Dos años de ley Mordaza en España, el autoritarismo se cierne sobre Europa

La ley de seguridad ciudadana española, motejada ley Mordaza por la ciudadanía, de la que hace unos días se cumplieron dos años de vigencia, es clara muestra del autoritarismo que se cierne sobre la Unión Europea. Un autoritarismo propiciado por la crisis y porque la minoría que detenta el poder económico la necesita para imponer sus políticas de austeridad y desguazar la democracia por medio de tratados bilaterales y bribonadas semejantes para aumentar sus beneficios incesantemente. Un autoritarismo presente en más países de la Unión, no solo España, de modo preocupante en Hungría, Bulgaria y Polonia y con retrocesos democráticos alarmantes en Reino Unido o Francia. La lucha antiterrorista (denominada hoy antiyijadista) ha sido además en los últimos años pretexto para hacer recular los derechos humanos de la ciudadanía.

Un comunicado público de Jueces y Juezas por la Democracia, la Asociación Libre de Abogados y Abogadas, Greenpeace, SOS Racismo y la Federación de Sindicatos de Periodistas ha denunciado las graves consecuencias de esa ley para los derechos humanos de la gente. El comunicado acusa a la ley Mordaza de una buscada ambigüedad que deja a la ciudadanía indefensa ante la policía. Aún peor, al reducir las antaño faltas penales a infracciones administrativas, suprime la figura del juez como garante de derechos de la gente y son los agentes de policía, cual si fueran jueces, quienes tienen la potestad de determinar qué hechos son sancionables y multar por ello. En la práctica cotidiana, esa situación supone cercenar las libertades de expresión, manifestación y reunión.

Lo que en verdad ha sucedido en el Reino de España es que, al aplicarse los enormes grandes sociales exigidos por la Unión Europea para reducir el déficit público, la respuesta ciudadana ha sido movilizarse, organizarse y protestar llenando calles y plazas. El gobierno y las élites económicas se inquietaron y alarmaron ante el volumen e intensidad de esa protesta desde mediados de 2011 y se sacaron de la manga esa ley Mordaza para frenar las movilizaciones.

Con la ley Mordaza se han disparado las cuantiosas multas a ciudadanos pacíficos por cargos tan imprecisos e inconcretos como falta de respeto a la autoridad o desobediencia a la misma. ¿Quién determina si hay falta de respeto o desobediencia a la policía? La misma policía. Esa arbitrariedad propició el año pasado que la policía impusiera casi 20.000 multas por pretendidas faltas de respeto a agentes de los Cuerpos de Seguridad y 12.000 más por desobediencia a la autoridad.

La ley Mordaza sanciona, por vía administrativa (que en realidad no permite defensa) y las multas pueden llegar a ser de 600.000 euros. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha denunciado con datos del Ministerio del Interior que se han puesto más de 285.000 multas por las que han recaudado más de 130 millones de euros pagados la ciudadanía multada. Además, Amnistía Internacional ha denunciado documentádamente el uso excesivo de la fuerza por la policía española contra manifestantes pacíficos y que muchos de esos manifestantes han sido acosados, golpeados, detenidos y enfrentados a multas e incluso a cargos penales. Mimbres de un nuevo autoritarismo.

Que la ley Mordaza era innecesaria es convicción de las asociaciones de jueces y de fiscales, además de sindicatos policiales. También catedráticos de derecho Constitucional y de derecho Penal la consideran claramente innecesaria. Que España no necesitaba ninguna nueva ley de seguridad ciudadana lo demuestra que es uno de los países europeos con las tasas de delincuencia más bajas. Además de que en las más de 4.000 manifestaciones que hubo en Madrid en 2014 (el año antes de la ley Mordaza) apenas hubo diez incidentes que no fueron graves, según fuentes de la misma policía.

La llamada ley Mordaza es un ataque sistemático a las libertades políticas ciudadanas y recuerda mucho la nefasta Ley de Orden Público de la dictadura franquista, cuya aplicación supuso años de cárcel para muchos ciudadanos y ciudadanas pacíficos que reivindicaban su derechos.

La crisis económica y la imposición de austeridad más el indecente y manido recurso al terrorismo (real, pero que tiene otras respuestas) impulsan ese autoritarismo que se cierne sobre la Unión Europea y se infiltra solapado en los Estados.

De no frenar ese taimado autoritarismo que se extiende, la democracia puede llegar a ser solo un recuerdo.

Falacia de contraponer libertad y seguridad

Tras los asesinatos en la redacción de Charlie Hebdo, el presidente español Mariano Rajoy declaró que su gobierno protegería las libertades y perseguiría a los radicales. A los dos días, muchos policías patrullaban por Madrid, algunos armados incluso con fusiles. Ésa es su idea de proteger la libertad. Y parece que él y otros gobernantes europeos quieren utilizar el execrable atentado para reducir libertades, recortar derechos de la gente común y controlar más a la ciudadanía. Entrar a saco en Internet, intervenir teléfonos, más controles, menor papel de los jueces… Contra los terroristas, dicen. ¿Acaso éstos llevan alguna marca especial que los distingue de la buena gente? No la llevan, por lo tanto esas medidas nos afectarán a todos ¿Cuántos ciudadanos no verán vulnerados sus derechos por mera sospecha si se aprueban ciertas medidas antiterroristas? Ya hemos conocido situaciones análogas.

El antiterrorismo deviene un peligroso pretexto. A los gobiernos europeos les ha faltado tiempo para poner en cuestión la libre circulación de personas y maniobrar para que policía o servicios de inteligencia husmeen correos electrónicos y llamadas telefónicas sin control judicial. O sacar el ejército a la calle para vigilar las ciudades, como en Francia y Bélgica. Mientras los ministros de Interior de la Unión Europea acuerdan retocar el tratado de Schengen. Para reforzar la lucha antiterrorista, dicen. Schengen eliminó fronteras entre países de la Unión y ahora los mandatarios intentarán reponerlas de hecho. Grave retroceso para el derecho de libre circulación de las personas.

Pero en la vieja Europa los ramalazos autoritarios vienen de lejos. Hace varios años, al tiempo que Francia preparaba un paquete de medidas antiterroristas, tan equívocas y peligrosas como las que se barajan hoy, el entonces ministro de Interior británico, Charles Clarke, amenazaba a los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con reducir a nada la Convención Europea de Derechos Humanos si no ajustaban sus sentencias a la política antiterrorista defendida por su gobierno. ¡Muy democrático!

Otra medida del gusto de los mandatarios europeos es controlar y registrar (aún más) a los pasajeros de líneas aéreas. Para que no lleguen yihadistas a Europa, dicen. Pero, ¿de dónde venían los asesinos de la redacción de Charlie Hebdo? ¿Acaso no eran franceses de tercera generación de inmigrantes magrebíes? No venían de Oriente, sino de las calles de París.

Lo exigible es analizar a fondo por qué dos jóvenes franceses musulmanes decidieron perpetrar esa inaceptable salvajada. Sobre todo si las medidas antiterroristas amenazan libertades y vulneran derechos de la gente común, musulmanes o no. Por no hablar de la responsabilidad de algunos gobiernos occidentales en la financiación y preparación de terroristas. ¿Se ha olvidado que Bin Laden fue financiado por la CIA para combatir a los soviéticos en Afganistán?  ¿Y que Estados Unidos y Francia han convertido la que hace diez años era región sin terrorismo del Sahel africano en zona de violencia armada?

Por otra parte, el dilema seguridad o libertad que pretenden plantearnos es una falacia inaceptable. Con toda razón, Ben Emmerson, relator especial de la ONU para los derechos humanos, asegura que “solo venceremos en la lucha contra el terrorismo si somos fieles a nuestros valores fundamentales: el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho. Las violaciones de derechos por los gobiernos en nombre de la lucha antiterrorista hacen que las políticas para combatir el terrorismo generen condiciones que propician su expansión. Las medidas eficaces contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos no se contraponen: se han de complementar y reforzar mutuamente”. Y Kofi Annan, ex- secretario general de la ONU, anunció hace tiempo que “los expertos internacionales en derechos humanos, incluidos los de Naciones Unidas, coinciden unánimes en que muchas medidas de los Estados para luchar contra el terrorismo violan derechos humanos y libertades. Claudicar en el respeto de los derechos humanos facilita que los terroristas consigan sus objetivos. Porque nos iguala moralmente a ellos”.

Lo formuló con ingenuidad, pero con claridad, Charles Swift, oficial jurídico de la Marina de Estados Unidos y abogado defensor de oficio del chófer de Bin Laden: “Si nuestros adversarios consiguen que no sigamos las reglas, perdemos lo que somos. Somos los buenos. Y lo demostramos cada día que seguimos esas normas, independientemente de lo que hagan los enemigos”.

Cuanto más se vulneren derechos humanos, más se abona el terreno en el que nacen y crecen los terrorismos.

Derechos o barbarie

Esta época es la de la mayor liquidación de derechos sociales de la población mundial. Pero esa aniquilación de derechos sociales es parte de una escabechina mayor. Todo estalló tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, atentados que le vinieron de perlas a la minoría dominante para sus planes de demolición, y ya en 2006 el lúcido analista Josep Ramoneda denunciaba que “la guerra contra el terror se ha llevado por delante los valores de la libertad individual, de la capacidad de todos y cada uno de pensar y decidir por uno mismo”. Porque el antiterrorismo se convirtió pronto en el supremo pretexto que engendró nuevas leyes que permitieron cargarse los derechos cívicos y políticos: que se pudiera detener sin garantías a cualquiera por meras sospechas y mantenerlo encerrado indefinidamente, entre otras atrocidades, además de recortes a las libertades de expresión, reunión, participación política… Nuevas normas establecidas de norte a sur y de este a oeste contra el terror (decían) que eran y son una burla del estado de derecho.

Y ocho años después, The New York Times revela que Barak Obama se reúne con altos funcionarios para decidir qué terroristas, presuntos terroristas o “combatientes enemigos” serán asesinados por drones (aviones bombarderos no tripulados) en Afganistán, Yemen, Pakistán, Somalia o Sudán. De momento solo en esos países. Los asesores de Obama reconocen que el presidente estadounidense tiene una reunión “antiterrorista” todos los martes para designar qué personas serán ejecutadas en nombre de la lucha antiterrorista. Hasta hoy, Estados Unidos ha perpetrado 268 ataques de drones. Según The Guardian, desde 2004 los drones han asesinado a más de 2.400 personas de las que más de 800 eran civiles y, de éstos, 175 niños. Estados Unidos tiene actualmente desplegados 7.000 drones.

En marzo se publicó el informe del Relator Especial de Derechos Humanos de la ONU, Christof Heyns, sobre ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias. Una denuncia de lo inadmisible de los asesinatos selectivos, porque cualquier gobierno, con el pretexto de la lucha antiterrorista podría matar a cualquier persona en cualquier lugar, si la acción antiterrorista justificara todo y pudiera estar por encima de los derechos humanos. Que no lo está.

Inaceptable porque, con acciones como las ejecuciones por drones, los gobiernos se convierten en fiscales, jueces, jurados y verdugos. Inaceptable porque la acción homicida de los drones aniquila los derechos humanos de presunción de inocencia, juicio justo por tribunal imparcial y defensa. Y los derechos humanos no son de quita y pon. Siempre están vigentes y no admiten excepciones.

Human Rigths Watch ha denunciado la condescendencia y tolerancia de Estados Unidos y la Unión Europea con Estados autoritarios disfrazados de democracia y Estados que violan gravemente derechos humanos. Estados como Rusia, Pakistán, Bahrein, Jordania, Irak, Nigeria, Rusia, China Tailandia, Colombia, Etiopía, Arabia Saudí, Vietnam o Israel. Por no recordar, como ha denunciado Nuno Vieira, presidente del Consejo Europeo de Medicina Legal y asesor de la ONU, que también ocurren cosas terribles en países democráticos y que casi ningún país puede decir que no aplica tratamientos crueles a detenidos ni que es ajeno a la tortura.

Mientras tanto, continúan el sufrimiento y empobrecimientos de las clases asalariadas europeas. En Europa crece la pobreza y aumentan las personas que deben elegir entre una comida al día o caldear la casa, pagar la hipoteca o comer. En 2009 había en la Unión Europea más de 115 millones de personas pobres (23% de la población), cuando en 2007 eran 85: en dos años, 30 millones de pobres más. Y además, esos pobres son más pobres. Pero los gobiernos europeos continúan con sus políticas suicidas de recortes presupuestarios que son como cerrar hospitales en una guerra.

Violación sistemática de derechos cívicos y políticos, violación sistemática de derechos sociales y económicos; es decir, violación sistemática de derechos humanos. Esta es una época de barbarie hipócrita, de violación sistemática y sistémica de los derechos de la inmensa mayoría.

Lo inaudito e insoportable es que la casi totalidad de los 196 estados del mundo han firmado y ratificado la declaración de derechos humanos y la mayor parte de leyes internacionales derivadas de ésta; lo que significa que la Declaración de Derechos Humanos los obliga. Una declaración que afirma en su primer artículo que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. ¿Tienen idea de lo que significa esa frase y a lo que obliga?

La Declaración Universal de Derechos Humanos de ningún modo puede ser jamás papel mojado. O la barbarie se habrá instalado en el mundo para no dejarlo nunca.

Como siempre, la ciudadanía tiene la respuesta. Le va la dignidad, la libertad y la justicia en ello.

Lecciones de las crisis de 1929 y 2008

En 1929, mientras Europa se hundía en la depresión económica desatada en Wall Street, nazismo y fascismo se presentaban como la salvación. Europa era desempleo, miedo general, pobreza, odios… Y la bárbara sinrazón del totalitarismo se impuso y culminó en guerra mundial.

 Algunos se preguntan hoy si hacemos el mismo camino y acabaremos en guerra. Hay coincidencias, sí, pero no parece ser como entonces. Así como la minoría rica y privilegiada no recurre a militares para golpes de estado (por ahora) , tampoco le supondría negocio embarcarse en una guerra global que no se sabe como acabaría. No por decencia, sino porque no ganaría más. Ya tienen a buena parte de gobiernos del mundo en nómina para controlar la economía y mangonearlo todo.T suficientes conflictos bélicos locales y parciales para que su industria armamentística haga negocio.

 Pero sí hay otras coincidencias con aquella Depresión. Así como la cuestión de Danzig fue el pretexto que utilizó la Alemania nazi para atacar Polonia y provocar la segunda guerra mundial (que le permitió ocupar casi toda Europa), de modo análogo los atentados terroristas de Nueva York se aprovecharon para iniciar un ataque organizado y sistemático contra los derechos humanos de la ciudadanía. La llamada guerra contra el terrorismo sirvió en bandeja de pretexto a la minoría rica privilegiada para cercenar derechos cívicos y políticos. Una muestra de muchas: un ministro británico laborista en 2007 amenazó con una reforma que redujera poder al tribunal de la Convención Europea de Derechos Humanos si sus jueces no ajustaban sus sentencias a la política antiterrorista de Londres. ¡Increíble! O un senador estadounidense dijo sin rubor: “En guerra, las libertades políticas se tratan de modo diferente”. ¡Qué desfachatez!

Lo intuyó la juez americana Sandra O’Connor: “Conoceremos las peores restricciones de la historia a nuestras libertades”. Cuánta razón tenía. Desde 2001, nunca se recortaron tanto los derechos cívicos y políticos de la ciudadanía, sus libertades. En nombre de la sacrosanta seguridad y en lucha contra el terrorismo. Después, poco a poco, sin necesidad de Hitler, Mussolini o Franco alguno, el autoritarismo se afianzó en occidente. Hegemonía absoluta del poder ejecutivo, violación silenciosa generalizada de derechos humanos, gobiernos que gobiernan por decreto… Sin necesidad de partidos de masas amenazantes. El histrionismo de los años treinta se deja para el fútbol, que cumple su hipnótico papel.

Y es que los amos del mundo, la minoría rica con la complicidad de las clases dirigentes nacionales, buscan mantener adormecida e inofensiva a la ciudadanía. Y los gobiernos a sueldo de la minoría rica actúan como si tuvieran un cheque en blanco por contar con mayorías parlamentarias, a menudo exiguas. Aún no recurren a la represión sistemática, porque creen no necesitarla. Tal vez porque disponen de los medios informativos para manipular, ocultar realidades y engañar a los pueblos. Como denunció Vandana Shiva, “la globalización neoliberal ha arrebatado la soberanía a la ciudadanía para dársela a grandes empresas y corporaciones. Y lo han hecho gobiernos que han traicionado y traicionan los mandatos que los llevaron al poder político”.

 Así se vacía de contenido la democracia, reducida a ritual, incluso a espectáculo con las campañas electorales como show. El marketing y la publicidad sustituyen el discurso, el debate y la acción política, al tiempo que se prescinde de la ciudadanía, salvo como figurantes de la liturgia electoral. Parecido, sí, pero no igual, a los años treinta.

Eduardo Subirats ha escrito que “el poder financiero del mundo se concentra en manos de un puñado de corporaciones. Los sistemas nacionales permiten grados mínimos de soberanía social o encubren auténticos sistemas tiránicos en los que impera la corrupción. El autoritarismo del Estado se impone con la naturalidad de una voluntad divina”. Como en los treinta.

 Y tras recortar derechos cívicos y políticos, una escabechina de derechos económicos y sociales. Pero la ciudadanía resiste, se indigna, ocupa plazas y calles. Mientras, como en aquellos años oscuros, aumentan racismo y xenofobia y la ultraderecha fascistoide ocupa escaños en los parlamentos porque hay gente que no sabe afrontar sus miedos y vota la barbarie que falsamente señala como culpables a los diferentes. Cuando el culpable es de casa y no tiene otra patria que el dinero: la clase rica y privilegiada.

 Muchos hechos son parecidos a entonces, pero la minoría privilegiada viene a ser del mismo pelaje y calaña. Son el adversario a frenar y reducir; especialmenrte la banca. En la Historia han cambiado muchas cosas, despacio y acaso no como se esperaba, pero han cambiado. Porque el mundo nunca ha cambiado por voluntad de quienes detentan el poder; el mundo cambia a pesar de los que mandan. Cambia porque los explotados resisten y plantan cara. Como hoy.