La salud no puede ser un negocio

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública reclamó a la Fiscalía General del Estado que paralizara en la región autónoma de Madrid el cobro de un 1 euro por receta médica dispensada. Una tasa impuesta por el gobierno regional de Madrid del partido Popular. Para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, dicen. Garantizar la sostenibilidad es el subterfugio falaz de todas las contrarreformas neoliberales que no son otra cosa que vulneración derechos. La otra excusa esgrimida por el gobierno regional es que se malgastan muchos medicamentos como indican varios estudios: casi la cuarta parte de españoles reconocen guardar cajas de medicinas en casa que ya no usan.

Pero hay otras medidas efectivas para un uso racional y efectivo de medicamentos, que nada tienen que ver con el afán recaudatorio de cobrar un euro por receta. Como utilizar fármacos en dosis unitarias que ajusten la terapia necesaria. Pero esa medida no gusta a la industria farmacéutica, a la que le importa un pimiento que se desechen toneladas de medicamentos, porque ellos los cobran se unen o desechen, y otras dosificaciones supondrían más costes de envasado.

Ya el Consejo de Estado consideró que podía ser inconstitucional el cobro de un euro por receta, tasa que se aplicaba desde hace meses en la autonomía de Cataluña, porque discrimina a la ciudadanía de la región de Madrid o Cataluña respecto a la de otras comunidades autónomas. Y, para rematar el despropósito, en lo que se refiere a la región de Madrid, las farmacias madrileñas no disponen de infraestructura informática adecuada para contabilizar el cobro de un euro por receta por cuenta de la administración regional.

En realidad, esa tasa forma parte de la consideración de la salud como negocio y no como derecho indiscutible. Para los neoliberales que desgobiernan, es además negocio con pingües beneficios. Será por eso que el gobierno del Partido Popular de la región de Madrid ha privatizado 6 hospitales y 27 centros de salud de atención primaria. Y, como estos neoliberales son tan tramposos, a la privatización la llaman “externalización” sanitaria.

Dicen que su plan de “externalización” permitirá aprovechar recursos y reducir costes. Pero la experiencia privatizadora en la comunidad autónoma de Valencia demuestra justamente lo contrario: disminución de calidad en la atención sanitaria y bastante más gasto. El coste de una cama en hospital privado es de 1.660 euros diarios, cuando en un hospital público solo es de 955 euros, según un estudio de sindicatos del sector sanitario. Y en Alemania, a la cabeza de las contrarreformas neoliberales de Europa, además de varios repagos sanitarios (volver a pagar quien ya ha pagado con sus impuestos), que ellos insisten en llamar copagos, no pueden presumir de que la privatización de hospitales públicos haya sido un éxito. Un estudio de la Munich School of Management deja muy claro que “los resultados empíricos muestran que los hospitales privados son menos eficientes en controlar costes que los públicos”. Otro estudio, publicado en Health Policies en 2012, concluye que “la evidencia de Alemania muestra que los hospitales privados no son más eficientes que los públicos”.

El otro argumento falaz para maquillar tales contrarreformas es que ya no hay suficiente dinero estatal para ofrecer una sanidad pública de calidad. Falso, como el profesor Vicenç Navarro explica: “De 2007 a 2011, las empresas declararon en España 851.933 millones de euros de beneficios, por los que tributaron 101.421 millones de euros: casi un 12% de tipo impositivo. Si hubieran pagado un 28% sobre beneficios (tipo impositivo medio según la Agencia Tributaria), sin tantas deducciones y elusiones que alegremente concede el gobierno, el Estado hubiera ingresado 141.000 millones de euros. La diferencia entre ambas recaudaciones (ingresada y que se hubiera podido ingresar) coincide con el volumen de recortes de gasto público (sanidad incluida) que los gobiernos imponen desde hace varios años a la ciudadanía española”. Y con este hecho demostrado, España continúa siendo el escaparate de Europa.

Pero la salud no es negocio ni puede serlo, porque es un derecho humano. Además, cobrar un euro por receta no resuelve nada y es una medida miserable. Por fortuna, también crece la objeción ciudadana a pagar ese euro, y, además, la justicia ha suspendido cautelarmente el cobro de ese euro por receta tanto en Cataluña como en Madrid, en tanto se dictamina si ese cobro es anticonstitucional. Que lo es.

Lo dicho, miserable, además de que esta tasa perjudica especialmente a los enfermos crónicos que precisan terapia continua y serán quienes más paguen.

Cuando la política que se impone es un crimen

Sin medicamentos para controlar mi VIH, moriré”. Rafael, inmigrante latinoamericano, se hizo en Madrid la prueba de VIH y dio positivo. Le hicieron también una analítica completa y, vistos los buenos resultados, tener el VIH sólo supuso revisiones periódicas. Pero hace un año descendieron sus defensas y el médico le prescribió medicamentos antivirales para evitar el desarrollo del sida. Aún sin permiso de residencia, tenía su tarjeta sanitaria por estar empadronado. Fue atendido y tratado sin problemas. Hasta ahora.

El próximo 1 septiembre, muchos miles de inmigrantes sin permiso de residencia y aún muchos más jóvenes españoles con más de 26 años que no coticen o no hayan cotizado a la Seguridad Social (por estar en paro) dejarán de tener asistencia sanitaria en España, salvo en urgencias, por decreto del gobierno de Rajoy. Entre los expulsados de la sanidad pública hay un colectivo muy vulnerable: quienes tienen el VIH, como Rafael.

Expulsar a inmigrantes irregulares y a jóvenes del servicio público de salud significa, por ejemplo, que los infectados por el VIH (en el caso de inmigrantes, de tres a cuatro mil) no dispondrán de medicamentos para controlar su infección. Tampoco podrán comprarlos, no solo porque no tendrán los más de ochocientos euros mensuales que cuestan, sino porque esos medicamentos no se expenden en farmacias, pues son de exclusiva distribución hospitalaria.

Rafael y otros muchos miles de inmigrantes irregulares o los jóvenes despojados de la tarjeta sanitaria infectados por el VIH estarán más expuestos a morir por sida. A esos seropositivos hay que sumar los pacientes inmigrantes o jóvenes a los que priven de tarjeta sanitaria con hipertensión arterial, cardiopatías diversas, diabetes, insuficiencia cardíaca o renal, asma, enfermedades pulmonares, cáncer… Unos y otros no dispondrán de atención médica ni de diagnóstico ni de tratamiento alguno ni de medicinas.

Lo que ocurra a los infectados por el VIH demuestra el crimen que es de hecho el recorte de derechos sanitarios del decreto gubernamental. Porque sin duda habrá más muertes e incremento de enfermedades oportunistas asociadas al sida. También aumentará el contagio del VIH y de otras enfermedades infecciosas (como la tuberculosis) a la población en general, así como habrá más probabilidad de contagio del VIH de embarazadas infectadas a fetos en gestación. Son algunas conclusiones del Grupo de Estudio del SIDA (Gesida), que forma parte de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Gesida asegura que la peor consecuencia por los recortes presupuestarios en sanidad será el aumento de la mortalidad.

Para empeorar las cosas, esas medidas de ahorro que violan derechos humanos tendrán un efecto contrario al buscado. Porque aumentarán los gastos de sanidad. Según el Gesida,aumentarán los costes porque recurrirán a urgencias muchos de aquellos a quienes se les ha quitado la tarjeta sanitaria, lo que reducirá a la mitad el ahorro conseguido con la supresión de la misma. Y también habrá más gasto por tratamientos de personas con tarjeta sanitaria recién infectadas por el VIH y enfermedades asociadas al sida. Contagios que aumentarán por falta de diagnóstico y de tratamiento de pacientes que estén infectados, pero sin control, por haber sido expulsados de la sanidad pública.

Y, mientras el gobierno pretende ahorrar unos millones de euros (que no conseguirá) recortando derechos, el fraude fiscal en el Reino de España ya es de 70.000 a 80.000 millones anuales. El presupuesto total del sistema público sanitario español, según la consultora i2 Integrity, miembro del Pacto Mundial de la ONU contra la Corrupción. Más del 70% de ese fraude fiscal lo perpetran grandes fortunas, grandes empresas y corporaciones. Pero parece más fácil meterse con inmigrantes y jóvenes que con los ricos que deben pagar y no lo hacen.

Entre los países europeos que soportan recortes presupuestarios que paga la ciudadanía, Grecia, fue el primero en sufrir esa feroz política de austeridad. Y una docena de sus ciudadanos ha denunciado al gobierno griego ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad y genocidio; sostienen que la austeridad impuesta está matando al pueblo griego. Y no solo por el abandono de los enfermos con VIH.

Tal vez suene excesivo hablar de genocidio, pero es justo decir que la política de austeridad que se impone es un crimen. El gobierno español tiene un mes para rectificar parte de la tropelía. Y Europa debe cambiar de rumbo.