España y Portugal, dos gobiernos muy diferentes ante la crisis

En Portugal, el gobierno de izquierdas, formado por el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloco d’Esquerdas, dice adios a la austeridad. A diferencia de lo que le pasa al PSOE en el Reino de España, el partido socialista portugués no ha olvidado el significado de la palabra ‘socialista’. Y en julio de 2015, el Gobierno portugués de coalición que preside Antonio Costa, descartó nuevas medidas de austeridad en una carta a la Comisión Europea: “No tenemos propuestas ni medidas adicionales de austeridad para 2016 ni para 2017“, dejo claro el ministerio portugués de Finanzas.

Finalmente, en 2016, tras dos presupuestos generales de la coalición de izquierdas, Portugal ha vuelto a crecer y ha rebajado el déficit fiscal al 2,1%, cuatro décimas menos que lo exigido por el implacable Eurogrupo. Pero lo más importante es que los portugueses han recuperado salarios, pensiones y empleo en cifras anteriores al inicio de la traída y llevada crisis. Con estímulos e impulso real a la economía productiva, negada la rigidez presupuestaria exigida por Alemania, Portugal levanta cabeza.

No ocurre lo mismo en el Reino de España que gobierna el partido Popular con la insustancial complicidad de Ciudadanos y los dubitativos movimientos de presunta oposición y abstenciones del PSOE. Porque lo que sucede en Madrid, Valencia, Andalucía y otras comunidades autónomas, por ejemplo, es que la ciudadanía espera mucho más tiempo que hace cuatro años para ser operados en quirófano. Y eso supone más riesgos. Y también muestra que algo va mal en Valencia, Granada, Málaga, Palma, Barcelona, Burgos, Madrid y otras ciudades, la formación de largas colas de miles de personas para recibir periódicamente paquetes de alimentos con aceite, arroz, leche, azúcar, pan, pasta, legumbres, zumo… Sin embargo, esas largas colas en grandes ciudades no las veréis nunca en los telediarios de ninguna televisión. Son las colas del hambre. Y del hambre no se habla.

Sin embargo, la cruda realidad muestra que la organización solidaria Banco de Alimentos, por ejemplo, solo en Madrid ha distribuido más de 20 millones de toneladas de alimentos para ayudar a unas 200.000 personas. Por tanto cabe concluir que hay hambre en España. Lo remacha un estudio de La Caixa sobre gente pobre en sus programas de ayuda. Según ese informe, 30.000 familias con niños pasan hambre en España y 60.000 menores de edad han pasado o pasan hambre con frecuencia. Comen muy poco durante el día y nunca cenan, al tiempo que más de 700.000 hogares en España no tienen ingreso alguno y sobreviven por solidaridad familiar y ciudadana. Hace siete años esos hogares sin ingresos eran menos de medio millón. Sin olvidar que un 15% de trabajadores, aún con un empleo y salario, son pobres. Pobres de verdad. Lo que incluye hacer cola cada equis tiempo para conseguir un paquete de alimentos y no pasar hambre. Alimentos que no proporciona el gobierno, sino la solidaridad ciudadana. Da igual que España ratificara en 1976 el Pacto Internacional de Derechos Sociales, que reconoce el derecho de cualquier persona a no pasar hambre y tener la alimentación adecuada en cantidad y calidad. Da igual, porque lo de este gobierno es parloteo y brindis al sol, pero no tomar medidas para asegurar ese derecho y otros contra la pobreza y la desigualdad que genera más pobreza.

Sin embargo, Mariano Rajoy, presidente del gobierno, pretende que salimos de la crisis. ¿Con estos hechos, con esos datos? Vivir para ver. Tan falaz visión nada tiene que ver con la auténtica recuperación de derechos del pueblo trabajador, que sería superar la crisis de verdad. Como han empezado a hacer en Portugal. Pero no  es salir de la crisis que solo se recupere la minoría, las élites económicas y financieras, cuyos beneficios e intereses defienden Rajoy, su gobierno y su partido con tanto ardor.

A modo de didáctico ejemplo, ¿cómo explicar que aumenten tanto los turistas en España (y los ingresos por turismo) cuando no crece un ápice el empleo en el sector ni mejoran los salarios de sus trabajadores? Solo crecen los beneficios de la minoría propietaria del sector turístico. Pero eso no es recuperación. La recuperación es de todos o no hay recuperación. Si no crece el empleo ni aumentan los salarios ni se restauran derechos laborales, estamos otra vez ante una transferencia de rentas del pueblo trabajador a la minoría rica. Y eso en modo alguno es superar la crisis. Eso en buen castellano es saqueo.

El tope de déficit público erosiona y desfigura la democracia

Recordemos que en 2015 el déficit público en España se excedió, según canones de la Comisión Europea, hasta el 5% del PIB y en 2017 ésta exigirá que sea solo 2,5%. Para mantenerlo, el menor de recorte supondría 5.000 millones menos de gasto público. Así las cosas, en julio la Comisión Europea quizás inicie procedimiento por déficit excesivo contra España y Portugal. Francia se opone a sanciones, Italia tampoco quiere multas e incluso Alemania duda. Veremos. Los resultados electorales del 26 J en España serán decisivos para la postura de la Comisión y Consejo europeos. Si gana la izquierda en España, podría darse una traslación de la agresión a Grecia, una nueva versión del machacamiento del gobierno griego.

Pero más o menos déficit público no puede plantearse como lo hace la Comisión Europea. En los últimos años, varios economistas de prestigio, entre ellos premios Nobel de Economía (Stiglitz y Krugman), han denunciado el fracaso de la austeridad emprendida por la Unión Europea. Fracaso demostrado por el hecho incontestable de que la crisis no está superada, el crecimiento es patético y han aumentado hasta límites obscenos la desigualdad y la pobreza. Sin descartar además que estalle otra crisis financiera.

Ese fracaso descalifica la limitación de déficit que la Comisión y Consejo europeos exigen, así como las rebajas y recortes presupuestarios derivados. Pero, además, ahora toca averiguar cuan legítimas o no son las deudas públicas europeas. Deudas contraídas por los dirigentes sin tener prioritariamente en cuenta los intereses de la ciudadanía, pero sí los del poder financiero.

La deuda ilegítima fue definida por Alexander Nahum Sack, jurista y profesor de derecho ruso, y aceptada en el Derecho Internacional. Según Sack, si un gobierno contrae una deuda, para mayor fuerza de su régimen, olvidando a la población, esa deuda es ilegítima y la nación no ha de pagarla. Y son ilegítimas siempre las deudas contraídas sin tener en cuenta las necesidades y derechos de la población.

Las deudas, o parte, de varios países europeos se contrajeron y crecieron por la corta recaudación de las arcas públicas. Si el sistema fiscal no es equitativo y justo, endeudarse el Estado pierde legitimidad. Pues el gasto e inversión pública suficientes son imprescindibles para aliviar la situación de quienes sufren desde hace años los peores efectos de la crisis y corregir las crecientes desigualdades. Además de funcionar de nuevo la economía real.

Con escasez recaudatoria por elusión fiscal complaciente y evasión de impuestos tolerada, el Estado tiene menos recursos para cumplir sus obligaciones con la población. Es cuando el endeudamiento que suple las fuentes de recaudación y financiación habituales deviene ilegítimo. Porque el verdadero beneficiario del endeudamiento es el sector financiero, no el pueblo.

Cuanto más crezca la convicción de que parte de la deuda pública es ilegítima, antes habrá el estado de opinión necesario para presionar y reestructurar la deudas públicas. Reestructuración beneficiosa para la mayoría de población, pues reduciría el agobio del alto pago anual de intereses y permitiría mayor financiación para políticas sociales. En el Reino de España, la deuda pública ya supera el 100% del PIB y supone grandes partidas presupuestarias para pagar los intereses anuales de la deuda pública. En 2014 se pagaron unos 34.000 millones de euros de intereses. Cantidad en aumento desde 2008. El pago de intereses es la única partida presupuestaria que no se recorta.

En definitiva, la exigencia de la Unión Europea de reducir el déficit público es una intransigencia obscena para que algunos grandes bancos más BCE y FMI continúen con el jugoso negocio de la deuda pública para sus tenedores.

Pero la posible respuesta oficial de procedimiento por exceso de déficit público de España y Portugal coloca a la Comisión Europea en situación incómoda. Algunos estados miembros no ven bien que haya sanciones ni multas millonarias, que además nunca ha habido. Sin embargo, la Comisión, en su tozuda mantenella i no enmendalla, no se contenta ya con fijar índices máximos de déficit y estudia limitar el gasto desde Bruselas. La Comisión fijaría qué volumen de gasto público social acepta en los presupuestos generales de tal o cual país, pasándose por el arco del triunfo a parlamentos y gobiernos nacionales.

Si eso es democracia…

Rebajar el déficit, un arma política arrojadiza

En 2015 el déficit público de España fue 5% del PIB, más del 3% exigido por Europa. En 2016 el Partido Popular prevé que sea 3,6% (mucho para Europa) y en 2017 la Comisión exigirá no pasar del 2,5% y, para lograrlo, habría más recortes.

¿Por ese 5% ha iniciado la Comisión Europea (CE) procedimiento contra España por exceso de déficit? No. Rajoy escribió al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la CE concedió una tregua temporal hasta julio del procedimiento por exceso de déficit. Y posponer también la posible multa de 22.000 millones de euros. Pero esa comprensión no le fue concedida a Grecia. Tal conducta reafirma el viejo dicho de que perro no come perro o el más vulgar de que entre bomberos no se pisan la manguera. La derecha no joroba a la derecha y la graciosa concesión de la muy conservadora Comisión Europea permite al derechista Partido Popular entrar en campaña electoral sin la espada de Damocles de una multa multimillonaria. Hasta julio, hasta saber los resultados electorales. Conocido el color del nuevo gobierno, Bruselas decidirá si lo ayuda o se enfrenta. Si forma gobierno el PP no habrá problemas para la Comisión. Pero sí para la gente común, porque habrá recortes a porrillo para rebajar el déficit.

El señalado procedimiento por déficit excesivo empieza si la Comisión detecta un país miembro con déficit superior al 3%. Consulta al Consejo Europeo (28 jefes de Estado o de Gobierno de países miembros) quien hace recomendaciones al gobierno incumplidor. Recomendaciones a desarrollar en medio año como máximo pues, de no ser así, la Comisión puede multar al país, además de otras injerencias en el gobierno y parlamento nacionales. España y Portugal están a merced de iniciar ese procedimiento por sobrepasar el déficit, a expensas de que el Consejo decida qué hacer a principios de julio. Tras las elecciones españolas.

Para España, la respuesta de la Comisión ha sido comprensión y buen rollito, retrasando el procedimiento por déficit excesivo. Pero Portugal, gobernada por un frente de izquierdas, será obligado a aplicar nuevas ‘medidas’ (recortes que paga la ciudadanía) bajo amenaza de multa. Así lo galleó Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea: Portugal tendrá que aplicar “medidas adicionales” para cumplir con la meta de déficit. Sí o sí.

Por su parte, Francia tiene déficit ‘excesivo’ de 3,5%, pero la Comisión no exigirá reducirlo. Le basta la reforma laboral perpetrada por el gobierno de Hollande y Manuel Valls. Y hará la vista gorda a que el déficit se reduzca solo al 3,4%. Desposeer más a la clase trabajadora, como la reforma laboral de Hollande implica, ya beneficia a las élites.

¿Y Grecia? Machacada. A pesar de lograr con enormes sacrificios un superávit primario (ya ingresa más que gasta, deuda aparte), esas cifras se convierten en elevado déficit… por la burrada de intereses a pagar a sus implacables acreedores (BCE y FMI entre ellos). Intereses de deuda pública que el internacional Comité de la Verdad de la Deuda Pública de Grecia determinó ser ilegítima en muy gran parte y, por tanto, no abonable.

Volviendo a España, pintan bastos. Según los resultados de las elecciones generales, la Unión Europea será comprensiva con el exceso de déficit o exigirá inmediatos y cuantiosos recortes de gasto público para rebajarlo. Lo ha dado a entender urbi et orbe el Comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovin: “En España, salga el Gobierno que salga, no hay margen para el cumplimento del déficit”. Pero el trato no será el mismo si ese gobierno es de derechas o izquierdas.

De donde se deduce que Unidos Podemos y confluencias de izquierda (si el PSOE no defrauda una vez más), que pudieran formar gobierno, deben aprestarse a una dura batalla. La Unión Europea amenazará, presionará y exigirá recortes, por tanto mejor no se duerman en los laureles. Recuerden a Grecia. Y que programen ya, contando con la calle y la gente, qué hacer para evitar o frenar el chantaje que perpetrará la Comisión a un gobierno progresista. ¿Qué tal si además empezamos a ponernos de acuerdo España, Portugal, Grecia e Italia para actuaciones comunes?

¿Reducir el déficit? Sí, pero no en el gasto, porque así lo paga siempre el pueblo trabajador. Mejor reducirlo con más ingresos. Porque usar el déficit recortando gasto como arma arrojadiza es el negocio de los conservadores que mangonean Europa. Para que nada cambie.

Grecia y Eurogrupo, un conflicto de clases

En las negociaciones del Eurogrupo con el gobierno de Grecia para prolongar el rescate a ese país, los representantes españoles y portugueses se han opuesto con la mayor virulencia a las propuestas de Varoufakis, ministro de Finanzas griego. Lo que ha coincidido en el tiempo con la ofensiva de la derecha en España contra el nuevo partido Podemos, al que los sondeos sitúan en los dos primeros lugares en intención de voto, junto a un descenso muy considerable del voto al Partido Popular.

El gobierno de ese partido ha sido entusiasta y fiel cumplidor de la política de austeridad y recortes presupuestarios (sobre todo sociales) y, si Grecia reduce esa política a favor de sus trabajadores y de la ciudadanía saliendo adelante, los conservadores españoles temen que Podemos gane las próximas elecciones o, peor aún para ellos, las plataformas de unidad popular que se formen. De ahí el empeño del gobierno del Partido Popular en que Syriza fracase.

Pero no solo los conservadores españoles. Hay una voluntad inconfesa del Eurogrupo de convertir el caso griego en despiadado aviso para navegantes. El economista Michel Hudson afirma que el mensaje es que puesto que Grecia quiere alejarse de una austeridad a costa de la ciudadanía por eso la machacan. Como machacarán a cualquier estado miembro que pretenda reducir sus déficit controlando la banca y fiscalizando a los ricos, en vez de hacérselo pagar al pueblo.

Si Syriza gana la partida contra la austeridad en Grecia, será evidente que todo los sacrificios impuestos a la población, toda la miseria y sufrimiento infligidos, tienen como fin verdadero salvar a los bancos y beneficiar a la minoría rica, lejos de la grandilocuencia de la recuperación y del crecimiento en beneficio de todos. Si Syriza gana la partida, todo el neoliberalismo perpetrado habrá sido en vano. Por fortuna.

En el conflicto entre el Eurogrupo y Grecia, los ministros de finanzas de la Unión Europea actúan como lobbystas de los grandes bancos, asegura Michel Hudson. Pero en realidad son más que eso: son parte del mismo poder financiero europeo, de la minoría de élites económicas. Y por eso intentarán que Grecia no salga adelante pasándose por el arco del triunfo las políticas de austeridad. Harán lo que sea para que Grecia sirva de escarmiento. En esta Unión Europea nadie en el sur arregla sus cuentas sin aplicación ciega de las políticas de austeridad, sin recortes presupuestarios y sociales.

¿Pruebas? Grecia sufre el grave problema de una bajísima recaudación de impuestos. Según la OCDE, en 2010 el Estado griego solo recaudó la mitad de los impuestos que se le adeudaban, además de perder impuestos cuantiosos por evasión fiscal de profesionales de elevados ingresos, según Business Insider. Un impago de impuestos que  asciende a 76.000 millones de euros, pero podrían ser mucho más. Y desde las elecciones que dieron el gobierno a Siryza, los contribuyentes ricos pagan menos impuestos y los ingresos tributarios han sido un 20% menores de lo previsto. El banco central griego ha facilitado una lista de defraudadores fiscales griegos con cuentas en bancos suizos que en total ocultan cuanto menos 50.000 millones de euros. Pero el Eurogrupo no ve con buenos ojos que el déficit se equilibre haciendo pagar a los ricos lo que deben.

Como ha escrito Paul Krugman, Grecia ha hecho un favor a Europa al plantar cara a la austeridad, aunque sea con muchos vientos en contra. “Europa necesita desesperadamente acabar con la locura de la austeridad” ha dicho el Nobel de economía. Y, para acabar con esa nefanda austeridad impuesta, los que más poseen han de pagar los impuestos que les corresponden por sus ingresos y riqueza.

Lo que consiga el gobierno de Syriza es vital para empezar a minar la dictadura de la austeridad. Acaso el hecho reciente de que la Unión Europea no multe a Francia e Italia por sobrepasar el déficit asignado sea indicio de alguna lucidez y de que el fortín de la destructora austeridad empieza a resquebrajarse. Pero sin olvidar que no hay enfrentamiento de país contra país, Alemania contra Grecia, por ejemplo, por más que lo pretendan los medios de persuasión (antes informativos). Es un conflicto de clases. Para que la mayoría ciudadana esté mejor, y pueda tener una vida digna, la minoría rica ha de perder bastante y, aún así, le quedará mucho.

Y como telón de fondo del ruido de titulares de negociaciones, acuerdos o desacuerdos del Eurogrupo con el gobierno de Siryza, el posible avance electoral de las fuerzas políticas más radicales en la defensa de los intereses de la clase trabajadora y de la ciudadanía. Cuestión de conflicto de clases. Y como tal ha de ser enfocado.

El déficit, una excusa para desmantelar el estado de derechos sociales

La estafa y drama de la crisis de la deuda en Europa (o del euro) ocupan portadas. Portugal continúa cayendo: 3,3% menos de PIB el último trimestre. Su gobierno, para incentivar la competitividad (dice), aumenta la cantidad a pagar por los trabajadores a la Seguridad Social del 11% al 18% (que así cobrarán 7% menos) y rebaja la cotización empresarial del 24% al 18%. Así satisface a la troika: FMI, BCE y Comisión Europea. Eso o no habrá millones para la siguiente fase de rescate. Pagan el pato los de siempre: las clases trabajadoras.

En España, crisis e indecente austeridad presupuestaria han destruido más de 200.000 empresas y creado una multitud de cinco millones de desempleados (24%). Eso implica una severa reducción de ingresos en arcas públicas, a la que sumar 80.000 millones de euros de impuestos anuales evadidos. Así las cosas, el gobierno del Partido Popular aumenta el IVA (arruinando al sector de la cultura y pequeño comercio), decreta una amnistía fiscal para los defraudadores y estudia pedir ayuda al Fondo de Estabilidad Europeo. Pero para conceder ese rescate (que es préstamo y no graciosa donación), la Unión Europea exige que se rebaje la ayuda a desempleados, el gasto en pensiones y los presupuestos en sanidad y educación. Violaciones de derechos exigidas por la troika (maquilladas como “condiciones presupuestarias”) que agravarán aún más la situación de la ciudadanía que, en el segundo trimestre de 2012, vio reducidos sus salarios casi un 4%; casi un 8% menos en nueve meses.

En violación de derechos, Grecia se lleva la palma. La troika exige que despidan más empleados públicos y aumente la edad de jubilación para ahorrar 900 millones de euros anuales. Sin embargo no acepta que el gobierno ahorre casi 500 millones de euros cancelando compras de armamento. Y reclama que los asalariados trabajen seis días semanales, (en vez de cinco, cobrando igual), y que baje la aportación empresarial a la Seguridad Social. La troika no acepta ahorros que no sea despedir empleados públicos, rebajar salarios, retrasar edad de jubilación y otros recortes sociales.

Tales medidas han conseguido que Grecia esté cinco años sucesivos en recesión económica, que el desempleo alcance el 23% y la capacidad adquisitiva de los griegos haya caído al nivel de los años ochenta. Por no hablar del incremento de suicidios, relacionados con las rebajas presupuestarias sociales.

Justo lo contrario de lo que exhortan el Consejo de Derechos Humanos de ONU y Amnistía Internacional: “Ninguna crisis económica y financiera disminuye la responsabilidad de los gobiernos y de la comunidad internacional para respetar los derechos humanos”. En Europa, por lo visto, esos derechos se arrojan hoy a la cloaca.

Ver las exigencias de la troika da que pensar. ¿Cuáles son sus verdaderos motivos? ¿Controlar el déficit? No parece, aunque se proclame. El retroceso económico no cesa y no pueden ser tan estúpidos. Quizás la respuesta esté en una ilustración del humorista El Roto: Una mano con anillo ostentoso en un dedo índice enhiesto y monitorio, mientras alguien gallea: “Lo siento, amiguitos, pero las conquistas sociales solo eran concesiones temporales”.

Como dijo Warren Buffet, uno de los hombres más ricos del mundo, hablando sobre conflictos de la crisis para The Wall Street Journal: “Por supuesto que es lucha de clases y mi clase va ganando”. En realidad, la minoría rica y sus cómplices gobernantes dicen a las clases trabajadoras con sus políticas de recortes; ¿pero que os habíais creído, qué sois como nosotros?

El control del déficit no es el motivo principal, aunque esté ahí. Es el pretexto, un casus belli. La minoría rica y privilegiada (unos miles de banqueros, de grandes empresarios, de grandes inversores-especuladores y de políticos cómplices, más gobiernos siervos) quiere cancelar el denominado “estado de bienestar” (que habría que llamar mejor “estado de derechos sociales”). Y lo está logrando.

Como dice Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida en España, con el realismo y los pies en el suelo propios del agricultor que es: “No quieren crear empleo, porque les interesa mantener una enorme bolsa de reserva de parados para presionar sobre los salarios y las condiciones laborales. El objetivo no es crear empleo, sino bajar los salarios”.

Esta crisis es lucha de clases, como reconoce Buffet. Habrá que cambiar tácticas para que venza la justicia.

Políticas que violan derechos humanos, políticas que los respetan

El Gobierno francés acelera el recorte de las pensiones que aprobó. Aumentar la edad de 60 a 62 años, para cobrar una pensión, y cotizar 41,5 años, en vez de 40, no será progresivo sino que se aplicará ya.

En Portugal, junto con los recortes y ajustes que perpetra, el gobierno se saca de la manga un impuesto del 50% de la paga extraordinaria de los asalariados para Navidad. Mientras las agencias de rating califican la deuda portuguesa como ‘basura’. ¿Aprenderán los gobiernos que complacer a las agencias de rating no sirve porque éstas van a lo suyo, que es la especulación y otras indecencias económicas?

En EEUU, un estudio elaborado por economistas de la Universidad del Nordeste muestra que la lenta recuperación económica ha beneficiado casi exclusivamente a grandes empresas. Entre el segundo trimestre de 2009 y el cuarto de 2010, los aumentos de ganancias nacionales fueron 464.000 millones de dólares para las empresas (88%) y 7.000 millones (poco más de 1%) para salarios de los trabajadores. La peor desigualdad de ingresos en EEUU desde 1920.

En España, con más de cuatro millones de desempleados, 1.645.000 parados no perciben ninguna prestación por desempleo ni subsidio alguno. No es extraño que aumenten los pobres que, a finales de 2011, serán un 22% de la población.

El estallido de la burbuja inmobiliaria, que hundió la construcción, y la posterior crisis económica, que descarriló el resto de sectores, más el sometimiento estatal a la dictadura de los “mercados”, la banca y las corporaciones empresariales, han creado un nuevo pobre, ciudadano normal en apariencia, que ha de acudir a las instituciones benéficas para poder comer todos los días.

Podríamos hablar también de Irlanda, de Grecia… De los millones de personas que sufren y sufrirán en sus carnes las feroces consecuencias de esta crisis con culpables reincidentes. Crisis que incrementa la pobreza y la desigualdad.

Mientras ocurre eso en Europa, en Bolivia, la pobreza severa ha disminuido un 11%. Antes de 2007, más de un tercio de bolivianos y bolivianas (37%) sobrevivían a duras penas con menos de un dólar diario. Hoy, aún siendo muy preocupante la pobreza que resta, el índice de pobreza extrema disminuyó hasta la cuarta parte de la población (26%). Un millón cien mil bolivianos y bolivianas han sido liberados de la pobreza severa. Pero en 2004, el 70% de los bolivianos vivían en esa pobreza.

Lo ha informado el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Bolivia, Lopetegui, quien, contrariamente a lo que el FMI defiende e impone, ha reconocido que el avance real en la lucha contra la pobreza severa ha sido posible por las políticas sociales del gobierno de Evo Morales.

El gobierno de Morales aprobó que se abonaran rentas vitalicias a la población mayor de 60 años, unos 800.000 adultos. Además, que se pagaran también cantidades mensuales a 1.600.000 estudiantes entre primero y octavo grado de primaria para reducir los índices de deserción escolar en el país, que antes de 2006 sufría un 27% de analfabetismo y analfabetismo funcional.

Lopetegui también reconoció que, entre las medidas sociales gubernamentales, las rentas para mujeres embarazadas y madres recientes hasta que los hijos cumplan 2 años habían logrado reducir con éxito la morbilidad de madres gestantes y de niños hasta 5 años por enfermedades que pueden prevenirse y curarse.

Lopetegui, que consideró un gran avance la reducción de la pobreza en Bolivia, instó a “continuar en esta vía, en esta tendencia” para acabar con la pobreza. “Las políticas sociales son importantes para atender necesidades básicas, para atender salud y para atender educación que es, claramente, uno de los elementos más importantes para abandonar la pobreza“, ha reconocido el jefe del FMI en Bolivia.

Además, al aumentar el número de personas que pueden adquirir bienes y servicios, porque ahora disponen de ingresos estables, la economía se reanima, funciona. Todo el país gana, no sólo unos pocos.

Tal vez el señor Lopetegui debería vigilar qué declaraciones hace. O se arriesga a quedarse sin trabajo si insiste en que la políticas sociales son buenas contra el desempleo y la pobreza; unas políticas muy lejos de las que propone e impone el FMI en Europa, por ejemplo.

Y es que hay políticas que resuelven problemas, porque respetan los derechos humanos además de ir bien a la economía, y políticas que los crean, por que vulneran esos derechos aparte de frenar la actividad económica.

Una plutocracia indecente

Indigna que la Unión Europea se burle de la soberanía de Portugal, cuyo Parlamento rechazó el plan de recortes del gobierno de José Sócrates para reducir el déficit, mientras fabricantes de rumores y medios cómplices insistían en la necesidad de rescate financiero.

El soberano Parlamento portugués rechazó ese plan y Sócrates dimitió. Luego, siendo ya primer ministro en funciones (que no debe tomar decisiones políticas), solicitó el rescate a la Unión Europea, aunque, según desvela Robert Fishman, catedrático de la Universidad Notre Dame de Estados Unidos, la deuda pública portuguesa es muy inferior a la italiana y, su déficit presupuestario, inferior al de muchas economías europeas.

La Unión Europea concede el rescate e impone un durísimo plan de ajuste de tres años con una oleada de privatizaciones (lo de todos cedido a codiciosas manos privadas), ajuste fiscal, recortes sociales presupuestarios, reforma laboral… Se han burlado de la soberanía de Portugal, que el Parlamento representa. Y, una vez más, la mayoría pagará los errores y canalladas de banqueros y “mercados”.

Con la misma motivación que aquel diputado latinoamericano que juró el cargo diciendo “todo por la pasta” en vez de todo por la patria, quienes detentan cargos y responsabilidades de gobierno o institucionales en Europa parecen tener la moral de un gángster y como tal actúan. 

En otro campo de batalla, el inefable Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, aumenta el tipo de interés, cuando todos los economistas que no están a sueldo de la banca saben que ese aumento dificulta seriamente la recuperación económica. Pero qué más da si los bancos se benefician. Más aún, un Trichet implacable exige que España continúe en la línea de reformas de los últimos meses. Reformas (como las de Grecia, Irlanda y ahora Portugal) que suponen disminuir las pensiones, menos jubilados con derecho a pensión, congelación o reducción de sueldos, pérdida real de valor adquisitivo del salario, desprotección de asalariados y desempleados, perdida de la vivienda, deterioro de la atención sanitaria, deterioro de la enseñanza, encarecimiento de matrículas universitarias… Más precariedad, más incertidumbre, más pobreza, más sufrimiento.

En suma, vulneración de derechos humanos económicos y sociales; tan derechos humanos como los políticos y civiles. Pero parece que esas reformas que violan derechos no son suficientes. Los “mercados”, según denuncia Fishman en su artículo El rescate innecesario, buscan ahora usurpar la democracia. No soportan la intervención del Estado en favor de la mayoría ni de los más desfavorecidos.

En el colmo de la desfachatez, los neoliberales que perpetran el mayor ataque en un siglo contra los derechos humanos de la ciudadanía europea, camuflan sus sistemáticas agresiones apelando a la solidaridad generacional. Lo ha dicho sin que le temblara un párpado, por ejemplo, el jefe del gobierno autónomo de Cataluña, el neoliberal confeso Artur Mas, al camuflar sus brutales recortes a la atención sanitaria (y los que perpetrará en educación) pidiendo al pueblo catalán que acepte sacrificios y renuncie a una parte de su bienestar… ¡para no hipotecar el futuro de sus hijos! Y se atreve a decir que sólo así esta generación no será la más egoísta de la historia.

Se ha llegado a tal grado de cinismo y degeneración que la defensa de los derechos se presenta como egoísmo. Por eso hemos de gritar hasta quedar roncos que una cosa son nuestros derechos y, otra muy diferente, sus privilegios.

¿Cuándo se convencerán de que el respeto de los derechos humanos no es exceso ni lujo ni prebenda ni graciosa concesión? La miserable y solapada confusión de derechos con privilegios pretende camuflar la criminal actuación de los “mercados”, la obscenidad de la plutocracia europea. Porque si esta Europa no es una plutocracia que baje Dios y lo vea.

Robert Fishman advierte que lo ocurrido a Portugal es una clara advertencia a otros países, incluido Estados Unidos, porque acaso se inicie una etapa de usurpación de la democracia por los “mercados” para asegurar la victoria de la plutocracia chantajeando a los Estados con el  fantasma de la deuda y acabar con la justicia social lograda.

Según el diccionario de las academias de la lengua española, plutocracia es la preponderancia, el exceso de peso, de los ricos en el gobierno del Estado. O plantamos cara a los ricos o será mucho peor.