelen por la frontera alemana ciudadanos de Bulgaria y Rumanía, aunque formen parte de la Unión Europea.

Esos 30.000 africanos del norte, que huían de la guerra civil libia, han sido pretexto para zanjar la libre circulación de personas en la Unión Europea. Aunque no es la primera vez que Europa se enfrenta a una crisis similar. En 1995, 600.000 refugiados de la guerra de Yugoslavia fueron acogidos sin problemas por la Unión Europea, como ha recordado recientemente el profesor Ignacio Torreblanca. En década y media, la Europa solidaria se ha convertido en un carcamal egoísta y cobarde. Y es que la maldita crisis ha desatado el ‘sálvese quien pueda’ en todos los terrenos. La crisis estalló y la solidaridad europea se fue a hacer gárgaras. Veamos también lo de Grecia, por ejemplo.

El primer rescate griego fracasa y ahora se propone un segundo rescate; Grecia estaría negociando con la Unión y el FMI un préstamo adicional de 50.000 a 60.000 millones de euros. Porque las feroces condiciones impuestas a Grecia por sus “socios” europeos han ahogado la economía griega. Pero este segundo presunto rescate también costará a los griegos un ojo de la cara. Y, entre tanto, la Unión Europea aprovecha y presiona a Grecia para que, además de perpetrar más medidas de austeridad presupuestaria y social hasta 2015, privatice totalmente las empresas de servicios públicos. Entre ellas dos compañías de agua potable y tres de energía, y que lo haga antes del próximo abono de ayuda financiera. Un buen bocado para unas pocas y pecadoras manos privadas.

¿Quién pagará el desaguisado griego? ¿La banca que compra deuda griega con interés desmesurado para hacer un negocio redondo o los ciudadanos? En una de las últimas emisiones de deuda griega había casi más inversores-especuladores que bonos a la venta, a pesar de que las tramposas agencias de rating insinúan que son “basura”. Y es que el dictatorial poder financiero sabe que hará un enorme negocio con la ruina social y económica de la ciudadanía griega. Porque, a la postre, parte del dinero de los rescates irá a parar a sus bolsillos de un modo u otro.

Hace ocho años, el canciller alemán Schröeder, refiriéndose al Tratado constitucional europeo que entonces se aprobaba, aseguró ser necesarios dolorosos sacrificios para obtener buenos resultados a medio y largo plazo en la nueva Europa. La manida tesis de que el pastel ha de crecer para repartirlo. Y es cierto que se han hecho grandes sacrificios, pero siempre por parte de los mismos. Asalariados, funcionarios, empleados públicos, trabajadores autónomos, pequeños empresarios, campesinos, pequeños comerciantes, desempleados, inmigrantes, jóvenes, siempre las mujeres y los pobres sin más apelativos. Porque en Europa hay 80 millones de pobres. Pero el pastel nunca llega a repartirse y quienes sacan tajada de que el pastel crezca siempre son los mismos. Y en época de crisis, ni te cuento. Pocos, privilegiados y amorales. Obscenos, como escribe la socióloga Eulàlia Solé.

Hace ocho años, en medio del entusiasmo de la clase política europea por aprobar la neoliberal constitución de la Unión, Oskar Lafontaine acusó a los mandatarios europeos de desmantelar el Estado social y de hacer retroceder a Europa al siglo XIX. Con la crisis, los recortes de logros y derechos sociales y económicos que se han perpetrado y perpetran para salir de la crisis y recortar déficits públicos devienen sello de esta nueva y penosa Europa. Triunfo descarado de un neoliberalismo que supone más pobreza, más corrupción, más desigualdad y más sufrimiento. Además de la disolución de la solidaridad y el entierro de la vocación de defender los derechos humanos.

Esta es la provecta y codiciosa Europa. Perdón, la provecta y codiciosa minoría privilegiada que controla una Unión Europea que no interesa a la ciudadanía en absoluto. Porque esa Unión se ha convertido en la enemiga de sus intereses, de sus derechos.