Las oscuras y nada fiables agencias de calificación

¿Por qué la Unión Europea no pone coto a las actuaciones de las oscuras agencias de rating que atacan Europa? ¿Por qué la casta política europea solo gime y se lamenta, pero no reacciona? A estas alturas deberían saber que no pueden comprarles jamás un coche usado, parafraseando el dicho popular, porque no son nada fiables. Nada. Y lo han demostrado ampliamente.
Esas agencias ocupan las portadas de Europa desde hace meses con titulares como “Rebajan la calificación al fondo de rescate de la UE; las agencias rebajan la calificación de España e Italia; amenazan con rebajar la calificación de España si no se aprueba pronto la reforma laboral; las agencias dan un hachazo a los países del euro…”. El resultado es un severo agravamiento de la denominada crisis de la eurozona. Y lo más grave, sin fundamentos dignos de tal nombre. Puro chantaje.
En teoría, Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s indican la seriedad y solvencia económica de grandes empresas y estados que emiten títulos o bonos de deuda. En teoría también, sus calificaciones asesoran a los grandes inversores que compran esos títulos, bonos u otros productos de deuda para que sepan si les costará cobrar o no los intereses y recuperar el capital invertido. En teoría.
Pero lo cierto es que, como asesoras de solvencia económica, esas agencias de rating son un desastre, al otorgar la máxima calificación de solvencia a empresas que han quebrado 48 horas después. La banca Lehman Brothers, por ejemplo, se hundió irremisiblemente con la máxima calificación otorgada por esas agencias. Tampoco vieron venir ni de lejos la crisis de 1997 que sacudió los países del sudeste asiático; en 2001, cuatro días antes de la quiebra de la poderosa estadounidense Enron, aún le otorgaban una calificación de solvencia muy positiva, y menos aún se enteraron de la toxicidad de las hipotecas basura hasta que les explotaron en los morros y desataron la peor crisis económica en un siglo. Y no  se percataron de que los títulos de deuda griegos no eran fiables, considerándolos inversiones de primer orden hasta el último minuto. ¿Cuántos ejemplos más son necesarios para dejar claro que no hacen nada bien su teórico trabajo?
Podemos concluir por tanto que esas agencias son incompetentes e incapacitadas, por lo menos. Pero hay más. William J. Harrington, que fue vicepresidente de Moody’s, elaboró un informe de denuncia de 78 páginas que envió a la SEC (autoridad que vigila el mundo de la bolsa y las inversiones financieras en EEUU). En dicho informe explica con pelos y señales  que Moody’s impone a los analistas que den a los clientes de la agencia las calificaciones positivas que quieran, para que evitar que se vayan a otras agencias. Y Yuri Yoshizawa, director de Derivados de Moody’s, declaró ante la Subcomisión financiera del Senado de EEUU que en la empresa había compraventa de calificaciones. Es decir, además, prostituidos.
En realidad, como denuncia el filósofo Bernard-Henri Lévy, las tres agencias de rating son un inaceptable oligopolio en la calificación de solvencia de las inversiones financieras. Pero además esas agencias son incompetentes y deshonestas como se ha podido ver. Corruptas también, como denuncia el catedrático de economía Albert Recio. Por esas razones, en España, Italia y otros países europeos se han presentado querellas criminales contra las nefastas actuaciones de las agencias de rating. En Italia, agentes de la policía contra delitos fiscales han registrado recientemente las oficinas de Standard & Poor’s y Moody’s en Milán en busca de documentación sobre sus muy discutibles y oscuras decisiones. ¡Aleluya! Esperemos que cunda el ejemplo.
Las agencias de rating con sus calificaciones a la baja torpedean sin ningún rigor ni análisis digno de tal nombre la credibilidad y solvencia de empresas y estados. El resultado inicial, en el caso de los estados, es que suben los intereses de los títulos y bonos de deuda soberana. Así crecen los beneficios de bancos y grandes fondos que son los que compran deuda pública. Pero resulta que hay una estrecha relación entre los accionistas de agencias de rating, bancos y grandes fondos de inversión, mezclados todos como en una melé de rugby. Algo huele a muy podrido en el reino de esas agencias.
Porque lo cierto es que las agencias de rating son juez y parte; incapaces, deshonestas, incompetentes y oscuras… Habrá que enfrentarse a esas agencias y cuanto antes, mejor. Y como el gobierno no se decide a enviarles la Guardia Civil, tendrá que ser la ciudadanía la que haga algo, porque las chorizadas de las agencias de rating nos afectan y mucho

Acabar con la evasión de impuestos y los paraísos fiscales

En España se ha desvelado un caso fiscal significativo, protagonizado por Iñaki Urdangarín, yerno del rey Juan Carlos. Urdangarín es presidente del Instituto Nóos, ligado a “salidas invisibles” de dinero a paraísos fiscales por medio de empresas pantalla, según conclusiones del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach. Urdangarin, su socio, Torres, otros gestores y ex altos cargos del Partido Popular son investigados por varios delitos y el fiscal atribuye a Urdangarín y Torres ser propietarios de la empresa pantalla De Goes Center For Stakeholder Management, que habría adquirido la Fundación del Deporte, la Cultura e Integración Social (constituida por Urdangarín en 2006) para presuntamente evadir capitales a paraísos fiscales.

También conocemos algunos defraudadores fiscales expedientados. El piloto de motos Sete Gibernau, el empresario Ricardo Rodrigo, los hermanos Carulla (dueños de Agroalimen), Carceller (propietario de Cervezas Damm), la tenista Arancha Sánchez Vicario, la soprano Montserrat Caballé, el piloto de F1 Martínez de la Rosa, el también piloto Fernando Alonso, el tenista Carlos Moyá, el ex jugador del Barcelona Luis Enrique, el piloto de motos Alex Crivillé… Fiscalmente andorranos, suizos o monegascos, dejaron de pagar millones de euros de impuestos.

En Suiza y Liechenstein en 2009 y 2010 se descubrieron 3.200 cuentas ocultas de políticos, empresarios, profesionales de altos honorarios y financieros españoles. Algunos defraudadores han sido expedientados pero, según el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), los ricos que han incurrido en delitos fiscales millonarios han tenido un escandaloso trato condescendiente y privilegiado por parte del gobierno. Pero hay más.

La economía sumergida española se multiplicó por cuatro de 1980 a 2008, según informes de Funcas, federación de cajas de ahorros. Economía escondida que no paga impuestos ni cotiza a la Seguridad Social. Economía fraudulenta que mueve 245.000 millones de euros que, aún tributando a la baja, cubriría con creces el déficit de España en 2012 sin recortes ni aumentar impuestos a la mayoría.

Esa evasión fiscal es posible por los paraísos fiscales. No hagan caso de los cantos de sirena de la OCDE ni del G20 que pretenden que sólo quedan tres o cuatro paraísos fiscales. Paraísos fiscales, haberlos, haylos. Y muchos. Docenas de exiguos territorios o estados de cartón-piedra en el Pacífico o Atlántico más Suiza, Andorra, Gibraltar, Panamá, Luxemburgo, Liechstentein… Sin impuestos sobre el beneficio de empresas en sus territorios; con secreto bancario como dogma y cuentas anónimas numeradas como sacramento. Sin información ni estadísticas fiables sobre operaciones financieras, aunque sí un volumen desproporcionado de operaciones financieras extranjeras, más una sospechosa simplicidad y falta de vigilancia para constituir y registrar sociedades mercantiles. Y, por supuesto, ningún control sobre las sociedades filiales de las empresas transnacionales establecidas en ellos. A lo que añadir ausencia total de penalización por blanqueo del dinero y ninguna colaboración con autoridades fiscales y judiciales de cualquier país.

Sin tocar tales características que los definen, para sacar a un estado de la lista de paraísos fiscales, la OCDE pidió la firma de doce acuerdos de intercambio de información fiscal con otros tantos países. Pero, como denuncia Hernández Vigueras, el truco consiste en que los paraísos fiscales han firmado doce acuerdos con territorios sin ninguna relevancia financiera (Islas Faroe, Groenlandia…) o entre ellos mismos.

Acuerdos de reciprocidad de información fiscal sin repercusión alguna en la lucha contra el fraude fiscal ni contra el blanqueo de dinero. Puro maquillaje.

Como recuerda Vigueras, “los paraísos fiscales son refugio del dinero sucio de los evasores de impuestos, de los corruptos, de los criminales organizados y de los terroristas del mundo”. Aunque la OCDE diga lo contrario, hay aún mucho paraíso fiscal, entre todos ocultan 6 billones de dólares y son realmente un peligro para la Humanidad.

El fraude fiscal, que los paraísos hacen posible, desencadena vulneraciones sistemáticas de derechos sociales. Porque los estados disponen de menos recursos por la evasión de impuestos y no pueden satisfacer el disfrute de derechos indiscutibles como salud o educación, por ejemplo. Una menor disposición de recursos agravada por la nefasta austeridad presupuestaria impuesta. Por tanto, la lucha contra la austeridad presupuestaria, contra las deudas ilegítimas, evasión y fraude fiscal, contra los paraísos fiscales, es la lucha por el Estado de derechos sociales (mal denominado de bienestar). La misma lucha.

No habría deuda si hubiera un sistema justo de impuestos

Ronald Reagan y Margaret Thatcher iniciaron hace tres décadas una sistemática rebaja de impuestos a los más ricos, personas y empresas. Desde entonces no ha cesado esa política de menos impuestos a los que más ganan y tienen. Y de menos impuestos se pasó a más endeudamiento de los estados. Por eso un político español pudo decir cargado de razón que “a los gobiernos les cuesta menos pedir prestado que subir los impuestos”. Aunque, para ser exacto, debería haber dicho que los gobiernos prefieren endeudarse antes que recuperar el sistema de impuestos más justo que había hace treinta años. No hay que molestar a los ricos.

La crisis de la deuda en Europa y sus feroces consecuencias sociales tienen todo que ver con el adelgazamiento progresivo de la fiscalidad (los impuestos) y con el fraude fiscal. Mucho más que con excesos o irresponsabilidad en el gasto público.

Como recuerda Sam Pizzigati, según el IRS (la agencia tributaria estadounidense), en 2008, quienes ganaron en Estados Unidos más de 200.000 dólares anuales pagaron al gobierno federal un tipo fiscal del 22% por sus ingresos. Bastante menos de lo que pagaban los estadounidenses más ricos hace 50 años. En 1961, quienes ganaban más de 27.000 dólares anuales (equivalentes a 200.000 dólares de hoy) pagaron un tipo de algo más del 31% de sus ingresos. Y los ingresos anuales por encima de 400.000 dólares al año (3 millones de hoy) pagaban un tipo fiscal del 91%. Hoy las rentas de más de 3 millones de dólares pagan un tipo del 35%.

En España, por ejemplo, según la legislación tributaria, las grandes empresas han de pagar un 30% por sus beneficios y un 25% las pequeñas y medianas. Pero apenas pagan un 10%. Enorme diferencia por la condescendencia del gobierno que permite deducciones y escapatorias legales que rebajan considerablemente lo que las empresas pagan al erario público. Las cifras de la Agencia Tributaria española muestran que las empresas eluden legalmente hasta dos tercios de los impuestos que les corresponden. Complacencia y complicidad gubernamentales con quienes más ganan y más tienen. Los más ricos deducen y reducen lo que han de pagar con diversas triquiñuelas legales. De hecho, las empresas pagan por beneficios menos que las familias, que aportan un 11,5% de su renta.

El resultado final es menos ingresos del Estado. Y eso sin contar con el fraude fiscal puro y duro.

Continuando con España, según un informe de Gestha (sindicato de técnicos de Hacienda) en 2005, último año con datos de fraude, éste fue de 88.617 millones de euros: 58.676 millones defraudados a la Agencia Tributaria y 29.941 a la Seguridad Social. Las grandes empresas defraudan casi el 75% del total mientras el 97% de empresas restante defraudan un 17%. Y a eso habría que sumar otras evasiones fiscales de ricos y muy ricos (fraude en plusvalías, arrendamientos, rentas del capital…). Si solo se evitara la mitad de fraude fiscal y se cobraran los impuestos correspondientes, España tendría un PIB como el de Reino Unido y superior a Italia. Y no tendría déficit público.

Rajoy, nuevo presidente de gobierno de España, pretende ahorrar el año que viene 16.500 millones de euros con recortes sociales, despidos, sangre, sudor y lágrimas. Gestha asegura que, si se redujera la economía sumergida española en 10 puntos, se recaudarían 38.500 millones de euros anuales. La economía sumergida en España supone 245.000 millones de euros: 23,3% del PIB español. Son muchos impuestos evadidos.

Pero es que quienes más ganan y poseen son los mimados por los gobiernos que comulgan con ruedas de molino neoliberales. Como recuerda Ana Flores, “en lugar de ponerse de acuerdo los gobiernos para domesticar al capital, el mundo más desarrollado decide dejarlo circular con absoluta libertad. Atraer dinero es la obsesión de los gobiernos y compiten entre sí bajando impuestos”.

Como denuncia Paul Krugman, lo peor de esta servidumbre de los gobiernos con quienes más tienen, es que “la exigencia de austeridad cada vez más radical (para poder pagar la deuda) ha fracasado como política económica, al agravar el problema del paro sin restaurar la confianza. Y una recesión europea parece más probable cada día”.

Hay que exigir y hacer auditorías de la deuda para poner fin a la hemorragia social que su pago genera. Y pelear para recuperar un sistema impositivo justo y redistributivo, contra las falsas tesis de la austeridad como camino y la limitación del déficit de deudas soberanas como objetivo por encima de todo. Por encima de todo solo han de estar la ciudadanía y sus derechos.

Contra política de austeridad, auditoría de deudas públicas

Recortes presupuestarios, restricciones sociales, menor protección social, peor atención sanitaria, peor educación, rebaja de salarios, despidos, precariedad… Todo por la deuda.

En Europa, pagar la deuda y sus intereses se ha convertido en terreno sagrado. Con tremendos costes sociales. De nada ha servido introducir en las constituciones que pagar la deuda es prioritario para cualquier gobierno. Ni tampoco imponer planes de austeridad con recortes de gasto público para que los gobiernos tengan liquidez para pagar sus deudas y las de bancos privados. El poder financiero quiere más. Nunca tiene bastante.

Los “mercados”, capitaneados por Goldman Sachs y con la ayuda torticera de las agencias de rating, atacan el euro y a la Unión Europea. Como dicen en las películas de gangsters, no es nada personal; solo son negocios. Enormes beneficios para los especuladores de la deuda. Y sube la prima de riesgo de la eurozona, incluso la de Francia. Hasta Alemania ve como aumentan los intereses a pagar por sus bonos. La deuda deviene hidra de siete cabezas que amenaza con dejar muy mal parada a Europa. Y, de rebote, llevar al mundo a una crisis económica crónica.

¿Qué diablos pasa con la deuda? Preguntémonos qué tipo de deudas son las que alimentan ese baile de los malditos en Europa. Porque evidentemente no todas las deudas son aceptables; las hay ilegítimas u odiosas.

En derecho internacional, ilegítima u odiosa es la deuda pública contraída contra los intereses de la ciudadanía. Aquella cuyos fondos se emplean para fines inaceptables, como adquirir medios y armas para reprimir a la población. O contraída para fines muy discutibles, como comprar navíos de guerra, submarinos, cazabombarderos y helicópteros de combate. Eso ha hecho el gobierno griego comprando armamento a Francia y Alemania, cuando su deuda ya era enorme. Deudas ilegítimas, contraídas a espaldas de la ciudadanía, contra sus derechos, deteriorando o destruyendo el medio ambiente. Esas deudas no se pagan. Y antes, auditarlas.

Una auditoría de la deuda debe analizar el contexto social del país que contrae la deuda; averiguar quien la firmó, para qué es el préstamo, cómo han evolucionado los tipos de interés, qué supone el pago de la deuda en el PIB, si ha habido condiciones para conceder el préstamo (como exigir privatizaciones de empresas y servicios públicos)… Así se averigua si la deuda es legítima o no.

Las auditorías no son nuevas. Empezaron en los ochenta del siglo XX, cuando la deuda ahogaba a países de África y América Latina. Y con las auditorías, la respuesta política.

En 2002, Argentina dejó de pagar su deuda contra toda regla y costumbre. Los “expertos” le auguraron todo tipo de males, sin embargo, no pagar la deuda fue clave para la recuperación del país. Entre 2007 y 2008, el gobierno de Ecuador presidido por Rafael Correa, tras una rigurosa auditoría, canceló deudas ilegítimas contraídas por entidades públicas con bancos privados. Se ahorraron 300 millones de dólares, que se utilizaron para mejorar la sanidad pública, la educación y crear puestos de trabajo. En noviembre de 2008, Ecuador decidió suspender el reembolso de deuda que vencía en 2012 y 2030, porque la auditoría de la deuda concluyó que era eminentemente especulativa y fuente de pérdida de capacidad soberana del estado.

En Asia, a finales de los noventa, mientras Tailandia e Indonesia se hundían estranguladas por sus deudas y agravada la situación económica por la austeridad impuesta por el FMI, Malasia ignoró olímpicamente las recetas neoliberales de austeridad y sorteó con fortuna la crisis que destrozaba a sus vecinos.

Ante el fracaso de las políticas neoliberales austeras impuestas para pagar la deuda, en Grecia, intelectuales, parlamentarios, y organizaciones ciudadanas han creado una plataforma por la auditoría de la deuda. En Francia, asociaciones y organizaciones sociales y ciudadanas se preparan para auditar la deuda. En Túnez y en Irlanda, las organizaciones ciudadanas trabajan en esa misma línea. En España, ATTAC y otras entidades cívicas reivindican no reconocer ni pagar deuda alguna de la eurozona y hacer una auditoría de todas esas deudas nacionales para determinar su legitimidad y actuar en consecuencia.

Las auditorías de la deuda, y anularla cuando sea el caso, son un derecho democrático tan esencial como el derecho a la información. Son medios de participación ciudadana, de aportación de transparencia y de control democrático de la conducta de los poderes públicos. Por fortuna, ante la cronificación de la crisis, crece el movimiento europeo por la auditoria de las deudas.

Más de lo mismo en una Europa hacia el desastre

El gobierno de Mario Monti, otrora muy alto directivo de la sospechosa banca Goldman Sachs, perpetra duros ajustes en Italia para ahorrar 30.000 millones de euro. Ajustes que curiosamente no afectan a las grandes fortunas, grandes empresas ni bancos. Aunque, de cara a la galería, se doblen las tasas por coches de lujo, yates y aviones privados. Calderilla.

Ni hablar de impuestos por beneficios del capital ni de aumentar el IRPF a los grandes ingresos, pero sí aumenta el IVA y todos los italianos pagarán un impuesto por su vivienda. Pero la Iglesia se librará de pagar 2.500 millones de euros por ese impuesto inmobiliario.

En España, el Gobierno de Zapatero indulta al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, condenado por un delito deacusación falsa. Mientras el Estado rescata otro banco con 1.000 millones de euros en capital y 2.000 millones de crédito.

Y van… Hasta hoy, el Estado español ha pagado ¡230.000 millones de euros! para rescatar bancos y cajas de ahorro.

Los pocos de arriba provocan la crisis, pero quien paga es la ciudadanía, porque el dinero que los rescata es el de sus impuestos. Y ahora además esa ciudadanía aún paga más por culpa de la austeridad presupuestaria para reducir el déficit. Porque esa austeridad deteriora la sanidad, la educación, deja sin trabajo a empleados públicos, congela las pensiones…

Como explican Ann Pettifor y Douglas Coe, “la crisis se presenta como si fuera de deuda pública, pero no lo es. Es una crisis causada por el sistema bancario privado sin normas ni control. Los dirigentes de la Unión Europea dicen que la deuda pública es la causante de la crisis del euro, pero la crisis existe por la bancarrota del sistema financiero privado y el probable estallido por las deudas impagables que los bancos privados han contraído durante treinta años”. No es la deuda pública, sino la privada de los bancos la que hunde la economía.

Pero, además de esa responsabilidad de los bancos, esta crisis del euro no existiría sin la actuación sucia de las agencias de rating. Por cierto, esas agencias están ligadas por propiedad de paquetes de acciones a las grandes entidades y otros poderes financieros que son precisamente las que especulan con las deudas públicas y con ello obtienen jugosos beneficios.

Esas mismas agencias de calificación que otorgaban la máxima solvencia a Lehman Brothers el día antes de que quebrara. Ya lo habían hecho antes al otorgar máxima solvencia a los títulos con hipotecas-basura. Más otras actuaciones oscuras, cuando no algo peor, al mejorar la calificación de solvencia de empresas si éstas pagaban.

Unas agencias que, tal como actúan, recuerdan las sociedades mafiosas contra inmigrantes italianos e irlandeses en Nueva York de principios del XX; unas mafias en ciernes que cobraban “protección” a los comerciantes modestos… Esa “protección” aseguraba a los comerciantes que no les destrozarían los locales de sus negocios.

En línea similar, el BCE envió el pasado agosto sendas cartas al presidente del gobierno español y al primer ministro italiano advirtiéndoles que, si querían que el BCE comprara deuda soberana de sus países, debían rebajar los salarios.

¿A qué les suena?

Lo cierto es que si continúa en Europa la idolatría de la austeridad implacable contra el déficit, el desastre esta garantizado. Mario Soares y Federico Mayor Zaragoza han escrito que “tras el fiasco del rescate de los bancos, es necesario inyectar fondos para obras públicas e incentivos para la producción, además de escalonar en el tiempo la reducción del déficit”. Y Paul Krugman remacha en la misma línea que “el auténtico problema es el gasto reducido en Europa. Y los intentos de arreglar las cosas exigiendo una austeridad cada vez más severa empeoran la situación”.

Pero Merkel y Sarkozy, inaccesibles al desaliento, han diseñado una Europa que solo viva para controlar el déficit. Con castigos para los países que no respeten el déficit máximo del 3%, en tanto que los tribunales constitucionales de los diversos países europeos vigilen que los presupuestos nacionales cumplan el nuevo tratado aprobado para conseguir un déficit cero en 2016.

Nada de preocuparse por los derechos vulnerados de la ciudadanía. Y menos aún por recuperar un sistema de impuestos justos y progresivos que asegurarían los ingresos del estado para que no hubiera necesidad de endeudarse. Lo único que importa a los dirigentes europeos es rebajar el maldito déficit. En la práctica, los beneficios de los “mercados”.

Como propone la asociación ciudadana ATTAC, es hora de luchar por el cierre del casino financiero, de trabajar para desarmar bancos y otras entidades financieras especuladoras con normas, con reglas y, si es necesario, con la aplicación del código penal. Es tiempo de luchar contra el fraude fiscal, de prohibir los productos financieros de alto riesgo, de frenar de una vez la especulación financiera a corto plazo.

Es hora de rebelarse. Una rebelión no violenta, pero rebelión ciudadana al fin. Una rebelión contra la dictadura del poder financiero.

Plantar cara al poder financiero

La crisis de la deuda en Europa y sus perpetradores (Comisión Europea, Merkel y Sarkozy, gobiernos, BCE, FMI y los “mercados”) hacen y deshacen sin tener jamás en cuenta las necesidades y derechos de la ciudadanía, que, no obstante, proclaman y celebran todas las constituciones vigentes nacionales, normativas y acuerdos internacionales. Una obviedad que hay que recordar.

En la infame realidad que perpetran los “mercados”, la Alemania que exige austeridad radical y recortes sociales (llamadas “reformas”) aumenta 4.000 millones de euros su déficit y su deuda pública ya es el 82% del PIB (más del 60% del Pacto de Estabilidad de la Unión Europea). En esa realidad nada virtual, Portugal hará un primer pago de 34.000 millones de euros por un préstamo de 78.000 millones, mientras la OCDE rebaja drásticamente las previsiones para 2012, asegurando, por ejemplo, que el PIB francés solo crecerá un 0,3% el año próximo (si crece) y aumentará el desempleo… ¡La relación de desastres es tan larga!

Pero la locura propuesta por los “mercados” y sus diligentes siervos (gobiernos y entidades internacionales financieras) es reducir aun más el gasto público, proponiendo, por ejemplo, sustituir uno de cada dos funcionarios que se jubilen y reducir la duración y frecuencia de las hospitalizaciones necesarias, por ejemplo. Ahorrar, no importa a qué precio.

Grecia, cada vez peor al igual que Portugal, ambas en recesión por la feroz austeridad impuesta, mientras los especuladores atacan una y otra vez las deudas soberanas de España, Austria, Francia y lo que se tercie, las agencias de rating maniobran con sus maniobras de trilero al servicio de los especuladores y en Europa ya hay 23 millones de desempleados y 80 millones de pobres. Y habrá más si no se impide.

¿Qué ocurrirá cuando se compruebe que tanta austeridad, tantos sacrificios, tanto dolor y sufrimiento no acaban con la crisis ni relanzan la actividad económica? De momento, Francia y Alemania negocian por su cuenta otro nuevo Pacto de Estabilidad que buscará el déficit cero para 2016. La nueva receta mágica ofreceráayuda permanente del Banco Central Europeo a los estados de la Unión a cambio del estricto control de los déficits nacionales así como aceptar la inexorable vigilancia de los presupuestos nacionales para que no se pasen ni un pelo en políticas sociales y de redistribución de la riqueza.El nuevo pacto ofrecerá a los estados cierta estabilidad e intereses bajos de sus deudas soberanas a cambio de apretar aún más las tuercas a los ciudadanos. Pues bien, frente a esa adoración del becerro de oro del control presupuestario del déficit y la austeridad fiscal a rajatabla, una legión de economistas que no están a sueldo de la banca, inluidos los premios Nobel de economía Stiglitz y Krugman, repiten una y otra vez que la austeridad es la mejor receta para generar más desempleo, impedir la actividad económica real y asegurar la recesión. Cuando lo que hay que hacer es estimular el crecimiento económico con dinero público, que vuelva a funcionar una banca pública, volver a sistemas de impuestos progresivos, prohibir los hedge funds(fondos de alto riesgo), poner coto a los desmanes de la especulación a corto plazo, implantar un impuesto disuasorio sobre las transacciones financieras y combatir ferozmente los paraísos fiscales que hacen posible la corrupción sistemática, el fraude fiscal y la evasión de capitales.

Lo demás es música celestial en el mejor de los casos. Porque la crisis de la deuda en Europa es un golpe de Estado del poder financiero. Y frente a ese golpe hay que actuar como ha hecho Ecuador, por ejemplo. Ecuador aprobará una ley que declarará fraudulentas las hipotecas adquiridas por ecuatorianos inmigrantes en España, pues consideran que esos deudas hipotecarias carecen de legalidad y se han logrado con engaño. Entienden los legisladores ecuatorianos que esas hipotecas fueron fraudulentas y violan el derecho humano a una vivienda digna.

Es solo una actuación, pero es el camino y hay mucho que hacer. Y para no errar, hay que actuar con el referente del respeto de los derechos humanos, de los legítimos intereses de la gran mayoría, no de la codicia suicida de los “mercados”. Y pasar de la protesta  (que ha de continuar) a hacer política. En los parlamentos cuando se pueda, pero siempre en la vida y en las calles. Para empezar a frenar al poder financiero con propuestas concretas de salidas y soluciones. Y hacerlo retroceder.

En manos de codiciosos inmorales

En España, el muy conservador Partido Popular ha obtenido mayoría absoluta en las elecciones; bien es cierto que ha sido absoluta por una ley electoral injusta. Semanas antes, periodistas, editorialistas y opinadores profesionales al servicio de la derecha proclamaban que, desaparecido en combate Zapatero, el triunfo del Partido Popular generaría la confianza automática de los “mercados”. Pero los “mercados” han recibido el triunfo de los conservadores españoles con una prima de riesgo más alta y caídas en las Bolsas.

Y es que los “mercados”, que han tomado descaradamente el poder (que la Unión Europea les ha entregado), actúan a su beneficio y antojo. Aunque en vez de “mercados” podemos escribir los nombres de seres de carne y hueso, así como de entidades financieras concretas. Porque -convenzámonos de una vez- los “mercados” son solo unos cientos de grandes grupos industriales, aseguradoras y bancos, entre los que destacan con luz propia Barclays, JP Morgan, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citibank, Bank of America, Axa, Natixis, Société Générale, Banque Populaire-Caisse d’Épargne, BNP-Paribas, Deutsche Bank, UBS, Capital Group, BlackRock, Vanguard… más las dignas de toda sospecha agencias de rating que actúan como sicarios económicos.

Tras la desregulación y el descontrol financieros, y con el secreto bancario elevado a sacramento, la privatización por sistema y la reducción (o desaparición) de impuestos a quienes más tienen y atesoran hemos llegado a la “crisis de la deuda”. Crisis que, como denuncia Susan George, “permite a los acreedores ejercer una especie de colonialismo sin necesidad de recurrir a un ejército ni a una administración imperial; antes en países en desarrollo y ahora en Europa”.

Con el chantaje de la deuda, los “mercados” han llegado a la fase del expolio descarado de lo público. No se trata solo de que las deudas financieras privadas de bancos, aseguradoras u otras entidades financieras devengan públicas, porque se afrontan con dinero público; ahora quieren reducir al mínimo inversiones y gastos sociales para hacer desaparecer el modelo mínimamente social de cierto reparto de riqueza desarrollado desde los años cincuenta. Y puesto que lo privado es lo que priva, educación, salud, distribución de agua, transportes y energía (que antes parecían intocables) han de dejar de estar al servicio de la mayoría para convertirse en fuente de obscenos beneficios de unos pocos.

La austeridad fiscal es ahora el medio para dar el tiro de gracia a lo que resta de estado social en Europa. Pues, como denuncia Susan George, ningún país ha mejorado con la política de austeridad. Por tanto, no es la mejora económica lo que buscan, sino el cambio de modelo social. Por eso, Europa debería mirar a América Latina, que sufrió su crisis de deuda en los ochenta y noventa, pero reaccionó bien.

Brasil, Argentina o Ecuador dijeron no al FMI, a sus pagos de deuda y a sus austeridades. Y hoy, según Michael Reid (editor de The Economist para las Américas), “el buen momento económico de Latinoamérica es una gran oportunidad”. No por una austeridad, sino a menudo lo contrario. Y así la CEPAL testifica que “la pobreza y la indigencia descendieron en América Latina en 2010 gracias a la vigorosa recuperación económica de la mayoría de países de la región”.

En Europa, no cesa la crisis de la deuda y cinco gobiernos han sido descabalgados en elecciones desde 2010. Normal. Lo malo y preocupante es que los presidentes de Grecia e Italia han sido sustituidos sin convocar elecciones. Por decisión del poder financiero.

Si la deuda pública española, por ejemplo, es menor que otras, ¿por qué los “mercados” quieren más ajustes y recortes sociales? La deuda peligrosa de España no es la pública (algo más del 60% del PIB, mientras la alemana es el 83%). La deuda preocupante española es la de sus bancos, que en 2012 deberán pagar 200.000 millones de euros a otros bancos europeos.

Esa parece la razón de tanto ajuste y recorte. ¿Para que el Estado disponga de liquidez y pague su deuda?, con la que, por cierto, los “mercados” especulan y obtienen grandes beneficios. ¿O para ayudar a los bancos a pagar la suya? Quizás para que la señora Merkel duerma tranquila porque sus bancos alemanes cobrarán lo que les deben los bancos españoles.

Parece que la ciudadanía europea está en manos de granujas. Los “mercados”, sus cómplices y sus sicarios.

Crisis de la deuda, tecnócratas, bomberos y priómanos

Se han quitado la careta del todo y ya sacan y ponen gobiernos a su antojo. Como ha denunciado el profesor Alberto Garzón, el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, han impuesto gobiernos títeres a Grecia e Italia. Pero son gobiernos técnicos, tecnócratas, han jaleado y aplaudido casi todos los medios europeos. Veamos cuan “técnicos” son.

El nuevo primer ministro “tecnócrata” de Grecia, Lukas Papademos, fue vicepresidente del Banco Central Europeo. Y también gobernador del Banco de Grecia entre 1994 y 2002: precisamente cuando se falsificaron las cuentas públicas con la imprescindible ayuda de la banca Goldman Sachs. Por cierto, en ese tiempo de falsificación, Petros Christodoulos era director del National Bank of Greece (que algo tuvo que saber), también directivo de Goldman Sachs. Hoy dirige el organismo que gestiona la deuda griega.

El otro primer ministro (que tampoco ha votado ningún ciudadano) es el “tecnócrata” Mario Monti. Fue comisario de Mercado Interior y Competencia de la Comisión Europea y, cómo no, consultor internacional de Goldman Sachs.

Sin entrar en detalles, que Mario Monti y Papademos sean quienes han de resolver los problemas de Italia y Grecia es como contratar pirómanos para tareas de bomberos.

Un tercer nuevo dirigente en liza para que Grecia e Italia se ajusten aún más en aras de la banca europea, es el recién designado (nunca elegido) presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, quien igualmente fue vicepresidente de Goldman Sachs de Europa así como responsable de la venta de los productos financieros con los que en algún momento se ocultó parte de la deuda soberana griega.

Sobre la catadura moral y la fiabilidad de la americana banca Goldan Sacchs, pero tan presente en el escenario de la deuda europea, cabe recordar que la SEC, órgano supervisor de los mercados financieros de Estados Unidos, ha demandado a Goldman Sachs por presunto fraude en la venta de bonos hipotecarios.

A la vista de este panorama de tecnócratas como gran solución (en realidad son zorros para vigilar el gallinero), Marcello Musto, profesor de la York University de Toronto, denuncia que la economía no sólo domina a la política, sino que le ha arrebatado las competencias y anulado el control democrático. Por eso cualquier cambio de gobierno no altera ni un ápice la implacable aplicación de políticas neoliberales de austeridad fiscal y recorte social, presentadas además como la única salida posible.

Ese sometimiento de la política democrática al poder económico se perpetra bajo el camuflaje de lo “apolítico”, porque lo “técnico” es lo “apolítico” por excelencia. Pero tras la falacia de los gobiernos de tecnócratas están la ideología y política más neoliberales y conservadoras que uno se imagine, así como la eliminación de la política democrática, porque, cuando de finanzas, deuda y beneficios para la banca se trata, quedan excluidos referendos, elecciones y otras veleidades democráticas.

Lo cierto es que esta Unión Europea (con especial protagonismo de la Comisión Europea y del BCE) siempre ha tenido problemas con la democracia, porque la democracia de verdad interfiere en los grandes enjuagues de la minoría rica y privilegiada a cuyo servicio están. Cuando Irlanda votó “no” al Tratado de Niza, por ejemplo, rápidamente se pidió al gobierno irlandés que organizara otra votación que aprobara el Tratado de Niza. Como la trampa de lanzar una moneda al aire para resolver un dilema tantas veces como sea preciso hasta que sale lo que uno quiere que salga.

Y es que las decisiones de calado en la UE no las toman los parlamentos, ni siquiera la Comisión Europea, sino un contubernio (que no aparece como órgano institucional en ningún tratado constitucional europeo), integrado por ocho personas que no han sido elegidas para esa tarea ni para ninguna otra (salvo Merkel y Sarkozy). Son, además de los citados (pero ningún otro primer ministro o presidente de país europeo), Lagarde (presidenta del FMI), Mario Draghi (presidente del BCE), Barroso (presidente de la Comisión Europea), Jean-Claude Juncker (presidente del Eurogrupo), van Rompuy (presidente del Consejo Europeo) y Olli Rehn (comisario europeo de asuntos económicos).

Así las cosas, hacemos nuestras las palabras de Douglas Fraser, presidente de la poderosa federación de trabajadores de la industria del automóvil (UAW) de Estados Unidos, quien en 1978 denunció a la clase empresarial “por haber escogido la guerra contra los trabajadores, los desempleados, los pobres, las minorías, los jóvenes y los ancianos, e incluso contra sectores de las clases medias”.

Solo que hoy es el sector financiero el que protagoniza esa guerra y se carga la democracia.

La desobediencia civil no violenta es un derecho ciudadano

Suenan de nuevo tambores de guerra. Añaden más temores e incertidumbres a los que ya causa la crisis. Estados Unidos y Reino Unido creen que una gran presión (?) contra Irán lo disuadirá de tener su bomba nuclear. E Israel no descarta un ataque próximo. Ni unos ni otros han aprendido la lección de la invasión de Irak.

¿Cómo osan hacer peligrar la vida de cientos de miles de personas de nuevo? El pretexto es que Irán no tenga la bomba atómica. ¿No tienen la maldita bomba Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China, Pakistán, Corea del Norte, Israel y la India?

De nuevo la actuación preventiva. Que no es legítima defensa ni preservar la paz, sino buscar la guerra. Porque Irán no se quedará quieto si lo atacan, ni los países musulmanes con mayorías chiitas.

¿Conservan toda su legitimidad los gobiernos que apuestan por la guerra?

¿Y que legitimidad es la de los gobiernos que con sus políticas contribuyen a la pobreza e inseguridad de millones de ciudadanos? Según la OCDE, el próximo año se estancará económicamente la eurozona, otras grandes economías se desacelerarán y puede haber recesión mundial. Con desempleo a espuertas. Pero los gobiernos insisten en fuertes ajustes, mientras los bancos centrales garantizan dinero fresco a la banca.

Además, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denuncia que empeoran las condiciones de vida para la mayoría de la gente, mientras los bancos ganan más dinero. Señala la OIT que recuperar el nivel de empleo anterior a la crisis costará cinco años.

Europa va hacia una recesión y el paro se hace crónico. Pero se recapitaliza la banca con dinero público, se mantiene la rebaja fiscal para capital, grandes empresas y fortunas y no se mueve un dedo contra los paraísos fiscales que hacen posible corrupción y evasión sistemática de impuestos. Como denuncia Luis García Montero, “el capitalismo ha declarado una verdadera guerra contra los pobres y contra la soberanía de los ciudadanos”. Otra guerra.

Europa, Estados Unidos y países anglosajones optan por “mantenella y no enmendalla, aunque la razón no hayan”. Y privatizan servicios públicos. Un robo manifiesto, como denuncia Ramonet, porque “cuando se privatizan los servicios públicos, no sólo se le arrebata a la ciudadanía un bien que le pertenece (costeado con sus impuestos) sino que se desposee a los pobres de su único patrimonio”.

Y reformas a peor de pensiones públicas, retraso de edad de jubilación, reformas laborales que desprotegen a los trabajadores, despido masivo de empleados públicos y funcionarios…

Da igual que los Nobel de economía George Akerlof, Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Paul Samuelson se hayan manifestado por activa y pasiva contra la austeridad fiscal y los recortes que suponen. Da igual que pasados muchos meses del inicio de esa nefasta política de austeridad, recortes y beneficio de la banca no se vislumbre ni lejano un indicio (por leve que sea) de superación de la crisis. Da igual que aumenten la desigualdad y la pobreza en cifras indecentes… .

En verdad, como explica Crotty, la maldita crisis es la última fase de décadas de esfuerzos del capital, del poder financiero, para destruir la modesta democracia social con capitalismo controlado construida desde los años 30 del siglo pasado. Y Carlos Martínez, de ATTAC España, deja claro que “el neoliberalismo es una gigantesca estafa mundial”. A lo que Stiglitz añade que “el fundamentalismo neoliberal es una doctrina política que sirve a intereses concretos. Nunca respaldada por la teoría económica ni tampoco por la experiencia histórica”. Más claro, el agua

Pues bien, esas políticas que vulneran los derechos de la ciudadanía hacen ilegítimos a los gobiernos, tanto como a los que buscan la guerra.

Buena parte del movimiento cívico global concluye ya que partes de las deudas soberanas (a veces, todas ellas) son ilegítimas y no deben ser pagadas. Si los gobiernos que violan masivamente derechos sociales en beneficio de una exigua minoría (así como los que quieren la guerra) devienen así ilegítimos (al menos en parte), entonces la desobediencia civil no violenta se convierte en derecho ciudadano. Como Ghandi nos enseñó.

Cabe recordar ahora al Nobel de la Paz Sam Daley-Harris cuando decía: “Dejemos de pensar que no hay soluciones. Dejemos de pensar que no importa lo que hagamos. Dejemos de pensar que las posibles soluciones no dependen de mí”.

Así no se puede salir de la crisis

Tras meses de penoso espectáculo de indecisión y desunión, los países de la eurozona han alcanzado un acuerdo para presuntamente afrontar la crisis de la deuda, los ataques especulativos y la inestabilidad financiera. Llega con retraso y está por ver cómo se concreta. Y si es el acuerdo que beneficia a la ciudadanía europea. También habrá que conocer cuál es la letra pequeña del acuerdo más allá de los titulares de portada

El acuerdo dice que los bancos europeos renuncian a cobrar la mitad de la deuda griega para asegurar que cobraran la otra mitad; por contra, habrá recapitalización de la banca (70 bancos europeos necesitan 106.000 millones de euros, aunque en realidad quizás sea el doble) y el fondo de rescate se aumenta hasta el billón de euros. Como en la ruleta, aunque a simple vista no lo parezca, la banca siempre gana.

¿Respuesta a la crisis, estancamiento y amenaza de recesión? No. Porque la Unión Europea no está nada unida y se empecina en una desastrosa política neoliberal que no ha dado ninguno de los frutos esperados. La vieja Europa se tambalea, no levanta cabeza. Incluso Alemania sufre; la ciudadanía, claro, no la minoría rica.

Alemania ha crecido en macrocifras por la exportación, pero ese crecimiento no ha beneficiado a la ciudadanía. Ni siquiera a la clase media: cinco millones de alemanes ya no pertenecen a la misma porque viven bastante peor o incluso mucho peor.

Los salarios alemanes no han aumentado como la riqueza generada, es más, se han congelado y ha crecido el trabajo precario (22% de empleos), mientras el número de parados ha oscilado entre 3 y 5 millones (12%), según coyunturas temporales concretas. Pero esas cifras no incluyen a mayores de 58 años sin empleo, tampoco a parados en cursos de formación ni a desempleados que recurren a agencias privadas para buscar trabajo. Hay bastantes más parados.

Es más, un informe reciente de la ONU advierte que aumenta la brecha social en Alemania. En los últimos años la pobreza ha aumentado del 6 al 13% de la población; unas 600.000 personas son indigentes completos en tanto que 20.000 de ellas viven materialmente en la calle. Y ha aumentado la desigualdad. Hace 25 años, los directivos de grandes empresas ganaban 14 veces más que sus empleados, pero hoy ganan 44 veces más, mientras el 1% de población posee la cuarta parte de la riqueza.

Alemania es un desastroso escenario neoliberal con todas sus consecuencias. Como neoliberal es la Comisión Europea que reclama más recortes a Italia y España para reducir el gasto público, mientras en Francia, Sarkozy perpetra otro plan contra el déficit. Por ejemplo. Y eso sin hablar de Irlanda o Portugal. Podríamos seguir con la lista de calamidades en el resto de la Unión.

En España, por ejemplo, casi el 22% de hogares cae en la pobreza, cuando en 2009 eran un 19,5%. Hoy, el 36% de familias no puede afrontar gastos imprevistos, un 26% a duras penas llega a fin de mes y los salarios son cada vez más bajos; un 4,4% menos respecto al año anterior. Cáritas ha alertado de que la pobreza se hace crónica en España; se ha multiplicado el número de personas que pide ayuda. En 2007 eran 400.000, pero en 2010 ya fue casi un millón.

Son los frutos de la austeridad y de la respuesta neoliberal a la crisis, mientras la patronal, inaccesible al desaliento, insiste en que se supriman algunos impuestos, se rebajen otros y se desmantele la educación pública a favor de la privada (aunque no lo piden tan claramente). Se ha llegado a declarar que instalaciones hospitalarias pendientes de ser operativas se abrirían cuando se “pudieran permitir el lujo de abrirlas”. ¿El derecho a la salud un lujo? Puro neoliberalismo e injusticia.

¿Cual es la razón de tanta sinrazón? Antón Costas asegura que “con la economía británica en caída libre por la innecesaria austeridad de David Cameron o lo que ocurre con la economía alemana, afirmar que la austeridad es expansiva es como creer en los cuentos de hadas”. Y acusa a los mandatarios europeos de gobernar “por consideraciones ideológicas, no por análisis económicos serio de las consecuencias de la austeridad sobre la economía“.

Como ha escrito Paul Krugman, “a medida que los planes de rescate fracasan uno tras otro, las personas más serias de Europa (aún más pomposas y engreídas que sus homólogos de EEUU si cabe) parecen cada vez más ridículas”

Lo malo es que, más allá de que los dirigentes europeos sean ridículos, también son nefastos y actualmente se juegan la dignidad, la justicia y la felicidad de millones de personas. Porue el principal obstáculo para enfrentar la crisis es la política neoliberal que los dirigentes euopeos perpetran, la política del neurótico control del déficit, del voluntario descontrol financiero, de la utilización de la deuda para recortar derechos, del mantenimiento del secreto bancario y de la primacía de lo privado sobre lo público. Y así no se sale de la crisis. Ni de ésta ni de ninguna otra.