Trucos y trampas concedidos a quienes más tienen para pagar menos impuestos

Los Papeles de Panamá provocan que un día tras otro se averigüe que personajes y personajillos tienen o han tenido empresas en ese paraíso fiscal centroamericano. Hablamos de fraude fiscal. ¿Para que querría nadie montar una sociedad en un paraíso fiscal si no es para no pagar impuestos?

Lo que periódicos y noticiarios televisivos no cuentan es que, siendo nefasto y muy perjudicial el volumen de impuestos evadidos, otra peligrosa vía de agua reduce los recursos del Estado. La elusión fiscal. Actuaciones y trucos legales para rebajar los impuestos a pagar. Completamente legales. Es decir, la legalidad ya no protege los intereses de la ciudadanía.

Una muestra indecente de elusión fiscal ha sido denunciada por el economista Manuel Lagos en un documentado estudio que expone como la rebaja real del impuesto de sociedades es causa principal de la pobreza recaudatoria en el Reino de España. En 2008 empezó el desequilibrio de las cuentas del estado, la llamada crisis fiscal española. El Estado no ingresa suficiente dinero  por los impuestos, pero los gastos corrientes e inversiones crecen en buena lógica. Pero, para entender esa dicha crisis fiscal, además hay que contar el cuantioso pago de elevados intereses de la deuda pública. Unos 30.000 millones de euros anuales en el caso del Reino de España. Entonces se recurre a rebajar el gasto público con los nefastos recortes, pero absurdamente no se busca aumentar los ingresos con una reforma fiscal progresiva, justa y suficiente, por ejemplo. Se les ve el plumero.

Una razón muy importante de la menor recaudación estatal es la rebaja de ingresos por el impuesto de sociedades, el que debería gravar los beneficios de las empresas. En 2006, todos los impuestos recaudados sumaron 183.000 millones de euros. Pero cinco años después, se ingresaron solo 158.000. Unos 25.000 millones menos. En 2006, el impuesto de sociedades aportó 40.000 millones de euros, pero en 2011 ya solo fueron 13.000. ¡27.000 millones menos! ¿Es o no responsable de la precariedad de las cuentas públicas el menor pago del impuesto de sociedades ?

Una respuesta incierta y simplista pretende que hay menos beneficios por la crisis y, por tanto, se reducen los impuestos que los gravan. No va por ahí. Más bien los beneficios de empresas y la base imponible para cuantificar el impuesto a pagar son demasiado diferentes. La base imponible debería responder al resultado veraz de lo que se gana para que las empresas tributaran por beneficios reales. Pero no es así. Los beneficios reales de grandes empresas son reducidos con la llamada ‘contabilidad imaginativa’ y la ‘ingeniería fiscal’. Hasta que la base imponible resultante es mucho menor que los beneficios y, como se paga según la base imponible, se paga mucho menos.

Unos datos lo dejarán claro.

En 2006, antes de la llamada crisis, las empresas españolas obtuvieron beneficios de casi 210.000 millones de euros. Tras las correcciones, ajustes y compensaciones que la ley fiscal permite, la base imponible descendió a 179.000 millones de euros. Pero esa base aún era el 85% de los beneficios. Sin embargo en 2010 unos beneficios de casi 157.000 millones de euros parieron por arte de birlibirloque una muy disminuida base imponible de 76.000 millones. Menos de la mitad de beneficios. Si en 2006 los beneficios que no pagaban impuesto eran 30.000 millones de euros, en 2009 ya eran más de 82.000 millones de euros. Casi el triple. Si a eso añadimos las trampas de las grandes multinacionales (algunas son españolas) que declaran gastos o ingresos en éste o aquel país, según donde paguen aún menos, el resultado es que las grandes empresas pagan muy poco respecto a lo que ganan.

Últimamente voceros conservadores presumen del aumento de recaudación de algunos impuestos, como presunto signo de recuperación. Pero, aunque mienten tanto como respiran, no pueden ocultar que, por ejemplo, el Impuesto de Sociedades en 2014 recaudó menos que en 2013. Mucho menos. ¿Lo lógico no hubiera sido lo contrario? Pero es así por la generosidad del gobierno del PP (y antes del PSOE) con las grandes empresas, edidente al cobrarles el impuesto de sociedades. O no cobrarlo.

Que hay un trato de favor descarado a favor de las grandes empresas (que no son las que proporcionan más puestos de trabajo) lo muestra la diferente reacción de los países de la eurozona ante el peligroso tratado bilateral que negocian en secreto EEUU y la Unión Europea (TTIP).

Aunque no están en contra, ha habido desconfianzas en Francia, reticencias en Alemania, dudas en Italia, oposición en Portugal… ¿Y en España? Al gobierno del Partido Popular, el TTIP le parece de perlas. Ninguna disconformidad, ninguna queja y sí una defensa entusiasta de firmarlo cuanto ya, cuanto antes. ¿Por qué? Un TTIP vigente sería una patente de corso para que las empresas hicieran de su capa un sayo y se saltarán controles y regulaciones a porrillo. Esas mismas empresas grandes por las que este gobierno conservador y neoliberal tiene especial debilidad y mucha dedicación para servirlos.

Ya lo explicaron Marx y Engels hace 168 años. Los partidos conservadores como el PP (que hoy se presentan como ‘de centro’) y las políticas de derechas que perpetran defienden mayoritariamente los intereses y beneficios del capital, de grandes empresarios y banqueros. El Reino de España es una buena demostración de esa innegable realidad.

Anuncios

La directiva de secretos comerciales, un paso más hacia el autoritarismo en la Unión Europea

La Unión Europea ha aprobado una Directiva de Protección de Secretos Comerciales que asegura la opacidad absoluta de las empresas. Podrán perpetrar cualquier irregularidad o maquinación sin temor a que puedan ser desveladas. Casi una cincuentena de entidades sociales y cívicas europeas y globales han denunciado esa norma que define tan amplia y ambiguamente los secretos comerciales que cualquier información interna de una empresa se puede considerar como tal.

Según la directiva, las empresas podrán “demandar a cualquiera que adquiera, utilice o publique cualquier información o documento que se pueda considerar secreto comercial”. La directiva no pretende proteger del espionaje industrial, con lo que la quieren justificar. En la Unión ya hay normas y métodos contra ese espionaje y el robo de ideas. La verdad es que la directiva busca impedir la filtración de datos y hechos que revelen actuaciones y conductas irregulares y delictivas de empresas.

La directiva limita y reduce claramente el derecho a la información al establecer que solo acepta la revelación de prácticas ilegales y delitos si se hace a las autoridades gubernamentales o judiciales. Pero serán perseguidos quienes desvelen esas ilegalidades a medios de comunicación. ¿Cuántas canalladas se hubieran ignorado si trampas, irregularidades y chanchullos perpetrados por directivos y cúpulas empresariales no hubiesen sido difundidos por los medios de comunicación?

Organizaciones sociales y cívicas denuncian que esta directiva vulnera derechos fundamentales de expresión y a la información. Porque la ambigua definición de secretos comerciales permite que una empresa blinde cualquier cosa como “secreto comercial”. ¿Hubieran visto la luz los ‘Papeles de Panamá con esta directiva?

Más indecente aún es que la directiva haya sido elaborada por unos pocos sujetos vinculados a grupos profesionales de presión y bufetes de abogados de lujo a las órdenes de federaciones y asociaciones empresariales europeas y globales. Gentes privadas que encarnan intereses privados han hecho redactar una directiva europea para reprimir a quienes desvelen irregularidades y trampas de empresas.

Es obvio que para esta Unión Europea los intereses económicos están por encima de los derechos. Y no puede ser. La libertad de expresión del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos incluye el derecho a investigar y recibir informaciones y difundirlas sin limitación por cualquier medio. ¿Qué parte del artículo no entienden los mandatarios de esta UE?

Prohibir la filtración de chanchullos y anomalías empresariales a medios informativos es asegurar la impunidad de las empresas al poder considerarlos ‘secreto comercial’, porque la mayoría de actuaciones delictivas de grandes empresas y corporaciones se han conocido y podido perseguir al ser aireadas por los medios informativos.

La eurodiputada conservadora Constance le Grip dijo en el Parlamento Europeo que la directiva protege “de la manera más clara posible” el trabajo de periodistas y sus fuentes. Pero es falso. Es un cheque en blanco disfrazado de ‘secreto comercial’ para grandes empresas y corporaciones, porque impide la revelación pública de sus manejos sucios.

La Federación Europea de Periodistas considera que la directiva viola la libertad de expresión y es un ataque directo al periodismo de investigación, una de cuyas misiones es destapar delitos e irregularidades de grandes empresas. Y la Federación de Sindicatos de Periodistas la califica como “atentado contra la información”, cuando luz y taquígrafos, transparencia e información, son imprescindibles para que haya democracia de verdad.

Si sumamos esta directiva represora a la pretensión de la UE de aprobar un tratado bilateral con EEUU (el TTIP que dejará inválidos e impotentes a parlamentos y gobiernos); si añadimos el trato a los refugiados que vulnera sus derechos; si tenemos en cuenta que se toman muchas decisiones importantes en la UE sin procedimientos democráticos… cabe concluir que esta UE es cada vez más oligárquica, más autoritaria.

¿Que significa de otro modo la despótica respuesta del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, de que “no puede haber decisiones democráticas contra los tratados europeos” ante el contundente NO del pueblo griego al modo de afrontar la deuda del país? Si democracia es gobierno del pueblo, puede haber las decisiones que sean, siempre que la ciudadanía así lo acuerde.

Mussolini y Franco estarían muy contentos con la deriva de esta Unió Europea, si vivieran.