Ante la emergencia social no es legítimo reducir el déficit

En España no se sabe quién será investido presidente de gobierno. Con un Congreso más plural, donde ya no es fácil formar mayorías absolutas, puede ser presidente el muy conservador Rajoy o el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, recién convertido a la socialdemocracia clásica. Cualquiera de los dos podría ser Presidente, porque ninguno tiene fácil reunir la mayoría suficiente para ser investido.

Pero al Eurogrupo le da igual quien gobierne. Su presidente, el holandés Jeroen Dijsselbloem (presunto socialdemócrata y uno de los dirigentes europeos más fanático partidario de la nefanda austeridad) ya ha apremiado perentorio que “el nuevo Gobierno deberá hacer más ajustes. España debe hacer más reformas”.

Ajustes y reformas. Sabemos lo que significa, porque hemos pagado muy caras las perpetradas hasta ahora. Dijsselbloem ha sentenciado también que “el desafío del próximo Gobierno es [reducir] el déficit”. Aserto rechazable, visto lo muy negativas que han sido para la gente la austeridad y reducción del déficit que se pretendía con ella. Porque la situación de España es de las peores de Europa. Aumento abrumador de contratos temporales (incluso de un solo día,) y a tiempo parcial,  desempleo juvenil galopante y pobreza laboral, como denuncia la OIT. Con tal panorama, el único desafío legítimo es acabar con la emergencia social y no mantener la dictadura del déficit. Reducir el déficit es en beneficio de los bancos (culpables de la crisis) que cobran pingües intereses de deuda pública, adquirida con los préstamos casi regalados del BCE. Como los bancos holandeses, franceses y alemanes. Quizás eso explique que el holandés Dijsselbloem sea tan idólatra de la reducción del déficit, porque proporciona liquidez para abonar los intereses a los bancos poseedores de deuda pública.

No es cuestión baladí. El Reino de España ha de pagar este 2016 unos 35.000 millones de euros en intereses. Pero si se reduce el déficit para abonarlos (en vez de buscar otras salidas como  moratorias, reestructuración, quita…), pagan el pato los de siempre: el pueblo trabajador. Y los responsables de esta crisis-estafa se van de rositas y además  hacen un gran negocio.

La situación es tan grave que “España tardará al menos diez años en volver a los niveles económicos y de empleo de antes de la crisis”, según un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En realidad ni eso, porque el empleo que se recupera y se jalea como si fuera la multiplicación de los panes y los peces es mayoritariamente de saldo. De pena. Un empleo que no asegura salir de la pobreza y con eso está dicho todo. El director de la OIT para España, Joaquín Nieto, insiste en que no hay recuperación social porque el empleo generado es precario y aumenta el número de trabajadores pobres. Personas con empleo que no llegan a fin de mes y precisan ayuda de alimentos que les proporcionan ONG o que no pueden encender la calefacción, por ejemplo.

La lucha contra la pobreza ha de ser, sin paliativos, el primer desafío a afrontar por el nuevo gobierno español. No el pago de intereses a los bancos ni, por tanto, la reducción del déficit.

Cuando las previsiones de la OIT para 2016 son más desempleo y más desigualdad, el desafío es combatirlos, no reducir el déficit como reclama el Eurogrupo. Por cierto, ese Eurogrupo no tiene legitimidad alguna para meterse en camisa de once varas enmendando la plana a ningún gobierno, pues no tiene ninguna competencia institucional asignada. Su naturaleza jurídica es más que discutible. En realidad solo es una reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de los países de la Unión con el euro como moneda que actúa como verdadero lobby en defensa de los intereses del sector financiero y  de las grandes coporaciones, como hemos visto que ha hecho contra  Grecia. Es un invento euroburocrático que va a su aire y nadie ha elegido. Una vez más esta Unión Europea no se muestra muy democrática sino más bien un montaje que mangonean unos pocos como en el dicho de Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como.

Tal sucede cuando el aumento descontrolado y obsceno de la desigualdad hace posible que ¡solo 62 personas! posean tanta riqueza como 3.600 millones, que es la mitad de la población mundial. Lo ha denunciado Oxfam Intermon en su documentado informe “Una economía al servicio del 1%”.

Según ese informe, en España 20 ricos poseen entre todos tanto dinero como un tercio de población. Es decir, algo más de docena y media de privilegiados tienen tanta riqueza como 15 millones de personas. Y en España también, un reducidísimo 1% de población concentra más riqueza que el 80% de ciudadanía más pobre, mientras un presidente de empresa del Ibex35 ingresa ya 158 veces el salario medio de un trabajador. En 2015, mientras el patrimonio de las 20 personas más ricas aumentó 15%, la riqueza del 99% de la población española se redujo un 15%. Obviamente, no es casualidad ni azar que coincidan ambos porcentajes.

No es ajeno a esta situación estructural de injusticia y desigualdad un sistema fiscal muy regresivo, injusto e insuficiente, en el que quienes más tienen pagan muy poco y el capital y sus tejemanejes apenas paga nada. Sin olvidar la fuga constante, incesante, de dinero hacia los paraísos fiscales. La huida de capital desde España a esos paraísos aumentó un 2000% en 2014.

Por eso, las declaraciones de Dijsselbloem son un insulto. Es imprescindible que el pueblo trabajador se organice y se mueva a fondo para que el desafío sea resolver la grave emergencia social que hay, no el déficit. Diga lo que diga el Eurogrupo.

Razones de derrotas electorales en América Latina

Tras década y media de gobiernos que trabajan por y para la gente, reducen la pobreza y empiezan a dejar atrás la América Latina sojuzgada por oligarquías, algunos han sido vencidos en recientes elecciones. En Argentina, el oscuro multimillonario Mauricio Macri, elegido presidente con 51,40% de los votos; tres puntos por encima del candidato que proponía continuar las políticas avanzadas de Cristina Fernández. Y en Venezuela, la aún más oscura oposición derechista ha logrado 112 diputados frente a 55 del partido del presidente Maduro, sucesor de Chávez. Lo peor es que conservadores y ultra conservadores tienen votos suficientes para cargarse la constitución progresista que impulsó Hugo Chávez, una carta magna que tiene en cuenta a la gente, sus derechos y necesidades.

En Venezuela, esa oposición, que desde siempre defiende los intereses de la minoría rica y sus cómplices en otros estratos sociales, ha conseguido muchos votos. ¿Cómo es posible si la mayoría con derecho a voto está formada por trabajadores, campesinos y gente común, no privilegiados ni miembros de clases pudientes? ¿Acaso el gobierno no ha reducido la pobreza y gobernado en interés de los desfavorecidos, de la gente común?

Lo ha hecho. Sin embargo, y sin olvidar la tremenda ofensiva de la minoría rica para recuperar el poder político con dinero a espuertas y potentes medios de comunicación a su servicio, esos gobiernos que empezaron a cambiar las cosas tienen responsabilidad en las derrotas. Quizás por no ser bastante radicales al servicio del pueblo trabajador, de la gente común. O por haber olvidado que, como explica Gramsci, “se domina a un pueblo imponiendo un sistema de valores. La revolución es cambiar la cultura de la clase explotadora por la de la clase revolucionaria. Si ésta asume principios de los explotadores, construirá una sociedad a la medida de éstos”. ¿Ha sucedido eso en parte? David Harvey explica que, “los gobiernos que alcanzaron el poder en Argentina, Venezuela, Bolivia… son progresistas, pero poco a poco han devenido cautivos del capital”. Además de alejarse de los movimientos sociales, su fuerza, la base sobre la que construyeron las victorias electorales que les hicieron gobernar.

Harvey afirma ser un error de esos gobiernos ligar las propuestas de redistribución de riqueza con atraer a grandes inversores y aumentar más las exportaciones de materias primas. Porque eso les ha hecho depender demasiado del capital. Además de no buscar alternativas concretas, posibles y realizables, al modo capitalista de producción. No parece haber habido suficiente voluntad política de hacerlo, porque las reducidas experiencias de economía solidaria, cooperativas de trabajadores y fábricas recuperadas apenas tienen peso en la economía.

No se puede combatir con éxito un sistema explotador con sus modos y principios siquiera parcialmente. Y ocurre cuando se trabaja por la redistribución de rentas, pero no por organizar la producción de bienes y servicios con otros valores y parámetros. Si que haya rentas suficientes para redistribuir con mayor justicia depende de un desarrollo capitalista, el país queda a merced del capital.

Error esencial ha sido también no ahondar qué modelo de consumo es adecuado para redistribuir riqueza con más justicia. No es estar contra el consumo, dice Harvey, sino optar por el buen consumo. No es lo mismo consumismo que consumo. El primero es el propio del sistema capitalista donde lo prioritario es que la gente consuma cada vez más. Da igual qué, mientras se consuma siempre más, porque el funcionamiento económico va ligado al consumo exponencial. Pero ese modelo no asegura una redistribución justa: provoca el más escandaloso despilfarro.

Además, el modelo de consumo ha de asegurar una redistribución sostenible, pues si no es sostenible, nos ahogaremos en plásticos y otros residuos, se agotarán los recursos naturales y no podremos frenar el cambio climático y lo que supone. Solo tenemos esta Tierra y el modelo de consumo ha de ser diferente del propio del modelo capitalista. Radicalmente. Sin entrar en el debate, con mucho que debatir, sobre crecimiento, qué crecimiento o no.

Esas pueden ser razones que expliquen porque gobiernos progresistas han perdido estas elecciones. Tal vez por no separarse progresivamente y de modo claro del estilo, modos, valores y actuaciones de este sistema, el capitalista. Como defendía Rosa Luxemburgo, hagamos tantas reformas como sean necesarias en beneficio del pueblo trabajador, pero sin olvidar que el objetivo final es acabar con el capitalismo, la propiedad de la riqueza por unos pocos.

Nuestros derechos contra su legalidad

Christine Lagarde, directora del FMI, defiende los recortes sociales en España e Italia. No es nuevo. Lo indignante es que elogia a sus gobiernos porque han “reestructurado sus mercados laborales a pesar de intrincados intereses y férreas tendencias culturales”. Tiene la desfachatez de llamar “férreas tendencias culturales” a los derechos de la ciudadanía.

Para rematar tal miserable despropósito, dice Lagarde que la economía mundial es “adicta” a los años de bienestar y se ha de “desenganchar” con decisiones correctas en medidas estructurales. Con contrareformas. Pretende que el intento de justicia, de cierta distribución de riqueza, mal llamado estado de bienestar, es una “adicción”. Para Lagarde cobrar una pensión, por ejemplo, es como esnifar cocaína o chutarse heroína.

Hace 4.000 años alguien grabó un criptograma en Egipto que decía “he hecho al hombre igual a su prójimo y no he ordenado que los hombres cometan injusticia”. Religiosidad aparte, tal vez el primer texto en la lucha por la justicia, por el imperio de los derechos humanos. Desde entonces se ha recorrido un largo camino, difícil, lento, doloroso y lleno de contradicciones. Hasta 1948.

El 10 de diciembre, la Asamblea General de la recién creada ONU aprobaba sin ningún voto en contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una Declaración que no son solo principios, sino fuente de derecho internacional, que se ha desarrollado desde entonces y, como ley, obliga.

Más aún, todas las constituciones de los países de la Unión Europea recogen esos derechos sin excepciones. Por ejemplo, recogen el contenido del artículo 25 de la Declaración que proclama la “adicción”, según Lagarde, del derecho a una pensión que asegure un nivel de vida adecuado.

Viene a cuento, porque las pensiones públicas son hoy objeto de un descomunal ataque por parte de la minoría rica de la que Lagarde forma parte. Una minoría que no quiere que haya dinero público para pensiones también públicas, pues pretenden sustituir el sistema público por otro de pensiones privadas. Para especular. En el reino de España las pensiones públicas suponen 117.000 millones de euros anuales. Y quieren apropiarse (indebidamente) de ese pastel.

Y puesto que es cuestión de codicia y saqueo, no cabe entrar en el falso debate de la sostenibilidad de las pensiones públicas. Aportemos datos y hechos que demuestren que la insostenibilidad de las pensiones públicas es un cuento chino. Pero no caigamos en la trampa de debatir si habrá bastantes ocupados para paga pensiones de jubilados. Un planteamiento falaz, tramposo y estúpido. Hay que proclamar sin resquicio de duda que cobrar una pensión es un derecho, no sujeto a presuntos debates técnicos. Como no es admisible someter a debate el derecho a la vida, a no sufrir tortura o a no ser sometido a esclavitud. Porque todos los derechos son igualmente respetables.

El derecho se respeta, se satisface y no hay cuestión técnica ni pretexto de sostenibilidad que valga. Sobre todo cuando hay dinero más que suficiente. Lo hay, pero se lo quedan ilegítimamente unos pocos. Solo hay que recuperar la fiscalidad anterior a los años ochenta, cuando quienes más tienen y atesoran pagaban más impuestos. Impuestos justos.

La cuestión no es si las pensiones son sostenibles, como tampoco si es sostenible la sanidad y educación públicas. La cuestión es si la minoría rica continuará con su latrocinio descarado por medio de gobiernos desleales a su servicio que esgrimen la crisis y la deuda como pretexto. Por su parte, la ciudadanía se ha de convencer del todo de que su postura, su lucha, es por los derechos que le arrebatan. Y los derechos se consiguen y se respetan, no se debaten. La legitimidad ciudadana es tan plena que le permite enfrentarse a la ilegítima legalidad de la minoría y sus cómplices.

Y sobre bondad y exigencia del respeto de la legalidad, cabe recordar que hay diversas legalidades. Hitler, Mussolini, Stalin, Franco, Pinochet, Videla… establecieron legalidades, por supuesto. Pero no eran respetables.

La ciudadanía parte de la más indiscutible legitimidad contra la estafa y el saqueo: sus derechos. Y, cuando el miedo cambie de bando, convertirá su legitimidad en legalidad. En un país, un continente, un mundo más decente y justo. Una legalidad digna de ser respetada.