La deuda como amenaza

Según el Banco de España, la deuda pública española es de algo más de un billón de euros. El 97,1% del PIB. Es decir, de toda la riqueza nacional. La deuda se ha triplicado desde que empezó la crisis; en 2007 era un 36% del PIB y hoy es casi el 100%. Una deuda que es impagable, una deuda que es imprescindible auditar y reestructurar.

En el Reino de España, los intereses de la deuda a pagar en 2015 sobrepasan los 35.000 millones de euros. Casi una quinta parte de lo que se ingresará por impuestos. De reducirse los intereses de la deuda pública, los países de la eurozona, España incluida, tendrían presupuestos con superávit. O, dicho de otro modo, si los gobiernos hubieran sido financiados por el Banco Central Europeo al interés con el que generosamente financia a la banca privada, la deuda pública europea sería mínima. Y es que la utilización de la deuda no es técnica, inocente, neutral ni imparcial. Los bancos han destinado el dinero barato del BCE para pagar los créditos con los que alimentaron la burbuja inmobiliaria y para comprar deuda pública con la que obtienen beneficios a costa del erario público.

Que la deuda sea impagable hace imprescindibles moratorias, reestructuraciones, suspensiones y quitas. Medidas normales en el capitalismo, como lo fueron en el feudalismo y antes. En la Babilonia de Hammurabí, hace cuatro mil años, hubo una treintena de reestructuraciones de deuda, incluidas cuatro anulaciones.

Pero no hay que ir tan lejos para comprobar que reestructuraciones y quitas de deuda son actuaciones frecuentes. Por el Acuerdo de Londres de 1953, 25 países acreedores aceptaron anular un 62% de la deuda externa alemana. Reducción que fue clave para la rápida recuperación y posterior desarrollo de la República Federal Alemana. Reinhart y Trebesch nos ofrecen algunos datos históricos sobre otras reestructuraciones de deuda cercanas; las amplias reducciones de deuda pública de Francia o Italia tras la conflagración mundial del 52% y 36% respectivamente respecto a su PIB de 1934. La deuda fue condonada en su mayor parte, olvidada y, tras la reestructuración, mejoraron las condiciones económicas y ambos países crecieron.

La reestructuración o anulación de deuda pública es voluntad política, no cuestión técnica. Como también es voluntad política decidir a quién beneficia una reestructuración de la deuda. ¿A la ciudadanía? ¿A la minoría que detenta el poder económico? La deuda pública se utilizó en los noventa para obligar a América Latina a aplicar políticas neoliberales. El mecanismo era sencillo: para lograr préstamos del Banco Mundial, había que cumplir las condiciones que imponía el FMI. Que eran ajustes estructurales (despidos masivos y patente de corso para el capital), privatizar todo lo público y rebajar salarios. Chantaje puro y duro.

Desde hace tres décadas, es política neoliberal aumentar el endeudamiento de la mayoría de países para controlarlos o incidir en sus políticas. En la vieja Europa la deuda ha aumentado extraordinariamente por los tratados de Maastrich y Lisboa que prohíben al Banco Central Europeo prestar directamente a los gobiernos, pero no a los bancos privados. Con la caída de ingresos del Estado, por las rebajas de impuestos a los que más poseen y más ganan, los gobiernos recurren a la banca privada que compra sus bonos de deuda a interés más alto. Es el mecanismo de aumento de la deuda pública en Europa y de control que cierra así el círculo del uso torticero de la deuda.

Puesto que el modo clásico de producción flaquea desde hace décadas para obtener los beneficios que pretendía la clase dominante, la deuda pública se ha convertido en manos del poder económico y de sus gendarmes (FMI, BCE, CE…) no solo en mecanismo de control político sino también en medio para conseguir esos anhelados beneficios. En modo de acumulación de capital. Como también lo son la austeridad fiscal por trasvase de rentas de las clases populares a las élites, la corrupción (apropiación ilegal directa del contenido de las arcas públicas) y la especulación financiera desaforada. Si la deuda pública es hoy medio de acumulación, es un modo de explotación y de dominio.

Por todo ello, hacer frente a la deuda, auditarla, reestructurarla y reducirla, pensando sobre todo en la gente, es obligatorio para defender los derechos de la mayoría, para empezar a cambiar las cosas y construir otro mundo posible más decente.

La tan traída y llevada corrupción es parte del sistema capitalista

Corrupción es soborno. Que funcionarios y políticos profesionales se apropien de fondos públicos. Que se manipulen o distorsionen datos e informaciones en concursos o negocios públicos en beneficio de corruptores y corrompidos. Que se oculten y manipulen datos para no pagar impuestos. Que se oculten fortunas. Que empresas e individuos tengan ventajas y privilegios en la obtención de contratos y recursos públicos… Hace unos días, en el Reino de España fueron detenidos más de cincuenta políticos, funcionarios y empresarios por prácticas corruptas organizadas. La mayoría, políticos del gobernante Partido Popular. La investigación intenta concretar quienes cobraron comisiones hasta 250 millones de euros en total por conceder contratos públicos. Es la operación Púnica… pero ya hay otra en marcha, Enredadera.

En España hay unas 1700 causas por corrupción con cientos de imputados. Nombres ‘ilustres’ de la política, la empresa, las administraciones públicas, la burocracia sindical y las instituciones del Estado aparecen en la larga lista de cientos y cientos ya imputados o que lo serán. Como Acebes (que fue ministro de Interior), Rato (ex-vicepresidente económico), Bárcenas (que fue tesorero del Partido Popular), Urdangarín, (cuñado del rey Felipe VI), Cristina de Borbón (hermana del rey), Blesa (que fue presidente de Bankia), Pujol (presidente del gobierno autónomo de Cataluña más de veinte años)… La corrupción ocupa portadas un día tras otro.

Pero la corrupción no es solo problema español. En absoluto. Como muestra de enorme escándalo de corrupción, en julio de 2003 se destapó una de las mayores tramas corruptas de Europa. Eurostat, el servicio de estadística de la Unión Europea, había actuado durante años como una empresa mafiosa. Doble contabilidad, contratos falsos, contratos inexplicables, aumento contable de costes, ofertas ficticias, fondos secretos, oscuros movimientos de docenas de millones de euros… Y hace unos días, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desveló que se firmaron 548 acuerdos secretos entre el paraíso fiscal Luxemburgo (miembro de la Unión Europea) y 340 grandes empresas… para evadir impuestos. Ocurrió cuando era primer ministro de ese pequeño país el actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker y cuando el ministro español de economía, de Guindos, era responsable financiero de la consultora PwC, una de las cuatro empresas que organizaron las trampas fiscales de cientos de multinacionales para no pagar impuestos o apenas pagar.

¿Cómo no ha de haber corrupción si el Fondo Monetario Internacional contribuyó a grandes corrupciones, tal vez ignorante pero sin duda imprudente e irresponsable? En los noventa, el FMI prestó a Rusia más de 20.000 millones de dólares sin controlar el destino de ese capital y altos funcionarios del gobierno de Yeltsin desviaron 500 millones de dólares, mientras respetables bancos estadounidenses aceptaban abrir depósitos con cantidades obscenas de ignorado origen, abiertos por políticos corruptos y delincuentes similares. Según el Congreso de EEUU, el origen de esas fortunas se ocultó por sistema. El Citibank abrió 350 cuentas secretas con dinero de origen inexplicable y la mafia rusa utilizó el Bank of New York para blanquear 10.000 millones de dólares. Bancos estadounidenses y europeos contribuyeron a blanquear más de 200.000 millones de dólares e total, fruto del saqueo del patrimonio público ruso tras ser privatizado. Rosa Jansen, ex-vicepresidenta del Tribunal de Utrecht, fue profeta al afirmar entonces que “estamos ante el nacimiento de la corrupción supranacional”. Y muy organizada, cabría añadir.

Contra la errónea idea de que la corrupción es propia de países poco desarrollados, además de recordar que en toda corrupción hay dos: corruptor y corrompido, es evidente que la corrupción está instalada muy a gusto en los países ricos. Así lo demuestran los numerosos escándalos que han estallado desde los años noventa de Eurostat, Enron, World Com, Parmalat… y otras grandes empresas. O que el presidente Bush y el vicepresidente Cheney estuvieran bajo sospecha antes de ocupar la Casa Blanca. Y también que la mayoría de grandes empresas alemanas se hayan sentado en el banquillo de los acusados en los últimos años. Que en los últimos años de gobierno de Felipe González la corrupción se llevara gran cantidad de titulares. Que en Francia el presidente Sarkozy se viera salpicado por asuntos de corrupción. O que Silvio Berlusconi utilizara en Italia su mayoría parlamentaria para aprobar leyes de inmunidad que le permitieran escapar de condenas seguras por corrupción…

La corrupción parece el cuento de no acabar, pero, cuidado, no caigamos en la trampa de considerar la corrupción como algo excepcional, con la misma excepcionalidad del asesinato en la vida cotidiana de la gente común. Porque lo cierto es que la corrupción no solo son graves infracciones del Código Penal, sino que ya es otro modo de acumulación de capital del neoliberalismo. Como lo son la especulación financiera desatada, la austeridad fiscal y la deuda como medio de dominio. Pues podemos afirmar con seguridad que la corrupción se ha instalado en todo el mundo para quedarse. Mientras haya capitalismo, claro. Porque es parte esencial del sistema.

Este régimen monárquico bipartidista apesta cada vez más a franquismo

María Servini, jueza instructora de la querella en Argentina por crímenes del franquismo, ha ordenado, por aplicación de la justicia universal, la detención de 20 presuntos criminales franquistas de lesa humanidad . Ocho eran ministros durante la dictadura, responsables de las últimas sentencias de muerte del franquismo o del asesinato de cinco trabajadores y más de cien heridos en la ciudad vasca de Vitoria. Dos peticiones anteriores de extradición de sendos torturadores fueron rechazadas por la Audiencia Nacional. ¿Que pasará con esta nueva petición de extradición? No parece que sea atendida, pues, como denuncia Tomás F. Ruiz, incluso “aunque el PSOE gobernara en un futuro próximo, no entregaría a la justicia argentina a esos veinte acusados de crímenes. Gozan de una impunidad previamente pactada”.

Todos los gobiernos de España desde 1977 han respetado el obsceno pacto de silencio de los crímenes del franquismo. Por eso aún hay 150.000 desaparecidos por la Guerra Civil y la represión franquista posterior. “En España se oculta uno de los peores genocidios del siglo XX – ha denunciado el abogado Carlos Slepoy, promotor de la querella por los crímenes del franquismo-. Se habla de la Guerra Civil como enfrentamiento entre hermanos, pero fue un plan frío y premeditado para eliminar a los sectores de sociedad española opuestos a la dictadura franquista.”

En 1946, la Asamblea General de la ONU declaró que, “el Gobierno fascista de Franco fue impuesto al pueblo español por la fuerza con la ayuda de las potencias fascista y nazi y no representa al pueblo español”. Y el más cercano 17 de marzo de 2006, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenó otra vez el régimen franquista por sistemáticas violaciones de derechos en España de 1939 a 1975, porque “hay suficientes pruebas de graves y numerosas violaciones de Derechos Humanos, perpetradas por el régimen franquista.”

Pero el franquismo no desaparece. En una España con una de las tasas de delincuencia más bajas de Europa, según informe del propio Ministerio del Interior, que hace de este país “uno de los más seguros de Europa”; en un país donde en un par de años ha habido miles de manifestaciones sin incidentes graves (salvo unos pocos causados por provocadores), el Partido Popular decide reformar el Código Penal y saca de la chistera una innecesaria y represora ley de Seguridad Ciudadana a la que la sabiduría ciudadana ha bautizado como Ley Mordaza.

La nueva normativa supone que manifestarse en transportes y alterar su funcionamiento se castigue con multas de 30.001 a 600.000 euros. Que organizar manifestaciones donde haya incidentes (y los incidentes son fáciles de provocar) puede costar un año de prisión. Que impedir un desahucio cueste 30.000 euros de multa. Que manifestarse en una oficina bancaria cueste 6 años de prisión. Que la policía pueda disolver movilizaciones solo por sospechas, sin más. Que vigilantes de empresas de seguridad privada puedan controlar el orden público. Y que la resistencia pasiva no violenta se castigue con multas de 30.000 euros. Gandhi lo tendría crudo en esta España neofranquista. Lo hubieran arruinado a multas.

Carlos Martínez ha denunciado que “ya no hay presunción de inocencia, porque la simple acusación de un policía convertirá en culpables a los ciudadanos. Y los provocadores infiltrados lograrán que quienes convoquen una manifestación pacífica o participen en ella puedan ser condenados. Los grupos informativos en huelgas, directamente a la cárcel. Los pacíficos escraches podrán ser delito con suma facilidad. Pintar un graffiti será delito de daños…”

A los viejos del lugar, todo esto nos recuerda mucho la dictadura franquista. Las nuevas leyes son una pérdida clara de derechos, porque limitan todas las libertades para liquidar la protesta social y ciudadana. Como en la dictadura. La ley Mordaza, la reforma del Código Penal y la ley de Seguridad Privada apestan a franquismo. Tal vez porque los actuales gobernantes y mandatarios del Reino de España tienen nostalgia de lo que hacían sin cortapisas en la dictadura sus abuelos, padres, tíos y suegros.

Y, si alguien aún duda de que este país continúa siendo bastante franquista, sepa que el Regimiento de Caballería Acorazada Lusitania 8 se ha entrenado con material antidisturbios para “contención y control de masas civiles“. Como en las pasadas dictaduras latinoamericanas.

Soportamos una banca privada adicta al dinero público fácil

Si la banca privada no da créditos y solo se beneficia a sí misma, ¿para qué queremos la banca privada? ¿En que beneficia a la ciudadanía, a la gente común, que la banca española haya superado los dichosos test europeos de solvencia, llamados de estrés? Claro que han superado esos test porque, además del ingente rescate bancario con cientos de miles de millones de euros de los últimos años, les han tolerado maquillar sus balances con ocultaciones, trampas y dispensas contables más ayudas normativas que les han permitido registrar beneficios sin reflejar su verdadera situación patrimonial, nada boyante por cierto, sin contar las pérdidas reales.

¿Cómo no superar los test tras las inyecciones de liquidez, aportaciones de capital, garantías, ahorro de impuestos y avales más los préstamos del Banco Central Europeo que elevan entre todo las ayudas públicas a la banca española a 1,4 billones de euros?

Se han superado los test, pero el crédito no fluye. Lo reconoce el propio FMI que, tras haber estudiado 300 grandes bancos de economías avanzadas, diagnostica que “las entidades financieras no tienen músculo financiero suficiente para apoyar la reactivación”. ¿Cuánto dinero público más necesitan para lograr la musculatura necesaria? Y, entre esos trescientos, están los bancos españoles. Todos dependen de las ayudas públicas o se hubieran hundido hace tiempo.

Lo ha contado alto y claro Marco Antonio Moreno, especialista en el mundo financiero: “El sistema financiero se ha vuelto dependiente de las inyecciones de dinero barato. Y cuando alguien como Janet Yellen (presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central estadounidense) dice que el dinero barato llegará a su fin, el pánico inunda las bolsas. Porque lo cierto es que no se puede esperar nada más de una banca adicta al dinero barato, que se le dio para la reactivar la economía, pero que utiliza para especular más”.

Así es, el dinero que presta baratísimo el Banco Central Europeo (BCE) sirve para comprar bonos de deuda pública y ganar 6 veces lo invertido. Sólo por mover el dinero del BCE a las arcas estatales. Es la cruda realidad de la banca española. Una banca que solo trabaja para sí, inútil para la ciudadanía. Pero lo cierto es que se necesita dinero real, no apuntes contables ni activos diferidos. Verdadero dinero real, porque la economía real se estanca por falta de demanda y por ausencia de crédito. Pero ese crédito no lo proporciona la banca privada. Y, para más inri, la banca española, tras superar los test inútilmente (porque el crédito brilla por su ausencia), aún pedirá 18.000 millones de euros más en la barra libre de liquidez del BCE de diciembre, a tipos muy baratos por supuesto. En la barra libre de hace unos meses, Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Popular y Bankia consiguieron 15.000 millones de euros entre todos. El cuento de nunca acabar. Dinero público fácil.

Los bancos españoles son yonquis financieros, adictos al dinero público fácil pero, si las ayudas que devoran sin cesar son públicas y ellos no dan el crédito necesario porque su situación patrimonial de pena no lo permite, a pesar de los test, ¿por qué continuar ayudándolos? ¿No sería mejor comprobar ya que, por grandes que sean, es mejor dejarlos caer? Porque el principio o mantra too big to fail, “demasiado grandes para dejarlos caer”, ha sido y es un engaño para que los bancos grandes se comieran a los pequeños y no cesen las ayudas públicas.

El economista y profesor Juan Torres ha recordado que “las ayudas a los bancos que provocaron la crisis ni siquiera han limpiado sus balances y el FMI ha señalado que solo en Europa los bancos acumulan 800.000 millones de euros en activos tóxicos, lo que puede provocar nuevas quiebras en un futuro inmediato”. Así están las cosas y el problema continúa. En realidad, las ayudas públicas a la banca han servido para hacer aún más fuertes a los bancos. Para especular. Pero empresas y familias continúan sin poder financiarse. Y la economía no arranca. ¿No hubiera sido más barato y eficaz haber adquirido la banca privada quebrada, en vez de sanearla para privatizarla, y construir un nuevo sistema financiero público al servicio de la economía real? Yo diría que sí.

Trabajadores asalariados, pero pobres

Quien no tiene garantizada la existencia material no tiene libertad y que las personas tengan asegurada la existencia material es condición sine qua non para vivir en libertad. Lo razona y argumenta, entre otros, el profesor de la Universidad de Barcelona, Daniel Raventós. De esa certeza se deduce que, a los muchos males que soportan grandes sectores de la ciudadanía (con la realidad y también pretexto de la crisis) hay que sumar la pérdida de libertad.

Como asevera Eduardo Galeano, “este sistema asesino mata hambrientos en lugar de matar el hambre y está en guerra contra los pobres, pero no contra la pobreza”. Hasta el punto de llegar al infame dislate de que hoy, en la vieja, predadora y egoísta Europa, tener un trabajo asalariado no garantiza dejar de ser pobre.

De norte a sur y de este a oeste, trabajadores y trabajadoras pobres, aún con empleo remunerado, no pueden escapar de la pobreza. Cada vez hay más pobres y además son mucho más pobres.

En el Reino de España, la fundación 1 de mayo ha publicado el informe “Pobreza y trabajadores pobres en España” que asegura que más del 12% de trabajadores españoles están por debajo del umbral de la pobreza. Un porcentaje solo superado por Grecia (15%) y Rumanía (19%). Pero no echemos las campanas al vuelo porque esos serían los casos a destacar, el furgón de cola. No. En la próspera Alemania, la locomotora de Europa, los salarios medios y bajos bajan más aún, la brecha salarial crece y una parte considerable de la clase trabajadora corre el riesgo real de empobrecer. A sumarse a los que ya son pobres.

Ya en 2011, un informe de la Comisión Económico-Social de Naciones Unidas denunciaba que uno de cada cuatro niños alemanes iba al colegio sin haber desayunado y que dos millones y medio de niños vivían en la pobreza en la considerada locomotora europea. Y hace un par de años, la BBC y otros medios informaron que más de siete millones de trabajadores sobreviven con miniempleos por los que perciben 450 euros mensuales. La doble contrarreforma del sistema de Seguridad Social y del mercado laboral que se perpetró con la llamada Agenda 2010 (definida por el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung como el mayor recorte de prestaciones sociales desde 1949) está en el origen del empobrecimiento de la clase trabajadora. En la próspera Alemania también sucede que no basta tener empleo para escapar de la pobreza.

¿Qué hay entonces del segundo milagro alemán con el bajo índice de paro? Pues que según el partido Los Verdes y algún diputado socialdemócrata, el gobierno maquilla la realidad del empleo y censura los datos reales sobre el mismo así como la calidad de los empleos. Pero lo cierto y comprobado es que millones de personas en Alemania no pueden vivir de su corto salario y se ven obligadas a solicitar ayuda estatal social para no caer en la indigencia.

La cuestión no es crear muchos empleos sin más, sino crear empleos remunerados con salarios que permitan vivir. La excusa para justificar esta situación es la crisis. Pero ¿crisis como desequilibrio económico y financiero o saqueo de las clases trabajadoras y populares por el capital? Y más aún, ¿hay verdadera voluntad de afrontar la susodicha crisis?

Desde que lo argumentó Marx, sabemos que “la causa final de toda crisis es siempre la pobreza y el limitado consumo de las masas”. La salida, por tanto, sería aumentar la capacidad de consumo de esas masas que, mira por donde, coinciden con las clases trabajadoras que se empobrecen.

Pero las élites no están por esa labor. No es casualidad que el 1% de la población mundial (72 millones de personas frente a más de 7.000 millones) posea la mitad del capital de la Tierra, mientras la otra mitad de recursos y riqueza se reparte también muy desigualmente entre el 99%. Son datos de Crédit Suïsse, una banca nada sospechosa de ser de izquierda.

Crecen la desigualdad y la pobreza en Europa, en el mundo. Y no es desgracia, tampoco accidente ni incompetencia de las clases dirigentes. Harvey lo llama acumulación por desposesión. Acumulación exponencial de beneficios de unos pocos a costa de la desñosesión de la mayoría de la población trabajadora. Y cabe recordar ahora que, como asegura la siempre prudente Amnistía Internacional, “la pobreza no es inevitable, es causa y consecuencia de violaciones de derechos humanos. Tiene responsables y han de rendir cuentas”.

Hay que frenar el tratado de inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos

Cientos de miles de ciudadanos se han manifestado hace unos días por las calles y plazas de veintidós países europeos. Se movilizaban contra el tratado de inversión que negocian en secreto la Unión Europea y Estados Unidos, TTIP por sus siglas en inglés. La ciudadanía reclama que se olvide para siempre ese tratado. Que se entierre.

Abundando en la exigencia de retirarlo definitivamente, recordemos a modo de inventario algunas consecuencias del TTIP, si fuera firmado. Desaparición en la práctica del derecho de huelga, eliminación de negociación colectiva y, por supuesto, salarios cada vez más bajos y empleos más precarios. La feroz competencia sin control de las grandes empresas a las medianas y pequeñas provocaría que cierren miles de éstas y se destruyan un millón de empleos, según cálculos diversos.

Los servicios públicos de sanidad, educación pública, suministro de agua potable, gestión de residuos, transporte se convertirían en negocios privados en manos de grandes empresas. Y la igualación de normas de Estados Unidos y Europa se haría escogiendo las peores, además de impedir a los gobiernos cualquier política social.

En el ansia de privatizar todo lo público, las pensiones de la seguridad social se reducirían en beneficio de las pensiones privadas hasta que los asalariados crean que han de contratarlas para conseguir una pensión aceptable. Sin olvidar que esas pensiones privadas (rentas de inversiones de grandes fondos) dependen de las veleidades de la especulación financiera. Los pensionistas privados holandeses, por ejemplo, lo han comprobado para mal a partir de 2009 por la crisis.

En agricultura, las grandes corporaciones multinacionales controlarán las semillas y la producción de alimentos, eliminando explotaciones agrarias medias, pequeñas y desapareciendo la agricultura familiar en beneficio de las perjudiciales grandes explotaciones agrarias industriales que, además, impiden el equilibrio ecológico. Y, por supuesto, habrá vía libre para los productos transgénicos. También desaparecerán las normas de seguridad de alimentos y en nuestros supermercados se venderán pollos lavados con cloro o terneras engordadas con hormonas.

El cambio climático será mayor amenaza aún porque, fruto de la desregulación campante, no habrá el menor control real de las emisiones de dióxido de carbono. Por descontado, la fractura hidráulica (fracking), muy perjudicial método de extracción de petróleo a miles de metros de profundidad, se extenderá por Europa y habrá más riesgo de terremotos así como la segura contaminación de aguas subterráneas, vitales en las zonas secas.

Y, por supuesto, se suprimirán los escasos controles que pudiera haber aún para frenar algo la especulación financiera desatada, olvidando de forma criminal, pero también estúpida, que la crisis que sufrimos, y de la que no acabamos de salir, estalló por el descontrol del sector financiero y la ausencia de regulación.

Pero aún hay más, como la creación del llamado Mecanismo de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés). El ISDS sencillamente convierte la democracia en un decorado.

Consiste tal engendro en unos pretendidos tribunales de arbitraje internacional, que no son tales sino tres caros abogados privados, que resolverán las demandas que presenten empresas y corporaciones cuando crean que el Estado perjudica sus beneficios actuales o futuros por las medidas que tome el gobierno. Medidas para atender necesidades de la ciudadanía, satisfacer sus derecho,s garantizar la seguridad de los alimentos o proteger el medio ambiente. A esos abogados no los elegirá ciudadanía alguna ni los controlará ninguna institución democrática. Y, todavía peor, sus fallos serán inapelables.

Sabemos cómo funcionan esos falsos tribunales porque esos mismos inventos de arbitraje figuran en otros tratados bilaterales de inversión. Por ejemplo, la República de Uruguay fue condenada a pagar a Philip Morris 1.467millones de dólares. La tabacalera demandó al gobierno porque éste mandó poner en las cajetillas de tabaco que fumar perjudica la salud.

El fraude de las demandas de multinacionales (porque fraude o estafa es) se convertiría en un freno real de la acción de los gobiernos porque, ante la amenaza de reclamaciones multimillonarias por proteger los derechos de la gente y la naturaleza, muchos gobiernos tendrán la tentación de no tocar esas cuestiones. Y la soberanía ciudadana electoral será inútil porque de hecho mandarán las multinacionales con sus demandas y presiones.

Es obvio que hay que frenar el TTIP. Que desaparezca. En 1998 ya se paralizó la firma de un precedente casi tan maligno, el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) por la movilización ciudadana global. Y podemos volver a hacerlo.

El capitalismo perjudica seriamente la salud

En la vieja Europa se dispara una alarma. Ha llegado el ébola. En Madrid, una enfermera que cuidó a un sacerdote enfermo de esa fiebre hemorrágica letal ha contraído la enfermedad. El ébola ha saltado de la empobrecida África a la desarrollada Europa.

Más allá de los miedos de los países desarrollados, ébola, malaria, sida, cólera, sarampión y el mismo ébola matan en silencio a millones de personas. Especialmente en África. Millones.

En 1976 se identificó el virus del ébola como causante de una enfermedad especialmente peligrosa, pero 38 años después, la enfermedad sigue ignorada por los países desarrollados y no se sabe de nadie que investigue en serio para curarla o prevenirla. Mientras aumentan los infectados y los muertos. Pero curar esa dolencia, ni las otras citadas no es negocio, por ahora, por eso no se investiga o se investiga poco.

Las grandes empresas farmacéuticas no tienen interés alguno en hallar medicamentos y vacunas contra las letales enfermedades que azotan a los países pobres. Pero gastan en publicidad y mercadotecnia el doble de lo que invierten en investigación y desarrollo.

Que el espíritu y voluntad del muy capitalista sector farmacéutico es conseguir cuantos más beneficios, mejor y nada más, lo ratifica el consejero delegado del gigante de los medicamentos, Bayer, Marijn Dekkers: “Bayer desarrolla medicamentos para los pacientes occidentales que pueden permitírselo”. Más claro, agua cristalina.

La negligencia y abandono de investigaciones contra enfermedades de los pobres tiene que ver directamente con la búsqueda de beneficios. Los pobres no pueden pagar las medicinas que les curarían y, por tanto, no hay negocio.

La mortandad por enfermedades que castigan sobre todo a países empobrecidos tiene mucho que ver también con los ‘ajustes estructurales’ a los que obliga el Fondo Monetario Internacional si los estados africanos, por ejemplo, quieren obtener créditos del Banco Mundial. Esos ‘ajustes’ son especialmente privatizaciones de lo público y rebajas de gasto social, especialmente en sanidad. Mientras la Organización Mundial de la Salud indica que el gasto público mínimo en sanidad pública ha de ser un 15% de los presupuestos generales, en África la media es un 5%.

Otra actuación capitalista es crear enfermedades que solo existen en la codiciosa voluntad del sector farmacéutico. Las farmacéuticas presentan como enfermedades procesos naturales de la vida humana como menopausia, timidez, tristeza por hechos o pérdidas dolorosas o pérdida de potencia sexual a partir de cierta edad. ‘Enfermedades’ que han de medicarse, claro, y no con fármacos baratos. Para lograr ese engaño universal, cuentan con la persuasión o soborno de algunos médicos y sobre todo con enormes inversiones en mercadotecnia y publicidad para enredar al público, haciéndole creer que problemas vitales normales son patologías que se curan con píldoras.

El psiquiatra estadounidense Allen Frances ha declarado como práctica funesta también la creciente medicalización de la vida en psiquiatría. Por su parte, el Nobel de Química de 2009, Thomas Steitz, ha denunciado que “grandes farmacéuticas han cancelado sus investigaciones de antibióticos porque curan a la gente y esas empresas no quieren curar a la gente sino vender fármacos que haya que tomar toda la vida”. Es otro gran fraude de uno de los sectores más potentes del sistema, el farmacéutico, que muestra claramente su innegable amoralidad.

Que el sector farmacéutico es capitalismo puro lo indica que, en la lista de las 500 mayores empresas del mundo, los beneficios de las 10 mayores farmacéuticas superan los de las otras 490 empresas de esa relación. El remate de la calaña del capitalismo a partir de ese potente sector lo expresa la monja y médico internista catalana, Teresa Forcades, quien, en su obra Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas afirma que “en 2000 y 2003, la casi totalidad de grandes compañías farmacéuticas pasaron por los tribunales de Estados Unidos, acusadas de prácticas fraudulentas. Ocho de dichas empresas fueron condenadas a pagar más de 2,2 billones (anglosajones ) de dólares de multa. En cuatro casos las farmacéuticas implicadas (TAP Pharmaceuticals, Abbott, AstraZeneca y Bayer) reconocieron su responsabilidad en actuaciones criminales que pusieron en peligro la salud y vida de miles de personas”.

Por tanto es completamente correcto del todo asegurar que el capitalismo perjudica seriamente la salud.