Sin impuestos justos no hay democracia

Un ataque en toda regla contra los derechos de las clases trabajadoras en occidente fue la obscena rebaja de impuestos a los más ricos en Estados Unidos y Reino Unido. En 1932 en EEUU, el máximo tipo impositivo que pagaban quienes más tenían y ganaban era 63%. Y durante la II Guerra Mundial, grandes empresas y fortunas llegaron a pagar un tipo del 90% de beneficios. Tras la victoria sobre el nazismo y el Japón militarista, la presión fiscal disminuyó, pero aún era proporcionada a rentas altas y beneficios obtenidos: más del 63%. En nuestros días, Warren Buffet, uno de los cinco hombres más ricos del mundo, explicaba en plena crisis que él sólo pagaba en EEUU 17,5% de impuestos, cuando sus empleados pagaban mucho más proporcionalmente sobre lo que ganan.

La falacia neoliberal de que rebajar impuestos a los ricos asegura la inversión y el crecimiento destruyó una fiscalidad más justa. En los ochenta, Reagan y Thacher perpetraron la nueva injusticia fiscal en EEUU y el Reino Unido. Una política que se extendió como mancha de aceite por Europa. Sin embargo, para The Wall Street Journal, nada sospechoso de ser antisistema, el enorme beneficio para las rentas superiores que supuso rebajar impuestos a los super-ricos no mejoró el país y, en el inicio del siglo XXI, “condujo al peor periodo de creación de empleo en la historia reciente de EEUU”.

¿Una buena economía necesita recortes de impuestos?, se preguntaba entonces el Nobel Paul Krugman. Y respondía que no, de ninguna manera. En realidad, la democracia está ligada a los impuestos. Y cómo se reparten. Lo que es un inmejorable termómetro de la salud de una democracia. Si hay democracia, se pagan impuestos, justos, progresivos y suficientes. Si no, es menos democracia.

En España, los ricos también pagan pocos impuestos, como reiteran la organización de Inspectores de Hacienda y el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). Y proporcionan datos de que en este país el impuesto de la renta (IRPF) supone cerca de la mitad de ingresos del Estado. Y el 84% de ese impuesto lo abonan los asalariados. Sin embargo, la recaudación del estado disminuye, porque el capital, banca, grandes empresas y fortunas no pagan lo que deberían. Bien por una legislación complaciente con los ricos y los grandes o por pura evasión fiscal. Según Hervé Falciani, el ex empleado de un banco suizo que reveló una larga lista de evasores de impuestos, 200.000 millones de euros propiedad de españoles están escondidos en depósitos y cuentas corrientes en Suiza. Casi una quinta parte del PIB español.

Es inconcebible salir de la crisis sin una reforma fiscal profunda, ambiciosa, progresiva y suficiente. Una reforma fiscal de verdad. Y así topamos con la paradoja de que una auténtica reforma fiscal es irrenunciable, pero solo es posible tras lograr una profunda transformación política de España.

El Gobierno creó hace unos meses una comisión de “expertos” para que proponga recomendaciones para la reforma fiscal que piensa aprobar en 2014. Pero el trabajo de tales “expertos” será una argucia similar al timo que perpetraron los “expertos” en pensiones. Ofrecieron al Gobierno pretextos de una insostenibilidad inexistente para que hiciera lo que le diera la gana con las pensiones públicas. Por tanto, no es osado avanzar que en la reforma que perpetrará el Partido Popular, aumentarán los impuestos que nada tienen que ver con la progresividad de ingresos y beneficios. Y crecerán especialmente los tributos indirectos, como el IVA o los impuestos especiales; esos que pagan en igual proporción ricos y pobres. Por supuesto, el gobierno conservador y sus aliados ocasionales en el Parlamento mantendrán lejos del pago justo de impuestos al capital y a los beneficios de la especulación. Porque es lo que defienden y para eso están donde están.

Y es que lo que no harán los partidos mayoritarios ni otros que comulgan con este sistema será aprobar una reforma fiscal, no ya que haga pagar a los ricos lo que deben, sino que suponga la propuesta diferente que se necesita. Como calcular el presupuesto según las necesidades ciudadanas y satisfacción de derechos, así como la oferta de servicios públicos irrenunciables, y determinar entonces la progresividad de impuestos precisa para atender ese presupuesto. Lo que se denomina suficiencia fiscal.

Habrá que empezar a luchar por una verdadera reforma fiscal, que no es cuestión de “expertos” sino exigencia política de la ciudadanía.

Ahora, el asalto a las pensiones

En el supermercado donde compro, a menudo coincido en la cola para pagar con personas mayores, pensionistas. Con frecuencia he visto como una anciana hurga en el monedero para completar la cantidad que le indica la cajera por su modesta compra; a veces, la mujer no tiene las monedas que esperaba y, suspirando, indica a la cajera que deje alguno de los alimentos que ha comprado para que le alcance el dinero. No es un cuento ni hecho excepcional.

En España, más de la mitad de 9 millones de pensionistas cobran menos de 800 euros mensuales y la pensión de más de tres millones de ellos es inferior a 600 euros, 500, 400… Viva usted sin apuros con esas cantidades en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Bilbao… Pese a ello la bajada de pensiones es una exigencia de la Unión Europea a los países “rescatados”. Ahora toca el asalto a las pensiones en España.

Olli Rehn, responsable económico de la Comisión Europea, insiste una y otra vez desde hace meses que España ha de rebajar ya (perdón, “reformar”) sus pensiones públicas. Para facilitarlo, el gobierno creó un comité de doce “expertos” que propusiera cómo asegurar la “sostenibilidad” de las pensiones. Ese fue elpretexto. Y ese comité ha propuesto retrasar ya la jubilación a los 67 años, así como calcular pensiones y su actualización sin tener en cuenta la evolución de los precios, pero confusamente ligadas al crecimiento económico. Las pensiones pueden congelarse indefinidamente e incluso disminuir.

En Grecia, se rebajó un 20% las pensiones de 1.200 euros mensuales; en Irlanda, 10% menos para las nuevas pensiones y las que superaban 1.000 euros al mes, y en Portugal se rebajó entre 5 y 10% todas las pensiones. En España, el Gobierno quiere evitar incendios políticos y una huelga general; por eso aplaza de momento la recomendación de aplicar en 2014 la rebajadora contrarreforma y pospone aspectos provocadores a 2019. Pero no renuncia. Las pensiones serán rebajadas. De momento amenazan con aumentos de las pensiones del ¡0,25%! Un derroche.

Con tanto mensaje disuasorio y alarmista cabe preguntarse, ¿tan cruda es la situación de las pensiones? No. Y, además, no hay que creer ni una palabra a los presuntos “expertos” del informe de “sostenibilidad”. Nueve de los doce han cobrado o cobran de la banca, grandes empresas y aseguradoras. Bancos y compañías de seguros que obtendrán cuantiosos beneficios si las pensiones públicas son muy insuficientes y la gente contrata pensiones privadas. Como denuncia reiteradamente Miren Etxezarreta y ya ha ocurrido en Gran Bretaña, por ejemplo.

Según el único “experto” del equipo perpetrador del informe sobre sostenibilidad de las pensiones que no ha vendido su alma al diablo, el profesor Santos M. Ruesga, vinculado al sindicato UGT, “el gobierno sólo busca un aval para recortar las pensiones de inmediato”. Y, como escribe el abogado sindicalista Sabino Cuadra, en España el dinero para pensiones públicas es inferior al de Francia, Italia, Alemania o Portugal. El profesor Nacho Álvarez a su vez recuerda que “según Eurostat (agencia estadística de la Unión Europea), el sistema español de pensiones es de los más baratos de Europa. El gasto español en pensiones fue en 2010 (último dato disponible) de 1.862 euros por habitante (10,7% del PIB). Muy inferior a los 2.769 euros de gasto medio de la Unión Europea (13% del PIB), 3.658 de Francia (14,4% del PIB), 3.421 de Alemania (12,8% del PIB) o 3.295 de Italia (16% del PIB)”. En los últimos años, insiste Cuadra por su parte, en España el fondo de pensiones ha disminuido un 25% y el gobierno se propone reducirlo otro 25% más. A ese pillaje denominan “sostenibilidad”.

Lo cierto es que la nefasta política de austeridad y recortes gubernamentales han expulsado a más de tres millones y medio de cotizantes de la Seguridad Social por el aumento millonario del paro. Ese sí, insostenible.

La cuestión no es económica ni presupuestaria sino de derechos. Derechos de los trabajadores que se retiran de la vida laboral. Y con los derechos humanos no se juega: hay que ser inflexible. Por eso, las pensiones podrían financiarse a cargo de los presupuestos del Estado sin depender del volumen de cotizantes. Quienes han de ser sostenibles son los pensionistas con una pensión mínima que asegure una vida digna. Lo indiscutible es que hasta la crisis-saqueo, la austeridad y los recortes no hubo problema con las pensiones públicas. Había superávit. El sistema de pensiones no es insostenible; lo que es insostenible es este gobierno al servicio de la banca y grandes empresas.

Para garantizar las pensiones públicas, otros servicios esenciales y los derechos hay un camino: acabar con el fraude fiscal (más de 80.000 millones de euros anuales) y establecer impuestos justos, progresivos y suficientes por los que pague más quien más tiene y más gana.