Hay que frenar el tratado de inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos

Cientos de miles de ciudadanos se han manifestado hace unos días por las calles y plazas de veintidós países europeos. Se movilizaban contra el tratado de inversión que negocian en secreto la Unión Europea y Estados Unidos, TTIP por sus siglas en inglés. La ciudadanía reclama que se olvide para siempre ese tratado. Que se entierre.

Abundando en la exigencia de retirarlo definitivamente, recordemos a modo de inventario algunas consecuencias del TTIP, si fuera firmado. Desaparición en la práctica del derecho de huelga, eliminación de negociación colectiva y, por supuesto, salarios cada vez más bajos y empleos más precarios. La feroz competencia sin control de las grandes empresas a las medianas y pequeñas provocaría que cierren miles de éstas y se destruyan un millón de empleos, según cálculos diversos.

Los servicios públicos de sanidad, educación pública, suministro de agua potable, gestión de residuos, transporte se convertirían en negocios privados en manos de grandes empresas. Y la igualación de normas de Estados Unidos y Europa se haría escogiendo las peores, además de impedir a los gobiernos cualquier política social.

En el ansia de privatizar todo lo público, las pensiones de la seguridad social se reducirían en beneficio de las pensiones privadas hasta que los asalariados crean que han de contratarlas para conseguir una pensión aceptable. Sin olvidar que esas pensiones privadas (rentas de inversiones de grandes fondos) dependen de las veleidades de la especulación financiera. Los pensionistas privados holandeses, por ejemplo, lo han comprobado para mal a partir de 2009 por la crisis.

En agricultura, las grandes corporaciones multinacionales controlarán las semillas y la producción de alimentos, eliminando explotaciones agrarias medias, pequeñas y desapareciendo la agricultura familiar en beneficio de las perjudiciales grandes explotaciones agrarias industriales que, además, impiden el equilibrio ecológico. Y, por supuesto, habrá vía libre para los productos transgénicos. También desaparecerán las normas de seguridad de alimentos y en nuestros supermercados se venderán pollos lavados con cloro o terneras engordadas con hormonas.

El cambio climático será mayor amenaza aún porque, fruto de la desregulación campante, no habrá el menor control real de las emisiones de dióxido de carbono. Por descontado, la fractura hidráulica (fracking), muy perjudicial método de extracción de petróleo a miles de metros de profundidad, se extenderá por Europa y habrá más riesgo de terremotos así como la segura contaminación de aguas subterráneas, vitales en las zonas secas.

Y, por supuesto, se suprimirán los escasos controles que pudiera haber aún para frenar algo la especulación financiera desatada, olvidando de forma criminal, pero también estúpida, que la crisis que sufrimos, y de la que no acabamos de salir, estalló por el descontrol del sector financiero y la ausencia de regulación.

Pero aún hay más, como la creación del llamado Mecanismo de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés). El ISDS sencillamente convierte la democracia en un decorado.

Consiste tal engendro en unos pretendidos tribunales de arbitraje internacional, que no son tales sino tres caros abogados privados, que resolverán las demandas que presenten empresas y corporaciones cuando crean que el Estado perjudica sus beneficios actuales o futuros por las medidas que tome el gobierno. Medidas para atender necesidades de la ciudadanía, satisfacer sus derecho,s garantizar la seguridad de los alimentos o proteger el medio ambiente. A esos abogados no los elegirá ciudadanía alguna ni los controlará ninguna institución democrática. Y, todavía peor, sus fallos serán inapelables.

Sabemos cómo funcionan esos falsos tribunales porque esos mismos inventos de arbitraje figuran en otros tratados bilaterales de inversión. Por ejemplo, la República de Uruguay fue condenada a pagar a Philip Morris 1.467millones de dólares. La tabacalera demandó al gobierno porque éste mandó poner en las cajetillas de tabaco que fumar perjudica la salud.

El fraude de las demandas de multinacionales (porque fraude o estafa es) se convertiría en un freno real de la acción de los gobiernos porque, ante la amenaza de reclamaciones multimillonarias por proteger los derechos de la gente y la naturaleza, muchos gobiernos tendrán la tentación de no tocar esas cuestiones. Y la soberanía ciudadana electoral será inútil porque de hecho mandarán las multinacionales con sus demandas y presiones.

Es obvio que hay que frenar el TTIP. Que desaparezca. En 1998 ya se paralizó la firma de un precedente casi tan maligno, el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) por la movilización ciudadana global. Y podemos volver a hacerlo.

Sin impuestos justos no hay democracia

Un ataque en toda regla contra los derechos de las clases trabajadoras en occidente fue la obscena rebaja de impuestos a los más ricos en Estados Unidos y Reino Unido. En 1932 en EEUU, el máximo tipo impositivo que pagaban quienes más tenían y ganaban era 63%. Y durante la II Guerra Mundial, grandes empresas y fortunas llegaron a pagar un tipo del 90% de beneficios. Tras la victoria sobre el nazismo y el Japón militarista, la presión fiscal disminuyó, pero aún era proporcionada a rentas altas y beneficios obtenidos: más del 63%. En nuestros días, Warren Buffet, uno de los cinco hombres más ricos del mundo, explicaba en plena crisis que él sólo pagaba en EEUU 17,5% de impuestos, cuando sus empleados pagaban mucho más proporcionalmente sobre lo que ganan.

La falacia neoliberal de que rebajar impuestos a los ricos asegura la inversión y el crecimiento destruyó una fiscalidad más justa. En los ochenta, Reagan y Thacher perpetraron la nueva injusticia fiscal en EEUU y el Reino Unido. Una política que se extendió como mancha de aceite por Europa. Sin embargo, para The Wall Street Journal, nada sospechoso de ser antisistema, el enorme beneficio para las rentas superiores que supuso rebajar impuestos a los super-ricos no mejoró el país y, en el inicio del siglo XXI, “condujo al peor periodo de creación de empleo en la historia reciente de EEUU”.

¿Una buena economía necesita recortes de impuestos?, se preguntaba entonces el Nobel Paul Krugman. Y respondía que no, de ninguna manera. En realidad, la democracia está ligada a los impuestos. Y cómo se reparten. Lo que es un inmejorable termómetro de la salud de una democracia. Si hay democracia, se pagan impuestos, justos, progresivos y suficientes. Si no, es menos democracia.

En España, los ricos también pagan pocos impuestos, como reiteran la organización de Inspectores de Hacienda y el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). Y proporcionan datos de que en este país el impuesto de la renta (IRPF) supone cerca de la mitad de ingresos del Estado. Y el 84% de ese impuesto lo abonan los asalariados. Sin embargo, la recaudación del estado disminuye, porque el capital, banca, grandes empresas y fortunas no pagan lo que deberían. Bien por una legislación complaciente con los ricos y los grandes o por pura evasión fiscal. Según Hervé Falciani, el ex empleado de un banco suizo que reveló una larga lista de evasores de impuestos, 200.000 millones de euros propiedad de españoles están escondidos en depósitos y cuentas corrientes en Suiza. Casi una quinta parte del PIB español.

Es inconcebible salir de la crisis sin una reforma fiscal profunda, ambiciosa, progresiva y suficiente. Una reforma fiscal de verdad. Y así topamos con la paradoja de que una auténtica reforma fiscal es irrenunciable, pero solo es posible tras lograr una profunda transformación política de España.

El Gobierno creó hace unos meses una comisión de “expertos” para que proponga recomendaciones para la reforma fiscal que piensa aprobar en 2014. Pero el trabajo de tales “expertos” será una argucia similar al timo que perpetraron los “expertos” en pensiones. Ofrecieron al Gobierno pretextos de una insostenibilidad inexistente para que hiciera lo que le diera la gana con las pensiones públicas. Por tanto, no es osado avanzar que en la reforma que perpetrará el Partido Popular, aumentarán los impuestos que nada tienen que ver con la progresividad de ingresos y beneficios. Y crecerán especialmente los tributos indirectos, como el IVA o los impuestos especiales; esos que pagan en igual proporción ricos y pobres. Por supuesto, el gobierno conservador y sus aliados ocasionales en el Parlamento mantendrán lejos del pago justo de impuestos al capital y a los beneficios de la especulación. Porque es lo que defienden y para eso están donde están.

Y es que lo que no harán los partidos mayoritarios ni otros que comulgan con este sistema será aprobar una reforma fiscal, no ya que haga pagar a los ricos lo que deben, sino que suponga la propuesta diferente que se necesita. Como calcular el presupuesto según las necesidades ciudadanas y satisfacción de derechos, así como la oferta de servicios públicos irrenunciables, y determinar entonces la progresividad de impuestos precisa para atender ese presupuesto. Lo que se denomina suficiencia fiscal.

Habrá que empezar a luchar por una verdadera reforma fiscal, que no es cuestión de “expertos” sino exigencia política de la ciudadanía.

El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y EEUU, una seria amenaza

No se informa ni se comenta públicamente. Pero los gobiernos de la Unión Europea y EEUU negocian en el más absoluto secreto un tratado de libre comercio entre ambas potencias. Lejos de luz y taquígrafos, casi inexistente para periódicos e informativos de radio y televisión, solo los gobiernos y algunas multinacionales saben qué se cuece.

Cuando se ha filtrado algo al rtespecto, solo se ha hablado de las grandes ventajas del tratado. Como aumentar un 1% el PIB de la Unión Europea, 110.000 millones de euros para las haciendas europeas y 95.000 millones de dólares para la de EEUU… Cálculos de macro economía en los que nunca figuran impactos negativos laborales, sociales o medioambientales.

No hay tales ventajas y beneficios como pretenden pues disponemos de precedentes esclarecedores. En América Latina, en los noventa, EEUU quiso establecer un área de libre comercio con Centroamérica y Sudamérica. Con el mantra del libre comercio que todo lo enriquece, ese multilateral tratado, que no se logró, era imponer el credo neoliberal, las nefastas medidas del Consenso de Washington. Políticas para el descarado beneficio de las élites económicas y financieras.

Al no conseguirlo, EEUU negoció y firmó tratados bilaterales con Colombia, Perú, Chile y un tratado con México y Canadá. Como dan fe las hemerotecas, este último tuvo consecuencias devastadoras para los sectores agrícola e industrial mexicanos, provocó una intensa y abundante migración de México hacia EEUU y limitó las posibilidades de desarrollo de aquel país. No le fue mucho mejor a Perú, Colombia y Chile, que han visto crecer sus cotas de desigualdad y no eliminan la pobreza histórica.

Para conocer qué puede significar el tratado de Europa con EEUU, disponemos además de un antecedente próximo; la negociación del tratado de libre comercio de EEUU con once países costaneros del Pacífico, desde Japón hasta Nueva Zelanda.

WikiLeaks ha conseguido y publicado un borrador de ese Tratado de Asociación Transpacífico y no pinta bien. Para empezar, pretende que los servidores de Internet actúen como policías y jueces que eliminen contenidos de la Red si parecen perjudican los derechos de autor. Más una especie de tribunales internacionales en defensa de tales derechos que ignorarán las soberanía y tribunales nacionales.

En ese tratado, EEUU pretende implantar las posturas más reaccionarias sobre propiedad intelectual así como su perversa aplicación en la industria farmacéutica. De lograrlo, el tratado Transpacífico provocará un aumento de precio de muchos medicamentos e impedirá el acceso universal a ellos. Incluso pretenden que se patenten procedimientos médicos; es decir, intervenciones quirúrgicas o métodos de diagnóstico serían propiedad de alguien y no podrían ser utilizados universalmente por los centros sanitarios públicos, salvo que paguen a la entidad o empresa dueña de la patente.

Hay mucho más, pero sirva lo dicho como botón de muestra.

En Europa, la Comisión Europea reconoce el dañino impacto comercial que provocará el tratado de libre comercio en los sectores de producción de carne, fertilizantes, bioetanol, azúcar, maquinaria eléctrica, equipos de transporte, metalurgia, productos de madera, papel y comunicaciones. Según la práctica y lógica neoliberales, esos sectores aplicarán duros ajustes para competir con EEUU, ajustes que se traducirán en millones de trabajadores al paro.

Además EEUU quiere eliminar o reducir severamente las leyes de protección social y del medio ambiente, más exigentes en Europa. Por no hablar de la grave amenaza del tratado para la libertad de expresión en Internet a cuenta de la presunta protección de los derechos de autor.

Y, aún peor, el tratado crearía un arbitraje especial para atender las demandas de las corporaciones e inversores internacionales contra los gobiernos europeos cuando consideren que tienen menos beneficios por culpa de sus leyes de salud pública, medio ambiente o protección social. Sin olvidar un estudio de Thirlwall y Penelope Pacheco-López que muestra que “no hay evidencia de que los tratados comerciales hayan mejorado la vida de los ciudadanos de los países firmantes“. ¿Entonces?

Por más que se vista de seda, el Tratado de libre comercio entre la Unión Europea y EEUU (como el Transpacífico, como el de México) busca la total desregulación e intocable libertad para las corporaciones multinacionales en su insaciable búsqueda de beneficios.

Lo ha dicho Stiglitz: una zona de libre comercio entre EEUU y Europa significa un comercio desigual y predador al servicio de la élite económica. En Costa Rica, una gran movilización social impidió la firma de un tratado bilateral de comercio. Ese parece el camino, aunque no sea fácil.

Cuando el libre comercio es mentira y explotación

¿Cómo les suena que una multinacional tabaquera demande a dos estados soberanos porque le obligan a poner en las cajetillas que el tabaco es malo (como está archidemostrado)? ¿O que una petrolera demande a una república porque un tribunal de la misma la condenó a limpiar los muchos residuos tóxicos que vertió en la Amazonia durante años? Ha ocurrido. Las demandantes son Philips Morris y Chevron; los demandados, Uruguay y Ecuador.

¿Y qué pensar de un estado soberano al que no dejan establecer un mínimo control de capitales? Es Chile, que no puede controlar los capitales que se mueven en su territorio por prohibírselo un acuerdo comercial con Estados Unidos. También han esgrimido un acuerdo comercial Chevron y Philips Morris para sus indecentes e ilegítimas demandas.

Estados Unidos ha firmado acuerdos comerciales bilaterales con catorce países y actualmente negocia otros más con países del Pacífico. Con la Unión Europea negocia un magno Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversiones, el mayor acuerdo comercial de la historia. En aras del libre comercio, dicen. Y, al igual que en la negociación del Pacífico, Estados Unidos ha impuesto el secreto de las negociaciones. Y el secreto nunca augura nada bueno. Nunca.

El tratado de libre comercio de Estados Unidos más conocido es el firmado con México. Teórica solución de problemas de México, la realidad fue otra. Se destruyeron empleos en México y también en Estados Unidos y el acuerdo benefició de verdad a grandes empresas de ambos países, en perjuicio de la clase trabajadora. Y así ha ocurrido en todos los países que han firmado acuerdos comerciales bilaterales.

Desde hace décadas, los países ricos ya no suelen ocupar militarmente los mal llamados países en desarrollo para colonizarlos. La ocupación militar para disponer de materias primas baratas y recursos naurales ha sido sustituida por tratados comerciales bilaterales. Mano de santo. Aunque quien más tratados ha firmado, Estados Unidos, ha invadido manu militari varios países.

La razón de ser de los tratados, aunque lo maquillen o disfracen, es apoyar a las grandes empresas en los países receptores frente a las actuaciones de sus gobiernos. Como explica Ivan Ayala, esos tratados son sistemas jurídicos paralelos para que las multinacionales puedan incumplir las leyes nacionales. E impongan sus disolventes condiciones a la política económica del país receptor. Los tratados dicen establecer mecanismos para resolver conflictos entre estados y empresas, pero el auténtico objetivo es crear entidades de arbitraje que tramiten las demandas de las empresas contra los estados, falladas mayoritariamente a favor de las empresas. Unos arbitrajes lejos de cualquier control democrático, por supuesto.

Ahora, ante la muy elevada probabilidad de que se firme el acuerdo comercial entre EEUU y la UE, los lobbies de grandes empresas y corporaciones ya van a saco contra la que ellos llaman “politización de acuerdos comerciales“. Es decir, contra  la posibilidad de que los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo legislen protegiendo a la ciudadanía y al medio ambiente.

Lobbies que en Europa defienden intereses de IBM, Deutsche Bank, Vodafone, Telefónica…, por ejemplo, se oponen frontalmente a que en el acuerdo comercial se incluya la protección de derechos humanos y laborales. Porque lo que busca ese tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea es que los beneficios de las grandes empresas prevalezcan sobre los derechos de la ciudadanía, la preservación integral del medio ambiente o la seguridad alimentaria. Por eso, el acuerdo comercial resultante propiciará montones de muy caras demandas de empresas contra estados, además de vaciar aún más de contenido democrático a Europa.

Por otra parte, Ivan Ayala ha escrito (citando un riguroso estudio de Thirlwall y Penelope Pacheco-López) que “no hay evidencia de que los tratados comerciales hayan mejorado la vida de los ciudadanos de los países firmantes“. Y sí de lo contrario, podríamos añadir. La dicha liberalización comercial solo ha hecho crecer a los países ricos, China, India y algún otro, pero la mayoría de países ha ido a peor. De hecho aumentaron los pobres en todos ellos, excepto en China. Y eso sin ahondar en la evidencia de que las comisiones internacionales de arbitraje no son nada fiables sinó todo lo contrario. Porque tienen también una puerta giratoria: sus presuntos “jueces” (que no lo son de verdad) han sido antes abogados de los lobbies empresariales que demandan a los estados. Y al revés.

Cabe preguntarse pues, como ha escrito Vicenç Navarro, por qué aparece tan poco (o nada) en los medios informativos la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Esa oscuridad informativa (que conviene a la minoría rica) es altamente perjudicial para la ciudadanía que se juega mucho. La aplicación del acuerdo tendrá un impacto muy negativo en los derechos, la justicia, el bienestar y una vida digna de la mayoría de ciudadanos.

En cualquier caso, como ha escrito Joseph Stiglitz, sabemos que las negociaciones para crear una zona de libre comercio entre Estados Unidos y Europa no pretenden tal cosa, sino imponer un comercio dirigido al servicio de los intereses de la minoría económica que ha dominado la política comercial de Occidente.

Si la ciudadanía no se espabila e impide ese acuerdo comercial, lo pagará caro.

Políticas que violan derechos humanos, políticas que los respetan

El Gobierno francés acelera el recorte de las pensiones que aprobó. Aumentar la edad de 60 a 62 años, para cobrar una pensión, y cotizar 41,5 años, en vez de 40, no será progresivo sino que se aplicará ya.

En Portugal, junto con los recortes y ajustes que perpetra, el gobierno se saca de la manga un impuesto del 50% de la paga extraordinaria de los asalariados para Navidad. Mientras las agencias de rating califican la deuda portuguesa como ‘basura’. ¿Aprenderán los gobiernos que complacer a las agencias de rating no sirve porque éstas van a lo suyo, que es la especulación y otras indecencias económicas?

En EEUU, un estudio elaborado por economistas de la Universidad del Nordeste muestra que la lenta recuperación económica ha beneficiado casi exclusivamente a grandes empresas. Entre el segundo trimestre de 2009 y el cuarto de 2010, los aumentos de ganancias nacionales fueron 464.000 millones de dólares para las empresas (88%) y 7.000 millones (poco más de 1%) para salarios de los trabajadores. La peor desigualdad de ingresos en EEUU desde 1920.

En España, con más de cuatro millones de desempleados, 1.645.000 parados no perciben ninguna prestación por desempleo ni subsidio alguno. No es extraño que aumenten los pobres que, a finales de 2011, serán un 22% de la población.

El estallido de la burbuja inmobiliaria, que hundió la construcción, y la posterior crisis económica, que descarriló el resto de sectores, más el sometimiento estatal a la dictadura de los “mercados”, la banca y las corporaciones empresariales, han creado un nuevo pobre, ciudadano normal en apariencia, que ha de acudir a las instituciones benéficas para poder comer todos los días.

Podríamos hablar también de Irlanda, de Grecia… De los millones de personas que sufren y sufrirán en sus carnes las feroces consecuencias de esta crisis con culpables reincidentes. Crisis que incrementa la pobreza y la desigualdad.

Mientras ocurre eso en Europa, en Bolivia, la pobreza severa ha disminuido un 11%. Antes de 2007, más de un tercio de bolivianos y bolivianas (37%) sobrevivían a duras penas con menos de un dólar diario. Hoy, aún siendo muy preocupante la pobreza que resta, el índice de pobreza extrema disminuyó hasta la cuarta parte de la población (26%). Un millón cien mil bolivianos y bolivianas han sido liberados de la pobreza severa. Pero en 2004, el 70% de los bolivianos vivían en esa pobreza.

Lo ha informado el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Bolivia, Lopetegui, quien, contrariamente a lo que el FMI defiende e impone, ha reconocido que el avance real en la lucha contra la pobreza severa ha sido posible por las políticas sociales del gobierno de Evo Morales.

El gobierno de Morales aprobó que se abonaran rentas vitalicias a la población mayor de 60 años, unos 800.000 adultos. Además, que se pagaran también cantidades mensuales a 1.600.000 estudiantes entre primero y octavo grado de primaria para reducir los índices de deserción escolar en el país, que antes de 2006 sufría un 27% de analfabetismo y analfabetismo funcional.

Lopetegui también reconoció que, entre las medidas sociales gubernamentales, las rentas para mujeres embarazadas y madres recientes hasta que los hijos cumplan 2 años habían logrado reducir con éxito la morbilidad de madres gestantes y de niños hasta 5 años por enfermedades que pueden prevenirse y curarse.

Lopetegui, que consideró un gran avance la reducción de la pobreza en Bolivia, instó a “continuar en esta vía, en esta tendencia” para acabar con la pobreza. “Las políticas sociales son importantes para atender necesidades básicas, para atender salud y para atender educación que es, claramente, uno de los elementos más importantes para abandonar la pobreza“, ha reconocido el jefe del FMI en Bolivia.

Además, al aumentar el número de personas que pueden adquirir bienes y servicios, porque ahora disponen de ingresos estables, la economía se reanima, funciona. Todo el país gana, no sólo unos pocos.

Tal vez el señor Lopetegui debería vigilar qué declaraciones hace. O se arriesga a quedarse sin trabajo si insiste en que la políticas sociales son buenas contra el desempleo y la pobreza; unas políticas muy lejos de las que propone e impone el FMI en Europa, por ejemplo.

Y es que hay políticas que resuelven problemas, porque respetan los derechos humanos además de ir bien a la economía, y políticas que los crean, por que vulneran esos derechos aparte de frenar la actividad económica.