La desigualdad creciente indica que algo va francamente mal

En España, tras las elecciones municipales de hace un mes, los nuevos gobiernos locales del cambio ya trabajan para la gente común. Para empezar, encuentros con cúpulas bancarias para frenar desahucios y planes de emergencia social para dar de comer a niños que han acabado el curso y ya no disponen de comedor escolar. Entre otras medidas. Pero al mismo tiempo, Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, insiste en que las ‘reformas’ que ha perpetrado su gobierno ya dan sus frutos. Reformas que son retrocesos sociales en servil aplicación de la austeridad y recortes sociales que imponen la Unión Europea, BCE y FMI. Y añade Rajoy con la boca pequeña que “hay mucha gente a la que todavía no han llegado los efectos de esta política económica, pero llegarán”.

No se sabe si es cinismo sin más o la peor ceguera; la del ciego que no quiere ver. O tal vez pretenda engatusar a los dos millones y medio de ciudadanos que han dejado de votar a su partido en las recientes elecciones. Porque la cruda y documentada realidad es que desigualdad y pobreza crecen a marchas forzadas en el Reino de España. La gente lo sabe porque lo sufre.

El año pasado fue el quinto consecutivo en el que disminuyeron los ingresos de las familias en ese país, cuya capacidad de consumo (o demanda, si prefieren) “esta casi agotada” según explica Marcos Peña, presidente del Consejo Económico Social, órgano consultivo del Estado. Porque la capacidad de demanda o consumo es hoy de supervivencia, ha remachado.

De la deteriorada situación de gran parte de la ciudadanía española da fe, por ejemplo, que el 42% de usuarios pase apuros para pagar el recibo de la luz, además de otras estrecheces. Como no poner la calefacción en invierno o a menor temperatura para gastar menos. Así lo indica un estudio de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.

Y, si atendemos al derecho a vivienda digna (artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 47 de la Constitución española), cientos de miles de personas han visto vulnerado ese derecho en España, como denuncia Amnistía Internacional en su documentado informe “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España”. ¿Quién se perjudica y quien se beneficia en tal situación injusta? Solo son algunas muestras, porque la brecha entre pobres y ricos tiene muchas caras. Bastantes más.

Incluso el FMI advirtió hace un tiempo que España es el país europeo donde crecen más las diferencias entre pobres y ricos. Pero ahora es la OCDE la que constata que este país es donde más aumenta la desigualdad. Y, mientras en el Reino de España la pobreza aumenta en más de un millón de personas y ya afecta al 27% de población (según Red Europea contra la Pobreza), el informe anual de riqueza en el mundo de Capgemini indica que aquí la gente con gran patrimonio ha aumentado unas cincuenta mil personas en siete años. Son 178.000 ricos. La crisis y la política económica presuntamente en contra los han enriquecido. Pero el país está habitado por 46 millones y medio de personas y solo se benefician de verdad de esas políticas un minúsculo 0,04 %.

Junto al mezquino porcentaje de nuevos ricos, quienes sufren privaciones materiales severas han crecido un 28%, al tiempo que se duplican las personas que viven en hogares sin empleo alguno o insuficiente. Y muy escasos ingresos, cuando los hay. El resultado es que casi 13 millones de ciudadanos viven en riesgo de pobreza; algo más del 27% de población. Y otro hecho muy alarmante. En España tener empleo no garantiza una vida digna: casi el 12% de personas pobres tienen trabajo remunerado, pero no salen de la pobreza. Algo que tal vez tenga que ver con que el 19% de la población del Reino de España posee el 56% de la riqueza del país, y el 81% se reparten también desigualmente el 44%, según el Global Whealth Report de Credit Suisse. O que en 2016, según informe del mismísimo Foro de Davos, un 1% de población, el más rico de la Tierra, acumulará tanta riqueza como el restante 99% del planeta.

Algo va francamente mal.

La presunta reforma fiscal, más de lo mismo

Reforma es lo que se propone, proyecta o ejecuta para innovar o mejorar algo. Por tanto, una reforma del sistema fiscal debería ser una propuesta para mejorar el  sistema de impuestos. La proposición de reforma fiscal de los “expertos” nombrados por el Gobierno del Partido Popular en España no es una reforma. En absoluto.

Esa propuesta de presuntos “expertos” se limita a obedecer las imposiciones de la Comisión Europea, FMI y OCDE. Es decir, reducir los impuestos directos, subir los indirectos, crear más impuestos especiales y, especialmente, rebajar los impuestos sobre los rendimientos del capital y, de ser posible, ni siquiera considerarlos. Es una obscena contrarreforma fiscal iniciada en los años ochenta del siglo XX de la mano de Reagan y Thatcher fácil de resumir: que los ricos paguen menos y la mayoría ciudadana pague más.

Proponen los aparentes “expertos” rebajar el tipo máximo del IRPF, pero que nunca supere el tipo del 50%, aunque mejor que sea  en torno al 44%. Es decir, los ingresos elevados se benefician de una importante rebaja. Pero los “expertos” dicen que se beneficiarán las rentas bajas. Esa pretendida rebaja fiscal de bajos salarios son limosna, porque lo preocupante es que la ciudadanía pagará por la “reclasificación” del IVA. Determinados bienes y servicios saldrán del grupo que cotiza un 10% de IVA, por ejemplo, y se “reclasificarán” en el del 21%. Si eso no es aumentar el IVA que baje dios y lo vea.

También proponen establecer un impuesto sobre la vivienda habitual, como si fuera renta. Esto es un considerable aumento fiscal que pagarán 13 millones de ciudadanos propietarios de su casa. Como opuso un “experto”, Pedro Herrera, “en momentos en que la morosidad de las hipotecas bancarias es muy elevada, establecer un gravamen adicional por el disfrute de la propia vivienda generará notables injusticias. El impuesto afectará a muchos perceptores de rentas modestas y bajas, pensionistas y parados de larga duración. Tiene razón, aunque se quede corto. La mayoría más pobre, desfavorecida, al final pagará más, aunque no sea a través del IRPF.

Recomiendan los supuestos peritos suprimir deducciones y subvenciones del impuesto de sociedades, sí. Pero también proponen disminuir el actual tipo del 30% al 20%. Una buena rebaja a las empresas. Se beneficiarán más las que más facturen, es decir, las grandes. También quieren reducir los actuales siete tramos de ingresos del IRPF a cuatro. Cuando es sabido que, cuanto más progresivo es un impuesto, más justo es; es decir, cuantos más tramos de ingresos tiene sobre los que calcular el impuesto a pagar.

El informe también pide suprimir el impuesto sobre el patrimonio así como recuperar la llamada Ley Beckham. La excepción que permite que los extranjeros con grandes beneficios (inversores, administradores, directivos, artistas triunfantes, deportistas de élite…) pagarán el mínimo del IRPF (menos del 25%), en vez del 52% o 56% que les correspondería según la actual normativa.

Beneficio para los menos que tienen más y perjuicio para los más que tienen menos. Eso es lo que proponen en realidad los “expertos”. El remate del despropósito lo borda Manuel Lagares, presidente del comité de “expertos”, al pontificar que “tiene que decir las cosas que ha de decir como economista”. Como si la economía fuera una ciencia exacta e indiscutible. Argüir la pretendida infalibilidad o exactitud de la economía es un penoso intento de coartada que se pretende científica. La misma falacia que esgrimieran los neoliberales en los ochenta: “There is no alternative, no hay alternativa.

¡Qué más quisieran!

La Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental ysolidaria reúne organizaciones sociales, sindicales, ciudadanas, religiosas, de consumidores, ecologistas, coaliciones y ONG para lograr un sistema tributario justo. Esa plataforma explica qué ha de incluir una reforma fiscal equitativa. Y dice que el aumento de ingresos del Estado ha de ser con un sistema de impuestos proporcional, progresivo, suficiente y redistributivo que garantice la justicia fiscal. Un sistema fiscal justo ha de luchar prioritariamente contra la evasión o elusión de impuestos y ha de dotarse de personal y medios suficientes para luchar contra el verdadero fraude fiscal; el de las grandes fortunas, rentas altas, bancos, fondos de inversión, grandes empresas y corporaciones transnacionales. Pues todos ellos, con una ingeniería fiscal agresiva, deslocalizan beneficios y capitales y los ocultan en paraísos fiscales. Pero la realidad es que hay pocos medios, personal insuficiente y orden de perseguir los pequeños fraudes y dejar tranquilos a los grandes tramposo fiscales. Así lo han denunciado inspectores y técnicos de Hacienda.

Además, un sistema fiscal justo no ha de apoyarse en impuestos indirectos. Y, por supuesto, ha de establecer un impuesto de sociedades sin trampas que pague más por beneficios obtenidos, además de establecer un impuesto global sobre el patrimonio y las tasa necesarias que graven las operaciones y mangoneos especulativos. Sin olvidar una urgente revisión del Código Civil y del Penal para que los delitos fiscales sean castigados de modo implacable.

Nada en el informe de los “expertos” recuerda ninguna de las medidas que conforman una fiscalidad justa. Pero tienen la osadía de que pretenden hacer una reforma fiscal.