Hay que frenar el tratado de inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos

Cientos de miles de ciudadanos se han manifestado hace unos días por las calles y plazas de veintidós países europeos. Se movilizaban contra el tratado de inversión que negocian en secreto la Unión Europea y Estados Unidos, TTIP por sus siglas en inglés. La ciudadanía reclama que se olvide para siempre ese tratado. Que se entierre.

Abundando en la exigencia de retirarlo definitivamente, recordemos a modo de inventario algunas consecuencias del TTIP, si fuera firmado. Desaparición en la práctica del derecho de huelga, eliminación de negociación colectiva y, por supuesto, salarios cada vez más bajos y empleos más precarios. La feroz competencia sin control de las grandes empresas a las medianas y pequeñas provocaría que cierren miles de éstas y se destruyan un millón de empleos, según cálculos diversos.

Los servicios públicos de sanidad, educación pública, suministro de agua potable, gestión de residuos, transporte se convertirían en negocios privados en manos de grandes empresas. Y la igualación de normas de Estados Unidos y Europa se haría escogiendo las peores, además de impedir a los gobiernos cualquier política social.

En el ansia de privatizar todo lo público, las pensiones de la seguridad social se reducirían en beneficio de las pensiones privadas hasta que los asalariados crean que han de contratarlas para conseguir una pensión aceptable. Sin olvidar que esas pensiones privadas (rentas de inversiones de grandes fondos) dependen de las veleidades de la especulación financiera. Los pensionistas privados holandeses, por ejemplo, lo han comprobado para mal a partir de 2009 por la crisis.

En agricultura, las grandes corporaciones multinacionales controlarán las semillas y la producción de alimentos, eliminando explotaciones agrarias medias, pequeñas y desapareciendo la agricultura familiar en beneficio de las perjudiciales grandes explotaciones agrarias industriales que, además, impiden el equilibrio ecológico. Y, por supuesto, habrá vía libre para los productos transgénicos. También desaparecerán las normas de seguridad de alimentos y en nuestros supermercados se venderán pollos lavados con cloro o terneras engordadas con hormonas.

El cambio climático será mayor amenaza aún porque, fruto de la desregulación campante, no habrá el menor control real de las emisiones de dióxido de carbono. Por descontado, la fractura hidráulica (fracking), muy perjudicial método de extracción de petróleo a miles de metros de profundidad, se extenderá por Europa y habrá más riesgo de terremotos así como la segura contaminación de aguas subterráneas, vitales en las zonas secas.

Y, por supuesto, se suprimirán los escasos controles que pudiera haber aún para frenar algo la especulación financiera desatada, olvidando de forma criminal, pero también estúpida, que la crisis que sufrimos, y de la que no acabamos de salir, estalló por el descontrol del sector financiero y la ausencia de regulación.

Pero aún hay más, como la creación del llamado Mecanismo de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés). El ISDS sencillamente convierte la democracia en un decorado.

Consiste tal engendro en unos pretendidos tribunales de arbitraje internacional, que no son tales sino tres caros abogados privados, que resolverán las demandas que presenten empresas y corporaciones cuando crean que el Estado perjudica sus beneficios actuales o futuros por las medidas que tome el gobierno. Medidas para atender necesidades de la ciudadanía, satisfacer sus derecho,s garantizar la seguridad de los alimentos o proteger el medio ambiente. A esos abogados no los elegirá ciudadanía alguna ni los controlará ninguna institución democrática. Y, todavía peor, sus fallos serán inapelables.

Sabemos cómo funcionan esos falsos tribunales porque esos mismos inventos de arbitraje figuran en otros tratados bilaterales de inversión. Por ejemplo, la República de Uruguay fue condenada a pagar a Philip Morris 1.467millones de dólares. La tabacalera demandó al gobierno porque éste mandó poner en las cajetillas de tabaco que fumar perjudica la salud.

El fraude de las demandas de multinacionales (porque fraude o estafa es) se convertiría en un freno real de la acción de los gobiernos porque, ante la amenaza de reclamaciones multimillonarias por proteger los derechos de la gente y la naturaleza, muchos gobiernos tendrán la tentación de no tocar esas cuestiones. Y la soberanía ciudadana electoral será inútil porque de hecho mandarán las multinacionales con sus demandas y presiones.

Es obvio que hay que frenar el TTIP. Que desaparezca. En 1998 ya se paralizó la firma de un precedente casi tan maligno, el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) por la movilización ciudadana global. Y podemos volver a hacerlo.

Contra un plan perverso, una ciudadanía unida

Bancos que despiden a miles; miles de millones para salvar esos bancos que, además, no dan créditos; cientos de miles de despidos en todos los sectores; desprotección creciente de desempleados; pensionistas en el punto de mira; menor salario para funcionarios públicos; 6% del PIB de evasión fiscal, amnistía fiscal para evasores de impuestos; disolución de una organización estatal contra la corrupción; seis millones de parados; la deuda pública crece considerablemente el primer año de gobierno del Partido Popular; sanidad pública privatizada, sanidad privatizada encarecida y gravemente dañada; más de 500 desahucios diarios de viviendas; cierre de escuelas, masificación de aulas escolares; cierre de centros de urgencias médicas, reducción de camas hospitalarias; cientos de miles de inmigrantes irregulares y jóvenes en paro expulsados de la sanidad pública; aumento de represión contra quienes protestan; reformas legales (Código Penal, tasas judiciales) que huelen a fascismo; aumenta la infancia y adolescencia en riesgo de pobreza y exclusión (27%); empresas medianas y pequeñas más trabajadores autónomos ahogados y sin salida; una clase media que se precipita a la pobreza… Y mentiras; mentiras, ocultaciones y manipulaciones a todas horas con la ilusa esperanza de engañar a la ciudadanía. ¡La lista de injusticias, atropellos, desmanes e iniquidades de la involución neoliberal es larga, muy larga!

Ocurre en España. Pero también en la vieja Europa con mayores o menores coincidencias. Aunque al mismo tiempo, convocadas por organizaciones sociales, plataformas, asociaciones y entidades ciudadanas, miles y miles de personas han marchado por las calles desde hace un par de años para denunciar tanta canallada. Y el 23 de febrero pasado más de un millón de personas volvieron a ocupar calles y plazas en cien ciudades españolas para enfrentarse a esta crisis-estafa, al vaciado de la democracia y a los ataques un día tras otro del gobierno y del poder económico contra los derechos de la ciudadanía.

Como desvela con documentada lucidez Susan George en “Informe Lugano II”, la minoría que controla la economía quiere liquidar la democracia para continuar obteniendo beneficios obscenos. Para eternizar el capitalismo. Pero una incontenible marea ciudadana ha ocupado ciudades contra el golpe de estado financiero; contra los ataques de las grandes fortunas y las agresiones de la minoría explotadora, culpable de tanta ruina, injusticia, indignidad, desigualdad, sufrimiento y pobreza… Una marea ciudadana contra la democracia de fachada y el autoritarismo encubierto (cada vez menos camuflado). Como millones de voces pregonan, la democracia sin participación ciudadana es una estafa y un escarnio cuando no se respetan los derechos de todos sin excepción.

Como decía Stephane Hessel (que nos dejó hace unos días), pasó el tiempo de diagnosticar lo que ocurre. Es tiempo de actuar, de que el miedo cambie de bando, de construir algo nuevo, de otra política. Sin contar con los partidos políticos de siempre, porque sería más de lo mismo. Pues con la actual arquitectura política, corrompida y al servicio de la minoría; con esos partidos, con esas leyes, con esos políticos privilegiados, es imposible alcanzar la justicia necesaria y lograr la democracia de verdad. Solo vale un cambio profundo, una transformación radical de la sociedad que vivimos y sufrimos; un proceso trabajoso, exigente y prolongado. Desde y por los movimientos sociales.

No es “populismo” ni antipolítica. Es política de verdad. Política de la inmensa mayoría. Política desde abajo, con masiva e intensa participación de la ciudadanía. Para dar ya un salto hacia adelante, para que la ciudadanía empiece a conseguir algún poder.

Arturo González escribe que las masivas mareas ciudadanas del 23 de febrero fueron las mayores concentraciones de revolucionarios de la historia. Revolucionarios porque saben que solo sirve una transformación profunda. Y eso es revolución. Pero acaso sea tiempo de ir más allá que manifestarse. No abandonar la ocupación de calles y plazas, sino avanzar. Desatar la lucha por las ideas y valores de la democracia de verdad. Y que obreros, sanitarios, profesores, estudiantes, funcionarios, empleados, feministas, ecologistas, creyentes que eligen la justicia, asambleas populares… y todos los grupos y gentes que exigen sus derechos en sectores y escenarios diferentes, se unan en una única marea cívica; un solo movimiento ciudadano. Sin jerarquía ni privilegio alguno.

Una tarea ardua, pero imprescindible. O no se avanzará.

A merced de gobiernos sin legitimidad

Un informe de la OCDE advierte de que, a finales de 2012, los países del G-20 (los más industrializados) tendrán más de 40 millones de parados. En España, 270.000 familias han perdido su vivienda desde finales de 2008 por desahucios hipotecarios. Solo en el primer trimestre de 2012, 16.000 familias se quedaron sin casa. Hasta un millón de familias más pueden entrar en la vorágine del procedimiento legal, desahucio y a la calle.

El cierre de hospitales, supresión de urgencias médicas, tardanzas inacabables para pruebas diagnósticas, suspensión de intervenciones quirúrgicas, rebaja de sueldos de médicos y enfermería son noticias muy frecuentes en Europa.

En Italia, Reino Unido, Francia… se recorta considerablemente el número de profesores de enseñanza pública así como los fondos para la universidad, mientras se aumentan exageradamente las tasas universitarias. Tras la rebaja de costes, se busca desarbolar la enseñanza pública, especialmente la universitaria, para hacer desaparecer la educación independiente y crítica, sustituyéndola por otra patriotera, acrítica y conformista. Como denuncia Josep Fontana, “hay motivos para temer que aprovechan la crisis para una contrarreforma de la educación en la que sólo sea gratuita una enseñanza elemental para formar peonaje, mientras la formación superior se reserva a quienes puedan costear tasas elevadas”.

Stiglitz insiste que también “se pretende debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad de los impuestos y disminuir el papel del Gobierno mientras se dejan determinados intereses tan poco afectados como sea posible”. Los de la banca, por ejemplo.

Y Juan Torres recuerda que los resultados de una auditoria en la Reserva Federal (banco central de Estados Unidos), hecha por el Government Accountability Office, desvela que entre 2007 y 2010, la Reserva Federal concedió préstamos secretos a grandes empresas y entidades financieras por valor de 16 billones de dólares, al 0,25% de interés (prácticamente regalados), mientras esos mismos bancos prestaban dinero a países como Grecia al 7%. Muchas empresas y bancos que recibieron tan monumental regalo fueron las que provocaron la crisis de las hipotecas basura (Goldman Sachs, Citibank, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bank of America, Bear Stearns, Pacific Management Investment Co. (PIMCO), Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Scotiabank, Barclays Capital, Bank of Scotland, Deutsche Bank, Credit Suisse, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Dexia, Bayerische Landesbank, Dresdner Bank, Santander, BBVA, Commerzbank…). Recibieron graciosamente una cantidad obscenamente multimillonaria que les permitió tapar los agujeros de sus errores y especulaciones y les proporcionaron recursos gratis para hacer un gran negocio comprando deuda de los estados, a los que ahora chantajean. Billones de dólares gratis mientras se negaban créditos a las empresas que crean empleo y a los ciudadanos consumidores.

Andrew Levine ha explicado que “el progreso hacia la igualdad (iniciado tras la segunda guerra mundial) ha quedado totalmente suspendido y el nivel de una vida digna ha disminuido. Los beneficios crecen y los ricos se hacen más ricos mientras los salarios permanecen congelados y aumentan paro y pobreza”.

Lo que nos lleva a concluir con Gerardo Pisarello que, “desde hace dos siglos, cuando se violan derechos, y las vías institucionales para reclamar esos derechos están bloqueadas, la resistencia civil es la última garantía contra la arbitrariedad del poder y la degradación de la democracia”. Resistencia civil, desobediencia civil.

La arbitrariedad y poca vergüneza de los gobiernos europeos, que agreden sistemáticamente los derechos de la ciudadanía, nos muestran a quién sirven de verdad. La respuesta a la crisis ha borrado la legitimidad de muchas estructuras gubernamentales en las economías capitalistas, según Alejandro Nadal; el colapso económico y social como única respuesta, remacha Nadal, ha devenido crisis de legitimidad política de los gobiernos, que han dado cantidades astronómicas de recursos públicos para rescatar a los bancos y otros agentes privados que provocaron la crisis y ahora pasan la factura a la ciudadanía.

¿Se puede considerar legítimos esos gobiernos?

Por supuesto que no. El respeto y promoción de los derechos de las personas son la base y esencia de toda legalidad democrática y esos derechos son pisoteados diariamente por los gobiernos. Y la legitimidad es la capacidad y derecho para ejercer una labor o función. Esa capacidad y derecho han sido dilapidados por los gobiernos europeos al ponerse al servicio de esa minoría que es el poder financiero. La democracia va mucho más allá del acto electoral. La legitimidad de un gobierno arranca de la elección democrática, pero solo se mantiene con la fidelidad al programa propuesto y con el servicio indiscutible a la ciudadanía. O se pierde legitimidad.