Transición, ruptura y democracia

Se celebró el 40º aniversario de las primeras elecciones democráticas en España en 1977. Pero la jaleada Transición, de la que esas elecciones fueron eje, no fue el tiempo de concordia que se pretende. El 3 de marzo de 1976 tres trabajadores murieron en Vitoria por disparos de la Policía Armada. Dos más morirían días más tarde. De la brutal represión da cuenta una comunicación por radio de la policía que actuó en Vitoria, minutos después de las muertes, recuperada y revelada posteriormente: “Dile a Salinas que les hemos dado la paliza más grande de la historia“.

Cuatro meses después, Martín Villa, un franquista reformista, ocupó la cartera de Gobernación, que luego se llamó Interior. En menos de tres años murieron 44 españoles a manos de la policía y otros 108 fueron heridos de gravedad y hospitalizados por disparos de policías y grupos de extrema derecha que colaboraban en reprimir manifestaciones. Una Transición que no fue tiempo de paz, sino de violencia por represión constante, terrorismo y guerra sucia. De 1975 a 1983, en España hubo 591 muertes por terrorismo de extrema izquierda, extrema derecha, guerra sucia y represión, según el libro La Transición Sangrienta de Mariano Sánchez. De esos muertos, 188 fueron homicidios para mantener el orden, alentados e incluso organizados desde alguna cloaca del Estado, según Sánchez. Además, en el año de elecciones 1977, la Policía cargó muy violentamente contra hombres y mujeres en unas 800 manifestaciones en toda España. Porque imponer el orden público era determinante para frenar a la izquierda que finalmente renunció a ocupar las calles.

Los franquistas reformistas supieron pronto que el tinglado franquista o parecido no era posible, muerto el dictador. Aunque al principio de la llamada transición tampoco tenían intención de ir a una democracia sino montar algo controlable. Pero grandes sectores de la población española, liderados por la clase trabajadora, se movilizaron contra la dictadura y el gato por liebre en política. Desde 1973 a 1982, España fue el país europeo con mayor agitación social y las mayores protestas obreras conocidas en Europa occidental desde el final de la segunda guerra mundial. Como nos han contado Sartorius y Alberto Sabio en su obra El Final de la dictadura, solo en 1976 hubo más de 17.700 huelgas en las que se dejaron de trabajar 150 millones de horas. Esa presión trabajadora y popular hizo posible acceder a una democracia aceptable. Tras cada movimiento positivo de la monarquía o de los franquistas reformistas había siempre grandes movilizaciones obreras. Huelgas y movilizaciones, por ejemplo, movieron al rey a despedir al presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, tan incapaz de controlarlas como de proponer algo viable.

Pero, como cuenta Ferran Gallego, una élite política franquista controló buena parte de la Transición desde el Estado y la Constitución no surgió de la ruptura con la dictadura sino por la alianza del reformismo franquista con PSOE y PCE, sobre todo. Fue un ministro franquista, Adolfo Suárez (que fue secretario general del Movimiento Nacional, el partido único franquista), quien preparó las primeras elecciones.

Los franquistas nunca tuvieron voluntad de ir hacia una democracia y si la Transición no acabó en agua de borrajas fue por la movilización de la clase trabajadora. La izquierda quería la ruptura pero no confío en la clase trabajadora y en la ciudadanía y aceptó la reforma. Carrillo propuso al PCE aceptar al rey y la bandera rojigualda, sin consulta democrática alguna, atemorizando al Comité Central con el ruido de sables.

Para disponer del escenario completo, cabe recordar que, además de la condena de la España franquista por la ONU en febrero de 1946, el Consejo de Europa en 2006 condenó de nuevo las “violaciones graves de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista de 1939 a1975“. La ONU también suspende a España por mantener símbolos franquistas, por la Ley de Amnistía de 1977 (que viola la legislación internacional e impide juzgar crímenes franquistas), por suprimir la Justicia Universal y por negarse a exhumar desaparecidos localizados y forzar que las exhumaciones sean privadas.

Hoy siguen pendientes los grandes problemas políticos (Estado y naciones, forma de Estado…) porque la canonizada Transición y lo que vino después no han sabido resolverlos. Lo que lleva a pensar de nuevo en romper con todo eso.

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Reino de España, un estado general de corrupción

En el Reino de España no pasa mucho tiempo sin noticias de corrupción. Hace unos días la Guardia Civil detuvo a Ignacio González, ex-presidente del gobierno autónomo de la región de Madrid, por presuntos delitos de corrupción y saqueo de fondos públicos. Y hace un poco más, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó al juez que instruye causa contra el exministro de economía Rodrigo Rato de presuntos delitos de éste de blanqueo, fraude fiscal y corrupción.

Según ese informe, Rato presuntamente blanqueó 31 millones de euros y la UCO asegura que la empresa Cor Comunicación, que fundó Rato, fue “pensada y creada” para blanquear millones de euros. También el ministerio de Hacienda considera que Cor Comunicación se constituyó para actividades opacas deliberadas. Según informe de la Oficina Antifraude de Hacienda, casi todo el dinero blanqueado por Cor Comunicación procedía del pago de facturas de esa empresa de Rato a empresas privatizadas (en cuya privatización habría intervenido como ministro de economía) como Endesa, Paradores, Repsol, BBVA, Retevisión, Telefónica, Iberia, Aldeasa, Logista y Azucarera.

Las historias judiciales de Rodrigo Rato esclarecen de modo diáfano la actitud y actuación de las llamadas ‘élites’ que saquean a la ciudadanía sin escrúpulo alguno. Una parte de las cuales ha establecido un estado general de corrupción en este país en los últimos años. Que esa corrupción es un grave problema generalizado lo demuestra que en 2015 y 2016 hayan sido juzgadas en España 1.378 personas acusadas de delitos de corrupción, más del 70% de causas juzgadas acabaron con condenas y han sido condenadas 399 personas, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Las grandes corrupciones, conocidas y aireadas por la prensa, señalan la gravedad de ese tumor que deviene plaga. Como muestra, la Operación Púnica con la que políticos y empresarios organizaron una red para adjudicar servicios públicos y contratos a empresas privadas por jugosas comisiones ilegales. Esa red manejó adjudicaciones por 250 millones de euros. Una historia corrupta en la que hay presuntamente implicados dirigentes y cargos públicos del gobernante Partido Popular, pero no solo del Partido Popular.

El caso de los llamados Papeles de Bárcenas (extesorero del PP) es un sumario por apropiación inebida, en el que hay también presuntamente implicados altos cargos del partido del gobierno. Otra corrupción investigada, Gürtel, muestra una red de corrupción política, presuntamente vinculada al PP, con 187 acusados (de los que 74 son políticos) por fraude fiscal, soborno, blanqueo de capitales y tráfico de influencias…

En verdad, un panorama vomitivo.

Pero inquieta, aflige y alarma aún más que, a pesar de escándalos y delitos ampliamente difundidos por los medios, el Partido Popular, con más afectados e imputados que ninguna otra formación política, haya retrocedido poco electoralmente. Debería haber caído en picado, pero el último sondeo aún le adjudica 33% de intención de voto. ¿Tan mal está este país? ¿Tan débil es la exigencia ética en España? Porque lo peor es que, por activa o pasiva, directa o indirectamente, quien finalmente paga el pato de tanta corrupción es la gente de a pie, la gente común, el pueblo trabajador. Gente de la que bastantes votan al PP. Lo paga la gente con recortes de sus derechos sociales. Y con insuficiencia de fondos públicos para que el país avance, no hay empleos suficientes ni salarios dignos. Porque la recuperación, si es tal, ha de ser para todos, no solo para la minoría de siempre a costa de los demás.

¿En qué se equivocan grupos, movimientos, organizaciones sociales y políticas que quieren cambiar las cosas y mejorar de verdad este país?

Una respuesta posible se remonta a la presuntamente modélica transición de la dictadura a la democracia. Que no lo fue tanto ni tan calvo, ni fue modélica en absoluto porque la pilotó buena parte de le gente que fue sostén de la dictadura franquista durante años. Dictadura de la que representante alguno nunca se arrepintió ni pidió perdón por los crímenes perpetrados. Como no lo hacen tampoco sus herederos y sucesores, muchos cómodamente instalados en el PP que sostiene al gobierno.

Este cronista está convencido de que hasta que no se entierre muy hondo la más leve traza de franquismo, en tanto no nos desprendamos totalmente de toda sombra de la dictadura y sus protagonistas y cómplices principales no sean juzgados, rindan cuentas y se reparen daños, este país no avanzará nunca.

Capitalismo de amiguetes y corrupción institucionalizada

Rodrigo Rato, que fuera poderoso vicepresidente económico de Aznar, fue arrestado durante horas, registrados su despacho y domicilio exhaustivamente por la Agencia Tributaria y acusado de fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. El encontronazo de Rato con la justicia no es nuevo en su familia. Su padre, Ramón Rato, fue condenado en 1967 a tres años de prisión, por el Juzgado Especial de Delitos Monetarios, por evadir dinero a Suiza. También se condenó al hermano de Rodrigo, Ramón Rato Figaredo, a dos años de prisión y a su tío Faustino a multa de 5 millones de pesetas por complicidad.

Más allá de la significación del personaje o de que el espectáculo mediático de su detención responda a una guerra interna del Partido Popular, el hecho es grave porque ratifica que la corrupción es ilimitada. Presunta, por supuesto. No son unos cuantos casos extraordinarios ni tampoco casos aislados: es que el sistema está podrido. Doménech, Raventós y Búster explican que  “la naturaleza institucional de la corrupción tiene sus raíces en el capitalismo oligopólico de amiguetes en que se transformó el poder empresarial heredado del franquismo con las privatizaciones de la Transición”. Y eso son palabras mayores, porque las políticas económicas de la Transición y corrupciones derivadas generaron un bloque formado por grandes empresas del Ibex 35 y parte de las cúpulas de PP y PSOE, convertido tal bloque en cártel favorecedor de la corrupción. Por eso hay que buscar el origen de la corrupción en las descomunales privatizaciones de un potente sector público, perpetradas en la pretendidamente modélica Transición con la consiguiente formación de poderosos oligopolios. Iniciadas sin dudarlo por Felipe González al frente de gobiernos del PSOE y continuadas con entusiasmo por los gobiernos de Aznar.

Un nada claro sistema de concesión de contratos públicos multimillonarios, esa estructura de multinacionales montadas a partir de sólidas empresas públicas privatizadas, más una política económica y fiscal que han dado y dan una posición dominante y privilegiada a grandes empresas del Ibex 35 son la base de la corrupción. En ese escenario de privatizaciones desatadas cuajó el capitalismo oligopólico de amiguetes que hizo nacer una nueva minoría rica y privilegiada que controla buena parte de la economía del Reino de España. Minoría que copó el Ibex 35 y se sumó como clase dominante a los restos de la aristocracia terrateniente (que esquilma la Extremadura y Andalucía rurales desde hace siglos), a grandes accionistas bancarios, altos cargos financieros y grandes propietarios de la industria.

Ese capitalismo corruptor y corrompido ha hecho nacer y crecer una economía sumergida de la cuarta parte del PIB y también que más de un tercio de billetes de 500 euros que se mueven por Europa lo hagan en España. Maletines con cientos de miles o millones de euros para enjuagues y sobornos. O apuntes contables y movimientos financieros ocultos de cuentas opacas en paraísos fiscales. Lo que coloca a este Reino en el nada admirable puesto 37 en la lista de Transparencia Internacional, tras Taiwán, Chipre o Botswana, más corrompidos que este Reino, y con 60 de índice de percepción de corrupción, a mucha distancia de 100 que es cuando no hay corrupción. Porque esa poca transparencia que indica el puesto 37 significa que hay mucha corrupción. Corrupción rentable, por cierto, porque la minoría que controla la economía ha visto crecer últimamente sus beneficios un 67%.

Y mientras la minoría rica privilegiada se enriquece aún más (tanto ‘legalmente’ con políticas austeras de saqueo y recortes sociales, como delictivamente con la corrupción), crecen de forma escandalosa el empleo precario y los trabajadores con empleo pero que siguen siendo pobres. Crecen desigualdad y pobreza, porque, por ejemplo, de enero a marzo de este año se destruyeron 114.000 puestos de trabajo y hoy aún hay 5.444.600 de parados, 71.000 más que en diciembre de 2011, cuando el PP ocupó al gobierno. Así lo asegura sin dudarlo la última Encuesta de Población Activa (EPA) que envía al traste la fábula de la recuperación y los juegos malabares con los datos de inscritos en el paro y quienes abandonan tal registro, juegos con los que pretenden que se crea empleo.

La corrupción no atañe solo a unos pocos casos, tampoco es una cuestión privada ni aislada de los corruptos, como repiten hasta el tedio portavoces del Partido Popular y del gobierno. Ni es solo cuestión penal. La corrupción es estructural y un letal problema económico, social, político e institucional por ser parte del sistema. Y puede acabar destruyendo este país. A sus gentes, seguro. Y, para acabar con esa corrupción, ya institucionalizada, hay que cambiar el sistema político y económico. De raíz.

De aquellos polvos, estos lodos

El magistrado español Baltasar Garzón (conocido por su implacable trabajo como juez instructor contra terroristas, narcotraficantes, criminales de guerra y grandes estafadores) fue denunciado por dos asociaciones franquistas: la ultraderechista ‘Manos Limpias’ y Falange Española, el partido fascista español. Acusado de prevaricar por investigar la desaparición de docenas de miles de españoles durante la guerra civil y la dictadura, a petición de familiares y asociaciones de víctimas del franquismo, así como las responsabilidades franquistas en esos crímenes contra la humanidad.

Lo que parecía una pataleta fascista ha conducido a Garzón al banquillo de los acusados. Contra todo pronóstico y razón el Tribunal Supremo de España juzgará a Garzón, que podría ser inhabilitado veinte años. El instructor (un tal Varela) dice que Garzón ha prevaricado por ignorar la ley de Amnistía de 1977. Una ley española de auténtico punto final. Esa ley de Amnistía permitió regresar a republicanos exiliados y liberó de responsabilidad penal a ciudadanos que habían actuado contra la dictadura de Franco. Cierto, pero sobre todo fue un blindaje contra la verdad y contra la justicia. Y por lo visto aún lo es.

En la transición de dictadura a democracia, esa ley consagró la impunidad total de la criminal dictadura franquista. Jaime Pastor, profesor de ciencia política, ha indicado que fue decisión deliberada evitar la justicia, impedir con esa ley que los crímenes de lesa humanidad (que no prescriben nunca) pudieran ser juzgados. Amnistía Internacional juzga insólito que se procese a un juez que busca la verdad, justicia y reparación de más de 100.000 desaparecidos durante la guerra civil y en la dictadura franquista. Una dictadura impuesta a sangre y fuego sobre la cual ya en 1946 la Asamblea General de Naciones Unidas determinó que “en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini”.

Y sobre la citada ley de Amnistía de 1977, el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado recientemente a España a derogarla. Porque España firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ahí se establece que “nada se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. El Pacto recuerda además que las desapariciones forzadas se consideran crímenes contra la humanidad.

En realidad la ONU amonestó tres veces a España en 2009 por mantener vigente la Ley de Amnistía, no investigar los crímenes del franquismo y descuidar a las víctimas del mismo.

¿Quién incumple la ley? Desde luego Garzón, no; puesto que España está obligada a cumplir la legislación internacional que ha firmado y ratificado.

El diario de Hamburgo Die Zeit ha publicado que el caso contra Garzón (una coalición de herederos del fascismo franquista y enemigos  personales de Garzón) no es un bochorno nacional español sino un escándalo internacional. The New York Times ha escrito que la suspensión del magistrado sería una parodia de justicia y que los auténticos crímenes son las desapariciones durante la guerra civil y el franquismo.

Alemania juzgó el nazismo y tras la guerra hubo un proceso de desnazificación: depuración de toda influencia nazi en Alemania y Austria. Y hoy se persigue cualquier exaltación o publicidad de tan nefasta ideología. España es vergonzosamente diferente. Franco continúa venciendo después de su muerte, calles y pueblos españoles aún ostentan nombres de ejecutores de la dictadura y una acusación de Garzón, la fascista Falange Española, organiza actos públicos donde enaltece impunemente la dictadura franquista.

Cabe extraer sin embargo algunas esclarecedoras conclusiones de este bochorno. La transición española no fue modélica sino todo lo contrario. Porque en muy buena medida la controlaron franquistas. Y los demócratas pecaron de miedo excesivo y tragaron demasiado. De aquellos polvos, estos lodos.

Afortunadamente, familiares de víctimas de crímenes del franquismo acudirán a los juzgados federales de Argentina a presentar una querella por el genocidio que el general Francisco Franco perpetró en España entre 1936 y 1977. Es posible hacerlo porque la constitución argentina reconoce la jurisdicción universal para juzgar delitos contra la humanidad.

Es noticia consoladora. Pero en tanto España no borre de su vida política e institucional hasta la última traza de franquismo, no habrá salida. A los hechos me remito.