Corrupción en la Puerta del Sol

La emblemática Puerta del Sol de Madrid, kilómetro cero de las carreteras nacionales radiales del Reino de España, es uno de los espacios urbanos más significativos y conocidos de la capital del Estado. Ahí está, además, la sede del gobierno regional de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). Una comunidad bastante agitada políticamente en los últimos años.Por eso algún medio informativo tituló no hace mucho que ‘la maldición de la corrupción persigue a los presidentes de la Comunidad Autónoma de Madrid‘. Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes han dimitido de la presidencia regional salpicados por irregularidades y casos de corrupción ya en causas judiciales.

Alberto Ruíz-Gallardón no dimitió, y agotó su mandato como presidente del gobierno regional de Madrid, pero siete años investigando corrupción han dado lugar a que un juez lo haya citado como imputado en la causa conocida como caso Lezo. Investigada por la Audiencia Nacional por presuntas malversación y apropiación indebida, entre otros delitos, en la empresa pública de aguas Canal de Isabel II de la CAM. La Audiencia busca saber si se desviaron fondos públicos a cuentas particulares de miembros del Partido Popular (PP) del gobierno de la Comunidad de Madrid cuando el Canal de Isabel II compró la empresa colombiana Inassa. En seguimiento de esa causa, en noviembre del pasado año, la Audiencia Nacional ordenó decomisar el botín conseguido por esos delitos, oculto en Colombia: más de 5 millones de dólares depositados en cuentas de empresas presididas por testaferros.

Falsificar notas y hurtar cremas de belleza

Otros casos de corrupción en Madrid en proceso judicial son los conocidos como Gürtel y Púnica. Y el remate, que no ha esquilmado las arcas públicas, pero muy significativo, es la falsificación de notas de un máster que cursó Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos.

Gürtel y Púnica son corrupciones clásicas en las administraciones públicas: adjudicar ilícitamente obras y contratos públicos millonarios a empresas concretas (saltándose todas las reglas) a cambio de comisiones en efectivo que éstas abonan. Esas comisiones suelen ser el 3% del total de inversión en esos contratos y obras, y a menudo también cuantiosos sobrecostes posteriores.

Sin embargo, desmintiendo el titular mencionado, no hay maldición alguna en la Comunidad de Madrid. Solo corrupción. Por eso, más de cincuenta miembros de la dirección del PP madrileño y cargos públicos han sido imputados por esos delitos y han sido procesados tres secretarios generales del PP de la Comunidad Autónoma durante los últimos años ; Ignacio González, Francisco Granados y Ricardo Romero de Tejada.

El caso de Cifuentes es distinto porque dimitió como presidenta regional tras conocerse el vídeo de una cámara de seguridad que la mostraba hurtando cremas de belleza en una gran superficie comercial del barrio de Vallecas hace siete años. El vídeo se ha dado a conocer hace poco, tras más de un mes de declaraciones varias y forcejeos en los medios informativos por la falsificación de notas del máster que cursó la ya ex-presidenta en la Universidad Rey Juan Carlos. Un hecho que destapó y documentó el periódico digital eldiario.es, en una modélica muestra de riguroso periodismo de denuncia.

Sin embargo, aunque la causa de la dimisión no es presunta corrupción, Cifuentes sí fue relacionada con el citado caso Lezo en dos informes de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil. Esos informes apuntaban a su presunta participación en la  adjudicación irregular del servicio de restaurante y cafetería de la sede de la Asamblea parlamentaria de Madrid cuando ella era su vicepresidenta.

Luchadora contra la corrupción obligada dimitir

El caso de Cristina Cifuentes es aún más notable porque ella se presentaba como luchadora contra la corrupción y tolerancia cero con la misma. Y, aunque es cierto que su gobierno aportó datos del caso Lezo, lo hizo cuando la Fiscalía Anticorrupción llevaba ya un año investigando la compra ruinosa de la colombiana Inassa por la empresa pública Canal Isabel II y ya había averiguado por donde iban los tiros.

Cristina Cifuentes ha dimitido como presidenta de la Comunidad de Madrid entre alborotos y falta de apoyos en su propio partido, lo que ella achaca a su postura contra la corrupción. Pero es cierto solo en parte, aunque sí parece ser que Cifuentes ha sido descabalgada de la presidencia regional por ‘fuego amigo’. ¿Cómo explicar de otro modo que una cinta de seguridad de una gran superficie comercial (que según la ley debía haber sido borrada hace años) aparezca en medio del rifirafe de las notas falsificadas del máster de Cifuentes? Al ser emitida por las televisiones la cinta con el hurto de cremas de belleza, con el consiguiente ruido mediático, el jefe del gobierno y Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ordenó hace unos días a Cristina Cifuentes por una intermediaria que dimitiera antes del mediodía de esa jornada. Además, Cifuentes ha dimitido como presidenta del PP de Madrid y también como diputada de la Asamblea de Madrid.

‘Tamayazo’, Gürtel, Púnica y Lezo

Retrociendo en ese sumidero de corrupción, el que fuera presidente de la CAM tras Esperanza Aguirre, Ignacio González, fue detenido por la Guardia Civil en abril de 2017, permaneció en prisión preventiva hasta noviembre de ese año y recuperó la libertad provisional tras abonar 400.000 euros de fianza . González está implicado en el caso Lezo por presunto desvío de fondos de la empresa pública Canal Isabel II cuando él la presidía, ocho años antes de ser elegido Presidente de la región de Madrid.

Por su parte, Esperanza Aguirre dimitió entre casos de corrupción (tramas Gürtel, Púnica y Lezo), tras el registro de la sede regional del PP para buscar pruebas de financiación ilegal del Partido Popular madrileño con dinero ilícito en efectivo de la llamada trama Púnica. Además, durante su presidencia se adjudicaron contratos de decenas de millones de euros a la red organizada por el empresario Francisco Correa a cambio de comisiones ilegales. Correa está procesado por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita y falsificación documental.

Por otra parte, no hay que olvidar que Esperanza Auirre fue elegida presidenta regional de Madrid por la traición de dos diputados socialistas (el llamado ‘tamayazo’) que se ausentaron de la Asamblea de Madrid en la votación a Rafael Simancas del PSOE como candidato a presidente de la región, impidiendo así que Simancas fuera elegido. Tras varios inútiles intentos de formar gobierno, se convocaron nuevas elecciones regionales en las que ganó el PP y Aguirre fue elegida presidenta.

Estar en política para forrarse

Los hechos de presunta corrupción en la Comunidad Autónoma de Madrid (y antes en la de Valencia), gobernando en ambas el partido Popular (aunque hoy ya no gobierna en Valencia), son atribuidos una clase política que no se sabe a ciencia cierta si expolia para gobernar o gobierna para desvalijar.  Para comprender mejor ese panorma, es esclarecedor que un dirigente político, que mandó en el PP de la Comunidad Valenciana y luego fue ministro en Madrid, Eduardo Zaplana, dijera en conversación grabada por la policía: Tengo que hacerme rico porque estoy arruinado. O que Vicente Sanz, entonces secretario general del PP de Valencia, dijera “estoy en política para forrarme“.

No hay maldición alguna en la Puerta del Sol sino codicia de demasiados políticos profesionales. No es cuestión académica que podamos ovidar porque al final la ciudadanía paga la corrupción. En el caso de la CAM, la corrupción, según estiman algunas ONG, supone la pérdida de unos 200.000 millones de euros. ¿Cuantas escuelas, centros de salud, más médicos y personal sanitario, atención a dependientes y apoyo social deja de haber por no tener esos cientos de miles de millones de euros que la corrupción se ha tragado? Si la ciudadanía paga la corrupción y la paga cara , ¿por qué aún hay gente que vota a los corruptos?

Urge recuperar en España una democracia sin rebajas ni autoritarismos

En los últimos días ha ocupado portadas y sumarios de medios informativos el escándalo de las notas falsificadas en la concesión de un máster universitario a la presidenta del gobierno autónomo de la región de Madrid, Cristina Cifuentes. Por lo publicado, más allá de falsear notas y otras irregulariades destapadas que han engrosado esa bola de nieve, como han denunciado algunos medios, el caldo de cultivo de tan impropia actuación podría ser que ese instituto de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que organizaba el máster engordaba la lista de alumnos para sacar más beneficio económico, llegó a hacer convalidaciones en grupo, retocar calificaciones y falsificar firmas, como ha demostrado la documentación aportada por el periódico digital eldiario.es, el que más a fondo ha denunciado ese escándalo.

El partido Popular quería tener su propia universidad y ésa fue la Rey Juan Carlos. Como han denunciado algunos profesores y alumnos de la misma, ésta se habría convertido en área de colocación para dirigentes del PP tras tener que dejar algún cargo público. Un dato esclarecedor al respecto es que el número de profesores visitantes (figura flexible que permite dar clases en una universidad sin pasar por oposiciones o ser profesor titular) suele ser cuanto más un 1% del cuerpo docente, pero en la Rey Juan Carlos ese porcentaje asciende al 25%.

Parece haberse cumplido el refrán de que cuando el río suena, agua lleva y la URJC ha suspendido al responsable del máster que dice haber hecho la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, Cristina Cifuentes, y expedientado también a la funcionaria que cambió sus notas, además de plantearse retirar el máster a Cifuentes.

El escándalo de los notables atribuidos a Cristina Cifuentes en dos asignaturas del máster, sin siquiera haberse examinado como ha informado eldiario.es, no sorprende demasiado, porque el Partido Popular y los gobiernos que sostiene (central o regionales) nos han acostumbrado a portadas de los medios informativos por sus diversas presuntas corrupciones, algunas ya demostradas. Tanto es así que hoy hay un millar de cargos públicos y dirigentes de diversos rangos del PP acusados, procesados o incluso ya condenados en inacabables causas por corrupción.

La desvergüenza de un máster otorgado sin haber asistido ni un solo día a clase ni haber podido mostrar nunca el trabajo de fin de máster, estalla unas cuantas semanas después de que Guardia Civil, fiscales y jueces de instruccción hicieran público, tras la investigación de los casos Gúrtel, Púnica y derivados, que el Partido Popular ha financiado ilegalmente campañas electorales desde hace décadas.

Por lo publicado, esa financiación ilegal habría utilizado el viejo método de conseguir dinero contante y sonante de empresarios por adjudicarles obras y contratos públicos por comisiones del 3% del total adjudicado ilegalmente. Tal financiación habría pagado actos electorales de las elecciones generales que ganó Aznar en el año 2000, Francisco Camps las regionales de la comuidad autónoma de Valencia y Rita Barberá las del ayuntamiento de esa capital.

No es preciso insistir en el volumen y gravedad de la corrupción (que afecta al PP y sus gobiernos, pero de ningún de modo exclusivamente) por ser un tema harto conocido. Pero sí cabe señalar que el deterioro de la vigente democracia (obra del régimen político surgido de la Constitución de 1978) ha aumentado, por ejemplo, con ataques contra la libertad de expresión por la llamada Ley Mordaza, aprobada el 30 de marzo de 2015. ¿Por qué recordar ahora la ley Mordaza? Porque aunque corrupción es soborno y cohecho, también es perversión según el Dicionario de la Lengua española. Y esa ley Mordaza, denunciada por Amnistía Internacional, y Jueces y Juezas por la Democracia y profesores de derecho penal, ha corrompido la normal vida democrática de este Reino y provocado situaciones tan kafkianas como meter en la cárcel a raperos y escritores de tuits por palabras escritas o dichas, no por verdaderos delitos, mientras juzgados y condenados por corrupción (Iñaki Urdangarín, cuñado del Rey, por ejemplo), no van por ahora a la cárcel y, como Urdangarín) puede vivir en Suiza gozando de libertad, con las únicas condiciones de presentarse ente el juez una vez al mes y deber comunicar si sale de Europa.

Si estuviera entre nosotros don Quijote, hoy parafrasearía “con la ley Mordaza hemos topado, amigo Sancho”. Como será esa ley Mordaza que un editorial del estadounidense diario The New York Times instó a la Comisión Europea a condenar esa ley, basándose en el informe del relator de Naciones Unidas para derechos humanos, quien también pidió a los legisladores españoles que derogaran esa ley.

Pero ahí está, autoritaria e intocable la ley Mordaza, al tiempo que aumentan las sentencias por delitos que no son tales en países democráricos, pero que encierran a los procesados en la cárcel con penas que no son precisamente leves. Y eso es corromper la democracia. Aunque aún más preocupante sea el encarcelamiento desde hace medio año de dirigentes independentistas catalanes, acusados de rebelión.

Sobre el delito de rebelión, del que se acusa kafkianamente a dirigentes catalanes independentistas para justificar su prisión, cabe recordar que, según el Código Penal español, “son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente”. Y no ha habido ningún alzamiento violento en Cataluña, ni siquiera violencia digna de ese nombre. Al respecto vale la pena reproducir las palabras del profesor de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo: “El delito de rebelión que el Juez Instructor ve en la conducta de los ex-miembros del gobierno catalán no lo ve ningún juez europeo. Y no lo ve, porque no existe, como ya dijeron más de cien profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas. El delito de rebelión de la euro orden del juez instructor es un delito imaginario, un delito que solo existe en la imaginación del Juez”.

No hay duda de que en los últimos años, al tiempo que la llamada crisis empeoraba la vida de la ciudadanía española, ha habido un innegable avance del autoritarismo, de agresiones contra las libertades, como la de expresión. Sin embargo renace alguna espranza tras la confortadora sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la Unión Europea, que ha condenando al Reino de España por imponer una pena de carcel de dos años a unos jóvenes que quemaron fotos del Rey. El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión ha afirmado sin el menor resquicio de duda que esa acción fue un ejercicio de libertad de expresión. Si la máxima autoridad judicial europea en derechos dice que quemar una fotografía del Rey es libertad de expresión, ¿qué hacen en la cárcel raperos y tuiteros por haber dicho o escrito da igual qué? Como tampoco hay rebelión que valga en la actuación de los independentisas catalanes encarcelados o imputados. Por eso tampoco puede seguir la actuación injusta y prepotente del gobierno Rajoy y de otros poderes polícos. Una actuación que erosiona y deteriora día tras día el sistema democrático.

Urge recuperar en España una democracia, digna de tal nombre, sin rebajas ni la menor interpretación autoritaria.