Crisis, antiterrorismo y violencia armada

Junto al saqueo de rentas de la clase trabajadora y de la ciudadanía, más el vaciado de la democracia, el antiterrorismo y la violencia armada organizada son la otra gran amenaza contra los pueblos. Buena muestra es lo ocurrido en Iguala (México). En octubre pasado, en el estado de Guerrero, desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En México, las escuelas Normales son muy cercanas al campesinado, a la clase trabajadora y a sus reivindicaciones. Se dijo que un grupo narcotraficante era el responsable de la desaparición forzada y sí, pero no solo. Como tantas veces desde 1968, fue una acción conjunta de agentes de fuerzas de seguridad y escuadrón de la muerte.

Como ha escrito Raúl Zibechi, sirva este caso para dejar ya de hablar del narcotráfico como algo distinto a otros negocios de las élites, pues hay alianza real entre éstas y violencia armada organizada. Recordemos los precedentes históricos, recuerda Zibechi; piratas y corsarios actuaron en el enfrentamiento de los imperios español, inglés y francés en el siglo XVII, sin olvidar los pactos de Estados Unidos con la Mafia en la conquista de Sicilia durante la II Guerra Mundial entre otros.

Hoy, recuerda Zibechi, Colombia ha sido tierra experimental de utilización de criminales organizados contra la izquierda y los movimientos populares. Un informe de 1990 de Americas Watch, sección de Human Rights Watch, demostró que el cártel de Medellín de Pablo Escobar asesinó sistemáticamente a sindicalistas, políticos de izquierda, defensores de derechos humanos, periodistas y profesores. Luego, los paramilitares cogieron el testigo de esa alianza de élites, terroristas y cloacas del Estado. La experiencia colombiana se aplica hoy en México y Guatemala, disponible para ser utilizada cuando y donde los intereses de las élites lo precisen. Pues no hay diferencia de objetivos entre crimen organizado y élite económica.

En línea semejante, Jeremy Keenan denunció que la ultraderecha estadounidense creó en 1997 un programa para la dominación mundial de Estados Unidos por medio del proyecto Estrategia, Fuerzas y Recursos para un Nuevo Siglo. Ahí se reconocía que “el proceso para el dominio de Estados Unidos será largo, salvo que ocurra algún evento catastrófico como un nuevo Pearl Harbor”. El ataque japonés a Pearl Harbor fue el hecho que hizo entrar en guerra a Estados Unidos y no cabe duda de que los atentados del 11-S en Nueva York fueron ese nuevo Pearl Harbor esperado. A partir del 11-S, la guerra contra el terrorismo ha sido el casus belli, el pretexto, para militarizar regiones según los intereses de las élites.

Por ejemplo, en 2001 el presidente Bush definió el petróleo africano como recurso nacional estratégico que Estados Unidos debía controlar militarmente. Keenan ha explicado que Estados Unidos usó la guerra contra el terrorismo para militarizar África, pero como ahí no había terrorismo, lo fabricaron. En 2002, se creó el grupo P2OG de operaciones encubiertas para estimular reacciones terroristas. Keenan recuerda que en 2003 la primera operación conocida provocó el secuestro de 32 turistas europeos por un grupo hasta entonces desconocido, dirigido por un oficial de inteligencia argelino al servicio de Estados Unidos. El Pentágono calificó entonces el Sahara-Sahel como zona terrorista y, tras diez años de política antiterrorista donde no había terrorismo, Mali, Niger y Chad si son ya zona de guerra. Un vistazo al mapa de conflictos armados (Afganistán, Somalia, Libia, Sudán del Sur, República Centroafricana, Este del Congo, Níger, Ucrania…) y a los recursos de esos países o su importancia geoestratégica permiten ver el mundo de otro modo.

¿Qué decir de Irak, donde se ha gestado la mayor parte de grupos terroristas del siglo XXI tras la invasión y ocupación angloamericana? O en Siria surge de repente un implacable Estado Islámico que asesina a mansalva. El historiador Robert Freeman afirma que el Estado Islámico fue creado por Estados Unidos al convencer a Arabia Saudita de que financiara a los rebeldes sunitas de Siria, precedentes del Estado Islámico. Ya ocurrió en Afganistán. Estados Unidos financió y entrenó a guerrilleros musulmanes que expulsaron a los soviéticos y derrocaron el gobierno para sustituirlo por la dictadura talibán. Los pueblos han de tomar buena nota de que las élites recurren a la violencia armada, oficial y descarada, encubierta o disfrazada, para continuar el saqueo que llaman crisis.

Los (pretendidos) tribunales de arbitraje internacional, una mafia

Los Intocables y Muerte entre las flores son filmes que muestran a Chicago gobernada por gángsteres y políticos a su servicio. Lamentablemente, vamos velozmente hacia esa situación. En esencia.

En los últimos años ha aumentado peligrosamente el antidemocrático y perverso arbitraje internacional. Para dirimir conflictos entre transnacionales y gobiernos. Dicen. Pero en realidad para facilitar indemnizaciones multimillonarias a esas empresas. Son los ‘tribunales’ de arbitraje, comisiones formadas por tres abogados privados que resuelven demandas de grandes empresas contra estados… a favor de las empresas, por supuesto. Sin legitimidad alguna porque solo son abogados caros que ninguna estancia democrárica ha nombrado. Cumplen en nuestros días un papel semejante al de los matones con metralleta Thompson al servicio de Al Capone en Chicago. Sin metralletas, pero con retorcidos argumentos jurídicos al servicio de las transnacionales, basados en principios oscuros que se resumen en el dogma de que los beneficios privados están por encima de todo. La gangsterización de la economía se concreta en el llamado mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y estados (ISDS por sus siglas en inglés) que, entre otras maldades, negocian en secreto EEUU y la Unión Europea en un tratado de inversiones. Ese mecanismo pone a los gobiernos a los pies de los caballos, los debilita y puede frenar o impedir que se gobierne en beneficio de la ciudadanía.

Los pretendidos árbitros son pocos, muy pocos, la mayoría de EEUU y Reino Unido. El supuesto arbitraje internacional es en verdad un oligopolio de bufetes de abogados de mil dólares por hora. Según el excelente informe “Cuando la injusticia es negocio” de Pia Eberhardt y Cecilia Olivet, solo tres firmas de abogados (White & Case y King & Sapalding de EEUU y Freshfields de Reino Unido) han arbitrado en un año ¡130 demandas contra gobiernos! Y han dictado indemnizaciones multimillonarias a pagar por los estados. Y solo quince abogados han resuelto (es un decir) más de la mitad de demandas contra estados. Esas demandas arrancan si las transnacionales creen que alguna actuación gubernamental, norma o ley en beneficio de la ciudadanía, los trabajadores o la protección del medio ambiente puede reducir sus beneficios.

Ese reducidísimo grupo de abogados carísimos actúa indistintamente sin el menor pudor como árbitros, representantes de empresas demandantes o testigos. Todo queda en casa. Además, varios abogados del tinglado del arbitraje han sido miembros de consejos de administración de grandes empresas. Cualquier pretensión de equiparar el artificio del arbitraje internacional con la justicia es un mal chiste y un insulto a la inteligencia de la gente decente.

La ONU ha expuesto ya sus muchos reparos contra el arbitraje internacional e incluso el FMI ha reconocido que la actuación de esos presuntos tribunales limita muy severamente la capacidad de los estados para afrontar la crisis y debilita a los gobiernos para actuar en beneficio de la ciudadanía.

Los bufetes que mantienen ese montaje, además de fallar a favor de las empresas, promueven pleitos contra países en crisis para sacar tajada aunque el país se hunda (como hicieron con Grecia o Libia) y animan a las empresas a utilizar la amenaza de demandar a los gobiernos para que cedan a sus pretensiones. El bufete de arbitraje Luther tiene la desfachatez de decir que es más fácil lograr un acuerdo ventajoso de una transnacional con un gobierno si se le amenaza con una demanda multimillonaria.

Pia Eberhardt y Cecilia Olivet nos han desvelado, además, que el arbitraje internacional está muy conectado con la especulación financiera y ha creado una densa red de fondos de inversión, especuladores, árbitros, abogados y empresas potencialmente demandantes. La financiarización del arbitraje ya es tal que se especula con paquetes de demandas a estados… como activos financieros. Y ya sabemos por dolorosa experiencia que la financiarización nos lleva al desastre.

Juan Fernández Armesto, abogado español de arbitraje, señala admirado la sinrazón del mismo: “Nunca deja de sorprenderme que estados soberanos acepten el arbitraje de inversiones. A tres abogados particulares se les da el poder de revisar, sin restricción ni apelación, todas las acciones del Gobierno, todas las decisiones de los tribunales y todas las leyes y reglamentos del Parlamento”.

¿Es o no un auténtico vaciado de la democracia? Una tomadura de pelo gravísima.

Algunos países ya se retiran del sistema de arbitraje. Australia anunció que no aceptaría medidas sobre resolución de diferencias inversor-Estado en sus tratados. Bolivia, Ecuador y Venezuela han anulado tratados de inversión y se han retirado del órgano de arbitraje del Banco Mundial. Argentina no paga laudos arbitrales, Sudáfrica también se resiste al arbitraje… Pero se han de sumar más países hasta que el arbitraje desaparezca, porque esos pretendidos árbitros son pocos, peligrosos, depredadores y sin legitimidad.

La ciudadanía ha de movilizarse para acabar con la mafia del arbitraje.