La banca rescatada con ayudas públicas ha de ser pública

Según los peritos del Banco de España, enviados por el juez Andreu de la Audiencia Nacional para investigar a Bankia bajo sospecha, Rodrigo Rato (ex vicepresidente económico del Gobierno y posteriormente presidente de esa entidad financiera) infló artificialmente en 544 millones se euros los recursos propios y el patrimonio neto, y un año después ocultó pérdidas de 2.000 millones de euros. La Plataforma por la Banca Pública, integrada por 38 organizaciones y entidades sociales, económicas, cívicas, políticas y sindicales de España, ya denunciaba documentadamente hace casi cuatro años que los balances de Bankia no reflejaban las cifras reales ni su verdadero patrimonio. Y lo hizo analizando con rigor las cifras de Bankia de los informes del Banco de España.

Pero, la presunta estafa que haya habido en Bankia para salir a Bolsa en buenas condiciones, que no eran las reales, no es el principal problema de esta entidad. El principal problema es que tiene los pies de barro. Más allá de las actuaciones que sean delito, lo más preocupante es la verdadera situación de Bankia. Como la del sector financiero español, por cierto.

El Gobierno aportó 22.424 millones de euros de capital a Bankia en 2012 para que no quebrara. Las ayudas públicas a Bankia han sido cuantiosas. Desde ese capital inyectado hasta avales, garantías, compra de activos tóxicos por el Sareb (el “banco malo”), títulos, créditos fiscales y préstamos del Banco Central Europeo. En total, 147.810 millones de euros.

En Bankia niegan que las cosas vayan mal y pretenden que ya tienen beneficios. Pero no son tales, pues los pretendidos beneficios no suponen más patrimonio de la entidad. Son ayudas públicas, ingresos por ventas irrepetibles, lo estafado a los preferentistas y rebaja de provisiones contra la morosidad. No son beneficios reales, sino recursos y trucos contables.

Economistas críticos aseguran que no solo Bankia sino el sector financiero español es insolvente. Carlos Sánchez Mato lo demuestra con cifras de los informes del Banco de España. La banca española, que ha costado muchísimo dinero a la ciudadanía a través de los regalos de los gobiernos de Zapatero y Rajoy, no está hoy mejor que cuando estalló la crisis. Las diversas ayudas públicas a la banca española, igual que a Bankia (capital, avales, compra de activos y un largo etcétera de ayudas públicas, incluidos los baratísimos préstamos del BCE que también son ayuda pública), suman 1 billón y 400.000 millones de euros. Pero esos bancos no recuperan la solvencia.

De lo acaecido con la banca, su actuación y situación actual cabe deducir que, sin las ayudas públicas, la banca privada española se hubiera hundido. Como Bankia.

¿Por qué sostener con dinero público un negocio privado que no es capaz de funcionar por sí solo? En el paradigmático caso de Bankia, si no es viable sin apoyo público, que sea pública. Lo es en la medida que el 92,5% de acciones son del Estado a través del FROB, pero amenazan con privatizarlo y ya han vendido muy barato un 7,5% de acciones a un banco sudamericano.

Bankia ha de ser pública con todas las características de la banca pública. Es decir, prioridad de inversión en beneficio de la economía productiva, a favor de la ciudadanía y apoyo a la pequeña y mediana empresa que, por cierto, proporciona el 80% de empleos de este país. Y, por supuesto, control ciudadano. No como el simulacro que hubo en las cajas de ahorros en sus últimos años sino verdadero control social. Y una transparencia que deslumbre.

La ciudadanía ha de exigir la nacionalización definitiva y completa de Bankia. Porque es de justicia al salvarse con capital y ayudas públicas. Se le debe a la ciudadanía. Puesto que la banca privada no se derrumba por las enormes ayudas públicas, lo justo es que la banca privada se convierta en pública, porque los impuestos que paga la ciudadanía ya han aportado a los bancos privados lo suficiente como para tener mayoría en los consejos de administración de casi todos los bancos rescatados con ayudas públicas.

Una banca pública controlada democráticamente por la ciudadanía contribuiría de modo decisivo a recuperar una economía real marcada por la voluntad social. Por cierto, la mayor parte de aseveraciones de este escrito en cuanto a solvencia, son aplicables en esencia a la banca europea.

No es una crisis, es un saqueo

Una historia interminable. Tras expoliar la sanidad, depredar la educación pública y perpetrar reformas laborales que han destruido millones de empleos (sobre todo en el Sur europeo), ahora, en España, un comité de 12 “expertos” propone “reformas” para hacer “sostenibles” las pensiones. Ocho de esos “sabios”, por cierto, han estado a sueldo de la banca. La OIT, además, denuncia que un millón de europeos ha perdido su trabajo en solo seis meses. Desde que empezó la llamada crisis, hay diez millones de parados más, que ya suman 27 millones en la Unión Europea.

Como es sabido, la crisis la provocaron los bancos privados de países ricos con sus especulaciones, choriceos y malas prácticas; incluso delitos. Pero los estados acudieron raudos al rescate. En 2007 y 2008, inyectaron a la banca cerca de un billón de dólares. Pero no acabó ahí el derrame de ayudas públicas. Hoy, a pesar del despilfarro de dinero, la banca continúa inestable, insolvente y sin dar créditos a empresas y familias.

Los bancos españoles son paradigma de ese derroche e insolvencia. Por ejemplo, el Estado ha ayudado a un banco, Bankia, con 157.000 millones de euros de dinero público, avales o compra de activos. Cinco veces el presupuesto anual de subsidios de desempleo. Pero Bankia continúa insolvente y al borde del abismo.

A finales de 2012, las ayudas públicas a cajas y bancos españoles ascendían ya a más de 1,42 billones de euros. Y, por si fuera poco, en la Unión Europea hay un fraude fiscal de un billón de euros, reconocido por el presidente de la Comisión Europea. Los estados tienen menos ingresos por el fraude fiscal y las rebajas de impuestos a los ricos. Y se endeudan.

En el tercer trimestre de 2012, la deuda pública española había ascendido hasta 817.400 millones de euros. Y ese endeudamiento aumenta en 2013 por la ayuda pública de 37.000 millones de euros para tapar agujeros de los bancos. Con el agravante de que gran parte de la deuda pública (contraída en muy buena medida para ayudar a la banca) está en manos de la propia banca. Porque con el dinero que el Banco Central Europeo presta a los bancos al 1% (dinero también público), éstos compran deuda al 4%, 5% o más de interés. Sin riego ni esfuerzo. Un negocio redondo.

Se establece así un circuito perverso de recurso permanente a la deuda para mayor beneficio de la banca. Recurso a la deuda que, como se ve, es transferencia neta de riqueza del Estado (es decir, la de todos) a la banca. En el caso español, el endeudamiento ha supuesto el pago de 258.000 millones de euros en intereses desde 2009. El endeudamiento ha servido de nada para activar la economía, porque el déficit sigue ahí.

El nuevo timo de la minoría rica y los serviles gobiernos europeos es aflojar en la exigencia de reducir el déficit, pero apretar en reformas “estructurales”. Chantaje puro y duro. O se imponen las contrarreformas exigidas (rebaja directa de salarios, despido fácil barato o gratuito, desprotección laboral, rebaja de pensiones, privatización de sanidad, educación y otros servicios públicos…) o no hay comprensión para rebajar el déficit. Y se continúa recurriendo a endeudarse para pagar los intereses y gastos corrientes del Estado. Insostenible.

En resumen, la banca provoca la crisis. La banca se hunde. El Estado la rescata con dinero público. El rescate aumenta el déficit público. Hay que reducir el déficit. Y se recortan presupuestos. Los recortes perjudican gravemente a la ciudadanía. Los recortes hacen retroceder la actividad económica. Aumenta el paro. Banca y grandes empresas evaden más impuestos que nunca. El fraude fiscal reduce los ingresos del Estado. El Estado se endeuda. La banca, especuladora e insolvente, continúa recibiendo ayudas públicas. Y, por esa razón, aumenta el déficit público. Banca, grandes empresas y gendarmes internacionales de la minoría rica exigen reducir el déficit. Como sea. Para reducir el déficit, los dóciles gobiernos recortan más derechos de la ciudadanía… Sigue la historia interminable.

Pero ya no es crisis: es saqueo. Saqueo (también denominado pillaje o latrocinio) es apoderarse de modo ilegítimo e indiscriminado de bienes ajenos. Y, en uso del derecho a la legítima defensa ciudadana, tenemos el derecho y el deber de actuar contra ese saqueo. Empezando por desobedecer a esos gobiernos cómplices necesarios del saqueo.