Emancipación de la mujer, aún mucho por recorrer

Se celebró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Conmemoración adecuada para insistir en lo mucho que queda por hacer en la emancipación de la mujer. Más aún cuando una especie de neo machismo complaciente, elegante y bien hablado, busca descafeinar y aguachinar la lucha por la igualdad de las mujeres. Tienen la pretensión los tales de que el feminismo apenas tiene razón de ser porque las mujeres han alcanzado considerables dosis de igualdad. ¡Vivir para ver!

Porque la cruda realidad se desnuda en los siguientes escenarios de hechos innegables que exponen la verdadera situación de la liberación de las mujeres. La mutilación genital femenina en países africanos y orientales; la discriminación profesional, laboral y salarial de las mujeres en todas partes, y la repugnante perseverancia de malos tratos, torturas, violaciones y asesinatos de mujeres por hombres.

Pronto serás una mujercita, le dijeron a Hibo Wardere de 6 años. Y la llevaron a una destartalada cabaña en Somalia donde una ‘cortadora’ local le seccionó el clítoris con una cuchilla. Doscientos millones de mujeres y niñas han sufrido esa criminal mutilación genital en 30 países del mundo. En Somalia, las ablaciones mutilan ¡al 98% de niñas!

La mutilación genital femenina es una cruel violación de los derechos humanos de las mujeres. Además, las niñas pueden morir de infección (y bastantes mueren) por las condiciones insalubres en las que se perpetra la ablación; las cicatrices pueden dificultar futuros partos y también provocar graves complicaciones al llegar la menstruación.

Ahora en Somalia el gobierno estudia prohibir la ablación de clítoris. ¿Estudia prohibirla? Debería estar perseguida sin piedad en Somalia y en todo el mundo. Y no me vengan con la zarandaja del peso de la tradición. Un crimen es un crimen por mucho que lo vistan de tradición.

En España, en 2015, murieron asesinadas 64 mujeres por sus parejas, maridos, ex-parejas o ex-maridos. En 2016, los hombres ya han asesinado a 14 mujeres en menos de tres meses. Cada año se registran asesinatos de mujeres por violencia machista. Pueden ser 50, 60, 70… Hasta 90 mujeres asesinadas en un año.

Según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, las denuncias de violencia contra la mujer en 2015 fueron unas 129.000, casi un 2% más que en 2014. Paradójica buena noticia porque indica que hay mayor sensibilidad y más conciencia ante la repugnante violencia machista.

Pero el escenario de muertes violentas de mujeres por hombres es más extenso. No sólo asesinatos de mujeres a manos de pareja o ex-pareja sino todo tipo de muerte femenina por hombres. Por ser mujer. Una crudelísima realidad que no cede. Asesinatos de niñas en Asia por preferir hijos varones y asesinatos de madres por no haber alumbrado un hijo varón, crímenes de ‘honor’ en la India y Pakistán, asesinatos de prostitutas en la trata de personas… La lista es muy larga.

¿Qué tal si la gente de orden reaccionará ante las muertes de mujeres con la misma virulencia y santa indignación como lo hacen por las víctimas del terrorismo?

El salario de los hombres españoles es 19,3% superior al de las mujeres por el mismo trabajo. En Europa esa superioridad es del 16,3%, según datos de la Comisión Europea. Las mujeres europeas trabajan gratis 58 días al año y las españolas, aún más.

Además, en la Unión Europea las mujeres se responsabilizan mucho más que los hombres de tareas necesarias pero no remuneradas. Trabajo doméstico, cuidado de niños, familiares enfermos… Los hombres con empleo dedican nueve horas semanales no remuneradas de media a actividad doméstica o cuidados. Pero las mujeres con empleo dedican a esas tareas no remuneradas 26 horas semanales, casi el triple.

En países donde tareas como la enseñanza son realizadas mayoritariamente por mujeres, esos empleos están mucho peor pagados. Además, la brecha salarial entre mujeres y hombres se acumula en la vida laboral de la mujer y crea una brecha aún mayor en las pensiones. En la Unión Europea, las pensiones de hombres son 39 % superiores a las de las mujeres.

¿Aún hay quien no ve interrelación entre esos tres escenarios? ¿Aún tienen los neo machistas la osadía de pretender que está casi todo conseguido? Que santa Lucía les conserve la vista.

De camino hacia el neofranquismo

¿Qué pensar de una condena de tres años de prisión a un ciudadano por haber estado en un piquete informativo de huelga? Les pasó a Carlos y a Carmen en Granada. Carlos salió hace unos días, tras una semana encarcelado, y Carmen no ha ingresado en prisión aún. Ambos han solicitado el indulto. Pero lo grave es que los hayan condenado por formar parte de un piquete. Mientras a Jaume Matas, el corrupto ex-presidente de la comunidad autónoma de las Islas Baleares (España), le reducen la pena de seis años a nueve meses. El doble rasero los denuncia, los deja con las vergüenzas al aire.

Expedientes, diligencias, multas y juicios contra huelguistas y manifestantes, pero tolerancia para los delitos económicos que perpetra la minoría que detenta el poder (a cuyo servicio está el gobierno). Mientras otros países europeos establecen leyes sólidas contra la corrupción (sin ser un modelo), en España la reforma del Código Penal se olvida materialmente de la corrupción.

Aquellos días de huelga de 2012, cuando acusaron a Carlos y Carmen, los juristas Pisarello y Asens denunciaban que “los exasperados ataques gubernamentales, mediáticos y judiciales contra los huelguistas del 29 de marzo y el anuncio de medidas criminalizadoras de la protesta reflejan una indudable deriva autoritaria”. Hoy, esa deriva ha ido a más. Mucho más. Los desmanes de los últimos tiempos recuerdan demasiado la dictadura.

Que la situación es antidemocrática y en aumento lo demuestra que el gobierno viola derechos desde las propias leyes. Como la nueva legislación de Seguridad Ciudadana que completa la más represiva reforma del Código Penal. Más un mayor deterioro democrático por el uso excesivo de la fuerza y malos tratos y torturas por parte de agentes de policía. Amnistía Internacional ha condenado tanto uno como otros en varios informes. Para Amnistía, en España se tortura, pero es negado por el gobierno y la tortura queda impune. La organización ha denunciado y documentado numerosos casos de malos tratos y torturas en su informe “Sal en la herida” y un informe posterior de seguimiento. La suma de todo rememora demasiado el franquismo.

Que la impunidad de los torturadores parece una política gubernamental lo demostró el escandaloso caso del doble indulto a cuatro policías en Cataluña. Al conocerse la sentencia firme que los condenaba por torturas, el gobierno central los indultó. Pero el juez emitió un nuevo auto en el que mandaba ingresar en prisión de inmediato a los policías torturadores. ¡Y el gobierno vuelve a indultarlos! ¿No demuestra este caso una política concreta? El indulto a esos torturadores no fue un caso raro o aislado.

También es denunciable el uso excesivo de la fuerza por la policía contra la ciudadanía que protesta, como ha hecho también Amnistía Internacional en varios informes. Aparte de que la Red ofrece cuantiosas e innegables imágenes de excesos policiales en concentraciones y manifestaciones ciudadanas, así como en desalojos de viviendas a los que se oponen pacíficamente ciudadanos solidarios con los desahuciados.

En fin, las nuevas leyes represivas del gobierno no sólo son innecesarias, sino que buscan acabar con la pacífica resistencia ciudadana a su política de austeridad, recortes y vulneración de derechos. Es así porque resulta que España tiene una de las tasas más bajas de criminalidad de Europa y no precisa mayor respuesta coercitiva. Es más, el ministerio del Interior no disimuló su satisfacción al anunciar recientemente en rueda de prensa las cifras de delincuencia del año pasado y mostrar que la tasa de delincuencia en España es una de las más bajas de Europa desde hace años.

¿Por qué entonces una nueva ley de seguridad ciudadana? Aún se entiende menos cuando el propio ministro de Interior declaró que en 2013 hubo en España más de 6.000 manifestaciones y ningún problema de orden público digno de reseñar. ¿Por qué? Porque la nueva ley de seguridad ciudadana nada tiene que ver con la seguridad real y sí con atemorizar a la ciudadanía resistente. Y lo que busca es cortar de raíz el movimiento ciudadano que quiere cambiar las cosas a mejor.

Así es porque, como ha denunciado la asociación Jueces para la Democracia, “la Ley de Seguridad Ciudadana cierra el círculo que convierte en crimen el ejercicio de los derechos fundamentales. Y la reforma del Código Penal es innecesaria, y por tanto ilegítima, porque crea un nuevo tipo de delincuente: el disidente político”.

Lo dicho, el panorama expuesto recuerda cada vez más el franquismo que creíamos desaparecido. Pero no.

Presos políticos de nuevo en España

Multas, malos tratos en las protestas, malos tratos a detenidos, uso excesivo de la fuerza e impunidad policial. En España, la política de austeridad y los recortes sociales han impulsado a cientos de miles a protestar en la calle. Porque violan sus derechos. Y el Gobierno responde con más violaciones de derechos.

ATTAC España ha denunciado la represión política del gobierno del Partido Popular en las protestas ciudadanas contra su política neoliberal. Una represión que “llega a extremos incompatibles con la democracia”.

También Amnistía Internacional ha denunciado que el Gobierno “utiliza todos los medios a su alcance para limitar la libertad de expresión y la protesta pacífica (…) “El Gobierno ha reducido el respeto de los derechos humanos en España, el derecho de reunión pacífica, de asociación y expresión, y los rebaja en contra de las normas de derechos humanos y obligaciones internacionales que España ha firmado y ratificado”. Normas que obligan. Amnistía denuncia síntomas “muy preocupantes” de represión de derechos y libertades fundamentales, hasta el punto de que la organización defensora de derechos humanos teme que España se sume a las tendencias autoritarias de Turquía, Ucrania o Rusia.

Uso excesivo de la fuerza policial, multas a manifestantes en aumento, identificaciones masivas e injustificadas en las concentraciones, intentos de estigmatizar los movimientos sociales, malos tratos a detenidos, uso arbitrario de material antidisturbios, endurecimiento de la legislación reguladora del derecho a la protesta…

Según escribe Pedro Oliver, se perpetran tres tipos de represión. ‘Legal’, la de la policía en la calle. ‘Burocrática’, que busca intimidar a los movimientos sociales con multas y trabas legales para ejercer los derechos de reunión y expresión. Y ‘sucia’, oscura, con infiltración de agentes policiales en los movimientos sociales, en teoría para ‘prevenir’ manifestaciones violentas, pero en realidad para desacreditar a los activistas sociales ante la opinión pública y justificar la violencia policial.

En los dos últimos años se han impuesto más de 1.100 multas, pero es más grave el encarcelamiento de manifestantes pacíficos identificados de forma aleatoria por la policía. En España se va a la cárcel por participar en manifestaciones pacíficas o formar piquetes informativos de huelga. “No se pueden consentir. No podemos consentir que manifestantes pacíficos paguen un alto precio por ejercer sus derechos humanos”, insiste Amnistía Internacional.

Por su parte, ATTAC España argumenta que “los jueces no pueden escudarse en que han de hacer cumplir la ley, pues disponen de margen para aplicarla y se muestran especialmente duros con el pueblo mientras todo son facilidades para los poderosos”. Lo cierto y comprobado es que hay impunidad entre los poderosos, policías y aparato del gobierno y del Partido Popular. Si hay alguna condena, el gobierno popular indulta veloz sin el menor recato a policías torturadores, políticos y banqueros corruptos, homicidas amigos de altos cargos del PP y evasores o defraudadores de impuestos.

ATTAC España considera presas y presos políticos a los ciudadanos y ciudadanas detenidos y encarcelados por protestar o informar sobre huelgas. Y pide a Amnistía Internacional que los considere y acoja como presos y presas de conciencia, como hace con sindicalistas y manifestantes de otros países, encarcelados por leyes injustas.

El jueves, 19 de junio, el nuevo rey de España, Felipe VI, asumió la Jefatura del Estado en un prolongado ceremonial desde la mañana hasta primera hora de la tarde. El centro de Madrid había sido tomado por 7.000 policías y guardias civiles, de los que más de 2.000 eran antidisturbios, 120 francotiradores tomaron los tejados de la zona central de la capital y se cerraron once aparcamientos públicos, además de cerrar también varias estaciones de metro. El gobierno prohibió la exhibición de banderas y símbolos republicanos y durante toda la jornada también se prohibieron las manifestaciones por la República. Por la tarde, la policía cargó contra un millar de republicanos que se concentraron pacíficamente en la Puerta del Sol y detuvo a tres ciudadanos. Aires de tiempos pasados que creíamos haber superado. En su primer discurso como Jefe de Estado, Felipe VI dijo que en España cabíamos todos, que caben todas las formas de sentirse español. Pero no es cierto. En absoluto. Este es un país rendido a los intereses de una minoría que lo domina desde hace décadas; en realidad, siglos.

Dice Juan Carlos Monedero que “la minoría dominante tiene miedo a la gente porque sabe el poder que tienen los más sobre los menos. Les aterra que se reúnan quienes dicen basta, porque son muchos. Porque revolución no es violencia sino una movilización masiva de conciencias. Por eso reprimen.” Lo mismo ha expresado con lucidez y humor El Roto en una ilustración. Un hombre enardecido clama: “¡No dejéis que salgan a la calle, no sea que se den cuenta de los muchos que son“.

Por eso hay presos políticos de nuevo en el Reino de España.