De camino hacia el neofranquismo

¿Qué pensar de una condena de tres años de prisión a un ciudadano por haber estado en un piquete informativo de huelga? Les pasó a Carlos y a Carmen en Granada. Carlos salió hace unos días, tras una semana encarcelado, y Carmen no ha ingresado en prisión aún. Ambos han solicitado el indulto. Pero lo grave es que los hayan condenado por formar parte de un piquete. Mientras a Jaume Matas, el corrupto ex-presidente de la comunidad autónoma de las Islas Baleares (España), le reducen la pena de seis años a nueve meses. El doble rasero los denuncia, los deja con las vergüenzas al aire.

Expedientes, diligencias, multas y juicios contra huelguistas y manifestantes, pero tolerancia para los delitos económicos que perpetra la minoría que detenta el poder (a cuyo servicio está el gobierno). Mientras otros países europeos establecen leyes sólidas contra la corrupción (sin ser un modelo), en España la reforma del Código Penal se olvida materialmente de la corrupción.

Aquellos días de huelga de 2012, cuando acusaron a Carlos y Carmen, los juristas Pisarello y Asens denunciaban que “los exasperados ataques gubernamentales, mediáticos y judiciales contra los huelguistas del 29 de marzo y el anuncio de medidas criminalizadoras de la protesta reflejan una indudable deriva autoritaria”. Hoy, esa deriva ha ido a más. Mucho más. Los desmanes de los últimos tiempos recuerdan demasiado la dictadura.

Que la situación es antidemocrática y en aumento lo demuestra que el gobierno viola derechos desde las propias leyes. Como la nueva legislación de Seguridad Ciudadana que completa la más represiva reforma del Código Penal. Más un mayor deterioro democrático por el uso excesivo de la fuerza y malos tratos y torturas por parte de agentes de policía. Amnistía Internacional ha condenado tanto uno como otros en varios informes. Para Amnistía, en España se tortura, pero es negado por el gobierno y la tortura queda impune. La organización ha denunciado y documentado numerosos casos de malos tratos y torturas en su informe “Sal en la herida” y un informe posterior de seguimiento. La suma de todo rememora demasiado el franquismo.

Que la impunidad de los torturadores parece una política gubernamental lo demostró el escandaloso caso del doble indulto a cuatro policías en Cataluña. Al conocerse la sentencia firme que los condenaba por torturas, el gobierno central los indultó. Pero el juez emitió un nuevo auto en el que mandaba ingresar en prisión de inmediato a los policías torturadores. ¡Y el gobierno vuelve a indultarlos! ¿No demuestra este caso una política concreta? El indulto a esos torturadores no fue un caso raro o aislado.

También es denunciable el uso excesivo de la fuerza por la policía contra la ciudadanía que protesta, como ha hecho también Amnistía Internacional en varios informes. Aparte de que la Red ofrece cuantiosas e innegables imágenes de excesos policiales en concentraciones y manifestaciones ciudadanas, así como en desalojos de viviendas a los que se oponen pacíficamente ciudadanos solidarios con los desahuciados.

En fin, las nuevas leyes represivas del gobierno no sólo son innecesarias, sino que buscan acabar con la pacífica resistencia ciudadana a su política de austeridad, recortes y vulneración de derechos. Es así porque resulta que España tiene una de las tasas más bajas de criminalidad de Europa y no precisa mayor respuesta coercitiva. Es más, el ministerio del Interior no disimuló su satisfacción al anunciar recientemente en rueda de prensa las cifras de delincuencia del año pasado y mostrar que la tasa de delincuencia en España es una de las más bajas de Europa desde hace años.

¿Por qué entonces una nueva ley de seguridad ciudadana? Aún se entiende menos cuando el propio ministro de Interior declaró que en 2013 hubo en España más de 6.000 manifestaciones y ningún problema de orden público digno de reseñar. ¿Por qué? Porque la nueva ley de seguridad ciudadana nada tiene que ver con la seguridad real y sí con atemorizar a la ciudadanía resistente. Y lo que busca es cortar de raíz el movimiento ciudadano que quiere cambiar las cosas a mejor.

Así es porque, como ha denunciado la asociación Jueces para la Democracia, “la Ley de Seguridad Ciudadana cierra el círculo que convierte en crimen el ejercicio de los derechos fundamentales. Y la reforma del Código Penal es innecesaria, y por tanto ilegítima, porque crea un nuevo tipo de delincuente: el disidente político”.

Lo dicho, el panorama expuesto recuerda cada vez más el franquismo que creíamos desaparecido. Pero no.

El autoritarismo, lógica secuela del capitalismo neoliberal

Cerca de quinientas detenciones y un millar de multas administrativas perpetró el gobierno de España desde el inicio del 15 M hasta mediados del año pasado. Hoy, la apuesta contra la protesta ha subido. Los juzgados acumulan más de 80 expedientes contra 260 trabajadores y representantes sindicales por participar en manifestaciones y huelgas y los fiscales piden cárcel para 40 ciudadanos y ciudadanas. Ya hay trabajadores y trabajadoras a punto de entrar en prisión o ya encarcelados por haber participado en una huelga. Un doloroso recuerdo de la dictadura franquista cuando ejercer el derecho de huelga era un delito.

Es una primera y evidente prueba de la deriva autoritaria del gobierno del Partido Popular. Otra es recurrir al decreto-ley como modo de gobernar. La palma se la lleva lo que los medios denominan el decretazo. Casi doscientos folios que modifican 25 leyes con el consabido pretexto de “medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia”. Sin pasar por el Parlamento, hurtando el debate, sin discusión de enmiendas, de puntillas, a espaldas de la ciudadanía.

Pero el antidemocrático autoritarismo que el partido del gobierno lleva en su adn se manifiesta en la progresiva violación de derechos humanos en España. Y aquí cabe recordar el último informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa de hace pocos meses. Un informe que, lisa y llanamente, puso en entredicho la actuación gubernamental. Denunció con dureza que la crisis es pretexto para recortar y violar derechos fundamentales de la infancia, gente mayor y personas que dependen de otras, constató el aumento esponencial de la represión y la sistemática criminalización de la protesta ciudadana que se alza contra los recortes presupuestarios y sus graves consecuencias para la población.

La ONU también denuncia la práctica habitual de detención incomunicada (que incita a malos tratos), la tortura a detenidos por agentes policiales, la impunidad de los policías torturadores, indultar a torturadores condenados, uso excesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas, malos tratos a inmigrantes irregulares internados y cuando son expulsados (además, ilegalmente) y criminalizar a manifestantes pacíficos con las fascistoides reformas del Código Penal y la ley de Seguridad Ciudadana.

Actuaciones gubernamentales que crean una situación política incompatible con la legalidad internacional de la ONU y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque una acción de gobierno jamás puede ser vulnerar sistemáticamente los derechos de la ciudadanía. Algo propio de una dictadura.

En democracia, el Estado es responsable de acabar con la pobreza, que es lisa y llanamente la imposibilidad de vivir una existencia digna. Pero desde que empezó la presunta respuesta a la crisis, los gobiernos neoliberales europeos vulneran el derecho básico a una vida digna.

Como ha escrito Vicenç Navarro, “todas las salidas de las crisis del capitalismo han requerido una redistribución de la riqueza hacia el mundo del trabajo”. Y Nouriel Roubini (el economista que vio venir la crisis) asegura que “no es posible una constante absorción de las rentas del trabajo por el capital, sin provocar una falta de demanda. Eso ocurre hoy. Porque el salario del trabajador es el motor del consumo“. Y Marx ya explicó que “la causa final de toda crisis siempre es la pobreza y el limitado consumo de las masas”.

Visto lo que ocurre, es obvio que la élite económica no renuncia a apropiarse de las rentas del trabajo, porque esa apropiación es su beneficio. Y, por tanto, la pretendida superación de la crisis mantendrá, e incluso aumentará, el empobrecimiento de la ciudadanía global. El empobrecimiento origina la protesta y la movilización ciudadanas; los gobiernos neoliberales (al servicio de la élite económica) reprimen la protesta y violan cada vez más derechos, ahora también civiles y políticos; la ciudadanía reacciona más aún y se organiza; los gobiernos aumentan la represión y la violación de derechos…

La marcha hacia gobiernos autoritarios puros y duros está servida porque es el lógico fruto de la acumulación de capital por desposesión de las clases trabajadoras. Pues un mundo en el que se respeten los derechos humanos de todos en todas partes es incompatible con el capitalismo. El capitalismo es incompatible con la democracia.

El envite está claro. Mundo ciudadano de derechos y justicia (con otro sistema por supuesto) o uno autoritario camino a la perdición.

La revolución ciudadana empieza en países musulmanes

Cuando el 17 de diciembre Mohamed Bouazizi se prendía fuego, en protesta porque la policía de la dictadura de Ben Alí le había confiscado su puesto de frutas, nadie imaginaba que sería el inicio de una nueva revolución ciudadana.

Túnez y Egipto se rebelan contra sus regímenes; miles de marroquíes salen a la calle y exigen reformas políticas; en Argelia el gobierno autoritario sofoca las manifestaciones con un enorme despliegue policial; en Libia, la ciudadanía exige que Gadafi y su régimen desaparezcan; en Bahrein, los ciudadanos se manifiestan por la democracia y la monarquía responde matando; en Jordania, se manifiestan y el rey promete reformas; en Yemen se extiende la protesta y la policía mata; en Cisjordania se manifiestan contra el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, al que acusan de corrupto y autoritario…

Una revolución ciudadana parece haber empezado en Oriente Próximo y Norte de África. Vicenç Navarro nos desvela que los medios informativos, sin embargo, han ofrecido una incompleta e interesada imagen de la emblemática revuelta egipcia, presentándola como una acción de jóvenes de clases medias a partir de Facebook, Twitter y otras redes sociales. Por supuesto que los jóvenes que utilizaron Internet jugaron un papel importante, pero la rebelión egipcia es más, mucho más. Navarro precisa que “la revolución egipcia no se inició hace unas semanas. El pasado reciente de Egipto es un tiempo de luchas obreras brutalmente reprimidas, pero incesantes. Sólo en 2009 hubo 478 huelgas prohibidas, claramente políticas (…) La resistencia obrera democrática, infiltrada en los sindicatos oficiales, fue clave en las movilizaciones y en la huelga”.

Y el periodista egipcio Hossam el-Hamalawy ratifica que en los últimos tres años, todos los días ha habido huelga en alguna fábrica de Egipto. Huelgas económicas y políticas. Desde el primer día de la revuelta, la clase obrera ha estado en masa en las protestas. Decenas de miles de trabajadores protestaron en la calle y fueron a la huelga (…) Casi todos los sectores de la economía egipcia han estado en huelga estos días.”

El 6 de abril de 2008 hubo huelga y miles de egipcios se manifestaron contra la subida de precios y la dictadura de Mubarak. La policía abrió fuego, mató a tres personas e hirió a 90. Y nació el “Movimiento 6 de Abril” contra la dictadura. La rebelión egipcia no ha sido sólo la plaza de Tahrir. Tahrir ha sido lo más televisivo de la revolución, pero la rebelión se fraguaba en todo el país hace tiempo. Su próximo antecedente, 2004: manifestaciones masivas en varias ciudades egipcias contra la represión, la corrupción política gubernamental, los sueldos míseros y la pobreza; porque en Egipto el 40% malvive con menos de un dólar y cuarto al día. Ahí está el origen de la revuelta.

Pero en ese panorama de movimientos ciudadanos y de los trabajadores contra las dictaduras del Norte de África y Oriente Próximo, Europa ha afianzado a los dictadores. Con exquisito trato de aliados y acuerdos económicos preferentes. O vendiéndoles armas, como por ejemplo a Libia por valor de 1.400 millones de dólares: las armas que masacran al pueblo libio.

Como ha dicho la eurodiputada Marietje Schaake citando a Luther King, “hay un momento en el que el silencio se convierte en traición”. El silencio y la pasividad de la Unión Europea ante las implacables y corruptas dictaduras del Norte de África y Oriente Próximo.

Esta Europa neoliberal y plutócrata ha traicionado los ideales de la Revolución Francesa, ha pisoteado los valores de la revolución ciudadana que generó la democracia y ha hecho la vista gorda ante las constantes violaciones de los derechos humanos, la injusticia y la corrupción de esos regímenes dictatoriales. A cambio de gas, petróleo y control inmigratorio. Como ha escrito Javier Valenzuela, Europa ha sido un obstáculo para las libertades en el Magreb y en el valle del Nilo. Tanto presumir de derechos humanos y Europa ha olvidado las primeras palabras del articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Por eso actúa tan miserablemente como lo hace.

Europa necesita sin duda una nueva revolución ciudadana y tiene como ejemplo a las que han iniciado las ciudadanías de los países musulmanes.