El Estado Islámico y otras invenciones de Occidente

Diez de octubre de 2015. Gran manifestación en Ankara. Miles de personas recorren la ciudad condenando los atentados habidos y exigen la paz. Una gran explosión, provocada por dos terroristas suicidas, deja 95 muertos y 245 heridos. El peor atentado de la historia moderna de Turquía.

El gobierno turco aprovechó ese brutal ataque para acusar a las milicias kurdas del PKK con las que está en conflicto, pero fuentes de la seguridad del estado indicaron desde el principio que la masacre apuntaba al fundamentalista y sanguinario Estado Islámico (EI). Pero también hay otras responsabilidades y culpabilidades. Del atentado de Ankara y de otros.

Tal vez a alguien le parezca la trama cutre y sobada de conspiraciones propia de una película mediocre de serie B, pero hay evidencias para afirmar que los países más desarrollados de Occidente son también responsables de la barbarie islamico-fundamentalista. De su propia existencia. Cuando se comete un delito hay diversos modos de ser culpable. No asesina solo quien aprieta el gatillo. El derecho penal establece el grado de responsabilidad en la comisión de delitos. En los crímenes hay autores intelectuales, inductores, ejecutores, cómplices necesarios, cómplices y encubridores. De esas responsabilidades por crímenes terroristas, algunas corresponden a gobiernos occidentales. Recordemos.

El Estado Islámico es un despiadado grupo terrorista de milicias que dicen ser yihadistas suníes, se autonombran Califato de todos los musulmanes y hoy ocupan militarmente algunas ciudades de Siria. Se organizó en 2003 como grupo armado en la órbita de Al Qaeda para combatir la invasión estadounidense de Irak. Pero paradójicamente Estados Unidos ha apoyado a Al Qaeda desde sus inicios.

Osama bin Laden, fundador de Al Qaeda, fue reclutado y entrenado por la CIA en 1979 al comienzo de la guerra en Afganistán contra la Unión Soviética. La CIA también creó en Pakistán campos de entrenamiento para terroristas y de 1982 a 1992 reclutó más de 30.000 yihadistas para luchar contra la Unión Soviética. Anuncios pagados por la CIA en periódicos de todo el mundo llamaban a alistarse en la ‘guerra santa’, la Yihad, contra los soviéticos. Ronald Reagan incluso los llamó ‘luchadores por la libertad’. ¿La libertad de las mujeres afganas encerradas en un burka tal vez?

Más cerca en el tiempo, desde principios de 2011, en el intento de controlar el máximo territorio de Siria, el Estado Islámico no solo se ha enfrentado a tropas gubernamentales del dictador sirio, también a rebeldes laicos sirios que luchan contra el dictador Al Assad, a otros grupos musulmanes rebeldes y a nacionalistas kurdos.

El Estado Islámico impone la Sharia en los territorios que controla y Amnistía Internacional ha denunciado “torturas y ejecuciones sumarias” en centros de detención secretos del Estado Islámico, donde encierran a ciudadanos sirios por fumar cigarrillos, tener sexo fuera del matrimonio o simplemente pertenecer a un grupo que no sea el Estado Islámico. También han detenido a docenas de periodistas extranjeros y a trabajadores de organizaciones humanitarias. Y son conocidas por todo el mundo las brutales y sanguinarias decapitaciones que las televisiones han difundido .

El canadiense Michel Chossudovsky, director del Centro de Investigación de la Globalización de Montreal (Canadá), ha recopilado docenas de evidencias que muestran que el Estado Islámico fue creado con la colaboración y financiación de la CIA, el MOSSAD israelí y el MI6 británico más los servicios de espionaje pakistaníes y de Arabia Saudí. Además, la OTAN y el Estado Mayor del ejército turco han colaborado en contratar o impulsado la contratación de mercenarios para el Estado Islámico desde marzo de 2011, cuando empezó la guerra de Siria. Soldados de fuerzas especiales británicas y agentes de espionaje occidentales han entrenado a rebeldes yihadistas de Siria en tácticas de combate e incluso en utilización de armas químicas.

Todo empezó, según Chossudovsky y otros autores, con los atentados de Nueva York. Aquel brutal ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 proporcionó la justificación que buscaba la derecha estadounidense para atacar entonces Afganistán, que consideraban el estado patrocinador del terrorismo de Al Qaeda como casus belli. Y al mismo tiempo sentar las bases de la llamada guerra global contra el terrorismo que hoy dicen que se librar en Siria pero, ¿quiénes son los terroristas en esa guerra? Por otra parte, y es mucho más preocupante, los componentes de esa guerra tienen derivaciones en gran parte del mundo y son una espada de Damocles para las libertades y derechos de la mayoría de la gente.

En África, sin ir más lejos, donde hoy hay regiones, como el Sahel-Sahara, en las que hay  violencia armada continua gracias a la actuacion de los servicios secretos de EEUU y Francia, cuando no la había antes. Y es que materialmente esos oscuros servicios  han creado y promovido grupos violentos para justificar la presencia de fuerzas armadas occidentales. Otro día os lo cuento con detalle.

El terrorismo es un tremendo azote pero, como ha dicho Noam Chomsky, “hay una manera sencilla de acabar con el terrorismo, no del todo, pero sí en gran parte, y es dejar de ser parte del mismo”. En Occidente se ha recurrido al terrorismo y se ha promovido o permitido la actividad terrorista para ‘justificar’ el ataque a las libertades y derechos de la gente con el mendaz pretexto de que había que renunciar a algunas libertades para poder cazar a los terroristas. Y, no lo olvidemos, para defender a capa y espada los intereses de una minoría privilegiada. No en vano, Deepark Lal, asesor económico del Banco Mundial, dijo que la Guerra Global contra el Terrorismo era “una extensión de la defensa del mercado capitalista

Más claro, agua.

Nota. Recomiendo visitar un corto que explica la guerra de Siria y el conflicto de Oriente Medio con una claridad y lucidez encomiables. Es posible que algunos lo conozcáis. Lo encontráis en:

http://verne.elpais.com/verne/2015/09/21/articulo/1442834212_688727.html

TiSA, otro tratado negociado en secreto, pero tal vez más peligroso que el TTIP

El tratado de libre comercio e inversión (TTIP), que negocian en secreto la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, ha concitado una formidable oposición ciudadana desde que empezaron las filtraciones sobre las negociaciones. Dos millones de personas ya han apoyado una Iniciativa Ciudadana Europea contra el TTIP y sigue la recogida de firmas. Además, centenares de organizaciones sociales, ciudadanas y sindicales han manifestado su oposición al tratado. Fruto de toda la presión, el Parlamento Europeo ya no lo votaría unánimemente, se ha suspendido por ahora la decisión parlamentaria y, por tanto, se ha frenado su aprobación.

Para saber cuan bueno o malo es ese tratado, recordemos que las grandes corporaciones empresariales presionan para que el TTIP se firme cuando antes. Y, si a ellos les gusta, no puede ser bueno para la gente común. Susan George asegura que “si se firma el TTIP (más el TPP con países del Pacífico), Estados Unidos controlará el 60% de la riqueza mundial y tres cuartas partes de todo el comercio global”. Y eso no es nada bueno. “El TTIP es una gran amenaza -insiste George- porque dará a las grandes empresas la oportunidad de enterrar en Europa un modelo social que beneficie a los trabajadores”.

Pero si malo es el TTIP, peor es el TiSA del que apenas se habla. TiSA (por sus siglas en inglés) es un acuerdo sobre Comercio de Contratos de Servicios. Wikileaks ha filtrado diecisiete documentos de negociaciones clandestinas de ese tratado secretísimo. Un infame tratado para que grandes empresas y corporaciones transnacionales puedan eludir todas las regulaciones y leyes de los países y puedan bloquear o eliminar las medidas sociales y de seguridad financiera, además de privatizar los servicios públicos, porque la amoral minoría que detenta el poder económico los considera negocio, no medios para satisfacer derechos.

El TiSA condicionaría casi el 70% del comercio mundial de servicios: telecomunicaciones, comercio electrónico, finanzas, seguros, transporte, distribución, servicios profesionales, servicios postales… El diario Público, que colabora con Wikileaks, ha dado a conocer documentos del TiSA pensados y redactados para eludir las leyes de los estados y que las empresas puedan burlar cualquier control gubernamental o parlamentario.

Negocian clandestinamente el TiSA los gobiernos de Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Paraguay, Perú, Taiwán y Turquía. Y también la Comisión Europea, claro, que pretende representar a los 28 países de la Unión. Es significativo que los únicos países latinoamericanos implicados en ese TiSA sean Colombia, México y Panamá, fidelísimos aliados de Estados Unidos, y que no estén Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, potencias económicas emergentes.

El TiSA, por ejemplo, busca eliminar cualquier control o limitación a transacciones y movimientos financieros, suprimir cualquier vigilancia del Estado en el sector de la especulación financiera e impedir que puedan prohibirse productos financieros peligrosos. Como los que provocaron la crisis. En definitiva, el TiSA propone una desmesurada libertad y descontrol financieros. Y ya sabemos adónde conduce ese desgobierno; a formar nuevas burbujas financieras, que estallen y haya más recesión.

El TiSA, secreto incluso cinco años después de su firma, si no lo paramos, exige no obstante transparencia total a gobiernos e instituciones públicas. Deberán anunciar qué leyes y regulaciones piensan aprobar y abrir un debate previo para que las grandes corporaciones y sus lobbies puedan impedir que sean aprobadas o modificarlas en beneficio propio… según el propio TiSA.

Además, el TiSA forzará que los datos personales en Internet queden sin protección legal ni de los gobiernos, que los datos informáticos sean solo mercancía y que desaparezca la privacidad de los datos digitales. Pero la protección de datos no es cuestión comercial, sino un derecho fundamental de las personas. El TiSA, ha denunciado la eurodiputada Viviane Reding, quiere acabar con la privacidad de los datos, mermar hasta eliminar la neutralidad de la Red y suprimir las garantías de las personas en la Red con el viejo pretexto y falacia de la seguridad nacional.

Los documentos secretos filtrados demuestran, si cabe, que el TiSA es más neoliberal, antidemocrático y totalitario que el TTIP.

Es evidente que se han de impedir esos tratados con presión y movilización ciudadanas y, como propone Susan George, profundizando la globalización social así como coordinando y globalizando la protesta.

Crisis, antiterrorismo y violencia armada

Junto al saqueo de rentas de la clase trabajadora y de la ciudadanía, más el vaciado de la democracia, el antiterrorismo y la violencia armada organizada son la otra gran amenaza contra los pueblos. Buena muestra es lo ocurrido en Iguala (México). En octubre pasado, en el estado de Guerrero, desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En México, las escuelas Normales son muy cercanas al campesinado, a la clase trabajadora y a sus reivindicaciones. Se dijo que un grupo narcotraficante era el responsable de la desaparición forzada y sí, pero no solo. Como tantas veces desde 1968, fue una acción conjunta de agentes de fuerzas de seguridad y escuadrón de la muerte.

Como ha escrito Raúl Zibechi, sirva este caso para dejar ya de hablar del narcotráfico como algo distinto a otros negocios de las élites, pues hay alianza real entre éstas y violencia armada organizada. Recordemos los precedentes históricos, recuerda Zibechi; piratas y corsarios actuaron en el enfrentamiento de los imperios español, inglés y francés en el siglo XVII, sin olvidar los pactos de Estados Unidos con la Mafia en la conquista de Sicilia durante la II Guerra Mundial entre otros.

Hoy, recuerda Zibechi, Colombia ha sido tierra experimental de utilización de criminales organizados contra la izquierda y los movimientos populares. Un informe de 1990 de Americas Watch, sección de Human Rights Watch, demostró que el cártel de Medellín de Pablo Escobar asesinó sistemáticamente a sindicalistas, políticos de izquierda, defensores de derechos humanos, periodistas y profesores. Luego, los paramilitares cogieron el testigo de esa alianza de élites, terroristas y cloacas del Estado. La experiencia colombiana se aplica hoy en México y Guatemala, disponible para ser utilizada cuando y donde los intereses de las élites lo precisen. Pues no hay diferencia de objetivos entre crimen organizado y élite económica.

En línea semejante, Jeremy Keenan denunció que la ultraderecha estadounidense creó en 1997 un programa para la dominación mundial de Estados Unidos por medio del proyecto Estrategia, Fuerzas y Recursos para un Nuevo Siglo. Ahí se reconocía que “el proceso para el dominio de Estados Unidos será largo, salvo que ocurra algún evento catastrófico como un nuevo Pearl Harbor”. El ataque japonés a Pearl Harbor fue el hecho que hizo entrar en guerra a Estados Unidos y no cabe duda de que los atentados del 11-S en Nueva York fueron ese nuevo Pearl Harbor esperado. A partir del 11-S, la guerra contra el terrorismo ha sido el casus belli, el pretexto, para militarizar regiones según los intereses de las élites.

Por ejemplo, en 2001 el presidente Bush definió el petróleo africano como recurso nacional estratégico que Estados Unidos debía controlar militarmente. Keenan ha explicado que Estados Unidos usó la guerra contra el terrorismo para militarizar África, pero como ahí no había terrorismo, lo fabricaron. En 2002, se creó el grupo P2OG de operaciones encubiertas para estimular reacciones terroristas. Keenan recuerda que en 2003 la primera operación conocida provocó el secuestro de 32 turistas europeos por un grupo hasta entonces desconocido, dirigido por un oficial de inteligencia argelino al servicio de Estados Unidos. El Pentágono calificó entonces el Sahara-Sahel como zona terrorista y, tras diez años de política antiterrorista donde no había terrorismo, Mali, Niger y Chad si son ya zona de guerra. Un vistazo al mapa de conflictos armados (Afganistán, Somalia, Libia, Sudán del Sur, República Centroafricana, Este del Congo, Níger, Ucrania…) y a los recursos de esos países o su importancia geoestratégica permiten ver el mundo de otro modo.

¿Qué decir de Irak, donde se ha gestado la mayor parte de grupos terroristas del siglo XXI tras la invasión y ocupación angloamericana? O en Siria surge de repente un implacable Estado Islámico que asesina a mansalva. El historiador Robert Freeman afirma que el Estado Islámico fue creado por Estados Unidos al convencer a Arabia Saudita de que financiara a los rebeldes sunitas de Siria, precedentes del Estado Islámico. Ya ocurrió en Afganistán. Estados Unidos financió y entrenó a guerrilleros musulmanes que expulsaron a los soviéticos y derrocaron el gobierno para sustituirlo por la dictadura talibán. Los pueblos han de tomar buena nota de que las élites recurren a la violencia armada, oficial y descarada, encubierta o disfrazada, para continuar el saqueo que llaman crisis.

Hay que frenar el tratado de inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos

Cientos de miles de ciudadanos se han manifestado hace unos días por las calles y plazas de veintidós países europeos. Se movilizaban contra el tratado de inversión que negocian en secreto la Unión Europea y Estados Unidos, TTIP por sus siglas en inglés. La ciudadanía reclama que se olvide para siempre ese tratado. Que se entierre.

Abundando en la exigencia de retirarlo definitivamente, recordemos a modo de inventario algunas consecuencias del TTIP, si fuera firmado. Desaparición en la práctica del derecho de huelga, eliminación de negociación colectiva y, por supuesto, salarios cada vez más bajos y empleos más precarios. La feroz competencia sin control de las grandes empresas a las medianas y pequeñas provocaría que cierren miles de éstas y se destruyan un millón de empleos, según cálculos diversos.

Los servicios públicos de sanidad, educación pública, suministro de agua potable, gestión de residuos, transporte se convertirían en negocios privados en manos de grandes empresas. Y la igualación de normas de Estados Unidos y Europa se haría escogiendo las peores, además de impedir a los gobiernos cualquier política social.

En el ansia de privatizar todo lo público, las pensiones de la seguridad social se reducirían en beneficio de las pensiones privadas hasta que los asalariados crean que han de contratarlas para conseguir una pensión aceptable. Sin olvidar que esas pensiones privadas (rentas de inversiones de grandes fondos) dependen de las veleidades de la especulación financiera. Los pensionistas privados holandeses, por ejemplo, lo han comprobado para mal a partir de 2009 por la crisis.

En agricultura, las grandes corporaciones multinacionales controlarán las semillas y la producción de alimentos, eliminando explotaciones agrarias medias, pequeñas y desapareciendo la agricultura familiar en beneficio de las perjudiciales grandes explotaciones agrarias industriales que, además, impiden el equilibrio ecológico. Y, por supuesto, habrá vía libre para los productos transgénicos. También desaparecerán las normas de seguridad de alimentos y en nuestros supermercados se venderán pollos lavados con cloro o terneras engordadas con hormonas.

El cambio climático será mayor amenaza aún porque, fruto de la desregulación campante, no habrá el menor control real de las emisiones de dióxido de carbono. Por descontado, la fractura hidráulica (fracking), muy perjudicial método de extracción de petróleo a miles de metros de profundidad, se extenderá por Europa y habrá más riesgo de terremotos así como la segura contaminación de aguas subterráneas, vitales en las zonas secas.

Y, por supuesto, se suprimirán los escasos controles que pudiera haber aún para frenar algo la especulación financiera desatada, olvidando de forma criminal, pero también estúpida, que la crisis que sufrimos, y de la que no acabamos de salir, estalló por el descontrol del sector financiero y la ausencia de regulación.

Pero aún hay más, como la creación del llamado Mecanismo de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés). El ISDS sencillamente convierte la democracia en un decorado.

Consiste tal engendro en unos pretendidos tribunales de arbitraje internacional, que no son tales sino tres caros abogados privados, que resolverán las demandas que presenten empresas y corporaciones cuando crean que el Estado perjudica sus beneficios actuales o futuros por las medidas que tome el gobierno. Medidas para atender necesidades de la ciudadanía, satisfacer sus derecho,s garantizar la seguridad de los alimentos o proteger el medio ambiente. A esos abogados no los elegirá ciudadanía alguna ni los controlará ninguna institución democrática. Y, todavía peor, sus fallos serán inapelables.

Sabemos cómo funcionan esos falsos tribunales porque esos mismos inventos de arbitraje figuran en otros tratados bilaterales de inversión. Por ejemplo, la República de Uruguay fue condenada a pagar a Philip Morris 1.467millones de dólares. La tabacalera demandó al gobierno porque éste mandó poner en las cajetillas de tabaco que fumar perjudica la salud.

El fraude de las demandas de multinacionales (porque fraude o estafa es) se convertiría en un freno real de la acción de los gobiernos porque, ante la amenaza de reclamaciones multimillonarias por proteger los derechos de la gente y la naturaleza, muchos gobiernos tendrán la tentación de no tocar esas cuestiones. Y la soberanía ciudadana electoral será inútil porque de hecho mandarán las multinacionales con sus demandas y presiones.

Es obvio que hay que frenar el TTIP. Que desaparezca. En 1998 ya se paralizó la firma de un precedente casi tan maligno, el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) por la movilización ciudadana global. Y podemos volver a hacerlo.

Sin impuestos justos no hay democracia

Un ataque en toda regla contra los derechos de las clases trabajadoras en occidente fue la obscena rebaja de impuestos a los más ricos en Estados Unidos y Reino Unido. En 1932 en EEUU, el máximo tipo impositivo que pagaban quienes más tenían y ganaban era 63%. Y durante la II Guerra Mundial, grandes empresas y fortunas llegaron a pagar un tipo del 90% de beneficios. Tras la victoria sobre el nazismo y el Japón militarista, la presión fiscal disminuyó, pero aún era proporcionada a rentas altas y beneficios obtenidos: más del 63%. En nuestros días, Warren Buffet, uno de los cinco hombres más ricos del mundo, explicaba en plena crisis que él sólo pagaba en EEUU 17,5% de impuestos, cuando sus empleados pagaban mucho más proporcionalmente sobre lo que ganan.

La falacia neoliberal de que rebajar impuestos a los ricos asegura la inversión y el crecimiento destruyó una fiscalidad más justa. En los ochenta, Reagan y Thacher perpetraron la nueva injusticia fiscal en EEUU y el Reino Unido. Una política que se extendió como mancha de aceite por Europa. Sin embargo, para The Wall Street Journal, nada sospechoso de ser antisistema, el enorme beneficio para las rentas superiores que supuso rebajar impuestos a los super-ricos no mejoró el país y, en el inicio del siglo XXI, “condujo al peor periodo de creación de empleo en la historia reciente de EEUU”.

¿Una buena economía necesita recortes de impuestos?, se preguntaba entonces el Nobel Paul Krugman. Y respondía que no, de ninguna manera. En realidad, la democracia está ligada a los impuestos. Y cómo se reparten. Lo que es un inmejorable termómetro de la salud de una democracia. Si hay democracia, se pagan impuestos, justos, progresivos y suficientes. Si no, es menos democracia.

En España, los ricos también pagan pocos impuestos, como reiteran la organización de Inspectores de Hacienda y el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). Y proporcionan datos de que en este país el impuesto de la renta (IRPF) supone cerca de la mitad de ingresos del Estado. Y el 84% de ese impuesto lo abonan los asalariados. Sin embargo, la recaudación del estado disminuye, porque el capital, banca, grandes empresas y fortunas no pagan lo que deberían. Bien por una legislación complaciente con los ricos y los grandes o por pura evasión fiscal. Según Hervé Falciani, el ex empleado de un banco suizo que reveló una larga lista de evasores de impuestos, 200.000 millones de euros propiedad de españoles están escondidos en depósitos y cuentas corrientes en Suiza. Casi una quinta parte del PIB español.

Es inconcebible salir de la crisis sin una reforma fiscal profunda, ambiciosa, progresiva y suficiente. Una reforma fiscal de verdad. Y así topamos con la paradoja de que una auténtica reforma fiscal es irrenunciable, pero solo es posible tras lograr una profunda transformación política de España.

El Gobierno creó hace unos meses una comisión de “expertos” para que proponga recomendaciones para la reforma fiscal que piensa aprobar en 2014. Pero el trabajo de tales “expertos” será una argucia similar al timo que perpetraron los “expertos” en pensiones. Ofrecieron al Gobierno pretextos de una insostenibilidad inexistente para que hiciera lo que le diera la gana con las pensiones públicas. Por tanto, no es osado avanzar que en la reforma que perpetrará el Partido Popular, aumentarán los impuestos que nada tienen que ver con la progresividad de ingresos y beneficios. Y crecerán especialmente los tributos indirectos, como el IVA o los impuestos especiales; esos que pagan en igual proporción ricos y pobres. Por supuesto, el gobierno conservador y sus aliados ocasionales en el Parlamento mantendrán lejos del pago justo de impuestos al capital y a los beneficios de la especulación. Porque es lo que defienden y para eso están donde están.

Y es que lo que no harán los partidos mayoritarios ni otros que comulgan con este sistema será aprobar una reforma fiscal, no ya que haga pagar a los ricos lo que deben, sino que suponga la propuesta diferente que se necesita. Como calcular el presupuesto según las necesidades ciudadanas y satisfacción de derechos, así como la oferta de servicios públicos irrenunciables, y determinar entonces la progresividad de impuestos precisa para atender ese presupuesto. Lo que se denomina suficiencia fiscal.

Habrá que empezar a luchar por una verdadera reforma fiscal, que no es cuestión de “expertos” sino exigencia política de la ciudadanía.

El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y EEUU, una seria amenaza

No se informa ni se comenta públicamente. Pero los gobiernos de la Unión Europea y EEUU negocian en el más absoluto secreto un tratado de libre comercio entre ambas potencias. Lejos de luz y taquígrafos, casi inexistente para periódicos e informativos de radio y televisión, solo los gobiernos y algunas multinacionales saben qué se cuece.

Cuando se ha filtrado algo al rtespecto, solo se ha hablado de las grandes ventajas del tratado. Como aumentar un 1% el PIB de la Unión Europea, 110.000 millones de euros para las haciendas europeas y 95.000 millones de dólares para la de EEUU… Cálculos de macro economía en los que nunca figuran impactos negativos laborales, sociales o medioambientales.

No hay tales ventajas y beneficios como pretenden pues disponemos de precedentes esclarecedores. En América Latina, en los noventa, EEUU quiso establecer un área de libre comercio con Centroamérica y Sudamérica. Con el mantra del libre comercio que todo lo enriquece, ese multilateral tratado, que no se logró, era imponer el credo neoliberal, las nefastas medidas del Consenso de Washington. Políticas para el descarado beneficio de las élites económicas y financieras.

Al no conseguirlo, EEUU negoció y firmó tratados bilaterales con Colombia, Perú, Chile y un tratado con México y Canadá. Como dan fe las hemerotecas, este último tuvo consecuencias devastadoras para los sectores agrícola e industrial mexicanos, provocó una intensa y abundante migración de México hacia EEUU y limitó las posibilidades de desarrollo de aquel país. No le fue mucho mejor a Perú, Colombia y Chile, que han visto crecer sus cotas de desigualdad y no eliminan la pobreza histórica.

Para conocer qué puede significar el tratado de Europa con EEUU, disponemos además de un antecedente próximo; la negociación del tratado de libre comercio de EEUU con once países costaneros del Pacífico, desde Japón hasta Nueva Zelanda.

WikiLeaks ha conseguido y publicado un borrador de ese Tratado de Asociación Transpacífico y no pinta bien. Para empezar, pretende que los servidores de Internet actúen como policías y jueces que eliminen contenidos de la Red si parecen perjudican los derechos de autor. Más una especie de tribunales internacionales en defensa de tales derechos que ignorarán las soberanía y tribunales nacionales.

En ese tratado, EEUU pretende implantar las posturas más reaccionarias sobre propiedad intelectual así como su perversa aplicación en la industria farmacéutica. De lograrlo, el tratado Transpacífico provocará un aumento de precio de muchos medicamentos e impedirá el acceso universal a ellos. Incluso pretenden que se patenten procedimientos médicos; es decir, intervenciones quirúrgicas o métodos de diagnóstico serían propiedad de alguien y no podrían ser utilizados universalmente por los centros sanitarios públicos, salvo que paguen a la entidad o empresa dueña de la patente.

Hay mucho más, pero sirva lo dicho como botón de muestra.

En Europa, la Comisión Europea reconoce el dañino impacto comercial que provocará el tratado de libre comercio en los sectores de producción de carne, fertilizantes, bioetanol, azúcar, maquinaria eléctrica, equipos de transporte, metalurgia, productos de madera, papel y comunicaciones. Según la práctica y lógica neoliberales, esos sectores aplicarán duros ajustes para competir con EEUU, ajustes que se traducirán en millones de trabajadores al paro.

Además EEUU quiere eliminar o reducir severamente las leyes de protección social y del medio ambiente, más exigentes en Europa. Por no hablar de la grave amenaza del tratado para la libertad de expresión en Internet a cuenta de la presunta protección de los derechos de autor.

Y, aún peor, el tratado crearía un arbitraje especial para atender las demandas de las corporaciones e inversores internacionales contra los gobiernos europeos cuando consideren que tienen menos beneficios por culpa de sus leyes de salud pública, medio ambiente o protección social. Sin olvidar un estudio de Thirlwall y Penelope Pacheco-López que muestra que “no hay evidencia de que los tratados comerciales hayan mejorado la vida de los ciudadanos de los países firmantes“. ¿Entonces?

Por más que se vista de seda, el Tratado de libre comercio entre la Unión Europea y EEUU (como el Transpacífico, como el de México) busca la total desregulación e intocable libertad para las corporaciones multinacionales en su insaciable búsqueda de beneficios.

Lo ha dicho Stiglitz: una zona de libre comercio entre EEUU y Europa significa un comercio desigual y predador al servicio de la élite económica. En Costa Rica, una gran movilización social impidió la firma de un tratado bilateral de comercio. Ese parece el camino, aunque no sea fácil.

Cuando el libre comercio es mentira y explotación

¿Cómo les suena que una multinacional tabaquera demande a dos estados soberanos porque le obligan a poner en las cajetillas que el tabaco es malo (como está archidemostrado)? ¿O que una petrolera demande a una república porque un tribunal de la misma la condenó a limpiar los muchos residuos tóxicos que vertió en la Amazonia durante años? Ha ocurrido. Las demandantes son Philips Morris y Chevron; los demandados, Uruguay y Ecuador.

¿Y qué pensar de un estado soberano al que no dejan establecer un mínimo control de capitales? Es Chile, que no puede controlar los capitales que se mueven en su territorio por prohibírselo un acuerdo comercial con Estados Unidos. También han esgrimido un acuerdo comercial Chevron y Philips Morris para sus indecentes e ilegítimas demandas.

Estados Unidos ha firmado acuerdos comerciales bilaterales con catorce países y actualmente negocia otros más con países del Pacífico. Con la Unión Europea negocia un magno Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversiones, el mayor acuerdo comercial de la historia. En aras del libre comercio, dicen. Y, al igual que en la negociación del Pacífico, Estados Unidos ha impuesto el secreto de las negociaciones. Y el secreto nunca augura nada bueno. Nunca.

El tratado de libre comercio de Estados Unidos más conocido es el firmado con México. Teórica solución de problemas de México, la realidad fue otra. Se destruyeron empleos en México y también en Estados Unidos y el acuerdo benefició de verdad a grandes empresas de ambos países, en perjuicio de la clase trabajadora. Y así ha ocurrido en todos los países que han firmado acuerdos comerciales bilaterales.

Desde hace décadas, los países ricos ya no suelen ocupar militarmente los mal llamados países en desarrollo para colonizarlos. La ocupación militar para disponer de materias primas baratas y recursos naurales ha sido sustituida por tratados comerciales bilaterales. Mano de santo. Aunque quien más tratados ha firmado, Estados Unidos, ha invadido manu militari varios países.

La razón de ser de los tratados, aunque lo maquillen o disfracen, es apoyar a las grandes empresas en los países receptores frente a las actuaciones de sus gobiernos. Como explica Ivan Ayala, esos tratados son sistemas jurídicos paralelos para que las multinacionales puedan incumplir las leyes nacionales. E impongan sus disolventes condiciones a la política económica del país receptor. Los tratados dicen establecer mecanismos para resolver conflictos entre estados y empresas, pero el auténtico objetivo es crear entidades de arbitraje que tramiten las demandas de las empresas contra los estados, falladas mayoritariamente a favor de las empresas. Unos arbitrajes lejos de cualquier control democrático, por supuesto.

Ahora, ante la muy elevada probabilidad de que se firme el acuerdo comercial entre EEUU y la UE, los lobbies de grandes empresas y corporaciones ya van a saco contra la que ellos llaman “politización de acuerdos comerciales“. Es decir, contra  la posibilidad de que los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo legislen protegiendo a la ciudadanía y al medio ambiente.

Lobbies que en Europa defienden intereses de IBM, Deutsche Bank, Vodafone, Telefónica…, por ejemplo, se oponen frontalmente a que en el acuerdo comercial se incluya la protección de derechos humanos y laborales. Porque lo que busca ese tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea es que los beneficios de las grandes empresas prevalezcan sobre los derechos de la ciudadanía, la preservación integral del medio ambiente o la seguridad alimentaria. Por eso, el acuerdo comercial resultante propiciará montones de muy caras demandas de empresas contra estados, además de vaciar aún más de contenido democrático a Europa.

Por otra parte, Ivan Ayala ha escrito (citando un riguroso estudio de Thirlwall y Penelope Pacheco-López) que “no hay evidencia de que los tratados comerciales hayan mejorado la vida de los ciudadanos de los países firmantes“. Y sí de lo contrario, podríamos añadir. La dicha liberalización comercial solo ha hecho crecer a los países ricos, China, India y algún otro, pero la mayoría de países ha ido a peor. De hecho aumentaron los pobres en todos ellos, excepto en China. Y eso sin ahondar en la evidencia de que las comisiones internacionales de arbitraje no son nada fiables sinó todo lo contrario. Porque tienen también una puerta giratoria: sus presuntos “jueces” (que no lo son de verdad) han sido antes abogados de los lobbies empresariales que demandan a los estados. Y al revés.

Cabe preguntarse pues, como ha escrito Vicenç Navarro, por qué aparece tan poco (o nada) en los medios informativos la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Esa oscuridad informativa (que conviene a la minoría rica) es altamente perjudicial para la ciudadanía que se juega mucho. La aplicación del acuerdo tendrá un impacto muy negativo en los derechos, la justicia, el bienestar y una vida digna de la mayoría de ciudadanos.

En cualquier caso, como ha escrito Joseph Stiglitz, sabemos que las negociaciones para crear una zona de libre comercio entre Estados Unidos y Europa no pretenden tal cosa, sino imponer un comercio dirigido al servicio de los intereses de la minoría económica que ha dominado la política comercial de Occidente.

Si la ciudadanía no se espabila e impide ese acuerdo comercial, lo pagará caro.