El vaciado de la democracia, una exigencia neoliberal

Recortan presupuestos sociales, privatizan servicios públicos y amedrentan con la deuda como modo de dominio, como se comprueba con amplitud en el caso de Grecia. Además vacían la democracia, porque así lo exige ese saqueo neoliberal que es la vigente política de austeridad en la Unión Europea. Pero además, las élites que nos castigan tienen la obscena desfachatez de pretender ser defensores de la libertad. Sí, pero solo la del capital.

En el Reino de España, al inicio del movimiento ciudadano del 15 M, más de doscientos intelectuales, artistas, profesores universitarios y dirigentes sociales ya denunciaron la persecución y criminalización de ese movimiento social. Represión, arbitrariedad policial, uso excesivo de fuerza, además de detener y encarcelar a manifestantes pacíficos. Esa situación, que empezó hace unos cuatro años, empeora. Hoy, los juzgados acumulan docenas de expedientes contra centenares de trabajadores y representantes sindicales por manifestarse o ir a la huelga. Además los fiscales piden cárcel para unas decenas de pacíficos ciudadanos y ciudadanas cuyo ‘delito’ ha sido protestar y oponerse a las políticas de austeridad. También hay trabajadores y trabajadoras que podrían entrar en prisión y alguno ya está encarcelado por ejercer sus derechos sindicales. Como en la dictadura franquista.

Democracia es más que votar cada cuatro años. Mucho más. Puede haber votaciones y, sin embargo, también autoritarismo. El autoritarismo del Partido Popular se manifiesta de modo especial en el sistemático desprecio de los derechos de la ciudadanía y en el recurso cada vez más frecuente de recurrir a la policía porra en mano contra la ciudadanía, como en el caso de los desahucios. El informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa de 2014 ya denunció con dureza la actuación del gobierno, así como el uso de la crisis como pretexto, para violar derechos fundamentales de la infancia, de la gente mayor y de las personas que dependen de otras. Por ejemplo. También constató la creciente criminalización de la ciudadanía que protesta.

Sin olvidar torturas y malos tratos a personas detenidas y bajo custodia policial. En España ha habido desde 2004 más de 6.600 casos de tortura y malos tratos policiales. Expertos en derechos humanos denuncian que el gobierno no toma medidas para evitar las torturas ni tampoco para castigarlas. Manfred Nowack, relator especial de Derechos Humanos de la ONU, ya denunció la falta de voluntad política del gobierno español para acabar con torturas y malos tratos a detenidos. Amnistía Internacional ha denunciado con detalle en tres informes numerosos casos de torturas en España desde 2007 y asegura que “además de malos tratos y torturas, hay impunidad para los torturadores”.

Para los más viejos del lugar, que sufrieron la dictadura franquista en vivo y directo, el panorama huele cada vez más a fascismo rancio, a neofranquismo.

Más aún, una sesentena de catedráticos de Derecho Penal de más de treinta universidades públicas españolas han publicado un manifiesto muy crítico contra la reforma en marcha del Código Penal. También jueces, fiscales y abogados critican con dureza ese nuevo Código así como la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’. Coinciden todos en que el gobierno y sus agentes criminalizan a la ciudadanía y violan sus derechos. Jueces por la Democracia considera además que la reforma penal es ilegítima, porque los delitos del país muestran que no es necesaria. Según Eurostat, España es uno de los países más seguros y menos violentos de Europa. De lo que presume el ministro de Interior; el mismo que ha promovido la autoritaria reforma del Código Penal y la no menos fascistoide ‘ley mordaza’. Ergo este gobierno neoliberal autoritario del Partido Popular no  busca la seguridad de la gente común, sino la represión legalizada de la ciudadanía que se opone y resiste sus políticas de austeridad.

España sí es un caso paradigmático de autoritarismo, aunque no único. La clase dirigente política europea, al ya evidente servicio descarado del poder financiero, vacía la democracia. Ignoran olímpicamente a la ciudadanía y siguen con sus austeridades y saqueo haciendo oídos sordos a las clamorosas reivindidaciones ciudadanas.

No cabe duda de que los poderes europeos, gobiernos incluidos, no necesitan por ahora fascistas en escuadras de la porra para socavar el sistema democrático. Prescinden de la ciudadanía, violan sus derechos una y otra vez y la reprimen con dureza cuando resiste y protesta. Vacían la democracia porque la reducen a un decorado, una liturgia, una farsa.

Ese vaciado de la democracia conduce a Europa a un autoritarismo real y la convierte en un mal chiste. Porque la democracia no es una meta, sino el camino. O no hay democracia.

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De camino hacia el neofranquismo

¿Qué pensar de una condena de tres años de prisión a un ciudadano por haber estado en un piquete informativo de huelga? Les pasó a Carlos y a Carmen en Granada. Carlos salió hace unos días, tras una semana encarcelado, y Carmen no ha ingresado en prisión aún. Ambos han solicitado el indulto. Pero lo grave es que los hayan condenado por formar parte de un piquete. Mientras a Jaume Matas, el corrupto ex-presidente de la comunidad autónoma de las Islas Baleares (España), le reducen la pena de seis años a nueve meses. El doble rasero los denuncia, los deja con las vergüenzas al aire.

Expedientes, diligencias, multas y juicios contra huelguistas y manifestantes, pero tolerancia para los delitos económicos que perpetra la minoría que detenta el poder (a cuyo servicio está el gobierno). Mientras otros países europeos establecen leyes sólidas contra la corrupción (sin ser un modelo), en España la reforma del Código Penal se olvida materialmente de la corrupción.

Aquellos días de huelga de 2012, cuando acusaron a Carlos y Carmen, los juristas Pisarello y Asens denunciaban que “los exasperados ataques gubernamentales, mediáticos y judiciales contra los huelguistas del 29 de marzo y el anuncio de medidas criminalizadoras de la protesta reflejan una indudable deriva autoritaria”. Hoy, esa deriva ha ido a más. Mucho más. Los desmanes de los últimos tiempos recuerdan demasiado la dictadura.

Que la situación es antidemocrática y en aumento lo demuestra que el gobierno viola derechos desde las propias leyes. Como la nueva legislación de Seguridad Ciudadana que completa la más represiva reforma del Código Penal. Más un mayor deterioro democrático por el uso excesivo de la fuerza y malos tratos y torturas por parte de agentes de policía. Amnistía Internacional ha condenado tanto uno como otros en varios informes. Para Amnistía, en España se tortura, pero es negado por el gobierno y la tortura queda impune. La organización ha denunciado y documentado numerosos casos de malos tratos y torturas en su informe “Sal en la herida” y un informe posterior de seguimiento. La suma de todo rememora demasiado el franquismo.

Que la impunidad de los torturadores parece una política gubernamental lo demostró el escandaloso caso del doble indulto a cuatro policías en Cataluña. Al conocerse la sentencia firme que los condenaba por torturas, el gobierno central los indultó. Pero el juez emitió un nuevo auto en el que mandaba ingresar en prisión de inmediato a los policías torturadores. ¡Y el gobierno vuelve a indultarlos! ¿No demuestra este caso una política concreta? El indulto a esos torturadores no fue un caso raro o aislado.

También es denunciable el uso excesivo de la fuerza por la policía contra la ciudadanía que protesta, como ha hecho también Amnistía Internacional en varios informes. Aparte de que la Red ofrece cuantiosas e innegables imágenes de excesos policiales en concentraciones y manifestaciones ciudadanas, así como en desalojos de viviendas a los que se oponen pacíficamente ciudadanos solidarios con los desahuciados.

En fin, las nuevas leyes represivas del gobierno no sólo son innecesarias, sino que buscan acabar con la pacífica resistencia ciudadana a su política de austeridad, recortes y vulneración de derechos. Es así porque resulta que España tiene una de las tasas más bajas de criminalidad de Europa y no precisa mayor respuesta coercitiva. Es más, el ministerio del Interior no disimuló su satisfacción al anunciar recientemente en rueda de prensa las cifras de delincuencia del año pasado y mostrar que la tasa de delincuencia en España es una de las más bajas de Europa desde hace años.

¿Por qué entonces una nueva ley de seguridad ciudadana? Aún se entiende menos cuando el propio ministro de Interior declaró que en 2013 hubo en España más de 6.000 manifestaciones y ningún problema de orden público digno de reseñar. ¿Por qué? Porque la nueva ley de seguridad ciudadana nada tiene que ver con la seguridad real y sí con atemorizar a la ciudadanía resistente. Y lo que busca es cortar de raíz el movimiento ciudadano que quiere cambiar las cosas a mejor.

Así es porque, como ha denunciado la asociación Jueces para la Democracia, “la Ley de Seguridad Ciudadana cierra el círculo que convierte en crimen el ejercicio de los derechos fundamentales. Y la reforma del Código Penal es innecesaria, y por tanto ilegítima, porque crea un nuevo tipo de delincuente: el disidente político”.

Lo dicho, el panorama expuesto recuerda cada vez más el franquismo que creíamos desaparecido. Pero no.

El autoritarismo, lógica secuela del capitalismo neoliberal

Cerca de quinientas detenciones y un millar de multas administrativas perpetró el gobierno de España desde el inicio del 15 M hasta mediados del año pasado. Hoy, la apuesta contra la protesta ha subido. Los juzgados acumulan más de 80 expedientes contra 260 trabajadores y representantes sindicales por participar en manifestaciones y huelgas y los fiscales piden cárcel para 40 ciudadanos y ciudadanas. Ya hay trabajadores y trabajadoras a punto de entrar en prisión o ya encarcelados por haber participado en una huelga. Un doloroso recuerdo de la dictadura franquista cuando ejercer el derecho de huelga era un delito.

Es una primera y evidente prueba de la deriva autoritaria del gobierno del Partido Popular. Otra es recurrir al decreto-ley como modo de gobernar. La palma se la lleva lo que los medios denominan el decretazo. Casi doscientos folios que modifican 25 leyes con el consabido pretexto de “medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia”. Sin pasar por el Parlamento, hurtando el debate, sin discusión de enmiendas, de puntillas, a espaldas de la ciudadanía.

Pero el antidemocrático autoritarismo que el partido del gobierno lleva en su adn se manifiesta en la progresiva violación de derechos humanos en España. Y aquí cabe recordar el último informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa de hace pocos meses. Un informe que, lisa y llanamente, puso en entredicho la actuación gubernamental. Denunció con dureza que la crisis es pretexto para recortar y violar derechos fundamentales de la infancia, gente mayor y personas que dependen de otras, constató el aumento esponencial de la represión y la sistemática criminalización de la protesta ciudadana que se alza contra los recortes presupuestarios y sus graves consecuencias para la población.

La ONU también denuncia la práctica habitual de detención incomunicada (que incita a malos tratos), la tortura a detenidos por agentes policiales, la impunidad de los policías torturadores, indultar a torturadores condenados, uso excesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas, malos tratos a inmigrantes irregulares internados y cuando son expulsados (además, ilegalmente) y criminalizar a manifestantes pacíficos con las fascistoides reformas del Código Penal y la ley de Seguridad Ciudadana.

Actuaciones gubernamentales que crean una situación política incompatible con la legalidad internacional de la ONU y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque una acción de gobierno jamás puede ser vulnerar sistemáticamente los derechos de la ciudadanía. Algo propio de una dictadura.

En democracia, el Estado es responsable de acabar con la pobreza, que es lisa y llanamente la imposibilidad de vivir una existencia digna. Pero desde que empezó la presunta respuesta a la crisis, los gobiernos neoliberales europeos vulneran el derecho básico a una vida digna.

Como ha escrito Vicenç Navarro, “todas las salidas de las crisis del capitalismo han requerido una redistribución de la riqueza hacia el mundo del trabajo”. Y Nouriel Roubini (el economista que vio venir la crisis) asegura que “no es posible una constante absorción de las rentas del trabajo por el capital, sin provocar una falta de demanda. Eso ocurre hoy. Porque el salario del trabajador es el motor del consumo“. Y Marx ya explicó que “la causa final de toda crisis siempre es la pobreza y el limitado consumo de las masas”.

Visto lo que ocurre, es obvio que la élite económica no renuncia a apropiarse de las rentas del trabajo, porque esa apropiación es su beneficio. Y, por tanto, la pretendida superación de la crisis mantendrá, e incluso aumentará, el empobrecimiento de la ciudadanía global. El empobrecimiento origina la protesta y la movilización ciudadanas; los gobiernos neoliberales (al servicio de la élite económica) reprimen la protesta y violan cada vez más derechos, ahora también civiles y políticos; la ciudadanía reacciona más aún y se organiza; los gobiernos aumentan la represión y la violación de derechos…

La marcha hacia gobiernos autoritarios puros y duros está servida porque es el lógico fruto de la acumulación de capital por desposesión de las clases trabajadoras. Pues un mundo en el que se respeten los derechos humanos de todos en todas partes es incompatible con el capitalismo. El capitalismo es incompatible con la democracia.

El envite está claro. Mundo ciudadano de derechos y justicia (con otro sistema por supuesto) o uno autoritario camino a la perdición.

La impunidad erosiona la democracia

Víctimas de delitos, muchos jueces y los principales partidos políticos de la oposición exigen un cambio radical en la concesión de indultos en el Reino de España. La gota que ha colmado el vaso ha sido el perdón a un conductor “kamikaze” condenado a 13 años de cárcel por la muerte de una persona y heridas graves a otras. Porque demasiados delincuentes escapan a la justicia indultados por el gobierno, por no investigar corrupciones conocidas, por dilaciones en procesos penales incoados o por arbitrariedades penitenciarias.

Es significativo el caso Carromero. Condenado a cuatro años en Cuba por homicidio en accidente de tráfico, trasladado a España a cumplir condena, este político del Partido Popular ya está prácticamente libre por haberle aplicado con urgencia el tercer grado penitenciario, que sólo obliga a dormir en prisión. Quien escribe estas líneas fue ocho años voluntario en cárceles españolas y comprobó que la concesión del tercer grado penitenciario suele ser una carrera de obstáculos, difícil y lenta.

Como también chirría la historia de cuatro policías de Cataluña (mossos d’esquadra), condenados en firme por torturas a un detenido e indultados dos veces por el gobierno. La primera al ser firme la sentencia y la segunda cuando la Audiencia de Barcelona, en una resolución poco frecuente, a pesar del indulto, ordenó el ingreso en prisión de los torturadores por “razones de prevención, peligrosidad criminal, repulsa y alarma social”. Pero el gobierno ignoró el dictamen judicial e indultó por segunda vez a los verdugos.

Jaume Asens, de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona denunció que “el indulto es un medio del poder para perdonarse a sí mismo. En este caso, además, un ejercicio de cinismo porque se indultan por segunda vez”. Amnistía Internacional también ha denunciado que, en los últimos años, hay una tendencia creciente a indultar a agentes de policía torturadores. Y recordó que el Reino de España ha sido condenado en tres ocasiones por el Tribunal Superior de Derechos Humanos de Estrasburgo por no investigar torturas denunciadas.

También indigna el caso de David Reboredo, que ingresó en prisión hace poco por trapichear con unos pocos gramos de heroína hace años. Pero el gobierno le niega el indulto, a pesar de que reúne las circunstancias para obtenerlo: rehabilitación completa y delito menor cometido hace años.

En cambio, al vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, condenado a seis meses de prisión y suspensión del ejercicio profesional por delitos continuados de falsa acusación y falsa denuncia, le fue canjeada esa condena por una multa de 144.000 euros; cantidad irrisoria para quien cobra nueve millones de euros anuales.

El actual poder ejecutivo concedió 468 indultos en los primeros once meses de gobierno. El Gobierno de Rajoy ha indultado, por ejemplo, a un alto cargo político y a un empresario de Cataluña, condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos. También a un alcalde y a tres concejales del Partido Popular, condenados por treintaiún delitos de prevaricación urbanística.

La lista de indultados que no debieron serlo es larga e indignante, porque algunos de esos indultados cometieron delitos graves. Pero la ley que regula esa medida de gracia (promulgada en 1870, por cierto) no obliga a argumentar las razones de los indultos y en la práctica suele ser una arbitrariedad. Además de una injusticia flagrante en demasiadas ocasiones. Por eso la asociación Jueces para la Democracia ha denunciado el creciente número de indultos a cargos públicos y policías, porque el indulto a se ha convertido en un instrumento con el que el poder se exculpa a sí mismo.

La inadmisible realidad es que los gobiernos de España han concedido numerosos indultos más que discutibles a banqueros, alcaldes, altos cargos políticos, grandes empresarios y policías condenados por torturas. Con esos indultos se ataca un principio esencial de la democracia: que la ley sea igual para todos. La práctica continuada de indultar a los propios, cofrades y correligionarios que han delinquido ahonda el vaciamiento de la democracia y la convierte en farsa. Porque la democracia es mucho más que votar cada cuatro años.

Derechos o barbarie

Esta época es la de la mayor liquidación de derechos sociales de la población mundial. Pero esa aniquilación de derechos sociales es parte de una escabechina mayor. Todo estalló tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, atentados que le vinieron de perlas a la minoría dominante para sus planes de demolición, y ya en 2006 el lúcido analista Josep Ramoneda denunciaba que “la guerra contra el terror se ha llevado por delante los valores de la libertad individual, de la capacidad de todos y cada uno de pensar y decidir por uno mismo”. Porque el antiterrorismo se convirtió pronto en el supremo pretexto que engendró nuevas leyes que permitieron cargarse los derechos cívicos y políticos: que se pudiera detener sin garantías a cualquiera por meras sospechas y mantenerlo encerrado indefinidamente, entre otras atrocidades, además de recortes a las libertades de expresión, reunión, participación política… Nuevas normas establecidas de norte a sur y de este a oeste contra el terror (decían) que eran y son una burla del estado de derecho.

Y ocho años después, The New York Times revela que Barak Obama se reúne con altos funcionarios para decidir qué terroristas, presuntos terroristas o “combatientes enemigos” serán asesinados por drones (aviones bombarderos no tripulados) en Afganistán, Yemen, Pakistán, Somalia o Sudán. De momento solo en esos países. Los asesores de Obama reconocen que el presidente estadounidense tiene una reunión “antiterrorista” todos los martes para designar qué personas serán ejecutadas en nombre de la lucha antiterrorista. Hasta hoy, Estados Unidos ha perpetrado 268 ataques de drones. Según The Guardian, desde 2004 los drones han asesinado a más de 2.400 personas de las que más de 800 eran civiles y, de éstos, 175 niños. Estados Unidos tiene actualmente desplegados 7.000 drones.

En marzo se publicó el informe del Relator Especial de Derechos Humanos de la ONU, Christof Heyns, sobre ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias. Una denuncia de lo inadmisible de los asesinatos selectivos, porque cualquier gobierno, con el pretexto de la lucha antiterrorista podría matar a cualquier persona en cualquier lugar, si la acción antiterrorista justificara todo y pudiera estar por encima de los derechos humanos. Que no lo está.

Inaceptable porque, con acciones como las ejecuciones por drones, los gobiernos se convierten en fiscales, jueces, jurados y verdugos. Inaceptable porque la acción homicida de los drones aniquila los derechos humanos de presunción de inocencia, juicio justo por tribunal imparcial y defensa. Y los derechos humanos no son de quita y pon. Siempre están vigentes y no admiten excepciones.

Human Rigths Watch ha denunciado la condescendencia y tolerancia de Estados Unidos y la Unión Europea con Estados autoritarios disfrazados de democracia y Estados que violan gravemente derechos humanos. Estados como Rusia, Pakistán, Bahrein, Jordania, Irak, Nigeria, Rusia, China Tailandia, Colombia, Etiopía, Arabia Saudí, Vietnam o Israel. Por no recordar, como ha denunciado Nuno Vieira, presidente del Consejo Europeo de Medicina Legal y asesor de la ONU, que también ocurren cosas terribles en países democráticos y que casi ningún país puede decir que no aplica tratamientos crueles a detenidos ni que es ajeno a la tortura.

Mientras tanto, continúan el sufrimiento y empobrecimientos de las clases asalariadas europeas. En Europa crece la pobreza y aumentan las personas que deben elegir entre una comida al día o caldear la casa, pagar la hipoteca o comer. En 2009 había en la Unión Europea más de 115 millones de personas pobres (23% de la población), cuando en 2007 eran 85: en dos años, 30 millones de pobres más. Y además, esos pobres son más pobres. Pero los gobiernos europeos continúan con sus políticas suicidas de recortes presupuestarios que son como cerrar hospitales en una guerra.

Violación sistemática de derechos cívicos y políticos, violación sistemática de derechos sociales y económicos; es decir, violación sistemática de derechos humanos. Esta es una época de barbarie hipócrita, de violación sistemática y sistémica de los derechos de la inmensa mayoría.

Lo inaudito e insoportable es que la casi totalidad de los 196 estados del mundo han firmado y ratificado la declaración de derechos humanos y la mayor parte de leyes internacionales derivadas de ésta; lo que significa que la Declaración de Derechos Humanos los obliga. Una declaración que afirma en su primer artículo que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. ¿Tienen idea de lo que significa esa frase y a lo que obliga?

La Declaración Universal de Derechos Humanos de ningún modo puede ser jamás papel mojado. O la barbarie se habrá instalado en el mundo para no dejarlo nunca.

Como siempre, la ciudadanía tiene la respuesta. Le va la dignidad, la libertad y la justicia en ello.

El retroceso

El retroceso

Tenemos contacto visual con Gerónimo. Enemigo, muerto”. Gerónimo era el nombre en clave de Osama Bin Laden. “Esta fue una operación para matar”, ha reconocido el responsable de la seguridad nacional estadounidense en declaraciones a Reuters, y ha subrayado que no había ninguna intención de capturar a Bin Laden con vida. Quienes han explicado la operación han reconocido que Bin Laden no iba armado. Es decir, según las leyes internacionales, la muerte de Bin Laden ha sido una ejecución extrajudicial. Además, la CIA averiguó donde se ocultaba Bin laden en Pakistán torturando a presos en cárceles secretas de todo el mundo? Leon Panetta, director de la CIA, ha reconocido que fueron empleadas técnicas de interrogación coercitivas con algunos detenidos, eufemismo miserable de que esos detenidos fueron torturados.

La ejecución extrajudicial de Osama Bin Laden, el coro de felicitaciones y auto complacencias de la denominada ‘comunidad internacional’ y la visible ausencia de una actitud crítica ante esa ejecución constituyen un lamentable y preocupante broche que certifica un retroceso democrático de dimensiones terribles. Llueve sobre mojado tras conocer lo que ocurría y ocurre en la prisión estadounidense militar de Guantánamo, paradigma de la violación sistemática de derechos humanos, sin olvidar las torturas de Abu Graib o las infligidas en centro de detención secretos a los que levaban a sospechosos de terrorismo en vuelos secretos de la CIA con la complicidad de gobiernos europeos.

O la democracia es un sistema cuya esencia es el respeto de los derechos humanos, de todos los derechos humanos de todos, o el mundo de los países proclamados democráticos es una farsa.

Para que no haya la menor duda respecto a las intenciones de este analista, creo que nadie desprecia tanto a los terroristas como este articulista. Rechazo y condeno sin paliativos a quienes creen que la vida humana puede arrebatarse en nombre de un dogma, fe, ideal o bandera. Los terrorista, sus cómplices, inductores y encubridores han de rendir cuentas ante los tribunales y han de ser encarcelados tras ser sometidos a juicio justo. Porque, por encima de todo estoy a favor del estado de derecho, del estado donde imperan los derechos humanos y se respeta la ley, que ha de ser justa. Y el respeto de los derechos humanos es absolutamente incompatible con cualquier tipo de ejecución extrajudicial, como la de Bin Laden.

En un estado que respete los derechos humanos, aún cuando mantenga la pena de muerte en su código penal, toda condena, incluida la pena de muerte, ha de ser legitimada por un proceso y juicio que garantice la defensa del acusado (de cualquier acusado) y respete sus derechos y garantías procesales. Y el primero de éstos es la presunción de inocencia. Puede sonar a guasa hablar de presunción de inocencia en el caso de un personaje tan siniestro como Bin Laden, pero no es así. O nos creemos y aplicamos los principios de la democracia o se pierde toda legitimidad y nos precipitamos al reino de la arbitrariedad, la injusticia y la opresión.

La democracia y los derechos humanos no son solo para nuestros amigos y aliados sino para todos los seres humanos sin distinción ni discriminación.

Charles Swift, capitán de corbeta de la Marina de EEUU, oficial jurídico y defensor de oficio del chófer de Osama Bin Laden, preso en Guantánamo, argumentó, al defender a su cliente, “si nuestros enemigos consiguen que no respetemos las reglas, perdemos lo que somos. Somos los buenos, porque respetamos las normas. Y lo demostramos cada día que cumplimos esas normas, independientemente de lo que hagan nuestros enemigos. Eso es lo que nos diferencia, lo que nos hace grandes“.

Aplicando la impecable argumentación de Swift, que suscribo, es indudable que la ejecución extrajudicial de Bin Laden no ha respetado las normas, las reglas propias de la democracia. Lo que ha hecho es descender al nivel éticamente miserable del terrorista asesino.

Por cierto, Barak Obama, al anunciar la muerte de Bin Laden, dijo que el mundo es más seguro ahora. Falso. Todos temen una venganza mayúscula de sus seguidores, una campaña de atentados que haga aún más inseguro este mundo injusto y desquiciado.

Guantánamo y los derechos humanos

Un pastor afgano es detenido por estar cerca de una explosión; el pastor niega relación con ese hecho y sus interrogadores comprueban que sí sabe de pastoreo, pero ignora todo sobre armas o política. Y le creen. Pero lo mantienen encerrado cinco años. En Guantánamo.

Un anciano afgano con artritis y demencia senil es detenido porque encuentran en su casa un teléfono móvil, que no sabe utilizar. El afgano Kudai Dat, esquizofrénico, es hospitalizado con síntomas agudos de psicosis tras ser interrogado, y pasa cuatro años encarcelado. Un padre, que busca a su hijo en el frente de guerra afgano, es detenido. También arrestan a un mercader que viaja habiendo olvidado la documentación. Un hombre que hace autostop para ir a comprar medicinas es detenido y encarcelado…

Decenas de enfermos mentales, ancianos, adolescentes, enfermos psiquiátricos graves, maestros de escuela y granjeros sufrieron años de cárcel. Ninguno tenía vínculos con terrorismo alguno. Estos y otros muchos, hasta casi ochocientos, estuvieron encerrados durante años en la prisión de Guantánamo.

Wikileaks ha desvelado la absoluta arbitrariedad de los encarcelamientos sin base en Guantánamo, así como los terribles abusos cometidos por el gobierno de Estados Unidos en esa cárcel. Los informes revelan que las autoridades estadounidenses no necesitan pruebas para encarcelar. La nueva filtración, publicada por The Guardian, The Washington Post, The New York Times y El País, son fichas e informes de mandos militares sobre 759 de los 779 presos que han llegado a estar encerrados en Guantánamo.

Esos documentos prueban que el gobierno de Estados Unidos encarceló en terribles condiciones a centenares de presos que nunca supusieron peligro alguno. Encerrados sin pruebas ni indicios de haber cometido delito alguno. Sin formular cargos y sin defensa durante mucho tiempo. Hoy, 170 aún siguen en Guantánamo. De lo que contra todo derecho es y era Guantánamo, lo prueban las docenas de intentos de suicidio entre los encarcelados.

Un editorial de El País, bajo el título “Infamia consentida”, indica que “los papeles de Guantánamo alumbran una apabullante radiografía de los abusos y violaciones de los derechos más elementales cometidos en la prisión creada por George W. Bush en 2002, tras los atentados del 11S (…). Los informes muestran un sistema carcelario propio de regímenes totalitarios, basado en sospechas, conjeturas y delación”.

Pero vayamos más allá al analizar esa vergüenza universal. Guantánamo es sencillamente incompatible con el menor respeto por los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos empieza afirmando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y continúa declarando que, por esa dignidad, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa…

En Guantánamo se han violado una y otra vez todos esos derechos de cientos de personas. Como denuncia el abogado Clive Stafford, que defiende a presos de esa prisión, “la verdad de Guantánamo es cien veces peor de lo sabido”.

A este escándalo hay que añadir el de los vuelos clandestinos de la CIA (con complicidad de gobiernos europeos) para trasladar secretamente a presos sospechosos de terrorismo a países donde ser torturados sin escrúpulos legales, deja con las vergüenzas al aire a Estados Unidos y a Europa, presuntos campeones de los derechos humanos. Dicen sus dirigentes. Pero en derechos humanos (como en el amor), obras son amores y no buenas razones.

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Hablamos de vida, de dignidad, de libertad y de justicia. De libertad o barbarie, de vida o muerte. Por eso no son una opción que pueda elegirse o no. El respeto de los derechos humanos no se puede fraccionar o cumplir por porciones ni con excepciones por pretendida seguridad o cualquier otra falacia similar. Los derechos humanos se respetan sí o sí. Sin excepción. Y obligan a todos. Ningún país tiene “patente de corso” para saltárselos. Nunca. Porque en verdad, los derechos humanos no son la meta. Son el camino de la democracia y de la paz. Y de la dignidad.