De camino hacia el neofranquismo

¿Qué pensar de una condena de tres años de prisión a un ciudadano por haber estado en un piquete informativo de huelga? Les pasó a Carlos y a Carmen en Granada. Carlos salió hace unos días, tras una semana encarcelado, y Carmen no ha ingresado en prisión aún. Ambos han solicitado el indulto. Pero lo grave es que los hayan condenado por formar parte de un piquete. Mientras a Jaume Matas, el corrupto ex-presidente de la comunidad autónoma de las Islas Baleares (España), le reducen la pena de seis años a nueve meses. El doble rasero los denuncia, los deja con las vergüenzas al aire.

Expedientes, diligencias, multas y juicios contra huelguistas y manifestantes, pero tolerancia para los delitos económicos que perpetra la minoría que detenta el poder (a cuyo servicio está el gobierno). Mientras otros países europeos establecen leyes sólidas contra la corrupción (sin ser un modelo), en España la reforma del Código Penal se olvida materialmente de la corrupción.

Aquellos días de huelga de 2012, cuando acusaron a Carlos y Carmen, los juristas Pisarello y Asens denunciaban que “los exasperados ataques gubernamentales, mediáticos y judiciales contra los huelguistas del 29 de marzo y el anuncio de medidas criminalizadoras de la protesta reflejan una indudable deriva autoritaria”. Hoy, esa deriva ha ido a más. Mucho más. Los desmanes de los últimos tiempos recuerdan demasiado la dictadura.

Que la situación es antidemocrática y en aumento lo demuestra que el gobierno viola derechos desde las propias leyes. Como la nueva legislación de Seguridad Ciudadana que completa la más represiva reforma del Código Penal. Más un mayor deterioro democrático por el uso excesivo de la fuerza y malos tratos y torturas por parte de agentes de policía. Amnistía Internacional ha condenado tanto uno como otros en varios informes. Para Amnistía, en España se tortura, pero es negado por el gobierno y la tortura queda impune. La organización ha denunciado y documentado numerosos casos de malos tratos y torturas en su informe “Sal en la herida” y un informe posterior de seguimiento. La suma de todo rememora demasiado el franquismo.

Que la impunidad de los torturadores parece una política gubernamental lo demostró el escandaloso caso del doble indulto a cuatro policías en Cataluña. Al conocerse la sentencia firme que los condenaba por torturas, el gobierno central los indultó. Pero el juez emitió un nuevo auto en el que mandaba ingresar en prisión de inmediato a los policías torturadores. ¡Y el gobierno vuelve a indultarlos! ¿No demuestra este caso una política concreta? El indulto a esos torturadores no fue un caso raro o aislado.

También es denunciable el uso excesivo de la fuerza por la policía contra la ciudadanía que protesta, como ha hecho también Amnistía Internacional en varios informes. Aparte de que la Red ofrece cuantiosas e innegables imágenes de excesos policiales en concentraciones y manifestaciones ciudadanas, así como en desalojos de viviendas a los que se oponen pacíficamente ciudadanos solidarios con los desahuciados.

En fin, las nuevas leyes represivas del gobierno no sólo son innecesarias, sino que buscan acabar con la pacífica resistencia ciudadana a su política de austeridad, recortes y vulneración de derechos. Es así porque resulta que España tiene una de las tasas más bajas de criminalidad de Europa y no precisa mayor respuesta coercitiva. Es más, el ministerio del Interior no disimuló su satisfacción al anunciar recientemente en rueda de prensa las cifras de delincuencia del año pasado y mostrar que la tasa de delincuencia en España es una de las más bajas de Europa desde hace años.

¿Por qué entonces una nueva ley de seguridad ciudadana? Aún se entiende menos cuando el propio ministro de Interior declaró que en 2013 hubo en España más de 6.000 manifestaciones y ningún problema de orden público digno de reseñar. ¿Por qué? Porque la nueva ley de seguridad ciudadana nada tiene que ver con la seguridad real y sí con atemorizar a la ciudadanía resistente. Y lo que busca es cortar de raíz el movimiento ciudadano que quiere cambiar las cosas a mejor.

Así es porque, como ha denunciado la asociación Jueces para la Democracia, “la Ley de Seguridad Ciudadana cierra el círculo que convierte en crimen el ejercicio de los derechos fundamentales. Y la reforma del Código Penal es innecesaria, y por tanto ilegítima, porque crea un nuevo tipo de delincuente: el disidente político”.

Lo dicho, el panorama expuesto recuerda cada vez más el franquismo que creíamos desaparecido. Pero no.

Aquí se ve el progresivo retroceso de la democracia

El Reino de España sufre un plus de despotismo respecto al autoritarismo progresivo de Europa. Veamos una muestra que explica lo dicho. El 15 de junio de 2011, el 15 M convocó en Barcelona una protesta ante el parlamento autonómico de Cataluña porque aprobaba recortes presupuestarios que eran más ataques contra los derechos de la gente.

Miles de ciudadanos y ciudadanas se concentraron ante ese parlamento y dificultaron la cómoda entrada de los diputados autonómicos a la cámara.
Intervinieron los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, la policía catalana, con la agresividad y provocación que los caracteriza y hubo algunos incidentes. Pero los medios presuntamente informativos transmitieron una violencia que no existió. Una manipulación mediática de manual. A pesar de que las televisiones no habían grabado imágenes de la inexistente violencia denunciada, porque no hubo tal, emitieron una y otra vez el abucheo contra algunos diputados y el lanzamiento de una botella de agua contra un furgón de la policía, mientras algunos diputados declaraban que había habido conductas nazis (que nunca se vieron), kaleborroka (terrorismo callejero de ETA que no apareció) y guerrilla urbana (totalmente ausente).

Diecinueve ciudadanos y ciudadanas, acusados por la policía, fueron imputados y, días después, detenidos a la brava en el interior del edificio de los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Barcelona por una cincuentena de Mossos d’Esquadra, encapuchados y fuertemente armados, donde habían acudido voluntariamente para ser interrogados por los jueces.

Tres años después y tras minuciosa investigación, la Audiencia Nacional ha absuelto a 18 de los acusados de atentado contra las Instituciones del Estado para los que el fiscal pedía hasta 6 años de prisión. La única sentencia ha sido para una persona que se ha de presentar en comisaría durante cuatro días por una falta de daños -que no delito- por haber manchado con un espray la gabardina de una diputada.

¿Cómo han reaccionado la mayoría de políticos, incluidos los presuntos socialistas, ante la absolución? Lejos de la frase habitual, casi ritual, de que “acatan las sentencias judiciales” se han lanzado en tromba contra la sentencia absolutoria con lindezas como “es un precedente peligroso”, “es un producto de jueci-flautas”, “(los jueces) quieren cargarse el sistema”, “es una invitación a la intimidación de una minoría”…

Les ha enfadado tanto como la absolución la contundente defensa del derecho de manifestación. “La protesta ciudadana expresada en la presencia masiva en las calles -dice- es una forma de participación política que de ningún modo puede considerarse delictiva”.

Consecuentes con su miseria moral, nada democrática, la mayoría del parlamento autonómico catalán (con el voto contrario de los grupos de izquierda ICV y CUP) ha aprobado recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Aunque ésta señale con claridad que no hay prueba alguna de participación de los acusados en ningún tipo de violencia, excepto la falta sentenciada.

La clase política española ha quedado a la altura del betún, si hablamos de democracia. Tras los aspavientos de la mayoría de políticos catalanes ha habido la no menos autoritaria reacción de la clase política española. Pero ¿qué esperar de políticos que han aplaudido mayoritariamente sin fisuras la figura del rey abdicado y lo han aforado con urgencia? Sin olvidar que ese rey fue designado por el dictador Franco como sucesor suyo en la Jefatura del Estado.
Los representantes del pueblo, pues eso son y nada más, han olvidado que la ciudadanía es su patrona. Se han rodeado de privilegios, que no derechos, y han olvidado que no son los depositarios del poder político sino los representantes de quien sí lo es: el pueblo.

La reacción ante la sentencia de la Audiencia Nacional muestra, una vez más, que esta monarquía bipartidista española es un régimen cada vez menos democrático y cada vez más ilegítimo. Ya denunciaba Locke hace más de tres siglos a los gobiernos que, “usurpan las libertades, entregan el gobierno a poderes extranjeros, se corrompen o conducen el país de modo distinto al prometido”.

Como recuerda Fernández Liria, esta gente respeta (o simula respetar) la democracia mientras sirve a sus intereses. Si no es así, cambian las tornas y, en el caso que nos ocupa, les importa un rábano la independencia judicial. ¿Respetar y proteger los derechos humano? ¿Una justicia independiente? Eso no está en la hoja de ruta de la minoría que explota a la ciudadanía ni en la de sus cómplices necesarios como gobiernos y medios.

El autoritarismo, lógica secuela del capitalismo neoliberal

Cerca de quinientas detenciones y un millar de multas administrativas perpetró el gobierno de España desde el inicio del 15 M hasta mediados del año pasado. Hoy, la apuesta contra la protesta ha subido. Los juzgados acumulan más de 80 expedientes contra 260 trabajadores y representantes sindicales por participar en manifestaciones y huelgas y los fiscales piden cárcel para 40 ciudadanos y ciudadanas. Ya hay trabajadores y trabajadoras a punto de entrar en prisión o ya encarcelados por haber participado en una huelga. Un doloroso recuerdo de la dictadura franquista cuando ejercer el derecho de huelga era un delito.

Es una primera y evidente prueba de la deriva autoritaria del gobierno del Partido Popular. Otra es recurrir al decreto-ley como modo de gobernar. La palma se la lleva lo que los medios denominan el decretazo. Casi doscientos folios que modifican 25 leyes con el consabido pretexto de “medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia”. Sin pasar por el Parlamento, hurtando el debate, sin discusión de enmiendas, de puntillas, a espaldas de la ciudadanía.

Pero el antidemocrático autoritarismo que el partido del gobierno lleva en su adn se manifiesta en la progresiva violación de derechos humanos en España. Y aquí cabe recordar el último informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa de hace pocos meses. Un informe que, lisa y llanamente, puso en entredicho la actuación gubernamental. Denunció con dureza que la crisis es pretexto para recortar y violar derechos fundamentales de la infancia, gente mayor y personas que dependen de otras, constató el aumento esponencial de la represión y la sistemática criminalización de la protesta ciudadana que se alza contra los recortes presupuestarios y sus graves consecuencias para la población.

La ONU también denuncia la práctica habitual de detención incomunicada (que incita a malos tratos), la tortura a detenidos por agentes policiales, la impunidad de los policías torturadores, indultar a torturadores condenados, uso excesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas, malos tratos a inmigrantes irregulares internados y cuando son expulsados (además, ilegalmente) y criminalizar a manifestantes pacíficos con las fascistoides reformas del Código Penal y la ley de Seguridad Ciudadana.

Actuaciones gubernamentales que crean una situación política incompatible con la legalidad internacional de la ONU y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque una acción de gobierno jamás puede ser vulnerar sistemáticamente los derechos de la ciudadanía. Algo propio de una dictadura.

En democracia, el Estado es responsable de acabar con la pobreza, que es lisa y llanamente la imposibilidad de vivir una existencia digna. Pero desde que empezó la presunta respuesta a la crisis, los gobiernos neoliberales europeos vulneran el derecho básico a una vida digna.

Como ha escrito Vicenç Navarro, “todas las salidas de las crisis del capitalismo han requerido una redistribución de la riqueza hacia el mundo del trabajo”. Y Nouriel Roubini (el economista que vio venir la crisis) asegura que “no es posible una constante absorción de las rentas del trabajo por el capital, sin provocar una falta de demanda. Eso ocurre hoy. Porque el salario del trabajador es el motor del consumo“. Y Marx ya explicó que “la causa final de toda crisis siempre es la pobreza y el limitado consumo de las masas”.

Visto lo que ocurre, es obvio que la élite económica no renuncia a apropiarse de las rentas del trabajo, porque esa apropiación es su beneficio. Y, por tanto, la pretendida superación de la crisis mantendrá, e incluso aumentará, el empobrecimiento de la ciudadanía global. El empobrecimiento origina la protesta y la movilización ciudadanas; los gobiernos neoliberales (al servicio de la élite económica) reprimen la protesta y violan cada vez más derechos, ahora también civiles y políticos; la ciudadanía reacciona más aún y se organiza; los gobiernos aumentan la represión y la violación de derechos…

La marcha hacia gobiernos autoritarios puros y duros está servida porque es el lógico fruto de la acumulación de capital por desposesión de las clases trabajadoras. Pues un mundo en el que se respeten los derechos humanos de todos en todas partes es incompatible con el capitalismo. El capitalismo es incompatible con la democracia.

El envite está claro. Mundo ciudadano de derechos y justicia (con otro sistema por supuesto) o uno autoritario camino a la perdición.

Este sistema ha perdido toda legitimidad

Sostiene el economista chileno Max Neef que la economía neoliberal mata a más gente que todos los ejércitos del mundo juntos. Pero, además de violarse el fundamental derecho a la vida, se perpetran de modo sistemático muchas más violaciones de otros derechos. Derecho al trabajo, a salario digno, a vida digna, a vivienda adecuada, a educación, a asistencia médica, a seguro de desempleo… Violaciones que son delitos, pero un hipócrita doble rasero considera mayor crimen robar a una persona con una navaja que condenar a la pobreza, al hambre y a la enfermedad a cientos, miles o cientos de miles.

En 2011, Lourdes Beneria y Carmen Sarasúa definieron el crimen económico como una acción inhumana de carácter económico que causa graves sufrimientos a una población civil. Y lo asociaron al crimen contra la humanidad, que el Tribunal Penal Internacional define como “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Fue entonces cuando se conoció la responsabilidad criminal de grandes empresas como Goldman Sachs, Lehman Brothers y bancos y aseguradoras en la gravísima crisis financiera que estalló en 2008 con terribles consecuencias para el mundo.

Cinco años después la situación es peor. La pretendida respuesta a la crisis financiera se ha transformado en una auténtica ofensiva de la élite económica contra el resto de la humanidad. En ese terrible escenario, la ONU ha aprobado elaborar un tratado vinculante para vigilar el respeto de los derechos humanos por las multinacionales.

El acuerdo ha sido aprobado en el Consejo de Derechos Humanos por veinte votos a favor, catorce en contra y trece abstenciones. De los catorce votos opuestos, seis son de Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Países que presumen de defensores de los derechos humanos, pero que ahora ya sabemos que defienden los intereses de las multinacionales y no los derechos. Tal vez el de libertad de expresión que les encanta, porque ellos lo usan con sus medios falaces.

En ese panorama, documentos revelados por Wikileaks muestran las intenciones de las grandes potencias con el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA por sus siglas en inglés) que se negocia en secreto entre Estados Unidos y cincuenta países. Acuerdo que, de firmarse, decapitaría la capacidad de los Estados para regular, vigilar y controlar la inversión extranjera y facilitaría el saqueo de los bienes comunes y servicios públicos por las multinacionales. Ese TISA se negocia al mismo tiempo que el Tratado de Libre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica entre Estados Unidos y once países costeros del océano Pacífico. También en esos tratados se busca impedir que el Estado regule y controle la actuación de las multinacionales y así asegurarles el pillaje.

La Internacional de Servicios Públicos, organización que agrupa a 650 sindicatos de 148 países, ha advertido de que, si se firma el TISA, “se pondrá en peligro la salud, la educación, el suministro de agua y otros muchos servicios públicos, al dar vía libre a las multinacionales en cualquiera de los países firmantes”. Y, si se acuerda el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, será el acta de defunción de la democracia, porque el mecanismo regulador de conflictos entre inversores y estados que propone tal tratado es una patente de corso para que las multinacionales hagan su agosto con cantidades multimillonarias obtenidos en espúreas demandas y, además, impidan gobernar a los gobiernos en defensa de sus ciudadanías.

Las multinacionales nos amenazan con violaciones masivas de derechos con la infame complicidad de muchos gobiernos. Si el derecho a la vida, a no ser torturado, a no ser detenido arbitrariamente, a la libertad de pensamiento y de religión, a la libertad de opinión y expresión son sagrados y su violación provoca rechazo y genera respuesta penal, ¿por qué no ocurre lo mismo cuando se violan derechos económicos y sociales? Más aún cuando los tratados indicados amenazan con provocar un grave aumento global de sufrimiento colectivo.

Gobiernos y voceros al servicio de las élites arguyen, para justificar sus desmanes, que ellos son la legalidad. Y aquí cabe citar a Martin Luther King cuando recordaba que lo que hizo Hitler en Alemania era legal. Porque no es cuestión de legalidad sino de justicia y legitimidad. Y la mayoría de los actuales gobiernos han perdido toda legitimidad. Y como la democracia se ha convertido en un decorado, en una farsa ritual las más de las veces, la ciudadanía no solo tiene el derecho sino el deber de desobedecer, de rebelarse. O no lo contamos.

Tener empleo no garantiza dejar de ser pobre en Europa

Nadie está a salvo de la pobreza en Europa. Porque crece el trabajo precario, disminuye el salario y se suprimen derechos laborales mientras el paro se hace crónico en buena parte de países. Entonces se cuenta hasta el céntimo, se va a vivir con los padres o, los más afortunados, alquilan una habitación en piso compartido. Pero no se pueden afrontar gastos imprevistos ni pagar la calefacción en invierno. A duras penas, alimentarse y con frecuencia se recurre a Cáritas o a un banco de alimentos para poder comer los últimos días del mes. Se viste la misma ropa aunque esté deteriorada y se calzan los mismos zapatos con un agujero en la suela. Y ni un euro para ocio: tomar un café en un bar es un lujo…
Tal vez no sea la pobreza de Oliver Twist, de Charles Dickens, pero es pobreza.

Al inicio de la crisis, una licenciada universitaria inventó el término ‘mileurista': jóvenes como ella que, con formación universitaria, solo encontraban trabajos con insuficientes e injustos sueldos de 1.000 euros mensuales. Hoy, la legión de trabajadores pobres europeos se daría con un canto en los dientes por tal salario.

En España y Europa aumentan las trabajadoras y trabajadores con empleo, pero con sueldos de pobreza. Desapareció la creencia de que tener un empleo en países desarrollados supone bienestar. Por el contrario, tener un trabajo ya no evita la pobreza en el capitalismo.

En España, el gobierno del Partido Popular alardea de reducir el número de parados, pero no explica que el paro baja por empleos de salarios miserables. Casi una cuarta parte de personas en riesgo de pobreza de este país tiene un empleo. Que no la libra de ser pobre. Porque el modelo de crecimiento se basa precisamente en la precariedad laboral y los salarios de penuria. Los fuertes recortes sociales son la otra base del escaso crecimiento.

Pero no sólo hay trabajadores pobres en España. En Francia, tres millones y medio de asalariados necesitan ayuda alimenticia para sobrevivir, porque la pobreza del país ha crecido y ya es superior a la de hace veinte años. En Alemania más de ocho millones de trabajadores ganan menos de 450 euros mensuales. En 1995 el sector precario con sueldos muy bajos era un 15%, hoy es 25%. Una cuarta parte. Rafael Poch nos explicó que “el ‘milagro del empleo’ alemán ha sido por la expansión de trabajos precarios y mal pagados; el mismo trabajo se ha repartido entre más personas al convertir empleos a tiempo completo en varios a tiempo parcial. Hoy en Alemania se trabaja los mismos millones de horas que hace trece años, pero ocupan a tres millones de trabajadores más”. Que cobran menos, claro.

Y todo tiene que ver con la distribución de la riqueza en el mundo. Según un estudio de la banca Crédit Suisse, nada sospechosa de ser roja ni antisistema, la décima parte de la población mundial (unos 700 millones de personas) se reparten el 85% de la riqueza, mientras la mitad de habitantes (3.600 millones) solo posee el 2%. Y un 1% de la población mundial (72 millones) posee casi la mitad del capital de la Tierra, mientras la otra mitad de recursos y riqueza se reparte entre el 99% restante, unos 7.000 millones. Y también de modo desigual.

Esta obscena desigualdad creciente es fruto de la agresión neoliberal sistemática. Esa agresión consiste en rescatar el sector financiero con los impuestos que paga la ciudadanía; imponer austeridad presupuestaria a los estados y entronizar la reducción del déficit como nuevo becerro de oro. También defender a ultranza los intereses de bancos, fondos de inversión y multinacionales y recortar el gasto público para reducir derechos sociales y laborales. Y, por supuesto, salarios más bajos, cada vez más bajos. Además de menos reglas de control del sector bancario y más privatización de lo público. Y, como la ciudadanía se cabrea y reacciona, se limitan las libertades civiles y políticas. Más represión.

Harvey lo llama acumulación (de capital) por desposesión (de la mayoría). Y el humorista El Roto lo expone con su clarividente acidez cuando uno de sus personajes grita: “Si no se puede devaluar la moneda, devaluemos a la gente”.

O se reacciona o el desastre está asegurado.

Presos políticos de nuevo en España

Multas, malos tratos en las protestas, malos tratos a detenidos, uso excesivo de la fuerza e impunidad policial. En España, la política de austeridad y los recortes sociales han impulsado a cientos de miles a protestar en la calle. Porque violan sus derechos. Y el Gobierno responde con más violaciones de derechos.

ATTAC España ha denunciado la represión política del gobierno del Partido Popular en las protestas ciudadanas contra su política neoliberal. Una represión que “llega a extremos incompatibles con la democracia”.

También Amnistía Internacional ha denunciado que el Gobierno “utiliza todos los medios a su alcance para limitar la libertad de expresión y la protesta pacífica (…) “El Gobierno ha reducido el respeto de los derechos humanos en España, el derecho de reunión pacífica, de asociación y expresión, y los rebaja en contra de las normas de derechos humanos y obligaciones internacionales que España ha firmado y ratificado”. Normas que obligan. Amnistía denuncia síntomas “muy preocupantes” de represión de derechos y libertades fundamentales, hasta el punto de que la organización defensora de derechos humanos teme que España se sume a las tendencias autoritarias de Turquía, Ucrania o Rusia.

Uso excesivo de la fuerza policial, multas a manifestantes en aumento, identificaciones masivas e injustificadas en las concentraciones, intentos de estigmatizar los movimientos sociales, malos tratos a detenidos, uso arbitrario de material antidisturbios, endurecimiento de la legislación reguladora del derecho a la protesta…

Según escribe Pedro Oliver, se perpetran tres tipos de represión. ‘Legal’, la de la policía en la calle. ‘Burocrática’, que busca intimidar a los movimientos sociales con multas y trabas legales para ejercer los derechos de reunión y expresión. Y ‘sucia’, oscura, con infiltración de agentes policiales en los movimientos sociales, en teoría para ‘prevenir’ manifestaciones violentas, pero en realidad para desacreditar a los activistas sociales ante la opinión pública y justificar la violencia policial.

En los dos últimos años se han impuesto más de 1.100 multas, pero es más grave el encarcelamiento de manifestantes pacíficos identificados de forma aleatoria por la policía. En España se va a la cárcel por participar en manifestaciones pacíficas o formar piquetes informativos de huelga. “No se pueden consentir. No podemos consentir que manifestantes pacíficos paguen un alto precio por ejercer sus derechos humanos”, insiste Amnistía Internacional.

Por su parte, ATTAC España argumenta que “los jueces no pueden escudarse en que han de hacer cumplir la ley, pues disponen de margen para aplicarla y se muestran especialmente duros con el pueblo mientras todo son facilidades para los poderosos”. Lo cierto y comprobado es que hay impunidad entre los poderosos, policías y aparato del gobierno y del Partido Popular. Si hay alguna condena, el gobierno popular indulta veloz sin el menor recato a policías torturadores, políticos y banqueros corruptos, homicidas amigos de altos cargos del PP y evasores o defraudadores de impuestos.

ATTAC España considera presas y presos políticos a los ciudadanos y ciudadanas detenidos y encarcelados por protestar o informar sobre huelgas. Y pide a Amnistía Internacional que los considere y acoja como presos y presas de conciencia, como hace con sindicalistas y manifestantes de otros países, encarcelados por leyes injustas.

El jueves, 19 de junio, el nuevo rey de España, Felipe VI, asumió la Jefatura del Estado en un prolongado ceremonial desde la mañana hasta primera hora de la tarde. El centro de Madrid había sido tomado por 7.000 policías y guardias civiles, de los que más de 2.000 eran antidisturbios, 120 francotiradores tomaron los tejados de la zona central de la capital y se cerraron once aparcamientos públicos, además de cerrar también varias estaciones de metro. El gobierno prohibió la exhibición de banderas y símbolos republicanos y durante toda la jornada también se prohibieron las manifestaciones por la República. Por la tarde, la policía cargó contra un millar de republicanos que se concentraron pacíficamente en la Puerta del Sol y detuvo a tres ciudadanos. Aires de tiempos pasados que creíamos haber superado. En su primer discurso como Jefe de Estado, Felipe VI dijo que en España cabíamos todos, que caben todas las formas de sentirse español. Pero no es cierto. En absoluto. Este es un país rendido a los intereses de una minoría que lo domina desde hace décadas; en realidad, siglos.

Dice Juan Carlos Monedero que “la minoría dominante tiene miedo a la gente porque sabe el poder que tienen los más sobre los menos. Les aterra que se reúnan quienes dicen basta, porque son muchos. Porque revolución no es violencia sino una movilización masiva de conciencias. Por eso reprimen.” Lo mismo ha expresado con lucidez y humor El Roto en una ilustración. Un hombre enardecido clama: “¡No dejéis que salgan a la calle, no sea que se den cuenta de los muchos que son“.

Por eso hay presos políticos de nuevo en el Reino de España.

Bipartidismo, una seria amenaza para la democracia

En una ilustración del humorista El Roto, dice un tipo encorbatado: “Renovación, sí, pero siempre que sea de lo mismo“. Eso es lo que prepara el bipartidismo. Más de lo mismo. Y frutos comprobados de modo reiterado del bipartidismo son la rebaja de democracia, el recorte de libertades y la reducción o pérdida de derechos sociales que, lenta pero inexorablmente, se perpetran bajo un disfraz meramente formal de democracia. Porque democracia es mucho más que votar representantes cada cuatro años. Recordemos; democracia es que la gente común realmente participe en la toma de decisiones políticas importantes y no -muy largo me lo fiáis- solo poder influir cada varios años.

El bipartidismo escenifica alternancia, que no alternativa, y así hemos llegado a la situación actual en la que los gobiernos de los países van en una única dirección. Que no es precisamente la que conviene a la ciudadanía. Como proclamaban una y otra vez los indignados del 15 M, “PP-PSOE la misma cosa son“. Cierto, en lo esencial, en lo que de verdad importa. En la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX, la alternancia demostró hasta que punto se corrompe un país y se rebaja la democracia cuando impera. Fue hace casi siglo y medio, cuando se sucedían Cánovas y Sagasta ordenadamente: ahora gobiernas tú, ahora gobierno yo. En nuestros días, el bipartidismo cuece un gobierno de ‘concentración nacional’ de PP y PSOE. Aunque, a fuer de sinceros, “un gobierno oculto de coalición PP-PSOE  ya existe en las grandes cuestiones de Estado, en las que realmente importan al verdadero poder”, escribe Manuel Monereo. Entonces, ¿por qué proponer ahora un gobierno de coalición visible? Porque el régimen monárquico bipartidista hace aguas. Y porque continuarán las ‘reformas’ que la Troika exige, reformas que aumentarán el sufrimiento de la ciudadanía. Pero ¿acaso no se crea empleo y dicen se creará más? La muy lenta reducción de desempleados se logra a costa de aumentar los trabajadores pobres, nueva categoría social. Por precariedad y por salarios muy bajos. Lo comprobamos en Alemania donde millones de asalariados devienen trabajadores pobres y han de recurrir a la asistencia social.

Eso cabe esperar del bipartidismo, porque genera una democracia muy recortada, muy aguada, holográfica. Pero, ¿acaso no son votados los partidos del bipartidismo? Pero no es suficiente. También se votaba en las dictaduras de Trujillo en Dominicana y de Stroessner en Paraguay, por ejemplo. Democracia no es una liturgia electoral, aunque las elecciones libres sean herramienta básica. Democracia es que se respeten, protejan y desarrollen los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y cívicos de todos y todas ciudadanos y ciudadanas. Sin excepción. Siempre. Echen un vistazo atento a la Declaración Universal de Derechos Humanos o lean la carta de derechos de Europa y comprobarán hasta que punto no podemos decir que haya democracia cuando se violan tan sistemáticamente tantos derechos de tantos y tantas. Una y otra  vez.

En España, como en la Unión Europea, las dos formaciones políticas que tejen el bipartidismo han eliminado normas y controles del sector financiero y bancario; con todo el desastre que eso ha traído consigo. Y han votado juntos todos los tratados de la Unión que han dado el poder a la élite económica. En el Parlamento Europeo, socialdemócratas y conservadores han votado lo mismo en más del 73% de decisiones de los últimos cinco años. Y, en cuanto a eurodiputados españoles, PP y PSOE votaron lo mismo el 75% de las veces. Presuntos socialistas y conservadores reales gobiernan a la par en Alemania. Gobiernan también juntos en otros diez países europeos y se llevan muy bien en el Consejo y Comisión europeos. La gran coalición ya funciona. Porque es lo que conviene al poder económico. El que manda de verdad. Y, si se les ocurre justificarlo con la teoría del mal menor, lean lo que Antonio Gramsci nos enseñó sobre la elección del mal menor.

En España, PP y PSOE sumaron sus votos para tumbar la propuesta de Izquierda Plural de someter a referéndum la ratificación o rechazo del Tratado de comercio e inversión entre Unión Europea y Estados Unidos que se negocia en secreto. Un tratado que, de firmarse, abrirá una vía veloz para vaciar la democracia, aparte de otros males sociales y económicos. ¿Por qué? A la clase dominante, en verdad no le gusta la democracia, no le gusta nada. Y el poder que otorgaría ese Tratado a las corporaciones multinacionales reducirá los parlamentos nacionales y el Europeo a vacua tramoya. Que es lo que buscan, la democracia al garete; que ningún parlamento o gobierno pueda decidir nada que disminuya un ápice sus obscenos beneficios.

En España, PP y PSOE promovieron y votaron juntos la reforma del artículo 135 de la Constitución para que el pago de la deuda púbica y sus intereses pasara por delante de la inversión social, los servicios públicos y los derechos sociales de la ciudadanía. Ambos partidos se han opuesto a la dación en pago para cancelar la deuda hipotecaria que ahoga a cientos de miles de familias y han votado juntos para que no se puedan tomar medidas eficaces contra la evasión fiscal. Además de aprobar contarreformas laborales que permiten despedir a los trabajadores a muy bajo precio incluso en empresas que tengan beneficios. Han bajado los salarios y congelado las pensiones y gobiernan o han gobernado con la misma austeridad que ha arruinado a gran parte de la ciudadanía europea.

¿No son lo mismo? Monereo recuerda que “hay algunas diferencias entre ambas formaciones del bipartidismo pues, si no las hubiera, el negocio no sería posible”. Por eso escenifican numeritos, pretendidos debates tensos, descalificaciones… Pero lo cierto es que defienden los mismos intereses. Que son los intereses del poder económico y financiero. Que suele ser agradecido, por cierto.

Ahora el bipartidismo prepara una nueva ofensiva en España. Con un nuevo flamante rey y tal vez alguna reforma constitucional de chicha y nabo. Para impedir que la ciudadanía, movimientos sociales y partidos de izquierda de verdad, que se movilizan más y más, inicien un proceso constituyente hacia una verdadera democracia. Por eso mismo urge a la ciudadanía ponerse las pilas, concretar el camino hacia la democracia y avanzar en coordinación y unidad. Para conseguir el poder y cambiar las cosas.