El vaciado de la democracia, una exigencia neoliberal

Recortan presupuestos sociales, privatizan servicios públicos y amedrentan con la deuda como modo de dominio, como se comprueba con amplitud en el caso de Grecia. Además vacían la democracia, porque así lo exige ese saqueo neoliberal que es la vigente política de austeridad en la Unión Europea. Pero además, las élites que nos castigan tienen la obscena desfachatez de pretender ser defensores de la libertad. Sí, pero solo la del capital.

En el Reino de España, al inicio del movimiento ciudadano del 15 M, más de doscientos intelectuales, artistas, profesores universitarios y dirigentes sociales ya denunciaron la persecución y criminalización de ese movimiento social. Represión, arbitrariedad policial, uso excesivo de fuerza, además de detener y encarcelar a manifestantes pacíficos. Esa situación, que empezó hace unos cuatro años, empeora. Hoy, los juzgados acumulan docenas de expedientes contra centenares de trabajadores y representantes sindicales por manifestarse o ir a la huelga. Además los fiscales piden cárcel para unas decenas de pacíficos ciudadanos y ciudadanas cuyo ‘delito’ ha sido protestar y oponerse a las políticas de austeridad. También hay trabajadores y trabajadoras que podrían entrar en prisión y alguno ya está encarcelado por ejercer sus derechos sindicales. Como en la dictadura franquista.

Democracia es más que votar cada cuatro años. Mucho más. Puede haber votaciones y, sin embargo, también autoritarismo. El autoritarismo del Partido Popular se manifiesta de modo especial en el sistemático desprecio de los derechos de la ciudadanía y en el recurso cada vez más frecuente de recurrir a la policía porra en mano contra la ciudadanía, como en el caso de los desahucios. El informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa de 2014 ya denunció con dureza la actuación del gobierno, así como el uso de la crisis como pretexto, para violar derechos fundamentales de la infancia, de la gente mayor y de las personas que dependen de otras. Por ejemplo. También constató la creciente criminalización de la ciudadanía que protesta.

Sin olvidar torturas y malos tratos a personas detenidas y bajo custodia policial. En España ha habido desde 2004 más de 6.600 casos de tortura y malos tratos policiales. Expertos en derechos humanos denuncian que el gobierno no toma medidas para evitar las torturas ni tampoco para castigarlas. Manfred Nowack, relator especial de Derechos Humanos de la ONU, ya denunció la falta de voluntad política del gobierno español para acabar con torturas y malos tratos a detenidos. Amnistía Internacional ha denunciado con detalle en tres informes numerosos casos de torturas en España desde 2007 y asegura que “además de malos tratos y torturas, hay impunidad para los torturadores”.

Para los más viejos del lugar, que sufrieron la dictadura franquista en vivo y directo, el panorama huele cada vez más a fascismo rancio, a neofranquismo.

Más aún, una sesentena de catedráticos de Derecho Penal de más de treinta universidades públicas españolas han publicado un manifiesto muy crítico contra la reforma en marcha del Código Penal. También jueces, fiscales y abogados critican con dureza ese nuevo Código así como la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’. Coinciden todos en que el gobierno y sus agentes criminalizan a la ciudadanía y violan sus derechos. Jueces por la Democracia considera además que la reforma penal es ilegítima, porque los delitos del país muestran que no es necesaria. Según Eurostat, España es uno de los países más seguros y menos violentos de Europa. De lo que presume el ministro de Interior; el mismo que ha promovido la autoritaria reforma del Código Penal y la no menos fascistoide ‘ley mordaza’. Ergo este gobierno neoliberal autoritario del Partido Popular no  busca la seguridad de la gente común, sino la represión legalizada de la ciudadanía que se opone y resiste sus políticas de austeridad.

España sí es un caso paradigmático de autoritarismo, aunque no único. La clase dirigente política europea, al ya evidente servicio descarado del poder financiero, vacía la democracia. Ignoran olímpicamente a la ciudadanía y siguen con sus austeridades y saqueo haciendo oídos sordos a las clamorosas reivindidaciones ciudadanas.

No cabe duda de que los poderes europeos, gobiernos incluidos, no necesitan por ahora fascistas en escuadras de la porra para socavar el sistema democrático. Prescinden de la ciudadanía, violan sus derechos una y otra vez y la reprimen con dureza cuando resiste y protesta. Vacían la democracia porque la reducen a un decorado, una liturgia, una farsa.

Ese vaciado de la democracia conduce a Europa a un autoritarismo real y la convierte en un mal chiste. Porque la democracia no es una meta, sino el camino. O no hay democracia.

Porque decimos que nos llevan a un régimen autoritario

 

Hechos. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas exigió al Estado español que investigará de una vez los cientos de miles de desapariciones forzadas del franquismo. Porque son 133.000 desaparecidos, según Amnistía Internacional y Naciones Unidas. España es el segundo país del mundo en desaparecidos forzados tras la Camboya de los jemeres rojos. Mucho más que Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay juntos bajo las dictaduras militares.

Hechos. La ONU también reclamó procesar a los responsables del franquismo de desapariciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero el Gobierno Rajoy ha hecho oídos sordos (como hizo el del PSOE) y las víctimas de la dictadura franquista han tenido que ir a Argentina para encontrar justicia, bajo la tutela de la jurisdicción universal para los crímenes de guerra proclamada por la legislación internacional.

Más hechos. Manfred Nowack, relator especial de Derechos Humanos, ha criticado la falta de voluntad política para acabar en España con torturas y malos tratos a detenidos por policías. Amnistía Internacional ha denunciado torturas y malos tratos en España desde 2007 en tres completos y rigurosos informes. Y asegura que “no sólo hay malos tratos y torturas, sino impunidad de los torturadores”.

Todo huele a autoritarismo, pero aún hay más desmanes. Un nuevo Código Penal y una Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno Rajoy que jueces, fiscales, catedráticos de Derecho, abogados, oposición y movimientos sociales critican con dureza. Porque criminalizan a la ciudadanía y violan sus derechos. Incluso el Consejo del Poder Judicial lamenta que este Gobierno supere a Franco y Primo de Rivera, pues va más lejos que esos dictadores, que nunca introdujeron la cadena perpetua en el sistema penitenciario. Y el PP sí lo hace, aunque la maquillé denominándola “prisión permanente revisable”.

Para Jueces por la Democracia, esa reforma penal propuesta es ilegítima, porque la realidad de los delitos en el país no pide aumentar las conductas a castigar ni las penas. Las tasas de delitos disminuyen desde hace más de 10 años y, según Eurostat, España es uno de los países más seguros y menos violentos de Europa. Esta reforma es ilegítima por innecesaria y por crear un nuevo delincuente: el disidente político. Y eso solo ocurre en los regímenes autoritarios. Incluso desde la conservadora Asociación de Jueces Francisco de Vitoria sostienen que las propuestas de reforma penal “atentan contra derechos fundamentales de las personas, criminalizan conductas sociales y tienen un contenido marcadamente ideológico y político

Avanza el autoritarismo cuando destacados dirigentes del PP, como Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, afirma que la ley es muy permisiva con los derechos de reunión y manifestación. Y quiere “modularla”. ¿Permisiva? ¿Modularla? Quieren hacer ilegal la protesta ciudadana para reprimirla a placer. Como hizo la dictadura franquista.

Pero no solo de represión viven los autoritarios. Defienden a capa y espada sus intereses de clase. Según el fiscal Anticorrupción Luzón, en el nuevo Código Penal no hay voluntad política de acabar con la corrupción. La reforma -denuncia- creará amplios y peligrosos espacios de impunidad y será más difícil combatir la delincuencia organizada y la corrupción.

Si añadimos que la Fiscalía actúa para librar al PP de delitos por su caja B, se opone a que Rajoy declare en el caso Bárcenas, no investiga la destrucción de los discos duros del imputado ex-tesorero Bárcenas y se querella contra el juez Silva que envió a prisión al ex-presidente de Caja Madrid (muy amigo de Aznar), el escenario resultante es el propio de un régimen autoritario y bananero.

La minoría económica que tiene el poder provocó la crisis. Pasado el susto inicial, decidió que era buena ocasión para cargarse el llamado estado de bienestar y convirtió la crisis en saqueo. Con el pretexto de la falsamente necesaria austeridad. Pero la gente reaccionó. Y la minoría empezó a vaciar la democracia, ya muy tocada. Se pasaron por el arco de triunfo la soberanía de los países, colocaron a sus tecnócratas en los gobiernos y forzaron a tirar por el retrete los compromisos electorales. Y gobernó la Troika. Mientras tanto se violaban y violan derechos cívicos, políticos, económicos y sociales de la gran mayoría ciudadana. Pero como la gente no se quedó quieta (aunque aún no ha reaccionado cuanto se debiera), ahora toca represión.

En esas estamos. No solo en España. En toda Europa cuecen habas represivas. También en Alemania. Parte de la ciudad de Hamburgo ha sido puesto en estado de excepción para que la policía, identifique, registre y detenga cuando quiera. Así responden las autoridades a la magna protesta ciudadana contra el cierre de un centro cultural. Por ejemplo.

La hoja de ruta es diáfana, según denuncia la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas. El objetivo del Gobierno, en nombre de la clase económica dominante a la que sirve, es el control férreo de la sociedad con la progresiva supresión de libertades y derechos hasta un estado autoritario de facto en el que prime el control, la vigilancia y la represión. Mientras la minoritaria clase dominante financia un aparato mediático, ideológico, jurídico, y social para simular que actúa por interés general y no de clase.

Pero cuando aumenta la protesta y la desobediencia civiles, el paso siguiente es ya quirúrgico. Se recortan libertades y derechos ley en mano para amedrentar a la ciudadanía disidente y frenar o reducir la protesta. Y el estado autoritario está más cerca con el pretexto de la paz social. Hay datos que lo demuestran. En los Presupuestos Generales del Estado del Reino de España para 2014, por ejemplo, la partida para seguridad ciudadana ha aumentado un 1,8% (5.264 millones €), cuando en los otros Ministerios se ha reducido el gasto 4,7% de media.

Es diáfano. Con la contra-reforma del Código Penal, la de Seguridad Ciudadana, la Ley de Seguridad Privada (100.000 seguratas podrán identificar, registrar y detener), la futura Ley de Huelga que recortará ese derecho y la Ley de Tasas (que impide el acceso universal a la justicia porque sale caro), se pretende acabar con la protesta ciudadana. Y al mismo tiempo crear un marco de impunidad que convierta en letra muerta las garantías constitucionales de ciudadanos y ciudadanas y establecer de hecho un estado autoritario, jurídicamente justificado. Pero ilegítimo, claro.

El reto ahora es lograr que una mayoría ciudadana pierda el miedo. Para que las cosas cambien.

Los medios de comunicación, cómplices necesarios de la crisis-estafa

La crisis-estafa avanza. Crece la protesta ciudadana y también la represión. Y la criminalización de la ciudadanía indignada y pacífica. En todas las fases de la crisis-estafa, los medios de comunicación han sido y son cómplices necesarios de la misma y del actual estado de cosas. La mayoría de medios.

Actualmente, desde Grecia a España, contribuyen a criminalizar a la ciudadanía resistente. En España, un grupo de indignados llamó, con escasa visión política, a asediar el Congreso de los diputados hasta que el gobierno dimitiera. Ingenuo, pero no violento. Estar ahí y esperar. Según la Asociación de Madres contra la Represión, el gobierno puso en marcha un plan para criminalizar a los manifestantes de esta convocatoria con detenciones preventivas antes de que ocurriera nada. Así fue. Con la complicidad de los medios de comunicación.

Semanas antes los voceros oficiales y espontáneos del partido del gobierno dispusieron de prensa, radio y televisión para tildar de ‘nazis’ y ‘proetarras’ a los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, quizás la más eficaz, democrática y exitosa asociación ciudadana contra la crisis-estafa. Pues han convencido al país de que desahuciar a los insolventes que no pueden pagar su hipoteca, sin ofrecer alternativa alguna, es inaceptable y antidemocrático.

Peligrosos, violentos, totalitarios y antidemocráticos son adjetivos que abundan en boca de portavoces y muñidores gubernamentales para designar a los activistas ciudadanos contra la crisis-estafa. Con la colaboración de los medios, que no se olvide. Los medios pretendidamente informativos reproducen sin duda ni contextualización de los hechos los escasos episodios con alguna violencia, hechos que magnifican, sin indagar (ni referirse a la provocación de muy probables infiltrados), que aportan la violencia a las movilizaciones ciudadanas. En una gran manifestación cívica del 23 de febrero, las entidades ciudadanas promotoras se desmarcaron con contundencia de los episodios de violencia que hubo al finalizar y denunciaron la actuación comprobada de indeseables infiltrados.

En toda Europa, los medios maquillan u ocultan la delictiva e injusta crisis-estafa. Y, para rematarlo, repiten con cargante insistencia las falacias neoliberales; que las pensiones públicas son inviables; que hay que ganar la confianza de los mercados; que hay que rescatar la banca para la recuperación económica; que las reformas laborales crean empleo… En Europa, los medios repiten hasta la nausea que nada es más importante que rebajar el déficit de los estados. Con austeridad para lograrlo. Los medios también ocultan o tergiversan hechos en Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina o Brasil. Porque esos países han osado hacer un corte de manga a los dogmas neoliberales y se preocupan por combatir de verdad la pobreza y repartir algo mejor la riqueza. Algo que no pueden soportar, porque les desmonta el tinglado.

Pero nada sucede porque sí. Desde 1971, el capitalismo tiene un plan de actuación. Es el Memorando confidencial. Ataque al sistema americano de libre empresa que Lewis F. Powell escribió a instancias de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, pero que se pretende válido para todo occidente. En ese memorando de seis mil seiscientas palabras, Powell explicó que universitarios, periodistas, intelectuales, artistas y científicos eran una amenaza para el capitalismo. Para marginarlos y persuadir a la ciudadanía de que el capitalismo es el único sistema posible, propuso que el capital iniciara una potente contraofensiva política y cultural. Para recuperar el dominio de clase debilitado tras treinta años de políticas sociales. Una ofensiva desde las escuelas, universidades y medios informativos. Y eso ejecutan desde hace cuatro décadas.

Porque la censura tradicional ya no es útil a la minoría rica y dominante. Prefiere desinformar, manipular noticias y hacer propaganda machacona del dogma neoliberal. Ocultación y manipulación de la realidad buscan también la impunidad de la minoría rica y sus servidores para evitar que rindan cuentas por su responsabilidad en los crímenes económicos contra la ciudadanía y el aumento de la pobreza y la desigualdad. Este estado de desinformación vigente pretende persuadir de que no hay nada qué hacer; que esta

Y para lograrlo, los medios son imprescindibles; cómplices necesarios de la minoría dominante. ¿Qué tiene la ciudadanía a cambio? La razón, la voluntad de cambio, la organización ciudadana. Y la Red, a pesar de los pesares.

Contra la protesta de la ciudadanía, la deriva autoritaria

Amnistía Internacional, en su reciente informe anual sobre derechos humanos en el mundo país por país, insiste que en España la policía ha usado la fuerza con exceso contra manifestantes convocados por el 15-M. Amnistía denuncia, por ejemplo, que algunos policías golpearon con dureza inusitada a manifestantes pacíficos en Barcelona y Madrid. Ambos usos excesivos de fuerza están documentados; cientos de imágenes en la Red así lo atestiguan.

Fuerza excesiva policial no solo en Madrid y Barcelona el 2011, también en ambas capitales y otras ciudades este año, cuando se inició el movimiento de protesta de los indignados. Personas arrestadas en Madrid fueron golpeados por policías al manifestarse, al ser trasladados a comisaría y también en ésta. Imágenes de vídeo (incluso de la propia policía) no se prestan a error: agentes de la policía, sin identificación visible, golpean con dureza a manifestantes pacíficos y les disparan pelotas de goma.

La web del Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario entre los asalariados policiales, reconoció también el uso excesivo de fuerza en la actuación policial al recordar que “la Constitución española contiene los derechos consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos. El cumplimiento de esos derechos es obligatorio, consustancial a la condición de policía, y ni siquiera una orden superior puede hacer que sean vulnerados porque cualquier orden así sería ilegal y no ha de ser cumplida. Quienes se han extralimitado en sus funciones de policía han vulnerado los principios de actuación policial, han desahogado sus bajos instintos o complejos y han perjudicado a todos los miembros de esta profesión.

Aunque acaso no sea solo uso desmedido de fuerza. Joan Martínez Alier ha escrito que “oyendo el ruido de helicópteros de la policía sobre Barcelona intimidando a los manifestantes, en la pasada reunión del Banco Central Europeo en esa ciudad, pensé en la doctrina del shock de Naomi Klein. Se reducen salarios, sin ayuda a desempleados, tener que pagar medicinas, se bajan las pensiones y suben impuestos… No solo para pagar deudas sino para que aprendan. No se les ocurra protestar ni reclamen derechos. La crisis de la deuda sirve para meter miedo e imponer rebajas sociales”.

Parece haber una política del miedo, como apunta Martínez Alier, más allá de actuaciones policiales excesivas: ¿Qué significa que España ignore los llamamientos de organismos internacionales de derechos humanos para abandonar el totalitario régimen de incomunicación para acusados de terrorismo? Porque acusan de terrorismo a cualquiera si les da la gana. Lo han hecho. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha denunciado a España por negarse a investigar torturas de ciudadanos incomunicados bajo custodia policial. Todo un síntoma.

Por si las dudas sobre violencia policial y respeto de derechos, el Gobierno de Rajoy ha indultado a cinco policías condenados por el Tribunal Supremo por torturas, lesiones, maltrato y detención ilegal. Según la sentencia, esos policías dieron una paliza a un ciudadano falsamente acusado de robo. Le aplastaron la cabeza contra el asfalto, le metieron el cañón de una pistola en la boca y le amenazaron: “Si la juez te suelta, te matamos; no serías el primero”. Es un grave delito, además de conducta fascista. También el gobierno de Zapatero indultó a tres policías condenados por dar una paliza a un ciudadano. Está visto que en España la tortura no se persigue ni castiga. Otro síntoma.

Y ahora, para camuflar su actuación totalitaria, quienes nos mal gobiernan acusan a quienes protestan sin violencia de ser “antisistema”. Porque les temen y saben que la protesta no cesará. ¿A qué sistema se refieren? ¿Al sistema democrático? Entonces, sin la menor duda, los antisistema son ellos.

Si a la violación de derechos civiles, que parecían a salvo, sumamos los falaces y calumniosos ataques del gobierno contra la ciudadanía (con la lamentable complicidad de muchos medios), más el anuncio de medidas penales para convertir en delito penado con cárcel la protesta ciudadana pacífica, no cabe duda de que el gobierno, el partido que lo apoya y sus aliados, más quienes miran hacia otro lado por miedo, cobardía o interés bastardo, escoran hacía un nuevo franquismo. Una auténtica deriva autoritaria.

Temen a la ciudadanía

Comento a un colega la infamia de algunos gobiernos europeos (incluidos el español o el catalán) que pretenden confundir a la opinión pública y equiparan torticeramente las masivas movilizaciones ciudadanas contra sus desmanes con violencia.
“Temen a la ciudadanía”, responde como explicación.

Es el caso del gobierno español que pretende encarcelar a ciudadanos no violentos con nuevas normas penales con el pretexto de ir contra los violentos. Por eso el comisario responsable de los antidisturbios de Barcelona declara que resistirse no es pacífico, aunque esa resistencia sea claramente no violenta. Incluso ha tenido la desfachatez de decir que incluso Ghandi hubiera recibido golpes de sus antidisturbios. Según él, lo pacífico es marchar de un lugar público cuando la policía lo ordena. Si te quedas, aunque no hagas nada, no eres pacífico y atentas contra la autoridad. ¡Increíble!
En España, el constitucionalista Pisarello y el abogado Jaume Asens denuncian descalificaciones y ataques del gobierno y medios informativos serviles contra los huelguistas del 29 de marzo. Esos juristas lo acusan también de proponer normas para criminalizar a la ciudadanía pacífica que protesta. Un retorno a prácticas de la dictadura franquista.
Hace unos años, un senador estadounidense dijo que “en tiempos de guerra hay que abordar de otro modo las libertades públicas”. Para echarse a temblar. Lo hemos comprobado con muchas y graves violaciones de derechos y crímenes bajo la cobertura de guerra contra el terrorismo. Pero también los mandatarios de Europa abordan ‘de otro modo’ nuestros derechos. Los ignoran, los vulneran. No sólo los sociales en nombre de la austeridad y el déficit; ahora también los cívicos y políticos.
Criminalizar es una práctica antigua. Se exagera, miente, manipula y deforma lo que ocurre. Se magnifican incidentes violentos minoritarios o disturbios localizados, pero se oculta o minimiza la actuación responsable de quienes protestan en masa pacíficamente. Así preparan el escenario para arremeter contra todo lo que se mueva. No solo en España. Recuerden movilizaciones no violentas de los últimos meses en Francia, Italia, Portugal, Madrid, Barcelona y Valencia en España, en Grecia… Intentan deslegitimar a la ciudadanía, criminalizándola.
En España, el ministro del Interior (del Partido Popular) y su homólogo en Cataluña (nacionalista catalán) coinciden al referirse a la huelga general del 29 de marzo como un “salto cualitativo”. Lo dicen con la peor intención, señalando a un reducido y localizado vandalismo callejero (causado en gran parte por provocadores), olvidando las masivas manifestaciones pacíficas. Los gobiernos parecen decididos a utilizar la fuerza. Como también medidas que criminalicen o desprestigien a la ciudadanía resistente que se moviliza.
Pero no es la ciudadanía la que actúa con violencia, la que agrede. La inaceptable situación de España por la que se quiere convertir ‘legalmente’ en ‘delincuentes’ a ciudadanos pacíficos disconformes parece ser la del matón que dio un puñetazo en el hocico a una persona y luego la denunció porque había atacado su puño con la nariz.
La violencia no la ejerce la ciudadanía. ¿Acaso los desahucios que dejan en la calle a cientos de miles, los recortes salvajes en sanidad y educación, las congelaciones o rebajas salariales y de pensiones, los despidos masivos, en fin las continuas violaciones de derechos no son una agresión en toda regla contra la ciudadanía? Algunos miembros de esa ciudadanía solo utilizan la violencia contra sí mismos, como el jubilado que se suicidó ante el parlamento griego por no estar dispuesto a buscar restos de comida en contenedores de basura para sobrevivir. Esa ciudadanía, que todas las constituciones reconocen depositaria de la soberanía y del poder político, puede acabar en la cárcel por estar contra sus gobiernos y expresarlo en la calle.
Los gobiernos europeos están dispuestos a aplicar a rajatabla una austeridad que significa empeorar la vida de millones de ciudadanos, caiga quien caiga. Y la ciudadanía no está dispuesta a aceptarlo. No aceptará nada contra sus derechos. Una ciudadanía que se moviliza, se organiza, se manifiesta y va a la huelga… Que quiere cambiar las cosas, porque las cosas están mal, porque son injustas.
Crece una gigantesca resistencia civil contra los gobiernos europeos que actúan de modo autoritario y vulneran derechos humanos de la mayoría. Gobiernos cada vez más ilegítimos. Por eso temen a la ciudadanía.