Hoy, Roma sí paga a los traidores

Viriato fue un caudillo lusitano que venció a las legiones de Roma en Iberia (lo que hoy es España y Portugal) una y otra vez hace más de dos mil años. Para acabar con Viriato, en 138 antes de Cristo, los jefes romanos sobornaron a tres lugartenientes del caudillo lusitano para que lo asesinaran. Lo apuñalaron mientras dormía y luego fueron al campamento romano a cobrar la recompensa por su crimen. Pero el cónsul Quinto Servilio se la negó, arguyendo que “Roma no paga a traidores”.

Pero sí los paga. Y bien, por cierto. En nuestros días. No Roma, precisamente, sino quien tiene el poder. Quien tiene el dinero.

Ésta es crónica breve de una desvergüenza impune en la Unión Europea. Los medios la llaman ‘puertas giratorias’. Los enjuagues oscuros y pasteleos de ida y vuelta entre cargos públicos, grandes empresas privadasy corporaciones. Es traición porque se olvida la lealtad debida al pueblo trabajador. La que han de tener sí o sí los mandatarios políticos con la ciudadanía que representan. ¿O acaso los intereses de las grandes empresas, corporaciones y sector financiero, que esos mandatarios maquinadores defienden con ardor en la Unión, son los de la gente común?

Ni en sueños.

He aquí un breve recuerdo de que Roma sí paga a los traidores. Por ejemplo, el ex-ministro de Economía, Rodrigo Rato (escándalos de Bankia aparte) fue nombrado consejero asesor de Telefónica para Europa y América Latina. El mismo Rato que privatizó Telefónica, por cierto. Y dos ex-presidentes del Gobierno (presuntamente de signo contrario), Felipe González (PSOE) y Aznar (PP), fueron fichados por grandes empresas tras dejar de ser presidentes. González por Gas Natural (empresa que había privatizado en los noventa) y Aznar como asesor externo de Endesa, empresa que casualmente acabó de privatizar. Casualidades con sinecuras anuales de seis cifras.

Luis Croissier, ministro de Industria, unió a finales de los ochenta todas las empresas públicas petroleras bajo la marca Repsol y preparó el camino para privatizarla. En 2007, fue nombrado consejero del Repsol privado. Pero más ex-ministros han sido consejeros o asesores de grandes empresas españolas. Abel Matutes (Banco Santander), Marcelino Oreja (FCC), Ana Palacio (HC Energía), Josep Piqué (Vueling), Eduardo Serra (Everios), Elena Salgado (Endesa), Jordi Sevilla (PwC), Javier Solana (Acciona)… Suma y sigue.

Y en la Unión Europea, tres cuartos de lo mismo. Hace poco, la siempre equívoca banca de inversión Goldman Sachs contrató al ex presidente de la Comisión de la UE, José Manuel Barroso, como consejero y presidente de su negocio internacional. Sven Giegold, ponente en el Parlamento Europeo del informe “Transparencia, rendición de cuentas e integridad en la UE “, ha denunciado que “las vergonzosas puertas giratorias entre política y negocios siembran muchas dudas sobre el gobierno de Europa. La contratación de Barroso perjudica la reputación de la Comisión Europea”. ¿Puertas giratorias? Más bien autopistas siempre abiertas. ¿Dudas? Certeza de al servicio de quien están los actuales mandatarios europeos. Por cierto, Barroso cobrará buena pasta de Goldman… y recibirá una pensión de 18.000 euros mensuales de la UE.

Pero en la vieja Europa hay más desertores de la lealtad pública, como recuerda Moha Gerehou. Empezaron en el ámbito público y pasaron al privado. O al revés. Todo sea por la pasta. El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, antes fue alto ejecutivo de Goldman Sachs en Europa. La misma Goldman Sachs que maquilló y ocultó las cifras reales de la economía griega para que Grecia ingresara en la eurozona. Mario Monti, ex-primer ministro de Italia, es hoy asesor internacional de Goldman y con Draghi y otros, ‘asesoraron’ a Grecia cuando falseó sus cuentas para la UE. Romano Prodi, ex-primer ministro de Italia, presidió la Comisión Europea de 1999 a 2004 y también fue cargo importante en Goldman. Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, trabajó muchos años para esa banca. Y Otmar Issing, miembro del Bundesbank y del Consejo del Banco Central Europeo, es consejero internacional del repetido Goldman. Sin olvidar a Huw Pill quien, tras diez años en las oficinas del Banco Central Europeo, fichó por Goldman como economista jefe europeo… ¿Quién da más?

A esa caterva de mandatarios europeos, que tanto llevan ésta como aquella camiseta, ¿les sonarán las palabras ética, decencia? Habrá que fajarse para una larga lucha por otra Europa en la que no esté esa gente ni parecida. Porque otra Europa es posible.

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Capitalismo de amiguetes y corrupción institucionalizada

Rodrigo Rato, que fuera poderoso vicepresidente económico de Aznar, fue arrestado durante horas, registrados su despacho y domicilio exhaustivamente por la Agencia Tributaria y acusado de fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. El encontronazo de Rato con la justicia no es nuevo en su familia. Su padre, Ramón Rato, fue condenado en 1967 a tres años de prisión, por el Juzgado Especial de Delitos Monetarios, por evadir dinero a Suiza. También se condenó al hermano de Rodrigo, Ramón Rato Figaredo, a dos años de prisión y a su tío Faustino a multa de 5 millones de pesetas por complicidad.

Más allá de la significación del personaje o de que el espectáculo mediático de su detención responda a una guerra interna del Partido Popular, el hecho es grave porque ratifica que la corrupción es ilimitada. Presunta, por supuesto. No son unos cuantos casos extraordinarios ni tampoco casos aislados: es que el sistema está podrido. Doménech, Raventós y Búster explican que  “la naturaleza institucional de la corrupción tiene sus raíces en el capitalismo oligopólico de amiguetes en que se transformó el poder empresarial heredado del franquismo con las privatizaciones de la Transición”. Y eso son palabras mayores, porque las políticas económicas de la Transición y corrupciones derivadas generaron un bloque formado por grandes empresas del Ibex 35 y parte de las cúpulas de PP y PSOE, convertido tal bloque en cártel favorecedor de la corrupción. Por eso hay que buscar el origen de la corrupción en las descomunales privatizaciones de un potente sector público, perpetradas en la pretendidamente modélica Transición con la consiguiente formación de poderosos oligopolios. Iniciadas sin dudarlo por Felipe González al frente de gobiernos del PSOE y continuadas con entusiasmo por los gobiernos de Aznar.

Un nada claro sistema de concesión de contratos públicos multimillonarios, esa estructura de multinacionales montadas a partir de sólidas empresas públicas privatizadas, más una política económica y fiscal que han dado y dan una posición dominante y privilegiada a grandes empresas del Ibex 35 son la base de la corrupción. En ese escenario de privatizaciones desatadas cuajó el capitalismo oligopólico de amiguetes que hizo nacer una nueva minoría rica y privilegiada que controla buena parte de la economía del Reino de España. Minoría que copó el Ibex 35 y se sumó como clase dominante a los restos de la aristocracia terrateniente (que esquilma la Extremadura y Andalucía rurales desde hace siglos), a grandes accionistas bancarios, altos cargos financieros y grandes propietarios de la industria.

Ese capitalismo corruptor y corrompido ha hecho nacer y crecer una economía sumergida de la cuarta parte del PIB y también que más de un tercio de billetes de 500 euros que se mueven por Europa lo hagan en España. Maletines con cientos de miles o millones de euros para enjuagues y sobornos. O apuntes contables y movimientos financieros ocultos de cuentas opacas en paraísos fiscales. Lo que coloca a este Reino en el nada admirable puesto 37 en la lista de Transparencia Internacional, tras Taiwán, Chipre o Botswana, más corrompidos que este Reino, y con 60 de índice de percepción de corrupción, a mucha distancia de 100 que es cuando no hay corrupción. Porque esa poca transparencia que indica el puesto 37 significa que hay mucha corrupción. Corrupción rentable, por cierto, porque la minoría que controla la economía ha visto crecer últimamente sus beneficios un 67%.

Y mientras la minoría rica privilegiada se enriquece aún más (tanto ‘legalmente’ con políticas austeras de saqueo y recortes sociales, como delictivamente con la corrupción), crecen de forma escandalosa el empleo precario y los trabajadores con empleo pero que siguen siendo pobres. Crecen desigualdad y pobreza, porque, por ejemplo, de enero a marzo de este año se destruyeron 114.000 puestos de trabajo y hoy aún hay 5.444.600 de parados, 71.000 más que en diciembre de 2011, cuando el PP ocupó al gobierno. Así lo asegura sin dudarlo la última Encuesta de Población Activa (EPA) que envía al traste la fábula de la recuperación y los juegos malabares con los datos de inscritos en el paro y quienes abandonan tal registro, juegos con los que pretenden que se crea empleo.

La corrupción no atañe solo a unos pocos casos, tampoco es una cuestión privada ni aislada de los corruptos, como repiten hasta el tedio portavoces del Partido Popular y del gobierno. Ni es solo cuestión penal. La corrupción es estructural y un letal problema económico, social, político e institucional por ser parte del sistema. Y puede acabar destruyendo este país. A sus gentes, seguro. Y, para acabar con esa corrupción, ya institucionalizada, hay que cambiar el sistema político y económico. De raíz.