La Troika otra vez contra Grecia

Tras siete años de sufrimiento, brutal aumento de desigualdad y pobreza, la Troika (Unión Europea, Banco Central Europeo y FMI) ataca de nuevo a Grecia. Sigue el saqueo del pueblo griego, ahora amenazado por un tercer rescate. El primer rescate de Grecia en 2010 en realidad rescató a bancos alemanes y franceses, pues gran parte de los 110.000 millones de euros facilitados por la Troika (a cambio de una austeridad violadora de derechos) fue para “cubrir necesidades financieras de mayo de 2010 a junio de 2013”. Esas necesidades eran el pago de intereses a bancos, sobre todo. Ahora un tercer rescate de Grecia no augura nada bueno para la gente.

En gran medida por un Parlamento y gobierno griegos dispuestos a tragar lo que impongan los bancos y el Eurogrupo. De nuevo cedió el primer ministro griego, Alexis Tsipras, en la reunión de 7 de abril del Eurogrupo. Otra vez el acuerdo impuesto por la Troika deteriora e hipoteca presente y futuro de los griegos. El tercer rescate busca recortar pensiones, vulnera derechos laborales, rebaja salarios y exige nuevas privatizaciones e impuestos a los más desfavorecidos.

Los acreedores, cuyos intereses defiende una Troika implacable, no cejan de exigir austeridad sin concesión alguna, aunque esta vez Tsipras ha osado decir en una entrevista televisiva que “no aplicaremos medidas si no hay solución para la deuda“. Se refiere a reestructurarla y quizás hacer un quita importante. ¿Plantar cara a la Troika? Si no lo hizo hace siete años con un referendo que le dio el 60% de apoyo ciudadano, ¿se atreverá ahora?

De momento el FMI pide más dureza en las que ellos llaman reformas pendientes. Que la Troika reaparezca aterra a los griegos, visto el precio pagado y el que temen pagar. Para la gente común es la imposibilidad de vida digna. Los pensionistas, que sostienen muchas familias, son víctimas prioritarias del nuevo rescate y, aunque seis de cada diez jubilados griegos ya cobran menos de 650 euros mensuales, los voraces acreedores exigen ‘reformar’ las pensiones. Ven el negocio de debilitar las pensiones públicas y promover las pensiones privadas, nada fiables, por cierto.

¿Y qué hacer ante un paro del 30% según los sindicatos? El nuevo rescate exige facilitar los despidos colectivos y suspender los convenios sectoriales. Más paro porque, aunque se crearan empleos, habrá más precariedad, desigualdad y pobreza, como ha sucedido estos siete años. Y encima los insaciables acreedores han hecho la lista de empresas e instalaciones públicas a saquear, perdón a privatizar, como el aeropuerto de Atenas y 40 centrales eléctricas estatales.

La Troika insiste en que esas medidas son para que Grecia cumpla como deudora, sin apuros, pretendiendo la simpleza de que las deudas son intocables y simplemente se han de pagar. Como si no hubiera habido multitud de reestructuraciones de deuda y quitas desde los tempos de Hammurabí hace 3.800 años. En el enfrentamiento de Alemania contra Grecia por la deuda, que es cuestión de fondo, la Troika olvida además que en 1953 diecinueve estados, entre ellos Grecia y España, perdonaron a Alemania la mitad de su deuda. Más aún, por un generoso acuerdo, Alemania Occidental pagaba intereses de su deuda solo con superávit comercial mensual, además esos pagos nunca serían más del 3% del importe de las exportaciones alemanas. Así la deuda no pesó en la economía, Alemania se recuperó y creció.

Rebajar la deuda de la derrotada Alemania fue decisión política de los vencedores en la II Guerra Mundial, sobre todo de EEUU. Declarada la guerra fría por el presidente Truman en un discurso de marzo de 1947, EEUU decidió que necesitaba una Alemania Federal fuerte en la frontera con Checoeslovaquia, Alemania Democrática y demás países del área soviética.

Años después, continuó la promoción económica de Alemania con la creación del euro, que beneficia sobre todo a ese país. Entonces se aplicaron tipos de interés muy reducidos para que Portugal, España y Grecia, sobre todo, pudieran pedir préstamos a Alemania y así poder comprar sus productos exportados, alimentar una burbuja inmobiliaria nacional e impulsar entonces el crecimiento de Alemania ya reunificada.

Constatado lo anterior, cabe calificar de obscena la actuación con Grecia del Eurogrupo, de Alemania y de la Troika. Ni los gángsteres de los años 20 y 30 del siglo pasado en Chicago fueron tan amorales.

Blanquear dinero sale barato en España

España es centro de blanqueo. O, dicho de otro modo, la lucha contra el blanqueo falla aquí más que una escopeta de feria. Incluso la OCDE (blanda contra el fraude fiscal) advierte a España de que la levedad de penas contra el blanqueo de dinero sucio hace de este Reino lugar privilegiado para evasores de impuestos y blanqueadores.

Pilar Blázquez nos explicó que en España la falta de castigos de verdad que teman los blanqueadores, convierte la lucha contra ese delito en un brindis al sol. Porque, aunque el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) hace su trabajo, analiza documentos y cruza datos en un modélico proceso para descubrir blanqueadores, la acción se frena cuando hay que castigar a los culpables. Que un caso de blanqueo acabe con cárcel para blanqueadores y cómplices es excepción, no regla. Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), equipo de la OCDE supervisor del blanqueo en el mundo, “las penas de prisión por blanqueo de capitales en España son muy bajas, no son disuasorias y el crimen organizado y los evasores fiscales ven España como lugar donde operar sin riesgo”.

También EEUU señala a España como país benévolo con el blanqueo y la OCDE denunció que en España ha habido pocas investigaciones de blanqueo en años y aún menos condenas. Pero no porque falle el SEPBLAC, que hace su trabajo. Falla quien decide sancionar o no. Que suele ser que no. No olvidemos que quien decide sanciones es la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía. Es decir, es el gobierno del Partido Popular que, hasta la fecha, no ha mostrado entusiasmo alguno para acabar con el blanqueo y quienes blanquean.

Pero tal delito es posible por una verdad incontrovertible: el dinero negro fluye a su antojo por el sistema bancario internacional, como fluye el dinero legal con el que se camufla. Y ese libertinaje de capitales continuará mientras haya centros offshore, paraísos fiscales, consultoras fiscales y bancos cómplices. Los hay y habrá porque los pretendidos intentos de acabar con esos estados de cartón piedra de fiscalidad tramposa y dañina, que son los paraísos fiscales, son retórica y marear la perdiz. Voluntad política de acabar con el blanqueo, cero.

Da igual que además el blanqueo financie organizaciones terroristas, narcotraficantes y otras tramas criminales. Se impone la minoría rica que no ceja en su voluntad de no pagar impuestos. Recordemos que según cálculos conservadores de la propia OCDE, las grandes empresas eluden pagar casi un cuarto de billón de dólares anuales con enredos de filiales, delegaciones, servicios vinculados, activos intangibles y otras trampas presuntamente legales que revelan la ausencia de voluntad política de gobiernos y entidades globales para acabar con el fraude fiscal. Y, si añadimos las grandes fortunas que evaden y eluden impuestos a placer, el volumen del fraude fiscal deviene obsceno.

La Oficina de Naciones Unidas contra Drogas y Crimen pide soluciones drásticas contra el blanqueo que hace legales 2 billones de dólares anuales. Pero no parece que se consiga, porque evasión de impuestos y blanqueo de dinero van de la mano y la minoría rica insiste en no pagar los impuestos que debe. Que el mayor receptor de inversión extranjera en 2013 fueran las casi despobladas Islas Vírgenes británicas indica que hay blanqueo para tiempo. O que haya 234 bancos en las Islas Caimán con solo 50.000 habitantes. O que la pequeña isla británica Jersey en el Canal de la Mancha maneje más de 350.000 millones de dólares en fondos de inversión. Sin olvidar al gran paraíso fiscal que es EEUU que, mientras impone multimillonarias multas a bancos suizos y de la Unión Europea, por posible blanqueo de estadounidenses fuera del país, mantiene Delaware, Reno, Wyoming, Nevada o Dakota del Sur como auténticos paraísos fiscales. ¿Quién da más?

¿Por qué el blanqueo es un delito nefasto? Porque los Estados recaudan mucho menos y se vulneran derechos ciudadanos por no haber adecuados servicios públicos esenciales. Además crece la desigualdad y hay más incertidumbre, más pobreza y más sufrimiento, porque los Estados dejan de cobrar cientos de miles de millones de impuestos legítimos y obligatorios. La evasión de impuestos impide que el Estado cumpla sus deberes con la ciudadanía.

Reino de España, un estado general de corrupción

En el Reino de España no pasa mucho tiempo sin noticias de corrupción. Hace unos días la Guardia Civil detuvo a Ignacio González, ex-presidente del gobierno autónomo de la región de Madrid, por presuntos delitos de corrupción y saqueo de fondos públicos. Y hace un poco más, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó al juez que instruye causa contra el exministro de economía Rodrigo Rato de presuntos delitos de éste de blanqueo, fraude fiscal y corrupción.

Según ese informe, Rato presuntamente blanqueó 31 millones de euros y la UCO asegura que la empresa Cor Comunicación, que fundó Rato, fue “pensada y creada” para blanquear millones de euros. También el ministerio de Hacienda considera que Cor Comunicación se constituyó para actividades opacas deliberadas. Según informe de la Oficina Antifraude de Hacienda, casi todo el dinero blanqueado por Cor Comunicación procedía del pago de facturas de esa empresa de Rato a empresas privatizadas (en cuya privatización habría intervenido como ministro de economía) como Endesa, Paradores, Repsol, BBVA, Retevisión, Telefónica, Iberia, Aldeasa, Logista y Azucarera.

Las historias judiciales de Rodrigo Rato esclarecen de modo diáfano la actitud y actuación de las llamadas ‘élites’ que saquean a la ciudadanía sin escrúpulo alguno. Una parte de las cuales ha establecido un estado general de corrupción en este país en los últimos años. Que esa corrupción es un grave problema generalizado lo demuestra que en 2015 y 2016 hayan sido juzgadas en España 1.378 personas acusadas de delitos de corrupción, más del 70% de causas juzgadas acabaron con condenas y han sido condenadas 399 personas, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Las grandes corrupciones, conocidas y aireadas por la prensa, señalan la gravedad de ese tumor que deviene plaga. Como muestra, la Operación Púnica con la que políticos y empresarios organizaron una red para adjudicar servicios públicos y contratos a empresas privadas por jugosas comisiones ilegales. Esa red manejó adjudicaciones por 250 millones de euros. Una historia corrupta en la que hay presuntamente implicados dirigentes y cargos públicos del gobernante Partido Popular, pero no solo del Partido Popular.

El caso de los llamados Papeles de Bárcenas (extesorero del PP) es un sumario por apropiación inebida, en el que hay también presuntamente implicados altos cargos del partido del gobierno. Otra corrupción investigada, Gürtel, muestra una red de corrupción política, presuntamente vinculada al PP, con 187 acusados (de los que 74 son políticos) por fraude fiscal, soborno, blanqueo de capitales y tráfico de influencias…

En verdad, un panorama vomitivo.

Pero inquieta, aflige y alarma aún más que, a pesar de escándalos y delitos ampliamente difundidos por los medios, el Partido Popular, con más afectados e imputados que ninguna otra formación política, haya retrocedido poco electoralmente. Debería haber caído en picado, pero el último sondeo aún le adjudica 33% de intención de voto. ¿Tan mal está este país? ¿Tan débil es la exigencia ética en España? Porque lo peor es que, por activa o pasiva, directa o indirectamente, quien finalmente paga el pato de tanta corrupción es la gente de a pie, la gente común, el pueblo trabajador. Gente de la que bastantes votan al PP. Lo paga la gente con recortes de sus derechos sociales. Y con insuficiencia de fondos públicos para que el país avance, no hay empleos suficientes ni salarios dignos. Porque la recuperación, si es tal, ha de ser para todos, no solo para la minoría de siempre a costa de los demás.

¿En qué se equivocan grupos, movimientos, organizaciones sociales y políticas que quieren cambiar las cosas y mejorar de verdad este país?

Una respuesta posible se remonta a la presuntamente modélica transición de la dictadura a la democracia. Que no lo fue tanto ni tan calvo, ni fue modélica en absoluto porque la pilotó buena parte de le gente que fue sostén de la dictadura franquista durante años. Dictadura de la que representante alguno nunca se arrepintió ni pidió perdón por los crímenes perpetrados. Como no lo hacen tampoco sus herederos y sucesores, muchos cómodamente instalados en el PP que sostiene al gobierno.

Este cronista está convencido de que hasta que no se entierre muy hondo la más leve traza de franquismo, en tanto no nos desprendamos totalmente de toda sombra de la dictadura y sus protagonistas y cómplices principales no sean juzgados, rindan cuentas y se reparen daños, este país no avanzará nunca.

España y Portugal, dos gobiernos muy diferentes ante la crisis

En Portugal, el gobierno de izquierdas, formado por el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloco d’Esquerdas, dice adios a la austeridad. A diferencia de lo que le pasa al PSOE en el Reino de España, el partido socialista portugués no ha olvidado el significado de la palabra ‘socialista’. Y en julio de 2015, el Gobierno portugués de coalición que preside Antonio Costa, descartó nuevas medidas de austeridad en una carta a la Comisión Europea: “No tenemos propuestas ni medidas adicionales de austeridad para 2016 ni para 2017“, dejo claro el ministerio portugués de Finanzas.

Finalmente, en 2016, tras dos presupuestos generales de la coalición de izquierdas, Portugal ha vuelto a crecer y ha rebajado el déficit fiscal al 2,1%, cuatro décimas menos que lo exigido por el implacable Eurogrupo. Pero lo más importante es que los portugueses han recuperado salarios, pensiones y empleo en cifras anteriores al inicio de la traída y llevada crisis. Con estímulos e impulso real a la economía productiva, negada la rigidez presupuestaria exigida por Alemania, Portugal levanta cabeza.

No ocurre lo mismo en el Reino de España que gobierna el partido Popular con la insustancial complicidad de Ciudadanos y los dubitativos movimientos de presunta oposición y abstenciones del PSOE. Porque lo que sucede en Madrid, Valencia, Andalucía y otras comunidades autónomas, por ejemplo, es que la ciudadanía espera mucho más tiempo que hace cuatro años para ser operados en quirófano. Y eso supone más riesgos. Y también muestra que algo va mal en Valencia, Granada, Málaga, Palma, Barcelona, Burgos, Madrid y otras ciudades, la formación de largas colas de miles de personas para recibir periódicamente paquetes de alimentos con aceite, arroz, leche, azúcar, pan, pasta, legumbres, zumo… Sin embargo, esas largas colas en grandes ciudades no las veréis nunca en los telediarios de ninguna televisión. Son las colas del hambre. Y del hambre no se habla.

Sin embargo, la cruda realidad muestra que la organización solidaria Banco de Alimentos, por ejemplo, solo en Madrid ha distribuido más de 20 millones de toneladas de alimentos para ayudar a unas 200.000 personas. Por tanto cabe concluir que hay hambre en España. Lo remacha un estudio de La Caixa sobre gente pobre en sus programas de ayuda. Según ese informe, 30.000 familias con niños pasan hambre en España y 60.000 menores de edad han pasado o pasan hambre con frecuencia. Comen muy poco durante el día y nunca cenan, al tiempo que más de 700.000 hogares en España no tienen ingreso alguno y sobreviven por solidaridad familiar y ciudadana. Hace siete años esos hogares sin ingresos eran menos de medio millón. Sin olvidar que un 15% de trabajadores, aún con un empleo y salario, son pobres. Pobres de verdad. Lo que incluye hacer cola cada equis tiempo para conseguir un paquete de alimentos y no pasar hambre. Alimentos que no proporciona el gobierno, sino la solidaridad ciudadana. Da igual que España ratificara en 1976 el Pacto Internacional de Derechos Sociales, que reconoce el derecho de cualquier persona a no pasar hambre y tener la alimentación adecuada en cantidad y calidad. Da igual, porque lo de este gobierno es parloteo y brindis al sol, pero no tomar medidas para asegurar ese derecho y otros contra la pobreza y la desigualdad que genera más pobreza.

Sin embargo, Mariano Rajoy, presidente del gobierno, pretende que salimos de la crisis. ¿Con estos hechos, con esos datos? Vivir para ver. Tan falaz visión nada tiene que ver con la auténtica recuperación de derechos del pueblo trabajador, que sería superar la crisis de verdad. Como han empezado a hacer en Portugal. Pero no  es salir de la crisis que solo se recupere la minoría, las élites económicas y financieras, cuyos beneficios e intereses defienden Rajoy, su gobierno y su partido con tanto ardor.

A modo de didáctico ejemplo, ¿cómo explicar que aumenten tanto los turistas en España (y los ingresos por turismo) cuando no crece un ápice el empleo en el sector ni mejoran los salarios de sus trabajadores? Solo crecen los beneficios de la minoría propietaria del sector turístico. Pero eso no es recuperación. La recuperación es de todos o no hay recuperación. Si no crece el empleo ni aumentan los salarios ni se restauran derechos laborales, estamos otra vez ante una transferencia de rentas del pueblo trabajador a la minoría rica. Y eso en modo alguno es superar la crisis. Eso en buen castellano es saqueo.

Sí se puede actuar contra los paraísos fiscales

En abril de 2005, ATTAC-España pidió al gobierno de Rodríguez Zapatero que estudiara como negar capacidad jurídica para actuar en territorio español a empresas relacionadas con paraísos fiscales. Como medida contra el fraude fiscal. Pero solo hubo la callada por respuesta.

Durante tiempo ha parecido que los paraísos fiscales fueran intocables. Pero en los últimos tiempos se ha visto que se puede actuar contra ellos. Con éxito. Como ha hecho ATTAC-Francia. Ha conseguido que el banco francés BNP Paribas cierre sus filiales en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Se puede ir contra los paraísos fiscales, pero hay que querer. El problema es que los actuales gobiernos europeos, y los partidos que los sustentan, no tienen esa voluntad política. Se pueden tomar medidas que debiliten a los paraísos. Por ejemplo, que los gobiernos nieguen capacidad jurídica para actuar en territorio nacional a cualquier empresa relacionada con paraísos fiscales. También puede legislarse que el Estado y las entidades u organismos públicos no puedan contratar empresas con relación con paraísos fiscales.

Pero antes hay que elaborar una lista universal de paraísos fiscales. Esa lista ha de incluir cualquier territorio con secreto bancario, anonimato de titulares de cuentas, depósitos y transacciones pero, sobre todo, que establezcan impuestos reducidos o los supriman. Y con esa lista, pueden declararse ilegales en España, o mejor aún en la Unión Europea, las empresas-pantalla, que solo existen sobre el papel para facilitar la elusión, el fraude fiscal. También ha de presionarse en las instancias internacionales (OCDE, ONU, FMI…) para que los paraísos fiscales sean señalados públicamente y sancionados.

No hay impedimentos técnicos ni económicos para acabar con los paraísos fiscales. Solo se necesita voluntad política. El Nobel de economía, Joseph Stiglitz, propone crear registros públicos de beneficiarios y dueños reales de empresas, además de intercambiar información financiera y fiscal sin excusas entre todos los países y poder contrastar la base de datos de la Agencia Tributaria de un Estado con la de otro país. Además, las empresas deben presentar a los gobiernos un informe anual detallado de actividad, impuestos pagados y beneficios finales, país por país.

También se puede multar o ilegalizar a corporaciones, empresas, accionistas, directores de empresas en paraísos fiscales y de empresas-pantalla. E investigar a bancos, asesorías fiscales y gabinetes jurídicos intermediarios o asesores habituales de evasión y elusión fiscales. Otra medida urgente es proteger por ley a quienes filtren fraudes fiscales.

El economista Gabriel Zucman propone otras medidas factibles contra paraísos fiscales. Gravar transacciones financieras que salgan del país a una empresa-pantalla, depósito o fondo en Europa, EEUUs o cualquier estado del Pacífico o Caribe… con baja o nula tributación. Estados Unidos y Francia gravan transferencias desde su país a depósitos y cuentas en paraísos fiscales. Francia, por ejemplo, grava con un tipo de 50% las transferencias a Botsuana, Brunei, Guatemala, Marshall, Nauru, Jersey, Islas Vírgenes británicas y Bermudas.

Zucman reconoce que hoy aún es difícil gravar transferencias a los grandes centros financieros (Suiza, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, Islas Caimán y Bahamas) y propone actuar sobre el comercio de esos países. En Suiza, por ejemplo, las exportaciones suponen el 50% de su PIB y también son muy importantes las exportaciones en Hong Kong, Singapur y Luxemburgo. Zucman propone imponer aranceles elevados a esas exportaciones mientras Suiza y esos otros paraísos-centros financieros mantengan el secreto bancario, establezcan tipos impositivos bajos y no colaboren de verdad en luchar contra el fraude fiscal.

Otra propuesta contra el fraude fiscal es crear un registro mundial de títulos financieros con nombres y apellidos de titulares; un catastro financiero, como ya hay en Suecia. Y una buena política sería formar una gran coalición de varios países contra los paraísos fiscales. Una alianza de Alemania, Francia, España, Italia, Grecia y Portugal, por ejemplo, tiene más posibilidades de obligar a Suiza o Hong Kong a facilitar información fiscal y a establecer impuestos justos y suficientes.

Sin presiones ni sanciones no avanzará la lucha contra el fraude fiscal. ¿Por qué los gobiernos no tienen la misma actitud contra la evasión y elusión fiscales que cuando luchan contra el terrorismo? Un fervor similar al antiterrorista sería perfecto para luchar con los paraísos fiscales. Y vencerlos, por supuesto.

Elusión fiscal en la Unión Europea, el enemigo en casa

Elusión fiscal es no pagar impuestos aprovechando agujeros y lagunas de leyes fiscales. También lo es aprovecharse de la falta de coordinación de los ministerios de Hacienda de la Unión Europea y de la innegable falta de voluntad política de acabar con la elusión de los gobiernos de la UE.

Quienes se dedican a eludir impuestos profesionalmente (gabinetes jurídicos, asesorías fiscales…) dicen que la elusión es legal. Tal vez. Pero habrá que ahondar más en esa presunta legalidad. Si se violan los derechos de la ciudadanía, como se hace con la elusión, ¿qué valor tiene la legalidad? Como explicaba Martín Luther King, lo que hizo Hitler era legal. ¿La legalidad hitleriana justifica los crímenes nazis? Por supuesto que no. Entonces ¿por qué la ‘legalidad’ de la elusión fiscal ha de justificarla?

La elusión fiscal significa un gravísimo perjuicio para las arcas públicas; para la ciudadanía, cuyos derechos y servicios básicos ha de garantizar el Estado. Perjudicar a la gente, vulnerar sus derechos, es lesionar un bien jurídico y lesionar un bien jurídico debe ser considerado delito.

Google, Amazon, Microsoft, Mc Donald, Apple o corporaciones mineras eluden impuestos a lo grande. En 2011 Google montó una sociedad pantalla en las Bermudas, transfirió desde EEUU a esa empresa ficticia beneficios de 10.000 millones de dólares y eludió pagar 2.000 millones de impuestos.

Los beneficios de las multinacionales viajan de países desarrollados a paraísos fiscales, pero antes pasan por países más benévolos fiscalmente para ir desdibujando los beneficios hasta llegar a un paraíso fiscal donde simplemente no pagan impuestos. Cabe recordar ahora que 34 grandes empresas españolas que cotizan en Bolsa de las 35 del exclusivo Ibex tienen 890 filiales en paraísos fiscales. ¿Para qué las quieren si no es para eludir impuestos? Las transferencias que tejen las elusiones fiscales milmillonarias son posibles por una tropa de intermediarios, banqueros, contables, abogados, asesores fiscales… Habría que empezar a fijarse en esa gente “necesaria” para eludir.

Y tal vez deban establecerse nuevos tipos penales, porque la realidad que la Comisión Europea no niega es que la elusión hace perder de 50.000 a 70.000 millones de euros al año. Ahora, la Comisión Europea pretende afrontar la elusión fiscal con una directiva contra la “erosión de la base imponible y el traslado de beneficios” (BEPS por sus siglas en inglés). Pero esa directiva no propone sanción alguna por ayudar a que las multinacionales paguen menos impuestos, que es lo que ocurre. Además, las medidas propuestas no son obligatorias; dependen de la voluntad del gobierno de cada país. Nada que ver con la obligatoriedad de las directivas que imponen reducir el déficit.

¿Es creíble que Luxemburgo, Austria o Irlanda, que actúan como paraísos fiscales, vayan en serio contra la elusión fiscal? ¿O que lo haga Reino Unido, con sus paraísos fiscales en las islas del Canal y la City de Londres que blanquea millones con la compraventa de carísimos inmuebles de lujo?

La directiva de la Unión Europea contra la elusión fiscal es como tomar aspirina para aliviar el dolor de cabeza causado por un tumor, en vez de extirparlo. Y, para mayor bochorno, como no hay medida positiva de la UE que no se acompañe de algún párrafo o condición que la haga inútil, la directiva contra BEPS no se aplica a bancos ni a Sicav. Bancos y sociedades de inversión de capital variable transferirán beneficios donde les dé la gana para pagar menos impuestos.

Según el grupo los Verdes del Parlamento Europeo, Inditex, propietaria de la cadena de tiendas de moda Zara, eludió pagar 600 millones de euros de impuestos de 2011 a 2014 en Holanda, Irlanda y Suiza por un fino encaje de bolillos de ingeniería fiscal. Según el grupo ecologista, Inditex ha pagado solo 15% de impuestos en Holanda y 12% en Irlanda. Un regalo.

En 2014 Apple pagó un tipo impositivo de 0,001% (¡cinco milésimas de unidad!) como impuesto corporativo por los beneficios registrados en Irlanda. Según la Comisión Europea, el gobierno irlandés permitió que Apple no pagara 14.500 millones de dólares de impuestos que debería haber abonado. Además ha dictaminado que Bélgica había otorgado ventajas fiscales a 35 multinacionales para pagar muchos menos impuestos. Pero no hacen nada.

Tenemos al enemigo en casa. Algo habrá que hacer.

Corrupción, crimen organizado y paraísos fiscales viajan en el mismo tren

Rosa Jensen, que fue vicepresidenta del tribunal de Utrecht, aseguraba hace años que asistíamos al nacimiento de una enorme corrupción supranacional. Y el investigador financiero Denis Robert asegura que hablar hoy de corrupción sin ir más allá es quedarse corto, porque es el mismo sistema económico, el capitalismo financiarizado, el que está viciado de raíz.

Prueba de la extensión de la corrupción es que incluso corrompe su propia definición. La entidad más conocida contra la corrupción, Transparency International, se queda corta al definirla. Corrupción sería solo el abuso de un poder público con fines privados. Pero olvida (no de modo inocente) que, además de funcionarios públicos y políticos al servicio del Estado corruptos, los imprescindibles corruptores al otro lado de la ecuación son privados. Si hay corrupción en África, sudeste asiático y América Latina, por citar tres zonas con fama de gran corrupción, es porque en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea hay grandes empresas, presidentes de consejos de administración y consejeros delegados, grandes fortunas y corporaciones que quieren corromper a funcionarios públicos para obtener beneficios ilícitos. Para que haya corrompidos ha de haber corruptores.

Además, ¿quién osará negar que la supresión de reglas y normas de los movimientos de capital ha hecho más fácil la corrupción? Como asegura Rob Jenkins, profesor de la universidad de Londres, dicha liberalización de las economías (con sus privatizaciones masivas de lo público) ha hecho crecer el pago de comisiones ilícitas por empresas privadas que desean hacerse con parte del pastel público privatizado. Y ahí han sido las empresas privadas las que han tomado la iniciativa de corromper, de pagar comisiones ilegales por concesiones públicas.

Por eso dictadores de toda calaña y políticos profesionales de escasa credibilidad democrática abrieron cuentas y depósitos seguros y secretos donde acumular lo obtenido por su corrompida actuación. Pero para ello necesitaban la discreta y leal colaboración de honorables bancos privados.

Apuntado el calado del verdadero problema de la corrupción, recordemos conceptos básicos. Según el diccionario, corrupción es cohecho, soborno. Pero corrupción también es no pagar impuestos que se deben pagar. Como también es corrupción blanquear el dinero sucio que proporcionan los delitos (tráfico de drogas, de personas, de armas…) Y también lo es financiar ilegalmente partidos políticos a cambio de contratas de obra pública o servicios del Estado otorgados a empresas privadas. Algo de lo que tenemos amplio conocimiento en el Reino de España y en lo que parece estar especializado el gobernante Partido Popular. Pero no es el único, por supuesto; ahí está en Catalunya el caso de Convergencia Democrática que ha estado chupando el 3% de comisiones durante más de treinta años. Presuntamente, claro.

Entre unas y otras corrupciones, solo del campo del delito se blanquean al año de 600.000 millones de dólares a un billón. Así lo consideran tanto el FMI como la ONU. Pero son delincuentes, diría un observador ingenuo. Lo son, pero para blanquear tantísimo dinero, esos criminales necesitan a respetables banqueros, prestigiosos gabinetes de abogados y asesorías fiscales de campanillas, más los imprescindibles paraísos fiscales sin los que no hay blanqueo.

El movimiento social ATTAC define los paraísos fiscales como “países, islas o enclaves geográficos con regímenes jurídicos opacos y reglamentaciones fiscales muy laxas que ofrecen exanciones y beneficios tributarios muy atractivos para el capital financiero a extranjeros no residentes y a sociedades domiciliadas legalmente en el lugar, aunque solo sea con una dirección postal”. No ponen impuestos a los movimientos y operaciones financieras, mantienen una hermética oscuridad sobre esas operaciones y se niegan a facilitar información aunque la pida un ejército de jueces y fiscales. Por lo que cabe deducir que los paraísos fiscales son imprescindibles para blanquear y evadir. Pero no solo paraísos de palmeras y aguas transparentes en el Caribe. También neblinosos lugares como Gibraltar, isla de Man, city de Londres, Austria, Luxemburgo… que blanquean que es un primor en el corazón de Europa.

Pero todo es posible por el intocable secreto bancario y la oscuridad de las transacciones financieras. En fin, a pesar de la complejidad de la cuestión, queda claro y cristalino que corrupción, crimen organizado y paraísos fiscales viajan en el mismo tren.