Desigualdad obscena y capitalismo

abril 21, 2014 Deja un comentario

Hace unos días, Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial, denunció que 1.000 millones de personas viven hoy en la pobreza más extrema. La séptima parte de población, casi un 15% de habitantes de la Tierra. Para señalar la enormidad de la situación, Kim indicaba que “para acabar con esa pobreza extrema se necesitaría que un millón de personas dejara de ser pobre cada semana durante 16 años”.

Hace algo más de cuatro años, José Vidal Beneyto denunciaba que “cada tres segundos muere un niño por sufrir pobreza y frente a ello cada día se multiplica vertiginosamente la fortuna de los más ricos”. Vidal Beneyto comprendía que, si hablamos de pobreza extrema, hay que hablar de su causa final: la riqueza extrema. Los informes de la ONU sobre desarrollo y recursos humanos permiten concluir que es falaz pretender que la pobreza no pueda ser eliminada de raíz. En absoluto es inevitable. Lo cierto es que malnutrición, hambre, muchas enfermedades, explotación, analfabetismo, mortalidad infantil… desaparecerían si acabaramos con el actual orden social cuyo principal objetivo real (no el pregonado, claro) es aumentar la riqueza de los ricos.

Citaba Vidal Beneyto un informe de Emanuel Saez y Thomas Piketty que exponía que el 1% de habitantes más ricos de Estados Unidos poseía una fortuna superior a lo que tenían entonces 170 millones de estadounidenses con menos recursos. Pero eso era así hace cinco años. Un estudio de la Universidad de California en Berkeley (Striking It Richer: The Evolution of Top Incomes in the United States) muestra que de 2009 a 2012 en Estados Unidos, el 1% más rico de la población se apropió del 95% del aumento de ingresos de ese país. El beneficio del 1% más rico creció más del 30% en ese periodo, pero el aumento del 99% restante solo fue un reducidísimo 0,4%.

Como muestran datos de Credit Suisse, en un mundo de 7.300 millones de habitantes, casi la mitad de la riqueza está en manos del 1% de población, en tanto que la otra mitad se reparte entre el 99% restante, abundando los que menos tienen. O nada. Una desigualdad que crece incesante, pues la riqueza cada vez se redistribuye menos y se concentra más y más en muy pocas manos. Y cuanta mayor desigualdad, mayor pobreza.

En el Reino de España, la desigualdad aumenta espectacularmente desde 2007 y hoy la convierte en el país europeo más desigual. En 2011, solo Bulgaria y Rumanía tenían tasas de riesgo de pobreza más elevadas.

Pero la desigualdad y su compañera de camino, la pobreza, no crecen solo España. En la presuntamente modélica Alemania ya hay ocho millones de trabajadores que ganan menos de 450 euros mensuales y ¿quién vive dignamente con esa miseria? En Francia, cuyo nivel de pobreza es el mayor desde 1997, dos millones de asalariados ganan menos de 645 euros al mes y 3,5 millones de personas necesitan ayuda en alimentos para sobrevivir. Incluso en los países con fama de más igualitarios (Suecia, Noruega…) la renta del 1% más rico ha aumentado más del 50%, pero no así la del resto.

Pero el caso español es más grave. Tal vez porque conserva  aún enquistado un tumor de franquismo. Según datos del FMI, solo Lituania supera al Reino de España en aumento de desigualdad. Desigualdad y pobreza siempre van de la mano y los datos apuntan a que  ambas alcanzarán niveles insostenibles de no poner remedio. Porque hablar de desigualdad es hablar necesariamente de pobreza con terribles consecuencias. Joanna Kerr, directora general de Action Aid, ha denunciado que, de no actuar de inmediato, podrían morir de aquí a 2015 un millón de niños más. Por pobreza extrema.

No se lucha contra la pobreza en serio sin hacerlo contra la desigualdad. Una desigualdad que no cesa y algunas de cuyas causas estructurales conocemos bien: la imposición de una libertad total para transacciones de bienes, capitales y servicios, la desregulación absoluta de la actividad económica (sobre todo financiera), la reducción drástica del gasto público, la exigencia de un rígido control presupuestario (sobre todo en servicios sociales y satisfacción de derechos) y la reducción salarial a la que denominan eufemísticamente ‘devaluación interna’. Por no hablar de la indecente rebaja sistemática de impuestos a los más ricos que empezó en los ochenta y no cesa.

Es evidente, por tanto, que para combatir la pobreza extrema es imprescindible acabar con la riqueza extrema. Es así porque, como dice Eduardo Galeano, “este capitalismo asesino mata hambrientos en lugar de matar el hambre y declara la guerra a los pobres, pero no a la pobreza”. Así las cosas, es obvio que no hay otra que zanjar el capitalismo. Por mucho que tardemos en lograrlo. Hay que despachar el capitalismo, porque nos lleva al colapso y a la práctica desaparición de la humanidad.

Sin justicia fiscal y además nos dan gato por liebre

abril 14, 2014 Deja un comentario

A finales de 2013, once países de la Unión Europea acordaron establecer un impuesto sobre las transacciones financieras (ITF). No se hizo nada al respecto durante meses y ese ITF parecía congelado. Francia e Italia sí legislaron sobre la implantación de ese impuesto, pero tan corto como vuelo de perdiz. En España ni siquiera se mencionó en los Presupuestos Generales del Estado y en los restantes ocho países, nada de nada. Pero hace unos días, por sorpresa, los ministros de economía de la UE (Ecofin) acordaron en Bruselas que el impuesto sobre transacciones financieras será realidad en 2015.

Pero éste ITF es insuficiente, corto y timorato. Aunque, más allá del evidente electoralismo de anunciar ahora su puesta en marcha (por la proximidad de los comicios al Parlamento Europeo), el ITF desbloquea el dogma neoliberal de no poner impuestos al capital y a sus movimientos especulativos. Y eso es importante. No porque debamos agradecer nada a esta UE sino porque la crisis y la escandalosa reducción de ingresos estatales les obligan a bajar del burro.

Una de las insuficiencias más graves de este ITF es que solo se pagará por transacciones en las que el vendedor emita el producto financiero a vender en uno de los once países del acuerdo. Pero no se gravarán las operaciones en las que vendedor o comprador residan en uno de esos países, como sería lo justo y lógico. Gravar según el lugar de emisión facilita a los especuladores poderosos una vía para no pagar la tasa. Solo tendrán que emitir sus productos financieros donde les dé la gana, pero que no sea uno de los once países que implantan el ITF. Así eludirán el impuesto. Con el agravante de que este ITF solo afecta a transacciones con acciones y más adelante, derivados, pero no con divisas ni otros productos financieros.

Otra deficiencia grave parece ser que lo recaudado se dedicaría a formar un fondo para futuros rescates bancarios. Eso han dicho los ministros económicos de la UE. Es decir, se reafirma el mantra de los casinos: la banca siempre gana. Cuando lo justo sería que ese dinero del ITF fortaleciera la economía sostenible y satisficiera derechos sociales de la ciudadanía. Sin olvidar que, cuando se concibió ese impuesto hace décadas, fue prioritariamente para disuadir la especulación financiera, reducirla y controlar los movimientos de capital.

En realidad, el ITF es en parte un impuesto contra la acumulación de riqueza. Acumulación nada inofensiva. Enormes cantidades de dinero controladas por un grupo muy reducido se mueven libremente y especulan por todo el mundo con la abundante gama de activos financieros de todo tipo y pelaje, obteniendo obscenos beneficios. Sin pagar impuesto alguno o apenas. Con la imprescindible colaboración de los paraísos fiscales. Una especulación que altera severamente la economía real y la vida de las personas. El filme The Company Men, protagonizado por Ben Affleck y Tommy Lee Jones, muestra como la especulación afecta a la seguridad del empleo, por ejemplo. Los selectos accionistas mayoritarios de una empresa financiera estadounidense despiden progresivamente a la mayor parte de sus ejecutivos. Para recortar gastos, arguyen. Pero lo que buscan de verdad es aumentar ostensiblemente el valor de sus acciones, porque la cotización en Bolsa subirá cuando se sepa que han reducido personal de modo implacable.

Los datos demuestran que la especulación es brutal. Según el Banco Internacional de Pagos, en 2013 solo el mercado de divisas movía diariamente 4 billones de euros. Un valor anual de 1.000 billones de euros. Y en Europa, las transacciones financieras en 2012 movieron 692 billones de euros. ¿Qué hubiera significado recaudar un impuesto sobre esas transacciones?

En el Reino de España, el 40% de lo recaudado por la Agencia Tributaria proviene del impuesto sobre le renta (IRPF), según cálculos del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). De esa recaudación, el 84% son impuestos por rentas del trabajo y solo 9% por las del capital. Ya va siendo hora de que el capital pague lo que le corresponde. Y un ITF en condiciones puede ser camino para cierta justicia fiscal.

Cuando hace 16 años ATTAC reivindicó en solitario un Impuesto sobre Transacciones Financieras (la Tasa Tobin sobre operaciones con divisas), los tomaron poco menos que por dementes. Hoy, quienes desguazan Europa con sus dogmas de desregulación y desde siempre vetan impuestos para el capital aceptan ahora un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, aunque no sea el que necesitamos. Y el 61% de la ciudadanía europea considera necesarios y posibles esos impuestos. Una fiscalidad justa y progresiva sobre el capital y sus incesantes transacciones financieras no es una utopía inalcanzable. Se puede conseguir y lo hemos de conseguir.

Un tratado depredador el que negocian EEUU y la Unión Europea

abril 7, 2014 Deja un comentario

En Bruselas se negocia un Tratado de Libre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hasta hace poco, en secreto. En realidad, una patente de corso para grandes empresas y corporaciones, gran banca y fondos de inversión. El sueño de Al Capone: conseguir beneficios sin norma, regla ni control. Son muchos los daños y males que sufriría la ciudadanía con ese Tratado, pero citamos dos: extensión del fracking y resolución de controversias entre inversores y estados.

El Tratado busca horadar el suelo sin cortapisas ni molestas normas de protección del medio ambiente y la salud ciudadana. El fracking o fractura hidráulica es una técnica para extraer gas y petróleo del subsuelo. Se perfora un pozo vertical y se inyecta a presión agua con arena y productos químicos para fracturar las rocas subterráneas que contienen gas o petróleo y favorecer su salida al exterior. Pero los productos usados son tóxicos y cancerígenos, además de dejar el subsuelo en condiciones irrecuperables y contaminar las aguas subterráneas. Con el Tratado, el fracking se extendería como una plaga por toda Europa.

Y la Resolución de Conflictos entre Inversor y Estado da todas las ventajas a las grandes empresas e inhabilita de hecho las leyes europeas en beneficio de la ciudadanía y del medio ambiente. Con tribunales de arbitraje privados, que no son verdaderos tribunales, corporaciones y grandes empresas podrán demandar compensaciones multimillonarias por pretendidas pérdidas al aplicarse leyes nacionales o europeas. La empresa Vattenffal demandó al gobierno alemán por 3.700 millones de euros cuando éste decidió desmantelar sus plantas nucleares tras el accidente de Fukushima. Y Philip Morris demandó a Uruguay en 2010 por 2.000 millones de dólares por su campaña anti-tabaco, alegando violación del tratado bilateral entre Uruguay y Suiza. ¿Violación? Uruguay había logrado reducir el consumo de tabaco en el país por lo que recibió un premio de la Organización Mundial de la Salud. Pero Philip Morris dijo que eso perjudicaba sus intereses y demandó al Estado uruguayo.
Incluso el FMI reconoce que la resolución de conflictos entre inversores y Estado limita gravemente la capacidad de los Estados y debilita a los gobiernos para decidir lo necesario para los países. Pero se negocia.

Por otra parte, el Tratado se vende como solución a la crisis, pues dicen que aumentará el PIB un 1% y se crearán millones de puestos de trabajo. Falso. Un estudio de la propia Comisión Europea calcula que el crecimiento europeo solo será un 0,1%, y la competencia estadounidense perjudicará a los sectores agrícola, carne, fertilizantes, azúcar y metal. Y se destruirán millones de puestos de trabajo.

Susan George ha denunciado que el Tratado elimina los controles de regulación social y medioambiental; las normas que protegen a trabajadores y trabajadoras, a consumidores y a la naturaleza. Normas que las grandes corporaciones consideran obstáculos a eliminar porque se interponen en el aumento de sus beneficios.

Pero el Tratado no perjudica solo a la ciudadanía europea. Richard Trumka, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL-CIO), el sindicato más poderoso de ese país, ha denunciado que “esos acuerdos de comercio dejan en manos de las grandes empresas la política económica de Estados Unidos y buscan rebajar salarios al trasladar los empleos al extranjero”. Trumka asegura que el Tratado con la Unión Europea sigue el modelo erróneo del que firmaron EEUU, México y Canadá (NAFTA, en inglés). “Tras veinte años del NAFTA, sabemos que sus consecuencias son muy negativas”. Y, según Susan George, “el NAFTA provocó la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, considerables bajadas salariales en Estados Unidos y trabajo semi-esclavo en México. Pero enormes beneficios para las élites empresariales”.

Trumka denuncia también que lo que busca este Tratado no son acuerdos comerciales, sino rebajar la protección del trabajador y del consumidor, así como reducir la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales.

Priman los intereses privados sobre el bien común. Pero se ha constituido en Europa una respuesta: el Mandato de Comercio Alternativo, una alianza de más de cincuenta organizaciones de consumidores, defensores de derechos humanos, del medio ambiente, de comercio justo, agricultores, sindicatos y agencias de desarrollo. Una alternativa al Tratado donde las personas y el medio ambiente estén siempre por encima de los beneficios e intereses de las grandes corporaciones.

No es fácil, pero hay que detener ese Tratado y establecer el Mandato de Comercio Alternativo. Por el bien de todos.

Un pueblo en Marcha de Dignidad para cambiar las cosas

abril 1, 2014 Deja un comentario

Caminar es inseparable de la vida. Es negarse a detenerse, a morir, porque marchar niega la muerte. El caminante se alza y lucha, progresa, avanza paso a paso. La historia está llena grandes marchas”, nos cuenta el antropólogo Frank Michel.

En marzo, varias columnas de toda España caminaron hacia Madrid. Las Marchas de la Dignidad. Y el sábado 22, una masiva ciudadanía abarrotó los paseos del Prado y Recoletos de la capital de España, desde Atocha hasta Colón. Como dijo una activista de la columna de Aragón, “Madrid fue una fiesta. Ciudadana, reivindicativa y pacífica. Un clamor unánime reclamando cambios, pan, trabajo y libertad”.
La manifestación fue descomunal, pero antes de culminarla, cuando faltaba poco para las nueve de la noche del 22, la hora de los telediarios, “tras la histórica, enorme y pacífica manifestación, la policía disparó pelotas de goma y gas pimienta cuando gente buena y solidaria pretendía retirarse tranquilamente por el lateral de Recoletos” explica Shangay Lily. Mientras desde el estrado de la plaza de Colón los miembros del coro de la orquesta Solfónica proclamaban “estas son nuestras armas” agitando los papeles escritos de las partituras del canto de los esclavos de la opera Nabucco.

Un ritual que se repite: oscuros incidentes violentos aislados tras una movilización pacífica. Tal vez para registrar, falsa y arteramente, que el 22-M fue una jornada violenta y no la magnífica gesta de resistencia cívica pacífica contra la austeridad, los recortes y la pérdida de derechos. El gobierno del Partido Popular, una vez más, recurre a la mentira como arma política al pretender vincular la exitosa manifestación cívica a esos opacos incidentes violentos.

Y sí, tras la manifestación, hubo algunos incidentes aislados, pues sin duda a veces hay energúmenos que no son otra cosa que provocadores y nada tienen que ver con la ciudadanía que marcha pacífica para cambiar las cosas, el país, la sociedad. Como ha escrito Juan Torres, “sabemos desde hace años que la propia policía infiltra bravucones, como manifestantes normales, para provocar incidentes que justifiquen la intervención policial. Las pruebas son abundantes e indiscutibles, pues hay multitud de fotos y videos que así lo demuestran”.

La criminalización del ejercicio del derecho de manifestación es vieja práctica de la derecha, ya denunciada por el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, al informar sobre manifestaciones en Barcelona y Madrid en 2011.

Pero, más allá de esas miserias como ha escrito Vicenç Navarro, “las Marchas son un hecho histórico que establece un antes y un después. La España real de pueblos hermanados que denuncian un Estado que ha perdido toda legitimidad, porque ha vendido la soberanía a intereses financieros y económicos”.

Y, en cuanto al éxito numérico, no cabe entrar en bailes de cifras, pues fue evidente la enorme protesta ciudadana. Gigantesca, adjetivó el diario Le Monde. Como ha explicado Agustín Moreno, “con la vara de medir otras manifestaciones históricas, se puede hablar de un millón contra la burda manipulación que hablaba de 50.000 personas. ¿Cómo, si llegaron a Madrid más de 900 autocares, varios trenes y muchos coches particulares que ya sumaban más de 50.000 personas?”

Fue una muestra de poder de la ciudadanía. Y el 22 de marzo el Gobierno mostró su miedo al pueblo respondiendo con represión del peor estilo franquista.

Las Marchas que ocuparon Madrid son punto de reanudación y nueva partida. Como dice Torres, “la Dignidad que ha impulsado las Marchas es comienzo de otras nuevas que culminarán en la única solución para España: paralizarlo todo para acabar con esas políticas tramposas, antidemocráticas, injustas y fracasadas”.

Pues ya nada es como era. Ni lo será. Lo resume estupéndamente Julio Anguita: “Cientos y cientos de miles de personas testigos de su fuerza; que constatan que existen en la acción que los une y los multiplica en su decisión de acabar con la indecencia moral que gobierna. Pero también contra el poder económico que hay tras este andamiaje vacío, seco e inútil. Los que nos manifestamos en Madrid construiremos el contrapoder que acabe con el robo, el cinismo, la indigencia moral y la permanente conculcación de la Ley y el llamado Estado de Derecho. Los que nos manifestamos en Madrid lo hicimos en nombre de los derechos humanos que ellos son incapaces de llevar a la realidad cotidiana de la ciudadanía. Los que nos manifestamos en Madrid dejamos constancia de que aspiramos a una soberanía popular y nacional en todos los terrenos: económico y monetario, social, político y cívico.

Es un pueblo en marcha que cambiará las cosas, cuanto tarde y cueste lo que cueste.

La presunta reforma fiscal, más de lo mismo

marzo 24, 2014 Deja un comentario

Reforma es lo que se propone, proyecta o ejecuta para innovar o mejorar algo. Por tanto, una reforma del sistema fiscal debería ser una propuesta para mejorar el  sistema de impuestos. La proposición de reforma fiscal de los “expertos” nombrados por el Gobierno del Partido Popular en España no es una reforma. En absoluto.

Esa propuesta de presuntos “expertos” se limita a obedecer las imposiciones de la Comisión Europea, FMI y OCDE. Es decir, reducir los impuestos directos, subir los indirectos, crear más impuestos especiales y, especialmente, rebajar los impuestos sobre los rendimientos del capital y, de ser posible, ni siquiera considerarlos. Es una obscena contrarreforma fiscal iniciada en los años ochenta del siglo XX de la mano de Reagan y Thatcher fácil de resumir: que los ricos paguen menos y la mayoría ciudadana pague más.

Proponen los aparentes “expertos” rebajar el tipo máximo del IRPF, pero que nunca supere el tipo del 50%, aunque mejor que sea  en torno al 44%. Es decir, los ingresos elevados se benefician de una importante rebaja. Pero los “expertos” dicen que se beneficiarán las rentas bajas. Esa pretendida rebaja fiscal de bajos salarios son limosna, porque lo preocupante es que la ciudadanía pagará por la “reclasificación” del IVA. Determinados bienes y servicios saldrán del grupo que cotiza un 10% de IVA, por ejemplo, y se “reclasificarán” en el del 21%. Si eso no es aumentar el IVA que baje dios y lo vea.

También proponen establecer un impuesto sobre la vivienda habitual, como si fuera renta. Esto es un considerable aumento fiscal que pagarán 13 millones de ciudadanos propietarios de su casa. Como opuso un “experto”, Pedro Herrera, “en momentos en que la morosidad de las hipotecas bancarias es muy elevada, establecer un gravamen adicional por el disfrute de la propia vivienda generará notables injusticias. El impuesto afectará a muchos perceptores de rentas modestas y bajas, pensionistas y parados de larga duración. Tiene razón, aunque se quede corto. La mayoría más pobre, desfavorecida, al final pagará más, aunque no sea a través del IRPF.

Recomiendan los supuestos peritos suprimir deducciones y subvenciones del impuesto de sociedades, sí. Pero también proponen disminuir el actual tipo del 30% al 20%. Una buena rebaja a las empresas. Se beneficiarán más las que más facturen, es decir, las grandes. También quieren reducir los actuales siete tramos de ingresos del IRPF a cuatro. Cuando es sabido que, cuanto más progresivo es un impuesto, más justo es; es decir, cuantos más tramos de ingresos tiene sobre los que calcular el impuesto a pagar.

El informe también pide suprimir el impuesto sobre el patrimonio así como recuperar la llamada Ley Beckham. La excepción que permite que los extranjeros con grandes beneficios (inversores, administradores, directivos, artistas triunfantes, deportistas de élite…) pagarán el mínimo del IRPF (menos del 25%), en vez del 52% o 56% que les correspondería según la actual normativa.

Beneficio para los menos que tienen más y perjuicio para los más que tienen menos. Eso es lo que proponen en realidad los “expertos”. El remate del despropósito lo borda Manuel Lagares, presidente del comité de “expertos”, al pontificar que “tiene que decir las cosas que ha de decir como economista”. Como si la economía fuera una ciencia exacta e indiscutible. Argüir la pretendida infalibilidad o exactitud de la economía es un penoso intento de coartada que se pretende científica. La misma falacia que esgrimieran los neoliberales en los ochenta: “There is no alternative, no hay alternativa.

¡Qué más quisieran!

La Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental ysolidaria reúne organizaciones sociales, sindicales, ciudadanas, religiosas, de consumidores, ecologistas, coaliciones y ONG para lograr un sistema tributario justo. Esa plataforma explica qué ha de incluir una reforma fiscal equitativa. Y dice que el aumento de ingresos del Estado ha de ser con un sistema de impuestos proporcional, progresivo, suficiente y redistributivo que garantice la justicia fiscal. Un sistema fiscal justo ha de luchar prioritariamente contra la evasión o elusión de impuestos y ha de dotarse de personal y medios suficientes para luchar contra el verdadero fraude fiscal; el de las grandes fortunas, rentas altas, bancos, fondos de inversión, grandes empresas y corporaciones transnacionales. Pues todos ellos, con una ingeniería fiscal agresiva, deslocalizan beneficios y capitales y los ocultan en paraísos fiscales. Pero la realidad es que hay pocos medios, personal insuficiente y orden de perseguir los pequeños fraudes y dejar tranquilos a los grandes tramposo fiscales. Así lo han denunciado inspectores y técnicos de Hacienda.

Además, un sistema fiscal justo no ha de apoyarse en impuestos indirectos. Y, por supuesto, ha de establecer un impuesto de sociedades sin trampas que pague más por beneficios obtenidos, además de establecer un impuesto global sobre el patrimonio y las tasa necesarias que graven las operaciones y mangoneos especulativos. Sin olvidar una urgente revisión del Código Civil y del Penal para que los delitos fiscales sean castigados de modo implacable.

Nada en el informe de los “expertos” recuerda ninguna de las medidas que conforman una fiscalidad justa. Pero tienen la osadía de que pretenden hacer una reforma fiscal.

Banca privada, un tumor en metástasis

marzo 10, 2014 1 comentario

 

Dos ventas recientes en el sector financiero del Reino de España ratifican el timo enorme que ha devenido el sector bancario privado para los legítimos intereses de la mayoría ciudadana. La privatización de Nova Galicia Banco y la venta del 7.5% del capital de Bankia; un primer lote hasta su privatización total.

 

 

En ambos casos, se ha aplicado el obsceno principio de socializar pérdidas y privatizar beneficios. El Estado ha volcado ayudas multimillonarias para sanear esas entidades que se precipitaban a la quiebra, no solo por incompetencia manifiesta y pésima gestión, sino también por desmedida codicia. Y, una vez saneadas con dinero de todos, se entregan al sector privado.

 

 

Nova Galicia Banco se ha vendido al grupo sudamericano Banesco por 1.003 millones de euros. Esta privatización supone una pérdida de 8.580 millones de euros para el Estado. Más del doble de lo recortado en Educación en España.

 

Y la segunda venta es la del 7.5% de acciones de Bankia por 1.360 millones de euros. Pero el Estado invirtió 22.000 millones en Bankia, además de que BFA-Bankia ha recibido más de 124.000 millones en diversas ayudas públicas.

 

Pero no es solo cuestión de esas dos entidades bancarias. Ojalá. En ayudas diversas, el Estado ya ha aportado 137.000 millones de euros a las entidades financieras que ha nacionalizado para evitar su quiebra. Banco de Valencia, Catalunya Caixa, Banco Mare Nostrum… De esas ayudas, 43.529 millones de euros han sido inyección de capital. El Estado no recuperará ese dinero de todos. Y sucede que todo el sistema financiero español estaría en quiebra de no ser por las ingentes ayudas públicas, que alcanzan ya la cantidad de 632.000 millones de euros, incluyendo los préstamos del Banco Central Europeo.

 

 

Éric Toussaint dice que el oficio de banquero es demasiado serio para confiarlo a los bancos privados. El sector del ahorro y la inversión ha de ser público por su importancia para los intereses de la ciudadanía, así como por el efecto devastador que su mala o criminal gestión tiene en la economía real. Los ahorros de la ciudadanía no pueden estar en manos de quienes solo se mueven por el beneficio y, para conseguirlo, perpetran lo que sea.

 

 

Desde 2008 hemos comprobado una y otra vez como una indecente minoría ha provocado la mayor crisis financiera del último siglo. Y, pasado el primer susto, que apenas les duró hasta principio de 2009, han saqueado el Estado en perjuicio atroz de la mayoría ciudadana. Han dinamitado el Estado que aseguraba buena parte de derechos sociales (mal llamado Estado de Bienestar), han causado la mayor desigualdad que se haya conocido e incrementado la pobreza brutalmente. Y, por su inestabilidad e insolvencia real, continúan siendo un riesgo que puede estallar en otra crisis aún peor en tiempos próximos venideros.

 

 

Parece evidente que la banca privada ha de quedar reducida a la mínima expresión y, la que permanezca, muy controlada, aunque, a fuer de sincero, mejor sería que desapareciera. ¿Utopía? Utopía es el territorio que no hemos alcanzado aún. Utopía era la libertad de los esclavos cuando el esclavismo era el modo de producción. Y el esclavismo desapareció. ¿Por qué no conseguir un sistema financiero en el que la banca privada pinte poco?

 

 

La alternativa es la banca pública, controlada democráticamente, social y transparente. Porque el dinero es un bien público y no se puede dejar en manos privadas al obsceno albur de también privados intereses. Y no es cuestión de “expertos” sino de decisión política, que responde indefectiblemente, se reconozca o no, a intereses de clase.

 

 

En verano de 2012 la revista Mientras Tanto proponía, para sanear el sistema financiero español, minimizarlo porque está muy sobredimensionado. También, no enterrar dinero público para salvarlo, porque no podía recuperarse. Asimismo, dedicar los fondos para esa recapitalización imposible a créditos directos para la economía real. Y liquidar ordenadamente las entidades en crisis, asegurando las coberturas y los planes de pensiones de los empleados con la venta de activos inmobiliarios reales y sólidos. Pero a la vista está que no les hicieron el menor caso sino todo lo contrario.

 

 

Contra la banca privada hay una larga batalla de por medio. El sector financiero privado es un tumor con tendencia a la metástasis que se debe extirpar.

 

 

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Derrotar la ofensiva contra las pensiones públicas

marzo 2, 2014 Deja un comentario

     A finales de 2014, el Gobierno informará por carta a todos y cada uno de los trabajadores mayores de 50 años de España. Y les concretará qué pensión cobrarán cuando se jubilen. Extenderá esa información a todos los trabajadores en los tres años siguientes, tengan la edad que tengan. ¿Servicio de información? En realidad, un programa para atemorizar a los trabajadores que contraten planes privados de pensiones a la vista de la escueta pensión que percibirán en la mayoría de casos. El Gobierno lo niega, pero la patronal de empresas aseguradoras (que venden planes de pensiones) está muy satisfecha con esta iniciativa. ¿Por qué será?

     Una estrategia diáfana. El Gobierno rebaja la pensiones (desligándolas del coste de la vida, aplicando el factor de sostenibilidad, retrasando la edad de jubilación) y enseña las insatisfactorias pensiones que la mayoría cobrará.

     Es una ofensiva programada contra las pensiones públicas en beneficio de las privadas. Les urge porque las fuertes rebajas salariales y el enorme desempleo han frenado el lento y reducido crecimiento de los planes privados de pensiones en España. Y también porque el empobrecimiento que es parte de la crisis ha forzado a 100.000 españoles con planes privados de pensiones a retirar en 2013 un total 500 millones de euros de los mismos . Además, lo que no reconocen es que las pensiones privadas (que surgen de la especualación financiera como fondos de inversión) están sometidas a los vaivenes de la crisis financiera y, a menudo, no alcanzan la cantidad que se prometió al contratarlas. Porque son un riesgo.

     Y, como la crisis-saqueo ha golpeado a los trabajadores con pensiones privados por partida doble, con los recortes sociales y rebajas salariales más la menor rentabilidad de sus pensiones privadas, desde el inicio de la misma más de un millón doscientos mil trabajadores han cancelado sus planes privados de pensiones en España.

     Por su parte, en el incesante ataque contra la pensiones públicas, el ultraneoliberal Círculo de Empresarios pide reformarlas más, “con la misma valentía” que se hizo la reforma laboral, dicen. Y que el Gobierno actúe para que los ciudadanos sean “protagonistas” de sus pensiones, y no se “duerman” en la comodidad del Estado del Bienestar. Es difícil superar tanta desfachatez.

    La ofensiva empezó en los 80 en los países anglosajones. Te rebajó la pensión pública porque puedo y tú ahorras de tu corto sueldo para contratar un plan privado de pensiones. Aquí, el Gobierno de Zapatero abrió la veda contra las pensiones públicas y el de Rajoy perpetra una contra-reforma del sistema de pensiones públicaspara rebajarlas sin prisa y sin pausa año tras año.

    Más de 32.000 millones de euros en ocho años. Y que los trabajadores contraten pensiones privadas. La profesora emérita Miren Etxezarretaexplica que las aportaciones de los trabajadores a los planes de pensiones privadas son una estupenda inyección de dinero fresco para la banca y los fondos de inversión. Los mismos que financian los falsos informes dramáticos sobre el futuro de las pensiones públicas.

     Es falso que las pensiones públicas sean insostenibles por una mayor esperanza de vida. Lo han demostrado con amplitud Torres, Navarro, Eduardo y Alberto Garzón,Etxezarreta, un informe de veinticinco economistas y juristas críticos (http://documentopensiones.org/) y otros muchos. En España, el número de pensionistas se dobló y más en los últimos cuarenta años y el sistema público de pensiones no tuvo problema alguno. Pero, contra esa evidencia, año tras año, “expertos” a sueldo de bancos y aseguradoras profetizan un colapso de las pensiones públicas que nunca llegó.

     Lo expresa con cínica claridad José Herce, miembro de una empresa de inversión financiera. Sin rubor alguno reconoce que “lo que necesitamos desesperádamente es que las pensiones públicas se replieguen de una u otra manera para ampliar el espacio para las pensiones privadas”. Más claro, agua. Y en eso está el Gobierno.

     En honor a la verdad, el problema no es la insostenibilidad de las pensiones públicas, que no es real. El problema cierto es que en España las pensiones públicas son bajas. El 54% de pensiones españolas no garantizan una vida mínimamente digna, porque es inferior al salario mínimo, y la pensión media en España es casi un 40% inferior a la media de la Unión Europea más desarrollada. Por tanto, la solución no es contratar pensiones privadas sino aumentar la pensiones públicas. Por lo menos un 40% más. Es lo justo.

     Hay solución. Anulando las progresivas reducciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social en los últimos años para empezar. Pero, sobre todo, cambiando el enfoque de financiación de las pensiones públicas. Porque éste no ha de basarse en las cotizaciones sociales, que han de ser una fuente de financiación más. Las pensiones públicas pueden y deben ser financiadas por los presupuestos generales del Estado. Porque es un derecho humano. Y, para que los presupuestos sean suficientes, hay que acabar con el fraude fiscal y de cotizaciones: 90.000 millones de euros anuales. Para empezar. Además de que pague más quien mas gana y más tiene. Un sistema de impuestos justos, progresivos y suficientes. Y no hay insostenibilidad que valga.

     El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos indica que percibir una pensión digna es un derecho. Y con los derechos no se juega ni puede haber medias tintas. Por eso hay que aumentar las pensiones públicas y blindarlas para que ningún gobierno pueda rebajarlas.

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