Urge recuperar en España una democracia sin rebajas ni autoritarismos

En los últimos días ha ocupado portadas y sumarios de medios informativos el escándalo de las notas falsificadas en la concesión de un máster universitario a la presidenta del gobierno autónomo de la región de Madrid, Cristina Cifuentes. Por lo publicado, más allá de falsear notas y otras irregulariades destapadas que han engrosado esa bola de nieve, como han denunciado algunos medios, el caldo de cultivo de tan impropia actuación podría ser que ese instituto de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que organizaba el máster engordaba la lista de alumnos para sacar más beneficio económico, llegó a hacer convalidaciones en grupo, retocar calificaciones y falsificar firmas, como ha demostrado la documentación aportada por el periódico digital eldiario.es, el que más a fondo ha denunciado ese escándalo.

El partido Popular quería tener su propia universidad y ésa fue la Rey Juan Carlos. Como han denunciado algunos profesores y alumnos de la misma, ésta se habría convertido en área de colocación para dirigentes del PP tras tener que dejar algún cargo público. Un dato esclarecedor al respecto es que el número de profesores visitantes (figura flexible que permite dar clases en una universidad sin pasar por oposiciones o ser profesor titular) suele ser cuanto más un 1% del cuerpo docente, pero en la Rey Juan Carlos ese porcentaje asciende al 25%.

Parece haberse cumplido el refrán de que cuando el río suena, agua lleva y la URJC ha suspendido al responsable del máster que dice haber hecho la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, Cristina Cifuentes, y expedientado también a la funcionaria que cambió sus notas, además de plantearse retirar el máster a Cifuentes.

El escándalo de los notables atribuidos a Cristina Cifuentes en dos asignaturas del máster, sin siquiera haberse examinado como ha informado eldiario.es, no sorprende demasiado, porque el Partido Popular y los gobiernos que sostiene (central o regionales) nos han acostumbrado a portadas de los medios informativos por sus diversas presuntas corrupciones, algunas ya demostradas. Tanto es así que hoy hay un millar de cargos públicos y dirigentes de diversos rangos del PP acusados, procesados o incluso ya condenados en inacabables causas por corrupción.

La desvergüenza de un máster otorgado sin haber asistido ni un solo día a clase ni haber podido mostrar nunca el trabajo de fin de máster, estalla unas cuantas semanas después de que Guardia Civil, fiscales y jueces de instruccción hicieran público, tras la investigación de los casos Gúrtel, Púnica y derivados, que el Partido Popular ha financiado ilegalmente campañas electorales desde hace décadas.

Por lo publicado, esa financiación ilegal habría utilizado el viejo método de conseguir dinero contante y sonante de empresarios por adjudicarles obras y contratos públicos por comisiones del 3% del total adjudicado ilegalmente. Tal financiación habría pagado actos electorales de las elecciones generales que ganó Aznar en el año 2000, Francisco Camps las regionales de la comuidad autónoma de Valencia y Rita Barberá las del ayuntamiento de esa capital.

No es preciso insistir en el volumen y gravedad de la corrupción (que afecta al PP y sus gobiernos, pero de ningún de modo exclusivamente) por ser un tema harto conocido. Pero sí cabe señalar que el deterioro de la vigente democracia (obra del régimen político surgido de la Constitución de 1978) ha aumentado, por ejemplo, con ataques contra la libertad de expresión por la llamada Ley Mordaza, aprobada el 30 de marzo de 2015. ¿Por qué recordar ahora la ley Mordaza? Porque aunque corrupción es soborno y cohecho, también es perversión según el Dicionario de la Lengua española. Y esa ley Mordaza, denunciada por Amnistía Internacional, y Jueces y Juezas por la Democracia y profesores de derecho penal, ha corrompido la normal vida democrática de este Reino y provocado situaciones tan kafkianas como meter en la cárcel a raperos y escritores de tuits por palabras escritas o dichas, no por verdaderos delitos, mientras juzgados y condenados por corrupción (Iñaki Urdangarín, cuñado del Rey, por ejemplo), no van por ahora a la cárcel y, como Urdangarín) puede vivir en Suiza gozando de libertad, con las únicas condiciones de presentarse ente el juez una vez al mes y deber comunicar si sale de Europa.

Si estuviera entre nosotros don Quijote, hoy parafrasearía “con la ley Mordaza hemos topado, amigo Sancho”. Como será esa ley Mordaza que un editorial del estadounidense diario The New York Times instó a la Comisión Europea a condenar esa ley, basándose en el informe del relator de Naciones Unidas para derechos humanos, quien también pidió a los legisladores españoles que derogaran esa ley.

Pero ahí está, autoritaria e intocable la ley Mordaza, al tiempo que aumentan las sentencias por delitos que no son tales en países democráricos, pero que encierran a los procesados en la cárcel con penas que no son precisamente leves. Y eso es corromper la democracia. Aunque aún más preocupante sea el encarcelamiento desde hace medio año de dirigentes independentistas catalanes, acusados de rebelión.

Sobre el delito de rebelión, del que se acusa kafkianamente a dirigentes catalanes independentistas para justificar su prisión, cabe recordar que, según el Código Penal español, “son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente”. Y no ha habido ningún alzamiento violento en Cataluña, ni siquiera violencia digna de ese nombre. Al respecto vale la pena reproducir las palabras del profesor de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo: “El delito de rebelión que el Juez Instructor ve en la conducta de los ex-miembros del gobierno catalán no lo ve ningún juez europeo. Y no lo ve, porque no existe, como ya dijeron más de cien profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas. El delito de rebelión de la euro orden del juez instructor es un delito imaginario, un delito que solo existe en la imaginación del Juez”.

No hay duda de que en los últimos años, al tiempo que la llamada crisis empeoraba la vida de la ciudadanía española, ha habido un innegable avance del autoritarismo, de agresiones contra las libertades, como la de expresión. Sin embargo renace alguna espranza tras la confortadora sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la Unión Europea, que ha condenando al Reino de España por imponer una pena de carcel de dos años a unos jóvenes que quemaron fotos del Rey. El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión ha afirmado sin el menor resquicio de duda que esa acción fue un ejercicio de libertad de expresión. Si la máxima autoridad judicial europea en derechos dice que quemar una fotografía del Rey es libertad de expresión, ¿qué hacen en la cárcel raperos y tuiteros por haber dicho o escrito da igual qué? Como tampoco hay rebelión que valga en la actuación de los independentisas catalanes encarcelados o imputados. Por eso tampoco puede seguir la actuación injusta y prepotente del gobierno Rajoy y de otros poderes polícos. Una actuación que erosiona y deteriora día tras día el sistema democrático.

Urge recuperar en España una democracia, digna de tal nombre, sin rebajas ni la menor interpretación autoritaria.

 

Acabar con la evasión de impuestos y los paraísos fiscales

En España se ha desvelado un caso fiscal significativo, protagonizado por Iñaki Urdangarín, yerno del rey Juan Carlos. Urdangarín es presidente del Instituto Nóos, ligado a “salidas invisibles” de dinero a paraísos fiscales por medio de empresas pantalla, según conclusiones del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach. Urdangarin, su socio, Torres, otros gestores y ex altos cargos del Partido Popular son investigados por varios delitos y el fiscal atribuye a Urdangarín y Torres ser propietarios de la empresa pantalla De Goes Center For Stakeholder Management, que habría adquirido la Fundación del Deporte, la Cultura e Integración Social (constituida por Urdangarín en 2006) para presuntamente evadir capitales a paraísos fiscales.

También conocemos algunos defraudadores fiscales expedientados. El piloto de motos Sete Gibernau, el empresario Ricardo Rodrigo, los hermanos Carulla (dueños de Agroalimen), Carceller (propietario de Cervezas Damm), la tenista Arancha Sánchez Vicario, la soprano Montserrat Caballé, el piloto de F1 Martínez de la Rosa, el también piloto Fernando Alonso, el tenista Carlos Moyá, el ex jugador del Barcelona Luis Enrique, el piloto de motos Alex Crivillé… Fiscalmente andorranos, suizos o monegascos, dejaron de pagar millones de euros de impuestos.

En Suiza y Liechenstein en 2009 y 2010 se descubrieron 3.200 cuentas ocultas de políticos, empresarios, profesionales de altos honorarios y financieros españoles. Algunos defraudadores han sido expedientados pero, según el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), los ricos que han incurrido en delitos fiscales millonarios han tenido un escandaloso trato condescendiente y privilegiado por parte del gobierno. Pero hay más.

La economía sumergida española se multiplicó por cuatro de 1980 a 2008, según informes de Funcas, federación de cajas de ahorros. Economía escondida que no paga impuestos ni cotiza a la Seguridad Social. Economía fraudulenta que mueve 245.000 millones de euros que, aún tributando a la baja, cubriría con creces el déficit de España en 2012 sin recortes ni aumentar impuestos a la mayoría.

Esa evasión fiscal es posible por los paraísos fiscales. No hagan caso de los cantos de sirena de la OCDE ni del G20 que pretenden que sólo quedan tres o cuatro paraísos fiscales. Paraísos fiscales, haberlos, haylos. Y muchos. Docenas de exiguos territorios o estados de cartón-piedra en el Pacífico o Atlántico más Suiza, Andorra, Gibraltar, Panamá, Luxemburgo, Liechstentein… Sin impuestos sobre el beneficio de empresas en sus territorios; con secreto bancario como dogma y cuentas anónimas numeradas como sacramento. Sin información ni estadísticas fiables sobre operaciones financieras, aunque sí un volumen desproporcionado de operaciones financieras extranjeras, más una sospechosa simplicidad y falta de vigilancia para constituir y registrar sociedades mercantiles. Y, por supuesto, ningún control sobre las sociedades filiales de las empresas transnacionales establecidas en ellos. A lo que añadir ausencia total de penalización por blanqueo del dinero y ninguna colaboración con autoridades fiscales y judiciales de cualquier país.

Sin tocar tales características que los definen, para sacar a un estado de la lista de paraísos fiscales, la OCDE pidió la firma de doce acuerdos de intercambio de información fiscal con otros tantos países. Pero, como denuncia Hernández Vigueras, el truco consiste en que los paraísos fiscales han firmado doce acuerdos con territorios sin ninguna relevancia financiera (Islas Faroe, Groenlandia…) o entre ellos mismos.

Acuerdos de reciprocidad de información fiscal sin repercusión alguna en la lucha contra el fraude fiscal ni contra el blanqueo de dinero. Puro maquillaje.

Como recuerda Vigueras, “los paraísos fiscales son refugio del dinero sucio de los evasores de impuestos, de los corruptos, de los criminales organizados y de los terroristas del mundo”. Aunque la OCDE diga lo contrario, hay aún mucho paraíso fiscal, entre todos ocultan 6 billones de dólares y son realmente un peligro para la Humanidad.

El fraude fiscal, que los paraísos hacen posible, desencadena vulneraciones sistemáticas de derechos sociales. Porque los estados disponen de menos recursos por la evasión de impuestos y no pueden satisfacer el disfrute de derechos indiscutibles como salud o educación, por ejemplo. Una menor disposición de recursos agravada por la nefasta austeridad presupuestaria impuesta. Por tanto, la lucha contra la austeridad presupuestaria, contra las deudas ilegítimas, evasión y fraude fiscal, contra los paraísos fiscales, es la lucha por el Estado de derechos sociales (mal denominado de bienestar). La misma lucha.