A finales de 2014, el Gobierno informará por carta a todos y cada uno de los trabajadores mayores de 50 años de España. Y les concretará qué pensión cobrarán cuando se jubilen. Extenderá esa información a todos los trabajadores en los tres años siguientes, tengan la edad que tengan. ¿Servicio de información? En realidad, un programa para atemorizar a los trabajadores que contraten planes privados de pensiones a la vista de la escueta pensión que percibirán en la mayoría de casos. El Gobierno lo niega, pero la patronal de empresas aseguradoras (que venden planes de pensiones) está muy satisfecha con esta iniciativa. ¿Por qué será?
Una estrategia diáfana. El Gobierno rebaja la pensiones (desligándolas del coste de la vida, aplicando el factor de sostenibilidad, retrasando la edad de jubilación) y enseña las insatisfactorias pensiones que la mayoría cobrará.
Es una ofensiva programada contra las pensiones públicas en beneficio de las privadas. Les urge porque las fuertes rebajas salariales y el enorme desempleo han frenado el lento y reducido crecimiento de los planes privados de pensiones en España. Y también porque el empobrecimiento que es parte de la crisis ha forzado a 100.000 españoles con planes privados de pensiones a retirar en 2013 un total 500 millones de euros de los mismos . Además, lo que no reconocen es que las pensiones privadas (que surgen de la especualación financiera como fondos de inversión) están sometidas a los vaivenes de la crisis financiera y, a menudo, no alcanzan la cantidad que se prometió al contratarlas. Porque son un riesgo.
Y, como la crisis-saqueo ha golpeado a los trabajadores con pensiones privados por partida doble, con los recortes sociales y rebajas salariales más la menor rentabilidad de sus pensiones privadas, desde el inicio de la misma más de un millón doscientos mil trabajadores han cancelado sus planes privados de pensiones en España.
Por su parte, en el incesante ataque contra la pensiones públicas, el ultraneoliberal Círculo de Empresarios pide reformarlas más, “con la misma valentía” que se hizo la reforma laboral, dicen. Y que el Gobierno actúe para que los ciudadanos sean “protagonistas” de sus pensiones, y no se “duerman” en la comodidad del Estado del Bienestar. Es difícil superar tanta desfachatez.
La ofensiva empezó en los 80 en los países anglosajones. Te rebajó la pensión pública porque puedo y tú ahorras de tu corto sueldo para contratar un plan privado de pensiones. Aquí, el Gobierno de Zapatero abrió la veda contra las pensiones públicas y el de Rajoy perpetra una contra-reforma del sistema de pensiones públicaspara rebajarlas sin prisa y sin pausa año tras año.
Más de 32.000 millones de euros en ocho años. Y que los trabajadores contraten pensiones privadas. La profesora emérita Miren Etxezarretaexplica que las aportaciones de los trabajadores a los planes de pensiones privadas son una estupenda inyección de dinero fresco para la banca y los fondos de inversión. Los mismos que financian los falsos informes dramáticos sobre el futuro de las pensiones públicas.
Es falso que las pensiones públicas sean insostenibles por una mayor esperanza de vida. Lo han demostrado con amplitud Torres, Navarro, Eduardo y Alberto Garzón,Etxezarreta, un informe de veinticinco economistas y juristas críticos (http://documentopensiones.org/) y otros muchos. En España, el número de pensionistas se dobló y más en los últimos cuarenta años y el sistema público de pensiones no tuvo problema alguno. Pero, contra esa evidencia, año tras año, “expertos” a sueldo de bancos y aseguradoras profetizan un colapso de las pensiones públicas que nunca llegó.
Lo expresa con cínica claridad José Herce, miembro de una empresa de inversión financiera. Sin rubor alguno reconoce que “lo que necesitamos desesperádamente es que las pensiones públicas se replieguen de una u otra manera para ampliar el espacio para las pensiones privadas”. Más claro, agua. Y en eso está el Gobierno.
En honor a la verdad, el problema no es la insostenibilidad de las pensiones públicas, que no es real. El problema cierto es que en España las pensiones públicas son bajas. El 54% de pensiones españolas no garantizan una vida mínimamente digna, porque es inferior al salario mínimo, y la pensión media en España es casi un 40% inferior a la media de la Unión Europea más desarrollada. Por tanto, la solución no es contratar pensiones privadas sino aumentar la pensiones públicas. Por lo menos un 40% más. Es lo justo.
Hay solución. Anulando las progresivas reducciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social en los últimos años para empezar. Pero, sobre todo, cambiando el enfoque de financiación de las pensiones públicas. Porque éste no ha de basarse en las cotizaciones sociales, que han de ser una fuente de financiación más. Las pensiones públicas pueden y deben ser financiadas por los presupuestos generales del Estado. Porque es un derecho humano. Y, para que los presupuestos sean suficientes, hay que acabar con el fraude fiscal y de cotizaciones: 90.000 millones de euros anuales. Para empezar. Además de que pague más quien mas gana y más tiene. Un sistema de impuestos justos, progresivos y suficientes. Y no hay insostenibilidad que valga.
El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos indica que percibir una pensión digna es un derecho. Y con los derechos no se juega ni puede haber medias tintas. Por eso hay que aumentar las pensiones públicas y blindarlas para que ningún gobierno pueda rebajarlas.
¡Por razones! 