Es imperativo reducir hasta acabar con la desigualdad

Campaña electoral en España. Momento para recordar el avance de la desigualdad. La ciudadanía ha de saber quiénes, que podrían gobernar, tienen voluntad política de combatirla. La desigualdad no es cuestión académica o de titulares. Es escenario y también causa del avance de la pobreza y exclusión social, mientras una minoría cada vez más reducida acumula un desmedido poder económico.

En España, 27% de quienes trabajan (más de la cuarta parte) están subempleados. Más dos millones. Trabajan menos de lo que necesitarían para recibir un salario digno. Más los casi cinco millones de desempleados “oficiales” ya son siete millones quienes viven (si se puede llamar vivir) con ingresos insuficientes e indignos. O sin ingresos.

En Madrid, una de cada cinco personas roza la pobreza o cae en ella. Más de millón y cuarto de madrileños. Así lo documenta el informe “Empobrecimiento y desigualdad social en la sociedad madrileña”, del sindicato CCOO. En el resto de España, según “Análisis y perspectivas 2016” informe de Foessa para Caritas, en los próximos años, aún con crecimiento económico, aumentará la exclusión social. Ya hay 720.000 hogares sin ingresos, cuando hace siete años solo eran 497.000. ¿De qué sirve crecer, si no se beneficia la gente?

La desigualdad borra fronteras de pobreza. Tener empleo hoy no garantiza dejar de ser pobre. Pero, al mismo tiempo y en el mismo espacio, los directivos de empresas del IBEX 35 tienen un salario medio anual de dos millones y medio de euros. Y, en el mundo, 62 personas poseen la misma riqueza que 3.600 millones. Según Oxfam Intermón, hace cinco años los súper-ricos eran 388, pero cada vez muchos menos tienen mucho más. Solo 62. Una grave amenaza.

Oxfam muestra además que esos 3.600 millones de población perdieron un billón de dólares de ingresos desde 2010. Al tiempo que los más ricos aumentaban su riqueza en medio billón. Es desigualdad en estado puro.

Edmundo Fayanás, profesor de Historia, escribe que el capitalismo necesita desigualdad para funcionar y generó desigualdad desde su inicio. Bernard de Mandeville en el siglo XVIII pretendía justificarlo al sostener que el interés individual, lujo y placer personales son imprescindibles para que la economía progrese. De otro modo, decía Mandeville, el capitalismo perdería su motivación principal: el beneficio personal. Pero quienes pueden atesorar riqueza y vivir en lujo y placer son muy pocos. Porque el capitalismo precisa desigualdad.

En los años ochenta del siglo pasado, Ronald Reagan, presidente de EEUU, sentó las bases de una enorme desigualdad con sus obscenas rebajas de impuestos a los ricos. A éstas siguieron las de Bush hijo y, desde entonces, EEUU es un país desigual, cada vez más desigual. Una quinta parte de su población (sesenta millones de personas) vive bien, pero el resto (unos 250 millones) sufre una escalada de graves carencias económicas y sociales. Bush pretendía que para crecer se debía favorecer a las élites y recortar ayudas a los pobres, por ser deficientes económicamente. La misma necedad que roznó Bernard de Mandeville tres siglos antes.

La riqueza mundial está en muy pocas manos. El 1% de la población mundial acapara casi la mitad de la riqueza y su patrimonio crece y crece. En EE UU máximos directivos y ejecutivos ganan 300 veces más que sus trabajadores. Pero en España, Felipe Benjumea, presidente de Abengoa, ganó 530 veces más que el salario medio de sus empleados. En Inditex, los 12 millones de euros que cobra su presidente, Pablo Isla, son 526 veces más que el salario medio de sus asalariados. En FCC, 454 veces; en BBVA, 451 veces; en Ferrovial, 239 veces; en Día, 213 veces…

La llamada clase media mengua con la crisis. Digo llamada porque se suele denominar clase media también a los asalariados con sueldos decentes. Clase trabajadora que puede vivir con dignidad y aceptable nivel de consumo. Pues bien, según estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, desde el inicio de la crisis a 2014, esa clase media en España se habría reducido en más de tres millones y medio de personas. Y no para estar mejor.

La desigualdad no cesa. Por desempleo, empleos precarios, trabajo temporal y a tiempo parcial. Más recortes sociales (en educación y sanidad públicas, en ayudas a desempleados, en políticas sociales…). Y volvemos al principio. ¿Qué partidos quieren de verdad reducir la grave amenaza de la desigualdad?

Sin impuestos justos no hay democracia

Un ataque en toda regla contra los derechos de las clases trabajadoras en occidente fue la obscena rebaja de impuestos a los más ricos en Estados Unidos y Reino Unido. En 1932 en EEUU, el máximo tipo impositivo que pagaban quienes más tenían y ganaban era 63%. Y durante la II Guerra Mundial, grandes empresas y fortunas llegaron a pagar un tipo del 90% de beneficios. Tras la victoria sobre el nazismo y el Japón militarista, la presión fiscal disminuyó, pero aún era proporcionada a rentas altas y beneficios obtenidos: más del 63%. En nuestros días, Warren Buffet, uno de los cinco hombres más ricos del mundo, explicaba en plena crisis que él sólo pagaba en EEUU 17,5% de impuestos, cuando sus empleados pagaban mucho más proporcionalmente sobre lo que ganan.

La falacia neoliberal de que rebajar impuestos a los ricos asegura la inversión y el crecimiento destruyó una fiscalidad más justa. En los ochenta, Reagan y Thacher perpetraron la nueva injusticia fiscal en EEUU y el Reino Unido. Una política que se extendió como mancha de aceite por Europa. Sin embargo, para The Wall Street Journal, nada sospechoso de ser antisistema, el enorme beneficio para las rentas superiores que supuso rebajar impuestos a los super-ricos no mejoró el país y, en el inicio del siglo XXI, “condujo al peor periodo de creación de empleo en la historia reciente de EEUU”.

¿Una buena economía necesita recortes de impuestos?, se preguntaba entonces el Nobel Paul Krugman. Y respondía que no, de ninguna manera. En realidad, la democracia está ligada a los impuestos. Y cómo se reparten. Lo que es un inmejorable termómetro de la salud de una democracia. Si hay democracia, se pagan impuestos, justos, progresivos y suficientes. Si no, es menos democracia.

En España, los ricos también pagan pocos impuestos, como reiteran la organización de Inspectores de Hacienda y el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). Y proporcionan datos de que en este país el impuesto de la renta (IRPF) supone cerca de la mitad de ingresos del Estado. Y el 84% de ese impuesto lo abonan los asalariados. Sin embargo, la recaudación del estado disminuye, porque el capital, banca, grandes empresas y fortunas no pagan lo que deberían. Bien por una legislación complaciente con los ricos y los grandes o por pura evasión fiscal. Según Hervé Falciani, el ex empleado de un banco suizo que reveló una larga lista de evasores de impuestos, 200.000 millones de euros propiedad de españoles están escondidos en depósitos y cuentas corrientes en Suiza. Casi una quinta parte del PIB español.

Es inconcebible salir de la crisis sin una reforma fiscal profunda, ambiciosa, progresiva y suficiente. Una reforma fiscal de verdad. Y así topamos con la paradoja de que una auténtica reforma fiscal es irrenunciable, pero solo es posible tras lograr una profunda transformación política de España.

El Gobierno creó hace unos meses una comisión de “expertos” para que proponga recomendaciones para la reforma fiscal que piensa aprobar en 2014. Pero el trabajo de tales “expertos” será una argucia similar al timo que perpetraron los “expertos” en pensiones. Ofrecieron al Gobierno pretextos de una insostenibilidad inexistente para que hiciera lo que le diera la gana con las pensiones públicas. Por tanto, no es osado avanzar que en la reforma que perpetrará el Partido Popular, aumentarán los impuestos que nada tienen que ver con la progresividad de ingresos y beneficios. Y crecerán especialmente los tributos indirectos, como el IVA o los impuestos especiales; esos que pagan en igual proporción ricos y pobres. Por supuesto, el gobierno conservador y sus aliados ocasionales en el Parlamento mantendrán lejos del pago justo de impuestos al capital y a los beneficios de la especulación. Porque es lo que defienden y para eso están donde están.

Y es que lo que no harán los partidos mayoritarios ni otros que comulgan con este sistema será aprobar una reforma fiscal, no ya que haga pagar a los ricos lo que deben, sino que suponga la propuesta diferente que se necesita. Como calcular el presupuesto según las necesidades ciudadanas y satisfacción de derechos, así como la oferta de servicios públicos irrenunciables, y determinar entonces la progresividad de impuestos precisa para atender ese presupuesto. Lo que se denomina suficiencia fiscal.

Habrá que empezar a luchar por una verdadera reforma fiscal, que no es cuestión de “expertos” sino exigencia política de la ciudadanía.

El enemigo principal

En un blog, cuyo nombre no recuerdo, leo este apasionado aserto: “España solucionaría sus problemas si […] abandonara esos vicios políticos y morales que la convierten en una dictadura sucia de partidos políticos y de políticos“. Tremendo. ¿Dictadura de políticos? No exactamente. Una democracia descafeinada, vaciada, de decorado, sí, pero ¿dictadura…?

A quien tal afirma le sugiero que averigüe lo que ocurría en concreto en el período de tiempo que va de 1939 a 1976. Probablemente comprobaría en sus carnes el empleo alegre del término dictadura. Mi reflexión no pretende defender a los políticos profesionales, nada más lejos de mi ánimo, sino centrar quien es el verdadero enemigo de la ciudadanía y sus derechos porque, si no lo sabemos, difícilmente superaremos esta situación que nos oprime. Las palabras han de usarse con rigor o se contribuye a la corrupción general del lenguaje que, mira por donde, es una de las armas preferidas de quienes nos saquean y violan nuestros derechos.

En esta crisis-austeridad-saqueo que oprime a la ciudadanía, los políticos no son el principal y aún menos el único enemigo, como se oye a todas horas por todas partes. Por supuesto tienen una responsabilidad enorme en lo que pasa, porque muchos han traicionado a los ciudadanos que los eligió y en ellos delegó el poder que en democracia solo posee legítimamente la ciudadanía.

El enemigo principal es el poder económico-financiero. La banca, las grandes compañías aseguradoras, los fondos de inversión, los fondos de riesgo y de pensiones, las grandes empresas, corporaciones industriales, petro-químicas, farmacéuticas, grandes fortunas… Ellos son el enemigo principal. Muy pocos, por cierto, respecto al total de la humanidad.

Son los que actúan, presionan, compran conciencias, manipulan, desinforman, estafan, especulan, sobornan, reprimen, provocan guerras y las mantienen… No directamente, claro. Poseen todo el dinero del mundo para corromper, ordenar, impulsar y dirigir a diversos actores a su indiscutible servicio que son quienes ejecutan las felonías citadas. Agentes del poder económico y financiero como gobernantes, diputados, alcaldes de grandes ciudades, directores de medios de comunicación, abogados de campanillas, directivos de entidades internacionales, cúpulas militares…

¿Por qué el poder económico y financiero es el enemigo principal? Porque no solo busca aumentar sus beneficios a costa de los trabajadores, de la ciudadanía, sino que pretende retroceder a la clase trabajadora y a la ciudadanía en general al primer tercio del siglo XX. No como efecto colateral, sino como objetivo. Los políticos, algunos políticos, tal vez muchos políticos, son cómplices necesarios a su servicio, pero no son los máximos responsables del saqueo.

Esta historia empezó en los setenta, cuando la reducida minoría rica (la clase dominante, según Marx), al comprobar la disminución de beneficios tras cuatro décadas de vacas gordas, decidió enterrar el pacto social de ese tiempo y pasar a la acción para que las cosas volvieran al orden que les convenía: la hegemonía indiscutible de la clase rica y el control y subyugamiento de las clases trabajadoras. Una decisión de la minoría rica acelerada, como recuerda Josep Fontana, por el auge espectacular de los movimientos populares, de los sindicatos obreros, por la radicalización de las luchas de los trabajadores (mayo del 68 en Francia, otoño caliente en Italia. “Cordobazo” del 69 en Argentina…), del anti-colonialismo, del anti-imperialismo…

El inicio concreto, previo a la ofensiva, tal vez fue en 1970 o 71, cuando la Cámara de Comercio de EEUU (una de las organizaciones de clase dominante más poderosas) encargó un informe sobre la situación de lo que ellos llaman economía de mercado o de libre empresa y nosotros, sencillamente capitalismo. Les interesaba conocer la aceptación del capitalismo y la adhesión al mismo por parte de la gente común en EEUU. En unas sesenta páginas el informe alertaba sobre el aumento del izquierdismo y de los enemigos de la “libre empresa” (universitarios, profesores, artistas, sindicalistas…) y recomendaba a los líderes del capitalismo pasar al ataque en tres frentes: educación, medios de información y política. Visto lo sucedido desde entonces, está claro que la élite de la “economía de mercado” hizo suyas las recomendaciones del informe.

La ofensiva empezó en serio con Ronald Reagan en EEUU y Margaret Thacher en Gran Bretaña. Una acometida que se inició con el ataque sistemático a los sindicatos hasta debilitarlos o incluso dejarlos en estado vegetativo, al tiempo que gobernaban con descaro a favor de los ricos, reduciendo sus impuestos escandalosamente, por ejemplo. Esa política se extendió como mancha de aceite en los años sucesivos por Europa y países anglosajones. El resto de países, el entonces llamado Tercer Mundo, sufría las agresiones sistemáticas del FMI y Banco Mundial en forma de privatizaciones y otras “reformas estructurales” exigidas sine qua non para poder recibir préstamos internacionales con tales condiciones que ponían a los países deudores a los pies de los caballos de los países acreedores.

La guinda la puso Bill Clintón al otorgar patente de corso a la banca al legislar que los bancos de inversión pudieran actuar como bancos comerciales y otros regalos y mercedes. El capital se movía ya con absoluta libertad, eliminada cualquier norma, regla o control.

En ese amenazador escenario para la ciudadanía, los políticos profesionales jugaron un papel muy importante, porque perpetraron leyes de “liberalización”, privatización y otras bribonadas que han instaurado la actual crisis, estafa y saqueo. Pero esos políticos han actuado por encargo, no son los autores principales. Tal vez excepto parcialmente en EEUU donde las famosas puertas giratorias entre política y economía-negocios-empresas generan que miembros de la minoría rica devengan políticos. Porque la estructura de poder en EEUU (con un coste prohibitivo de las campañas electorales) convierte los cargos públicos elegibles en misión imposible de no poseer sólidas fortunas. Pero, en general, no es el caso de España ni de Europa, donde las puertas giratorias son una indecente y privilegiada vía para enriquecerse políticos desleales que hasta serlo nunca habían comido caliente, como decía sarcástica mi abuela Flora.

La cuestión no es ya si los políticos son así o asá (los dioses me libren de defenderlos). La cuestión esencial es que este sistema apenas democrático está contra la ciudadanía en aras de los intereses de una reducida minoría. Esa minoría que constituye el poder económico y financiero ha reducido la democracia a un vacuo ritual electoral y ha logrado que los parlamentos tengan escaso poder real. Quien decide son FMI, Comisión Europea, Banco Central Europeo, OMC… claramente a su servicio. Y contra esa minoría  hay que luchar prioritariamente.

Esa es la cuestión y no despotricar sin cesar contra los políticos, eficaz maniobra de distracción por otra parte para que los verdaderos responsables del saqueo permanezcan en el anonimato y no sean objetivo de la ciudadanía. Y, como objetivo político, ya dijo hace años Julio Anguita que los mercados (es decir, el poder financiero) tienen nombre y apellidos. Battiston, Glattfelder y Vitali han elaborado un riguroso informe sobre las relaciones de poder y cruces de miles de empresas y consejos de adminsitración de todo el mundo y han concluido que la economía está en manos de 737 grandes bancos, compañías aseguradoras, fondos de inversión, fondos de riesgo, fondos de pensiones, grandes empresas y corporaciones industriales y otras que controlan el 80% de las empresas transnacionales más poderosas. En el Reino de España, por ejemplo, 1.400 personas gestionan el 80% del PIB nacional. Y en Cataluña se dice desde siempre que la economía de ese país está dominada por 400 familias.

Quienes constituyen el poder económico y financiero son el enemigo principal, incluso quienes hacen generosas donaciones para las causas que sean. No lo olvidemos. Y son el enemigo porque así lo  quieren. Luego podemos fijarnos en los cómplices necesarios, cómplices sin más, encubridores y otros contribuyentes a la estafa y saqueo que nos deja sin presente ni futuro, que algunos se empeñan en llamar crisis.