Contra la deuda, derechos humanos

Passos Coelho, conservador portugués recién elegido primer ministro, ha dicho que habrá ajustes y recortes sociales drásticos “para que Portugal recupere la confianza de los mercados”. Así ahorrarán dinero público y pagarán la deuda. Dice.

Por su parte, la Comisión Europea, Banco Central Europeo y jefes de estado y gobierno de la Unión han perpetrado el Pacto por el Euro para hacer frente a la deuda de Europa (con planes de recortes sociales) y aumentar la competitividad (rebajando salarios).

Y en España, castigada por atroz desempleo, el neoliberal Mariano Rajoy (posible próximo presidente de gobierno) ha amenazado con que “tendremos el estado de bienestar que podamos permitirnos, que se ajuste a nuestras posibilidades”.

Reducir el “estado de bienestar” está en boca de todos. Y nadie se rasga las vestiduras. Lógico, porque “estado de bienestar es el sistema social en el que se procura compensar las deficiencias e injusticias de la economía de mercado con redistribuciones de renta y prestaciones sociales a los menos favorecidos”.

Se puede reducir o recortar la vida holgada, que es el bienestar, pero no parece exigible. Y si no se compensan las deficiencias que causa la economía de mercado, no pasa nada, porque solo hay que “procurarlo”. En política, las palabras nunca son inocentes, gratuitas ni imprevistas. La vida holgada se puede recortar sin que nadie se escandalice y “procurar compensar” no obliga, solo se intenta.

Pero el respeto de los derechos humanos es otra cosa. Y, digan lo que digan políticos y voceros de la dictadura financiera, esos derechos son irrenunciables.

El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Todos sin excepción. Y podemos recordar que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (artículo 25, Declaración Universal de Derechos Humanos)”. O que “toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social (artículo 23)”.

¿Qué parte no entienden los neoliberales dirigentes de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, del FMI y entidades similares?

Dirán que son principios. Por supuesto. No derecho positivo, pretenderán. Falso, porque también lo son y ahí esta la legislación internacional sobre derechos económicos y sociales. Que obliga. Pero hablamos de legitimidad y no hay mayor legitimidad que la que otorga la declaración de los derechos humanos. Nuestra legitimidad como ciudadanos es pareja a la no legitimidad de los políticos, que han traicionado a la ciudadanía que representan poniéndose al servicio del poder financiero y de las corporaciones empresariales.

Como ha recordado Juan Torres, “la causa del incremento brutal de la deuda en Europa ha sido la reducción de rentas salariales y de la recaudación de impuestos en los últimos años. La lucha contra la deuda en realidad es contra la deuda destinada a bienes y servicios públicos para la población de ingresos más bajos. El Pacto del Euro es un pacto contra los ciudadanos”.

Y Vicenç Navarro remacha que “los impuestos que pagan los ricos han descendido considerablemente en los últimos 30 años. Los ricos son más ricos y la reducción de ingresos de los estados ha hecho que se endeudaran, pidiendo préstamos a los bancos donde los ricos invierten su dinero. Los ricos, en vez de pagar impuestos, prestan al Estado el dinero ahorrado por no pagarlos y hacen negocio. Perfecto para ricos y bancos”.

Además, los países europeos muy endeudados ya no se librarán permitiendo la inflación, devaluando su divisa (que no pueden) o ahorrando, como han argumentado Stephen Mihmy Nouriel Roubini. Los planes de rescate fracasarán.Hay que reestructurar y reducir las deudas de esos países. Incluso Ángela Merkel lo ha comprendido.

Pero, sobre todo, hay que poner los derechos humanos por encima de todas las cuestiones. Como proclaman en Amnistía internacional: “Nada por encima de los derechos humanos”. Aunque parezca ingenuo. O no hay salida.

Dejar de ser inofensivos

Francisco L. tiene 42 años y la última vez que ganó un salario fue en 2008. Desde entonces no ha encontrado empleo y vive en una tienda de campaña en un bosque cercano a la ciudad andaluza de Jaén. No tiene medios para otra cosa. Sus únicas pertenencias son un saco de dormir, una manta, una toalla, una bolsa con utensilios de aseo personal y una radio. Consigue agua de un pilar cercano a su tienda y come dos veces al día conservas y bocadillos. Subsiste en condiciones precarias.

Esta historia es real. Y hay millones semejantes y peores en el mundo. La crisis, claro. Sí, la crisis como estafa o la crisis como atraco. Pero, como denuncia Josep Fontana, refiriéndose a la maldita crisis, “la gran trampa, que ha hecho que nos convenzan de asumir mansamente los costes de la crisis, ha sido permitir a quienes la causaron presentar los problemas creados por un sector muy concreto del mundo económico como problema colectivo del que todos somos responsables”. Y en absoluto es así.

Sin embargo, aceptamos que reduzcan nuestros derechos y legitimamos el ataque contra ellos al no responder o, peor aún, votando a quienes desmantelan el estado de alguna justicia y cierta equidad que tanto ha costado levantar. El mal designado “estado de bienestar” no es privilegio ni lujo ni exceso, como pretende el neoliberalismo e insinúan los medios, sino un acercamiento al respeto de los derechos humanos de todos.

¿Por qué aceptamos que recorten nuestros derechos?

En un debate televisivo que vi, la cuestión a debatir era: ¿hasta donde han de llegar los recortes? No era un debate entre presuntos profesionales de la opinión y periodistas bien remunerados. En el plató había una veintena de ciudadanas y ciudadanos normales que aceptaban tranquilamente debatir sobre el ataque contra sus derechos que son los recortes presupuestarios.

Se hace buena la trampa del nazi Goebbels: la mentira repetida muchas veces suena a verdad. La falacia repetida hasta la saciedad por políticos y medios es que no hay otro camino para superar la crisis que recuperar la confianza de los “mercados” con austeridad y recortes sociales. Tiene razón José Luis Sampedro, cuando afirma que “necesitamos reeducarnos, pues pasamos por una fase de barbarie porque los valores democráticos se han degradado”.

La primera fase de esa re-educación es abrir los ojos y la segunda, no ser inofensivos. Porque hemos devenido una ciudadanía inofensiva. Quienes vulneran nuestros derechos hoy no tienen ningún temor de que los ciudadanos los pongamos en su sitio (que en muchos casos sería la prisión). Somos ciudadanos inofensivos. Salvo en África del Norte, Oriente Próximo e Islandia, dónde ciudadanas y ciudadanos luchan por sus derechos civiles y políticos, pero también económicos y sociales. Porque ningún derecho es más importante que otro.

Islandia es la excepción europea. Fue saqueada hasta la ruina por banqueros, unos pocos empresarios y un puñado de políticos, pero Islandia se recupera porque ciudadanas y ciudadanos han reaccionado con una respuesta democrática de calado. Echaron al gobierno responsable, dejaron hundirse a los bancos, promovieron investigar los delitos perpetrados y ahora hacen más democrática su Constitución. No aceptan tener que pagar las canalladas de los bancos, como ha ocurrido en otros países. Y saben que la solución no es sólo económica. Es también política: ser inofensivos como ciudadanos.

En España, la asociación ATTAC y otras organizaciones sociales han interpuesto ante la Audiencia Nacional una querella criminal contras las agencias de calificación Moody’s, Standard & Poors y Fitch por alterar el precio de la deuda pública y utilizar ilegítimamente información privilegiada en beneficio propio. Al margen del resultado, eso es empezar a dejar de ser inofensivo. Roberto Unger, que fue ministro con Lula, ha denunciado que “España es una democracia secuestrada por las grandes empresas, por una plutocracia mercantilista que ha puesto las instituciones del Estado a su servicio”. Lo malo es que juicio tan duro es aplicable a los otros 26 estados de la Unión Europea, a Estados Unidos y un montón de países más. Por tanto, la respuesta es política y nada complaciente.

¿Cuándo decidiremos dejar de ser inofensivos y exigiremos nuestros derechos?