Reino de España, un estado general de corrupción

En el Reino de España no pasa mucho tiempo sin noticias de corrupción. Hace unos días la Guardia Civil detuvo a Ignacio González, ex-presidente del gobierno autónomo de la región de Madrid, por presuntos delitos de corrupción y saqueo de fondos públicos. Y hace un poco más, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó al juez que instruye causa contra el exministro de economía Rodrigo Rato de presuntos delitos de éste de blanqueo, fraude fiscal y corrupción.

Según ese informe, Rato presuntamente blanqueó 31 millones de euros y la UCO asegura que la empresa Cor Comunicación, que fundó Rato, fue “pensada y creada” para blanquear millones de euros. También el ministerio de Hacienda considera que Cor Comunicación se constituyó para actividades opacas deliberadas. Según informe de la Oficina Antifraude de Hacienda, casi todo el dinero blanqueado por Cor Comunicación procedía del pago de facturas de esa empresa de Rato a empresas privatizadas (en cuya privatización habría intervenido como ministro de economía) como Endesa, Paradores, Repsol, BBVA, Retevisión, Telefónica, Iberia, Aldeasa, Logista y Azucarera.

Las historias judiciales de Rodrigo Rato esclarecen de modo diáfano la actitud y actuación de las llamadas ‘élites’ que saquean a la ciudadanía sin escrúpulo alguno. Una parte de las cuales ha establecido un estado general de corrupción en este país en los últimos años. Que esa corrupción es un grave problema generalizado lo demuestra que en 2015 y 2016 hayan sido juzgadas en España 1.378 personas acusadas de delitos de corrupción, más del 70% de causas juzgadas acabaron con condenas y han sido condenadas 399 personas, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Las grandes corrupciones, conocidas y aireadas por la prensa, señalan la gravedad de ese tumor que deviene plaga. Como muestra, la Operación Púnica con la que políticos y empresarios organizaron una red para adjudicar servicios públicos y contratos a empresas privadas por jugosas comisiones ilegales. Esa red manejó adjudicaciones por 250 millones de euros. Una historia corrupta en la que hay presuntamente implicados dirigentes y cargos públicos del gobernante Partido Popular, pero no solo del Partido Popular.

El caso de los llamados Papeles de Bárcenas (extesorero del PP) es un sumario por apropiación inebida, en el que hay también presuntamente implicados altos cargos del partido del gobierno. Otra corrupción investigada, Gürtel, muestra una red de corrupción política, presuntamente vinculada al PP, con 187 acusados (de los que 74 son políticos) por fraude fiscal, soborno, blanqueo de capitales y tráfico de influencias…

En verdad, un panorama vomitivo.

Pero inquieta, aflige y alarma aún más que, a pesar de escándalos y delitos ampliamente difundidos por los medios, el Partido Popular, con más afectados e imputados que ninguna otra formación política, haya retrocedido poco electoralmente. Debería haber caído en picado, pero el último sondeo aún le adjudica 33% de intención de voto. ¿Tan mal está este país? ¿Tan débil es la exigencia ética en España? Porque lo peor es que, por activa o pasiva, directa o indirectamente, quien finalmente paga el pato de tanta corrupción es la gente de a pie, la gente común, el pueblo trabajador. Gente de la que bastantes votan al PP. Lo paga la gente con recortes de sus derechos sociales. Y con insuficiencia de fondos públicos para que el país avance, no hay empleos suficientes ni salarios dignos. Porque la recuperación, si es tal, ha de ser para todos, no solo para la minoría de siempre a costa de los demás.

¿En qué se equivocan grupos, movimientos, organizaciones sociales y políticas que quieren cambiar las cosas y mejorar de verdad este país?

Una respuesta posible se remonta a la presuntamente modélica transición de la dictadura a la democracia. Que no lo fue tanto ni tan calvo, ni fue modélica en absoluto porque la pilotó buena parte de le gente que fue sostén de la dictadura franquista durante años. Dictadura de la que representante alguno nunca se arrepintió ni pidió perdón por los crímenes perpetrados. Como no lo hacen tampoco sus herederos y sucesores, muchos cómodamente instalados en el PP que sostiene al gobierno.

Este cronista está convencido de que hasta que no se entierre muy hondo la más leve traza de franquismo, en tanto no nos desprendamos totalmente de toda sombra de la dictadura y sus protagonistas y cómplices principales no sean juzgados, rindan cuentas y se reparen daños, este país no avanzará nunca.

Continúa el saqueo

Mariano Rajoy, presidente en funciones en España, fue al G20 y osó denunciar los populismos de izquierda como enemigos del crecimiento y la estabilidad económica. Olvidando ahora que habría mucho que hablar de crecimiento y qué crecimiento, sorprende la desfachatez de quien preside uno de los partidos más corrompidos de Europa. Sin entrar en detalles, recordemos casos de corrupción que los medios bautizan como Púnica, tarjetas black, Gürtel, caso Rato, Papeles de Bárcenas, Bankia…

El Partido Popular (PP)  afronta este inicio de curso varios procesos judiciales con altos cargos del partido como acusados. Seis alcaldes madrileños, presidente de Diputación de León, alto cargo del Gobierno de Murcia, ex-alcalde de Cartagena, casi todos los concejales del ayuntamiento de Valencia… Además está imputado como partido por cobro de dinero negro y presunta financiación ilegal de obras de reforma de su sede nacional.

Eso sí desestabiliza. El remate de corrupción fue designar al ex-ministro Soria (dimitido tras descubrirse su vinculación con paraísos fiscales) candidato a director ejecutivo del Banco Mundial. La presión ciudadana hizo retirar esa candidatura. Escandaloso proponer un posible elusor fiscal para el Banco Mundial, uno de cuyos objetivos es combatir la pobreza. Y en la otra cara de la moneda, la austeridad. Manuel Lago analiza con datos oficiales los recortes de gasto público perpetrados de 2009 a 2015. Algunas partidas aumentaron casi 48.000 millones de euros, pero se recortaron casi 80.000 millones de euros en políticas sociales.

Creció el gasto en pensiones, pero por el desbocado aumento de jubilaciones anticipadas. La crisis económica fue perfecta excusa para que muchos empresarios prejubilaran en masa a sus empleados veteranos… para sustituirlos por trabajadores con salarios más bajos y peores condiciones laborales. Pero las empresas no pagaron esas prejubilaciones rentables para sus capitalistas propietarios. Pagó el Estado. Y así aumentó la partida de pensiones, pero no mejoraron los pensionistas. Al contrario, las reformas perpetradas por el PSOE de Zapatero y el PP de Rajoy empobrecen a pensionistas actuales y futuros. Otro gasto que crece es el pago de intereses de deuda pública. Del 52 % al 99% del PIB. También aumentaron las ayudas públicas a empresas de energía que crecieron un 469 %. Sí, 469%.

Pero recortaron gasto público sin tapujos en transporte, desempleo, vivienda, educación, salud, familia e infancia, apoyo al sector primario y servicios culturales. En lo que beneficia a la gente común se rebajaron casi ochenta mil millones. Menos y peores servicios de educación, becas, sanidad, ayuda al desempleo… Recortes que violan los derechos de la gente común, pero benefician a grandes empresas (energía, banca, enseñanza privada, empresas privadas sanitarias…)

El resultado de recortes y bajos salarios es más pobreza laboral. Según el INE casi 15% de trabajadores está en el umbral de la pobreza. Mientras el Gobierno del PP cacarea que la economía crece y crea empleo, la tercera parte de la ciudadanía sufre la peor época de su vida. Los parados de larga duración, quienes buscan empleo desde hace tres años o más, aumentan año tras año y el 45% de desempleados no recibe ayuda alguna por estar en paro. Así lo quiere el gobierno del PP que rebajó 15% la ayuda a parados en los presupuestos de 2015, por ejemplo. ¿Sorprende entonces que 700.000 familias en paro no reciban ninguna ayuda pública?

Ha vuelto el hambre a esta España que gobierna el PP. En Barcelona, Caritas ha abierto siete nuevos centros para distribuir alimentos que se suman a las docenas de iglesias que reparten comida. La ayuda de Caritas, Cruz Roja y bancos de alimentos más la familiar evitan una vergonzosa hecatombe social.

Este escrito se titula ‘el saqueo continúa’ porque, insatisfecho con los recortes perpetrados, el gobierno del PP insta a cerrar empresas municipales de servicios públicos a pesar de no tener déficit sino superávit (0,5% de media). Quieren privatizarlas para convertirlas en negocios privados. No olviden que un alto dirigente del PP reconoció hace tiempo (y está publicado) que estaba en política ‘para forrarse’. Por no olvidar tampoco que el rescate bancario fue indecentemente costoso para la ciudadanía y, para compensar, recortaron educación, sanidad, ayuda al desempleo, cultura, ciencia…

Y siguen los recortes. Lamentablemente, no solo en España. El capitalismo neoliberal, que tan ferozmente encarnan corporaciones, grandes empresas, banca, mercados de capitales y tratados bilaterales de inversión, recorta, privatiza, vacía la democracia y saquea el mundo de América a Australia, desvalijando de paso Europa, África y Asia. O los frenamos o acaban con nosotros.