Una derecha peligrosa

En el Reino de España hay una derecha trícefala sin parangón en la Unión Europea. Una derecha sucesora y heredera del franquismo formada por el muy conservador Partido Popular, el equívocó Ciudadanos (que cuando nació simuló ser partido de ‘centro’ progresista) y el franquista Vox. Una derecha necia (de necio, nescire: ignorar, no saber) que defiende los intereses de la minoría rica. Así lo demuestra una de las primera decisiones del recién formado gobierno derechista andaluz: suprimir de hecho el impuesto de sucesiones. O, dicho de otro modo, regalar unos 400 millones de euros a los ricos que hereden en Andalucía; millones que las arcas públicas regionales dejarán de recaudar. Pero, como la regulación fiscal de las herencias es estatal y no regional, la trampa del gobierno andaluz conservador, para servir a sus señoritos ricos, ha sido conceder una bonificación que permite descontar el 99% del impuesto a pagar por heredar. Es decir que, de hecho, lo suprime. Al servicio de quien están lo demuestra que sa medida solo beneficia a unos 20.000 ciudadanos andaluces que hereden, la minoría poseedora de grandes patrimonios en una población de ocho millones y medio.

Faltar a la verdad

Además de defender los intereses de los ricos, el Partido Popular recurre de nuevo a la falacia de insinuar que hubo una conspiración contra el PP en el peor atentado terrorista de España: el 11-M. Pablo Casado ha osado decir que las víctimas merecen saber la “verdad”. ¿Qué verdad? La verdad es que tres años después de que la Audiencia Nacional condenara a los responsables de aquel atroz atentado, sin dejar el menor resquicio de duda al respecto, seguir con esa miserable falsedad es injuriar la memoria de las 192 personas que murieron en el atentado mas sangriento perpetrado en España.

Pero no ha de sorprender, porque el líder del PP falta a la verdad con frecuencia. Pretende haber conseguido el adelanto electoral porque el PP se opuso a los presupuestos del gobierno Sánchez y así forzó a éste a disolver el Congreso. Olvida Casado (o no sabe restar) que los presupuestos se hubieran aprobado, incluso con el voto en contra del PP y Ciudadanos, pero que quienes los tumbaron fueron los partidos independentistas catalanes al votar en contra. Casado insiste, sin aportar dato ni hecho alguno, que el gobierno de Sánchez ha firmado no se sabe qué secretos pactos con los partidos catalanes independentistas. Y también falta a la verdad al atribuir a la no demasiado nutrida concentración de las tres derechas en la Plaza Colón de Madrid el fin de la negociación del Gobierno español con el gobierno de Cataluña. Falso. Dos días antes de esa concentración, Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, anunció que se había roto el diálogo con los independentistas.

Propiciando el aumento del independnetismo

Casado sostiene también que el Gobierno “ha acercado los presos catalanes a la cárcel de Lledoners” como sospechosa concesión a los independentistas. Pero no ha sido el gobierno sino el juez instructor del caso del referendo del 1-0, Pablo Llarena, quien dictó una providencia que argumentaba que “no hay razón procesal que lleve la custodia de los procesados a un centro penitenciario concreto“. Tras el dictamen judicial, Instituciones Penitenciarias trasladó a los presos, aplicando la norma penitenciaria que indica que los encarcelados han de estar lo más cerca posible de su ambiente personal y familiar habitual .

Lo paradójico en este conflicto es que el independentismo catalán creció con el gobierno de Rajoy , teniendo el PP mayoría absoluta en el Congreso. Y, gobernando el PP, los independentistas han logrado tener mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña. Lo que invita a concluir que el mayor promotor de facto del aumento de independentistas en Cataluña pudiera ser el PP. Mirando fechas y porcentajes de independentistas, los partidarios de la independencia de Cataluña aumentaron exponencialmente tras el recurso del PP presentó al Tribunal Constitucionsal contra la reforma del Estatut de Catalunya (que el Congreso aprobó sin problemas) y la consiguiente sentencia del Tribunal recortando competencias de autogobierno entre las que, curiosamente, algunas están vigentes en los estatutos de autonomía de Valencia y Andalucía sin que nadie haya protestado y, menos aún, recurrido. Antes de esa sentencia, los partidarios de la independencia de Cataluña nunca consiguirieron superar el 10% cuanto más, pero hoy son del 45 al 48%. Parece claro quien habría provocado el aumento del independentismo.

Dialogo o represión, no hay otra

Sobre el conflicto catalán, The Economist ha criticado en editorial la decisión de PP y Ciudadanos de ir incluso más allá que el centralista y ultraderechista Vox. El semanario británico asegura que la política de represión y recorte del autogobierno (que eso es la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que reclaman con insistencia esos partidos) “aumentará los partidarios de la independencia”. La cuestión con datos y cifras es que si un 45% es independentista, algo habrá que hacer para buscar una solución política. ¿O acaso pretenden las derechas resolver la situación con control y represion constantes del 45% partidario de la independencia?

En Irlanda del Norte, tras años de matarse unos a otros, católicos y protestantes se sentaron a dialogar, a negociar. El resultado fue que acordaron gobernar conjuntamente ese país y que la violencia sistemática finalizara. Irlanda del Norte se nrmalizó. En el conflicto catalán se parte de mejor posición, más positiva, pues, por más que la Fiscalía pretenda, en el llamado juicio al Procés, que hubo rebelión porque hubo violencia, ha sido la propia Europa la que lo ha desmentido con argumentos jurídicos al negar la extradición de Carles Puigdemont, ex-presidente de la Generalitat de Catalunya, huido a Bruselas y arrestado en Alemania.

Y, siguiendo con la radiografía de la derecha hispánica, nos encontramos con un hecho inquietante que se refiere a la actuación política por la igualdad de mujeres y hombres. Vox ha pedido a la Junta de Andalucía datos de empresas, empleados y ONG que trabajan contra la violencia machista en esa comunidad autónoma. Vox pide información de los empleados que evalúan los casos de violencia de género y, aunque no reclama nombres porque el Parlamento andaluz no los puede faciltar por la vigente protección de datos, Vox exige perfil profesional, categoría laboral y número de colegiación de esos empleados. ¿Para qué quiere Vox esos datos?

¿Listas negras?

Francisco Serrano, presidente del grupo Vox en el parlamento andaluz, pretende, sin aportar dato alguno, que los empleados que trabajan para la Consejerías de Justicia e Igualdad contra la violencia machista no están cualificados y los acusa de elaborar informes ideológicos. Como le ocurre al buen burgués de la comedia de Moliére El burgués gentilhombre, que no sabía que él hablaba en prosa, Vox tampoco sabe que acusar de ‘ideológico’ un informe es absurdo. Pues, salvo que estés muerto, la actividad humana es ideologica. Así lo afirma la Real Academia de la Lengua Española que define ideología como conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época. ¿Acaso se puede actuar sin ideas? Tal vez la derecha sí, pero no el resto. ¿Qué busca Vox con esa petición de datos de la gente que trabaja contra la violencia machista? ¿Maccartismo español con listas negras? Sería muy grave y más aún cuando PP y Ciudadanos callan ante la petición de Vox.

Es evidente, notorio y más allá de cualquier duda que la española es una las peores derechas de Europa. Algo habrá qué hacer.

Una amnistía fiscal anulada sin beneficio para la ciudadanía

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la amnistía fiscal del ministro de Hacienda del Reino de España en 2012. Buena noticia, porque pagar impuestos es fundamental para que un país funcione y no es de recibo la comprensión con los evasores de impuestos. La mala noticia es que esa anulación no se traduce en nada útil para la gente. No se sanciona a nadie ni se recuperan impuestos no pagados salvo apenas 1.200 millones de euros; mucho menos que los 2.500 millones de euros como mínimo que Hacienda pretendía recaudar con la amnistía. La pequeñez de lo finalmente recaudado contrasta con la enormidad de la corrupción que, segun la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de España suma 90.000 millones de euros anuales. Muchísimos impuestos impagados.

A tener en cuenta que 705 personas, de los 32.000 evasores fiscales acogidos a esa amnistía, pudieran ser posibles blanqueadores de capitales. Esos cientos de amnistiados son políticos, altos funcionarios o familiares directos cuya riqueza, hasta ahora escondida, no se explica con sus ingresos ordinarios. Y, que se sepa, no se investigan posibles orígenes ilícitos de esas fortunas, aunque la lista de los 705 se ha enviado a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales para contrastarla con información habida y ver qué hacer. Eso, veamos si son capaces de investigar como se han hecho ricos esos defraudaores fiscales y llegar a las últimas consecuencias.

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la amnistía fiscal no tiene efecto sobre los evasores, pero sí desautoriza futuras amnistías fiscales. Próximos gobiernos no podrán aprobar amnistías fiscales por decreto ley, pero sí como ley ordinaria. Tampoco es una ganga.

Esa anulación por el Constitucional no ha sido por la injusticia de esa amnistía, sino por cuestión de forma. La normativa vigente prohíbe usar al decreto-ley si su contenido afecta “de forma relevante o sustancial” a deberes constitucionales. Como el “deber de todos de contribuir a sostener los gastos públicos”.

La anulación de la amnistía no supone tampoco más recursos públicos futuros. El sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) ha denunciado que Hacienda facilite amparo a evasores de impuestos, en un escenario de grave crisis económica, so pretexto de ingresos considerados imprescindibles, pero luego, chocolate del loro. Por que así el Estado abdica de su obligación de lograr que todos contribuyan a sostener los gastos públicos según ingresos.

GESTHA además ha pedido la dimisión del ministro de Hacienda, pues considera que Montoro no garantizó los principios de igualdad y progresividad fiscal que ordena la Constitución y no debe continuar. Los técnicos de Hacienda denuncian que lo recaudado en la amnistía es menos del 3% de la evasión fiscal total. O, de otro modo, el 97% de fortunas y beneficios se mantienen ocultos y también la evasión de impuestos correspondiente a casi 39.000 millones de euros ocultos y a buen recaudo. La amnistía fiscal no ha conseguido que aflorara buena parte de la riqueza escondida ni tampoco reducir la economía sumergida.

La nefasta alianza de corrupción y fraude fiscal causan un grave perjuicio al país, a sus gentes. Como ha escrito Paco Segura, lo temible de la corrupción no son los porcentajes de soborno (el conocido 3%) por adjudicar de modo fraudulento jugosos contratos públicos. Lo peor son las desmedidas inversiones públicas que la corrupción promueve para obras innecesarias que enriquecen a los empresarios amigos que den buenas comisiones. Y así el Reino de España deviene el país europeo con más kilómetros de autopistas y de AVE. Autopistas totalmente inútiles, como las radiales vacías que arrancan de Madrid y cuyo rescate costará a la ciudadanía unos 5.000 millones de euros como poco.

El Reino de España es también el país europeo con más aeropuertos de los que tres cuartas partes son deficitarios. Más la mayor capacidad portuaria sin utilizar: el 60% del total sin beneficio.

En ese horizonte de dilapidación se pasa de la corrupción a los recortes presupuestarios que afectan y mucho a la gente común. Agravado por el impuesto techo del déficit público. Se comprueba al ver que algunos años se ha invertido tanto en el AVE como recortado en sanidad y educación. Y así cuadran las cifras para la Unión Europea, pero perjudican a la gente. El Estado español es el que más porcentaje de PIB dedica a grandes infraestructuras y menos a protección social en la Unión Europea de los 15. Se cuadran los números a expensas de fastidiar a la ciudadanía.

No cabe celebrar una anulación del Constitucional que no beneficia a la gente ni hace avanzar hacia una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.