Un país desmemoriado

En el prólogo del libro El país de la desmemoria, quien fuera juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, escribe que hablar de lo que ha sucedido en este país es hacerlo real. Es el propósito del periodista sevillano Juan Miguel Baquero, autor del citado texto: contar graves y terribles verdades de dolor y muerte en este país desde 1936 a 1975, nunca abordadas oficialmente. Con este libro, Baquero hace suyas las reclamas y reivindicaciones de las víctimas de la rebelión militar franquista con la ayuda del fascismo italiano y del nazismo alemán, que se conoce como guerra civil española. Más las del largo período de feroz dictadura que siguió a aquélla. Reivindicaciones y derechos de las víctimas, nunca atendidas ni satisfechas, que se resumen en el trinomio verdad, justicia y reparación.

Masacres

El libro de Baquero empieza con un capítulo aterrador: ‘Ensayo para la barbarie’, en el que sin el menor eufemismo, con atroz claridad, cuenta la que se conoció como La Desbandá, la masacre de miles de civiles que huían de Málaga, tras su conquista por las tropas franquistas, por la carretera hacia Almería. Probablemente uno de los peores crimenes de guerra perpetrado por los franquistas. Masacreejecutada por la artillería pesada de los cruceros franquistas Canarias, Baleares y Almirante Cervera y las bombas arrojadas por aviones nazis y fascistas, en tanto la infantería italiana ametrallaba por tierra a los civiles inermes. Hubo más de 5.000 muertos y eran más de 200.000 refugiados (hombres, mujeres, ancianos, niñas y niños) quienes huían aterrados y asediados por tierra, mar y aire. Una matanza fríamente premeditada contra el pueblo trabajador porque allí no había guerra, cuenta a Baquero un testigo nonagenario que lo sufrió siendo niño.

Hubo otras masacres con bombardeos de aviación nazi o fascista (Guernica, Barcelona, Xátiva…). Matanzas de civiles lejos del frente de guerra, escribe el autor, que demuestran la voluntad genocida del franquismo: aniquilar al adversario social y político. Esa voluntad terrorista (porque buscaba causar terror para disuadir de cualquier resistencia) causó en pocos años y mucho más allá del fin de la guerra civil, unos 115.000 desaparecidos forzados, cifra reconocida por entidades internacionales, cuyos cadáveres siguen enterrados anónimos en las más de 2.500 fosas comunes en cementerios y cunetas de todo el país. Una realidad execrable que hace de España el segundo país del mundo con más desaparecidos forzados tras Camboya, que se lleva la palma, y muchas más víctimas que Chile y Argentina bajo sangrientas dictaduras militares.

Los capítulos de El país de la desmemoria apuntan a un texto intenso y esclarecedor. Y así, el autor aborda Ensayo para la barbarie, El genocidio fundacional del franquismo, Tierra sembrada de fosas comunes, Justicia contra impunidad, Mujer: del feminsimo la represión, Memoria LGTBI, Memoria viva… textos que dejan aterrado al lector. Carlos Slepoy, el abogado que presentó ante la justicia argentina por justicia universal una querella contra los crímenes de Franco y sus cómplices, asegura que en España hubo un genocidio, una persecución planificada contra un enorme sector de la sociedad española para hacerla desaparecer.

Una Comisión de la Verdad

Pablo de Greiff, relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, instó al Estado español a juzgar los crímenes del franquismo y a dejar sin efecto la ley de amnistía de 1977. Ese relator ha propuesto al gobierno de España que cree una entidad oficial independiente, una comisión de la Verdad, que averigúe y publique todo lo ocurrido en este país, desde 1936 hasta los años posteriores a la muerte del dictador, para esclarecer los crímenes del franquismo. Ejecuciones tras consejos de guerra, asesinatos extrajudiciales, depuraciones profesionales masivas, saqueo de bienes de los vencidos, robo sistemático de propiedades comunes, violaciones sistemáticas, torturas continuas, trabajo esclavo de miles y robo de bebés que, recuerda Baquero, son los crímenes que empezaron a perpetrarse con la rebelión militar de julio de 1936 y se prolongaron durante décadas y aún algunos más allá de la muerte del dictador.

Recordemos que la Comisión para la Verdad y la Reconciliación fue una institución oficial creada por el gobierno de Sudáfrica, presidido por Nelson Mandela, para que hubiera justicia tras el fin del apartheid. Las víctimas de graves violaciones de derechos humanos eran invitadas a explicar sus sufrimientos y los autores de los crímenes podían confesarlos en audiencias públicas. Tras escuchar testimonios y relatos, las víctimas decidían si se concedía impunidad a los autores de crímenes y violaciones de derechos humanos.

La Comisión de la Verdad nunca fue una institución judicial, sino un área de mediación entre víctimas y agresores. Presidió esa comisión el arzobispo Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz en 1984, y su lema fue que “sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón”. Propósito perfectamente aplicable a España. Esa Comisión permitió esclarecer desapariciones, asesinatos y otros muchos delitos que hubieran permanecido ocultos e hizo posible que las víctimas fueran reconocidas y se les otorgara reparación por su sufrimiento. La Comisión de la Verdad sudafricana ha sido modelo para otros países que han sufrido períodos de violencia, dictaduras o guerra civil.

La trampa

Pero en el Reino de España conocer y reconocer la verdad sobre la guerra civil y la dictadura que siguió tropieza una y otra vez con la trampa que oganizaron franquistas ‘reformistas’ que participaron en la Transión a la Democracia, para asegurar la impunidad del franquismo. Esa trampa es la ley de Amnistía de 1977. Todos los intentos de investigar los crímenes del franquismo han sido frenados, rechazados, alegando que esas investigaciones van contra esa ley de Amnistía del 77. Eso le ocurrió a Baltasar Garzón, cuando era magistrado de la Audiencia Nacional, que empezó a investigar los crímenes de la dictadura franquista, fue acusado, juzgado y apartado de la carrera judicial porque había contravenido esa ley. Y eso a pesar de que la ONU, el Consejo de Europa y organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rigth Watch, han denunciado una y otra vez que recurrir a la ley de Amnistía no es valido ni admisible jurídicamente.

El abogado Jaime Sartorius, que formó parte de la Comisión parlamentaria que elaboró esa ley, ha asegurado de palabra y por escrito que en el debate parlamentario nunca se dijo que la ley de amnistía fuera borrón y cuenta nueva de los delitos del franquismo. Y Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, recordó que fue la UCD de Suárez (otro partido heredero del franquismo), la que coló al final de la tramitación parlamentaria proposiciones que nunca estuvieron en el texto acordado de esa ley. Clausulas que extendían la amnistía a los delitos contra las personas cometidos por funcionarios de la dictadura y por agentes de orden público. O, lo que es lo mismo, la impunidad para los crímenes de la dictadura y sus responables. Cuando ése no era en modo alguno el objetivo de la ley de Amnistía que lo que se proponía era vaciar las cárceles de personas presas por haber luchado por las libertades contra la dictadura franquista.

Con tanta trampa y engaño, este país necesita con urgencia una Comisión de la Verdad que se ponga en marcha cuanto antes para reconocer lo que ha sucedido, juzgar los crimenes del franquismo y ofrecer reparación a las decenas de miles de víctimas, tal como ordena el derecho internacional. El libro El país de la desmemoria de Juan Miguel Baquero es un buen punto de partida.

Derechos o barbarie

Esta época es la de la mayor liquidación de derechos sociales de la población mundial. Pero esa aniquilación de derechos sociales es parte de una escabechina mayor. Todo estalló tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, atentados que le vinieron de perlas a la minoría dominante para sus planes de demolición, y ya en 2006 el lúcido analista Josep Ramoneda denunciaba que “la guerra contra el terror se ha llevado por delante los valores de la libertad individual, de la capacidad de todos y cada uno de pensar y decidir por uno mismo”. Porque el antiterrorismo se convirtió pronto en el supremo pretexto que engendró nuevas leyes que permitieron cargarse los derechos cívicos y políticos: que se pudiera detener sin garantías a cualquiera por meras sospechas y mantenerlo encerrado indefinidamente, entre otras atrocidades, además de recortes a las libertades de expresión, reunión, participación política… Nuevas normas establecidas de norte a sur y de este a oeste contra el terror (decían) que eran y son una burla del estado de derecho.

Y ocho años después, The New York Times revela que Barak Obama se reúne con altos funcionarios para decidir qué terroristas, presuntos terroristas o “combatientes enemigos” serán asesinados por drones (aviones bombarderos no tripulados) en Afganistán, Yemen, Pakistán, Somalia o Sudán. De momento solo en esos países. Los asesores de Obama reconocen que el presidente estadounidense tiene una reunión “antiterrorista” todos los martes para designar qué personas serán ejecutadas en nombre de la lucha antiterrorista. Hasta hoy, Estados Unidos ha perpetrado 268 ataques de drones. Según The Guardian, desde 2004 los drones han asesinado a más de 2.400 personas de las que más de 800 eran civiles y, de éstos, 175 niños. Estados Unidos tiene actualmente desplegados 7.000 drones.

En marzo se publicó el informe del Relator Especial de Derechos Humanos de la ONU, Christof Heyns, sobre ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias. Una denuncia de lo inadmisible de los asesinatos selectivos, porque cualquier gobierno, con el pretexto de la lucha antiterrorista podría matar a cualquier persona en cualquier lugar, si la acción antiterrorista justificara todo y pudiera estar por encima de los derechos humanos. Que no lo está.

Inaceptable porque, con acciones como las ejecuciones por drones, los gobiernos se convierten en fiscales, jueces, jurados y verdugos. Inaceptable porque la acción homicida de los drones aniquila los derechos humanos de presunción de inocencia, juicio justo por tribunal imparcial y defensa. Y los derechos humanos no son de quita y pon. Siempre están vigentes y no admiten excepciones.

Human Rigths Watch ha denunciado la condescendencia y tolerancia de Estados Unidos y la Unión Europea con Estados autoritarios disfrazados de democracia y Estados que violan gravemente derechos humanos. Estados como Rusia, Pakistán, Bahrein, Jordania, Irak, Nigeria, Rusia, China Tailandia, Colombia, Etiopía, Arabia Saudí, Vietnam o Israel. Por no recordar, como ha denunciado Nuno Vieira, presidente del Consejo Europeo de Medicina Legal y asesor de la ONU, que también ocurren cosas terribles en países democráticos y que casi ningún país puede decir que no aplica tratamientos crueles a detenidos ni que es ajeno a la tortura.

Mientras tanto, continúan el sufrimiento y empobrecimientos de las clases asalariadas europeas. En Europa crece la pobreza y aumentan las personas que deben elegir entre una comida al día o caldear la casa, pagar la hipoteca o comer. En 2009 había en la Unión Europea más de 115 millones de personas pobres (23% de la población), cuando en 2007 eran 85: en dos años, 30 millones de pobres más. Y además, esos pobres son más pobres. Pero los gobiernos europeos continúan con sus políticas suicidas de recortes presupuestarios que son como cerrar hospitales en una guerra.

Violación sistemática de derechos cívicos y políticos, violación sistemática de derechos sociales y económicos; es decir, violación sistemática de derechos humanos. Esta es una época de barbarie hipócrita, de violación sistemática y sistémica de los derechos de la inmensa mayoría.

Lo inaudito e insoportable es que la casi totalidad de los 196 estados del mundo han firmado y ratificado la declaración de derechos humanos y la mayor parte de leyes internacionales derivadas de ésta; lo que significa que la Declaración de Derechos Humanos los obliga. Una declaración que afirma en su primer artículo que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. ¿Tienen idea de lo que significa esa frase y a lo que obliga?

La Declaración Universal de Derechos Humanos de ningún modo puede ser jamás papel mojado. O la barbarie se habrá instalado en el mundo para no dejarlo nunca.

Como siempre, la ciudadanía tiene la respuesta. Le va la dignidad, la libertad y la justicia en ello.

Imperio de los derechos humanos o barbarie

Guántanamo ha significado y significa la perpetración de una sistemática violación de derechos humanos. Detenciones secretas, encarcelamientos clandestinos, ausencia de acusaciones, desapariciones forzadas, torturas, inexistencia de asistencia jurídica, negación de salvaguardas legales básicas y ausencia de cualquier tipo de protección que la ley democrática asegura.

 

Esta historia de vergüenza empezó en septiembre de 2001 cuando el Congreso de Estados Unidos autorizó al presidente Bush a usar la fuerza contra naciones, organizaciones y personas que a su juicio tuvieran cualquier relación con los ataques terroristas de Nueva York o con futuro terrorismo internacional. Poco más tarde, Bush autorizó a la CIA a establecer centros de detención fuera de Estados Unidos y dos meses después firmó una orden sobre “detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo”, por la que autorizaba al Pentágono a detener indefinidamente sin cargos a ciudadanos no estadounidenses. Además, talibanes y sospechosos de pertenecer a Al Qaeda no podían ser considerados prisioneros de guerra y, por tanto, quedaban excluidos de la protección de los Convenios de Ginebra, la que prohíbe juicios injustos, tortura, crueldad, atentados contra la dignidad o tratos humillantes y degradantes.

 

Todo este cúmulo de abusos y despropósitos condujo a que el 11 de enero de 2002 fueran trasladados a Guantánamo los primeros detenidos en Afganistán y recluidos en jaulas de malla metálica. Llegó a haber 800. Había empezado una de las más graves, cínicas y desvergonzadas violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Esta masiva violación se agrava al saber que el 85% de los detenidos en Afganistán o zonas fronterizas pakistaníes fueron capturados por señores de la guerra de la Alianza del Norte (socios de EEUU) a cambio de jugosas recompensas.

 

Lahcen Ikasrrien, un marroquí que se instaló en Afganistán donde adquirió un pequeño negocio, fue detenido en Kunduz por soldados de Abdul Rashid Dostum y entregado al ejército estadounidense por 75.000 dólares. Sin investigaciones, sin pruebas ni indicios de la menor relación con actos terroristas. Sólo por ser musulmán extranjero en Afganistán en tiempo de guerra.

 

El 2 de diciembre  de 2002, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, aprobó el uso de malos tratos en Guantánamo. Encapuchar y desnudar a los detenidos, privarles de la vista o del oído, someterlos a frío y calor sistemáticamente, mantenerlos en posturas en tensión física, proximidad de perros para causar estrés, desajustar el sueño y simulacros de ahogamiento. El Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de EEUU denunció que altos cargos del gobierno se informaron sobre ‘técnicas agresivas de interrogación’, redefinieron la ley para simular cierta legalidad y autorizaron el uso de torturas contra detenidos en Guantánamo.

 

Empezaron a oírse voces pidiendo el cierre de Guantánamo. Una de las primeras fue la de Amnistía Internacional, a la que se sumaron después peticiones desde la ONU, los ex presidentes Carter y Clinton, jefes de Estado de Europa y organizaciones jurídicas y defensoras de derechos humanos de todo el mundo.

 

Hoy el cierre de Guantánamo está cercano. El presidente Obama ha prometido que será una de sus primeras medidas. Pero también deberá recuperar el respeto de los derechos humanos anterior al 11 de septiembre de 2001, suprimir la detención sin cargos ni asistencia jurídica y prohibir implacablemente la tortura en cualquier circunstancia. Y de inmediato, resolver qué hace con los aún detenidos en Guantánamo.

 

EEUU debe acusar y juzgar ante la justicia ordinaria estadounidense a los más de 250 detenidos que aún permanecen allí o soltarlos. Pero si los acusa, con todas las garantías y salvaguardas que las leyes internacionales y la Constitución estadounidense ordenan.  Si EEUU no los juzga, debe liberarlos y enviarlos a sus países en condiciones de seguridad que excluyan la más remota posibilidad de torturas. Pues sucede que cerca de 50 de los detenidos de Guantánamo no pueden ser enviados a sus países (China, Libia, Rusia, Túnez y Uzbekistán) porque hay riesgo real de que allí sean torturados. La oferta de Portugal y Alemania, aceptando algunos de estos detenidos, está en el buen camino.

 

Bajo la presidencia de Obama, la recuperación del respeto de los derechos humanos es también acabar con la impunidad. Por eso han de investigarse los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por EEUU y sus aliados bajo el paraguas de la guerra contra el terror. Y juzgar a los responsables. Además de garantizar la reparación a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos.

De otro modo, permanecemos en la barbarie.