Sí se puede actuar contra los paraísos fiscales

En abril de 2005, ATTAC-España pidió al gobierno de Rodríguez Zapatero que estudiara como negar capacidad jurídica para actuar en territorio español a empresas relacionadas con paraísos fiscales. Como medida contra el fraude fiscal. Pero solo hubo la callada por respuesta.

Durante tiempo ha parecido que los paraísos fiscales fueran intocables. Pero en los últimos tiempos se ha visto que se puede actuar contra ellos. Con éxito. Como ha hecho ATTAC-Francia. Ha conseguido que el banco francés BNP Paribas cierre sus filiales en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Se puede ir contra los paraísos fiscales, pero hay que querer. El problema es que los actuales gobiernos europeos, y los partidos que los sustentan, no tienen esa voluntad política. Se pueden tomar medidas que debiliten a los paraísos. Por ejemplo, que los gobiernos nieguen capacidad jurídica para actuar en territorio nacional a cualquier empresa relacionada con paraísos fiscales. También puede legislarse que el Estado y las entidades u organismos públicos no puedan contratar empresas con relación con paraísos fiscales.

Pero antes hay que elaborar una lista universal de paraísos fiscales. Esa lista ha de incluir cualquier territorio con secreto bancario, anonimato de titulares de cuentas, depósitos y transacciones pero, sobre todo, que establezcan impuestos reducidos o los supriman. Y con esa lista, pueden declararse ilegales en España, o mejor aún en la Unión Europea, las empresas-pantalla, que solo existen sobre el papel para facilitar la elusión, el fraude fiscal. También ha de presionarse en las instancias internacionales (OCDE, ONU, FMI…) para que los paraísos fiscales sean señalados públicamente y sancionados.

No hay impedimentos técnicos ni económicos para acabar con los paraísos fiscales. Solo se necesita voluntad política. El Nobel de economía, Joseph Stiglitz, propone crear registros públicos de beneficiarios y dueños reales de empresas, además de intercambiar información financiera y fiscal sin excusas entre todos los países y poder contrastar la base de datos de la Agencia Tributaria de un Estado con la de otro país. Además, las empresas deben presentar a los gobiernos un informe anual detallado de actividad, impuestos pagados y beneficios finales, país por país.

También se puede multar o ilegalizar a corporaciones, empresas, accionistas, directores de empresas en paraísos fiscales y de empresas-pantalla. E investigar a bancos, asesorías fiscales y gabinetes jurídicos intermediarios o asesores habituales de evasión y elusión fiscales. Otra medida urgente es proteger por ley a quienes filtren fraudes fiscales.

El economista Gabriel Zucman propone otras medidas factibles contra paraísos fiscales. Gravar transacciones financieras que salgan del país a una empresa-pantalla, depósito o fondo en Europa, EEUUs o cualquier estado del Pacífico o Caribe… con baja o nula tributación. Estados Unidos y Francia gravan transferencias desde su país a depósitos y cuentas en paraísos fiscales. Francia, por ejemplo, grava con un tipo de 50% las transferencias a Botsuana, Brunei, Guatemala, Marshall, Nauru, Jersey, Islas Vírgenes británicas y Bermudas.

Zucman reconoce que hoy aún es difícil gravar transferencias a los grandes centros financieros (Suiza, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, Islas Caimán y Bahamas) y propone actuar sobre el comercio de esos países. En Suiza, por ejemplo, las exportaciones suponen el 50% de su PIB y también son muy importantes las exportaciones en Hong Kong, Singapur y Luxemburgo. Zucman propone imponer aranceles elevados a esas exportaciones mientras Suiza y esos otros paraísos-centros financieros mantengan el secreto bancario, establezcan tipos impositivos bajos y no colaboren de verdad en luchar contra el fraude fiscal.

Otra propuesta contra el fraude fiscal es crear un registro mundial de títulos financieros con nombres y apellidos de titulares; un catastro financiero, como ya hay en Suecia. Y una buena política sería formar una gran coalición de varios países contra los paraísos fiscales. Una alianza de Alemania, Francia, España, Italia, Grecia y Portugal, por ejemplo, tiene más posibilidades de obligar a Suiza o Hong Kong a facilitar información fiscal y a establecer impuestos justos y suficientes.

Sin presiones ni sanciones no avanzará la lucha contra el fraude fiscal. ¿Por qué los gobiernos no tienen la misma actitud contra la evasión y elusión fiscales que cuando luchan contra el terrorismo? Un fervor similar al antiterrorista sería perfecto para luchar con los paraísos fiscales. Y vencerlos, por supuesto.

Elusión fiscal en la Unión Europea, el enemigo en casa

Elusión fiscal es no pagar impuestos aprovechando agujeros y lagunas de leyes fiscales. También lo es aprovecharse de la falta de coordinación de los ministerios de Hacienda de la Unión Europea y de la innegable falta de voluntad política de acabar con la elusión de los gobiernos de la UE.

Quienes se dedican a eludir impuestos profesionalmente (gabinetes jurídicos, asesorías fiscales…) dicen que la elusión es legal. Tal vez. Pero habrá que ahondar más en esa presunta legalidad. Si se violan los derechos de la ciudadanía, como se hace con la elusión, ¿qué valor tiene la legalidad? Como explicaba Martín Luther King, lo que hizo Hitler era legal. ¿La legalidad hitleriana justifica los crímenes nazis? Por supuesto que no. Entonces ¿por qué la ‘legalidad’ de la elusión fiscal ha de justificarla?

La elusión fiscal significa un gravísimo perjuicio para las arcas públicas; para la ciudadanía, cuyos derechos y servicios básicos ha de garantizar el Estado. Perjudicar a la gente, vulnerar sus derechos, es lesionar un bien jurídico y lesionar un bien jurídico debe ser considerado delito.

Google, Amazon, Microsoft, Mc Donald, Apple o corporaciones mineras eluden impuestos a lo grande. En 2011 Google montó una sociedad pantalla en las Bermudas, transfirió desde EEUU a esa empresa ficticia beneficios de 10.000 millones de dólares y eludió pagar 2.000 millones de impuestos.

Los beneficios de las multinacionales viajan de países desarrollados a paraísos fiscales, pero antes pasan por países más benévolos fiscalmente para ir desdibujando los beneficios hasta llegar a un paraíso fiscal donde simplemente no pagan impuestos. Cabe recordar ahora que 34 grandes empresas españolas que cotizan en Bolsa de las 35 del exclusivo Ibex tienen 890 filiales en paraísos fiscales. ¿Para qué las quieren si no es para eludir impuestos? Las transferencias que tejen las elusiones fiscales milmillonarias son posibles por una tropa de intermediarios, banqueros, contables, abogados, asesores fiscales… Habría que empezar a fijarse en esa gente “necesaria” para eludir.

Y tal vez deban establecerse nuevos tipos penales, porque la realidad que la Comisión Europea no niega es que la elusión hace perder de 50.000 a 70.000 millones de euros al año. Ahora, la Comisión Europea pretende afrontar la elusión fiscal con una directiva contra la “erosión de la base imponible y el traslado de beneficios” (BEPS por sus siglas en inglés). Pero esa directiva no propone sanción alguna por ayudar a que las multinacionales paguen menos impuestos, que es lo que ocurre. Además, las medidas propuestas no son obligatorias; dependen de la voluntad del gobierno de cada país. Nada que ver con la obligatoriedad de las directivas que imponen reducir el déficit.

¿Es creíble que Luxemburgo, Austria o Irlanda, que actúan como paraísos fiscales, vayan en serio contra la elusión fiscal? ¿O que lo haga Reino Unido, con sus paraísos fiscales en las islas del Canal y la City de Londres que blanquea millones con la compraventa de carísimos inmuebles de lujo?

La directiva de la Unión Europea contra la elusión fiscal es como tomar aspirina para aliviar el dolor de cabeza causado por un tumor, en vez de extirparlo. Y, para mayor bochorno, como no hay medida positiva de la UE que no se acompañe de algún párrafo o condición que la haga inútil, la directiva contra BEPS no se aplica a bancos ni a Sicav. Bancos y sociedades de inversión de capital variable transferirán beneficios donde les dé la gana para pagar menos impuestos.

Según el grupo los Verdes del Parlamento Europeo, Inditex, propietaria de la cadena de tiendas de moda Zara, eludió pagar 600 millones de euros de impuestos de 2011 a 2014 en Holanda, Irlanda y Suiza por un fino encaje de bolillos de ingeniería fiscal. Según el grupo ecologista, Inditex ha pagado solo 15% de impuestos en Holanda y 12% en Irlanda. Un regalo.

En 2014 Apple pagó un tipo impositivo de 0,001% (¡cinco milésimas de unidad!) como impuesto corporativo por los beneficios registrados en Irlanda. Según la Comisión Europea, el gobierno irlandés permitió que Apple no pagara 14.500 millones de dólares de impuestos que debería haber abonado. Además ha dictaminado que Bélgica había otorgado ventajas fiscales a 35 multinacionales para pagar muchos menos impuestos. Pero no hacen nada.

Tenemos al enemigo en casa. Algo habrá que hacer.

Corrupción, crimen organizado y paraísos fiscales viajan en el mismo tren

Rosa Jensen, que fue vicepresidenta del tribunal de Utrecht, aseguraba hace años que asistíamos al nacimiento de una enorme corrupción supranacional. Y el investigador financiero Denis Robert asegura que hablar hoy de corrupción sin ir más allá es quedarse corto, porque es el mismo sistema económico, el capitalismo financiarizado, el que está viciado de raíz.

Prueba de la extensión de la corrupción es que incluso corrompe su propia definición. La entidad más conocida contra la corrupción, Transparency International, se queda corta al definirla. Corrupción sería solo el abuso de un poder público con fines privados. Pero olvida (no de modo inocente) que, además de funcionarios públicos y políticos al servicio del Estado corruptos, los imprescindibles corruptores al otro lado de la ecuación son privados. Si hay corrupción en África, sudeste asiático y América Latina, por citar tres zonas con fama de gran corrupción, es porque en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea hay grandes empresas, presidentes de consejos de administración y consejeros delegados, grandes fortunas y corporaciones que quieren corromper a funcionarios públicos para obtener beneficios ilícitos. Para que haya corrompidos ha de haber corruptores.

Además, ¿quién osará negar que la supresión de reglas y normas de los movimientos de capital ha hecho más fácil la corrupción? Como asegura Rob Jenkins, profesor de la universidad de Londres, dicha liberalización de las economías (con sus privatizaciones masivas de lo público) ha hecho crecer el pago de comisiones ilícitas por empresas privadas que desean hacerse con parte del pastel público privatizado. Y ahí han sido las empresas privadas las que han tomado la iniciativa de corromper, de pagar comisiones ilegales por concesiones públicas.

Por eso dictadores de toda calaña y políticos profesionales de escasa credibilidad democrática abrieron cuentas y depósitos seguros y secretos donde acumular lo obtenido por su corrompida actuación. Pero para ello necesitaban la discreta y leal colaboración de honorables bancos privados.

Apuntado el calado del verdadero problema de la corrupción, recordemos conceptos básicos. Según el diccionario, corrupción es cohecho, soborno. Pero corrupción también es no pagar impuestos que se deben pagar. Como también es corrupción blanquear el dinero sucio que proporcionan los delitos (tráfico de drogas, de personas, de armas…) Y también lo es financiar ilegalmente partidos políticos a cambio de contratas de obra pública o servicios del Estado otorgados a empresas privadas. Algo de lo que tenemos amplio conocimiento en el Reino de España y en lo que parece estar especializado el gobernante Partido Popular. Pero no es el único, por supuesto; ahí está en Catalunya el caso de Convergencia Democrática que ha estado chupando el 3% de comisiones durante más de treinta años. Presuntamente, claro.

Entre unas y otras corrupciones, solo del campo del delito se blanquean al año de 600.000 millones de dólares a un billón. Así lo consideran tanto el FMI como la ONU. Pero son delincuentes, diría un observador ingenuo. Lo son, pero para blanquear tantísimo dinero, esos criminales necesitan a respetables banqueros, prestigiosos gabinetes de abogados y asesorías fiscales de campanillas, más los imprescindibles paraísos fiscales sin los que no hay blanqueo.

El movimiento social ATTAC define los paraísos fiscales como “países, islas o enclaves geográficos con regímenes jurídicos opacos y reglamentaciones fiscales muy laxas que ofrecen exanciones y beneficios tributarios muy atractivos para el capital financiero a extranjeros no residentes y a sociedades domiciliadas legalmente en el lugar, aunque solo sea con una dirección postal”. No ponen impuestos a los movimientos y operaciones financieras, mantienen una hermética oscuridad sobre esas operaciones y se niegan a facilitar información aunque la pida un ejército de jueces y fiscales. Por lo que cabe deducir que los paraísos fiscales son imprescindibles para blanquear y evadir. Pero no solo paraísos de palmeras y aguas transparentes en el Caribe. También neblinosos lugares como Gibraltar, isla de Man, city de Londres, Austria, Luxemburgo… que blanquean que es un primor en el corazón de Europa.

Pero todo es posible por el intocable secreto bancario y la oscuridad de las transacciones financieras. En fin, a pesar de la complejidad de la cuestión, queda claro y cristalino que corrupción, crimen organizado y paraísos fiscales viajan en el mismo tren.

Paraísos fiscales, guaridas financieras

La OCDE y entidades similares, dignas de toda sospecha, no han elaborado en serio una lista veraz de paraísos fiscales. Incluso en los últimos años pretenden que hay muchos menos. Pero no, están ahí. Territorios donde apenas se pagan impuestos. Primera condición sine qua non. Que el secreto bancario es dogma, la segunda. Y la tercera, el inviolable anonimato de titulares de cuentas, depósitos y movimientos de capital. Y negar por sistema cualquier información fiscal o financiera. Porque lo suyo es ocultar datos, nombres, apellidos, capitales y ganancias. Para no pagar impuestos.

Hoy los paraísos fiscales campan impunes por Europa. Las diminutas islas británicas del canal de la Mancha, por ejemplo, y los pequeños estados de Liechtenstein, Mónaco, Gibraltar, Malta, Luxemburgo o Andorra, sin ir más lejos, tienen una bien ganada fama de paraísos fiscales. Mientras Austria, Holanda e Irlanda actúan también a menudo como ellos, sin olvidar a Suiza, por supuesto, que a pesar de alguna concesión reciente a la información, es aún buen lugar para esconder fortunas.

Los paraísos ya no son lugares exóticos con palmeras y playas de aguas cristalinas. En el nuevo panorama de la burla fiscal destaca Londres, por ejemplo. Aunque, por mayor precisión, la capital del escaqueo tributario sería la City, su distrito financiero. Ahí funcionan a todo gas excelentes operaciones de lavado y blanqueo. Con la necesaria complicidad del carísimo mercado inmobiliario de la ciudad. Genial para ocultar y lavar miles de millones de euros. Así se han blanqueado más de 150.000 millones de euros, según datos oficiales británicos. Y, siendo dato oficial, es probable que sea más.

El blanqueo es sencillo. Los súper-ricos de donde sea llegan a la capital del Reino Unido con billetes en mano o en maletín y compran, por ejemplo, un apartamento, ático o palacete, cuanto más caro, mejor. Nada de nombres ni apellidos, of course, y los propietarios no pagan ni un chelín de impuestos. Los Papeles de Panamá desvelan que los propietarios de cuarenta mil carísimas propiedades inmobiliarias londinenses… son empresas con sede en paraísos fiscales. Y ahí la hacienda británica no tiene nada que rascar.

En el nuevo panorama del pirateo de impuestos, los Estados Unidos de América funcionan como paraíso fiscal. Así lo denuncia un reciente informe del grupo parlamentario europeo Los Verdes. Explican que en Estados Unidos está la quinta parte de los servicios financieros del mundo para ciudadanos no residentes. ‘No residentes’ es jerga de paraísos para designar a su clientela. Son cuentas, depósitos, otras ocultaciones, inversión y especulación de no estadounidenses sin nombre ni identificación. Y da igual que la OCDE acuerde el intercambio automático de información financiera y fiscal entre sus estados contra el blanqueo y la evasión fiscal. Estados Unidos no forma parte de ese acuerdo y no da ni dará información.

El informe de Los Verdes denuncia que catorce Estados de Estados Unidos actúan como paraísos fiscales. Y en Delaware, Nevada y Wyoming se pueden registrar con suma facilidad empresas-pantalla o fantasma. Indispensables en la evasión fiscal. Solo existen en el papel y no se sabe ni se puede saber quiénes son sus propietarios, accionistas y gestores. Ni quienes se lo llevan crudo. Para hacerse una idea del tinglado, en el estado de Delaware (con la misma superficie que la pequeña Rioja y 860.000 habitantes), en el número 1209 de la calle Orange de la pequeña ciudad de Wilmington, tienen su sede más de 285.000 empresas. Más apretadas que los personajes del camarote de los hermanos Marx.

Otrosí, las patrióticas empresas del Ibex 35 en 2014 tenían más de cuatrocientas empresas filiales con sede en ese aprovechado edificio de Delaware. Y casi novecientas en total en ese y otros paraísos fiscales. ¿Para qué será?

Echando la vista siete años atrás, temblorosos mandatarios europeos ponían a dios por testigo de que acabarían con los paraísos fiscales. Fue tras el hundimiento de Lehman Brothers que tanto acoquinó a las élites. Pero, pasado el susto inicial, se olvidaron de propósitos de enmienda y hoy los paraísos gozan de excelente salud. Con su ayuda, ésta es la era de la evasión fiscal. Además, esos paraísos han crecido como setas en el bosque tras lluvias otoñales y no pagar impuestos o impuestos ridículos ya es plaga, epidemia.

En aras de la decencia semántica, deberíamos dejar de llamarlos paraísos fiscales. Mejor guaridas financieras.