Recordando películas de gángsteres


Interior de un bar de Chicago, en plena Ley Seca. Un hombre vulgarmente trajeado, que lleva una pequeña maleta, la deja junto a la barra y a renglón seguido ofrece venderle cerveza al dueño del establecimiento.“No insistas. Déjanos en paz. Nos las arreglamos bien; tenemos cuanto necesitamos -contesta el dueño-. Además, esa cerveza que vendes es muy mala”.

No se trata de que la cerveza sea buena o mala -replica sonriente el hombre-, sino de que la has de comprar”.

No la compraré” -asegura el dueño del bar.

No te preocupes, amigo -responde el hombre-, no volveré por aquí”. Y sale por la puerta, pero deja la maleta junto a la barra.

Una niña que ha ido a comprar al establecimiento se da cuenta del olvido, coge la pequeña maleta y va hacia el hombre trajeado que ya está fuera del local.

Señor, señor, señor se deja…”

Una tremenda explosión corta la frase, destroza al local y mata a la niña.

Esta secuencia del filme Los intocables de Brian da Palma muestra tal como es el neoliberalismo que nos invade y desposee. No importa que la cerveza sea mala: hay que comprarla. ¿Comprendéis? Porque lo único que les importa son los beneficios. Ganancias. Más y más. Por encima de todo. Ahí están, por ejemplo, los funestos tratados bilaterales de inversión (NAFTA, CETA, TTIP…) que dan todas las ventajas a las multinacionales y ninguna a los gobiernos, vacían la democracia (porque los parlamentos no pueden legislar contra lo injudto de los tratados) y atan a los Estados de pies y manos. A mayor beneficio de corporaciones y empresas multinacionales.

Esa ‘cultura’ de más beneficios por encima de todo es muy evidente en la oscura actuación de la muy poderosa industria farmacéutica. La avidez de ganancias de las empresas farmacéuticas, que el escritor John le Carré ha denunciado con crudeza en varias novelas, recuerda la calaña moral de los tiempos de Capone. Sin ir más lejos, mostró esa inaceptable codicia empresarial Marijn Dekkers, consejero delegado de la multinacional química y farmacéutica Bayer, en declaraciones a la revista Bloomberg Business Week, hablande de medicinas, patentes y precios en el llamado tercer mundo. A la afirmación del periodista de que la población de la India, por ejemplo, no podía afrontar el precio de un nuevo fármaco de Bayer contra el cáncer, el alto ejecutivo respondió sin el menor rubor: “Nosotros no desarrollamos ese medicamento para los indios; lo hemos desarrollado para los pacientes occidentales que pueden permitírselo“.

Abundando en la catadura de las farmacéuticas multinacionales, el premio Nobel de Química de 2009, Thomas Steitz, acusó a los laboratorios farmacéuticos de no invertir desde hacía años en investigar antibióticos definitivos que curen de una vez por todas. Las farmacéuticas prefieren producir medicamentos que el paciente tenga que tomar toda la vida, porque no tienen la menor intención de que la gente se cure del todo.

Otra muestra, esta vez nacional, de esa ilimitada apetencia de beneficios la muestra este titular de diario.es : El Gobierno niega ayuda financiera a las autonomías si no firman un convenio que beneficia a las farmacéuticas. Una descarada y nada disimulada actuación del ministerio de Hacienda a favor de Farmaindustria, la patronal farmacéutica.

A las comunidades autónomas que solicitaron ayuda financiera estatal extraordinaria hace unos meses, Hacienda les propuso firmar un convenio con la patronal farmacéutica. El convenio obliga a las consejerías de sanidad autonómicas a comprar los medicamentos de marca de Farmaindustria (más caros que los genéricos). Sin ese compromiso de compra (que asegura las ventas y ganancias a las farmacéuticas) no hay fondos extraordinarios. Hacienda impuso ese requisito para transferir algo más de diez mil millones de euros extras del Fondo de Liquidez Autonómico a varias comunidades autónomas y así, mientras se recortan los presupuestos de sanidad pública, el gasto en medicamentos (sobre todo si son de Farmaindustria) aumenta el 23%. Pero si las consejerías de sanidad gastan en fármacos de marca menos que el volumen indicado en el convenio promovido por Hacienda, los gobiernos autonómicos han de compensar a las empresas de Farmaindustria.

¿No recuerda la secuencia cinematográfica del principio ? Aunque sean más caros hay que comprar los fármacos de marca. Si no se hace, ni un euro extra.

Hacienda dice que la adhesión al convenio con las farmacéuticas es voluntaria, pero Carmen Montón, consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, aseguró que el convenio pone entre la espada y la pared a las autonomías que necesitan dinero del Fondo de Liquidez Autonómico.

¿Recuerdo de Chicago años 30?

Los (pretendidos) tribunales de arbitraje internacional, una mafia

Los Intocables y Muerte entre las flores son filmes que muestran a Chicago gobernada por gángsteres y políticos a su servicio. Lamentablemente, vamos velozmente hacia esa situación. En esencia.

En los últimos años ha aumentado peligrosamente el antidemocrático y perverso arbitraje internacional. Para dirimir conflictos entre transnacionales y gobiernos. Dicen. Pero en realidad para facilitar indemnizaciones multimillonarias a esas empresas. Son los ‘tribunales’ de arbitraje, comisiones formadas por tres abogados privados que resuelven demandas de grandes empresas contra estados… a favor de las empresas, por supuesto. Sin legitimidad alguna porque solo son abogados caros que ninguna estancia democrárica ha nombrado. Cumplen en nuestros días un papel semejante al de los matones con metralleta Thompson al servicio de Al Capone en Chicago. Sin metralletas, pero con retorcidos argumentos jurídicos al servicio de las transnacionales, basados en principios oscuros que se resumen en el dogma de que los beneficios privados están por encima de todo. La gangsterización de la economía se concreta en el llamado mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y estados (ISDS por sus siglas en inglés) que, entre otras maldades, negocian en secreto EEUU y la Unión Europea en un tratado de inversiones. Ese mecanismo pone a los gobiernos a los pies de los caballos, los debilita y puede frenar o impedir que se gobierne en beneficio de la ciudadanía.

Los pretendidos árbitros son pocos, muy pocos, la mayoría de EEUU y Reino Unido. El supuesto arbitraje internacional es en verdad un oligopolio de bufetes de abogados de mil dólares por hora. Según el excelente informe “Cuando la injusticia es negocio” de Pia Eberhardt y Cecilia Olivet, solo tres firmas de abogados (White & Case y King & Sapalding de EEUU y Freshfields de Reino Unido) han arbitrado en un año ¡130 demandas contra gobiernos! Y han dictado indemnizaciones multimillonarias a pagar por los estados. Y solo quince abogados han resuelto (es un decir) más de la mitad de demandas contra estados. Esas demandas arrancan si las transnacionales creen que alguna actuación gubernamental, norma o ley en beneficio de la ciudadanía, los trabajadores o la protección del medio ambiente puede reducir sus beneficios.

Ese reducidísimo grupo de abogados carísimos actúa indistintamente sin el menor pudor como árbitros, representantes de empresas demandantes o testigos. Todo queda en casa. Además, varios abogados del tinglado del arbitraje han sido miembros de consejos de administración de grandes empresas. Cualquier pretensión de equiparar el artificio del arbitraje internacional con la justicia es un mal chiste y un insulto a la inteligencia de la gente decente.

La ONU ha expuesto ya sus muchos reparos contra el arbitraje internacional e incluso el FMI ha reconocido que la actuación de esos presuntos tribunales limita muy severamente la capacidad de los estados para afrontar la crisis y debilita a los gobiernos para actuar en beneficio de la ciudadanía.

Los bufetes que mantienen ese montaje, además de fallar a favor de las empresas, promueven pleitos contra países en crisis para sacar tajada aunque el país se hunda (como hicieron con Grecia o Libia) y animan a las empresas a utilizar la amenaza de demandar a los gobiernos para que cedan a sus pretensiones. El bufete de arbitraje Luther tiene la desfachatez de decir que es más fácil lograr un acuerdo ventajoso de una transnacional con un gobierno si se le amenaza con una demanda multimillonaria.

Pia Eberhardt y Cecilia Olivet nos han desvelado, además, que el arbitraje internacional está muy conectado con la especulación financiera y ha creado una densa red de fondos de inversión, especuladores, árbitros, abogados y empresas potencialmente demandantes. La financiarización del arbitraje ya es tal que se especula con paquetes de demandas a estados… como activos financieros. Y ya sabemos por dolorosa experiencia que la financiarización nos lleva al desastre.

Juan Fernández Armesto, abogado español de arbitraje, señala admirado la sinrazón del mismo: “Nunca deja de sorprenderme que estados soberanos acepten el arbitraje de inversiones. A tres abogados particulares se les da el poder de revisar, sin restricción ni apelación, todas las acciones del Gobierno, todas las decisiones de los tribunales y todas las leyes y reglamentos del Parlamento”.

¿Es o no un auténtico vaciado de la democracia? Una tomadura de pelo gravísima.

Algunos países ya se retiran del sistema de arbitraje. Australia anunció que no aceptaría medidas sobre resolución de diferencias inversor-Estado en sus tratados. Bolivia, Ecuador y Venezuela han anulado tratados de inversión y se han retirado del órgano de arbitraje del Banco Mundial. Argentina no paga laudos arbitrales, Sudáfrica también se resiste al arbitraje… Pero se han de sumar más países hasta que el arbitraje desaparezca, porque esos pretendidos árbitros son pocos, peligrosos, depredadores y sin legitimidad.

La ciudadanía ha de movilizarse para acabar con la mafia del arbitraje.