Porque decimos que nos llevan a un régimen autoritario

 

Hechos. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas exigió al Estado español que investigará de una vez los cientos de miles de desapariciones forzadas del franquismo. Porque son 133.000 desaparecidos, según Amnistía Internacional y Naciones Unidas. España es el segundo país del mundo en desaparecidos forzados tras la Camboya de los jemeres rojos. Mucho más que Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay juntos bajo las dictaduras militares.

Hechos. La ONU también reclamó procesar a los responsables del franquismo de desapariciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero el Gobierno Rajoy ha hecho oídos sordos (como hizo el del PSOE) y las víctimas de la dictadura franquista han tenido que ir a Argentina para encontrar justicia, bajo la tutela de la jurisdicción universal para los crímenes de guerra proclamada por la legislación internacional.

Más hechos. Manfred Nowack, relator especial de Derechos Humanos, ha criticado la falta de voluntad política para acabar en España con torturas y malos tratos a detenidos por policías. Amnistía Internacional ha denunciado torturas y malos tratos en España desde 2007 en tres completos y rigurosos informes. Y asegura que “no sólo hay malos tratos y torturas, sino impunidad de los torturadores”.

Todo huele a autoritarismo, pero aún hay más desmanes. Un nuevo Código Penal y una Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno Rajoy que jueces, fiscales, catedráticos de Derecho, abogados, oposición y movimientos sociales critican con dureza. Porque criminalizan a la ciudadanía y violan sus derechos. Incluso el Consejo del Poder Judicial lamenta que este Gobierno supere a Franco y Primo de Rivera, pues va más lejos que esos dictadores, que nunca introdujeron la cadena perpetua en el sistema penitenciario. Y el PP sí lo hace, aunque la maquillé denominándola “prisión permanente revisable”.

Para Jueces por la Democracia, esa reforma penal propuesta es ilegítima, porque la realidad de los delitos en el país no pide aumentar las conductas a castigar ni las penas. Las tasas de delitos disminuyen desde hace más de 10 años y, según Eurostat, España es uno de los países más seguros y menos violentos de Europa. Esta reforma es ilegítima por innecesaria y por crear un nuevo delincuente: el disidente político. Y eso solo ocurre en los regímenes autoritarios. Incluso desde la conservadora Asociación de Jueces Francisco de Vitoria sostienen que las propuestas de reforma penal “atentan contra derechos fundamentales de las personas, criminalizan conductas sociales y tienen un contenido marcadamente ideológico y político

Avanza el autoritarismo cuando destacados dirigentes del PP, como Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, afirma que la ley es muy permisiva con los derechos de reunión y manifestación. Y quiere “modularla”. ¿Permisiva? ¿Modularla? Quieren hacer ilegal la protesta ciudadana para reprimirla a placer. Como hizo la dictadura franquista.

Pero no solo de represión viven los autoritarios. Defienden a capa y espada sus intereses de clase. Según el fiscal Anticorrupción Luzón, en el nuevo Código Penal no hay voluntad política de acabar con la corrupción. La reforma -denuncia- creará amplios y peligrosos espacios de impunidad y será más difícil combatir la delincuencia organizada y la corrupción.

Si añadimos que la Fiscalía actúa para librar al PP de delitos por su caja B, se opone a que Rajoy declare en el caso Bárcenas, no investiga la destrucción de los discos duros del imputado ex-tesorero Bárcenas y se querella contra el juez Silva que envió a prisión al ex-presidente de Caja Madrid (muy amigo de Aznar), el escenario resultante es el propio de un régimen autoritario y bananero.

La minoría económica que tiene el poder provocó la crisis. Pasado el susto inicial, decidió que era buena ocasión para cargarse el llamado estado de bienestar y convirtió la crisis en saqueo. Con el pretexto de la falsamente necesaria austeridad. Pero la gente reaccionó. Y la minoría empezó a vaciar la democracia, ya muy tocada. Se pasaron por el arco de triunfo la soberanía de los países, colocaron a sus tecnócratas en los gobiernos y forzaron a tirar por el retrete los compromisos electorales. Y gobernó la Troika. Mientras tanto se violaban y violan derechos cívicos, políticos, económicos y sociales de la gran mayoría ciudadana. Pero como la gente no se quedó quieta (aunque aún no ha reaccionado cuanto se debiera), ahora toca represión.

En esas estamos. No solo en España. En toda Europa cuecen habas represivas. También en Alemania. Parte de la ciudad de Hamburgo ha sido puesto en estado de excepción para que la policía, identifique, registre y detenga cuando quiera. Así responden las autoridades a la magna protesta ciudadana contra el cierre de un centro cultural. Por ejemplo.

La hoja de ruta es diáfana, según denuncia la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas. El objetivo del Gobierno, en nombre de la clase económica dominante a la que sirve, es el control férreo de la sociedad con la progresiva supresión de libertades y derechos hasta un estado autoritario de facto en el que prime el control, la vigilancia y la represión. Mientras la minoritaria clase dominante financia un aparato mediático, ideológico, jurídico, y social para simular que actúa por interés general y no de clase.

Pero cuando aumenta la protesta y la desobediencia civiles, el paso siguiente es ya quirúrgico. Se recortan libertades y derechos ley en mano para amedrentar a la ciudadanía disidente y frenar o reducir la protesta. Y el estado autoritario está más cerca con el pretexto de la paz social. Hay datos que lo demuestran. En los Presupuestos Generales del Estado del Reino de España para 2014, por ejemplo, la partida para seguridad ciudadana ha aumentado un 1,8% (5.264 millones €), cuando en los otros Ministerios se ha reducido el gasto 4,7% de media.

Es diáfano. Con la contra-reforma del Código Penal, la de Seguridad Ciudadana, la Ley de Seguridad Privada (100.000 seguratas podrán identificar, registrar y detener), la futura Ley de Huelga que recortará ese derecho y la Ley de Tasas (que impide el acceso universal a la justicia porque sale caro), se pretende acabar con la protesta ciudadana. Y al mismo tiempo crear un marco de impunidad que convierta en letra muerta las garantías constitucionales de ciudadanos y ciudadanas y establecer de hecho un estado autoritario, jurídicamente justificado. Pero ilegítimo, claro.

El reto ahora es lograr que una mayoría ciudadana pierda el miedo. Para que las cosas cambien.

Por si alguien no se ha enterado de que crisis, deuda y déficit son un saqueo

Noticias de un día cualquiera. El partido del gobierno en España rechaza el Impuesto a Transacciones Financieras. El mismo Gobierno impone una ley de régimen local que suprime servicios municipales imprescindibles para millones de ciudadanos. La ministra de Sanidad contrata a un corrupto imputado para implantar la gestión privada en hospitales del ministerio. Privatizan el agua. Las 35 mayores empresas de España pagan 500 millones de euros menos en impuestos aunque el año anterior ganaron más. El Gobierno aprueba un regalo de 30.000 millones a la banca. El Gobierno justifica que los bancos no den crédito, porque han de velar por la solvencia de sus clientes. Los pensionistas perderán 33.000 millones en 8 años. Más vueltas de tuerca en la aplicación de la reforma laboral. El FMI amenaza con más “ajustes significativos” para reducir la deuda… Sin olvidar la reducción presupuestaria, los recortes en educación y sanidad, el aumento del paro, de la precariedad, la pobreza y la desigualdad… El remate es la nueva ley de seguridad ciudadana. Muchas protestas sociales serán tratadas como delitos.

Louis Brandeis, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo dejó muy claro: “Podemos tener democracia o riqueza concentrada en pocas manos, pero ambas cosas no”. Banca, corporaciones, grandes fortunas y Gobierno han elegido la riqueza para la minoría. Para ellos. Lo logran saqueando a la ciudadanía. Y con represión para impedir la respuesta cívica, la acción de los trabajadores. Por eso las concentraciones frente al Congreso, los escraches junto a viviendas de políticos o grabar y difundir imágenes de policías en acción serán castigados con multas de hasta 600.000 euros. Y con penas de prisión de hasta cuatro años. Sorprendente, porque según Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo, los escraches son “un ejemplo de libertad de manifestación”. Pero a esta gente no les importan las libertades: son obstáculos a derribar.

Como afirma el magistrado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, “para el Gobierno del PP el ciudadano que protesta es el enemigo”. Y para Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo, ésta ley prosigue la vulneración de derechos propia de este Gobierno. Además, esgrimir seguridad es un burdo pretexto, porque “en España no hay problema de seguridad”, afirma Robles. La criminalidad ha disminuido regularmente sin cesar en los últimos años, argumenta. España tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de la Unión Europea, según datos del propio Ministerio de Interior. Y, si hablamos de protestas sociales, hay confrontación con la policía en otros países (Grecia, Italia), pero no en España. El movimiento ciudadano es pacífico y pacífica es la desobediencia civil.

Incluso la policía critica esa ley. José María Benito del Sindicato Unificado de Policía denuncia que, simulando amparar a los policías, la nueva norma sólo protege a “la casta política”. Por eso criminaliza protestas frente a sus domicilios o manifestaciones frente al Congreso. Y la Coordinadora de ONG de Desarrollo expresa su preocupación por una normativa que considera “delito de integración en organización criminal” convocar una concentración de protesta por Internet en la que pudieran producirse incidentes violentos al margen de la intención y voluntad de quien convoca. El colmo es considerar “delito de atentado contra la autoridad” la resistencia activa pacífica. Ésta gente encarcelaría al mismísimo Gandhi.

Tienen una lógica totalitaria impecable. Saquear y la consiguiente represión de la ciudadanía que reacciona contra el pillaje. Como bien y con lucidez expone Carlos Martínez de ATTAC Andalucía, “estamos ya en una pre-dictadura real y no somos conscientes de la gravedad de la situación. Se ataca el derecho de huelga, las libertades de expresión y manifestación y se prepara una ley represiva que permitan al poder y a los poderosos recortar, privatizar y despedir masivamente, acallando la protesta y oposición ciudadanas”.

Ante el rechazo social a la ley de seguridad, el Gobierno dice ahora que es solo un borrador y Rajoy ha ordenado “suavizarla”. Es posible pararla, si la ciudadanía se mueve. Y una reflexión de Luther King para aclarar dónde estamos: “Nunca olviden que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal”. ¿Pillan por donde iba el reverendo King? Porque lo irrenunciable es la legitimidad de la que este gobierno no conserva ni gota. ¿Podemos frenar esa ley franquista y también el saqueo? Como afirma Mandela, “siempre parece imposible hasta que se logra”.