Propiedad, multinacionales y derechos humanos

M, vecino de Hospitalet de Llobregat, en España, fue despedido. Está casado y tiene una hija. La crisis. Agotó el subsidio de desempleo y luego sólo logró una pensión de 300 euros por sufrir depresión al no encontrar trabajo. No podía pagar el alquiler y ocupó con su familia un piso vacío de protección oficial en el municipio citado. El piso ocupado era propiedad de la Generalitat de Cataluña, que, lamentablemente, actuó como cualquier empresa privada a la búsqueda de beneficios. Adigsa, empresa pública que administra pisos de protección oficial, le pidió 9.000 euros a M por alquileres y, como no podía pagar, le anunciaron que lo desahuciarían, que lo echaban a la calle, vamos.

M pidió un mes de demora, pero le dieron la callada por respuesta, entonces fue al ayuntamiento de l’Hospitalet y pidió que los alojaran en un albergue, porque en la calle hacía mucho frío. No le atendieron. Un día antes del desahucio, a las cinco de la tarde, M salió de su casa con una cuerda al hombro y se ahorcó en el parque de las Setas del barrio del Gornal en Hospitalet de Llobregat.

En el primer año de la llamada crisis, con recortes, despidos y aumento creciente de desempleo, se iniciaron miles de desahucios. La gente perdía el empleo, no podía pagar la hipoteca o alquiler de la vivienda y los desahuciaban. A la calle. Entre 2008 y 2012, según informe de la Plataforma de Afectados por le Hipoteca (PAH) hubo casi 245.000 expulsiones de sus viviendas de gente, tanto por impago de hipoteca como de alquiler. Y, en el Reino de España, hubo en los primeros meses de crisis más de cuarenta suicidios asociados a desahucios, algunos, para que no hubiera dudas dejaron notas que explicaban la razón de recurrir a tan desesperada medida: quedarse en la calle. ¿Para qué demonios sirve la vigencia legal del derecho a la vivienda, a la vida digna que incluye, si se pasan por el arco del triunfo los derechos de la gente?

Tal vez el error fue incluir también en la Declaración de Derechos Humanos el derecho a la propiedad privada en el artículo 17. Sin matices ni aclaraciones. Como una patente de corso, pues parece incuestionable que empezaron los problemas cuando hace miles de años alguien marcó un espacio de tierra y dijo: Esto es mío. Desde entonces los derechos a una vida digna, al sustento, al trabajo a un techo digno… no casan con ese derecho a la propiedad.

¿Hay alguna razón digna de ser escuchada para que la propiedad sea prioritaria sobre el derecho a la vivienda y a la vida digna?

Vistas las maniobras para vaciar la democracia por grandes empresas y corporaciones, como aprobar los tratados bilaterales TTIP, CETA, TTP…, es evidente que han declarado la guerra a los derechos humanos de la gente. Relacionar desahucios y suicidios pudiera ser considerado extremo, pero esclarece responsabilidades y muestra la calaña de la depredación global que algunos insisten en llamar crisis. Es saqueo puro y duro. La mayoría ciudadana forzada al servicio de una obscena minoría. El imperio de la codicia sin freno.

Amenazas sobre la gente, tanto o más graves que lo narrado, se ciernen contra los derechos humanos de mucha gente y la protección de la Naturaleza. ¿Olvida esa minoría codiciosa que solo tenemos esta Tierra y sus recursos son limitados? Y no vale proponer emigrar a Marte, no por no factible (al menos todos o muchos), tampoco deseable, puestos a ser sinceros. Además, resolver los problemas de aquí en otro espacio suena a creencia religiosa; es la vieja fantasía de aguantar aquí y ser felices en otra vida mejor.

Pero aterrizando, son amenazas contra la gente y la Tierra los planes mineros, forestales, energéticos, eólicos, hidroeléctricos, termoeléctricos… en muchos países del antaño denominado Tercer Mundo. Planes de corporaciones denunciados por la ciudadanía, entidades indígenas y otros actores. Proyectos que supondrán obscenos beneficios para una reducida minoría de accionistas, ejecutivos, cómplices académicos, mediáticos y políticos, pero son un verdadero saqueo para la mayoría de ciudadanos en América Latina, África, Asia…

En la confrontación entre poder económico y derechos humanos de la gente, hay que estar con la gente. Otra opción sería ser cómplice de una injusticia repugnante y del desastre que nos amenaza.

La desigualdad creciente indica que algo va francamente mal

En España, tras las elecciones municipales de hace un mes, los nuevos gobiernos locales del cambio ya trabajan para la gente común. Para empezar, encuentros con cúpulas bancarias para frenar desahucios y planes de emergencia social para dar de comer a niños que han acabado el curso y ya no disponen de comedor escolar. Entre otras medidas. Pero al mismo tiempo, Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, insiste en que las ‘reformas’ que ha perpetrado su gobierno ya dan sus frutos. Reformas que son retrocesos sociales en servil aplicación de la austeridad y recortes sociales que imponen la Unión Europea, BCE y FMI. Y añade Rajoy con la boca pequeña que “hay mucha gente a la que todavía no han llegado los efectos de esta política económica, pero llegarán”.

No se sabe si es cinismo sin más o la peor ceguera; la del ciego que no quiere ver. O tal vez pretenda engatusar a los dos millones y medio de ciudadanos que han dejado de votar a su partido en las recientes elecciones. Porque la cruda y documentada realidad es que desigualdad y pobreza crecen a marchas forzadas en el Reino de España. La gente lo sabe porque lo sufre.

El año pasado fue el quinto consecutivo en el que disminuyeron los ingresos de las familias en ese país, cuya capacidad de consumo (o demanda, si prefieren) “esta casi agotada” según explica Marcos Peña, presidente del Consejo Económico Social, órgano consultivo del Estado. Porque la capacidad de demanda o consumo es hoy de supervivencia, ha remachado.

De la deteriorada situación de gran parte de la ciudadanía española da fe, por ejemplo, que el 42% de usuarios pase apuros para pagar el recibo de la luz, además de otras estrecheces. Como no poner la calefacción en invierno o a menor temperatura para gastar menos. Así lo indica un estudio de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.

Y, si atendemos al derecho a vivienda digna (artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 47 de la Constitución española), cientos de miles de personas han visto vulnerado ese derecho en España, como denuncia Amnistía Internacional en su documentado informe “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España”. ¿Quién se perjudica y quien se beneficia en tal situación injusta? Solo son algunas muestras, porque la brecha entre pobres y ricos tiene muchas caras. Bastantes más.

Incluso el FMI advirtió hace un tiempo que España es el país europeo donde crecen más las diferencias entre pobres y ricos. Pero ahora es la OCDE la que constata que este país es donde más aumenta la desigualdad. Y, mientras en el Reino de España la pobreza aumenta en más de un millón de personas y ya afecta al 27% de población (según Red Europea contra la Pobreza), el informe anual de riqueza en el mundo de Capgemini indica que aquí la gente con gran patrimonio ha aumentado unas cincuenta mil personas en siete años. Son 178.000 ricos. La crisis y la política económica presuntamente en contra los han enriquecido. Pero el país está habitado por 46 millones y medio de personas y solo se benefician de verdad de esas políticas un minúsculo 0,04 %.

Junto al mezquino porcentaje de nuevos ricos, quienes sufren privaciones materiales severas han crecido un 28%, al tiempo que se duplican las personas que viven en hogares sin empleo alguno o insuficiente. Y muy escasos ingresos, cuando los hay. El resultado es que casi 13 millones de ciudadanos viven en riesgo de pobreza; algo más del 27% de población. Y otro hecho muy alarmante. En España tener empleo no garantiza una vida digna: casi el 12% de personas pobres tienen trabajo remunerado, pero no salen de la pobreza. Algo que tal vez tenga que ver con que el 19% de la población del Reino de España posee el 56% de la riqueza del país, y el 81% se reparten también desigualmente el 44%, según el Global Whealth Report de Credit Suisse. O que en 2016, según informe del mismísimo Foro de Davos, un 1% de población, el más rico de la Tierra, acumulará tanta riqueza como el restante 99% del planeta.

Algo va francamente mal.

Pretender que hay recuperación, un insulto para quienes sufren la crisis

Hace unos días, en el Museo Guggenheim de Bilbao, en una reunión de poderosos de la economía nacional e internacional, Mariano Rajoy, presidente del gobierno español y del PP, proclamó la salida de la crisis, la recuperación de España y la vuelta al crecimiento. El anuncio fue jaleado por representantes del FMI, OCDE, Comisión Europea, Eurogrupo y medios de persuasión al servicio del sistema (antes llamados medios informativos).

Sin embargo, contra tan onanista auto complacencia, autobombo y discurso triunfal se alza la tozudez de los hechos, que desmontan incluso los más sofisticados juegos malabares con macro cifras económicas. ¿Por qué ahora el anuncio solemne de esa nunca vista recuperación? Porque habrá cinco elecciones en 2015 en el Reino de España. En Andalucía, municipales, autonómicas, en Catalunya y de diputados. Por eso nos venden esa descarada ficción económica, porque entramos en tiempo electoral. Para quienes se aferran al régimen bipartidista podrido cada vez más antisocial y antidemocrático, tiempo de engaño, de embuste, de exageración, de camuflaje, de disfraz, de manipulación… Pero no de verdad. En ese contexto cabe ubicar la reunión del Guggenheim y sus delirantes conclusiones.

Pero lo cierto es que no hay recuperación. Ni en pintura. Para la mayoría de población lo que hay es menos empleo, más inseguro, de peor calidad y con salarios más bajos. Al inicio de 2009 había 19 millones y medio de empleados y empleadas que cotizaban a la seguridad social y hoy la población activa solo es poco más de 16 millones setecientos mil puestos de trabajo. Sin embargo, aunque la población general se ha reducido apenas ha descendido un millón. Por tanto se ha destruido empleo.

Cuando el PP ganó las elecciones hace tres años, la protección del desempleo era 67%, pero hoy solo es 57%. Y el empleo es más precario, como demuestra que los contratos de jornada completa solo son 8% del total. Eso es un hecho. Aunque tal vez la recuperación la vean las élites en el más de medio millón de desahucios habidos en este país. O quizás esa recuperación sea la expulsión de vecinos de sus viviendas sociales en Madrid porque el ayuntamiento las ha vendido a un fondo buitre. O acaso vean la recuperación en los servicios de urgencias sanitarias hacinados, incluso con pacientes en camas por los pasillos, porque esos servicios han quedado desmantelados tras los abundantes despidos de personal. O en las aulas repletas de niños y niñas y cada vez menos profesores y profesoras. Y sigue la lista.

Aunque tal vez la recuperación sea más visible para la gran patronal en los miles de contratos-basura de la contrarreforma laboral del gobierno. Contratos por los que se trabajan treinta horas semanales por 400 euros mensuales. O consideran recuperación que haya contratados de 24 horas, despedidos y vuelta a contratar días después para ser despedidos de nuevo a las 24 horas… Todo ese trampantojo de precariedad ha generado una nueva categoría social: trabajadores pobres. Personas con empleo que necesitan ayuda para poder comer los últimos días del mes, no pueden poner la calefacción y han de vivir y dormir envueltos en abrigos y mantas. Pobreza energética lo llaman. Esa pobreza, según la Organización Mundial de la Salud, causa 7.000 muertos en invierno en España. Personas por debajo del umbral de la pobreza que, según informa Cáritas, ya son en España más de una quinta parte de población de los que casi tres millones no tienen techo o habitan en viviendas indignas. Además de que esa ciudadanía en riesgo de pobreza no cesa de aumentar. Vivir en riesgo de pobreza es no poder comer proteínas (carne, pollo, pescado) por lo menos cada tres días, no poder tener calefacción en casa, no tener lavadora ni teléfono y no disponer de unos pocos euros para gastos imprevistos, entre otras carencias graves.

Lo ha resumido el profesor José María Mella. En España, hay una caída incesante de salarios, empleo precario generalizado, pobreza desconocida desde hace tiempo, acusada discriminación de la mujer, alta desnutrición infantil, hambre, elevado fracaso escolar, reducción de inversión pública en educación y tasa de paro del 55% en jóvenes de 15 a 29 años. Pero hay aumento incesante de rentas del capital, mientras los salarios se reducen a 400 o 600 euros al mes, hay más de dos millones y medio de parados de larga duración y en 1.800.000 de familias nadie tiene trabajo…

¿Recuperación? ¿Crecimiento? Pretender que existen es insultar a la ciudadanía.

Contra un plan perverso, una ciudadanía unida

Bancos que despiden a miles; miles de millones para salvar esos bancos que, además, no dan créditos; cientos de miles de despidos en todos los sectores; desprotección creciente de desempleados; pensionistas en el punto de mira; menor salario para funcionarios públicos; 6% del PIB de evasión fiscal, amnistía fiscal para evasores de impuestos; disolución de una organización estatal contra la corrupción; seis millones de parados; la deuda pública crece considerablemente el primer año de gobierno del Partido Popular; sanidad pública privatizada, sanidad privatizada encarecida y gravemente dañada; más de 500 desahucios diarios de viviendas; cierre de escuelas, masificación de aulas escolares; cierre de centros de urgencias médicas, reducción de camas hospitalarias; cientos de miles de inmigrantes irregulares y jóvenes en paro expulsados de la sanidad pública; aumento de represión contra quienes protestan; reformas legales (Código Penal, tasas judiciales) que huelen a fascismo; aumenta la infancia y adolescencia en riesgo de pobreza y exclusión (27%); empresas medianas y pequeñas más trabajadores autónomos ahogados y sin salida; una clase media que se precipita a la pobreza… Y mentiras; mentiras, ocultaciones y manipulaciones a todas horas con la ilusa esperanza de engañar a la ciudadanía. ¡La lista de injusticias, atropellos, desmanes e iniquidades de la involución neoliberal es larga, muy larga!

Ocurre en España. Pero también en la vieja Europa con mayores o menores coincidencias. Aunque al mismo tiempo, convocadas por organizaciones sociales, plataformas, asociaciones y entidades ciudadanas, miles y miles de personas han marchado por las calles desde hace un par de años para denunciar tanta canallada. Y el 23 de febrero pasado más de un millón de personas volvieron a ocupar calles y plazas en cien ciudades españolas para enfrentarse a esta crisis-estafa, al vaciado de la democracia y a los ataques un día tras otro del gobierno y del poder económico contra los derechos de la ciudadanía.

Como desvela con documentada lucidez Susan George en “Informe Lugano II”, la minoría que controla la economía quiere liquidar la democracia para continuar obteniendo beneficios obscenos. Para eternizar el capitalismo. Pero una incontenible marea ciudadana ha ocupado ciudades contra el golpe de estado financiero; contra los ataques de las grandes fortunas y las agresiones de la minoría explotadora, culpable de tanta ruina, injusticia, indignidad, desigualdad, sufrimiento y pobreza… Una marea ciudadana contra la democracia de fachada y el autoritarismo encubierto (cada vez menos camuflado). Como millones de voces pregonan, la democracia sin participación ciudadana es una estafa y un escarnio cuando no se respetan los derechos de todos sin excepción.

Como decía Stephane Hessel (que nos dejó hace unos días), pasó el tiempo de diagnosticar lo que ocurre. Es tiempo de actuar, de que el miedo cambie de bando, de construir algo nuevo, de otra política. Sin contar con los partidos políticos de siempre, porque sería más de lo mismo. Pues con la actual arquitectura política, corrompida y al servicio de la minoría; con esos partidos, con esas leyes, con esos políticos privilegiados, es imposible alcanzar la justicia necesaria y lograr la democracia de verdad. Solo vale un cambio profundo, una transformación radical de la sociedad que vivimos y sufrimos; un proceso trabajoso, exigente y prolongado. Desde y por los movimientos sociales.

No es “populismo” ni antipolítica. Es política de verdad. Política de la inmensa mayoría. Política desde abajo, con masiva e intensa participación de la ciudadanía. Para dar ya un salto hacia adelante, para que la ciudadanía empiece a conseguir algún poder.

Arturo González escribe que las masivas mareas ciudadanas del 23 de febrero fueron las mayores concentraciones de revolucionarios de la historia. Revolucionarios porque saben que solo sirve una transformación profunda. Y eso es revolución. Pero acaso sea tiempo de ir más allá que manifestarse. No abandonar la ocupación de calles y plazas, sino avanzar. Desatar la lucha por las ideas y valores de la democracia de verdad. Y que obreros, sanitarios, profesores, estudiantes, funcionarios, empleados, feministas, ecologistas, creyentes que eligen la justicia, asambleas populares… y todos los grupos y gentes que exigen sus derechos en sectores y escenarios diferentes, se unan en una única marea cívica; un solo movimiento ciudadano. Sin jerarquía ni privilegio alguno.

Una tarea ardua, pero imprescindible. O no se avanzará.

El capitalismo no casa con los derechos humanos

En España hay en marcha más de 350.000 procesos de ejecución hipotecaria y, desde 2007, ya se han ejecutado más de 300.000. En plata: cientos de miles de personas se han quedado sin vivienda por no poder pagar la hipoteca y muchos miles más se quedarán sin hogar. Mientras tanto, hay tres millones de pisos vacíos que no se venden. Una perversa paradoja. Pero lo peor, tras quedarse sin casa, es que muchos de quienes han sufrido un desahucio aún deben grandes cantidades a los bancos.
Por ello, una reivindicación fundamental de la asociación ciudadana Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es que la entrega del piso cancele la deuda. La dación. Ahora el Gobierno del Partido Popular dice que abre la puerta a esa dación en pago. Pero es un brindis al sol. Porque no es una ley que obligue sino un código de buenas prácticas al que los bancos pueden acogerse. O no. Según la PAH, ese código es una falta de respeto hacia los perjudicados por ejecuciones hipotecarias porque, con los requisitos necesarios para poder cancelar la hipoteca entregando el piso, la inmensa mayoría de familias afectadas quedan fuera. Requisitos como que toda la familia esté en el paro, una cuota hipotecaria superior al 80% de ingresos familiares netos, la deuda enjuagable por piso a partir de cierta cantidad…  Una tomadura de pelo.
La dación en pago existe en otros países; si se implantara de verdad (no con las trampas de ese código de buen rollito del Partido Popular), ¿qué pasaría ntonces con las 300.000 personas ya desahuciadas, muchas de las cuales continúan soportando una considerable deuda hipotecaria?
Como ha denunciado Raquel Rolnik, relatora especial de Naciones Unidas por el derecho a la vivienda, el problema (que no es un problema español ni mucho menos) está en que “la vivienda se ha convertido en una mercancía para acabar siendo un activo financiero. Pero la vivienda no es un activo financiero, la vivienda es un derecho humano”.
La cuestión de la vivienda no es algo aparte como una isla. Si hay más desahucios es porque aumenta la pobreza; ya casi un 22% de población en España. Una cifra de escándalo. Tampoco es ajeno a los desahucios que millón y medio de familias tengan a todos sus miembros en paro. Además, entre quienes sufren pobreza, hay casi un millón de personas con empleo, pero aún así son y viven como pobres. Hoy los pobres aún son más pobres.
Paro, pobreza y vivienda no son solo problema de España. Por supuesto. A modo de muestrario, en Reino Unido las familias sin hogar aumentaron en 2011 un 14% y las que solicitaron ayuda tras ser desahuciadas por los bancos aumentaron un 44% el mismo año. Casi el 13% de las familias griegas no tienen ningún ingreso y desde 2008 son muchas más las personas sin hogar: hay un 25% más de ciudadanos sin techo. Miles de griegos viven en la calle, personas con buena educación que tenían casa y trabajo hoy viven a la intemperie. El paro llega al 11% en Portugal y el 20% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza… Podríamos repasar toda la Unión Europea y hallar situaciones iguales o muy parecidas. A pesar de que el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…”.

Como asegura Rachel Rolnik, la vivienda es una cuestión de derechos humanos. Pues resulta que España, como casi todos los países de la Unión Europea, ha firmado y ratificado los acuerdos y tratados de la ONU sobre derechos sociales. ¿No presumía Europa de ser la tierra de los derechos humanos? Por cierto, firma y ratificación obligan tanto que esos tratados han de hacer cambiar, en función de su contenido, las leyes nacionales. Pero no es así.
Y respecto a la obligatoriedad de los tratados de derechos firmados y ratificados, comparemos para saber de qué hablamos. Por ejemplo, ¿creen que una mujer puede estar solo un poco embarazada? Absurdo. O lo está o no lo está. Pues con los derechos humanos ocurre algo similar: se respetan o no. No hay término medio.
Un sistema que acepta tranquilamente (en realidad promueve) el empobrecimiento progresivo de la población, así como violaciones sistemáticas de derechos de cientos de miles de ciudadanos en unos casos y millones en otros es un sistema de delincuentes, un sistema gangsteril. Y tal sistema no tiene la menor legitimidad ante la ciudadanía.