Sigue el saqueo y quieren enterrar la democracia en la Unión Europea

Miles y miles de griegos protestan en las calles y van a la huelga en defensa de sus derechos. Da igual. El Parlamento griego aprueba la reforma de las pensiones. La pensión mínima para quienes hayan cotizado 20 años, 384 euros y 346 para quienes hayan trabajado menos de 15 años. ¿Quién puede vivir con esa miseria? Casi la mitad de pensionistas griegos recibe una pensión inferior a 665 euros, por debajo del umbral de pobreza señalado por la Unión Europea (UE). Y además la reforma rebaja las pensiones actuales del 2% al 50% y las futuras del 5% al 12%. El primer ministro griego Tsipras encima tiene la desfachatez de decir que así preservan el estado de bienestar. ¡Cuánto ha decepcionado Siryza!

La pretendida reforma (reformar es modificar algo para mejorarlo y aquí nada mejora) provocará el sufrimiento de millones de personas. Porque en Grecia más de la mitad de hogares dependen de una pensión. ¿Qué les queda tras la ‘reforma’? Tanta iniquidad para que Grecia ahorre 5.400 millones de euros anuales. Lo exige la UE.

La prioridad no es la gente, sino pagar la deuda. Como explica Ernesto Ruiz Ureta, “en los países europeos pagar los intereses de la deuda pública es una de las partidas más importantes de los presupuestos generales del Estado, esquilmando así la posibilidad de dedicar recursos a sanidad, educación y prestaciones sociales e impidiendo mejorar ”.

Tal vez por eso el Papa Francisco recién se preguntaba qué le ha pasado a Europa y sueña con una Europa que socorra al pobre y a quien necesita refugio, donde ser inmigrante no sea delito y los derechos humanos no sean solo un recuerdo.

Es necesaria otra Europa que cambie especulación, corrupción, fraude fiscal y deuda por una economía para las personas. Pero quienes detentan el poder no van por ahí. No solo en Grecia. En España amenazan más recortes de miles de millones. Y en Francia crece el movimiento ‘debout la nuit’ contra los destructores recortes neoliberales que el gobierno presuntamente socialista de Hollande y Valls quiere imponer. Medidas como las del derechista partido Popular español. En beneficio de pocos.

Lo obsceno es que se perjudica a millones de personas para que los acreedores cobren los intereses del dinero prestado. Dinero prestado para rescatar a bancos, por cierto, no en beneficio de la gente. El resto de la retórica son pretextos baratos. Nada que ver con la tozuda realidad. Sus beneficios por encima de los derechos de la ciudadanía.

En los últimos años el poder económico y político de la UE aprovecha la crisis torticeramente para perpetrar una ofensiva que desposea de derechos y rentas sociales a la ciudadanía. Recortes y más recortes, privatización de servicios públicos, pérdida de derechos sociales y laborales, tibieza o algo peor ante el fraude fiscal que erosiona el estado de bienestar… Solo les falta privatizar el aire en ese ataque sistemático contra libertades y derechos.

El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad han sido los sayones que han obligado a pasar por las horcas caudinas a los países endeudados. En algún caso, como el de España, hasta cambiar la Constitución para asegurar el pago de intereses.

La situación es mala, pues en los últimos años ha aumentado el poder del sector financiero y de la alta burocracia a su servicio. A la chita callando han construido un armazón de toma de decisiones ajeno a todo procedimiento democrático, prescindiendo del voto ciudadano y relegando los legítimos intereses del pueblo trabajador al furgón de cola.

La crisis no es por desgracia ni por azar. Es fruto de la codicia desbocada de unos pocos que, pasado un primer momento de pánico, vieron que esa crisis podía ser una vía para saquear a la ciudadanía. Y, recortando o suprimiendo derechos y servicios públicos, han crecido de modo obsceno las fortunas de una reducida minoría.

Pero no tienen bastante y, para detener la reacción ciudadana, pretenden enterrar la democracia. En eso están. ¿Por qué, de otro modo, el oscuro Junckers, presidente de la Comisión Europea, aseguraba sin rubor alguno que “no puede haber decisiones democráticas contra los tratados europeos”? Porque nunca les ha interesado la democracia (que, por cierto, significa ‘gobierno del pueblo’), pero ahora están netamente en contra.

De nosotros, ciudadanía, depende que no se salgan con la suya.

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Cuando la política que se impone es un crimen

Sin medicamentos para controlar mi VIH, moriré”. Rafael, inmigrante latinoamericano, se hizo en Madrid la prueba de VIH y dio positivo. Le hicieron también una analítica completa y, vistos los buenos resultados, tener el VIH sólo supuso revisiones periódicas. Pero hace un año descendieron sus defensas y el médico le prescribió medicamentos antivirales para evitar el desarrollo del sida. Aún sin permiso de residencia, tenía su tarjeta sanitaria por estar empadronado. Fue atendido y tratado sin problemas. Hasta ahora.

El próximo 1 septiembre, muchos miles de inmigrantes sin permiso de residencia y aún muchos más jóvenes españoles con más de 26 años que no coticen o no hayan cotizado a la Seguridad Social (por estar en paro) dejarán de tener asistencia sanitaria en España, salvo en urgencias, por decreto del gobierno de Rajoy. Entre los expulsados de la sanidad pública hay un colectivo muy vulnerable: quienes tienen el VIH, como Rafael.

Expulsar a inmigrantes irregulares y a jóvenes del servicio público de salud significa, por ejemplo, que los infectados por el VIH (en el caso de inmigrantes, de tres a cuatro mil) no dispondrán de medicamentos para controlar su infección. Tampoco podrán comprarlos, no solo porque no tendrán los más de ochocientos euros mensuales que cuestan, sino porque esos medicamentos no se expenden en farmacias, pues son de exclusiva distribución hospitalaria.

Rafael y otros muchos miles de inmigrantes irregulares o los jóvenes despojados de la tarjeta sanitaria infectados por el VIH estarán más expuestos a morir por sida. A esos seropositivos hay que sumar los pacientes inmigrantes o jóvenes a los que priven de tarjeta sanitaria con hipertensión arterial, cardiopatías diversas, diabetes, insuficiencia cardíaca o renal, asma, enfermedades pulmonares, cáncer… Unos y otros no dispondrán de atención médica ni de diagnóstico ni de tratamiento alguno ni de medicinas.

Lo que ocurra a los infectados por el VIH demuestra el crimen que es de hecho el recorte de derechos sanitarios del decreto gubernamental. Porque sin duda habrá más muertes e incremento de enfermedades oportunistas asociadas al sida. También aumentará el contagio del VIH y de otras enfermedades infecciosas (como la tuberculosis) a la población en general, así como habrá más probabilidad de contagio del VIH de embarazadas infectadas a fetos en gestación. Son algunas conclusiones del Grupo de Estudio del SIDA (Gesida), que forma parte de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Gesida asegura que la peor consecuencia por los recortes presupuestarios en sanidad será el aumento de la mortalidad.

Para empeorar las cosas, esas medidas de ahorro que violan derechos humanos tendrán un efecto contrario al buscado. Porque aumentarán los gastos de sanidad. Según el Gesida,aumentarán los costes porque recurrirán a urgencias muchos de aquellos a quienes se les ha quitado la tarjeta sanitaria, lo que reducirá a la mitad el ahorro conseguido con la supresión de la misma. Y también habrá más gasto por tratamientos de personas con tarjeta sanitaria recién infectadas por el VIH y enfermedades asociadas al sida. Contagios que aumentarán por falta de diagnóstico y de tratamiento de pacientes que estén infectados, pero sin control, por haber sido expulsados de la sanidad pública.

Y, mientras el gobierno pretende ahorrar unos millones de euros (que no conseguirá) recortando derechos, el fraude fiscal en el Reino de España ya es de 70.000 a 80.000 millones anuales. El presupuesto total del sistema público sanitario español, según la consultora i2 Integrity, miembro del Pacto Mundial de la ONU contra la Corrupción. Más del 70% de ese fraude fiscal lo perpetran grandes fortunas, grandes empresas y corporaciones. Pero parece más fácil meterse con inmigrantes y jóvenes que con los ricos que deben pagar y no lo hacen.

Entre los países europeos que soportan recortes presupuestarios que paga la ciudadanía, Grecia, fue el primero en sufrir esa feroz política de austeridad. Y una docena de sus ciudadanos ha denunciado al gobierno griego ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad y genocidio; sostienen que la austeridad impuesta está matando al pueblo griego. Y no solo por el abandono de los enfermos con VIH.

Tal vez suene excesivo hablar de genocidio, pero es justo decir que la política de austeridad que se impone es un crimen. El gobierno español tiene un mes para rectificar parte de la tropelía. Y Europa debe cambiar de rumbo.

la ciudadanía y l Unión Europea

Treinta mil tunecinos y libios llegaron a Lampedusa. Francia e Italia se enzarzaron sobre quién cargaba con ellos, pero enseguida resolvieron su enfrentamiento proponiendo restablecer controles fronterizos en Europa y al diablo la libre circulación de personas. Todo para cerrar el paso a los inmigrantes. A Alemania le faltó tiempo para apoyar la propuesta franco-italiana, mientras Dinamarca aprovechaba la ocasión y decidía reinstaurar controles fronterizos con Alemania y Suecia por acuerdo del gobierno conservador y el xenófobo Partido Popular Danés para evitar que se cuelen por la frontera alemana ciudadanos de Bulgaria y Rumanía, aunque formen parte de la Unión Europea.

Esos 30.000 africanos del norte, que huían de la guerra civil libia, han sido pretexto para zanjar la libre circulación de personas en la Unión Europea. Aunque no es la primera vez que Europa se enfrenta a una crisis similar. En 1995, 600.000 refugiados de la guerra de Yugoslavia fueron acogidos sin problemas por la Unión Europea, como ha recordado recientemente el profesor Ignacio Torreblanca. En década y media, la Europa solidaria se ha convertido en un carcamal egoísta y cobarde. Y es que la maldita crisis ha desatado el ‘sálvese quien pueda’ en todos los terrenos. La crisis estalló y la solidaridad europea se fue a hacer gárgaras. Veamos también lo de Grecia, por ejemplo.

El primer rescate griego fracasa y ahora se propone un segundo rescate; Grecia estaría negociando con la Unión y el FMI un préstamo adicional de 50.000 a 60.000 millones de euros. Porque las feroces condiciones impuestas a Grecia por sus “socios” europeos han ahogado la economía griega. Pero este segundo presunto rescate también costará a los griegos un ojo de la cara. Y, entre tanto, la Unión Europea aprovecha y presiona a Grecia para que, además de perpetrar más medidas de austeridad presupuestaria y social hasta 2015, privatice totalmente las empresas de servicios públicos. Entre ellas dos compañías de agua potable y tres de energía, y que lo haga antes del próximo abono de ayuda financiera. Un buen bocado para unas pocas y pecadoras manos privadas.

¿Quién pagará el desaguisado griego? ¿La banca que compra deuda griega con interés desmesurado para hacer un negocio redondo o los ciudadanos? En una de las últimas emisiones de deuda griega había casi más inversores-especuladores que bonos a la venta, a pesar de que las tramposas agencias de rating insinúan que son “basura”. Y es que el dictatorial poder financiero sabe que hará un enorme negocio con la ruina social y económica de la ciudadanía griega. Porque, a la postre, parte del dinero de los rescates irá a parar a sus bolsillos de un modo u otro.

Hace ocho años, el canciller alemán Schröeder, refiriéndose al Tratado constitucional europeo que entonces se aprobaba, aseguró ser necesarios dolorosos sacrificios para obtener buenos resultados a medio y largo plazo en la nueva Europa. La manida tesis de que el pastel ha de crecer para repartirlo. Y es cierto que se han hecho grandes sacrificios, pero siempre por parte de los mismos. Asalariados, funcionarios, empleados públicos, trabajadores autónomos, pequeños empresarios, campesinos, pequeños comerciantes, desempleados, inmigrantes, jóvenes, siempre las mujeres y los pobres sin más apelativos. Porque en Europa hay 80 millones de pobres. Pero el pastel nunca llega a repartirse y quienes sacan tajada de que el pastel crezca siempre son los mismos. Y en época de crisis, ni te cuento. Pocos, privilegiados y amorales. Obscenos, como escribe la socióloga Eulàlia Solé.

Hace ocho años, en medio del entusiasmo de la clase política europea por aprobar la neoliberal constitución de la Unión, Oskar Lafontaine acusó a los mandatarios europeos de desmantelar el Estado social y de hacer retroceder a Europa al siglo XIX. Con la crisis, los recortes de logros y derechos sociales y económicos que se han perpetrado y perpetran para salir de la crisis y recortar déficits públicos devienen sello de esta nueva y penosa Europa. Triunfo descarado de un neoliberalismo que supone más pobreza, más corrupción, más desigualdad y más sufrimiento. Además de la disolución de la solidaridad y el entierro de la vocación de defender los derechos humanos.

Esta es la provecta y codiciosa Europa. Perdón, la provecta y codiciosa minoría privilegiada que controla una Unión Europea que no interesa a la ciudadanía en absoluto. Porque esa Unión se ha convertido en la enemiga de sus intereses, de sus derechos.