Urge derogar ya la ley Mordaza

Más de 190 organizaciones, movimientos sociales y colectivos civiles (como Amnistía Internacional, SOS Racismo, Red Acoge, Asociación Libre de Abogadas y Abogados, ATTAC, Federación de Sindicatos de Periodistas, Greenpeace y otros muchos) han propuesto formalmente acabar con las leyes mordaza; es decir, anular la ley de seguridad ciudadana (la propiamente ‘ley Mordaza’), la reforma del Código Penal y también la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; normas perpetradas todas por el gobierno del Partido Popular cuando Rajoy era presidente de gobierno. Normas ilegítimas y regresivas, por cierto, que impiden la libertad de expresión y de reunión, además de negar la presunción de inocencia. Leyes que vulneran derechos fundamentales recogidos en la Constitución y criminalizan la legítima protesta ciudadana. Una vulneración de derechos que caracteriza los sistemas antidemocráticos autoritarios o totalitarios.

El gobierno del PP criminalizó la libertad de expresión

Según Amnistía Internacional, el conservador gobierno de España criminalizó la libertad de expresión. Para Amnistía la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada ‘ley mordaza’, no solo amplía los poderes policiales sin supervisión ni rendición de cuentas, sino que añade nuevas infracciones que amenazan la libertad de reunión pacífica, expresión e información, impide las manifestaciones cerca del Congreso y del Senado y limita, incluso prohibe grabar y difundir imágenes de policías. Para Amnistía también son muy preocupantes los abundantes casos de uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, así como las restricciones al derecho de reunión, incluida la arbitraria imposición de multas a manifestantes pacíficos. Amnistía Internacional también rechaza la última reforma del Código Penal del gobierno del Partido Popular, porque ataca las libertades de expresión, información y reunión y vulnera el derecho internacional que España debe respetar porque ha firmado y ratificado los tratados que lo conforman.

Organizaciones y asociaciones de jueces, fiscales, abogados y juristas han considerado y consideran que la llamada ley Mordaza, y las reformas de las anteriormente citadas leyes, no se promulgaron precisamente para garantizar mayor seguridad a la ciudadanía sino para frenar, impedir las movilizaciones crecientes con las que la gente respondía a los recortes sociales impuestos con el pretexto de la crisis económica.

Ese truco sucio que es la ley Mordaza ha convertido en infracciones administrativas conductas y protestas contra el poder político y su brazo coercitivo (las fuerzas de seguridad) sin la protección jurídica de que gozan los acusados de faltas penales y delitos. Convertir en esas infracciones algunas actuaciones ciudadanas permite castigarlas con multas cuantiosas sin fácil posibilidad de recurso. Así, la ley Mordaza, en los dos años en los que está vigente, ha recaudado tres millones de euros anuales por más de 300.000 multas impuestas al año de nunca menos de 600 €. Multas a ecologistas por exponer pancartas, a manifestantes por pedir a agentes de policía que se identifiquen o por grabarlos o fotografiarlos aporreando a manifestantes. Una de las características autoritarias de esa Ley es que convierte a los agentes de policía en juez y parte y la división de poderes se va al garete.

Mal momento de la Unión Europea

Urge derogar la ley Mordaza y suprimir los retrocesos perpetrados en el Código Penal y la ley de Enjuiciamiento Criminal por el anterior gobierno de Mariano Rajoy. Pero por desgracia todo eso ocurre en España con una vacilante Unión Europea en la que se deteriora velozmente la democracia y rebrota el autoritarismo en Estados tan sospechosos de antidemocráticos como Hungría y Polonia o Italia, que deriva hacia una xenofobia institucional.

No parece que la democracia sea ya el principio que empapa la Unión, convertida en zoco de mercadeo por los intereses de la minoría económica dominante a la que cada vez interesa menos la democracia, las libertades y los derechos políticos.

En España hay nuevo gobierno desde hace una semana. Un gobierno que ha empezado con positivos gestos de solidaridad y derecho humanitario, como acoger en el puerto de Valencia al barco Aquarius con docenas de refugiados rescatados a bordo, rechazado por el xenófobo nuevo gobierno de Italia. Además, Pedro Sánchez dijo, poco antes de ser elegido Presidente del Gobierno por el Congreso que expulsó a Rajoy, que derogar la llamada ‘ley mordaza’ era prioritario. Esperemos que la anule cuando antes y que así sea pues en las últimas semanas de gobierno del partido Popular (que no tenía mayoría suficiente), los partidos de oposición (PSOE, Unidos Podemos, nacionalistas vascos y catalanes) no fueron capaces entonces de superar diferencias y derogar esa ley Mordaza tan franquista.

Una cuestión de calado porque, contra la incorrección de considerar que democracia solo significa votar y elegir representantes políticos cada cuatro años, democracia es sobre todo el imperio de los derechos humanos de la ciudadanía. Unos derechos que las leyes mordaza se pasan por el arco de triunfo.

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Libertad provisional a la Manada, aún queda mucho camino por recorrer

La Audiencia de Navarra, el más alto tribunal de la comunidad autónoma de Navarra, dejó el pasado viernes en libertad provisional a los cinco miembros de la llamada ‘La Manada’, jóvenes condenados por abusos sexuales a una joven madrileña. La decisión de la puesta en libertad no ha sido unánime, sino por mayoría de dos de los tres magistrados que forman el tribunal. El presidente del mismo emitió un voto particular discrepante en el que aboga por prolongar la prisión provisional de forma incondicional.

Como es sabido, los hechos juzgados y condenados sucedieron en julio de 2016 en las fiestas de San Fermín de Pamplona, capital de Navarra.

¿Cómo es posible que los dejen en libertad si ya han sido condenados a nueve años de prisión? Jurídicamente es posible porque la sentencia ha sido recurrida tanto por el fiscal como por los abogados defensores de los condenados y, en tanto la sentencia no sea firme al ser ratificada o modificada por un tribunal superior, la situación penitenciaria de los condenados es de prisión preventiva. Sin embargo cabe decir que no es frecuente en el Reino de España que un condenado, pero sin sentencia firme que esté en prisión preventiva, sea puesto en libertad provisional. No suele ocurrir.

Indignación por la libertad provisional

Este cronista fue voluntario en cárceles españolas durante casi ocho años, acudiendo varios días de la semana, sobre todo a la prisión de Soto del Real de la provincia de Madrid, como responsable y organizador de un taller de escritura narrativa y otros diversos aprendizajes culturales para presos y presas. Y no recuerda que dejaran a nadie en libertad provisional porque las sentencias no fueran firmes. Lo que sí sucedía habitualmente era que se prolongara la prisión preventiva tanto como la ley permitiera.

La puesta en libertad de los cinco condenados de ‘la Manada’, con fianza de 6.000 euros cada uno, ha enojado al movimiento feminista, a los movimientos sociales y a partidos políticos, sin excepción, que han respondido a esa libertad provisional con nutridas concentraciones y manifestaciones de protesta en muchas ciudades españolas.

Ya había habido días atrás cuantiosas concentraciones y manifestaciones al conocerse la sentencia por abusos y no por violación, que es el delito que las organizaciones feministas consideran que hubo. Y ahora, de nuevo se manifiesta una oposición frontal de la ciudadanía a una actuación de jueces. Tal vez porque en el Reino de España hay una asignatura pendiente: la total eliminación del más pequeño resto de franquismo en el Estado. Que lo hay y no poco ni excepcional. Y el machismo estaba en el ADN de la dictadura franquista.

Si ahondamos en la segunda decisión del tribunal de Navarra apropósito de ‘la Manada’ (la primera fue condenar por abusos y no por violación), se comprueba algo peor que el desacuerdo jurídico cual es la presencia de una visión machista en partes del mundo judicial o, como denuncian las organizaciones feministas, el asentamiento de estructuras patriarcales en la Justicia. Algo que sin duda viene de lejos si se analiza el lento caminar de la lucha contra la discriminación de la mujer y la consecuente violencia machista desde finales de los 70. No olviden que hasta 1975 las mujeres no podían abrir una cuenta corriente personal (salvo con autorización del marido) ni tampoco podían pedir una línea telefónica personal. Lo contamos como botón de muestra de la situación real de la emancipación femenina en las últimas décadas y lo mucho que queda por hacer.

Mejorar la formación de jueces y fiscales en materia de género

Otrosí, en los años 80, en el Reino de España, las mujeres que denunciaban malos tratos de su marido o pareja a menudo tenían que oír de los agentes de policía que procuraran arreglarlo hablando. Tanto fue así que la Dirección General de Policía tuvo que publicar circulares instando a los agentes a que no se les ocurriera disuadir a las mujeres de denunciar a sus maltratadores.

Desde entonces se ha recorrido bastante camino, aunque no suficiente visto lo visto. La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, expresó su sorpresa por la decisión de la Audiencia de Navarra de dejar en libertad provisional a La Manada. Para Ortega, la resolución judicial “pone de manifiesto la necesidad de reforzar y mejorar la formación de jueces y fiscales en materia de género“. Forma políticamente correcta de denunciar la cultura machista de muchos integrantes de la Justicia que se ha de combatir con formación anti-patriarcal entre otros medios.

La reacción a esa puesta en libertad ha sido tan general que incluso Dolores de Cospedal, que no se caracteriza por un feminismo progresista, se ha mostrado “profundamente decepcionada” con el auto sobre ‘La Manada’ y ha pedido reformar el Código Penal.

Por su parte, Amalia Fernández, de Mujeres Juristas Themis, ha calificado de indignante la decisión judicial a la que “no le ve ninguna base jurídica“. Fernández afirma que hay prisión provisional en tanto no se celebre juicio, “pero en este caso hay una sentencia superior a cinco años, por lo que la decisión de la Audiencia no tiene ninguna lógica”.

Tal vez al final sí cambie este país en igualdad de las mujeres. Pero cuesta lo suyo. El Gobierno de Navarra se ha enfadado con la puesta en libertad de ‘la Manada’ y su presidenta, Uxue Barkos, considera que “la Justicia debe hacer un serio ‘sprint’ para ponerse a la misma altura en que está la sociedad“. Algo que no es nuevo, habida cuenta de que en tantas cuestiones que a todos afectan, la gente, la ciudadanía, suele ser mas avanzada que sus representantes políticos o institucionales.