Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho

Los abundantes privilegios fiscales y no fiscales de la Iglesia Católica en España preocupan y enfadan. En 2007, la Comisión Europea criticaba al gobierno español por las ventajas tributarias a inmuebles propiedad de la Iglesia. Pero antes, en 2005, la CE había pedido a España que modificara su Acuerdo con el Vaticano sobre Asuntos Económicos por ser ilegales las exenciones del IVA a la Iglesia. En otra ocasión, la Comisión ha pedido explicaciones de por qué la Iglesia católica no paga a los ayuntamientos el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ni el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI). Y hace poco, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea denunció las exenciones fiscales de la Iglesia Católica en España porque “pueden ser ayudas estatales prohibidas“. Una historia interminable y sin explicaciones.

El artículo 16 de la Constitución Española deja claro que España es un estado aconfesional y ninguna confesión tendrá carácter estatal, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Cooperación, no privilegios.

¿Por qué la Iglesia tiene en el Reino de España tantos beneficios fiscales y otros? No se explica porqué la Iglesia no paga el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, de Sucesiones o Donaciones. O porque no paga el IBI como todo quisque. ¿Acaso porqué los inmuebles que no pagan IBI son lugares de culto? No, porque solo un 18% de propiedades inmobiliarias de la Iglesia se dedican al culto. El 82% restante no son lugares de culto… pero tampoco pagan IBI. Y, por no pagarlo, se dejan de recaudar 2.500 millones de euros cada año.

Y hablando de privilegios, desde hace años la Iglesia Católica española registra como propios viñedos, olivares, casas rectorales, atrios y solares que pertenecían desde tiempo a los pueblos, pero no se registraron burocráticamente. La Iglesia sí lo ha hecho. Y lo sigue haciendo por dos artículos de la Ley y Reglamento hipotecarios (que deberían ser derogados ya) por los que los obispos pueden registrar propiedades como si fueran funcionarios públicos. ¡¡Increíble!!

Ese privilegio fue mayor en 1998, cuando el Gobierno Aznar suprimió un artículo del reglamento hipotecario que hasta entonces impedía inmatricular (registrar propiedades a nombre de alguien) edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas. Desde entonces la Iglesia inmatricula esos inmuebles a todo gas. En Navarra, ejemplo paradigmático, esas discretas inmatriculaciones han arrasado el territorio y cientos de templos parroquiales, ermitas y basílicas, más lo que tienen dentro, figuran como propiedades de la Iglesia Católica . También casas, almacenes, garajes, frontones y cementerios. Todo es inmatriculable. Es tal el volumen de esos registros de propiedad que hoy la Iglesia Católica posee en España más de 110.000 propiedades… que no pagan impuestos. Ermitas, por ejemplo, que nunca figuraron como propiedad de la Iglesia, además de que muy a menudo fueron construidos y levantados con el dinero, trabajo y esfuerzo de la gente de pueblos y comarcas.

En 2007, buscando el escritor navarro José Mª Esparza documentación para un libro de historia local, descubrió que la Iglesia había registrado a su nombre la parroquia de Santa María de Tafalla. Luego comprobó que había hecho lo mismo en San Pedro y con las iglesias de Artajona y Ujué. El Arzobispado llevaba años inmatriculando bienes comunes que, por la razón que fuera, estaban sin registrar, pero nadie se había enterado. Se constituyó la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro para detener esas apropiaciones y, diez años después, las inmatriculaciones como problema y frenarlas ya son tarea de la ciudadanía. Muchos alcaldes han descubierto con sorpresa esas inmatriculaciones e intentan devolver al pueblo el patrimonio cultural e inmobiliario del que la Iglesia se ha apropiado.

Por su parte, la organización Europa Laica ha denunciado además en su informe Opacidad y Financiación de la Iglesia Católica que “mientras aumenta la pobreza y se privatizan servicios públicos, el Estado da a la Iglesia católica, por subvenciones directas y exención de impuestos, más de 11.000 millones de euros anuales. Más del 1% del PIB”. Europa Laica denuncia también que “la Iglesia católica española se ha apropiado, en su historia, de gran parte del patrimonio que posee hoy por vías ilegítimas e ilegales, con el consentimiento y complicidad del Estado”.

Urge, por tanto, arreglar tan injusto desaguisado y regular democráticamente la relación con la Iglesia. Sin privilegios.

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España y Portugal, dos gobiernos muy diferentes ante la crisis

En Portugal, el gobierno de izquierdas, formado por el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloco d’Esquerdas, dice adios a la austeridad. A diferencia de lo que le pasa al PSOE en el Reino de España, el partido socialista portugués no ha olvidado el significado de la palabra ‘socialista’. Y en julio de 2015, el Gobierno portugués de coalición que preside Antonio Costa, descartó nuevas medidas de austeridad en una carta a la Comisión Europea: “No tenemos propuestas ni medidas adicionales de austeridad para 2016 ni para 2017“, dejo claro el ministerio portugués de Finanzas.

Finalmente, en 2016, tras dos presupuestos generales de la coalición de izquierdas, Portugal ha vuelto a crecer y ha rebajado el déficit fiscal al 2,1%, cuatro décimas menos que lo exigido por el implacable Eurogrupo. Pero lo más importante es que los portugueses han recuperado salarios, pensiones y empleo en cifras anteriores al inicio de la traída y llevada crisis. Con estímulos e impulso real a la economía productiva, negada la rigidez presupuestaria exigida por Alemania, Portugal levanta cabeza.

No ocurre lo mismo en el Reino de España que gobierna el partido Popular con la insustancial complicidad de Ciudadanos y los dubitativos movimientos de presunta oposición y abstenciones del PSOE. Porque lo que sucede en Madrid, Valencia, Andalucía y otras comunidades autónomas, por ejemplo, es que la ciudadanía espera mucho más tiempo que hace cuatro años para ser operados en quirófano. Y eso supone más riesgos. Y también muestra que algo va mal en Valencia, Granada, Málaga, Palma, Barcelona, Burgos, Madrid y otras ciudades, la formación de largas colas de miles de personas para recibir periódicamente paquetes de alimentos con aceite, arroz, leche, azúcar, pan, pasta, legumbres, zumo… Sin embargo, esas largas colas en grandes ciudades no las veréis nunca en los telediarios de ninguna televisión. Son las colas del hambre. Y del hambre no se habla.

Sin embargo, la cruda realidad muestra que la organización solidaria Banco de Alimentos, por ejemplo, solo en Madrid ha distribuido más de 20 millones de toneladas de alimentos para ayudar a unas 200.000 personas. Por tanto cabe concluir que hay hambre en España. Lo remacha un estudio de La Caixa sobre gente pobre en sus programas de ayuda. Según ese informe, 30.000 familias con niños pasan hambre en España y 60.000 menores de edad han pasado o pasan hambre con frecuencia. Comen muy poco durante el día y nunca cenan, al tiempo que más de 700.000 hogares en España no tienen ingreso alguno y sobreviven por solidaridad familiar y ciudadana. Hace siete años esos hogares sin ingresos eran menos de medio millón. Sin olvidar que un 15% de trabajadores, aún con un empleo y salario, son pobres. Pobres de verdad. Lo que incluye hacer cola cada equis tiempo para conseguir un paquete de alimentos y no pasar hambre. Alimentos que no proporciona el gobierno, sino la solidaridad ciudadana. Da igual que España ratificara en 1976 el Pacto Internacional de Derechos Sociales, que reconoce el derecho de cualquier persona a no pasar hambre y tener la alimentación adecuada en cantidad y calidad. Da igual, porque lo de este gobierno es parloteo y brindis al sol, pero no tomar medidas para asegurar ese derecho y otros contra la pobreza y la desigualdad que genera más pobreza.

Sin embargo, Mariano Rajoy, presidente del gobierno, pretende que salimos de la crisis. ¿Con estos hechos, con esos datos? Vivir para ver. Tan falaz visión nada tiene que ver con la auténtica recuperación de derechos del pueblo trabajador, que sería superar la crisis de verdad. Como han empezado a hacer en Portugal. Pero no  es salir de la crisis que solo se recupere la minoría, las élites económicas y financieras, cuyos beneficios e intereses defienden Rajoy, su gobierno y su partido con tanto ardor.

A modo de didáctico ejemplo, ¿cómo explicar que aumenten tanto los turistas en España (y los ingresos por turismo) cuando no crece un ápice el empleo en el sector ni mejoran los salarios de sus trabajadores? Solo crecen los beneficios de la minoría propietaria del sector turístico. Pero eso no es recuperación. La recuperación es de todos o no hay recuperación. Si no crece el empleo ni aumentan los salarios ni se restauran derechos laborales, estamos otra vez ante una transferencia de rentas del pueblo trabajador a la minoría rica. Y eso en modo alguno es superar la crisis. Eso en buen castellano es saqueo.

Pensiones públicas, un derecho indiscutible

En España, las élites quieren tomar al asalto las pensiones públicas. Mucho dinero que consideran ha de ser suyo. Y, con la excusa de ser sostenibles, deterioran el sistema, descapitalizan la seguridad social y saquean el Fondo de Reserva de las pensiones públicas. Por eso el gobierno de Rajoy mete mano a ese Fondo. Otra vez. Casi 9.000 millones de euros.

Creado en 2000 para situaciones extraordinarias y poder pagar las pensiones, el Fondo tenía 67.000 millones de euros en 2011. Pero Rajoy ya ha metido mano tres veces, quitando más de 41.000 millones de euros. Esta vez a hurtadillas, para que no se hablara en campaña electoral.

Por su parte, los economistas de guardia del régimen monárquico del 78 (hasta hace poco bipartidista), proclaman que la Seguridad Social pierde cotizantes (por paro, bajos salarios y menor recaudación), el Fondo de Reserva estará vacío en 2018 y pregonan que las pensiones públicas no son ‘sostenibles’. Según el Pacto de Toledo las cotizaciones sociales han de financiar las pensiones públicas y ya no alcanzan -dicen. Pero ¿por qué han de financiarse las pensiones con cotizaciones? Hablamos de derechos. Y, para atender derechos, el Estado establece impuestos que recauda. Lo del Pacto de Toledo estuvo bien, pero en pleno saqueo neoliberal, los derechos de la gente han de estar por encima de todo. No caer en la trampa de la sostenibilidad y dejar de rasgarse las vestiduras porque las cotizaciones disminuyen. Hay impuestos. Fraude fiscal a combatir, por ejemplo, y elusión fiscal de grandes empresas a eliminar.

¿No son sostenibles las pensiones públicas españolas? Según Eurostat, son de las más baratas de Europa. El gasto español en pensiones públicas fue en 2010 (último dato disponible) de 1.862 euros por habitante, cuando la media europea fue 2.769 euros por ciudadano, 3.295 en Italia, en Alemania 3.421 euros y 3.658 en Francia. Solo alcanzando la media europea de gasto, las pensiones públicas serían como rocas.

Pero no hay esa voluntad política y en 2013, el gobierno del PP encargó a un Comité de Expertos en Pensiones un informe sobre esperanza de vida y pensiones públicas. Los presuntos ‘expertos’ sentenciaron que las pensiones públicas eran insostenibles. Y propusieron reducir su cuantía y que la gente se jubile más tarde. Según Vicenç Navarro, las propuestas de ese Comité fueron las más brutales de la Unión Europea en recortes de pensiones públicas.

Partiendo de esos nada fiables ‘expertos’, el gobierno del PP urde un nuevo modelo de pensiones públicas para 2019. Aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años, desvincular el aumento de las pensiones del IPC, ligarlo a la marcha de la economía y calcular la pensión según esperanza de vida. Más esperanza de vida, menos pensión. El problema parece ser, según los ‘expertos’, que hoy la gente vive más. Habrá que retroceder a la Edad Media…

Pero indigna tanta invocación a la muy sospechosa sostenibilidad. Porque la única que interesa de verdad es la de la Tierra, de la naturaleza y uso de recursos, porque la de las pensiones, por ejemplo, solo es pretexto que maquilla la indecente codicia de unos pocos. ¿Alguien cuestionaría en serio si la Guardia Civil es sostenible? Las pensiones públicas no son cuestión económica sino de derechos. ¡Derechos! Pues, de no ser así, apaga y vámonos porque esto es una farsa repugnante. Las personas tienen derecho a llevar una vida digna, y las pensiones públicas han de asegurarla. Una realidad lejana para más de la mitad de pensionistas en España (casi 5 millones), que viven bajo el umbral de la pobreza.

Hasta el saqueo neoliberal con la excusa de la crisis, las pensiones públicas no fueron problema, pero ahora salen con el espantajo de la sostenibilidad porque hay negocio para la minoría rica. Pero los derechos de la gente han de ir por delante. Sí o sí. Si las cotizaciones no alcanzan, las pensiones se financian con impuestos justos, progresivos y suficientes. Que el Estado puede.

Estos neoliberales siempre recortan el gasto y no se proponen aumentar ingresos, porque es lo que conviene a sus ‘señoritos’. No son de fiar. No les crean una palabra. Casi todos vinculados a la banca y a empresas de seguros, que, casualmente, obtendrían beneficios cuantiosos si las pensiones públicas se fueran al garete y la gente común se viera forzada a suscribir pensiones privadas.

No es cuestión de sostenibilidad sino de derechos.

El legado del gobierno del Partido Popular

Aunque en diciembre hubo elecciones generales en España, quizás se repitan en junio. Por no poder constituirse un gobierno estable. Hasta ahora. De haber comicios se enfrentarían quienes creen que ha de continuar el régimen monárquico y neoliberal nacido en 1978. Y los que aspiran a construir un país más justo, cambiando las cosas, al servicio de la mayoría ciudadana no de las élites que detentan el poder económico. Y, así las cosas, parece oportuno recordar cual es el legado real del gobierno del Partido Popular.

¿Qué dejan cuatro años de inmisericorde gobierno de la derecha? Una enorme desigualdad (como documentan OCDE y OIT), un 15% de trabajadores con empleo, pero pobres, que no ganan bastante para vivir con dignidad y más de trece millones de personas en riesgo de pobreza. Casi un tercio de población. Sin olvidar servicios sociales, sanidad y educación reducidos y muy dañados por una miserable austeridad de incesantes recortes que casi siempre son violaciones de derechos humanos. El resultado es una severa rebaja o incluso pérdida de renta social de la ciudadanía.

Además esa mezquina política no ha evitado contraer una deuda pública tan cuantiosa como el 100% del PIB, una Seguridad Social en números rojos y un sistema de pensiones con el fondo de reserva peligrosamente reducido, amén de la evidente pérdida de poder adquisitivo real de los pensionistas. Sin olvidar el dato innegable de que al final del mandato de este ejecutivo derechista hay 350.000 puestos de trabajo menos que cuando el Partido Popular formó gobierno. En plata, cientos de miles de empleos destruidos. Más la inexorable rebaja durante este gobierno de 40.000 millones de euros anuales en los salarios. Por sus reformas laborales. Multipliquen por cuatro esa rebaja salarial y averiguarán cuanto se ha lucrado la minoría que controla la economía a costa del pueblo asalariado. Según la OIT, España es el país desarrollado donde más han crecido las desigualdades. Por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios (por precariedad y rebaja salarial insistentes) y por la desaparición de cientos de miles, millones, de salarios. El paro que no cesa.

Ese funesto legado incluye que 122.000 españoles abandonaran el país en 2015. Ya son más de dos millones y cuarto quienes se han visto forzados a emigrar. O regresar a su país de origen. Y que más de medio millón de jóvenes hayan emigrado durante el gobierno de la derecha porque aquí no encontraban empleo ni en sueños.

Esa cruda realidad se pretende maquillar con macrocifras económicas. Viejo truco. Pero las macrocifras nada tienen que ver con que la gente viva con dignidad con las necesidades básicas atendidas y los derechos, respetados. De nada sirve que crezca el PIB, si la riqueza no se redistribuye con justicia. Al contrario, la ‘reforma’ fiscal perpetrada por este gobierno derechista favorece a los ricos y perjudica al pueblo trabajador. Más desigualdad.

¿Significan algo las macrocifras? De 1940 a 1981, por ejemplo, el PIB de Brasil aumentó de 6% a 9% cada década, pero continuó habiendo demasiados pobres que no cesaban de aumentar. México creció durante cuarenta años 6% anual, desde 1930 a 1970, pero cada vez había más pobres y pobres extremos, ahondando una obscena brecha de desigualdad. En 2010, Libia creció el 10,6 % y fue segundo país del mundo en crecimiento. Sin embargo, la única esperanza de la gente libia era y es emigrar…

No hay macrocifras que valgan. Mientras haya en España un 15% de trabajadores pobres, 50% de paro juvenil y mayoritario empleo precario mal pagado este país está mal. Porque la mayoría de gente está mal. Y lo que importa son las personas y como puedan vivir.

Tal panorama es el legado real del PP, lo que ocurre cuando gobierna la derecha. Parafraseando un texto de David Harvey sobre el capitalismo, pero aplicado al gobierno derechista en España, quizás funcione por tiempo indefinido pero provocará la degradación progresiva del país y la pobreza de mucha gente. Habrá un aumento espectacular de desigualdad y la mayoría ciudadana se verá sometida a vigilancia y represión por un Estado cada vez más autoritario.

Así se vive ya en el Reino de España con el Partido Popular. Va siendo tiempo de que la gente tome nota y no vote a quien le lleva a la ruina total: la derecha. Aunque se disfrace de centro.

Eurovegas o gobernar para los ricos

Sheldon Adelson, uno de los hombres más ricos del mundo, pretende construir y explotar un complejo de casinos y hoteles, Eurovegas, en Madrid. Con la absoluta servidumbre y obscena complicidad del gobierno regional y del gobierno del Partido Popular.

Las indecentes facilidades para instalar Eurovegas en la Comunidad de Madrid (que otras comunidades autónomas también anhelaban con la misma falta de dignidad), demuestran que Europa ya es un contubernio de estados fallidos donde se gobierna con descaro a favor de la minoría rica. En el caso de Eurovegas, gracias a esa servidumbre gubernamental, ese escabroso proyecto se convertirá en una sospechosa área libre de cualquier control estatal, que será ocupada por defraudadores, jugadores, ludópatas, evasores de impuestos, camellos y rufianes.

En cuanto al volumen de deshachatez gubernamental, la Comunidad de Madrid ha aprobado una Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para beneficiar a Eurovegas. Desde la primera página queda claro ese objetivo, porque es evidente que Eurovegas pagará muchos menos impuestos de los que debería, recibirá generosas subvenciones públicas y disfrutara de otras significativas excepciones legales, como permitir fumar en el interior de los casinos. Además, el gobierno construirá las infraestructuras que Eurovegas precise (tramos de autopista, estación de AVE, aeropuerto de aviones privados…) y expropiará todos los terrenos necesarios para edificar los casinos y hoteles. También se le pagarán a Eurovegas 9.000 euros por cada trabajador contratado y se le rebajará hasta un 95% el impuesto sobre bienes inmuebles, más 2.500 millones de euros en avales del estado a los bancos que inviertan en Eurovegas. ¿Quién da más?

Michael Leven, alto ejecutivo de Las Vegas Sands Corporation, promotora de Eurovegas, confesó sin rubor que en Madrid. se reúnen con el gobierno con frecuencia para lograr las ayudas e incentivos que necesitan en la licitación y adquisición de terrenos; también para conseguir financiación y para conocer las leyes que se aprobarán a favor de Eurovegas según las exigencias que Adelson hizo públicas al anunciar que instalaría Eurovegas en España .

Si consideramos que los casinos no producen nada, pues el dinero solo cambia de manos, y si además Eurovegas es un coste enorme para las arcas públicas (es decir, los bolsillos de la ciudadanía en última instancia),  ¿por qué Eurovegas? Desde los gobiernos de la Comunidad de Madrid y de España aseguran que Eurovegas creará 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos. De ahí las facilidades, dicen. Pero todos los casinos y hoteles de Las Vegas Sand Corporation en Macao, Singapur y Nevada solo dan trabajo a 34.000 personas y, además, la mayoría son empleos de baja calidad. ¿Por qué en España se habrían de multiplicar casi por cinco los empleos de los casinos y hoteles de Eurovegas? No cuela. La plataforma ciudadana “Eurovegas No” ha calculado que, en el mejor y más favorable de los casos, se crearían 28.000 empleos en la construcción del complejo, mantenimiento, funcionamiento y atención en los casinos, hoteles y otras instalaciones. Cifra muy lejana de la delirante fantasía de más de un cuarto de millón de empleos.

Aparte de que Eurovegas no beneficia a la ciudadanía económicamente, hay otras consecuencias muy indeseables. Ya un vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, denunció que Eurovegas será un “foco de corrupción” y un “núcleo de actuaciones mafiosas”, y advirtió de que, si se instala en España, será difícilmente controlable.

Si añadimos además que el Departamento de Justicia de EEUU investiga a Adelson por permitir la prostitución en sus casinos y hoteles de China y por sobornar a las autoridades locales (presuntamente), como también lo investigan la Comisión del Mercado de Valores de EEUU y el organismo regulador del juego del estado de Nevada por diverdas oscuridades y trapicheos (presuntamente), podemos concluir que no es inteligente, sensato, adecuado ni deseable que Eurovegas se instale en lugar alguno del Reino de España. Además, las prebendas y excepciones fiscales que se concederán a Eurovegas para pagar muchos menos impuestos o apenas pagarlos por premios y cantidades en juego, convertirán a la Comunidad de Madrid en un auténtico paraíso fiscal. Sin olvidar que, como ha ocurrido en Macao, junto a los casinos crece la prostitución, la ludopatía y el consumo de drogas, además de aparecer la delincuencia organizada. ¿Para qué nadie con dos dedos de frente necesita algo como Eurovegas?