El FMI de nuevo contra la ciudadanía

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publica informes anuales en los que aprueba, critica, modifica o rechaza las actuaciones políticas y económicas de los gobiernos. Y ‘recomienda’ medidas concretas a aplicar. El FMI se creó en 1944 para garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional tras la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era la estabilidad de las monedas para asegurar el desarrollo del comercio mundial.

Un tiempo después, como se ha visto en las últimas décadas, el FMI se puso al innegable servicio de lo que Marx y Engels llamaron la ‘clase dominante’ y, en términos coloquiales, los ricos. El FMI tomó partido descarado por quienes tienen el poder económico. La pirata actuación del FMI en América Latina en los años setenta y ochenta del siglo XX, obligando a los países a políticas de recortes sociales, servicios públicos y derechos, si querían obtener los créditos del Banco Mundial, es buena prueba de ello.

Hoy, en los análisis y recomendaciones al Reino de España del último informe del FMI se le vuelve a ver el plumero, se comprueba al servicio de quien están. En ese informe, el FMI considera “impresionante” la expansión económica y creación de empleo en el Reino de España. Pero curiosamente no dice nada del hecho aún más impresionante, comprobado y documentado, del avance de la desigualdad y que el 15% de trabajadores, aún teniendo un empleo, son pobres. Con empleo y pobres. Claro que el FMI en absoluto tiene en cuenta la calidad de la vida de los trabajadores y por eso es capaz de elogira las ‘reformas’ que han convertido España en un ¿país más flexible, competitivo y resistente, con un dinámico sector de servicios?

Sería bueno que las lumbreras del FMI se dieran una vuelta por las empresas de ese presunto dinámico sector de servicios español.  Comprobarían que tras la alta rentabilidad económica para los empresarios, aumenta la precarización, las condiciones laborales indecentes y una temporalidad del 35%. Y todo ello significa inseguridad laboral, menos ingresos, salarios bajos…

Un caso clásico de ese ‘dinámico’ sector es el de las camareras que arreglan habitaciones de hotel. No son asalariadas fijas sino falsas trabajadoras autónomas a las que los hoteles pagan como máximo 2 euros por habitación. Echen cuentas de cuantas habitaciones han de arreglar para conseguir un salario muy justito. Y sucede en pleno triunfalismo gubernamental de cifras récord de turistas… cuyos beneficios nunca llegan a los trabajadores.

Finalmente, ¿qué propone el FMI? Más ‘reformas’. Y ya sabemos que significa ‘reformas’ cuando lo dice alguien del FMI, OCDE, BCE o similar.

¿Y por qué no obtener más ingresos en vez de recortar y jorobar? Sí, claro. El FMI recomienda… subir el IVA. Pero, cucos como son, lo llaman ‘acercar’ el IVA de España al nivel europeo. Y aquí cabe insistir en que el IVA es un impuesto regresivo (y por tanto injusto), que paga igual quien tiene todo que quien nada tiene. ¿Por qué no proponer que las empresas con beneficios paguen el impuesto de sociedades sin recortes ni subvenciones? Porque actualmente las grandes empresas del Ibex, por ejemplo, pagan  un ridículo tipo impositivo de 7,3% sobre los beneficios, que es la mitad de lo ue pagan los asalariados por el IRPF.

¿Por qué no exigen más medios en la lucha contra el fraude fiscal e impago de impuestos de grandes empresas, grandes fortunas y corporaciones multinacionales?

En cuanto a las pensiones públicas, el FMI considera que no serán sostenibles en España si no se prolonga la vida laboral. Proponen retrasar la edad de jubilación y que la gente no se pueda jubilar hasta los 70 años, por ejemplo. Y que se incentiven planes de pensiones privados. Lo que es una falacia, porque no hay pensiones privadas. Hay aportaciones individuales regulares a fondos de inversión que especulan, cuyas rentas, cuando las hay y en la cantidad obtenida, se pagan mensualmente a quienes han aportado esas cuotas regulares al fondo de inversión durante años. A eso llaman ‘planes de pensiones privadas’, pero no son tales sino aportar cantidades mensuales a un fondo de inversión durante años. Aportación que rendirá más o menos según los beneficios obtenidos por los fondos de inversión especulando en los mercados financieros.

Y, como remate, según el FMI, para tener un mercado laboral saludable y dinámico hay que ‘flexibilizarlo’. ¿Flexibilizarlo? E romñan paladino significa poder despedir fácilmente sin coste o a un coste muy bajo. Por cierto, un país que ha aplicado a rajatabla esa ‘flexibilización’ ha sido EEUU. El resultado es que, según datos de la oficina federal del censo, hoy hay 47 millones de estadounidenses pobres, que es el 15% de la población. ¿No son muchos en un país tan rico?

El FMI actúa como el enemigo del pueblo que es. Si se aplican sus recetas habrá más desigualdad, más penuria y más carencias.

Luchar por la democracia

Quienes controlan la economía amenazan la vida digna de la mayoría ciudadana. Perpetran su agresión, su saqueo, por medio de leales siervos como gobiernos, grandes medios de comunicación e instituciones económicas internacionales. Nadie puede dudar ya de que la minoría rica, la clase dominante, ha condenado y condena a millones de personas a la pobreza, la incertidumbre y la angustia en un ataque sistemático contra los derechos humanos de la ciudadanía. Los derechos cuyo disfrute garantizan la dignidad, la vida.

¿Qué hacer? No confiar en milagros, por supuesto, y saber que esta lucha será larga y dura. Además de enfrentarse a la austeridad, los recortes, la destrucción de lo público, el paro, la precariedad, los desahucios… no hay que descuidar ni un instante la lucha por recuperar la democracia. Aunque es más exacto decir que hemos de luchar por una democracia de verdad. No el remedo de democracia con que nos engañan y oprimen. Porque, junto al saqueo y violación de derechos, nos llevan a pasos agigantados a un sistema dictatorial, maquillado como democracia ritual, pero vacía de contenido.

En el Reino de España, la muy franquista Ley de Seguridad Ciudadana, que el gobierno de Rajoy pretende imponer, recuerda mucho la legislación de aquella dictadura franquista que institucionalizaba el miedo y la represión. Ésta del PP es una ley para convertir la protesta ciudadana en delito. Muy franquista. Tanto es así que el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, denuncia que la nueva ley de Seguridad Ciudana viola los derechos de reunión y manifestación. Porque la libertad de “expresar el desacuerdo con las medidas de un Gobierno” ha de ser respetada y protegida por la justicia. Y aquí no es así sino todo lo contrario.

Y aún hay más. Hace unas semanas, el Consejo de Europa publicó un informe sobre derechos humanos en España donde alertaba sobre el “desmesurado” uso de la fuerza por la policía contra la ciuddanía que se manifesta contra la austeridad. Y denunciaba la impunidad de los policías que maltratan y torturan a detenidos. Llueve sobre mojado. Y por eso, el Consejo General del Poder Judicial, a través de su Comisión de Estudios, ha denunciado que el proyecto de reforma de Código Penal del PP va más lejos que Franco y Primo de Rivera, que nunca introdujeron la pena de cadena perpetua que ahora el PP impone. Una pena inadmisible, porque va contra la reinserción del preso. En su artículo 25, la Constitución manda que el fin principal de las penas de privación de libertad es precisamente la reinserción.

Y, para rematar el viaje a territorio totalitario, la también nueva ley de Seguridad Privada del PP permitirá a los vigilantes de seguridad privada patrullar por las calles de las ciudades; tarea hasta ahora reservada a policías nacionales o municipales. Además, los seguratas (como se designan popularmente los agentes privados de seguridad) podrán controlar espacios públicos, pedir carnés y comprobar identidades, hacer registros e incluso detener ciudadanos. Como los inaceptables cuerpos paramilitares en una dictadura bananera.

Más aún. Contra todo derecho, el ministerio del Interior creará un archivo de infractores. Y la misma ambigüedad del término ‘infractores’ otorga a esa amenaza un tufo de dictadura que  se carga de una tacada la presunción de inocencia y las garantías procesales, como elementos básicos de la democracia. Además serán tratados y castigados como delincuentes quienes defrauden a la Seguridad Social y consigan una prestación a la que no tiene derecho. Los que defrauden por valor de 50.000 euros (por ejemplo, quien cobre ilegalmente un subsidio de 600 euros durante siete u ocho años) puede ser condenado a ¡seis años de cárcel! Pero para que un fraude a Hacienda sea delito sancionable con prisión, se ha de defraudar más del doble: 120.000 euros. Sin olvidar los 80.000 millones de fraude fiscal en España y que nadie pague por ello.

Cabe recordar ahora que la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, aseguró hace poco que “su partido no consentirá que España quede en manos de personas que siempre protestan, pero nunca proponen absolutamente nada”. Una proclamación pública que suena a invitación al golpe de estado o, cuanto menos, al pucherazo electoral. Porque lo que dice Cospedal es que si ganara las elecciones un frente amplio de partidos de izquierda, movimiento ciudadano, asambleas del 15M… el PP no les permitiría gobernar. Aparte de la falsedad de lo de “nunca proponen nada”, porque la ciudadanía que protesta, el movimiento ciudadano, las plataformas cívicas de todo tipo, las asambleas del 15M… proponen medidas y alternativas para sustituir este sistema injusto y predador.

El peligro autoritario es real. Y contra el autoritarismo solo vale luchar por la democracia. La democracia de verdad, participativa, no un decorado que la simule.