La salida de la crisis, un cuento chino

Noticias del Reino de España muestran como los desmanes neoliberales y la putrefacción económica (intímamente relacionados unos y otra) se han enseñoreado del escenario. Por ejemplo, la evasión fiscal del otrora admirado e indiscutible ex-presidente del gobierno autónomo de Cataluña, Jordi Pujol; el crecimiento del patrimonio de grandes fortunas con la que está cayendo y el capitalismo de favores y ventajista con ases en la manga. Veamos.

Pujol dio a conocer hace unas semanas que no había declarado la que dijo era herencia de su padre sino que la depositó en un paraíso fiscal durante más de treinta años, sin hallar nunca el momento de declararla. Por otra parte, no ha sorprendido que los pocos cientos de españoles miles que poseen un millón de euros (y los menos centenares que poseen más de 30) hayan incrementado su patrimonio casi un 10% de enero a junio de 2014. Mientras la muerte de Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, ha sido ocasión de elogios medidos y desmedidos, pero también recordatorio de presuntas irregularidades del sector financiero apenas olvidadas. Sospechas que motivaron al ex directivo de la banca Banif, Manuel Puerto Ducet, decir que Botín era “de profesión´, impune”. El libro de Puerto, en el hace tal afirmación, muestra al fallecido como líder de la oligarquía financiera que impone la voluntad de ésta al gobierno y al Banco de España.

Así las cosas, la crisis sirve, cuanto menos, para desvelar indicios y hechos de la merienda de negros que es la economía del reino. Capitalismo de amiguetes, como lo calificó el profesor Antoni Doménech. Capitalismo que cuajó en la dictadura franquista protagonizado por unas cuantas familias pegadas al régimen. Y ahí siguen. Capitalismo de favores, subvenciones y contratos públicos, de chalaneos y corrupciones varias. Más una clase política que mira hacia otro lado en el mejor de los casos. Juan Torres López lo resume al decir que “grupos de auténticos ladrones financieros llevan decenios enriqueciéndose a costa de engañar a los demás y quedarse con los recursos públicos”. Corrupción con mayúsculas.

Tanto es así que la Comisión Europea, que no se caracteriza por su progresismo crítico, señala al reino de España como el segundo país más corrupto de la Unión. No es de extrañar, pues, que la reducida minoría oligárquica, que se beneficia obscenamente apalancada en el extremo rico de la desigualdad, aumente su patrimonio. Además de las ayudas públicas estatales, desregulaciones financieras, desregulaciones económicas y laborales que convierten la actividad económica en una especie de jungla, no es menor la complacencia de Hacienda con las grandes fortunas y corporaciones.

Según denuncia GESTHA (Sindicato de Técnicos de Hacienda) una y otra vez, en España hay una economía sumergida de 253.000 millones de euros. Como poco. Y las perdidas del Estado por cotizaciones e impuestos no abonados suman 90.000 millones. GESTHA explica que, de esa enorme cantidad defraudada, el 72% corresponde a grandes fortunas y corporaciones. Así aumentan los ricos su patrimonio sin esfuerzo ni talento: no pagando impuestos. O pagando mucho menos por la descarada y legal, pero nociva, elusión fiscal. Elusión existente (modos y maneras de pagar menos legalmente) porque gobiernos y mayorías parlamentarias así lo quieren, pero no así la ciudadanía.

Además de que la minoría rica aumenta su patrimonio por obra y gracia de la llamada devaluación interna. En román paladino, congelar o rebajar salarios existentes o pagar salarios-basura a nuevos contratados, además de convertir el trabajo en una realidad cada vez más precaria.

En tal escenario, Mérkel y Rajoy se han jurado austeridad eterna, mientras la OCDE pide al presidente español que continúe perpetrando lo que llaman reformas. Es decir, más recortes de derechos económicos y sociales de la gente común, mientras los parados continúan siendo seis millones, hogares con todos sus miembros desempleados ya son casi dos y más de un millón de parados no tiene ingreso alguno. Y la ciudadanía en riesgo de pobreza ya es un 27% de la población.

¿Alguien cree que con estos mimbres, con esas gentes que nos mangonean, saldremos de ésta ?

El saqueo continúa

Una ilustración humorística de El Roto muestra a un hombre joven fregando una gran olla mientras dice: “Soy licenciado en física cuántica, pero ahora trabajo de lavaplatos en Londres para pagarme los estudios de camarero en Berlín”. Ironía gráfica que ilustra las peores secuelas de la política de austeridad contra viento y marea en la vieja y caduca Europa: el paro y el trabajo precario que conlleva el riesgo real de pobreza.

Pero, por lo visto, los gobiernos de Europa no aprenden. Ángela Merkel y Rajoy, presidente del gobierno español, se han reunido para reafirmar el compromiso de imponer la austeridad en tanto que Merkel ha aplaudido el afán de Rajoy para hacer reformas. Lo que ellos llaman reformas, que no son tales, porque reforma es lo que se propone, proyecta o ejecuta como innovación y mejora en algo. Que no es el caso. Rajoy, además tiene la pretensión de que “en España empezamos a ver los frutos de las reformas”, haciendo bueno el dicho popular de que no hay peor ciego que quien no quiere ver. Porque los datos y hechos del sufrimiento mayoritario de la ciudadanía están ahí, a la vista. Pero ellos insisten en mantenella e non enmendalla por más que economistas de escuelas diversas y algunos premios Nobel de economía digan alto y claro que la austeridad no es el camino. A lo que añadir los hechos tozudos: Europa no avanza ni se recupera.

Lo inmoral de esta injusticia social generalizada, del saqueo de las rentas de las clases trabajadoras, es que el armazón del control del déficit público, razón de ser de la austeridad, tiene un fin indecente, habida cuenta del sufrimiento generado: que los bancos alemanes, también holandeses y franceses, aunque menos, cobren sin falta los intereses de los abundantes préstamos que concedieron alegremente en el desarrollo de la burbuja inmobiliaria, entre otras irresponsabilidades. Una ecuación sencilla. Para que el sector financiero y sus adláteres mantengan sus beneficios, la ciudadanía lo pasa mal o muy mal.

Pero no sólo Alemania y España están tocadas por la nefasta austeridad. En Francia, el presidente Hollande, que dice ser socialista, ha disuelto el nuevo gobierno porque le habían salido ministros díscolos que se oponían a la corrosiva austeridad. Y, para que no haya dudas del camino elegido, Hollande ha designado como ministro de economía a Emmanuel Macron, brillante neurólogo y economista que, entre otras cosas, fue socio de la banca Rothschild varios años. Varios analistas han escrito que Hollande comete el mismo error que Mitterrand: girar hacia la derecha. Un error que los socialdemócratas perpetran a diario. A Mitterand el giro conservador le supuso que el Partido Socialista Francés perdiera las siguientes elecciones y , si Hollande se presentara hoy, la derrota sería muy considerable.

 Y es que estos socialdemócratas europeos no aprenden.

En el reino de España, donde los socialdemócratas convirtieron en texto constitucional la prioridad del pago de los intereses de la deuda, es además paradigma del más rancio y feroz neoliberalismo de recortes presupuestarios (salvo para ayudar a la banca). Pero el déficit no se ha reducido de modo significativo y la deuda pública alcanza ya el billón de euros. Una deuda triplicada en los años de gobierno del Partido Popular. Hoy, más del 98% del Producto Interior Bruto.

La política de austeridad y un consecuente crecimiento ridículo mantiene un paro del 26%. Con un muy preocupante aumento del trabajo precario muy mal pagado. Más reducciones salariales sistemáticas del 2% anual, según la OCDE. Aunque los salarios disminuyeron casi un 10% en los nueve primeros meses de 2013 comparado con el mismo tiempo de 2013. Según el Consejo Empresarial de Competitividad, los costes laborales en España son un 20% inferiores a la media europea, que ya es ser… Y todo incide en el consumo interior. Negativamente, por supuesto. Y si no hay demanda interna… Incluso la OCDE reconoce que las bajadas salariales de esa magnitud causan penurias a los trabajadores y sus familias. ¿Cuánta estrechez soportan los 1.830.000 hogares españoles en los que todos sus miembros están en paro según la Encuesta de Población Activa? Por cierto en 2008 solo había 180.000.

La reiteración en las llamadas reformas, los recortes sociales y las reducciones salariales, propósitos reafirmado en el citado encuentro entre Merkel y Rajoy de este verano, anuncian más dureza, más pobreza y más sufrimiento de más gente. Y, justamente, más resistencia ciudadana, que habrá que ver cómo es y hasta donde llega.

De camino hacia el neofranquismo

¿Qué pensar de una condena de tres años de prisión a un ciudadano por haber estado en un piquete informativo de huelga? Les pasó a Carlos y a Carmen en Granada. Carlos salió hace unos días, tras una semana encarcelado, y Carmen no ha ingresado en prisión aún. Ambos han solicitado el indulto. Pero lo grave es que los hayan condenado por formar parte de un piquete. Mientras a Jaume Matas, el corrupto ex-presidente de la comunidad autónoma de las Islas Baleares (España), le reducen la pena de seis años a nueve meses. El doble rasero los denuncia, los deja con las vergüenzas al aire.

Expedientes, diligencias, multas y juicios contra huelguistas y manifestantes, pero tolerancia para los delitos económicos que perpetra la minoría que detenta el poder (a cuyo servicio está el gobierno). Mientras otros países europeos establecen leyes sólidas contra la corrupción (sin ser un modelo), en España la reforma del Código Penal se olvida materialmente de la corrupción.

Aquellos días de huelga de 2012, cuando acusaron a Carlos y Carmen, los juristas Pisarello y Asens denunciaban que “los exasperados ataques gubernamentales, mediáticos y judiciales contra los huelguistas del 29 de marzo y el anuncio de medidas criminalizadoras de la protesta reflejan una indudable deriva autoritaria”. Hoy, esa deriva ha ido a más. Mucho más. Los desmanes de los últimos tiempos recuerdan demasiado la dictadura.

Que la situación es antidemocrática y en aumento lo demuestra que el gobierno viola derechos desde las propias leyes. Como la nueva legislación de Seguridad Ciudadana que completa la más represiva reforma del Código Penal. Más un mayor deterioro democrático por el uso excesivo de la fuerza y malos tratos y torturas por parte de agentes de policía. Amnistía Internacional ha condenado tanto uno como otros en varios informes. Para Amnistía, en España se tortura, pero es negado por el gobierno y la tortura queda impune. La organización ha denunciado y documentado numerosos casos de malos tratos y torturas en su informe “Sal en la herida” y un informe posterior de seguimiento. La suma de todo rememora demasiado el franquismo.

Que la impunidad de los torturadores parece una política gubernamental lo demostró el escandaloso caso del doble indulto a cuatro policías en Cataluña. Al conocerse la sentencia firme que los condenaba por torturas, el gobierno central los indultó. Pero el juez emitió un nuevo auto en el que mandaba ingresar en prisión de inmediato a los policías torturadores. ¡Y el gobierno vuelve a indultarlos! ¿No demuestra este caso una política concreta? El indulto a esos torturadores no fue un caso raro o aislado.

También es denunciable el uso excesivo de la fuerza por la policía contra la ciudadanía que protesta, como ha hecho también Amnistía Internacional en varios informes. Aparte de que la Red ofrece cuantiosas e innegables imágenes de excesos policiales en concentraciones y manifestaciones ciudadanas, así como en desalojos de viviendas a los que se oponen pacíficamente ciudadanos solidarios con los desahuciados.

En fin, las nuevas leyes represivas del gobierno no sólo son innecesarias, sino que buscan acabar con la pacífica resistencia ciudadana a su política de austeridad, recortes y vulneración de derechos. Es así porque resulta que España tiene una de las tasas más bajas de criminalidad de Europa y no precisa mayor respuesta coercitiva. Es más, el ministerio del Interior no disimuló su satisfacción al anunciar recientemente en rueda de prensa las cifras de delincuencia del año pasado y mostrar que la tasa de delincuencia en España es una de las más bajas de Europa desde hace años.

¿Por qué entonces una nueva ley de seguridad ciudadana? Aún se entiende menos cuando el propio ministro de Interior declaró que en 2013 hubo en España más de 6.000 manifestaciones y ningún problema de orden público digno de reseñar. ¿Por qué? Porque la nueva ley de seguridad ciudadana nada tiene que ver con la seguridad real y sí con atemorizar a la ciudadanía resistente. Y lo que busca es cortar de raíz el movimiento ciudadano que quiere cambiar las cosas a mejor.

Así es porque, como ha denunciado la asociación Jueces para la Democracia, “la Ley de Seguridad Ciudadana cierra el círculo que convierte en crimen el ejercicio de los derechos fundamentales. Y la reforma del Código Penal es innecesaria, y por tanto ilegítima, porque crea un nuevo tipo de delincuente: el disidente político”.

Lo dicho, el panorama expuesto recuerda cada vez más el franquismo que creíamos desaparecido. Pero no.

Aquí se ve el progresivo retroceso de la democracia

El Reino de España sufre un plus de despotismo respecto al autoritarismo progresivo de Europa. Veamos una muestra que explica lo dicho. El 15 de junio de 2011, el 15 M convocó en Barcelona una protesta ante el parlamento autonómico de Cataluña porque aprobaba recortes presupuestarios que eran más ataques contra los derechos de la gente.

Miles de ciudadanos y ciudadanas se concentraron ante ese parlamento y dificultaron la cómoda entrada de los diputados autonómicos a la cámara.
Intervinieron los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, la policía catalana, con la agresividad y provocación que los caracteriza y hubo algunos incidentes. Pero los medios presuntamente informativos transmitieron una violencia que no existió. Una manipulación mediática de manual. A pesar de que las televisiones no habían grabado imágenes de la inexistente violencia denunciada, porque no hubo tal, emitieron una y otra vez el abucheo contra algunos diputados y el lanzamiento de una botella de agua contra un furgón de la policía, mientras algunos diputados declaraban que había habido conductas nazis (que nunca se vieron), kaleborroka (terrorismo callejero de ETA que no apareció) y guerrilla urbana (totalmente ausente).

Diecinueve ciudadanos y ciudadanas, acusados por la policía, fueron imputados y, días después, detenidos a la brava en el interior del edificio de los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Barcelona por una cincuentena de Mossos d’Esquadra, encapuchados y fuertemente armados, donde habían acudido voluntariamente para ser interrogados por los jueces.

Tres años después y tras minuciosa investigación, la Audiencia Nacional ha absuelto a 18 de los acusados de atentado contra las Instituciones del Estado para los que el fiscal pedía hasta 6 años de prisión. La única sentencia ha sido para una persona que se ha de presentar en comisaría durante cuatro días por una falta de daños -que no delito- por haber manchado con un espray la gabardina de una diputada.

¿Cómo han reaccionado la mayoría de políticos, incluidos los presuntos socialistas, ante la absolución? Lejos de la frase habitual, casi ritual, de que “acatan las sentencias judiciales” se han lanzado en tromba contra la sentencia absolutoria con lindezas como “es un precedente peligroso”, “es un producto de jueci-flautas”, “(los jueces) quieren cargarse el sistema”, “es una invitación a la intimidación de una minoría”…

Les ha enfadado tanto como la absolución la contundente defensa del derecho de manifestación. “La protesta ciudadana expresada en la presencia masiva en las calles -dice- es una forma de participación política que de ningún modo puede considerarse delictiva”.

Consecuentes con su miseria moral, nada democrática, la mayoría del parlamento autonómico catalán (con el voto contrario de los grupos de izquierda ICV y CUP) ha aprobado recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Aunque ésta señale con claridad que no hay prueba alguna de participación de los acusados en ningún tipo de violencia, excepto la falta sentenciada.

La clase política española ha quedado a la altura del betún, si hablamos de democracia. Tras los aspavientos de la mayoría de políticos catalanes ha habido la no menos autoritaria reacción de la clase política española. Pero ¿qué esperar de políticos que han aplaudido mayoritariamente sin fisuras la figura del rey abdicado y lo han aforado con urgencia? Sin olvidar que ese rey fue designado por el dictador Franco como sucesor suyo en la Jefatura del Estado.
Los representantes del pueblo, pues eso son y nada más, han olvidado que la ciudadanía es su patrona. Se han rodeado de privilegios, que no derechos, y han olvidado que no son los depositarios del poder político sino los representantes de quien sí lo es: el pueblo.

La reacción ante la sentencia de la Audiencia Nacional muestra, una vez más, que esta monarquía bipartidista española es un régimen cada vez menos democrático y cada vez más ilegítimo. Ya denunciaba Locke hace más de tres siglos a los gobiernos que, “usurpan las libertades, entregan el gobierno a poderes extranjeros, se corrompen o conducen el país de modo distinto al prometido”.

Como recuerda Fernández Liria, esta gente respeta (o simula respetar) la democracia mientras sirve a sus intereses. Si no es así, cambian las tornas y, en el caso que nos ocupa, les importa un rábano la independencia judicial. ¿Respetar y proteger los derechos humano? ¿Una justicia independiente? Eso no está en la hoja de ruta de la minoría que explota a la ciudadanía ni en la de sus cómplices necesarios como gobiernos y medios.

El autoritarismo, lógica secuela del capitalismo neoliberal

Cerca de quinientas detenciones y un millar de multas administrativas perpetró el gobierno de España desde el inicio del 15 M hasta mediados del año pasado. Hoy, la apuesta contra la protesta ha subido. Los juzgados acumulan más de 80 expedientes contra 260 trabajadores y representantes sindicales por participar en manifestaciones y huelgas y los fiscales piden cárcel para 40 ciudadanos y ciudadanas. Ya hay trabajadores y trabajadoras a punto de entrar en prisión o ya encarcelados por haber participado en una huelga. Un doloroso recuerdo de la dictadura franquista cuando ejercer el derecho de huelga era un delito.

Es una primera y evidente prueba de la deriva autoritaria del gobierno del Partido Popular. Otra es recurrir al decreto-ley como modo de gobernar. La palma se la lleva lo que los medios denominan el decretazo. Casi doscientos folios que modifican 25 leyes con el consabido pretexto de “medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia”. Sin pasar por el Parlamento, hurtando el debate, sin discusión de enmiendas, de puntillas, a espaldas de la ciudadanía.

Pero el antidemocrático autoritarismo que el partido del gobierno lleva en su adn se manifiesta en la progresiva violación de derechos humanos en España. Y aquí cabe recordar el último informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa de hace pocos meses. Un informe que, lisa y llanamente, puso en entredicho la actuación gubernamental. Denunció con dureza que la crisis es pretexto para recortar y violar derechos fundamentales de la infancia, gente mayor y personas que dependen de otras, constató el aumento esponencial de la represión y la sistemática criminalización de la protesta ciudadana que se alza contra los recortes presupuestarios y sus graves consecuencias para la población.

La ONU también denuncia la práctica habitual de detención incomunicada (que incita a malos tratos), la tortura a detenidos por agentes policiales, la impunidad de los policías torturadores, indultar a torturadores condenados, uso excesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas, malos tratos a inmigrantes irregulares internados y cuando son expulsados (además, ilegalmente) y criminalizar a manifestantes pacíficos con las fascistoides reformas del Código Penal y la ley de Seguridad Ciudadana.

Actuaciones gubernamentales que crean una situación política incompatible con la legalidad internacional de la ONU y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque una acción de gobierno jamás puede ser vulnerar sistemáticamente los derechos de la ciudadanía. Algo propio de una dictadura.

En democracia, el Estado es responsable de acabar con la pobreza, que es lisa y llanamente la imposibilidad de vivir una existencia digna. Pero desde que empezó la presunta respuesta a la crisis, los gobiernos neoliberales europeos vulneran el derecho básico a una vida digna.

Como ha escrito Vicenç Navarro, “todas las salidas de las crisis del capitalismo han requerido una redistribución de la riqueza hacia el mundo del trabajo”. Y Nouriel Roubini (el economista que vio venir la crisis) asegura que “no es posible una constante absorción de las rentas del trabajo por el capital, sin provocar una falta de demanda. Eso ocurre hoy. Porque el salario del trabajador es el motor del consumo“. Y Marx ya explicó que “la causa final de toda crisis siempre es la pobreza y el limitado consumo de las masas”.

Visto lo que ocurre, es obvio que la élite económica no renuncia a apropiarse de las rentas del trabajo, porque esa apropiación es su beneficio. Y, por tanto, la pretendida superación de la crisis mantendrá, e incluso aumentará, el empobrecimiento de la ciudadanía global. El empobrecimiento origina la protesta y la movilización ciudadanas; los gobiernos neoliberales (al servicio de la élite económica) reprimen la protesta y violan cada vez más derechos, ahora también civiles y políticos; la ciudadanía reacciona más aún y se organiza; los gobiernos aumentan la represión y la violación de derechos…

La marcha hacia gobiernos autoritarios puros y duros está servida porque es el lógico fruto de la acumulación de capital por desposesión de las clases trabajadoras. Pues un mundo en el que se respeten los derechos humanos de todos en todas partes es incompatible con el capitalismo. El capitalismo es incompatible con la democracia.

El envite está claro. Mundo ciudadano de derechos y justicia (con otro sistema por supuesto) o uno autoritario camino a la perdición.

Este sistema ha perdido toda legitimidad

Sostiene el economista chileno Max Neef que la economía neoliberal mata a más gente que todos los ejércitos del mundo juntos. Pero, además de violarse el fundamental derecho a la vida, se perpetran de modo sistemático muchas más violaciones de otros derechos. Derecho al trabajo, a salario digno, a vida digna, a vivienda adecuada, a educación, a asistencia médica, a seguro de desempleo… Violaciones que son delitos, pero un hipócrita doble rasero considera mayor crimen robar a una persona con una navaja que condenar a la pobreza, al hambre y a la enfermedad a cientos, miles o cientos de miles.

En 2011, Lourdes Beneria y Carmen Sarasúa definieron el crimen económico como una acción inhumana de carácter económico que causa graves sufrimientos a una población civil. Y lo asociaron al crimen contra la humanidad, que el Tribunal Penal Internacional define como “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Fue entonces cuando se conoció la responsabilidad criminal de grandes empresas como Goldman Sachs, Lehman Brothers y bancos y aseguradoras en la gravísima crisis financiera que estalló en 2008 con terribles consecuencias para el mundo.

Cinco años después la situación es peor. La pretendida respuesta a la crisis financiera se ha transformado en una auténtica ofensiva de la élite económica contra el resto de la humanidad. En ese terrible escenario, la ONU ha aprobado elaborar un tratado vinculante para vigilar el respeto de los derechos humanos por las multinacionales.

El acuerdo ha sido aprobado en el Consejo de Derechos Humanos por veinte votos a favor, catorce en contra y trece abstenciones. De los catorce votos opuestos, seis son de Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Países que presumen de defensores de los derechos humanos, pero que ahora ya sabemos que defienden los intereses de las multinacionales y no los derechos. Tal vez el de libertad de expresión que les encanta, porque ellos lo usan con sus medios falaces.

En ese panorama, documentos revelados por Wikileaks muestran las intenciones de las grandes potencias con el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA por sus siglas en inglés) que se negocia en secreto entre Estados Unidos y cincuenta países. Acuerdo que, de firmarse, decapitaría la capacidad de los Estados para regular, vigilar y controlar la inversión extranjera y facilitaría el saqueo de los bienes comunes y servicios públicos por las multinacionales. Ese TISA se negocia al mismo tiempo que el Tratado de Libre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica entre Estados Unidos y once países costeros del océano Pacífico. También en esos tratados se busca impedir que el Estado regule y controle la actuación de las multinacionales y así asegurarles el pillaje.

La Internacional de Servicios Públicos, organización que agrupa a 650 sindicatos de 148 países, ha advertido de que, si se firma el TISA, “se pondrá en peligro la salud, la educación, el suministro de agua y otros muchos servicios públicos, al dar vía libre a las multinacionales en cualquiera de los países firmantes”. Y, si se acuerda el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, será el acta de defunción de la democracia, porque el mecanismo regulador de conflictos entre inversores y estados que propone tal tratado es una patente de corso para que las multinacionales hagan su agosto con cantidades multimillonarias obtenidos en espúreas demandas y, además, impidan gobernar a los gobiernos en defensa de sus ciudadanías.

Las multinacionales nos amenazan con violaciones masivas de derechos con la infame complicidad de muchos gobiernos. Si el derecho a la vida, a no ser torturado, a no ser detenido arbitrariamente, a la libertad de pensamiento y de religión, a la libertad de opinión y expresión son sagrados y su violación provoca rechazo y genera respuesta penal, ¿por qué no ocurre lo mismo cuando se violan derechos económicos y sociales? Más aún cuando los tratados indicados amenazan con provocar un grave aumento global de sufrimiento colectivo.

Gobiernos y voceros al servicio de las élites arguyen, para justificar sus desmanes, que ellos son la legalidad. Y aquí cabe citar a Martin Luther King cuando recordaba que lo que hizo Hitler en Alemania era legal. Porque no es cuestión de legalidad sino de justicia y legitimidad. Y la mayoría de los actuales gobiernos han perdido toda legitimidad. Y como la democracia se ha convertido en un decorado, en una farsa ritual las más de las veces, la ciudadanía no solo tiene el derecho sino el deber de desobedecer, de rebelarse. O no lo contamos.

Tener empleo no garantiza dejar de ser pobre en Europa

Nadie está a salvo de la pobreza en Europa. Porque crece el trabajo precario, disminuye el salario y se suprimen derechos laborales mientras el paro se hace crónico en buena parte de países. Entonces se cuenta hasta el céntimo, se va a vivir con los padres o, los más afortunados, alquilan una habitación en piso compartido. Pero no se pueden afrontar gastos imprevistos ni pagar la calefacción en invierno. A duras penas, alimentarse y con frecuencia se recurre a Cáritas o a un banco de alimentos para poder comer los últimos días del mes. Se viste la misma ropa aunque esté deteriorada y se calzan los mismos zapatos con un agujero en la suela. Y ni un euro para ocio: tomar un café en un bar es un lujo…
Tal vez no sea la pobreza de Oliver Twist, de Charles Dickens, pero es pobreza.

Al inicio de la crisis, una licenciada universitaria inventó el término ‘mileurista': jóvenes como ella que, con formación universitaria, solo encontraban trabajos con insuficientes e injustos sueldos de 1.000 euros mensuales. Hoy, la legión de trabajadores pobres europeos se daría con un canto en los dientes por tal salario.

En España y Europa aumentan las trabajadoras y trabajadores con empleo, pero con sueldos de pobreza. Desapareció la creencia de que tener un empleo en países desarrollados supone bienestar. Por el contrario, tener un trabajo ya no evita la pobreza en el capitalismo.

En España, el gobierno del Partido Popular alardea de reducir el número de parados, pero no explica que el paro baja por empleos de salarios miserables. Casi una cuarta parte de personas en riesgo de pobreza de este país tiene un empleo. Que no la libra de ser pobre. Porque el modelo de crecimiento se basa precisamente en la precariedad laboral y los salarios de penuria. Los fuertes recortes sociales son la otra base del escaso crecimiento.

Pero no sólo hay trabajadores pobres en España. En Francia, tres millones y medio de asalariados necesitan ayuda alimenticia para sobrevivir, porque la pobreza del país ha crecido y ya es superior a la de hace veinte años. En Alemania más de ocho millones de trabajadores ganan menos de 450 euros mensuales. En 1995 el sector precario con sueldos muy bajos era un 15%, hoy es 25%. Una cuarta parte. Rafael Poch nos explicó que “el ‘milagro del empleo’ alemán ha sido por la expansión de trabajos precarios y mal pagados; el mismo trabajo se ha repartido entre más personas al convertir empleos a tiempo completo en varios a tiempo parcial. Hoy en Alemania se trabaja los mismos millones de horas que hace trece años, pero ocupan a tres millones de trabajadores más”. Que cobran menos, claro.

Y todo tiene que ver con la distribución de la riqueza en el mundo. Según un estudio de la banca Crédit Suisse, nada sospechosa de ser roja ni antisistema, la décima parte de la población mundial (unos 700 millones de personas) se reparten el 85% de la riqueza, mientras la mitad de habitantes (3.600 millones) solo posee el 2%. Y un 1% de la población mundial (72 millones) posee casi la mitad del capital de la Tierra, mientras la otra mitad de recursos y riqueza se reparte entre el 99% restante, unos 7.000 millones. Y también de modo desigual.

Esta obscena desigualdad creciente es fruto de la agresión neoliberal sistemática. Esa agresión consiste en rescatar el sector financiero con los impuestos que paga la ciudadanía; imponer austeridad presupuestaria a los estados y entronizar la reducción del déficit como nuevo becerro de oro. También defender a ultranza los intereses de bancos, fondos de inversión y multinacionales y recortar el gasto público para reducir derechos sociales y laborales. Y, por supuesto, salarios más bajos, cada vez más bajos. Además de menos reglas de control del sector bancario y más privatización de lo público. Y, como la ciudadanía se cabrea y reacciona, se limitan las libertades civiles y políticas. Más represión.

Harvey lo llama acumulación (de capital) por desposesión (de la mayoría). Y el humorista El Roto lo expone con su clarividente acidez cuando uno de sus personajes grita: “Si no se puede devaluar la moneda, devaluemos a la gente”.

O se reacciona o el desastre está asegurado.