Hay que frenar el tratado de inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos

Cientos de miles de ciudadanos se han manifestado hace unos días por las calles y plazas de veintidós países europeos. Se movilizaban contra el tratado de inversión que negocian en secreto la Unión Europea y Estados Unidos, TTIP por sus siglas en inglés. La ciudadanía reclama que se olvide para siempre ese tratado. Que se entierre.

Abundando en la exigencia de retirarlo definitivamente, recordemos a modo de inventario algunas consecuencias del TTIP, si fuera firmado. Desaparición en la práctica del derecho de huelga, eliminación de negociación colectiva y, por supuesto, salarios cada vez más bajos y empleos más precarios. La feroz competencia sin control de las grandes empresas a las medianas y pequeñas provocaría que cierren miles de éstas y se destruyan un millón de empleos, según cálculos diversos.

Los servicios públicos de sanidad, educación pública, suministro de agua potable, gestión de residuos, transporte se convertirían en negocios privados en manos de grandes empresas. Y la igualación de normas de Estados Unidos y Europa se haría escogiendo las peores, además de impedir a los gobiernos cualquier política social.

En el ansia de privatizar todo lo público, las pensiones de la seguridad social se reducirían en beneficio de las pensiones privadas hasta que los asalariados crean que han de contratarlas para conseguir una pensión aceptable. Sin olvidar que esas pensiones privadas (rentas de inversiones de grandes fondos) dependen de las veleidades de la especulación financiera. Los pensionistas privados holandeses, por ejemplo, lo han comprobado para mal a partir de 2009 por la crisis.

En agricultura, las grandes corporaciones multinacionales controlarán las semillas y la producción de alimentos, eliminando explotaciones agrarias medias, pequeñas y desapareciendo la agricultura familiar en beneficio de las perjudiciales grandes explotaciones agrarias industriales que, además, impiden el equilibrio ecológico. Y, por supuesto, habrá vía libre para los productos transgénicos. También desaparecerán las normas de seguridad de alimentos y en nuestros supermercados se venderán pollos lavados con cloro o terneras engordadas con hormonas.

El cambio climático será mayor amenaza aún porque, fruto de la desregulación campante, no habrá el menor control real de las emisiones de dióxido de carbono. Por descontado, la fractura hidráulica (fracking), muy perjudicial método de extracción de petróleo a miles de metros de profundidad, se extenderá por Europa y habrá más riesgo de terremotos así como la segura contaminación de aguas subterráneas, vitales en las zonas secas.

Y, por supuesto, se suprimirán los escasos controles que pudiera haber aún para frenar algo la especulación financiera desatada, olvidando de forma criminal, pero también estúpida, que la crisis que sufrimos, y de la que no acabamos de salir, estalló por el descontrol del sector financiero y la ausencia de regulación.

Pero aún hay más, como la creación del llamado Mecanismo de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés). El ISDS sencillamente convierte la democracia en un decorado.

Consiste tal engendro en unos pretendidos tribunales de arbitraje internacional, que no son tales sino tres caros abogados privados, que resolverán las demandas que presenten empresas y corporaciones cuando crean que el Estado perjudica sus beneficios actuales o futuros por las medidas que tome el gobierno. Medidas para atender necesidades de la ciudadanía, satisfacer sus derecho,s garantizar la seguridad de los alimentos o proteger el medio ambiente. A esos abogados no los elegirá ciudadanía alguna ni los controlará ninguna institución democrática. Y, todavía peor, sus fallos serán inapelables.

Sabemos cómo funcionan esos falsos tribunales porque esos mismos inventos de arbitraje figuran en otros tratados bilaterales de inversión. Por ejemplo, la República de Uruguay fue condenada a pagar a Philip Morris 1.467millones de dólares. La tabacalera demandó al gobierno porque éste mandó poner en las cajetillas de tabaco que fumar perjudica la salud.

El fraude de las demandas de multinacionales (porque fraude o estafa es) se convertiría en un freno real de la acción de los gobiernos porque, ante la amenaza de reclamaciones multimillonarias por proteger los derechos de la gente y la naturaleza, muchos gobiernos tendrán la tentación de no tocar esas cuestiones. Y la soberanía ciudadana electoral será inútil porque de hecho mandarán las multinacionales con sus demandas y presiones.

Es obvio que hay que frenar el TTIP. Que desaparezca. En 1998 ya se paralizó la firma de un precedente casi tan maligno, el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) por la movilización ciudadana global. Y podemos volver a hacerlo.

El capitalismo perjudica seriamente la salud

En la vieja Europa se dispara una alarma. Ha llegado el ébola. En Madrid, una enfermera que cuidó a un sacerdote enfermo de esa fiebre hemorrágica letal ha contraído la enfermedad. El ébola ha saltado de la empobrecida África a la desarrollada Europa.

Más allá de los miedos de los países desarrollados, ébola, malaria, sida, cólera, sarampión y el mismo ébola matan en silencio a millones de personas. Especialmente en África. Millones.

En 1976 se identificó el virus del ébola como causante de una enfermedad especialmente peligrosa, pero 38 años después, la enfermedad sigue ignorada por los países desarrollados y no se sabe de nadie que investigue en serio para curarla o prevenirla. Mientras aumentan los infectados y los muertos. Pero curar esa dolencia, ni las otras citadas no es negocio, por ahora, por eso no se investiga o se investiga poco.

Las grandes empresas farmacéuticas no tienen interés alguno en hallar medicamentos y vacunas contra las letales enfermedades que azotan a los países pobres. Pero gastan en publicidad y mercadotecnia el doble de lo que invierten en investigación y desarrollo.

Que el espíritu y voluntad del muy capitalista sector farmacéutico es conseguir cuantos más beneficios, mejor y nada más, lo ratifica el consejero delegado del gigante de los medicamentos, Bayer, Marijn Dekkers: “Bayer desarrolla medicamentos para los pacientes occidentales que pueden permitírselo”. Más claro, agua cristalina.

La negligencia y abandono de investigaciones contra enfermedades de los pobres tiene que ver directamente con la búsqueda de beneficios. Los pobres no pueden pagar las medicinas que les curarían y, por tanto, no hay negocio.

La mortandad por enfermedades que castigan sobre todo a países empobrecidos tiene mucho que ver también con los ‘ajustes estructurales’ a los que obliga el Fondo Monetario Internacional si los estados africanos, por ejemplo, quieren obtener créditos del Banco Mundial. Esos ‘ajustes’ son especialmente privatizaciones de lo público y rebajas de gasto social, especialmente en sanidad. Mientras la Organización Mundial de la Salud indica que el gasto público mínimo en sanidad pública ha de ser un 15% de los presupuestos generales, en África la media es un 5%.

Otra actuación capitalista es crear enfermedades que solo existen en la codiciosa voluntad del sector farmacéutico. Las farmacéuticas presentan como enfermedades procesos naturales de la vida humana como menopausia, timidez, tristeza por hechos o pérdidas dolorosas o pérdida de potencia sexual a partir de cierta edad. ‘Enfermedades’ que han de medicarse, claro, y no con fármacos baratos. Para lograr ese engaño universal, cuentan con la persuasión o soborno de algunos médicos y sobre todo con enormes inversiones en mercadotecnia y publicidad para enredar al público, haciéndole creer que problemas vitales normales son patologías que se curan con píldoras.

El psiquiatra estadounidense Allen Frances ha declarado como práctica funesta también la creciente medicalización de la vida en psiquiatría. Por su parte, el Nobel de Química de 2009, Thomas Steitz, ha denunciado que “grandes farmacéuticas han cancelado sus investigaciones de antibióticos porque curan a la gente y esas empresas no quieren curar a la gente sino vender fármacos que haya que tomar toda la vida”. Es otro gran fraude de uno de los sectores más potentes del sistema, el farmacéutico, que muestra claramente su innegable amoralidad.

Que el sector farmacéutico es capitalismo puro lo indica que, en la lista de las 500 mayores empresas del mundo, los beneficios de las 10 mayores farmacéuticas superan los de las otras 490 empresas de esa relación. El remate de la calaña del capitalismo a partir de ese potente sector lo expresa la monja y médico internista catalana, Teresa Forcades, quien, en su obra Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas afirma que “en 2000 y 2003, la casi totalidad de grandes compañías farmacéuticas pasaron por los tribunales de Estados Unidos, acusadas de prácticas fraudulentas. Ocho de dichas empresas fueron condenadas a pagar más de 2,2 billones (anglosajones ) de dólares de multa. En cuatro casos las farmacéuticas implicadas (TAP Pharmaceuticals, Abbott, AstraZeneca y Bayer) reconocieron su responsabilidad en actuaciones criminales que pusieron en peligro la salud y vida de miles de personas”.

Por tanto es completamente correcto del todo asegurar que el capitalismo perjudica seriamente la salud.

Lo que nos cuestan los bancos

Hace seis años escribí que “los bancos se han dedicado a invertir sus recursos en inversiones muy arriesgadas. Mientras se desencadenaba la crisis, los bancos se forraban especulando y esos bancos, con la complicidad de las autoridades monetarias, dedicaron demasiados recursos a productos financieros volátiles, oscuros y peligrosos… hasta que la crisis desveló que los bancos no tenían liquidez suficiente”. ¿Hemos avanzado algo al respecto?

No lo parece, en aboluto. Lo que sí ocurre desde entonces es que los gobiernos acudieron raudos a rescatar bancos con el dinero de todos. Una actuación que ha continuado con una constancia digna de mejor causa. La ayuda pública de los estados a los bancos empezó tras estallar la crisis, aumentó mucho a partir de 2010 y no ha cesado. Hace unos días, el Banco Central Europeo (BCE) adjudicó más de 82.000 millones de euros al 0,15% de interés en la primera de las dos subastas de liquidez de este año. En total, en 2014, los bancos españoles pillarán en ambas 35.000 millones de euros. En la de diciembre, los bancos europeos podrán pedir al BCE hasta 300.000 millones de euros. Una pasta.

Esa generosa derrama no es nueva, pues en 2012 el BCE ya prestó a muy bajo interés 529.000 millones de euros a 800 bancos y a finales de 2011 había inyectado 490.000 millones de euros a 523 bancos europeos. En total, el BCE ha financiado a largo plazo a la banca privada europea con algo más de un billón de euros. Un millón de millones por ahora. En el mundo de la banca a eso lo llaman manguerazo de liquidez y la razón de tal prodigalidad del BCE es sencillamente que Europa no arranca. Ni siquiera Alemania presenta números económicos suficientemente esperanzadores y reconfortantes.

Las optimistas previsiones de recuperación y crecimiento de hace varios meses han topado con la cruda y tozuda realidad. El propio Draghi, presidente del BCE, reconoce que la recuperación en la eurozona pierde impulso y que el elevado paro y la falta de crédito a empresas y familias impiden el crecimiento. ¡Qué lince!

Por eso las abundantes inyecciones de liquidez, para que sean “poderosa herramienta para facilitar nuevos flujos de crédito a la economía real“, según Draghi. Sin embargo, inyecciones de liquidez a bajo interés ha habido todos estos años, pero el crédito no ha fluido ni en sueños. ¿Qué han hecho los bancos con esas millonadas recibidas? Pues, entre otras cosas, comprar deuda pública que les reporta beneficios fáciles sin esfuerzo ni acción alguna y especular con ella. Además presionar a los gobiernos para que recorten presupuestos sociales, liquiden derechos y les rebajen impuestos.

¿Qué hubiera ocurrido si toda esa enorme ayuda la hubiera prestado el BCE a empresas y familias o a los gobiernos con las mismas generosas condiciones que a la banca? ¿Se hubiera desarrollado la crisis tal como la hemos sufrido?

Uno podría tener la tentación de pensar ingenuamente que, si ahora los bancos tienen liquidez para dar créditos, las cosas mejorarán. Pero no van por ahí los tiros. Entre otras cosas porque el propio Draghi, que está dispuesto a tomar nuevas medidas ‘no convencionales’ y a reducir tipos de interés ¡hasta 0,05%!, ha reclamado a los Estados miembros ‘reformas estructurales’ para que los préstamos del BCE tengan efecto. Ahí está la trampa, pues bien sabe la ciudadanía, y sobre todo la del sur de Europa, qué significan las ‘reformas estructurales’. Un miserable eufemismo de contrarreformas que aseguren la hegemonía de las élites, minoría rica o clase dominante, como prefieran, porque los tres términos significan lo mismo, y deje en la estacada a la mayoría ciudadana.

Que el BCE dé dinero a espuertas a los bancos no significa que la situación mejore de verdad. Para empezar porque este capitalismo que sufrimos está tan repleto de contradicciones que ya no tiene salida. Y en tanto no se regule y controle el mundo financiero, como primeras medidas, no hay solución. Porque la prioridad de la minoría rica es continuar siendo minoría y aún más rica. Por esa razón, los millones de euros para presuntos créditos cuanto más aliviaran o quizás mejorarán algo a muy pocos de los 500 millones que habitamos Europa, si finalmente algún crédito fluye. Pero la mayoría o grandes minorías continuarán sufriendo, porque la desigualdad está en el ADN de este sistema predador. Y la desigualdad es compañera inseparable de la pobreza.

Expresó la situación que sufrimos con sinceridad o desfachatez uno de los hombres más ricos del mundo, el estadounidense Warren Buffet, quien, a preguntas de un periodista, respondió: “Claro que hay lucha de clases, pero es mi clase, la clase de los ricos, la que libra esta guerra. Y la estamos ganando“. El beneficio de una minoría es lo que buscan y lo que interesa a esos pocos que acumulan la mayor parte de riqueza del mundo, no la justicia ni el bienestar de la mayoría.

Y entonces, ¿qué? Pues que cuanto más conscientes seamos de quien es el verdadero adversario de las clases trabajadoras y populares, y actuemos en consecuencia, antes veremos la luz al final del túnel.

Cambio climático y capitalismo

Los refugiados políticos en el mundo son 12 millones, pero los desplazados por consecuencias del cambio climático son  ya 25 y pueden llegar a ser 200 en 2050 según el informe Cambio Ambiental y Escenarios de Migración Forzada elaborado por siete universidades.

Africanos de Sudán, Eritrea, Somalia y Etiopía emigran a a Arabia Saudí, por Yemen, huyendo del avance de la desertización de sus países. La lluvia en Senegal ha disminuido un 50% en los últimos veinte años, han desaparecido tierras de cultivo y la gente emigra a Europa en cayuco. En Mozambique huyen miles de desplazados por inundaciones. Mucha gente emigra de Bangladesh, donde también sube el nivel del mar, y por destructoras inundaciones cada vez más frecuentes. Del archipiélago Tuvalu en el Pacífico emigran a Nueva Zelanda por la misma razón, la subida del nivel del mar. En China hay migraciones por el avance de la desertización. En la región andina de Ecuador disminuyen las lluvias y eso provoca más emigración a Europa. En Murcia y Almería de España avanza la desertización con grandes sequía. Los incendios incontrolables de Australia también tienen que ver con el cambio climático…

La aplastante evidencia de los efectos del cambio climático no parece mover a los gobiernos a tomar medidas que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero. Pero la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil sí son conscientes del grave problema. Por eso hubo hace unos días una multitudinaria movilización ciudadana global para exigir medidas contra el cambio climático. Millones de personas se manifestaron en 2.808 ciudades de todo el mundo para presionar a la Cumbre del Clima en Nueva York, ciudad en la que se movilizaron más de 300.000 personas.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU (GIECC) el cambio climático será causa de la desaparición de medios de sustento en zonas costeras y pequeños estados insulares por tempestades, inundaciones y subida del nivel del mar; riesgos graves para la salud y desaparición de medios de sustento de grupos urbanos por inundaciones en el interior; destrucción de infraestructuras y servicios vitales como agua, electricidad, instalaciones sanitarias por fenómenos meteorológicos extremos; más mortandad y enfermedades en períodos de gran calor y más hambre por destrucción de sistemas de alimentación; pérdida de recursos y sustento en zonas rurales por severa reducción del agua potable y de riego; pérdida de bienes y servicios en comunidades costeras y de pescadores en los trópicos y en el Ártico…

¿Se puede contener el aumento de temperatura global y el consecuente cambio climático? Sí, si se toman medidas, pero pronto, según el GIECC. Entre otras, transformaciones tecnológicas profundas y cambios en la conducta individual y colectiva para sustituir el consumismo por el consumo responsable. Y que el petróleo deje de ser la principal fuente de energía.

Para frenar el aumento de la temperatura de la Tierra a 2º C como máximo es imprescindible reducir la emisión de gases de efecto invernadero de un 40% a 70 %, según zonas, respecto a la emisión total de 2010. Más allá de 2º C, las consecuencias son catastróficas.

Desde la revolución industrial, la emisión de gases de efecto invernadero ha aumentado sin cesar. Esos gases alcanzaron un nuevo máximo en 2013, según un reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial. La concentración de dióxido de carbono, principal responsable del calentamiento global, aumentó en 396 partes por millón en 2013; el mayor aumento anual en 30 años. No aprendemos, pero el cambio climático es cuestión de vida o muerte: continuar la historia de la humanidad o desaparecer. Como desaparecieron los dinosaurios.

Según ha escrito el ecologista Florent Marcelleci “para evitar un aumento de temperatura de más de 2º (acordado en la cumbre de Copenhague de 2009), el PIB mundial tendría que disminuir más de un 3% anual; 77% entre hoy y 2050”. Y el economista francés Michel Husson, citado por Marcelleci, plantea un dilema: crecimiento y consecuencias climáticas desastrosas o reducir el PIB y recesión con duras consecuencias sociales. ¿Es así? ¿No hay otra alternativa? Los analistas estadounidenses Fred Magdoff y John Bellamy Foster sostienen que el dilema es propio del capitalismo, porque el capitalismo necesita crecimiento y el crecimiento lleva al desastre climático. Sin olvidar que lo de un capitalismo sostenible, en un sistema que se mueve por los beneficios, es el sueño de una noche de verano. Pero si sustituimos el capitalismo, como condición necesaria, es posible una civilización ecológica sin desigualdad. Ardua y dura tarea, sin duda, pero ¿hay otra opción?

Juzgar y condenar el franquismo, una asignatura pendiente

Los 150.000 desaparecidos en la guerra civil española y en la dictadura franquista constituyen el segundo genocidio del siglo XX después de la segunda guerra mundial, tras las feroces masacres de Camboya. La ONU ha vuelto a denunciar al gobierno español por esos desaparecidos.

Los topetazos del gobierno de España con la ONU vienen de antiguo. En 1946, la Asamblea General condenó el franquismo porque “el Gobierno fascista de Franco en España fue impuesto al pueblo español por la fuerza con la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista y no lo represental”. Entonces se retiraron los embajadores en España de casi todos los países y ésta no fue admitida en Naciones Unidas ni en ningún otro organismo internacional.

El 17 de marzo de 2006, otra instancia internacional, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenó de nuevo el franquismo, por haber “suficientes pruebas de numerosas y graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el régimen franquista. La evaluación del franquismo debe incluir una condena del mismo sin ambigüedades”.

Y hace unos días, el relator especial de la ONU sobre la dictadura franquista, Pablo de Greiff, presentó su informe sobre la misma y sus víctimas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El informe denuncia al Estado español por no resarcir a las víctimas de la guerra civil y dictadura y por no investigar los crímenes del franquismo.

El Gobierno español ha calificado el informe de erróneo e inexacto, pero sin aportar dato alguno, y lo ha hecho con una absurda y ridícula defensa de la Transición. El principal ‘argumento’ del gobierno del Partido Popular ha sido que el olvido y el perdón son la única vía para la “reconciliación”. ¡A estas alturas aún con esa basura! ¿Qué reconciliación puede haber con más de 150.000 hombres y mujeres desaparecidos por ser republicanos o de izquierdas?

Pablo de Greiff ha denunciado también al gobierno del Partido Popular por no ha cumplir las normas internacionales que obligan a España por la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra Desapariciones Forzadas y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Ambas firmadas y ratificadas por España.

El gobierno del Partido Popular, como hiciera el del PSOE de Zapatero, arguye que la Ley de Amnistía de 1937 impide juzgar a nadie por delitos cometidos durante la guerra civil o la dictadura. Pero no hay ley de amnistía que valga para los delitos de lesa humanidad, que no prescriben jamás, y son los perpetrados por la dictadura a juzgar. Y no pueden acogerse a amnistía alguna y se han de juzgar sí o sí porque así lo ordena el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, firmado y ratificado por el Reino de España.

El nuevo informe de Naciones Unidas es claro: “Es importante y urgente que España asuma su responsabilidad y elabore una política integral por la verdad y justicia a las víctimas”. Y propone al gobierno del Partido Popular 42 medidas, dándole 90 días para concretar cómo aplicarlas. Como ha hecho hasta ahora, el gobierno solo niega la validez del informe, pero ahí se queda. El Partido Popular discrepa siempre de los informes de la ONU sobre los crímenes de la Guerra Civil y del franquismo. Pero no solo eso. También ha invalidado de hecho la Ley de Memoria Histórica, que ofrecía alguna reparación a las víctimas del franquismo, sin pasar por el Parlamento ni siquiera con un decreto ley sino por el miserable modo de no atribuirle financiación alguna para el cumplimiento de esa ley.

¿Por qué? Porque este gobierno y el partido que lo sustenta son hijos, sobrinos, nietos y parientes de franquistas de pro. No son sucesores sociológicos del franquismo, como apuntó algún periodista hace años, son los herederos puros y duros, incluso biológicos de, quienes armaron y mantuvieron una de las peores dictaduras que han asolado Europa. ¡Y tienen la desfachatez de ir de demócratas!

A los problemas que ocasiona la crisis, la austeridad, los recortes, el retroceso social… cabe sumar en España el espíritu y cultura franquistas del gobierno y del partido que lo sustenta. Y de algunos otros más, por cierto. Mientras no se elimine ese franquismo enquistado, tampoco habrá resolución económica y menos aún social.

La salida de la crisis, un cuento chino

Noticias del Reino de España muestran como los desmanes neoliberales y la putrefacción económica (intímamente relacionados unos y otra) se han enseñoreado del escenario. Por ejemplo, la evasión fiscal del otrora admirado e indiscutible ex-presidente del gobierno autónomo de Cataluña, Jordi Pujol; el crecimiento del patrimonio de grandes fortunas con la que está cayendo y el capitalismo de favores y ventajista con ases en la manga. Veamos.

Pujol dio a conocer hace unas semanas que no había declarado la que dijo era herencia de su padre sino que la depositó en un paraíso fiscal durante más de treinta años, sin hallar nunca el momento de declararla. Por otra parte, no ha sorprendido que los pocos cientos de españoles miles que poseen un millón de euros (y los menos centenares que poseen más de 30) hayan incrementado su patrimonio casi un 10% de enero a junio de 2014. Mientras la muerte de Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, ha sido ocasión de elogios medidos y desmedidos, pero también recordatorio de presuntas irregularidades del sector financiero apenas olvidadas. Sospechas que motivaron al ex directivo de la banca Banif, Manuel Puerto Ducet, decir que Botín era “de profesión´, impune”. El libro de Puerto, en el hace tal afirmación, muestra al fallecido como líder de la oligarquía financiera que impone la voluntad de ésta al gobierno y al Banco de España.

Así las cosas, la crisis sirve, cuanto menos, para desvelar indicios y hechos de la merienda de negros que es la economía del reino. Capitalismo de amiguetes, como lo calificó el profesor Antoni Doménech. Capitalismo que cuajó en la dictadura franquista protagonizado por unas cuantas familias pegadas al régimen. Y ahí siguen. Capitalismo de favores, subvenciones y contratos públicos, de chalaneos y corrupciones varias. Más una clase política que mira hacia otro lado en el mejor de los casos. Juan Torres López lo resume al decir que “grupos de auténticos ladrones financieros llevan decenios enriqueciéndose a costa de engañar a los demás y quedarse con los recursos públicos”. Corrupción con mayúsculas.

Tanto es así que la Comisión Europea, que no se caracteriza por su progresismo crítico, señala al reino de España como el segundo país más corrupto de la Unión. No es de extrañar, pues, que la reducida minoría oligárquica, que se beneficia obscenamente apalancada en el extremo rico de la desigualdad, aumente su patrimonio. Además de las ayudas públicas estatales, desregulaciones financieras, desregulaciones económicas y laborales que convierten la actividad económica en una especie de jungla, no es menor la complacencia de Hacienda con las grandes fortunas y corporaciones.

Según denuncia GESTHA (Sindicato de Técnicos de Hacienda) una y otra vez, en España hay una economía sumergida de 253.000 millones de euros. Como poco. Y las perdidas del Estado por cotizaciones e impuestos no abonados suman 90.000 millones. GESTHA explica que, de esa enorme cantidad defraudada, el 72% corresponde a grandes fortunas y corporaciones. Así aumentan los ricos su patrimonio sin esfuerzo ni talento: no pagando impuestos. O pagando mucho menos por la descarada y legal, pero nociva, elusión fiscal. Elusión existente (modos y maneras de pagar menos legalmente) porque gobiernos y mayorías parlamentarias así lo quieren, pero no así la ciudadanía.

Además de que la minoría rica aumenta su patrimonio por obra y gracia de la llamada devaluación interna. En román paladino, congelar o rebajar salarios existentes o pagar salarios-basura a nuevos contratados, además de convertir el trabajo en una realidad cada vez más precaria.

En tal escenario, Mérkel y Rajoy se han jurado austeridad eterna, mientras la OCDE pide al presidente español que continúe perpetrando lo que llaman reformas. Es decir, más recortes de derechos económicos y sociales de la gente común, mientras los parados continúan siendo seis millones, hogares con todos sus miembros desempleados ya son casi dos y más de un millón de parados no tiene ingreso alguno. Y la ciudadanía en riesgo de pobreza ya es un 27% de la población.

¿Alguien cree que con estos mimbres, con esas gentes que nos mangonean, saldremos de ésta ?

El saqueo continúa

Una ilustración humorística de El Roto muestra a un hombre joven fregando una gran olla mientras dice: “Soy licenciado en física cuántica, pero ahora trabajo de lavaplatos en Londres para pagarme los estudios de camarero en Berlín”. Ironía gráfica que ilustra las peores secuelas de la política de austeridad contra viento y marea en la vieja y caduca Europa: el paro y el trabajo precario que conlleva el riesgo real de pobreza.

Pero, por lo visto, los gobiernos de Europa no aprenden. Ángela Merkel y Rajoy, presidente del gobierno español, se han reunido para reafirmar el compromiso de imponer la austeridad en tanto que Merkel ha aplaudido el afán de Rajoy para hacer reformas. Lo que ellos llaman reformas, que no son tales, porque reforma es lo que se propone, proyecta o ejecuta como innovación y mejora en algo. Que no es el caso. Rajoy, además tiene la pretensión de que “en España empezamos a ver los frutos de las reformas”, haciendo bueno el dicho popular de que no hay peor ciego que quien no quiere ver. Porque los datos y hechos del sufrimiento mayoritario de la ciudadanía están ahí, a la vista. Pero ellos insisten en mantenella e non enmendalla por más que economistas de escuelas diversas y algunos premios Nobel de economía digan alto y claro que la austeridad no es el camino. A lo que añadir los hechos tozudos: Europa no avanza ni se recupera.

Lo inmoral de esta injusticia social generalizada, del saqueo de las rentas de las clases trabajadoras, es que el armazón del control del déficit público, razón de ser de la austeridad, tiene un fin indecente, habida cuenta del sufrimiento generado: que los bancos alemanes, también holandeses y franceses, aunque menos, cobren sin falta los intereses de los abundantes préstamos que concedieron alegremente en el desarrollo de la burbuja inmobiliaria, entre otras irresponsabilidades. Una ecuación sencilla. Para que el sector financiero y sus adláteres mantengan sus beneficios, la ciudadanía lo pasa mal o muy mal.

Pero no sólo Alemania y España están tocadas por la nefasta austeridad. En Francia, el presidente Hollande, que dice ser socialista, ha disuelto el nuevo gobierno porque le habían salido ministros díscolos que se oponían a la corrosiva austeridad. Y, para que no haya dudas del camino elegido, Hollande ha designado como ministro de economía a Emmanuel Macron, brillante neurólogo y economista que, entre otras cosas, fue socio de la banca Rothschild varios años. Varios analistas han escrito que Hollande comete el mismo error que Mitterrand: girar hacia la derecha. Un error que los socialdemócratas perpetran a diario. A Mitterand el giro conservador le supuso que el Partido Socialista Francés perdiera las siguientes elecciones y , si Hollande se presentara hoy, la derrota sería muy considerable.

 Y es que estos socialdemócratas europeos no aprenden.

En el reino de España, donde los socialdemócratas convirtieron en texto constitucional la prioridad del pago de los intereses de la deuda, es además paradigma del más rancio y feroz neoliberalismo de recortes presupuestarios (salvo para ayudar a la banca). Pero el déficit no se ha reducido de modo significativo y la deuda pública alcanza ya el billón de euros. Una deuda triplicada en los años de gobierno del Partido Popular. Hoy, más del 98% del Producto Interior Bruto.

La política de austeridad y un consecuente crecimiento ridículo mantiene un paro del 26%. Con un muy preocupante aumento del trabajo precario muy mal pagado. Más reducciones salariales sistemáticas del 2% anual, según la OCDE. Aunque los salarios disminuyeron casi un 10% en los nueve primeros meses de 2013 comparado con el mismo tiempo de 2013. Según el Consejo Empresarial de Competitividad, los costes laborales en España son un 20% inferiores a la media europea, que ya es ser… Y todo incide en el consumo interior. Negativamente, por supuesto. Y si no hay demanda interna… Incluso la OCDE reconoce que las bajadas salariales de esa magnitud causan penurias a los trabajadores y sus familias. ¿Cuánta estrechez soportan los 1.830.000 hogares españoles en los que todos sus miembros están en paro según la Encuesta de Población Activa? Por cierto en 2008 solo había 180.000.

La reiteración en las llamadas reformas, los recortes sociales y las reducciones salariales, propósitos reafirmado en el citado encuentro entre Merkel y Rajoy de este verano, anuncian más dureza, más pobreza y más sufrimiento de más gente. Y, justamente, más resistencia ciudadana, que habrá que ver cómo es y hasta donde llega.