De aquellos polvos estos lodos. El terrorismo no surge por azar o mala suerte

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó unánime una propuesta de Francia que reclama “todas las medidas necesarias para cumplir las leyes internacionales en zonas controladas por terroristas en Siria e Irak, redoblar y coordinar esfuerzos y prevenir y sofocar actos terroristas cometidos específicamente por el ISIS o Daesh y otros grupos o individuos de Al Qaeda u otros terroristas”.

Esa resolución de la ONU es la base del error estratégico de Occidente de que la guerra es la respuesta a los atentados. Pero un análisis del aumento del terrorismo en los últimos años explica que de pasados polvos vienen estos lodos. Dicho en plata, lo que hizo y hace Occidente está en el origen del terrorismo de hoy y la guerra no lo resolverá.

La guerra no acaba con el terrorismo, lo refuerza. Incluso Toni Blair y Hillary Clinton, nada sospechosos de pacifismo, reconocen que la invasión de Irak creó más terroristas. En realidad, la respuesta militar al 11-S en Afganistán e Irak fue el mayor estímulo al terrorismo de las últimas décadas.

Pero hay hechos más antiguos en el origen del problema terrorista. El reparto imperialista de Oriente Medio entre Francia y Reino Unido: el acuerdo Sykes-Picot de mayo de 1916. Dos años antes de acabar la I Guerra Mundial, Francia y Reino Unido trazaron fronteras que no existían, crearon países… y se los repartieron a partir de 1919. Siria para ti, Egipto para mí… Prescindieron de la voluntad de los pueblos árabes y los humillaron. Por el petróleo, por supuesto.

Más cerca en el tiempo, Jeremy Keenan, profesor e investigador de la Universidad de Londres, denunció que la ultraderecha estadounidense creó hace dieciocho años un programa llamado Estrategia, Fuerzas y Recursos para un Nuevo Siglo. Analizaba tal proyecto que el dominio global del mundo por Estados Unidos que buscaban no sería realidad… salvo que algo catastrófico permitiera una respuesta excepcional. Como fue el ataque de Japón a Pearl Harbour que hizo entrar a EEUU en la II Guerra Mundial.

Keenan y otros analistas consideran que los atentados del 11-S en Nueva York fueron el Pearl Harbor que necesitaba la minoría económica, política y belicista para justificar la llamada guerra contra el terror. Y además fueron una magnífica excusa para recortar libertades, porque las cuentas de resultados de las transnacionales y corporaciones no se llevan bien con los derechos de la gente. Los atentados se utilizaron también para militarizar regiones en función de los intereses de Occidente y, sobre todo, de EEUU. Como África, cuyas reservas de petróleo decidieron considerar estratégicas.

Pero en África no había terrorismo. Según documenta Jeremy Keenan, en 2002, EEUU creó el grupo P2OG para promover acciones desestabilizadoras y justificar reacciones antiterroristas. Keenan recuerda que la primera operación inducida fue el secuestro en el Sahara al sur de Túnez de 32 turistas europeos por un grupo desconocido hasta entonces, dirigido por un oficial de inteligencia argelino que había estado al servicio de EEUU. Tras el secuestro, el Pentágono estadounidense declaró zona terrorista la región del Sahara-Sahel, actuó en consecuencia y diez años después ya había terrorismo en esa parte de África .

En el recuento de causas, esos polvos que trajeron estos lodos, cuentan también las 44 intervenciones militares de Francia en África desde 1961, apoyando a dictadores o derribando gobiernos. ¿Alguien puede creer en serio que el feroz terrorismo actual no tiene que ver con lo que Occidente ha perpetrado y perpetra en África y Oriente Medio? Además, el creciente terrorismo yihadista nace y se forma en países de mayoría islámica cuyos gobiernos ha depuesto Occidente por la fuerza de las armas, como Irak, Siria, Libia y Yemen. Un caladero de nuevos terroristas. Por no hablar de los oscuros aliados árabes de Occidente. Según numerosos analistas, Arabia Saudí y países del Golfo financiarían grupos terroristas.

Por otra parte, Occidente no ha hecho nada por impedir la lucha entre suníes y shiíes en el mundo musulmán. O la ha alentado. Un conflicto de origen religioso que confronta Irán, Irak y Siria por un parte y Arabia Saudí y monarquías del Golfo por otra. Grupos y acciones terroristas nacen al calor de esa lucha.

¿Alguien cree de verdad que se puede vencer al terrorismo con terror? Repasemos. Las feroces campañas rusas en Chechenia, las intermitentes y brutales represalias israelíes en Gaza, los bombardeos e invasiones de Afganistán e Irak y hoy los bombardeos de Siria no han logrado un mundo más seguro ni derrotar al terrorismo. Por el contrario han generado más odio, ansias de venganza y más terroristas.

Urge combatir las causas, no los síntomas, porque lo peor del problema terrorista es que los muertos por esos lodos los pone la gente.

Apenas queda tiempo para frenar el cambio climático

Los científicos lo confirman sin la menor duda: si no frenamos el cambio climático, la temperatura media global aumentará mucho más de lo aceptable para que la Tierra sea un lugar habitable. Si no lo frenamos ya, las consecuencias serán terribles. Y no es afirmación catastrófista propia de película de Hollywood sino conclusión científica. Un reciente dictamen de la Agencia para la Ciencia de EEUU asegura que 2015 ha sido un año récord en calentamiento global. Y un estudio de la universidad de Harvard de EEUU concluye que el nivel del mar, una de las peores consecuencias del calentamiento, subió año tras año de 1901 a 1990. Mala noticia, además, porque esa subida en los últimos veinte años ha sido mucho mayor que la prevista y eso no es nada bueno.

Lo que sabemos con certeza es que más o menos en los últimos dos mil años, el mar y su temperatura fueron estables. Hasta la revolución industrial del siglo XIX. Entonces empezaron las emisiones de dióxido de carbono y la subida del nivel del mar. Hoy, el Grupo de Expertos de la ONU ha calculado que en el siglo XXI el nivel de los océanos subirá  como mínimo 44 centímetros de media sobre los niveles de 1990. Y eso es mucho subir.

Otro estudio sobre consecuencias del cambio climático, denominado C3E, concreta que el nivel del mar subirá en las costas españolas en el siglo XXI de 60 a 80 centímetros sobre la subida que hubo de 1986 a 2005. Será así si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Según ese informe, la mayor subida de las aguas será en los deltas del Ebro, Guadalquivir y Guadiana y, si no se frena el cambio climático, en 2050 las playas españolas habrán retrocedido de 20 a 40 metros. Imaginemos lo que supondrá. Además grandes oleajes y fuertes vientos azotarán los puertos y las infraestructuras costeras españolas. La subida del mar, el aumento del oleaje y los fuertes vientos promoverán violentas galernas y las inundaciones de las costas serán más frecuentes e intensas.

Los daños causados hasta ahora por las emisiones de gases (subida del nivel del mar, mayor acidez de los mares o derretimiento de glaciares y hielos de los polos) serán crecientes si no se toman ya drásticas medidas para reducir y frenar la emisión de gases de efecto invernadero. Según los científicos de la ONU, de no poner remedio, la temperatura aumentaría hasta 4,8 ºC para 2099, cuando el máximo aumento de temperatura global soportable calculado por la ciencia es 2º centígrados. ¿Qué mundo dejaremos a nuestros descendientes?

El calentamiento es innegable y desde 1950 muchos cambios en el clima no tienen precedentes en los siglos anteriores. Hoy la superficie de la Tierra está mucho más caliente que en cualquier tiempo antes de 1850 y cada una de las tres últimas décadas ha sido más cálida que la anterior mientras las olas de calor son cada vez más frecuentes, intensas y duraderas.

Ante esta situación, la ONU promovió que los países decidieran voluntariamente sus volúmenes de reducción de gases de efecto invernadero. Pero ha sido un fracaso y las reducciones de gases así realizadas han sido tan ridículas que de momento vamos hacia un calentamiento global de 3ºC. Y 3ºC de aumento es multiplicar por tres veces y media las consecuencias del cambio climático sufrido hasta ahora según los mismos expertos. Más huracanes y más violentos, más deshielo de glaciares, más deshielo del Ártico y Antártida, mayor subida del nivel del mar, diluvios torrenciales más frecuentes y enormes sequías con sus correspondientes grandes incendios de bosques.

Para frenar el cambio climático no hay otra salida que reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Lo de crear un ‘mercado’ de emisiones de gases para que los países que contaminan menos (por ser más pobres y menos industriales) vendan el ‘derecho’ a contaminar más a los países más ricos e industriales y que la suma de emisiones de ambos fuera un volumen menor de esos gases ha demostrado ser conpletamente inútil, además de una estupidez y una tomadura de pelo.

Hay que abandonar la energía con combustibles fósiles y sustituirla por energías limpias y renovables. Además de proteger los bosques, frenando las talas industriales que reducen la masa arborea del planeta. Porque los bosques son aliados de la humanidad para reducir los gases contaminantes.

Todo esto abordará el COP 21, la convención del cambio climático de Naciones Unidas, que será en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Ahí se deberían acordar medidas para que en 2050 se hayan reducido el 80% de emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Y así la temperatura global no superaría los 2º centígrados, máximo aumento para nuestra seguridad y vida en la Tierra. Y eso significa que los Estados deben cambiar sus políticas energéticas y reducir las energías contaminantes hasta eliminarlas. Sin excusas. Sí o sí.

Tal vez  lo expuesto parezca dramático  y desmesurado, pero nos conviene más trabajar contra el cambio climático sin rebajas, Si soy dramático, no perdemos nada por reducir emisiones de efecto invernadero porque limpiaremos la atmósfera y la estratósfera, evitando acumulaciones ideseables de gases contaminantes. Pero sí no hay dramatismo,  es cierto (que lo es) y no lo frenamos ya, no habrá remedio. Será tarde.

La amarga verdad es que, hasta hoy, las presuntas medidas internacionales contra el cambio climático han sido inútiles. Porque lo que hay que hacer es reducir de verdad las emisiones de gases de efecto invernadero hastar acabar con las mismas. No hay otra, porque ya no es exagerado decir que nos jugamos el futuro. Nos jugamos también, el presente.

La España del PP es para los ricos, neoliberal y franquista

En el Reino de España, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado la ilegal persistencia de monumentos que ensalzan el franquismo y “la violencia de la dictadura”, así como algunas declaraciones de políticos conservadores que injurian a víctimas del franquismo.

Ya véis, además de ser el país europeo más complaciente con la mal llamada austeridad que impone el neoliberalismo, España no deja de ser franquista. La España gobernada por el PP. No es un debate académico sino pura vulneración sistemática de derechos humanos. Unas conculcaciones de esos derechos que esta gente ha metido en nuevas leyes (como la ley ‘Mordaza’ y la reforma del código penal), que las corrompen y hacen más antidemocráticas. Además de ser el país con más desaparecidos forzados del mundo (140.000), tras la Camboya de los jemeres rojos. Y el Estado sin hacer nada. Sin olvidar que no se investiga, enjuicia ni condena los crímenes de guerra y de lesa humanidad de la dictadura. Al revés, se ponen obstáculos a quienes sí los investigan. Crímenes que la ONU ya denunció en 1946, reiteró en 1997 y el Consejo de Europa condenó en marzo de 2006. No es, por tanto, debate académico sino política real.

A mayor abundancia, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció hace unas semanas al gobierno de España por ignorar olímpicamente las recomendaciones de obligado cumplimiento de esa organización en defensa de los derechos humanos de la gente. Como derogar de una vez por todas la ley española de Amnistía de 1977 que encubre de hecho a presuntos criminales de guerra y de lesa humanidad de la dictadura franquista e impide la reparación a las víctimas de la misma. Porque esa ley de Amnistía es una licencia de impunidad para no rendir cuentas por las desapariciones forzadas y otros crímenes en la guerra civil y durante la dictadura. El gobierno del Partido Popular ha respondido que actúa “según nuestra Constitución y nuestras leyes”. Pero es una mala respuesta. Hitler también actuaba según sus leyes.

Como Naciones Unidas condenó, el franquismo fascista se alzó en armas contra el legítimo gobierno de la República y la dictadura franquista perpetró sistemáticamente crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El historiador Paul Preston ha explicado al respecto que “los crímenes políticos que cometió Franco fueron muy superiores a los cometidos por Hitler”.

Sin embargo sigue el encubrimiento de crímenes franquistas. El uno de julio de 2011, por ejemplo, PSOE y PP votaron juntos en el Congreso español oponiéndose ambos partidos a que fueran declaradas nulas las ilegítimas condenas a republicanos dictadas por tribunales franquistas. Y es que la España gobernada por el Partido Popular, con algunas complicidades más, apesta a franquismo, la dictadura totalitaria que devino autoritaria de la peor ralea y continuó criminal hasta el fin de sus días.

No lo olvidemos. Por eso fue condenada España por la Asamblea General del Consejo de Europa, por haber “pruebas suficientes de violaciones numerosas y graves de los Derechos Humanos, perpetradas por el régimen franquista”. Es más, el informe reciente del Comité de Derechos Humanos de la ONU denuncia de nuevo la persistencia de torturas en España a detenidos bajo custodia policial, así como la concesión de indultos a policías condenados por torturas, como documentadamente ha denunciado varias veces Amnistía Internacional. Todo muy franquista. Ese Comité de derechos ha instado también al gobierno a rehacer la Ley de Seguridad Ciudadana (‘ley Mordaza’) por vulnerar los derechos de expresión, manifestación y reunión. En definitiva, la ONU pide hoy a España que respete los derechos de la ciudadanía de una vez. Democracia es bastante más que votar cada cuatro años.

Y sobre la postura del gobernante Partido Popular al respecto, Vicenç Navarro recuerda que éste “nunca ha condenado explícitamente el franquismo”, cuando la dictadura franquista ha sido “la mayor fuerza terrorista de España en el siglo XX, culpable del mayor número de asesinatos políticos que haya habido en la historia del país. El franquismo fue régimen de terror, de asesinatos políticos-insiste Navarro- y, por cada asesinato político de Mussolini, Franco perpetró 10.000”.

La ONU ha instado además al Estado español a investigar todas las violaciones de derechos humanos del franquismo, identificar a los culpables, juzgarlos, imponer penas según la gravedad de los crímenes perpetrados y ofrecer reparación a las víctimas o sus descendientes.

No es nostalgia de abuelo. Además de que en esta España neoliberal la gran banca ha ganado casi 8.000 millones, mientras más de la cuarta parte de población está en riesgo de pobreza y Rajoy dice estar “orgulloso” de Albiol (el racista del PP que fue alcalde de Badalona) y que “tiene las ideas claras“, entre otros males y vergüenzas, si España no investiga, resuelve y condena de una vez los crímenes y responsabilidades de la dictadura franquista y la dictadura no es condenada por todos sin fisuras, persistirá el hedor y corrupción franquistas. Y España nunca será una auténtica democracia.

Este sistema ha perdido toda legitimidad

Sostiene el economista chileno Max Neef que la economía neoliberal mata a más gente que todos los ejércitos del mundo juntos. Pero, además de violarse el fundamental derecho a la vida, se perpetran de modo sistemático muchas más violaciones de otros derechos. Derecho al trabajo, a salario digno, a vida digna, a vivienda adecuada, a educación, a asistencia médica, a seguro de desempleo… Violaciones que son delitos, pero un hipócrita doble rasero considera mayor crimen robar a una persona con una navaja que condenar a la pobreza, al hambre y a la enfermedad a cientos, miles o cientos de miles.

En 2011, Lourdes Beneria y Carmen Sarasúa definieron el crimen económico como una acción inhumana de carácter económico que causa graves sufrimientos a una población civil. Y lo asociaron al crimen contra la humanidad, que el Tribunal Penal Internacional define como “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Fue entonces cuando se conoció la responsabilidad criminal de grandes empresas como Goldman Sachs, Lehman Brothers y bancos y aseguradoras en la gravísima crisis financiera que estalló en 2008 con terribles consecuencias para el mundo.

Cinco años después la situación es peor. La pretendida respuesta a la crisis financiera se ha transformado en una auténtica ofensiva de la élite económica contra el resto de la humanidad. En ese terrible escenario, la ONU ha aprobado elaborar un tratado vinculante para vigilar el respeto de los derechos humanos por las multinacionales.

El acuerdo ha sido aprobado en el Consejo de Derechos Humanos por veinte votos a favor, catorce en contra y trece abstenciones. De los catorce votos opuestos, seis son de Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Países que presumen de defensores de los derechos humanos, pero que ahora ya sabemos que defienden los intereses de las multinacionales y no los derechos. Tal vez el de libertad de expresión que les encanta, porque ellos lo usan con sus medios falaces.

En ese panorama, documentos revelados por Wikileaks muestran las intenciones de las grandes potencias con el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA por sus siglas en inglés) que se negocia en secreto entre Estados Unidos y cincuenta países. Acuerdo que, de firmarse, decapitaría la capacidad de los Estados para regular, vigilar y controlar la inversión extranjera y facilitaría el saqueo de los bienes comunes y servicios públicos por las multinacionales. Ese TISA se negocia al mismo tiempo que el Tratado de Libre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica entre Estados Unidos y once países costeros del océano Pacífico. También en esos tratados se busca impedir que el Estado regule y controle la actuación de las multinacionales y así asegurarles el pillaje.

La Internacional de Servicios Públicos, organización que agrupa a 650 sindicatos de 148 países, ha advertido de que, si se firma el TISA, “se pondrá en peligro la salud, la educación, el suministro de agua y otros muchos servicios públicos, al dar vía libre a las multinacionales en cualquiera de los países firmantes”. Y, si se acuerda el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, será el acta de defunción de la democracia, porque el mecanismo regulador de conflictos entre inversores y estados que propone tal tratado es una patente de corso para que las multinacionales hagan su agosto con cantidades multimillonarias obtenidos en espúreas demandas y, además, impidan gobernar a los gobiernos en defensa de sus ciudadanías.

Las multinacionales nos amenazan con violaciones masivas de derechos con la infame complicidad de muchos gobiernos. Si el derecho a la vida, a no ser torturado, a no ser detenido arbitrariamente, a la libertad de pensamiento y de religión, a la libertad de opinión y expresión son sagrados y su violación provoca rechazo y genera respuesta penal, ¿por qué no ocurre lo mismo cuando se violan derechos económicos y sociales? Más aún cuando los tratados indicados amenazan con provocar un grave aumento global de sufrimiento colectivo.

Gobiernos y voceros al servicio de las élites arguyen, para justificar sus desmanes, que ellos son la legalidad. Y aquí cabe citar a Martin Luther King cuando recordaba que lo que hizo Hitler en Alemania era legal. Porque no es cuestión de legalidad sino de justicia y legitimidad. Y la mayoría de los actuales gobiernos han perdido toda legitimidad. Y como la democracia se ha convertido en un decorado, en una farsa ritual las más de las veces, la ciudadanía no solo tiene el derecho sino el deber de desobedecer, de rebelarse. O no lo contamos.

Nuestros derechos contra su legalidad

Christine Lagarde, directora del FMI, defiende los recortes sociales en España e Italia. No es nuevo. Lo indignante es que elogia a sus gobiernos porque han “reestructurado sus mercados laborales a pesar de intrincados intereses y férreas tendencias culturales”. Tiene la desfachatez de llamar “férreas tendencias culturales” a los derechos de la ciudadanía.

Para rematar tal miserable despropósito, dice Lagarde que la economía mundial es “adicta” a los años de bienestar y se ha de “desenganchar” con decisiones correctas en medidas estructurales. Con contrareformas. Pretende que el intento de justicia, de cierta distribución de riqueza, mal llamado estado de bienestar, es una “adicción”. Para Lagarde cobrar una pensión, por ejemplo, es como esnifar cocaína o chutarse heroína.

Hace 4.000 años alguien grabó un criptograma en Egipto que decía “he hecho al hombre igual a su prójimo y no he ordenado que los hombres cometan injusticia”. Religiosidad aparte, tal vez el primer texto en la lucha por la justicia, por el imperio de los derechos humanos. Desde entonces se ha recorrido un largo camino, difícil, lento, doloroso y lleno de contradicciones. Hasta 1948.

El 10 de diciembre, la Asamblea General de la recién creada ONU aprobaba sin ningún voto en contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una Declaración que no son solo principios, sino fuente de derecho internacional, que se ha desarrollado desde entonces y, como ley, obliga.

Más aún, todas las constituciones de los países de la Unión Europea recogen esos derechos sin excepciones. Por ejemplo, recogen el contenido del artículo 25 de la Declaración que proclama la “adicción”, según Lagarde, del derecho a una pensión que asegure un nivel de vida adecuado.

Viene a cuento, porque las pensiones públicas son hoy objeto de un descomunal ataque por parte de la minoría rica de la que Lagarde forma parte. Una minoría que no quiere que haya dinero público para pensiones también públicas, pues pretenden sustituir el sistema público por otro de pensiones privadas. Para especular. En el reino de España las pensiones públicas suponen 117.000 millones de euros anuales. Y quieren apropiarse (indebidamente) de ese pastel.

Y puesto que es cuestión de codicia y saqueo, no cabe entrar en el falso debate de la sostenibilidad de las pensiones públicas. Aportemos datos y hechos que demuestren que la insostenibilidad de las pensiones públicas es un cuento chino. Pero no caigamos en la trampa de debatir si habrá bastantes ocupados para paga pensiones de jubilados. Un planteamiento falaz, tramposo y estúpido. Hay que proclamar sin resquicio de duda que cobrar una pensión es un derecho, no sujeto a presuntos debates técnicos. Como no es admisible someter a debate el derecho a la vida, a no sufrir tortura o a no ser sometido a esclavitud. Porque todos los derechos son igualmente respetables.

El derecho se respeta, se satisface y no hay cuestión técnica ni pretexto de sostenibilidad que valga. Sobre todo cuando hay dinero más que suficiente. Lo hay, pero se lo quedan ilegítimamente unos pocos. Solo hay que recuperar la fiscalidad anterior a los años ochenta, cuando quienes más tienen y atesoran pagaban más impuestos. Impuestos justos.

La cuestión no es si las pensiones son sostenibles, como tampoco si es sostenible la sanidad y educación públicas. La cuestión es si la minoría rica continuará con su latrocinio descarado por medio de gobiernos desleales a su servicio que esgrimen la crisis y la deuda como pretexto. Por su parte, la ciudadanía se ha de convencer del todo de que su postura, su lucha, es por los derechos que le arrebatan. Y los derechos se consiguen y se respetan, no se debaten. La legitimidad ciudadana es tan plena que le permite enfrentarse a la ilegítima legalidad de la minoría y sus cómplices.

Y sobre bondad y exigencia del respeto de la legalidad, cabe recordar que hay diversas legalidades. Hitler, Mussolini, Stalin, Franco, Pinochet, Videla… establecieron legalidades, por supuesto. Pero no eran respetables.

La ciudadanía parte de la más indiscutible legitimidad contra la estafa y el saqueo: sus derechos. Y, cuando el miedo cambie de bando, convertirá su legitimidad en legalidad. En un país, un continente, un mundo más decente y justo. Una legalidad digna de ser respetada.

La austeridad mata, por tanto es un crimen

Según un reciente estudio del British Medical Journal, los recortes presupuestarios en sanidad pública en el Reino de España han supuesto desmantelar gran parte del sistema sanitario, así como un daño significativo en la salud de la población. El estudio advierte de que si no se revierte la situación, España sufrirá un notable y peligroso aumento de enfermedades infecciosas como tuberculosis, sida… Ya ha ocurrido en Grecia. También destaca el preocupante aumento de depresiones, mayor número de trastornos asociados al alcohol y más suicidios.

El estudio coincide con otros en Europa y Norteamérica que también concluyen que los recortes presupuestarios tienen un efecto devastador en la salud de la gente común. Además, según el estudio, en Madrid, Cataluña y otros lugares, los males citados acompañan a una indecente privatización de hospitales y centros de salud. Privatizaciones que conllevan escandaloso aumento de la espera para ser intervenido quirúrgicamente o someterse a imprescindibles pruebas diagnósticas; disminución o supresión de servicios de urgencias médicas y un evidente y preocupante deterioro de la calidad de la atención sanitaria.

La decisión del gobierno autónomo de Madrid de privatizar hospitales y centros de salud públicos ha provocado una intensa reacción ciudadana con manifestaciones, denuncias judiciales, ocupaciones de centros de salud y hospitales… Vecinos y vecinas del barrio madrileño de Vallecas, por ejemplo, ocuparon recientemente un centro de salud privatizado para mostrar que no aceptarán que les arrebaten lo que es de todos en beneficio de empresas privadas. Y han denunciado que esas empresas recortan presupuestos, reducen  personal sanitario, imponen contratos precarios, rebajan salarios, contratan personal sin suficiente cualificación y, peor aún, seleccionan pacientes, relegando a los menos rentables (personas mayores, enfermos crónicos, inválidos…).


Y no ocurre solo en España. Escenarios similares se dan en Portugal, Grecia, Italia, Irlanda, Reino Unido… Y en Cataluña, otra cara del asalto a la sanidad pública. Corrupción. El director del Servicio Catalán de la Salud es también apoderado de seis empresas sanitarias privadas que en 2012 facturaron 14 millones de euros al gobierno autónomo catalán, de cuya administración ese director forma parte. ¿No huele a delito? Pues es solo un botón de muestra. En el saqueo de la sanidad pública se dan varias conductas delictivas. La coartada sempiterna para tamaño pillaje a costa de derechos de la ciudadanía es que hay que ajustar presupuestos y bajar gastos para reducir la deuda y el déficit públicos. Pero ¿son deuda y déficit públicos causantes de tal  depredación?

Lo cierto es que, en este buscado y provocado ceremonial de confusión, hay un agujero de un billón de dólares por evasión de impuestos de grandes empresas. Son origen de recortes y ataques a la sanidad pública. Los estados ingresan mucho menos, a mayor beneficio de la minoría rica. Y la minoría saca tajada por partida doble: por cobro de intereses de deudas públicas adquiridas con ventaja y por beneficios de la apropiación ilegítima de la sanidad pública.

Hace una treintena de años empezó la rebaja de impuestos a los ricos y muy ricos. Reagan y Thatcher abrieron el baile y siguieron otros gobiernos, descaradamente al servicio de la minoría rica. Y de aquellos polvos, estos lodos de recortes presupuestarios, deuda como trampa y déficit público como coartada suprema. Pues el asalto a la sanidad pública  tiene que ver con todo eso. Absolutamente ilegítimo y bordeando la criminalidad. Porque se trata de la salud, de la vida. Derechos.

Si se llegara a creer que los derechos humanos solo son principios, frases hermosas, como bonitos e inútiles jarrones chinos que molestan por el sitio que ocupan, estaríamos perdidos. Porque hablamos de la vida, de la libertad y de la justicia.

Pero los derechos humanos no solo son principios. Son ley internacional. Desde 1948, todos los países agrupados en la ONU han desarrollado una cuantiosa legislación sobre cómo y porqué del obligado respeto de los derechos humanos. Una normativa internacional que los países han debatido, aprobado y ratificado. Una legislación que obliga. Por tanto, la mayoría de estados que perpetran la letal austeridad con desastrosas repercusiones en la sanidad y en la vida infringen la ley internacional. Gobiernos y cómplices del saqueo de la sanidad delinquen.

Algo habrá que hacer al respecto.