Esta Unión Europea, no

En 2005, aunque las ciudadanías de Francia y Holanda e Irlanda rechazaron una construcción europea poco democrática (al decir NO a la Constitución Europea), las constructores de la Europa neoliberal, cual cutres magos de feria, distrajeron con trucos, amagos y palabrería al respetable mientras daban el cambiazo. No habría Constitución Europea, pero sí Tratado de Lisboa que, para el caso, les servía igual.

Desde entonces comprobamos que esa Unión Europea ha castigado a la ciudadanía con una austeridad criminal mientras inyectaba millones de euros para salvar a una banca privada responsable de la crisis económica. Ha construido una fortaleza carísima contra los inmigrantes y desmontado derechos y garantías sociales que tanto han costado.

Esa Unión Europea se ha construido enterrando los principios de la democracia y erosionando la democracia misma. El Tratado de Lisboa, como la non nata Constitución europea, se coció en opacos comités. Ni Parlamentos nacionales ni Parlamento Europeo ni debate ciudadano. La euroclase política que hace y deshace al servicio de la minoría ha considerado y considera a la ciudadanía solo un decorado.

Y, para saber al servicio real de quien están, hemos conocido los oscuros enjuagues en Luxemburgo para que las grandes empresas apenas paguen impuestos. Da igual que Juncker (ex primer ministro de Luxemburgo, hoy presidente de la Comisión Europea) niegue tener que ver con esa arquitectura para eludir impuestos. Europa es tierra de elusión y evasión fiscal. O, lo que es igual, donde se quita a la ciudadanía lo que es suyo y a lo que tiene derecho. Pues, además de Luxemburgo y los paraísos fiscales europeos ‘tradicionales’ (Andorra, Gibraltar o las islas británicas del Canal de la Mancha) también son tales paraísos Irlanda, Holanda, Malta, Chipre, Austria o la City de Londres, donde las cabriolas, trampas financieras y atajos para que los ricos paguen menos impuestos son realidad incontestable. Hasta el propio Juncker reconoce el exceso de ingeniería fiscal en Europa. Y, sin retórica ni trampas semánticas, los paraísos fiscales son un modo de quedarse con lo que es de la ciudadanía, el dinero de impuestos que no se llegan a pagar.

Pero además, Juncker tiene un plan. Un proyecto para invertir más de 300.000 millones de euros y crear empleos. ¿No es maravilloso? Lo malo es que para que el capital privado invierta, se le regalan millones. Según nos ha contado Claudi Pérez, “el plan de Juncker supone la emisión de 60.000 millones en bonos garantizados por la Unión Europea para que las empresas financien sus proyectos”. Genial, más dinero para las empresas. ¿A cambio de qué? ¿Empleos? De momento, las primeras experiencias con esos milagrosos bonos (Castor en España y autopista Passante di Mestre en Italia) han sido un fiasco. En el primer caso, cancelar el proyecto por riesgo comprobado de terremotos en la extracción de gas por fractura hidráulica, pero pronto pago de mil y muchos millones de graciosa indemnización en tiempo récord a la empresa responsable de Castor. Y en el caso italiano mucho dinero de sobrecostes más una trama corrupta con un centenar de detenidos. Más de lo mismo en la vieja Europa: beneficios privados, pero socialización de pérdidas.

Solo son un par de muestras de esta Unión Europea. Y un toque más local. Con el desastre innegable del paro y aumento del trabajo precario en el Reino de España, la Unión Europea pide al gobierno más recortes presupuestarios y reformas para cumplir con el déficit de 2015. Y a Rajoy le ha faltado tiempo para garantizar que perpetrará todas las reformas que le pidan. Lo que ellos llaman reformas.

Entonces ¿qué hacemos con esta Europa que actúa contra los intereses de la clase trabajadora y ciudadanía en general? Antoni Domenech propone democratizarla: “Nuestra tarea es democratizar de verdad el Estado. Las repúblicas democráticas que el movimiento obrero trajo a Europa tras la I Guerra Mundial fueron truncadas por el fascismo y el estalinismo. Y las constituciones políticas de los estados de bienestar tras la II Guerra Mundial son menos democráticas que las constituciones tras la primera guerra mundial. La República Federal Alemana es menos democrática que la República de Weimar y la monarquía española, mucho menos democrática que la II República”.

Esa es nuestra tarea, democratizar Europa. Otra Unión Europea.

Austeridad y crímenes económicos contra la humanidad

Con una enorme deuda ilegítima, que no ha contraído la ciudadanía, y la corrupción campando a sus anchas, en España (también en Europa con cifras diversas), millones de personas no tienen empleo, hay 1.800.000 hogares en los que todos están sin trabajo y miles y miles de familias han perdido su casa. Demasiada juventud emigra para tener empleos precarios y no cesan de recortar presupuestos de salud, educación y ayudas sociales. La minoría rica se lleva impunemente el dinero a los paraísos fiscales y el gobierno regala decenas de miles de millones a una banca que no da créditos y que, a pesar del dinero recibido, no se aleja convincentemente de  la insolvencia .

Este panorama es el de una violación sistemática de derechos que empobrece más y más a la ciudadanía. Crecen la incertidumbre, angustia y sufrimiento, la ciudadanía se moviliza, protesta y el gobierno la criminaliza. La minoría rica utiliza la crisis que ha provocado para apoderarse de las rentas de la clase trabajadora y suprime libertades. Porque a este sistema corrompido le sobran los derechos de la ciudadanía.

Austeridad fiscal para asegurar que los grandes acreedores cobren. Recortes de gasto público y social para pagar los intereses de la deuda. Una deuda pública que crece sin cesar. Menos derechos laborales. Rebaja de salarios. Libertad total para la minoría rica. Más privatizaciones. Desigualdad, pobreza, represión. Millones que sufren. Ese es el escenario que hoy sufren las clases trabajadoras, la ciudadanía en general.

Según el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es “cualquier actuación que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil“.

Se entiende habitualmente que tales crímenes son las deportaciones y asesinatos sistemáticos masivos, por ejemplo. Sí, pero ¿acaso las gravísimas consecuencias de la austeridad (teóricamente para afrontar la crisis) no son fruto de una actuación generalizada que desprecia a millones de civiles? Es justo empezar a hablar de crímenes económicos contra la humanidad.

Da igual que haya o no intención expresa. ¿Quién demuestra la intención? Pero los hechos sí son incontestables. Desde hace años hay muchas más personas que sufren, se empobrecen, pasan hambre, enferman, mueren… Cientos de millones. La situación económica se pudre y cierto reparto de la riqueza es un vago recuerdo.

En los 90, las políticas de ‘ajuste estructural’, que imponían el FMI y el Banco Mundial, acarrearon gravísimos costes sociales a la población de África, América Latina, Asia y Europa del Este. ¿Qué son ‘gravísimos costes sociales’ sino pobreza, desigualdad insultante, hambre, más enfermedad, más dolor y sufrimientos masivos? ¿Sufrimiento, pobreza, desigualdad y hambre no son tales si los generan la política del FMI, la banca, grandes empresas y gobiernos al servicio de la minoría? Claro que sí.

Hoy también sufren los ‘costes sociales’ de la austeridad en beneficio de esa minoría las clases trabajadoras de países desarrollados. ‘Costes sociales’ son menos derechos, pérdida de trabajo y vivienda, mientras millones y millones de familias ven amenazada su dignidad y supervivencia como inaceptable consecuencia del saqueo y trasvase de rentas de abajo hacia arriba que es la crisis.

¿No hay responsables? Los ‘mercados’, dicen. Los ‘mercados’ que imponen políticas y actuaciones económicas concretas para asegurar sus beneficios. Caiga quien caiga. Pero los ‘mercados’, como denunció Julio Anguita, tienen nombres y apellidos. No son entes incorpóreos ni ectoplasmas. Son entidades, empresas, instituciones, corporaciones, bancos, fondos buitre, grupos de presión… Que no funcionan y actúan por generación espontánea sino por individuos que deciden, eligen, actúan…

Es hora de llamar a las cosas por su nombre. Esas actuaciones y políticas concretas que causan tantos males a la población civil han de ser consideradas crímenes económicos contra la humanidad y como tales deben ser juzgados. Y procesar a sus autores intelectuales, ejecutores y cómplices necesarios. Porque esa austeridad impuesta no es solo un medio de acumular capital por la minoría sino el andamiaje de intereses que permite perpetrar crímenes contra la humanidad.

Shoshana Zuboff, antigua profesora de Harvard Business School, sostiene que el hecho de que los responsables de la crisis nieguen el daño provocado por sus acciones hace evidente la irresponsabilidad con que acumulan sumas millonarias. Zuboff argumenta que no es admisible culpar solo al sistema, como no lo habría sido culpar de los crímenes nazis a las ideas nazis y no a quienes los cometieron.

Los (pretendidos) tribunales de arbitraje internacional, una mafia

Los Intocables y Muerte entre las flores son filmes que muestran a Chicago gobernada por gángsteres y políticos a su servicio. Lamentablemente, vamos velozmente hacia esa situación. En esencia.

En los últimos años ha aumentado peligrosamente el antidemocrático y perverso arbitraje internacional. Para dirimir conflictos entre transnacionales y gobiernos. Dicen. Pero en realidad para facilitar indemnizaciones multimillonarias a esas empresas. Son los ‘tribunales’ de arbitraje, comisiones formadas por tres abogados privados que resuelven demandas de grandes empresas contra estados… a favor de las empresas, por supuesto. Sin legitimidad alguna porque solo son abogados caros que ninguna estancia democrárica ha nombrado. Cumplen en nuestros días un papel semejante al de los matones con metralleta Thompson al servicio de Al Capone en Chicago. Sin metralletas, pero con retorcidos argumentos jurídicos al servicio de las transnacionales, basados en principios oscuros que se resumen en el dogma de que los beneficios privados están por encima de todo. La gangsterización de la economía se concreta en el llamado mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y estados (ISDS por sus siglas en inglés) que, entre otras maldades, negocian en secreto EEUU y la Unión Europea en un tratado de inversiones. Ese mecanismo pone a los gobiernos a los pies de los caballos, los debilita y puede frenar o impedir que se gobierne en beneficio de la ciudadanía.

Los pretendidos árbitros son pocos, muy pocos, la mayoría de EEUU y Reino Unido. El supuesto arbitraje internacional es en verdad un oligopolio de bufetes de abogados de mil dólares por hora. Según el excelente informe “Cuando la injusticia es negocio” de Pia Eberhardt y Cecilia Olivet, solo tres firmas de abogados (White & Case y King & Sapalding de EEUU y Freshfields de Reino Unido) han arbitrado en un año ¡130 demandas contra gobiernos! Y han dictado indemnizaciones multimillonarias a pagar por los estados. Y solo quince abogados han resuelto (es un decir) más de la mitad de demandas contra estados. Esas demandas arrancan si las transnacionales creen que alguna actuación gubernamental, norma o ley en beneficio de la ciudadanía, los trabajadores o la protección del medio ambiente puede reducir sus beneficios.

Ese reducidísimo grupo de abogados carísimos actúa indistintamente sin el menor pudor como árbitros, representantes de empresas demandantes o testigos. Todo queda en casa. Además, varios abogados del tinglado del arbitraje han sido miembros de consejos de administración de grandes empresas. Cualquier pretensión de equiparar el artificio del arbitraje internacional con la justicia es un mal chiste y un insulto a la inteligencia de la gente decente.

La ONU ha expuesto ya sus muchos reparos contra el arbitraje internacional e incluso el FMI ha reconocido que la actuación de esos presuntos tribunales limita muy severamente la capacidad de los estados para afrontar la crisis y debilita a los gobiernos para actuar en beneficio de la ciudadanía.

Los bufetes que mantienen ese montaje, además de fallar a favor de las empresas, promueven pleitos contra países en crisis para sacar tajada aunque el país se hunda (como hicieron con Grecia o Libia) y animan a las empresas a utilizar la amenaza de demandar a los gobiernos para que cedan a sus pretensiones. El bufete de arbitraje Luther tiene la desfachatez de decir que es más fácil lograr un acuerdo ventajoso de una transnacional con un gobierno si se le amenaza con una demanda multimillonaria.

Pia Eberhardt y Cecilia Olivet nos han desvelado, además, que el arbitraje internacional está muy conectado con la especulación financiera y ha creado una densa red de fondos de inversión, especuladores, árbitros, abogados y empresas potencialmente demandantes. La financiarización del arbitraje ya es tal que se especula con paquetes de demandas a estados… como activos financieros. Y ya sabemos por dolorosa experiencia que la financiarización nos lleva al desastre.

Juan Fernández Armesto, abogado español de arbitraje, señala admirado la sinrazón del mismo: “Nunca deja de sorprenderme que estados soberanos acepten el arbitraje de inversiones. A tres abogados particulares se les da el poder de revisar, sin restricción ni apelación, todas las acciones del Gobierno, todas las decisiones de los tribunales y todas las leyes y reglamentos del Parlamento”.

¿Es o no un auténtico vaciado de la democracia? Una tomadura de pelo gravísima.

Algunos países ya se retiran del sistema de arbitraje. Australia anunció que no aceptaría medidas sobre resolución de diferencias inversor-Estado en sus tratados. Bolivia, Ecuador y Venezuela han anulado tratados de inversión y se han retirado del órgano de arbitraje del Banco Mundial. Argentina no paga laudos arbitrales, Sudáfrica también se resiste al arbitraje… Pero se han de sumar más países hasta que el arbitraje desaparezca, porque esos pretendidos árbitros son pocos, peligrosos, depredadores y sin legitimidad.

La ciudadanía ha de movilizarse para acabar con la mafia del arbitraje.

La deuda como amenaza

Según el Banco de España, la deuda pública española es de algo más de un billón de euros. El 97,1% del PIB. Es decir, de toda la riqueza nacional. La deuda se ha triplicado desde que empezó la crisis; en 2007 era un 36% del PIB y hoy es casi el 100%. Una deuda que es impagable, una deuda que es imprescindible auditar y reestructurar.

En el Reino de España, los intereses de la deuda a pagar en 2015 sobrepasan los 35.000 millones de euros. Casi una quinta parte de lo que se ingresará por impuestos. De reducirse los intereses de la deuda pública, los países de la eurozona, España incluida, tendrían presupuestos con superávit. O, dicho de otro modo, si los gobiernos hubieran sido financiados por el Banco Central Europeo al interés con el que generosamente financia a la banca privada, la deuda pública europea sería mínima. Y es que la utilización de la deuda no es técnica, inocente, neutral ni imparcial. Los bancos han destinado el dinero barato del BCE para pagar los créditos con los que alimentaron la burbuja inmobiliaria y para comprar deuda pública con la que obtienen beneficios a costa del erario público.

Que la deuda sea impagable hace imprescindibles moratorias, reestructuraciones, suspensiones y quitas. Medidas normales en el capitalismo, como lo fueron en el feudalismo y antes. En la Babilonia de Hammurabí, hace cuatro mil años, hubo una treintena de reestructuraciones de deuda, incluidas cuatro anulaciones.

Pero no hay que ir tan lejos para comprobar que reestructuraciones y quitas de deuda son actuaciones frecuentes. Por el Acuerdo de Londres de 1953, 25 países acreedores aceptaron anular un 62% de la deuda externa alemana. Reducción que fue clave para la rápida recuperación y posterior desarrollo de la República Federal Alemana. Reinhart y Trebesch nos ofrecen algunos datos históricos sobre otras reestructuraciones de deuda cercanas; las amplias reducciones de deuda pública de Francia o Italia tras la conflagración mundial del 52% y 36% respectivamente respecto a su PIB de 1934. La deuda fue condonada en su mayor parte, olvidada y, tras la reestructuración, mejoraron las condiciones económicas y ambos países crecieron.

La reestructuración o anulación de deuda pública es voluntad política, no cuestión técnica. Como también es voluntad política decidir a quién beneficia una reestructuración de la deuda. ¿A la ciudadanía? ¿A la minoría que detenta el poder económico? La deuda pública se utilizó en los noventa para obligar a América Latina a aplicar políticas neoliberales. El mecanismo era sencillo: para lograr préstamos del Banco Mundial, había que cumplir las condiciones que imponía el FMI. Que eran ajustes estructurales (despidos masivos y patente de corso para el capital), privatizar todo lo público y rebajar salarios. Chantaje puro y duro.

Desde hace tres décadas, es política neoliberal aumentar el endeudamiento de la mayoría de países para controlarlos o incidir en sus políticas. En la vieja Europa la deuda ha aumentado extraordinariamente por los tratados de Maastrich y Lisboa que prohíben al Banco Central Europeo prestar directamente a los gobiernos, pero no a los bancos privados. Con la caída de ingresos del Estado, por las rebajas de impuestos a los que más poseen y más ganan, los gobiernos recurren a la banca privada que compra sus bonos de deuda a interés más alto. Es el mecanismo de aumento de la deuda pública en Europa y de control que cierra así el círculo del uso torticero de la deuda.

Puesto que el modo clásico de producción flaquea desde hace décadas para obtener los beneficios que pretendía la clase dominante, la deuda pública se ha convertido en manos del poder económico y de sus gendarmes (FMI, BCE, CE…) no solo en mecanismo de control político sino también en medio para conseguir esos anhelados beneficios. En modo de acumulación de capital. Como también lo son la austeridad fiscal por trasvase de rentas de las clases populares a las élites, la corrupción (apropiación ilegal directa del contenido de las arcas públicas) y la especulación financiera desaforada. Si la deuda pública es hoy medio de acumulación, es un modo de explotación y de dominio.

Por todo ello, hacer frente a la deuda, auditarla, reestructurarla y reducirla, pensando sobre todo en la gente, es obligatorio para defender los derechos de la mayoría, para empezar a cambiar las cosas y construir otro mundo posible más decente.

La tan traída y llevada corrupción es parte del sistema capitalista

Corrupción es soborno. Que funcionarios y políticos profesionales se apropien de fondos públicos. Que se manipulen o distorsionen datos e informaciones en concursos o negocios públicos en beneficio de corruptores y corrompidos. Que se oculten y manipulen datos para no pagar impuestos. Que se oculten fortunas. Que empresas e individuos tengan ventajas y privilegios en la obtención de contratos y recursos públicos… Hace unos días, en el Reino de España fueron detenidos más de cincuenta políticos, funcionarios y empresarios por prácticas corruptas organizadas. La mayoría, políticos del gobernante Partido Popular. La investigación intenta concretar quienes cobraron comisiones hasta 250 millones de euros en total por conceder contratos públicos. Es la operación Púnica… pero ya hay otra en marcha, Enredadera.

En España hay unas 1700 causas por corrupción con cientos de imputados. Nombres ‘ilustres’ de la política, la empresa, las administraciones públicas, la burocracia sindical y las instituciones del Estado aparecen en la larga lista de cientos y cientos ya imputados o que lo serán. Como Acebes (que fue ministro de Interior), Rato (ex-vicepresidente económico), Bárcenas (que fue tesorero del Partido Popular), Urdangarín, (cuñado del rey Felipe VI), Cristina de Borbón (hermana del rey), Blesa (que fue presidente de Bankia), Pujol (presidente del gobierno autónomo de Cataluña más de veinte años)… La corrupción ocupa portadas un día tras otro.

Pero la corrupción no es solo problema español. En absoluto. Como muestra de enorme escándalo de corrupción, en julio de 2003 se destapó una de las mayores tramas corruptas de Europa. Eurostat, el servicio de estadística de la Unión Europea, había actuado durante años como una empresa mafiosa. Doble contabilidad, contratos falsos, contratos inexplicables, aumento contable de costes, ofertas ficticias, fondos secretos, oscuros movimientos de docenas de millones de euros… Y hace unos días, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desveló que se firmaron 548 acuerdos secretos entre el paraíso fiscal Luxemburgo (miembro de la Unión Europea) y 340 grandes empresas… para evadir impuestos. Ocurrió cuando era primer ministro de ese pequeño país el actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker y cuando el ministro español de economía, de Guindos, era responsable financiero de la consultora PwC, una de las cuatro empresas que organizaron las trampas fiscales de cientos de multinacionales para no pagar impuestos o apenas pagar.

¿Cómo no ha de haber corrupción si el Fondo Monetario Internacional contribuyó a grandes corrupciones, tal vez ignorante pero sin duda imprudente e irresponsable? En los noventa, el FMI prestó a Rusia más de 20.000 millones de dólares sin controlar el destino de ese capital y altos funcionarios del gobierno de Yeltsin desviaron 500 millones de dólares, mientras respetables bancos estadounidenses aceptaban abrir depósitos con cantidades obscenas de ignorado origen, abiertos por políticos corruptos y delincuentes similares. Según el Congreso de EEUU, el origen de esas fortunas se ocultó por sistema. El Citibank abrió 350 cuentas secretas con dinero de origen inexplicable y la mafia rusa utilizó el Bank of New York para blanquear 10.000 millones de dólares. Bancos estadounidenses y europeos contribuyeron a blanquear más de 200.000 millones de dólares e total, fruto del saqueo del patrimonio público ruso tras ser privatizado. Rosa Jansen, ex-vicepresidenta del Tribunal de Utrecht, fue profeta al afirmar entonces que “estamos ante el nacimiento de la corrupción supranacional”. Y muy organizada, cabría añadir.

Contra la errónea idea de que la corrupción es propia de países poco desarrollados, además de recordar que en toda corrupción hay dos: corruptor y corrompido, es evidente que la corrupción está instalada muy a gusto en los países ricos. Así lo demuestran los numerosos escándalos que han estallado desde los años noventa de Eurostat, Enron, World Com, Parmalat… y otras grandes empresas. O que el presidente Bush y el vicepresidente Cheney estuvieran bajo sospecha antes de ocupar la Casa Blanca. Y también que la mayoría de grandes empresas alemanas se hayan sentado en el banquillo de los acusados en los últimos años. Que en los últimos años de gobierno de Felipe González la corrupción se llevara gran cantidad de titulares. Que en Francia el presidente Sarkozy se viera salpicado por asuntos de corrupción. O que Silvio Berlusconi utilizara en Italia su mayoría parlamentaria para aprobar leyes de inmunidad que le permitieran escapar de condenas seguras por corrupción…

La corrupción parece el cuento de no acabar, pero, cuidado, no caigamos en la trampa de considerar la corrupción como algo excepcional, con la misma excepcionalidad del asesinato en la vida cotidiana de la gente común. Porque lo cierto es que la corrupción no solo son graves infracciones del Código Penal, sino que ya es otro modo de acumulación de capital del neoliberalismo. Como lo son la especulación financiera desatada, la austeridad fiscal y la deuda como medio de dominio. Pues podemos afirmar con seguridad que la corrupción se ha instalado en todo el mundo para quedarse. Mientras haya capitalismo, claro. Porque es parte esencial del sistema.

Este régimen monárquico bipartidista apesta cada vez más a franquismo

María Servini, jueza instructora de la querella en Argentina por crímenes del franquismo, ha ordenado, por aplicación de la justicia universal, la detención de 20 presuntos criminales franquistas de lesa humanidad . Ocho eran ministros durante la dictadura, responsables de las últimas sentencias de muerte del franquismo o del asesinato de cinco trabajadores y más de cien heridos en la ciudad vasca de Vitoria. Dos peticiones anteriores de extradición de sendos torturadores fueron rechazadas por la Audiencia Nacional. ¿Que pasará con esta nueva petición de extradición? No parece que sea atendida, pues, como denuncia Tomás F. Ruiz, incluso “aunque el PSOE gobernara en un futuro próximo, no entregaría a la justicia argentina a esos veinte acusados de crímenes. Gozan de una impunidad previamente pactada”.

Todos los gobiernos de España desde 1977 han respetado el obsceno pacto de silencio de los crímenes del franquismo. Por eso aún hay 150.000 desaparecidos por la Guerra Civil y la represión franquista posterior. “En España se oculta uno de los peores genocidios del siglo XX – ha denunciado el abogado Carlos Slepoy, promotor de la querella por los crímenes del franquismo-. Se habla de la Guerra Civil como enfrentamiento entre hermanos, pero fue un plan frío y premeditado para eliminar a los sectores de sociedad española opuestos a la dictadura franquista.”

En 1946, la Asamblea General de la ONU declaró que, “el Gobierno fascista de Franco fue impuesto al pueblo español por la fuerza con la ayuda de las potencias fascista y nazi y no representa al pueblo español”. Y el más cercano 17 de marzo de 2006, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenó otra vez el régimen franquista por sistemáticas violaciones de derechos en España de 1939 a 1975, porque “hay suficientes pruebas de graves y numerosas violaciones de Derechos Humanos, perpetradas por el régimen franquista.”

Pero el franquismo no desaparece. En una España con una de las tasas de delincuencia más bajas de Europa, según informe del propio Ministerio del Interior, que hace de este país “uno de los más seguros de Europa”; en un país donde en un par de años ha habido miles de manifestaciones sin incidentes graves (salvo unos pocos causados por provocadores), el Partido Popular decide reformar el Código Penal y saca de la chistera una innecesaria y represora ley de Seguridad Ciudadana a la que la sabiduría ciudadana ha bautizado como Ley Mordaza.

La nueva normativa supone que manifestarse en transportes y alterar su funcionamiento se castigue con multas de 30.001 a 600.000 euros. Que organizar manifestaciones donde haya incidentes (y los incidentes son fáciles de provocar) puede costar un año de prisión. Que impedir un desahucio cueste 30.000 euros de multa. Que manifestarse en una oficina bancaria cueste 6 años de prisión. Que la policía pueda disolver movilizaciones solo por sospechas, sin más. Que vigilantes de empresas de seguridad privada puedan controlar el orden público. Y que la resistencia pasiva no violenta se castigue con multas de 30.000 euros. Gandhi lo tendría crudo en esta España neofranquista. Lo hubieran arruinado a multas.

Carlos Martínez ha denunciado que “ya no hay presunción de inocencia, porque la simple acusación de un policía convertirá en culpables a los ciudadanos. Y los provocadores infiltrados lograrán que quienes convoquen una manifestación pacífica o participen en ella puedan ser condenados. Los grupos informativos en huelgas, directamente a la cárcel. Los pacíficos escraches podrán ser delito con suma facilidad. Pintar un graffiti será delito de daños…”

A los viejos del lugar, todo esto nos recuerda mucho la dictadura franquista. Las nuevas leyes son una pérdida clara de derechos, porque limitan todas las libertades para liquidar la protesta social y ciudadana. Como en la dictadura. La ley Mordaza, la reforma del Código Penal y la ley de Seguridad Privada apestan a franquismo. Tal vez porque los actuales gobernantes y mandatarios del Reino de España tienen nostalgia de lo que hacían sin cortapisas en la dictadura sus abuelos, padres, tíos y suegros.

Y, si alguien aún duda de que este país continúa siendo bastante franquista, sepa que el Regimiento de Caballería Acorazada Lusitania 8 se ha entrenado con material antidisturbios para “contención y control de masas civiles“. Como en las pasadas dictaduras latinoamericanas.

Soportamos una banca privada adicta al dinero público fácil

Si la banca privada no da créditos y solo se beneficia a sí misma, ¿para qué queremos la banca privada? ¿En que beneficia a la ciudadanía, a la gente común, que la banca española haya superado los dichosos test europeos de solvencia, llamados de estrés? Claro que han superado esos test porque, además del ingente rescate bancario con cientos de miles de millones de euros de los últimos años, les han tolerado maquillar sus balances con ocultaciones, trampas y dispensas contables más ayudas normativas que les han permitido registrar beneficios sin reflejar su verdadera situación patrimonial, nada boyante por cierto, sin contar las pérdidas reales.

¿Cómo no superar los test tras las inyecciones de liquidez, aportaciones de capital, garantías, ahorro de impuestos y avales más los préstamos del Banco Central Europeo que elevan entre todo las ayudas públicas a la banca española a 1,4 billones de euros?

Se han superado los test, pero el crédito no fluye. Lo reconoce el propio FMI que, tras haber estudiado 300 grandes bancos de economías avanzadas, diagnostica que “las entidades financieras no tienen músculo financiero suficiente para apoyar la reactivación”. ¿Cuánto dinero público más necesitan para lograr la musculatura necesaria? Y, entre esos trescientos, están los bancos españoles. Todos dependen de las ayudas públicas o se hubieran hundido hace tiempo.

Lo ha contado alto y claro Marco Antonio Moreno, especialista en el mundo financiero: “El sistema financiero se ha vuelto dependiente de las inyecciones de dinero barato. Y cuando alguien como Janet Yellen (presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central estadounidense) dice que el dinero barato llegará a su fin, el pánico inunda las bolsas. Porque lo cierto es que no se puede esperar nada más de una banca adicta al dinero barato, que se le dio para la reactivar la economía, pero que utiliza para especular más”.

Así es, el dinero que presta baratísimo el Banco Central Europeo (BCE) sirve para comprar bonos de deuda pública y ganar 6 veces lo invertido. Sólo por mover el dinero del BCE a las arcas estatales. Es la cruda realidad de la banca española. Una banca que solo trabaja para sí, inútil para la ciudadanía. Pero lo cierto es que se necesita dinero real, no apuntes contables ni activos diferidos. Verdadero dinero real, porque la economía real se estanca por falta de demanda y por ausencia de crédito. Pero ese crédito no lo proporciona la banca privada. Y, para más inri, la banca española, tras superar los test inútilmente (porque el crédito brilla por su ausencia), aún pedirá 18.000 millones de euros más en la barra libre de liquidez del BCE de diciembre, a tipos muy baratos por supuesto. En la barra libre de hace unos meses, Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Popular y Bankia consiguieron 15.000 millones de euros entre todos. El cuento de nunca acabar. Dinero público fácil.

Los bancos españoles son yonquis financieros, adictos al dinero público fácil pero, si las ayudas que devoran sin cesar son públicas y ellos no dan el crédito necesario porque su situación patrimonial de pena no lo permite, a pesar de los test, ¿por qué continuar ayudándolos? ¿No sería mejor comprobar ya que, por grandes que sean, es mejor dejarlos caer? Porque el principio o mantra too big to fail, “demasiado grandes para dejarlos caer”, ha sido y es un engaño para que los bancos grandes se comieran a los pequeños y no cesen las ayudas públicas.

El economista y profesor Juan Torres ha recordado que “las ayudas a los bancos que provocaron la crisis ni siquiera han limpiado sus balances y el FMI ha señalado que solo en Europa los bancos acumulan 800.000 millones de euros en activos tóxicos, lo que puede provocar nuevas quiebras en un futuro inmediato”. Así están las cosas y el problema continúa. En realidad, las ayudas públicas a la banca han servido para hacer aún más fuertes a los bancos. Para especular. Pero empresas y familias continúan sin poder financiarse. Y la economía no arranca. ¿No hubiera sido más barato y eficaz haber adquirido la banca privada quebrada, en vez de sanearla para privatizarla, y construir un nuevo sistema financiero público al servicio de la economía real? Yo diría que sí.