Contra el tratado comercial llamado CETA de la Unión Europea con Canadá

Los tratados bilaterales de comercio e inversión se convierten en nuestros días en verdadera amenaza para la democracia y la consecución de un mínimo de justicia. Ahora hay que enfrentarse al CETA, el tratado bilateral firmado por la Unión Europea y Canadá, un país que suele caer simpático, con nueve millones de habitantes menos que España pero una superficie veinte veces mayor. Y tan capitalista como su vecino EEUU.

Ese CETA está pendiente de ser ratificado (o no) por el Parlamento Europeo. Y es preciso que el Parlamento Europeo no ratifique el tratado y lo convierta en papel mojado y, por supuesto, que no se firme el otro tartado bilateral, el TTIP, de la UE con EEUU.

El movimiento ciudadano europeo no se fía de que no se firme el TTIP como ha dicho el ministro alemán de economía y promete un otoño caliente y agitado para presionar más. Para que la minoría político-económica que mangonea Europa no ose ratificar el CETA y tampoco firme el TTIP. Es posible. En 1998, una intensa movilización ciudadana envío al baúl de los trastos el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI). Como hoy CETA y TTIP, el AMI era un tratado pretendía ser el paraguas de las inversiones extranjeras con muchos derechos para las empresas y apenas deberes. Hoy es un recuerdo. Se pueden derribar CETA y TTIP como se frenó el AMI.

Ahora el pueblo trabajador ha de oponerse al CETA frontalmente porque, de entrar en vigor, grandes explotaciones agropecuarias expulsarían las granjas familiares y explotaciones agrícolas medianas que hoy abundan en Europa. Canadá perdió más de 160.000 explotaciones agrarias familiares por su acuerdo comercial con Estados Unidos. Europa las perdería por millones.

Además, la historia reciente nos muestra que esos tratados arriesgan la seguridad alimentaria al armonizar normas, porque armonizar siempre es a la baja y para mal. En plata, el CETA reduciría la seguridad de los alimentos que vengan de Canadá a la Unión Europea. El CETA reduciría al mínimo las normas protectoras de alimentación segura y sana porque el CETA haría aceptar alimentos vegetales con pesticidas. La Comisión Europea prohibió insecticidas químicos con neonicotinoides (vinculados a la muerte de millones de abejas en el mundo, muy peligrosa para la humanidad), pero Canadá no. Además, las normas canadienses permiten que la carne de vaca y pollo se lave con agua con cloro, práctica prohibida en la UE. En Canadá se permite la ractopamina, fármaco que estimula el crecimiento del ganado y se inyecta a bueyes, cerdos y pavos. Esa droga está prohibida en 160 países (incluida la UE) por su peligroso impacto en la salud humana. Y una larga lista de agresiones similares a la salud. Es obvio que se ‘armonizaría’ a la baja y la salud de los europeos estaría mucho más amenazada.

Además, Canadá es uno de los tres grandes productores del mundo de alimentos genéticamente transformados y ni siquiera obliga a identificar esos alimentos transgénicos. Si se ratificara el CETA sería realidad el objetivo del Centro Canadiense de Políticas Alternativas: “Presionar para debilitar las normas de seguridad alimentaria de la UE.” Más claro, agua cristalina. En resumen, el CETA significaría que a la UE llegarían cuanto menos aceite de colza, maíz, soja, manzanas y remolachas canadienses genéticamente modificados. Además de salmón genéticamente modificado. Es necesario oponerse al CETA porque las normas de alimentos transgénicos, pesticidas, colorantes, pollo lavado con cloro y carne con hormonas de Canadá son peligrosas para la salud humana y la armonización las impondría en Europa. Los europeos deben saber que disminuiría la seguridad de los alimentos e incluso desaparecería en muchos casos, de ratificarse el CETA.

Una vez más queda patente que este sistema socio-económico que llamamos capitalismo, predador, explotador, saqueador, insostenible, por ende suicida (porque acaba los  recursos y se carga la  única Tierra que tenemos y, por tanto, además estúpido) ha de ser  sustituido. Sus motores, crecimiento y beneficios exponenciales, nos llevan al desastre. Por eso es imprescindible sustituir esos destructores principios por los de satisfacer necesidades, respetar derechos, cooperar y colaborar, además de preservar la naturaleza y salvar la Tierra. Es necesario y así otro mundo será posible.

Hay que frenar el tratado de inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos

Cientos de miles de ciudadanos se han manifestado hace unos días por las calles y plazas de veintidós países europeos. Se movilizaban contra el tratado de inversión que negocian en secreto la Unión Europea y Estados Unidos, TTIP por sus siglas en inglés. La ciudadanía reclama que se olvide para siempre ese tratado. Que se entierre.

Abundando en la exigencia de retirarlo definitivamente, recordemos a modo de inventario algunas consecuencias del TTIP, si fuera firmado. Desaparición en la práctica del derecho de huelga, eliminación de negociación colectiva y, por supuesto, salarios cada vez más bajos y empleos más precarios. La feroz competencia sin control de las grandes empresas a las medianas y pequeñas provocaría que cierren miles de éstas y se destruyan un millón de empleos, según cálculos diversos.

Los servicios públicos de sanidad, educación pública, suministro de agua potable, gestión de residuos, transporte se convertirían en negocios privados en manos de grandes empresas. Y la igualación de normas de Estados Unidos y Europa se haría escogiendo las peores, además de impedir a los gobiernos cualquier política social.

En el ansia de privatizar todo lo público, las pensiones de la seguridad social se reducirían en beneficio de las pensiones privadas hasta que los asalariados crean que han de contratarlas para conseguir una pensión aceptable. Sin olvidar que esas pensiones privadas (rentas de inversiones de grandes fondos) dependen de las veleidades de la especulación financiera. Los pensionistas privados holandeses, por ejemplo, lo han comprobado para mal a partir de 2009 por la crisis.

En agricultura, las grandes corporaciones multinacionales controlarán las semillas y la producción de alimentos, eliminando explotaciones agrarias medias, pequeñas y desapareciendo la agricultura familiar en beneficio de las perjudiciales grandes explotaciones agrarias industriales que, además, impiden el equilibrio ecológico. Y, por supuesto, habrá vía libre para los productos transgénicos. También desaparecerán las normas de seguridad de alimentos y en nuestros supermercados se venderán pollos lavados con cloro o terneras engordadas con hormonas.

El cambio climático será mayor amenaza aún porque, fruto de la desregulación campante, no habrá el menor control real de las emisiones de dióxido de carbono. Por descontado, la fractura hidráulica (fracking), muy perjudicial método de extracción de petróleo a miles de metros de profundidad, se extenderá por Europa y habrá más riesgo de terremotos así como la segura contaminación de aguas subterráneas, vitales en las zonas secas.

Y, por supuesto, se suprimirán los escasos controles que pudiera haber aún para frenar algo la especulación financiera desatada, olvidando de forma criminal, pero también estúpida, que la crisis que sufrimos, y de la que no acabamos de salir, estalló por el descontrol del sector financiero y la ausencia de regulación.

Pero aún hay más, como la creación del llamado Mecanismo de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés). El ISDS sencillamente convierte la democracia en un decorado.

Consiste tal engendro en unos pretendidos tribunales de arbitraje internacional, que no son tales sino tres caros abogados privados, que resolverán las demandas que presenten empresas y corporaciones cuando crean que el Estado perjudica sus beneficios actuales o futuros por las medidas que tome el gobierno. Medidas para atender necesidades de la ciudadanía, satisfacer sus derecho,s garantizar la seguridad de los alimentos o proteger el medio ambiente. A esos abogados no los elegirá ciudadanía alguna ni los controlará ninguna institución democrática. Y, todavía peor, sus fallos serán inapelables.

Sabemos cómo funcionan esos falsos tribunales porque esos mismos inventos de arbitraje figuran en otros tratados bilaterales de inversión. Por ejemplo, la República de Uruguay fue condenada a pagar a Philip Morris 1.467millones de dólares. La tabacalera demandó al gobierno porque éste mandó poner en las cajetillas de tabaco que fumar perjudica la salud.

El fraude de las demandas de multinacionales (porque fraude o estafa es) se convertiría en un freno real de la acción de los gobiernos porque, ante la amenaza de reclamaciones multimillonarias por proteger los derechos de la gente y la naturaleza, muchos gobiernos tendrán la tentación de no tocar esas cuestiones. Y la soberanía ciudadana electoral será inútil porque de hecho mandarán las multinacionales con sus demandas y presiones.

Es obvio que hay que frenar el TTIP. Que desaparezca. En 1998 ya se paralizó la firma de un precedente casi tan maligno, el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) por la movilización ciudadana global. Y podemos volver a hacerlo.