Un sistema gangsteril

Un tal Luis de Miguel, ‘cerebro’ financiero de una de las mayores mafias de corrupción en el Reino de España (la trama Gürtel), presumió en el juicio contra los individuos de esa trama de haber logrado que la multinacional Alcampo no pagara impuestos durante 20 años, pese a sus considerables beneficios, gracias a sus planes de elusión. Fraude y elusión fiscales de grandes empresas son norma, no excepción. Suponen mucha menos recaudación para educación, sanidad, atención social; significa menos hospitales, menos escuelas, menos actuaciones sociales, menos apoyo al desempleo, más pobreza, más desigualdad…

No satisfechas con no pagar buena parte de impuestos, grandes empresas españolas consiguieron además considerables ayudas fiscales con el pretexto de su expansión internacional. Pero recién el Tribunal de Justicia Europeo anuló una sentencia favorable a esas empresas, justificando esa reducción fiscal.

Evasión de impuestos, trato fiscal de favor y corrupción van de la mano. La corrupción en España, por ejemplo, cuesta 90.000 millones de euros anuales según la Cámara Nacional de Mercados y Competencia. Casi 48.000 millones de euros perdidos son sobrecostes por ausencia de control del cumplimiento de contratas de administraciones públicas por empresas privadas. Las otras decenas de miles de millones son corrupción pura y dura, la de sobres y maletines bajo mano para pagar comisiones por adjudicar contratas públicas a empresas privadas. Corrupción que no cesa. Cada mes se destapan unos diez casos nuevos y, si en 2010 se arrestó a 389 presuntos corruptos en España, el año pasado fueron más de 2.400 los corruptores o corrompidos detenidos según el ministerio de Interior.

Otra prueba de inequívoca podredumbre del sistema es que aumentan las filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales. ¿Para qué querrán las grandes empresas estar en esos  mal llamadas paraísos si no es para perpetrar tranquilamente el delito de no pagar impuestos? En 2013 y 2014, las filiales de grandes empresas del Ibex 35 en esas cloacas fiscales aumentaron un 10% hasta ser 891, según denuncia Oxfam Intermón en su informe ¿Beneficios para quién?

Para probar que la putrefacción es bastante general se ha sabido hace poco que el Banco de España escondió la morosidad bancaria que crecía al aumentar los créditos por la expansión de la burbuja inmobiliaria. Un Comité Técnico de Coordinación del Banco aleccionó a los inspectores de esta entidad reguladora para que fueran comprensivos y no pretendieran el total cumplimiento de la legalidad en la refinanciación de préstamos hipotecarios, por ejemplo.

Otrosí, en los últimos 15 años el flujo de dinero desde paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro y España no es una excepción. En 2015 el dinero de paraísos fiscales a España aumentó un 27% respecto al año anterior. Sin embargo, que aumente la inversión y beneficios en España por esa vía no ha incrementado los ingresos del Estado. Porque el gobierno determinó que los beneficios de empresas españolas en el extranjero casi no tributen aquí. Esa reducción de recaudación pública por evasión o elusión de impuestos es global. Según varios estudios, entre los que destaca el de Oxfam Intermón, la Unión Europea deja de recaudar cada año por evasión y elusión fiscales cientos de miles de millones de euros. Porque los gobiernos no se proponen de verdad acabar con la lacra del impago de impuestos. En realidad, lo favorecen y ahí están para demostrarlo los acuerdos secretos de algunos gobiernos europeos, como el de Luxemburgo, con  cientos de multinacionales.

No es cuestión baladí, pues en América Latina, por ejemplo, la delincuencia fiscal de grandes empresas cuesta más de 100.000 millones de dólares anuales a los países empobrecidos; esos que desde Occidente con increíble desfachatez denominan ‘países en desarrollo’. La recaudación evadida de gravar capitales (que los ricos latinoamericanos esconden en paraísos fiscales) sería suficiente para que más de 30 millones de latinoamericanos salieran de la pobreza. Por su parte, África pierde 50.000 millones de dólares anuales por movimientos ilegales de capital y con esa  evasión de impuestos, por ejemplo, Chad tardará más de cien años en reducir 2/3 partes la mortalidad infantil en la infancia hasta cinco años, pero lo lograría en 12 si esos impuestos se pagaran cuando y cuanto se debe.

Evasión de impuestos, trato fiscal de favor, favor y ayuda a delincuentes (los que provocaron la crisis), corrupción a mansalva, desposesión de la ciudadanía… Definitivamente éste es un sistema gangsteril. Y hay que enfrentarse a él, problema a problema, delito a delito.

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La banca rescatada con ayudas públicas ha de ser pública

Según los peritos del Banco de España, enviados por el juez Andreu de la Audiencia Nacional para investigar a Bankia bajo sospecha, Rodrigo Rato (ex vicepresidente económico del Gobierno y posteriormente presidente de esa entidad financiera) infló artificialmente en 544 millones se euros los recursos propios y el patrimonio neto, y un año después ocultó pérdidas de 2.000 millones de euros. La Plataforma por la Banca Pública, integrada por 38 organizaciones y entidades sociales, económicas, cívicas, políticas y sindicales de España, ya denunciaba documentadamente hace casi cuatro años que los balances de Bankia no reflejaban las cifras reales ni su verdadero patrimonio. Y lo hizo analizando con rigor las cifras de Bankia de los informes del Banco de España.

Pero, la presunta estafa que haya habido en Bankia para salir a Bolsa en buenas condiciones, que no eran las reales, no es el principal problema de esta entidad. El principal problema es que tiene los pies de barro. Más allá de las actuaciones que sean delito, lo más preocupante es la verdadera situación de Bankia. Como la del sector financiero español, por cierto.

El Gobierno aportó 22.424 millones de euros de capital a Bankia en 2012 para que no quebrara. Las ayudas públicas a Bankia han sido cuantiosas. Desde ese capital inyectado hasta avales, garantías, compra de activos tóxicos por el Sareb (el “banco malo”), títulos, créditos fiscales y préstamos del Banco Central Europeo. En total, 147.810 millones de euros.

En Bankia niegan que las cosas vayan mal y pretenden que ya tienen beneficios. Pero no son tales, pues los pretendidos beneficios no suponen más patrimonio de la entidad. Son ayudas públicas, ingresos por ventas irrepetibles, lo estafado a los preferentistas y rebaja de provisiones contra la morosidad. No son beneficios reales, sino recursos y trucos contables.

Economistas críticos aseguran que no solo Bankia sino el sector financiero español es insolvente. Carlos Sánchez Mato lo demuestra con cifras de los informes del Banco de España. La banca española, que ha costado muchísimo dinero a la ciudadanía a través de los regalos de los gobiernos de Zapatero y Rajoy, no está hoy mejor que cuando estalló la crisis. Las diversas ayudas públicas a la banca española, igual que a Bankia (capital, avales, compra de activos y un largo etcétera de ayudas públicas, incluidos los baratísimos préstamos del BCE que también son ayuda pública), suman 1 billón y 400.000 millones de euros. Pero esos bancos no recuperan la solvencia.

De lo acaecido con la banca, su actuación y situación actual cabe deducir que, sin las ayudas públicas, la banca privada española se hubiera hundido. Como Bankia.

¿Por qué sostener con dinero público un negocio privado que no es capaz de funcionar por sí solo? En el paradigmático caso de Bankia, si no es viable sin apoyo público, que sea pública. Lo es en la medida que el 92,5% de acciones son del Estado a través del FROB, pero amenazan con privatizarlo y ya han vendido muy barato un 7,5% de acciones a un banco sudamericano.

Bankia ha de ser pública con todas las características de la banca pública. Es decir, prioridad de inversión en beneficio de la economía productiva, a favor de la ciudadanía y apoyo a la pequeña y mediana empresa que, por cierto, proporciona el 80% de empleos de este país. Y, por supuesto, control ciudadano. No como el simulacro que hubo en las cajas de ahorros en sus últimos años sino verdadero control social. Y una transparencia que deslumbre.

La ciudadanía ha de exigir la nacionalización definitiva y completa de Bankia. Porque es de justicia al salvarse con capital y ayudas públicas. Se le debe a la ciudadanía. Puesto que la banca privada no se derrumba por las enormes ayudas públicas, lo justo es que la banca privada se convierta en pública, porque los impuestos que paga la ciudadanía ya han aportado a los bancos privados lo suficiente como para tener mayoría en los consejos de administración de casi todos los bancos rescatados con ayudas públicas.

Una banca pública controlada democráticamente por la ciudadanía contribuiría de modo decisivo a recuperar una economía real marcada por la voluntad social. Por cierto, la mayor parte de aseveraciones de este escrito en cuanto a solvencia, son aplicables en esencia a la banca europea.