Dos años de ley Mordaza en España, el autoritarismo se cierne sobre Europa

La ley de seguridad ciudadana española, motejada ley Mordaza por la ciudadanía, de la que hace unos días se cumplieron dos años de vigencia, es clara muestra del autoritarismo que se cierne sobre la Unión Europea. Un autoritarismo propiciado por la crisis y porque la minoría que detenta el poder económico la necesita para imponer sus políticas de austeridad y desguazar la democracia por medio de tratados bilaterales y bribonadas semejantes para aumentar sus beneficios incesantemente. Un autoritarismo presente en más países de la Unión, no solo España, de modo preocupante en Hungría, Bulgaria y Polonia y con retrocesos democráticos alarmantes en Reino Unido o Francia. La lucha antiterrorista (denominada hoy antiyijadista) ha sido además en los últimos años pretexto para hacer recular los derechos humanos de la ciudadanía.

Un comunicado público de Jueces y Juezas por la Democracia, la Asociación Libre de Abogados y Abogadas, Greenpeace, SOS Racismo y la Federación de Sindicatos de Periodistas ha denunciado las graves consecuencias de esa ley para los derechos humanos de la gente. El comunicado acusa a la ley Mordaza de una buscada ambigüedad que deja a la ciudadanía indefensa ante la policía. Aún peor, al reducir las antaño faltas penales a infracciones administrativas, suprime la figura del juez como garante de derechos de la gente y son los agentes de policía, cual si fueran jueces, quienes tienen la potestad de determinar qué hechos son sancionables y multar por ello. En la práctica cotidiana, esa situación supone cercenar las libertades de expresión, manifestación y reunión.

Lo que en verdad ha sucedido en el Reino de España es que, al aplicarse los enormes grandes sociales exigidos por la Unión Europea para reducir el déficit público, la respuesta ciudadana ha sido movilizarse, organizarse y protestar llenando calles y plazas. El gobierno y las élites económicas se inquietaron y alarmaron ante el volumen e intensidad de esa protesta desde mediados de 2011 y se sacaron de la manga esa ley Mordaza para frenar las movilizaciones.

Con la ley Mordaza se han disparado las cuantiosas multas a ciudadanos pacíficos por cargos tan imprecisos e inconcretos como falta de respeto a la autoridad o desobediencia a la misma. ¿Quién determina si hay falta de respeto o desobediencia a la policía? La misma policía. Esa arbitrariedad propició el año pasado que la policía impusiera casi 20.000 multas por pretendidas faltas de respeto a agentes de los Cuerpos de Seguridad y 12.000 más por desobediencia a la autoridad.

La ley Mordaza sanciona, por vía administrativa (que en realidad no permite defensa) y las multas pueden llegar a ser de 600.000 euros. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha denunciado con datos del Ministerio del Interior que se han puesto más de 285.000 multas por las que han recaudado más de 130 millones de euros pagados la ciudadanía multada. Además, Amnistía Internacional ha denunciado documentádamente el uso excesivo de la fuerza por la policía española contra manifestantes pacíficos y que muchos de esos manifestantes han sido acosados, golpeados, detenidos y enfrentados a multas e incluso a cargos penales. Mimbres de un nuevo autoritarismo.

Que la ley Mordaza era innecesaria es convicción de las asociaciones de jueces y de fiscales, además de sindicatos policiales. También catedráticos de derecho Constitucional y de derecho Penal la consideran claramente innecesaria. Que España no necesitaba ninguna nueva ley de seguridad ciudadana lo demuestra que es uno de los países europeos con las tasas de delincuencia más bajas. Además de que en las más de 4.000 manifestaciones que hubo en Madrid en 2014 (el año antes de la ley Mordaza) apenas hubo diez incidentes que no fueron graves, según fuentes de la misma policía.

La llamada ley Mordaza es un ataque sistemático a las libertades políticas ciudadanas y recuerda mucho la nefasta Ley de Orden Público de la dictadura franquista, cuya aplicación supuso años de cárcel para muchos ciudadanos y ciudadanas pacíficos que reivindicaban su derechos.

La crisis económica y la imposición de austeridad más el indecente y manido recurso al terrorismo (real, pero que tiene otras respuestas) impulsan ese autoritarismo que se cierne sobre la Unión Europea y se infiltra solapado en los Estados.

De no frenar ese taimado autoritarismo que se extiende, la democracia puede llegar a ser solo un recuerdo.

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Derechos o barbarie

Esta época es la de la mayor liquidación de derechos sociales de la población mundial. Pero esa aniquilación de derechos sociales es parte de una escabechina mayor. Todo estalló tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, atentados que le vinieron de perlas a la minoría dominante para sus planes de demolición, y ya en 2006 el lúcido analista Josep Ramoneda denunciaba que “la guerra contra el terror se ha llevado por delante los valores de la libertad individual, de la capacidad de todos y cada uno de pensar y decidir por uno mismo”. Porque el antiterrorismo se convirtió pronto en el supremo pretexto que engendró nuevas leyes que permitieron cargarse los derechos cívicos y políticos: que se pudiera detener sin garantías a cualquiera por meras sospechas y mantenerlo encerrado indefinidamente, entre otras atrocidades, además de recortes a las libertades de expresión, reunión, participación política… Nuevas normas establecidas de norte a sur y de este a oeste contra el terror (decían) que eran y son una burla del estado de derecho.

Y ocho años después, The New York Times revela que Barak Obama se reúne con altos funcionarios para decidir qué terroristas, presuntos terroristas o “combatientes enemigos” serán asesinados por drones (aviones bombarderos no tripulados) en Afganistán, Yemen, Pakistán, Somalia o Sudán. De momento solo en esos países. Los asesores de Obama reconocen que el presidente estadounidense tiene una reunión “antiterrorista” todos los martes para designar qué personas serán ejecutadas en nombre de la lucha antiterrorista. Hasta hoy, Estados Unidos ha perpetrado 268 ataques de drones. Según The Guardian, desde 2004 los drones han asesinado a más de 2.400 personas de las que más de 800 eran civiles y, de éstos, 175 niños. Estados Unidos tiene actualmente desplegados 7.000 drones.

En marzo se publicó el informe del Relator Especial de Derechos Humanos de la ONU, Christof Heyns, sobre ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias. Una denuncia de lo inadmisible de los asesinatos selectivos, porque cualquier gobierno, con el pretexto de la lucha antiterrorista podría matar a cualquier persona en cualquier lugar, si la acción antiterrorista justificara todo y pudiera estar por encima de los derechos humanos. Que no lo está.

Inaceptable porque, con acciones como las ejecuciones por drones, los gobiernos se convierten en fiscales, jueces, jurados y verdugos. Inaceptable porque la acción homicida de los drones aniquila los derechos humanos de presunción de inocencia, juicio justo por tribunal imparcial y defensa. Y los derechos humanos no son de quita y pon. Siempre están vigentes y no admiten excepciones.

Human Rigths Watch ha denunciado la condescendencia y tolerancia de Estados Unidos y la Unión Europea con Estados autoritarios disfrazados de democracia y Estados que violan gravemente derechos humanos. Estados como Rusia, Pakistán, Bahrein, Jordania, Irak, Nigeria, Rusia, China Tailandia, Colombia, Etiopía, Arabia Saudí, Vietnam o Israel. Por no recordar, como ha denunciado Nuno Vieira, presidente del Consejo Europeo de Medicina Legal y asesor de la ONU, que también ocurren cosas terribles en países democráticos y que casi ningún país puede decir que no aplica tratamientos crueles a detenidos ni que es ajeno a la tortura.

Mientras tanto, continúan el sufrimiento y empobrecimientos de las clases asalariadas europeas. En Europa crece la pobreza y aumentan las personas que deben elegir entre una comida al día o caldear la casa, pagar la hipoteca o comer. En 2009 había en la Unión Europea más de 115 millones de personas pobres (23% de la población), cuando en 2007 eran 85: en dos años, 30 millones de pobres más. Y además, esos pobres son más pobres. Pero los gobiernos europeos continúan con sus políticas suicidas de recortes presupuestarios que son como cerrar hospitales en una guerra.

Violación sistemática de derechos cívicos y políticos, violación sistemática de derechos sociales y económicos; es decir, violación sistemática de derechos humanos. Esta es una época de barbarie hipócrita, de violación sistemática y sistémica de los derechos de la inmensa mayoría.

Lo inaudito e insoportable es que la casi totalidad de los 196 estados del mundo han firmado y ratificado la declaración de derechos humanos y la mayor parte de leyes internacionales derivadas de ésta; lo que significa que la Declaración de Derechos Humanos los obliga. Una declaración que afirma en su primer artículo que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. ¿Tienen idea de lo que significa esa frase y a lo que obliga?

La Declaración Universal de Derechos Humanos de ningún modo puede ser jamás papel mojado. O la barbarie se habrá instalado en el mundo para no dejarlo nunca.

Como siempre, la ciudadanía tiene la respuesta. Le va la dignidad, la libertad y la justicia en ello.