Urge derogar ya la ley Mordaza

Más de 190 organizaciones, movimientos sociales y colectivos civiles (como Amnistía Internacional, SOS Racismo, Red Acoge, Asociación Libre de Abogadas y Abogados, ATTAC, Federación de Sindicatos de Periodistas, Greenpeace y otros muchos) han propuesto formalmente acabar con las leyes mordaza; es decir, anular la ley de seguridad ciudadana (la propiamente ‘ley Mordaza’), la reforma del Código Penal y también la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; normas perpetradas todas por el gobierno del Partido Popular cuando Rajoy era presidente de gobierno. Normas ilegítimas y regresivas, por cierto, que impiden la libertad de expresión y de reunión, además de negar la presunción de inocencia. Leyes que vulneran derechos fundamentales recogidos en la Constitución y criminalizan la legítima protesta ciudadana. Una vulneración de derechos que caracteriza los sistemas antidemocráticos autoritarios o totalitarios.

El gobierno del PP criminalizó la libertad de expresión

Según Amnistía Internacional, el conservador gobierno de España criminalizó la libertad de expresión. Para Amnistía la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada ‘ley mordaza’, no solo amplía los poderes policiales sin supervisión ni rendición de cuentas, sino que añade nuevas infracciones que amenazan la libertad de reunión pacífica, expresión e información, impide las manifestaciones cerca del Congreso y del Senado y limita, incluso prohibe grabar y difundir imágenes de policías. Para Amnistía también son muy preocupantes los abundantes casos de uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, así como las restricciones al derecho de reunión, incluida la arbitraria imposición de multas a manifestantes pacíficos. Amnistía Internacional también rechaza la última reforma del Código Penal del gobierno del Partido Popular, porque ataca las libertades de expresión, información y reunión y vulnera el derecho internacional que España debe respetar porque ha firmado y ratificado los tratados que lo conforman.

Organizaciones y asociaciones de jueces, fiscales, abogados y juristas han considerado y consideran que la llamada ley Mordaza, y las reformas de las anteriormente citadas leyes, no se promulgaron precisamente para garantizar mayor seguridad a la ciudadanía sino para frenar, impedir las movilizaciones crecientes con las que la gente respondía a los recortes sociales impuestos con el pretexto de la crisis económica.

Ese truco sucio que es la ley Mordaza ha convertido en infracciones administrativas conductas y protestas contra el poder político y su brazo coercitivo (las fuerzas de seguridad) sin la protección jurídica de que gozan los acusados de faltas penales y delitos. Convertir en esas infracciones algunas actuaciones ciudadanas permite castigarlas con multas cuantiosas sin fácil posibilidad de recurso. Así, la ley Mordaza, en los dos años en los que está vigente, ha recaudado tres millones de euros anuales por más de 300.000 multas impuestas al año de nunca menos de 600 €. Multas a ecologistas por exponer pancartas, a manifestantes por pedir a agentes de policía que se identifiquen o por grabarlos o fotografiarlos aporreando a manifestantes. Una de las características autoritarias de esa Ley es que convierte a los agentes de policía en juez y parte y la división de poderes se va al garete.

Mal momento de la Unión Europea

Urge derogar la ley Mordaza y suprimir los retrocesos perpetrados en el Código Penal y la ley de Enjuiciamiento Criminal por el anterior gobierno de Mariano Rajoy. Pero por desgracia todo eso ocurre en España con una vacilante Unión Europea en la que se deteriora velozmente la democracia y rebrota el autoritarismo en Estados tan sospechosos de antidemocráticos como Hungría y Polonia o Italia, que deriva hacia una xenofobia institucional.

No parece que la democracia sea ya el principio que empapa la Unión, convertida en zoco de mercadeo por los intereses de la minoría económica dominante a la que cada vez interesa menos la democracia, las libertades y los derechos políticos.

En España hay nuevo gobierno desde hace una semana. Un gobierno que ha empezado con positivos gestos de solidaridad y derecho humanitario, como acoger en el puerto de Valencia al barco Aquarius con docenas de refugiados rescatados a bordo, rechazado por el xenófobo nuevo gobierno de Italia. Además, Pedro Sánchez dijo, poco antes de ser elegido Presidente del Gobierno por el Congreso que expulsó a Rajoy, que derogar la llamada ‘ley mordaza’ era prioritario. Esperemos que la anule cuando antes y que así sea pues en las últimas semanas de gobierno del partido Popular (que no tenía mayoría suficiente), los partidos de oposición (PSOE, Unidos Podemos, nacionalistas vascos y catalanes) no fueron capaces entonces de superar diferencias y derogar esa ley Mordaza tan franquista.

Una cuestión de calado porque, contra la incorrección de considerar que democracia solo significa votar y elegir representantes políticos cada cuatro años, democracia es sobre todo el imperio de los derechos humanos de la ciudadanía. Unos derechos que las leyes mordaza se pasan por el arco de triunfo.

Dos años de ley Mordaza en España, el autoritarismo se cierne sobre Europa

La ley de seguridad ciudadana española, motejada ley Mordaza por la ciudadanía, de la que hace unos días se cumplieron dos años de vigencia, es clara muestra del autoritarismo que se cierne sobre la Unión Europea. Un autoritarismo propiciado por la crisis y porque la minoría que detenta el poder económico la necesita para imponer sus políticas de austeridad y desguazar la democracia por medio de tratados bilaterales y bribonadas semejantes para aumentar sus beneficios incesantemente. Un autoritarismo presente en más países de la Unión, no solo España, de modo preocupante en Hungría, Bulgaria y Polonia y con retrocesos democráticos alarmantes en Reino Unido o Francia. La lucha antiterrorista (denominada hoy antiyijadista) ha sido además en los últimos años pretexto para hacer recular los derechos humanos de la ciudadanía.

Un comunicado público de Jueces y Juezas por la Democracia, la Asociación Libre de Abogados y Abogadas, Greenpeace, SOS Racismo y la Federación de Sindicatos de Periodistas ha denunciado las graves consecuencias de esa ley para los derechos humanos de la gente. El comunicado acusa a la ley Mordaza de una buscada ambigüedad que deja a la ciudadanía indefensa ante la policía. Aún peor, al reducir las antaño faltas penales a infracciones administrativas, suprime la figura del juez como garante de derechos de la gente y son los agentes de policía, cual si fueran jueces, quienes tienen la potestad de determinar qué hechos son sancionables y multar por ello. En la práctica cotidiana, esa situación supone cercenar las libertades de expresión, manifestación y reunión.

Lo que en verdad ha sucedido en el Reino de España es que, al aplicarse los enormes grandes sociales exigidos por la Unión Europea para reducir el déficit público, la respuesta ciudadana ha sido movilizarse, organizarse y protestar llenando calles y plazas. El gobierno y las élites económicas se inquietaron y alarmaron ante el volumen e intensidad de esa protesta desde mediados de 2011 y se sacaron de la manga esa ley Mordaza para frenar las movilizaciones.

Con la ley Mordaza se han disparado las cuantiosas multas a ciudadanos pacíficos por cargos tan imprecisos e inconcretos como falta de respeto a la autoridad o desobediencia a la misma. ¿Quién determina si hay falta de respeto o desobediencia a la policía? La misma policía. Esa arbitrariedad propició el año pasado que la policía impusiera casi 20.000 multas por pretendidas faltas de respeto a agentes de los Cuerpos de Seguridad y 12.000 más por desobediencia a la autoridad.

La ley Mordaza sanciona, por vía administrativa (que en realidad no permite defensa) y las multas pueden llegar a ser de 600.000 euros. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha denunciado con datos del Ministerio del Interior que se han puesto más de 285.000 multas por las que han recaudado más de 130 millones de euros pagados la ciudadanía multada. Además, Amnistía Internacional ha denunciado documentádamente el uso excesivo de la fuerza por la policía española contra manifestantes pacíficos y que muchos de esos manifestantes han sido acosados, golpeados, detenidos y enfrentados a multas e incluso a cargos penales. Mimbres de un nuevo autoritarismo.

Que la ley Mordaza era innecesaria es convicción de las asociaciones de jueces y de fiscales, además de sindicatos policiales. También catedráticos de derecho Constitucional y de derecho Penal la consideran claramente innecesaria. Que España no necesitaba ninguna nueva ley de seguridad ciudadana lo demuestra que es uno de los países europeos con las tasas de delincuencia más bajas. Además de que en las más de 4.000 manifestaciones que hubo en Madrid en 2014 (el año antes de la ley Mordaza) apenas hubo diez incidentes que no fueron graves, según fuentes de la misma policía.

La llamada ley Mordaza es un ataque sistemático a las libertades políticas ciudadanas y recuerda mucho la nefasta Ley de Orden Público de la dictadura franquista, cuya aplicación supuso años de cárcel para muchos ciudadanos y ciudadanas pacíficos que reivindicaban su derechos.

La crisis económica y la imposición de austeridad más el indecente y manido recurso al terrorismo (real, pero que tiene otras respuestas) impulsan ese autoritarismo que se cierne sobre la Unión Europea y se infiltra solapado en los Estados.

De no frenar ese taimado autoritarismo que se extiende, la democracia puede llegar a ser solo un recuerdo.

El autoritarismo, lógica secuela del capitalismo neoliberal

Cerca de quinientas detenciones y un millar de multas administrativas perpetró el gobierno de España desde el inicio del 15 M hasta mediados del año pasado. Hoy, la apuesta contra la protesta ha subido. Los juzgados acumulan más de 80 expedientes contra 260 trabajadores y representantes sindicales por participar en manifestaciones y huelgas y los fiscales piden cárcel para 40 ciudadanos y ciudadanas. Ya hay trabajadores y trabajadoras a punto de entrar en prisión o ya encarcelados por haber participado en una huelga. Un doloroso recuerdo de la dictadura franquista cuando ejercer el derecho de huelga era un delito.

Es una primera y evidente prueba de la deriva autoritaria del gobierno del Partido Popular. Otra es recurrir al decreto-ley como modo de gobernar. La palma se la lleva lo que los medios denominan el decretazo. Casi doscientos folios que modifican 25 leyes con el consabido pretexto de “medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia”. Sin pasar por el Parlamento, hurtando el debate, sin discusión de enmiendas, de puntillas, a espaldas de la ciudadanía.

Pero el antidemocrático autoritarismo que el partido del gobierno lleva en su adn se manifiesta en la progresiva violación de derechos humanos en España. Y aquí cabe recordar el último informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa de hace pocos meses. Un informe que, lisa y llanamente, puso en entredicho la actuación gubernamental. Denunció con dureza que la crisis es pretexto para recortar y violar derechos fundamentales de la infancia, gente mayor y personas que dependen de otras, constató el aumento esponencial de la represión y la sistemática criminalización de la protesta ciudadana que se alza contra los recortes presupuestarios y sus graves consecuencias para la población.

La ONU también denuncia la práctica habitual de detención incomunicada (que incita a malos tratos), la tortura a detenidos por agentes policiales, la impunidad de los policías torturadores, indultar a torturadores condenados, uso excesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas, malos tratos a inmigrantes irregulares internados y cuando son expulsados (además, ilegalmente) y criminalizar a manifestantes pacíficos con las fascistoides reformas del Código Penal y la ley de Seguridad Ciudadana.

Actuaciones gubernamentales que crean una situación política incompatible con la legalidad internacional de la ONU y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque una acción de gobierno jamás puede ser vulnerar sistemáticamente los derechos de la ciudadanía. Algo propio de una dictadura.

En democracia, el Estado es responsable de acabar con la pobreza, que es lisa y llanamente la imposibilidad de vivir una existencia digna. Pero desde que empezó la presunta respuesta a la crisis, los gobiernos neoliberales europeos vulneran el derecho básico a una vida digna.

Como ha escrito Vicenç Navarro, “todas las salidas de las crisis del capitalismo han requerido una redistribución de la riqueza hacia el mundo del trabajo”. Y Nouriel Roubini (el economista que vio venir la crisis) asegura que “no es posible una constante absorción de las rentas del trabajo por el capital, sin provocar una falta de demanda. Eso ocurre hoy. Porque el salario del trabajador es el motor del consumo“. Y Marx ya explicó que “la causa final de toda crisis siempre es la pobreza y el limitado consumo de las masas”.

Visto lo que ocurre, es obvio que la élite económica no renuncia a apropiarse de las rentas del trabajo, porque esa apropiación es su beneficio. Y, por tanto, la pretendida superación de la crisis mantendrá, e incluso aumentará, el empobrecimiento de la ciudadanía global. El empobrecimiento origina la protesta y la movilización ciudadanas; los gobiernos neoliberales (al servicio de la élite económica) reprimen la protesta y violan cada vez más derechos, ahora también civiles y políticos; la ciudadanía reacciona más aún y se organiza; los gobiernos aumentan la represión y la violación de derechos…

La marcha hacia gobiernos autoritarios puros y duros está servida porque es el lógico fruto de la acumulación de capital por desposesión de las clases trabajadoras. Pues un mundo en el que se respeten los derechos humanos de todos en todas partes es incompatible con el capitalismo. El capitalismo es incompatible con la democracia.

El envite está claro. Mundo ciudadano de derechos y justicia (con otro sistema por supuesto) o uno autoritario camino a la perdición.