La España del PP es para los ricos, neoliberal y franquista

En el Reino de España, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado la ilegal persistencia de monumentos que ensalzan el franquismo y “la violencia de la dictadura”, así como algunas declaraciones de políticos conservadores que injurian a víctimas del franquismo.

Ya véis, además de ser el país europeo más complaciente con la mal llamada austeridad que impone el neoliberalismo, España no deja de ser franquista. La España gobernada por el PP. No es un debate académico sino pura vulneración sistemática de derechos humanos. Unas conculcaciones de esos derechos que esta gente ha metido en nuevas leyes (como la ley ‘Mordaza’ y la reforma del código penal), que las corrompen y hacen más antidemocráticas. Además de ser el país con más desaparecidos forzados del mundo (140.000), tras la Camboya de los jemeres rojos. Y el Estado sin hacer nada. Sin olvidar que no se investiga, enjuicia ni condena los crímenes de guerra y de lesa humanidad de la dictadura. Al revés, se ponen obstáculos a quienes sí los investigan. Crímenes que la ONU ya denunció en 1946, reiteró en 1997 y el Consejo de Europa condenó en marzo de 2006. No es, por tanto, debate académico sino política real.

A mayor abundancia, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció hace unas semanas al gobierno de España por ignorar olímpicamente las recomendaciones de obligado cumplimiento de esa organización en defensa de los derechos humanos de la gente. Como derogar de una vez por todas la ley española de Amnistía de 1977 que encubre de hecho a presuntos criminales de guerra y de lesa humanidad de la dictadura franquista e impide la reparación a las víctimas de la misma. Porque esa ley de Amnistía es una licencia de impunidad para no rendir cuentas por las desapariciones forzadas y otros crímenes en la guerra civil y durante la dictadura. El gobierno del Partido Popular ha respondido que actúa “según nuestra Constitución y nuestras leyes”. Pero es una mala respuesta. Hitler también actuaba según sus leyes.

Como Naciones Unidas condenó, el franquismo fascista se alzó en armas contra el legítimo gobierno de la República y la dictadura franquista perpetró sistemáticamente crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El historiador Paul Preston ha explicado al respecto que “los crímenes políticos que cometió Franco fueron muy superiores a los cometidos por Hitler”.

Sin embargo sigue el encubrimiento de crímenes franquistas. El uno de julio de 2011, por ejemplo, PSOE y PP votaron juntos en el Congreso español oponiéndose ambos partidos a que fueran declaradas nulas las ilegítimas condenas a republicanos dictadas por tribunales franquistas. Y es que la España gobernada por el Partido Popular, con algunas complicidades más, apesta a franquismo, la dictadura totalitaria que devino autoritaria de la peor ralea y continuó criminal hasta el fin de sus días.

No lo olvidemos. Por eso fue condenada España por la Asamblea General del Consejo de Europa, por haber “pruebas suficientes de violaciones numerosas y graves de los Derechos Humanos, perpetradas por el régimen franquista”. Es más, el informe reciente del Comité de Derechos Humanos de la ONU denuncia de nuevo la persistencia de torturas en España a detenidos bajo custodia policial, así como la concesión de indultos a policías condenados por torturas, como documentadamente ha denunciado varias veces Amnistía Internacional. Todo muy franquista. Ese Comité de derechos ha instado también al gobierno a rehacer la Ley de Seguridad Ciudadana (‘ley Mordaza’) por vulnerar los derechos de expresión, manifestación y reunión. En definitiva, la ONU pide hoy a España que respete los derechos de la ciudadanía de una vez. Democracia es bastante más que votar cada cuatro años.

Y sobre la postura del gobernante Partido Popular al respecto, Vicenç Navarro recuerda que éste “nunca ha condenado explícitamente el franquismo”, cuando la dictadura franquista ha sido “la mayor fuerza terrorista de España en el siglo XX, culpable del mayor número de asesinatos políticos que haya habido en la historia del país. El franquismo fue régimen de terror, de asesinatos políticos-insiste Navarro- y, por cada asesinato político de Mussolini, Franco perpetró 10.000”.

La ONU ha instado además al Estado español a investigar todas las violaciones de derechos humanos del franquismo, identificar a los culpables, juzgarlos, imponer penas según la gravedad de los crímenes perpetrados y ofrecer reparación a las víctimas o sus descendientes.

No es nostalgia de abuelo. Además de que en esta España neoliberal la gran banca ha ganado casi 8.000 millones, mientras más de la cuarta parte de población está en riesgo de pobreza y Rajoy dice estar “orgulloso” de Albiol (el racista del PP que fue alcalde de Badalona) y que “tiene las ideas claras“, entre otros males y vergüenzas, si España no investiga, resuelve y condena de una vez los crímenes y responsabilidades de la dictadura franquista y la dictadura no es condenada por todos sin fisuras, persistirá el hedor y corrupción franquistas. Y España nunca será una auténtica democracia.

Recortes y crímenes económicos contra la humanidad

En junio de 2009, los partidarios de recortar gastos para reducir el déficit entronizaron a Irlanda como modelo; veintidós meses después, la deuda irlandesa no se arregla y esa economía no levanta cabeza. El gobierno del Reino Unido, partidario de austeridad a ultranza, ha de revisar al alza la previsión del déficit porque el crecimiento económico británico se ha estancado. En España, se propone limitar el gasto público en función del crecimiento del PIB, mientras se ejecutan grandes recortes sociales, pero el paro es astronómico. Grecia no levanta cabeza a pesar de los fieros recortes habidos…

Ciega ante los hechos, la Unión Europea perpetra el Pacto del Euro que apuesta aún más por los recortes sociales, aunque, como diagnostica Paul Krugman, “la doctrina de la austeridad fracasa estrepitosamente en Europa”. Porque los recortes del gasto deprimen más la economía y aumentan el paro. Pero los neoliberales imponen la austeridad presupuestaria como única alternativa, perpetrando grandes reducciones en partidas sociales que garantizan derechos de los ciudadanos; educación, salud, seguridad social…

No es una discusión académica entre economistas neocon y keynesianos. Hablamos de derechos humanos, de agresiones sistemáticas contra los derechos constitucionales de la ciudadanía. Pero los responsables de esta feroz crisis han desviado el problema al terreno de la deuda pública, ocultando su responsabilidad, minando los derechos de los ciudadanos. Lo expone Joseph Stiglitz cuando denuncia la falacia de que para reducir el déficit sólo cabe recortar gasto público. Una propuesta que responde, según el Nobel, “al intento de debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad de los impuestos y disminuir el papel y dimensiones del Gobierno, mientras se deja toda una serie de intereses establecidos tan poco afectados como sea posible”.

Es cuestión de derechos, no de economía. Por ejemplo, en la comunidad autónoma de Cataluña, en España, el gobierno recién elegido ordena a los hospitales públicos cerrar quirófanos por las tardes, reducir servicios (incluso Urgencias) y restringir a la mitad la asistencia médica durante el próximo verano. Para reducir el déficit, dicen. Pero el derecho a la salud no es negociable.

Y, llegados aquí, recordamos a las profesoras de economía Lourdes Benería y Carmen Sarasúa, quienes exponen que “culpar a los mercados es quedarse en la superficie del problema. Hay responsables, y son personas e instituciones concretas: quienes defendieron la liberalización sin control de los mercados financieros; los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de los excesos del mercado durante el boom financiero; quienes permitieron sus prácticas y quienes les permiten ahora salir indemnes y robustecidos, con más dinero público, a cambio de nada. Empresas como Lehman Brothers o Goldman Sachs, bancos que permitieron la proliferación de créditos basura, auditoras que supuestamente garantizaban las cuentas de las empresas, y gente como Alan Greenspan, que fue jefe de la Reserva Federal norteamericana, opositor a ultranza de regular los mercados financieros”.

Cierto, los responsables de que millones de familias hayan perdido sus hogares, millones de trabajadores vayan al paro, millones más incrementen la legión de pobres, el número de hambrientos crezca hasta sobrepasar los 1000 millones… tiene nombre y apellidos o razones sociales. No son una entelequia.

Quienes han provocado la crisis –denuncian Benería y Sarasúa-, no temen castigo alguno. Nadie investiga sus responsabilidades ni sus decisiones. Los Gobiernos los protegen y el aparato judicial no los persigue. Pero igual que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos contra la humanidad, es hora de hacer lo mismo con los crímenes económicos contra la humanidad.

Así ha de ser. Es imprescindible señalar a los responsables de ese desastre nada natural llamado crisis, investigarlos, procesarlos, llevarlos a juicio y meterlos en la cárcel. Porque, si no lo hacemos, no salimos de la crisis. Y aún más imperativo: hay millones de víctimas que exigen justicia y reparación.

¿Acaso los tiburones neoliberales, los especuladores del precio de los cereales, los delincuentes de guante blanco ocultos en paraísos fiscales causan menos dolor y sufrimiento que los criminales juzgados por el Tribunal de La Haya?

Es hora de denunciar y juzgar los crímenes económicos contra la humanidad.

De aquellos polvos, estos lodos

El magistrado español Baltasar Garzón (conocido por su implacable trabajo como juez instructor contra terroristas, narcotraficantes, criminales de guerra y grandes estafadores) fue denunciado por dos asociaciones franquistas: la ultraderechista ‘Manos Limpias’ y Falange Española, el partido fascista español. Acusado de prevaricar por investigar la desaparición de docenas de miles de españoles durante la guerra civil y la dictadura, a petición de familiares y asociaciones de víctimas del franquismo, así como las responsabilidades franquistas en esos crímenes contra la humanidad.

Lo que parecía una pataleta fascista ha conducido a Garzón al banquillo de los acusados. Contra todo pronóstico y razón el Tribunal Supremo de España juzgará a Garzón, que podría ser inhabilitado veinte años. El instructor (un tal Varela) dice que Garzón ha prevaricado por ignorar la ley de Amnistía de 1977. Una ley española de auténtico punto final. Esa ley de Amnistía permitió regresar a republicanos exiliados y liberó de responsabilidad penal a ciudadanos que habían actuado contra la dictadura de Franco. Cierto, pero sobre todo fue un blindaje contra la verdad y contra la justicia. Y por lo visto aún lo es.

En la transición de dictadura a democracia, esa ley consagró la impunidad total de la criminal dictadura franquista. Jaime Pastor, profesor de ciencia política, ha indicado que fue decisión deliberada evitar la justicia, impedir con esa ley que los crímenes de lesa humanidad (que no prescriben nunca) pudieran ser juzgados. Amnistía Internacional juzga insólito que se procese a un juez que busca la verdad, justicia y reparación de más de 100.000 desaparecidos durante la guerra civil y en la dictadura franquista. Una dictadura impuesta a sangre y fuego sobre la cual ya en 1946 la Asamblea General de Naciones Unidas determinó que “en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini”.

Y sobre la citada ley de Amnistía de 1977, el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado recientemente a España a derogarla. Porque España firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ahí se establece que “nada se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. El Pacto recuerda además que las desapariciones forzadas se consideran crímenes contra la humanidad.

En realidad la ONU amonestó tres veces a España en 2009 por mantener vigente la Ley de Amnistía, no investigar los crímenes del franquismo y descuidar a las víctimas del mismo.

¿Quién incumple la ley? Desde luego Garzón, no; puesto que España está obligada a cumplir la legislación internacional que ha firmado y ratificado.

El diario de Hamburgo Die Zeit ha publicado que el caso contra Garzón (una coalición de herederos del fascismo franquista y enemigos  personales de Garzón) no es un bochorno nacional español sino un escándalo internacional. The New York Times ha escrito que la suspensión del magistrado sería una parodia de justicia y que los auténticos crímenes son las desapariciones durante la guerra civil y el franquismo.

Alemania juzgó el nazismo y tras la guerra hubo un proceso de desnazificación: depuración de toda influencia nazi en Alemania y Austria. Y hoy se persigue cualquier exaltación o publicidad de tan nefasta ideología. España es vergonzosamente diferente. Franco continúa venciendo después de su muerte, calles y pueblos españoles aún ostentan nombres de ejecutores de la dictadura y una acusación de Garzón, la fascista Falange Española, organiza actos públicos donde enaltece impunemente la dictadura franquista.

Cabe extraer sin embargo algunas esclarecedoras conclusiones de este bochorno. La transición española no fue modélica sino todo lo contrario. Porque en muy buena medida la controlaron franquistas. Y los demócratas pecaron de miedo excesivo y tragaron demasiado. De aquellos polvos, estos lodos.

Afortunadamente, familiares de víctimas de crímenes del franquismo acudirán a los juzgados federales de Argentina a presentar una querella por el genocidio que el general Francisco Franco perpetró en España entre 1936 y 1977. Es posible hacerlo porque la constitución argentina reconoce la jurisdicción universal para juzgar delitos contra la humanidad.

Es noticia consoladora. Pero en tanto España no borre de su vida política e institucional hasta la última traza de franquismo, no habrá salida. A los hechos me remito.